Cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no brindan atención médica adecuada, según una investigación de ºÚÁϳԹÏÍø News y The Associated Press.

Los detenidos exponen que no reciben sus medicamentos a tiempo —o no se los dan en absoluto— para tratar afecciones como hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de azúcar en sangre aumentaron. Las infecciones empeoraron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Los detenidos se desplomaron y sufrieron convulsiones.

Las cárceles y centros de detención migratoria de Estados Unidos han tenido durante mucho tiempo de las personas bajo su custodia. Pero el sistema está tambaleándose por el aumento de las detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Más de 75.000 inmigrantes permanecían detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) , frente a unos 40.000 del año anterior.

ºÚÁϳԹÏÍø News y AP analizaron miles de demandas presentadas desde la segunda investidura de Trump que utilizan una vía jurídica conocida como habeas corpus para argumentar que el ICE mantiene a personas detenidas de manera ilegal.

Estos registros ofrecen una visión excepcional de cómo los detenidos describen —a menudo bajo pena de perjurio— la forma en que el ICE maneja sus necesidades médicas. Además, los reporteros entrevistaron a más de 50 personas, entre detenidos, familiares y abogados.

La investigación reveló que se denuncian casos de negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, incluidas oficinas que no fueron construidas para alojar personas, cárceles locales y sitios improvisados conocidos con apodos como “Alligator Alcatraz” (“Alcatraz de los Caimanes”).

La detención por parte del ICE es más letal que en las últimas dos décadas, escribieron investigadores en la revista científica (JAMA) en abril. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo gobierno de Trump, con un aumento de suicidios .

ºÚÁϳԹÏÍø News y AP pidieron al DHS que respondiera a estos hallazgos seis días antes de la publicación, pero no ofreció comentarios. Sean Conley, director médico interino del DHS, que “es política y práctica de larga data que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan bajo custodia del ICE” y que la agencia contrata profesionales de salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.

Las instalaciones individuales y las empresas penitenciarias privadas contratadas por el DHS que respondieron a las solicitudes de comentarios dijeron que siguen los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica cuando se requiere. Algunas afirmaron no estar familiarizadas con las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otras responsabilizaron a algunos detenidos por interrupciones en su atención médica.

“Nunca he visto un desprecio o negligencia médica como ésta en ninguna parte”, escribió Vardan Gukasian, disidente político y ex paramédico que pasó años preso en Armenia, en presentada en marzo para impugnar su detención en Nevada, que se extendió durante 13 meses pese a sus problemas de salud.

Madeleine Skains, vocera de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en esa instalación y que el tribunal no había ordenado cambios en la atención de Gukasian.

En junio pasado, cuando Gukasian experimentaba síntomas de una hipertensión no controlada —mareos, hemorragia nasal y dolor de cabeza—, su compañero de celda golpeó la puerta para pedir ayuda.

“Cuando la ayuda no llegó, el resto del pabellón comenzó a golpear sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese mismo día.

“Indiferencia descarada ante problemas muy evidentes”

En su campaña de deportación masiva, el gobierno ha detenido a durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.

Alrededor del no tiene una condena criminal. Sus procesos migratorios son civiles, no penales.

“No podía entender por qué me trataban con tanta dureza”, dijo un padre de seis hijos en Georgia.

Dijo que resultó herido mientras estaba esposado bajo custodia cuando el vehículo que lo transportaba a una instalación en Atlanta se sacudió bruscamente, lanzándolo de su asiento contra un apoyabrazos metálico. La herida se infectó con E. coli porque tuvo que dormir en un piso de concreto sucio cerca de inodoros con pérdidas, aseguró.

Al igual que otros entrevistados, habló bajo condición de anonimato. Dicen que temen por su seguridad, por la de sus familias o porque creen que hablar podría perjudicar sus casos migratorios. AP y ºÚÁϳԹÏÍø News no identifican a las personas mencionadas en documentos judiciales sin su consentimiento.

Según , el personal del Centro de Detención Stewart, ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a sus reiterados pedidos de atención médica hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital a aproximadamente una hora de distancia. Allí, contó que un médico le dijo que estuvo cerca de perder la pierna izquierda por amputación. Brian Todd, vocero de CoreCivic, la empresa que administra la instalación, afirmó que el personal médico no encontró registros de un caso que coincidiera con esa descripción.

El hombre, de 48 años, llegó a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas. Fue liberado en octubre y ahora cuenta con residencia permanente legal. Sin embargo, teme no poder regresar a su trabajo en la construcción porque, según expuso, la lesión le impide levantar objetos pesados.

Algunos detenidos y sus abogados denunciaron que incluso se les negó atención médica básica: gasas para proteger una herida abierta en un pie, atención prenatal durante un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor de dormir con cáncer avanzado de estómago o compresas sanitarias para el sangrado posparto.

“Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de las personas que mantiene detenidas, sin importar cuánto tiempo permanezcan bajo su custodia”, dijo durante una audiencia en octubre la jueza federal Benita Pearson, de Ohio, en un caso relacionado con una mujer de 70 años que afirmó que el gobierno perdió sus anteojos durante su arresto. “Si una persona no puede ver porque perdió sus anteojos mientras está detenida, eso es algo que debería solucionarse”.

, quien trabajó para el ICE y ahora es asesora especial de la Asociación Americana de Abogados, dijo que la jurisprudencia exige que el gobierno brinde a las personas detenidas por motivos migratorios la misma atención que ofrece a quienes están en cárceles tradicionales esperando juicio. Sin embargo, los administradores tienen margen para tomar sus propias decisiones y los estándares de atención médica varían.

Con frecuencia, los detenidos son trasladados por todo el país, en muchos casos sin previo aviso, lo que interrumpe tratamientos médicos en curso. Una mujer de El Salvador dijo que pasó una semana sin recibir sus medicamentos para el VIH después de ser transferida desde Colorado a una cárcel local en Wyoming.

Un hombre ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó a un gastroenterólogo por dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano. “Desafortunadamente, nunca pude verlo porque me trasladaron por varios centros de detención”.

Defensores de inmigrantes afirman que incluso se ignoran discapacidades evidentes, como la ceguera legal.

Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma severo en el otro necesitaba gotas dos veces al día para conservar la visión que le quedaba. Sin embargo, dijo que algunos días las gotas nunca llegaban.

“Ahora solo puedo ver un poco hacia adelante. Con frecuencia parece que estuviera viendo a través de una gasa”, escribió en una declaración judicial. “Esto me da mucho miedo porque temo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.

Escribió que temía no poder ver crecer a su hijo pequeño.

“Es una especie de indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década habrían parecido absurdas, como el hecho de que no puedas ver”, dijo Brian Hoffman, abogado del detenido. “Antes se podía intentar trabajar con funcionarios del gobierno y quizá avergonzarlos para que hicieran lo correcto. Ahora parece que cualquier cosa que quieras lograr requiere ir a los tribunales y demandar”.

Y ni siquiera las órdenes judiciales siempre son suficientes. Un juez de California ordenó al gobierno llevar a un hombre con signos de cáncer de próstata a un especialista para diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron.

Los abogados que representaban al ICE dijeron al juez que la cita se perdió debido a un “error interno de programación”. CoreCivic, que administra la instalación, dijo que no podía comentar sobre litigios en curso.

Un aumento de casos

Cuando los inmigrantes presentan peticiones de habeas corpus, ejercen un derecho para impugnar una detención ilegal que se remonta a la .

Durante el segundo mandato de Trump se han presentado más de 40.000 peticiones de este tipo, impulsadas por decisiones tomadas el año pasado para negar fianza a muchas personas detenidas por cargos migratorios. Los jueces están divididos sobre la legalidad de esa medida y la cuestión parece encaminarse hacia la Corte Suprema.

Muchos de estos habeas corpus han tenido éxito, pero los jueces suelen citar razones no relacionadas con la negligencia médica descrita en ellos, como personas detenidas por períodos excesivamente largos de detención antes de ser deportadas.

Las más de 300 denuncias de negligencia médica identificadas en esta investigación representan solo una parte del problema.

Los detalles de los casos de habeas corpus suelen permanecer ocultos debido a una norma federal que impide al público ver estos documentos en línea. ºÚÁϳԹÏÍø News y AP obtuvieron algunos documentos en tribunales y recibieron registros de 4.400 casos de , un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative. Sin embargo, decenas de miles de casos siguen siendo en gran medida inaccesibles.

Algunos jueces han escrito que el proceso de habeas corpus no es la vía adecuada para presentar alegatos de negligencia médica, y se han negado a liberar a detenidos por tales alegatos. No todos los detenidos que creen haber sufrido negligencia médica presentan una petición de habeas corpus ni citan sus problemas médicos si lo hacen.

La petición de José-Antonio Segismundo no mencionaba que no pudo consultar a un oncólogo por el cáncer que tenía en el abdomen mientras estuvo detenido durante más de siete meses en la instalación de Florida conocida como Alligator Alcatraz y en el Centro de Procesamiento del ICE Folkston D Ray, en Georgia. Los registros médicos incluidos en documentos judiciales muestran que fue arrestado aproximadamente cinco semanas antes de una cita programada con un oncólogo.

Su esposa, María José González, dijo que no recibió tratamiento alguno aunque ella envió sus registros médicos y explicó su condición a funcionarios de Folkston. Dijo que cuando su esposo sufría intensos dolores de estómago le daban Tylenol.

Christopher Ferreira, vocero de GEO Group, que administra Folkston, dijo que la empresa sigue los estándares del ICE y proporciona atención médica y acceso a especialistas externos cuando es necesario.

Esta primavera, Segismundo, de 48 años, fue deportado a México, país que había dejado casi 30 años atrás, dijo González. Ahora tendrá que comenzar de nuevo la búsqueda de atención médica en la aldea de Oaxaca donde creció.

González siente que está viendo cómo se desmorona la vida que construyeron juntos. Vive en Wimauma, Florida, con sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses; el menor tiene 6 años.

Ver deteriorarse a los seres queridos

Los detenidos que reciben atención médica inadecuada tienen pocas opciones para buscar ayuda. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional redujo drásticamente la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes. A principios de mayo la cerró por completo, argumentando falta de financiamiento del Congreso.

Antes, el personal de la defensoría podía ayudar a facilitar atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, ya no hay a quién llamar, dijo.

Mientras tanto, las familias de los detenidos afirman sentirse impotentes. Hacen llamadas desesperadas a las instalaciones, al gobierno y a sus representantes mientras observan el deterioro de sus seres queridos.

Riya Khan vio cómo su madre se deterioraba en el Centro de Detención California City, propiedad de CoreCivic. Cuando la visitó una semana después de su llegada a la instalación ubicada en el desierto de Mojave, dijo que la mujer de 64 años llegó tambaleándose a su asiento. Temblaba y respiraba con dificultad.

Masuma Khan llegó al país desde Bangladesh en 1997. Según los registros, no tiene antecedentes penales y fue detenida en octubre cuando fue a su control rutinario con el ICE.

Según su hija, durante el mes que estuvo detenida recibió solo de manera intermitente medicamentos para problemas como presión arterial alta, hipotiroidismo y prediabetes. Todd afirmó que CoreCivic trata las afecciones crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables.

“Nada es más importante para CoreCivic que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, dijo Todd.

Khan afirmó que recibió su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de ser liberada y que nunca le dieron las gotas para el glaucoma. Según su hija, el personal le dijo que debía comprar algunos medicamentos en la tienda de la instalación, pero allí no estaban disponibles.

Antes de ser detenida por el ICE, Masuma Khan se hacía amiga de todos, contó su hija. Había trabajado durante años en Lucky Boy, un popular restaurante de comida rápida de Pasadena, y en su tiempo libre alimentaba aves y dejaba fruta para las abejas que visitaban el balcón de su apartamento.

Ahora tiene demasiado miedo para salir de casa. Aún debe presentarse regularmente ante el ICE, un momento que vive con terror.

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Un derrame cerebral durante una videollamada

Antes, las personas detenidas con necesidades médicas graves probablemente habrían sido liberadas por razones humanitarias, en parte para evitar el costo de su atención, dijo Andrew Pelcher, abogado de Vermont.

En el año fiscal 2023 —antes de que la población detenida se disparara— el ICE gastó más de $390 millones en atención médica para personas no ciudadanas detenidas, según su más reciente al Congreso. En mayo, Todd Lyons, entonces director interino del ICE, dijo en una conferencia que la agencia ya había gastado “casi $500 millones” en atención médica para detenidos ese año.

Ahora, bajo el sistema de “detención obligatoria”, las personas permanecen encarceladas incluso con enfermedades graves y costosas.

Un ciudadano rumano fue sometido a varias cirugías cardíacas, incluida una operación de bypass triple de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, debía tomar 16 medicamentos al día. Según documentos judiciales, mientras estuvo en una oficina del ICE en Baltimore, pasó dos días sin recibir ninguno antes de ser trasladado a una instalación en Nueva Jersey.

Fue hospitalizado tres veces luego de quejarse de dolores en el pecho mientras estuvo detenido. Los registros médicos y los documentos judiciales indican que, pese a “innumerables solicitudes”, el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos. Los documentos del alta hospitalaria citados por su abogado muestran que, luego de la segunda internación, solo recibió ocho de los 16 medicamentos.

“¿Por favor pueden hablar con la instalación del ICE para asegurarse de que le den sus medicamentos?”, escribieron sus proveedores médicos en registros incluidos en los documentos judiciales. “Fue hospitalizado la semana pasada por dolor de pecho y hoy volvió a ser admitido por dolor de pecho secundario al incumplimiento del tratamiento medicamentoso”.

Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral durante una videollamada con su hija, según los documentos judiciales.

“Tenía dificultades para respirar y señalaba su pecho, donde nuevamente sentía dolor, y de repente dejó de hablar”. Según la petición judicial, su hija gritó pidiendo ayuda a través del monitor de video. “Finalmente, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión”.

El hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días, según el documento. Fue devuelto al centro de detención, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.

Familias de detenidos enfrentan decisiones imposibles

Cassandra Amador espera cada mañana que suene el teléfono, desesperada por hacerle a su esposo la pregunta que la ha despertado cada noche durante meses: “¿Te dieron tu medicina?”.

Su esposo, Pedro Javier Amador Gutiérrez, de 36 años, tiene hipertensión y depende de que la instalación administrada por el estado en Florida, conocida como “Deportation Depot”, le suministre los medicamentos que le han permitido mantenerse con vida durante años. Muchas mañanas, le dice a su esposa que no se los dieron.

Cuando habla con él, asegura que cada día se lo escucha más débil y más asustado, muy distinto al hombre alegre que llevaba a sus hijos a comer helado.

“Se puede escuchar en su voz cómo se siente”, dijo la mujer.

Contó que su esposo está considerando regresar a Cuba, país del que huyó por persecución política, por temor a morir detenido sin sus medicamentos. Amador y sus hijos irían con él, dijo, aunque ella nació en Nueva Jersey, nunca ha estado en Cuba y apenas habla español.

Pero él ya se ha desmayado dos veces en la Institución Correccional Baker, en Sanderson, Florida, dijo su esposa. Y le aterroriza que la próxima vez no despierte.

Metodología

ºÚÁϳԹÏÍø News y The Associated Press revisaron miles de solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar denuncias de negligencia médica presentadas por personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) durante la segunda administración Trump.

Ante la ausencia de una base de datos pública y completa sobre quejas médicas de personas bajo custodia del ICE, utilizamos solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar las denuncias sobre atención médica presentadas por personas detenidas en tribunales federales. Aunque el propósito principal del habeas corpus es cuestionar la legalidad de la detención de una persona —y no las condiciones de su confinamiento—, estos documentos a veces incluyen denuncias de atención médica inadecuada.

Sin embargo, las solicitudes de habeas corpus no siempre están disponibles para el público. Las normas federales restringen el acceso del público a las peticiones de habeas corpus presentadas por personas en detención migratoria. En la mayoría de estos casos, los sitios web de los tribunales publican únicamente órdenes judiciales y registros del caso que describen otros documentos presentados. Las peticiones iniciales solo pueden consultarse mediante visitas presenciales a tribunales federales en todo el país. Habeas Dockets, un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative, coordina una red nacional de voluntarios para recopilar estas peticiones y ponerlas a disposición en internet.

ºÚÁϳԹÏÍø News y AP analizaron los registros de aproximadamente 33.000 casos presentados por personas detenidas entre el 20 de enero de 2025 y marzo de 2026. La gran mayoría de los casos contenía únicamente información procesal básica, como fechas de presentación de documentos y decisiones judiciales. Solo alrededor de 4.400 incluían las peticiones originales.

También obtuvimos varias decenas de expedientes de tribunales, de abogados y del sitio web del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, que publica la mayoría de las peticiones bajo una orden permanente especial.

Realizamos búsquedas por palabras clave y búsquedas semánticas en registros judiciales, incluidas peticiones, mociones y órdenes, utilizando términos y expresiones potencialmente relacionados con negligencia médica, como cirugía, medicamentos, atención médica inadecuada y tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Encontramos alrededor de 500 casos que posiblemente denunciaban negligencia médica. Al menos dos reporteros revisaron manualmente cada caso, lo que permitió identificar más de 300 que contenían denuncias específicas, presentadas bajo juramento, de atención médica retrasada, denegada o deficiente.

Para mantener un criterio conservador, excluimos decenas de casos que denunciaban atención médica inadecuada pero carecían de detalles específicos; por ejemplo, cuando una persona escribía: “He estado enfermo y no recibo el tratamiento adecuado”, o cuando un juez señalaba que una persona detenida “se queja de que el ICE está ignorando sus problemas médicos”. También excluimos casos en los que las personas afirmaban únicamente que se les habían negado dietas especiales, ejercicio u otras adaptaciones que consideraban fundamentales para controlar sus problemas de salud, como una persona que escribió: “Padezco Parkinson y no puedo hacer ejercicio adecuadamente”, o que alegaba que los alimentos proporcionados no eran adecuados para una persona con diabetes.

Los casos analizados no fueron seleccionados de manera aleatoria ni son representativos de las solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración a nivel nacional. Las denuncias no fueron verificadas de manera independiente. Muchos documentos no están disponibles públicamente y no todas las personas detenidas plantean preocupaciones médicas ante los tribunales, por lo que este recuento representa una visión limitada del panorama de denuncias y no una descripción completa.

Los periodistas de The Associated Press, Garance Burke, Valerie Gonzalez y Tim Sullivan, y la corresponsal de ºÚÁϳԹÏÍø News, Kate Wells, colaboraron en este artículo.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y ºÚÁϳԹÏÍø News.

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“Me aterró”, dijo Wood, quien vive en una casa de unos 1.700 pies cuadrados en Terryville, una comunidad en las afueras de Bristol, Connecticut. “No entendía nada”.

Wood, de 52 años, se sometió a una cirugía para perder peso en ese hospital en 2022, con la esperanza de que ayudara a aliviar su apnea del sueño, y el dolor en las rodillas y la espalda. Antes de programar el procedimiento, consultó con su aseguradora y, según dijo, le informaron que la cirugía tendría un gasto de bolsillo de $5.000. Pagó esa cantidad por adelantado.

Más de seis meses después, Bristol le envió otra factura que elevó el costo de la cirugía a más de $17.000. Wood dijo que intentó disputar el cargo. El hospital la demandó.

“Es ridículo. Aetna me lo había dicho varias veces: ‘$5.000 de bolsillo’”, explicó Wood. “Nunca me habría operado si hubiera sabido que me iba a costar casi $20.000”.

Wood es una de los más de 36 pacientes de Connecticut entrevistadas durante el último año por Connecticut Mirror y ºÚÁϳԹÏÍø News que fueron demandadas por su hospital o por un médico debido a facturas impagas.

Entre los pacientes hay maestros, propietarios de pequeños negocios, un trabajador del servicio postal, una trabajadora de una residencia de mayores jubilada, una enfermera y un botones de hotel. La mayoría tenía empleo y seguro médico. Casi todos dijeron que querían pagar lo que debían.

Los pacientes llevados a los tribunales describieron facturas desconcertantes, reglas confusas de los planes de salud y llamadas telefónicas frustrantes e infructuosas a las oficinas de facturación de hospitales y a las líneas de servicio al cliente de las aseguradoras. Incluso cuando intentaban resolver sus deudas pendientes, muchos dijeron que no conseguían que les respondieran.

Sus experiencias reflejan fallas en el sistema de salud que atrapan a los pacientes en deudas. El seguro médico no cubría la atención por razones que ellos no lograban comprender. Varios pacientes no calificaron para asistencia financiera de los proveedores, pese a tener ingresos modestos. Y si se comprometían a pagar, enfrentaban gravámenes sobre sus viviendas o pagos de intereses y costos judiciales que aumentaban aún más la deuda médica.

Los principales actores de la industria se culpan mutuamente por un sistema que no funciona. Los proveedores dicen que los de las aseguradoras dejan a los pacientes con facturas enormes incluso cuando tienen cobertura. Las aseguradoras responden que a un ritmo superior a la inflación.

Mientras tanto, los pacientes cargan con las consecuencias. En 2022, alrededor de en Estados Unidos reportaron tener deudas médicas o dentales.

“Ya es bastante malo tener problemas de salud y por encima tener que pagar montañas de facturas médicas”, dijo Samantha Mantiera, a quien el Hospital de Danbury demandó en 2024 por $10.000 que, según ella, le cobraron por error. “Pero tener que lidiar constantemente con facturas incorrectas y además con una demanda fue demasiado”.

Mantiera dijo que pasó meses intentando explicar al hospital, y luego a una agencia de cobro, que los documentos de su aseguradora indicaban que solo debía $260. Aun así, fue demandada.

Cuando Mantiera impugnó la demanda, el Hospital de Danbury la retiró, según muestran los registros judiciales.

Mantiera dijo que ella y su esposo ahora viajan hasta una hora desde su casa en Brookfield, Connecticut, para evitar hospitales propiedad de la empresa matriz de Danbury, ahora llamada Northwell Health.

Kathy Holt, directora de la Oficina del Defensor de la Atención Médica del estado, dijo que en las últimas décadas el sistema de salud se ha vuelto cada vez más difícil de navegar para los pacientes. La agencia recibe miles de llamadas cada año de residentes que buscan ayuda con preguntas sobre facturación médica.

“He hablado con demasiadas personas que simplemente se han rendido”, afirmó Holt. “El sistema se ha vuelto tan difícil que parece algo deliberado”.

“No querían hablar conmigo”

Las demandas por cobro de deudas médicas contra pacientes han disminuido en Connecticut desde 2019, según un análisis de registros judiciales estatales realizado por CT Mirror y ºÚÁϳԹÏÍø News. Los registros muestran que la mayoría de los sistemas hospitalarios de Connecticut han dejado de demandarlos, incluidos los dos más grandes del estado: Yale New Haven Health y Hartford HealthCare.

La mayoría de los hospitales dejaron de presentar demandas durante la pandemia de covid-19 mientras reevaluaban sus prácticas de cobro, señaló Sarah Ginnetti, directora del ciclo de ingresos de UConn Health. Según los registros, el sistema dejó de demandar en 2022.

“En algunas de esas circunstancias, simplemente sentíamos que no estaba alineado con nuestra misión como organización”, dijo Ginnetti. “Por la pequeña cantidad de casos en los que podríamos haber obtenido algún tipo de victoria legal, realmente no sentíamos que ese fuera el mejor camino”.

Yale New Haven Health y Hartford HealthCare no explicaron por qué dejaron de demandar a los pacientes y se limitaron a emitir declaraciones sobre sus programas de asistencia financiera.

Sin embargo, los datos muestran que decenas de proveedores médicos —incluidos grupos de médicos, dentistas y hospitales— . El análisis de CT Mirror y ºÚÁϳԹÏÍø News identificó más de 1.500 casos relacionados con deudas médicas presentados en tribunales de Connecticut en 2024.

Entre ellos había demandas de Bristol Health, un sistema de salud independiente que incluye el Hospital de Bristol, y de Nuvance Health, una cadena de siete hospitales adquirida recientemente por Northwell Health, un sistema multimillonario con sede en Nueva York.

Los hospitales de Nuvance presentaron más de 4.000 demandas de cobro entre 2019 y 2024, según los registros. Durante esos cinco años, el sistema representó más de una cuarta parte de las aproximadamente 16.300 demandas por deudas médicas contra pacientes identificadas en los registros judiciales estatales.

Funcionarios hospitalarios y otros proveedores médicos afirman que intentan trabajar con los pacientes que tienen dificultades para pagar sus facturas. Nikki Schulz, directora de ingresos de los hospitales de Northwell en Connecticut, dijo en un comunicado que hace años el sistema flexibilizó sus prácticas de cobro, lo que provocó una “disminución drástica” de las deudas médicas enviadas a cobro.

“Reestructuramos fundamentalmente nuestro enfoque para alinearlo con las mejores prácticas de la industria”, dijo Schulz.

Los registros muestran que el sistema demandó a unos 200 pacientes en 2024, frente a 2.200 en 2019.

Los ejecutivos del sector salud también sostienen que tienen la responsabilidad de intentar cobrar.

“No tengo elección”, dijo Kurt Barwis, CEO del Hospital de Bristol. “Lo que intentamos hacer es sostener nuestra misión de cuidar a esta comunidad”.

Menos demandas hospitalarias

Bristol Health es uno de los sistemas de salud con mayores dificultades financieras en Connecticut. Actualmente, sus directivos negocian con la administración del gobernador demócrata Ned Lamont , propiedad del estado. La operación busca, en parte, mantener al hospital a flote.

Barwis dijo que el hospital ha tomado medidas para ayudar a los pacientes con facturas inesperadas, incluyendo la participación de asesores financieros que contactan a los pacientes, antes de procedimientos electivos, para hablar sobre costos y asistencia financiera.

Pero Wood, quien fue demandada por Bristol, dijo que nadie del hospital habló con ella antes de la cirugía. Cuando llamó después de recibir la factura de $12.000, afirmó que le dijeron que no podían hacer nada porque su aseguradora había rechazado la reclamación.

“No querían hablar conmigo sobre eso”, dijo Wood. “Querían su dinero”.

El vocero de Bristol, Albert Peguero, también responsabilizó a la aseguradora de Wood y dijo que el hospital trabajó con ella mientras presentaba varias apelaciones ante Aetna.

Shelly Bandit, vocera de Aetna, dijo que Wood había sido notificada de esa disposición, algo que Wood niega.

Wood tampoco tuvo suerte con Aetna. Resultó que su plan de salud solo cubría hasta $15.000 en cirugía bariátrica, por lo que ella era responsable de cualquier gasto que superara esa cantidad.

El intercambio entre el hospital y la aseguradora enfureció a Wood. Pero después de que la demandaran, concluyó que ya no tenía más opciones. Llegó a un acuerdo con Bristol y aceptó pagar el saldo completo mediante pagos mensuales de $150, según los registros judiciales. Con ese acuerdo, tardará casi siete años en saldar la deuda.

El año pasado enfrentó más dificultades económicas después de la muerte de su madre y cuando su esposo perdió el trabajo y estuvo desempleado durante seis meses.

Wood dijo que ha recuperado aproximadamente un tercio de los 45 kilos que perdió después de la cirugía debido al estrés. Algunos meses paga menos de $150. En enero, el hospital colocó un gravamen sobre su vivienda.

“No tenemos ahorros. No tenemos dinero extra. Vivimos al día”, explicó Wood. “Somos personas trabajadoras que intentamos ganarnos la vida y hacer lo correcto. Y siempre terminamos perjudicados”.

“No tengo horas y horas”

Es difícil saber cuántas demandas por deudas médicas surgen de facturas en disputa. Sin embargo, la mayoría de los adultos estadounidenses con deudas médicas afirma haber recibido en los últimos cinco años una factura que consideró errónea, según .

La frecuencia de estas disputas es una de las razones por las que muchos defensores de los pacientes consideran que los hospitales y otros proveedores de salud no deberían demandar a las personas que atienden.

“Entender cómo funciona el seguro y luego lidiar con rechazos o facturas difíciles de comprender deja a los pacientes atrapados en un sistema opaco donde tienen muy poca capacidad de influencia y poder”, señaló Eva Stahl, vicepresidenta de Undue Medical Debt, una organización sin fines de lucro que ha trabajado con estados para comprar y eliminar deudas médicas, incluidas las de más de 150.000 residentes de Connecticut.

“Los pacientes se quedan comprensiblemente llenos de preguntas y confusión”, dijo Stahl.

Timothy Bigham, propietario de una empresa de construcción y demandado en 2023 por el Hospital de Danbury, dijo que nunca entendió por qué le facturaron más de $64.000 después de ser hospitalizado tras sufrir un ataque cardíaco en 2019.

Bigham, que vive en Danbury, Connecticut, dijo que tenía seguro en ese momento. Pero poco después de regresar a casa comenzó a recibir llamadas frecuentes del hospital. Según recuerda, le dijeron que su aseguradora no estaba pagando porque él se negaba a “autorizar la entrega de registros médicos”.

“Tenía seguro cuando sufrí el ataque al corazón, pero ¿es mi trabajo lograr que la aseguradora pague?”, se preguntó. “Trabajo por cuenta propia en construcción. No tengo horas y horas para pasar al teléfono intentando hablar con alguien de una compañía de seguros”.

Bigham dijo que finalmente dejó de lidiar con el asunto porque no sabía qué más hacer.

Luego, en 2023, el Hospital de Danbury lo demandó. Un juez desestimó el caso en 2025 por la “falta de diligencia razonable” del hospital para procesarlo, según los registros judiciales. Pero para entonces, la supuesta deuda ya había devastado su historial crediticio, reduciendo su puntaje en más de 100 puntos, afirmó.

Schulz, de Northwell, se negó a comentar casos específicos de pacientes citando leyes de privacidad.

Connecticut que prohíbe incluir deudas médicas en los informes de crédito al consumidor.

Varios estados han intentado proteger a los pacientes mediante que limitan cuándo los hospitales pueden emprender acciones legales. Illinois, por ejemplo, prohíbe demandar a pacientes sin seguro que demuestren que no pueden pagar sus facturas. Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Maryland y Virginia prohíben los gravámenes y ejecuciones hipotecarias por deudas médicas.

“Fue una pesadilla”

Dominique Jean Pierre también se sorprendió al recibir una factura de $20.000 después de ser hospitalizado en el Hospital de Norwalk por una infección urinaria en julio de 2020.

Jean Pierre, de 66 años, había trabajado durante casi dos décadas como botones en un hotel Hilton de Stamford, propiedad y operado por Atrium Hospitality, una empresa con sede en Georgia. Cuando enfermó, el hotel estaba temporalmente cerrado debido a las restricciones por covid.

Lo que Jean Pierre no sabía era que el hotel también había suspendido los beneficios de seguro médico para los empleados. Según dijo, el hospital le informó que él sería responsable de la factura.

“Fue una pesadilla”, dijo.

Jean Pierre contó que suplicó ayuda a su gerente, pero le dijeron que la empresa no podía hacer nada. Atrium Hospitality no respondió a las solicitudes de comentarios.

Dos años después de su hospitalización, el Hospital de Norwalk lo demandó por más de $20.000, según los registros judiciales.

Jean Pierre dijo que intentó solicitar asistencia financiera en dos ocasiones, pero el hospital le informó que él y su esposa ganaban demasiado para calificar, aunque las facturas médicas representaban casi una cuarta parte de sus ingresos anuales de unos $87.000.

Sin otra alternativa, Jean Pierre llegó a un acuerdo con el Hospital de Norwalk, ahora parte del sistema Northwell, en 2025, comprometiéndose a pagar la totalidad de la deuda en cuotas mensuales de $100. A ese ritmo, terminará de pagarla en 2042.

Después del acuerdo, dijo que el juez le sugirió contactar a funcionarios electos para intentar que la deuda fuera cancelada. Jean Pierre estaba agotado.

“Me dijo: ‘Tiene que ir a ver a sus senadores. Vaya a ver al gobernador’. Le respondí: ‘Es demasiado. Lo voy a dejar así’”.

Jean Pierre dejó Hilton y ahora trabaja como asistente de cuidado personal, al igual que su esposa. Pero sigue molestándole que las empresas y los proveedores de salud recibieran millones de dólares en ayuda gubernamental durante la pandemia, mientras él quedó con una deuda médica de $20.000.

“Le dieron dinero al hotel. Le dieron dinero al hospital. Le dieron dinero a muchas cosas”, dijo. “Pero nosotros no vimos nada”.

“No estoy tratando de escapar”

Otros pacientes dijeron que se sintieron atrapados, incluso cuando intentaban hacer lo correcto.

Deneen Brown, quien dirige una pequeña guardería en su casa en Norwalk, fue demandada por el Hospital de Norwalk en 2024 por $7.200 correspondientes a facturas que, según la demanda, se originaron “alrededor de 2019 y 2020”.

Brown dijo que la demanda la dejó desconcertada, ya que creía que tenía seguro médico en ese momento. Pero como propietaria de un pequeño negocio, orgullosa de mantener un buen historial crediticio y sus finanzas en orden, decidió hacerse cargo del asunto.

“No estoy tratando de escapar de algo que podría ser mi responsabilidad”, dijo Brown. “Si me dicen que lo debo, voy a averiguar qué pasó y lo voy a pagar”.

En enero de 2025 aceptó un plan de pagos de casi 13 años con cuotas mensuales de $50, según los registros judiciales. Con frecuencia paga más que eso, dijo.

Al mes siguiente, el hospital colocó un gravamen sobre su vivienda. Brown dijo que nunca imaginó que el hospital seguiría penalizándola incluso después de aceptar un plan de pagos.

“Si lo hubiera sabido, nunca habría llegado a ese acuerdo”, afirmó.

Este artículo fue producido en alianza con , una sala de redacción estatal sin fines de lucro que cubre políticas públicas y política.

Cómo lo hicimos: análisis de las demandas de cobro de deudas de atención médica en Connecticut

¿Con qué frecuencia demandan los proveedores de atención médica a los pacientes por facturas impagas?

En la mayoría de los estados, responder a esta pregunta resulta casi imposible, ya que los tribunales no suelen identificar qué demandas por cobro de deudas corresponden a deudas médicas y cuáles a otros tipos de deudas, como alquileres, tarjetas de crédito o facturas de celulares.

Sin embargo, Connecticut es diferente. Los casos de cobro de deudas presentados ante los tribunales de reclamos menores por facturas médicas o dentales impagas deben clasificarse específicamente como deudas de atención médica.

Trabajamos en colaboración con la firma de consultoría en ciencia de datos January Advisors para extraer estos casos de la base de datos judicial de Connecticut y analizarlos. (January Advisors ha trabajado con organizaciones sin fines de lucro e investigadores de todo el país para recopilar datos sobre el cobro de deudas de los tribunales estatales). La firma no tuvo ninguna participación editorial en nuestro proyecto.

Comenzamos con los casos de cobro de deudas de atención médica presentados ante los tribunales de reclamos entre 2019 y 2024. No obstante, esto solo abarcaba los casos que involucraban deudas inferiores a $5.000. También queríamos obtener información sobre aquellos casos en los que los proveedores demandaban por facturas que superaban los $5.000. Los tribunales de Connecticut no asignan una categoría específica de “médica” a los casos de reclamos mayores.

Por ello, extrajimos todos los registros de reclamos mayores correspondientes a cualquier demandante —ya fuera un hospital o un proveedor no hospitalario— que figurara en los casos de reclamos menores de índole médica. También incluimos aquellos casos con demandantes que no aparecían en ese conjunto de datos, pero cuyos nombres contenían terminología médica común, como “Hospital” o “DDS” (Doctor en Cirugía Dental).

A continuación, revisamos manualmente cada caso para confirmar que el demandante fuera, efectivamente, un proveedor médico o de servicios dentales. Determinamos si dicho proveedor formaba parte de un hospital o de un grupo médico de mayor envergadura, y clasificamos a cada demandante según su tipo de proveedor (por ejemplo: sistema hospitalario, clínica dental, grupo médico, etc.).

En algunos casos, los datos que extrajimos resultaron estar incompletos; por ello, consultamos los registros judiciales en línea e ingresamos manualmente la información en nuestra base de datos. El Departamento Judicial de Connecticut elimina los registros de casos de su portal en línea transcurrido un determinado período de tiempo. En estas situaciones, solicitamos a la agencia que nos facilitara las citaciones y las demandas correspondientes para poder ingresar manualmente la información de los casos en nuestra base de datos.

Eliminamos aquellos casos en los que los demandados o los demandantes vivían fuera del estado, así como cualquier caso en el que la falta de registros dificultara la confirmación de la información relativa al proveedor.

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Un paciente de su condado rural en el norte de California , una enfermedad tan poco común que muchos médicos nunca han tratado un caso.

Aunque California tiene algunas de las leyes de vacunación más estrictas del país, el enfoque del conservador condado de Shasta durante la pandemia de covid contrastó claramente con las directrices estatales. Sus líderes locales se opusieron a la obligatoriedad de las mascarillas y las vacunas, y a la funcionaria de salud pública del condado, que había intentado aplicar esas políticas y otras medidas de seguridad.

Un posible brote de sarampión “siempre estuvo en mi mente”, dijo Mu, un médico de familia conocido por expresar sus opiniones, que fue uno de los que firmaron una carta oponiéndose a la obligatoriedad de vacunarse contra el covid. Mu, quien actualmente dirige el área de salud pública del condado, dijo que cuando su departamento identificó el primer caso local de sarampión, actuó con decisión: “Nos olvidamos del miedo”.

Él y su equipo, contó, se pusieron a trabajar de inmediato para reconstruir cuidadosamente los movimientos de con sarampión y contactar a más de 600 personas que pudieron haber estado expuestas en Costco, en un restaurante de sushi, en eventos deportivos, en una escuela o una clínica médica. Solo una de las nueve personas había contraído sarampión en uno de esos lugares, mientras que las demás fueron clasificadas por el departamento de salud pública como “contactos cercanos”.

Dos meses y medio después, el departamento de salud pública del condado de Shasta declaró terminado el brote de sarampión. Expertos en enfermedades infecciosas dicen que la rápida respuesta de este condado mayormente rural y con mucha desconfianza hacia las vacunas, ofrece un modelo de acción para funcionarios de salud pública de todo el país, que están batallando para evitar la propagación de este virus altamente contagioso.

“Para mí, la historia de Shasta es una historia de esperanza”, afirmó Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California-San Francisco.

Después de más de un año de casos sostenidos, el sarampión ha enfermado a más de en EE.UU., según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Por primera vez en dos décadas, EE.UU. está en camino de perder su estatus de eliminación del sarampión, una designación que indica que los brotes son poco frecuentes y se contienen rápidamente.

671 casos de sarampión hasta mediados de mayo, mientras que había registrado al menos 997, según sus departamentos estatales de salud. había confirmado 74 casos.

Respuesta rápida y crítica

A finales de enero, cuando el condado de Shasta identificó el primer caso, Mu se encontró con más de una docena de enfermeras especializadas en enfermedades transmisibles, epidemiólogos y personal de emergencias y relaciones comunitarias en una “reunión inicial de evaluación de amenazas”.

El virus del sarampión es un que puede permanecer en una habitación hasta dos horas después de que la persona infectada se retira, por lo que las enfermeras y el personal de respuesta enfrentaron una tarea difícil al tratar de determinar exactamente cuándo el paciente era contagioso y dónde había estado.

“Todo es cuestión de rapidez: rapidez para identificar a la persona y localizar los lugares donde ocurrieron los casos de sarampión”, explicó Chin-Hong. “Si se consigue limitar el número de casos a unos pocos, es mucho más fácil. Si se espera solo un poco más, esas personas habrán tenido contacto con mucha más gente».

Aproximadamente 9 de cada 10 personas expuestas al virus sin estar vacunadas, se infectan. Los nueve casos confirmados en el condado de Shasta eran personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se ignoraba, según el departamento de salud pública local.

Antes de llamar a las familias que podrían haber estado expuestas, las enfermeras del condado a veces pedían ayuda a directores de escuelas, personal de iglesias, administradores de clínicas u otras personas para un primer acercamiento, explicó Daniel Walker, epidemiólogo supervisor del condado.

Erika Piper, directora de Redding Christian School en Palo Cedro, habló con familias de la escuela que desconfiaban de las solicitudes de funcionarios de salud pública —y del gobierno en general— para proporcionar registros de vacunación u otra información personal. Dijo que tuvo conversaciones difíciles, pero respetuosas, con las familias para asegurarse de que los niños expuestos que no estaban vacunados permanecieran en sus casas y no fueran al colegio, de modo que su comunidad pudiera cumplir con las recomendaciones de salud pública que exigían .

“Yo les decía: ‘Está bien. Ustedes tienen una opción. Ya lo decidieron. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias’”, dijo Piper, refiriéndose a las familias que habían decidido no vacunar a sus hijos. “‘Así que pueden colaborar conmigo para que esto funcione y salgamos adelante o pueden pelearse conmigo. Pero de cualquier manera, no pueden estar en la escuela’”.

Piper permitió que se enviaran tareas a los estudiantes en cuarentena y personalmente tomó asistencia diaria en la escuela para ayudar a garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de salud.

A pedido del condado, el Departamento de Salud Pública de California ayudó con el seguimiento de los casos llamando a las personas expuestas y desplegó un sistema telefónico de la era del covid, CalCONNECT, que automatiza el monitoreo de síntomas para los contactos expuestos.

Las autoridades de Shasta County advirtieron a la población que no desconfiara de las llamadas de los rastreadores de contactos que usaban un código de área 279, preocupados de que muchos las descartaran pensando que eran estafas.

Conversaciones delicadas

En el condado, la tasa de vacunación contra el sarampión está apenas necesario para la protección comunitaria, pero en algunas zonas de la comunidad las tasas son más bajas y varían considerablemente, . Y en esos lugares vulnerables, un brote puede propagarse.

Por ejemplo, más de una cuarta parte de las escuelas de Shasta tenían tasas inferiores al 95% en 2024-25, según los datos estatales más recientes. Varias estaban por debajo del 90%. Aunque Redding Christian School reportó una tasa de vacunación contra el sarampión en kindergarten igual o superior al 95% en 2024-25, tres años antes el número llegaba al 87,8%.

Cuando se trataba de hablar con personas que habían estado expuestas al sarampión, Sharayne Loomis, enfermera supervisora de salud pública del equipo de enfermedades transmisibles de Shasta, describió el enfoque del departamento como “encontrar a las personas donde están”. Eso incluía conversaciones sin prejuicios y apoyo a los residentes, independientemente de su postura sobre la vacunación, dijo Loomis.

Mu dijo que la misma filosofía se extendía a todas las agencias de salud del condado, pero contra las “fiestas de sarampión”, reuniones donde niños no vacunados son expuestos intencionalmente para que desarrollen inmunidad.

También recomendó no administrar altas dosis de vitamina A sin supervisión médica. La vitamina A se ha promovido como tratamiento para el sarampión en comunidades que desconfían de las vacunas y fue respaldada el año pasado por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., aunque el sitio web de los CDC dice que la vitamina A “no previene el sarampión y no sustituye la vacunación”.

Algunos miembros de la comunidad dijeron que el departamento de Mu pudo haber sido más proactivo antes del brote y le pidieron que insistiera en la importancia de la vacunación en los mensajes públicos.

“Es evidente que cuando se supo que esta situación iba a llegar a nuestras comunidades, ese hubiera sido el momento de recomendar las vacunas”, les dijo  Steve Kahn a los supervisores del condado en una reunión de la junta en febrero. “Creo que hubo negligencia en eso”.

Durante años, la salud pública ha sido un tema político conflictivo en la región. La Junta de Supervisores destituyó a la anterior funcionaria de salud pública, Karen Ramstrom, en mayo de 2022, después de molestos por su aplicación de las reglas estatales sobre el covid.

En un esfuerzo por llegar a los californianos con desconfían de las vacunas, funcionarios estatales han trabajado en una coalición llamada Public Health for All Californians Together y mediante la iniciativa , que utiliza monitoreo de redes sociales y otras investigaciones para adaptar los mensajes a audiencias escépticas.

Erica Pan, directora del Departamento de Salud Pública de California, dijo que el estado se prepara para un posible aumento de casos de sarampión cuando se jueguen los partidos de la Copa Mundial de fútbol a partir de junio, y también por el aumento de los viajes durante el verano.

Sin embargo, dicen las autoridades sanitarias, cuando se trata de contener un brote en una comunidad, los residentes —especialmente aquellos que miran las vacunas con escepticismo— necesitan escuchar el mensaje de personas conocidas.

“La confianza es muy importante para nosotros”, dijo Mu. “Es fundamental para lograr que las personas sigan nuestras recomendaciones, especialmente durante un brote”.

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Pero ahora la comunidad se esfuerza por evitar una nueva identidad como “pueblo prisión” y lucha contra la apertura de lo que podría convertirse en el mayor centro de detención de inmigrantes del país, con capacidad para albergar hasta a 10.000 personas.

El condado de Walton, donde se encuentra este pueblo de unos 5.500 habitantes, votó de manera abrumadora por el presidente Donald Trump en 2024.

Pero, a medida que la estrategia de deportaciones masivas del gobierno se acerca más a casa — con planes para transformar un almacén de más de un millón de pies cuadrados en un centro de detención — los residentes dicen que la infraestructura de la ciudad simplemente no puede hacer frente a una llegada tan grande de personas.

Este mes, Social Circle presentó en una corte federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La demanda argumenta que la construcción de un centro de detención, al que llama un “megacentro”, dañaría la salud pública, y pondría presión sobre los sistemas locales de agua potable y tratamiento de aguas residuales.

También dice que sobrecargaría los servicios médicos de emergencia (EMS) “debido a la limitada capacidad de los EMS de Social Circle y al plan poco claro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el transporte de emergencias”, en referencia al departamento federal que supervisa al ICE.

“La comunidad está muy unida”, dijo Eric Taylor, administrador de la ciudad. “Queremos que se vayan”.

Social Circle es una de varias comunidades en todo el país que han quedado atrapadas en un intenso debate nacional sobre la estrategia de deportaciones masivas del gobierno.

Durante la campaña electoral, Trump dijo que los inmigrantes estaban . Pero líderes locales, , grupos defensores y otros en , , , y afirman que el gobierno está haciendo lo mismo al instalar centros de detención en comunidades sin capacidad para manejar un aumento tan grande de población.

El año pasado, Todd Lyons, quien se desempeña como director interino del ICE hasta , señaló que el objetivo era que las deportaciones masivas funcionaran con . Las deportaciones se moverían “como Prime, pero con seres humanos”, dijo en una exposición de seguridad fronteriza en Phoenix.

En estos momentos, el ICE detiene a todas las personas que busca deportar sin darles la posibilidad de salir bajo fianza, incluidas aquellas sin antecedentes penales. En enero, la agencia tenía casi el doble de personas detenidas que en el mismo mes de 2024 con el presidente Joe Biden.

Sin embargo, aunque muchos siguen apoyando la postura de Trump sobre inmigración, otros residentes temen que la estabilidad de la comunidad se vea afectada. “Social Circle no se puede decir que prospere, pero se mantiene”, dijo Gareth Fenley, trabajadora social retirada que se postuló para el Senado estatal en 2024, como demócrata, y no estuvo entre los residentes que votaron por Trump.

“Si Social Circle se convierte en un pueblo prisión”, dijo, “vamos a perder lo que tenemos”.

“Pensé que era una broma”

En febrero, el DHS compró el terreno de 235 acres en Social Circle por , casi cinco veces su valor estimado. El plan es albergar allí a más personas que en el Centro Correccional Rikers Island de Nueva York, y casi triplicar la cantidad de personas actualmente alojadas en el mayor centro de detención de inmigrantes del país, ubicado en El Paso, Texas.

“Pensé que era una broma”, dijo John Miller cuando, el año pasado, leyó por primera vez sobre los planes. Él y su esposa, Kathlene, han vivido en Social Circle durante 21 años. Cuando se encuentran con vecinos, Kathlene conoce los nombres de sus hijos y John se sabe las estadísticas de béisbol de los niños. Su granja de caballos de 50 acres está a menos de una milla de la escuela primaria y justo enfrente del terreno donde se construiría el centro de detención.

Los Miller apoyan la postura de Trump sobre inmigración, pero creen que convertir el almacén vacío en un centro de detención recrearía precisamente los problemas que el gobierno intenta resolver. Ya sea que las personas estén concentradas en un centro de detención o en la comunidad, “siguen estando aquí”, dijo John Miller.

El DHS calcula que el centro requeriría alrededor de un millón de galones de agua al día. Según la demanda de la ciudad, ese volumen dejaría sin agua a los residentes y contaminaría los arroyos locales con aguas residuales.

Las llamadas médicas de emergencia desde el centro de detención, afirma la demanda, sobrecargarían a los socorristas de la ciudad, que según Taylor cuentan con 14 bomberos, 15 policías y dos oficiales de recursos escolares. La ciudad depende del condado de Walton para los servicios de ambulancia.

Además, Social Circle viviría bajo la amenaza constante de un gran brote de enfermedades, según la demanda, que añade que el gobierno federal no realizó las revisiones ambientales necesarias ni solicitó comentarios de la comunidad previamente.

Taylor dijo que los funcionarios federales tuvieron solo una reunión con líderes locales y desestimaron las preocupaciones sobre el agua, las aguas residuales y la atención de emergencias, ya que funcionarios del gobierno afirmaron que el lugar no necesitaría usar esos servicios. “No me lo creo”, dijo Taylor. “Y ese es el problema”.

Aumento de las preocupaciones de salud

El actual secretario del DHS, Markwayne Mullin, ha dicho que se están revisando los , Kristi Noem, para transformar almacenes como este en centros de detención. Además, si el gobierno federal pagó de más por algunos edificios. Mullin también dijo que los funcionarios están revisando las políticas de la agencia y trabajan con líderes comunitarios. “Queremos ser buenos socios”, dijo Lauren Bis, vocera del DHS.

Aun así, el rápido aumento de la detención de inmigrantes por parte del gobierno ha agravado las antiguas acusaciones de negligencia médica hacia las personas detenidas en todo el país, y ha provocado en al menos dos décadas.

Tres centros de detención en Folkston, Georgia, aproximadamente a una hora al norte de Jacksonville, Florida, registraron 130 llamadas de emergencia entre el 4 de febrero de 2025 y el 3 de febrero de 2026, según reportes obtenidos por ºÚÁϳԹÏÍø News mediante una solicitud de registros públicos.

Las llamadas desde los centros, que albergan a unas 2.000 personas, fueron por razones muy diversas, incluidas anafilaxia (reacción alérgica potencialmente mortal), agresiones, intentos de suicidio, sobredosis, convulsiones, derrames cerebrales, lesiones en la cabeza por caídas y otros problemas de salud.

GEO Group, el mayor contratista del ICE y operador del centro de Folkston, ofrece “acceso a atención médica las 24 horas” y utiliza servicios médicos de emergencia cuando es necesario, aseguró Christopher Ferreira, director de relaciones corporativas.

ERO El Paso Camp East Montana, construido en una base militar de Texas, es actualmente el mayor centro de detención del país y alberga a unas 2.500 personas.

En los cinco meses entre el 17 de agosto de 2025 y el 20 de enero de 2026, se realizaron unas 130 llamadas médicas de emergencia desde el lugar, según registros de la ciudad. Varios detenidos han muerto en el centro; otros para tuberculosis, sarampión y covid-19.

Amentum Services, que recientemente asumió la administración del centro, no respondió preguntas sobre las llamadas de emergencia.

Centros de detención aún más grandes, como el “megacentro” planeado en Social Circle, solo aumentarían esos problemas de salud y los llevarían a nuevas comunidades, dijo , quien fue ombudsman (defensora del pueblo) para asuntos migratorios en el DHS bajo Biden. Los centros existentes ya sufren escasez de personal, mala ventilación e higiene y atención médica insuficiente, afirmó.

Las instalaciones propuestas son enormes y, en general, fueron construidas para almacenar objetos, no personas, dijo. “No hay forma, sin un costo extremo, tanto para la comunidad como económico, de hacer que estos lugares sean seguros para los seres humanos”, agregó Brané.

Mientras tanto, personas como Kathlene Miller piensan que Social Circle se ha convertido en un “daño colateral” dentro del debate más amplio sobre inmigración. “Somos como los hijos en un divorcio”, dijo.

Pero Social Circle podría enfrentar una batalla difícil. Taylor dijo que los líderes del condado de Walton y el estado de Georgia han guardado silencio sobre el centro.

“Dicen que son asuntos federales, que no tienen jurisdicción”, afirmó. “No tienen ningún interés en ayudarnos”.

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Tenía una “salud razonablemente buena” y los riesgos del procedimiento —sangrado, reacción a la anestesia, perforación del colon— eran bastante bajos. Pero tenía 85 años. Y tendría que suspender brevemente los anticoagulantes que tomaba debido a los stents cardíacos que mantenían abiertas sus arterias; hacerlo podría aumentar los riesgos.

Itzkowitz dijo que si él y su paciente hubieran enfrentado esta decisión hace cinco años, quizás él habría programado el examen “sin siquiera pensarlo”. Pero investigaciones recientes han vuelto a mostrar que los beneficios de repetir una colonoscopía después de los 75 años .

Ahora, dijo, “me pregunto: ‘¿Qué estamos logrando aquí?’”.

No es el único doctor —ni paciente— que tiene dudas. Los riesgos y beneficios de exámenes, procedimientos y medicamentos comunes cambian a edades avanzadas, y las investigaciones siguen mostrando nuevos ejemplos de intervenciones que podrían dejar de ser necesarias.

Recientemente, investigadores han analizado preguntas sobre lesiones comunes en la piel que probablemente no necesitan ser removidas, un medicamento para la tiroides ampliamente utilizado que muchos pacientes mayores podrían dejar de tomar de manera segura, y colonoscopías que reducen tan poco la mortalidad por cáncer de colon que los riesgos podrían superar los beneficios.

Feas, pero probablemente inofensivas

Las manchas rojizas o ásperas en la piel se llaman, en términos médicos, queratosis actínicas. Como son resultado de la exposición prolongada al sol, suelen aparecer en el rostro, el cuero cabelludo, los antebrazos y el dorso de las manos.

Estas lesiones aparecen con mayor frecuencia en pacientes mayores. Un estudio grande de beneficiarios de Medicare tradicional encontró que, durante un período de cinco años, recibió un diagnóstico de queratosis actínica. ¿Y luego qué?

“La gran mayoría de las veces, se eliminan”, dijo Allison Billi, dermatóloga de la Universidad de Michigan y autora de sobre el tema en JAMA Internal Medicine. Esto normalmente implica criocirugía (congelación con nitrógeno líquido), cremas tópicas o terapia láser.

La razón: las manchas podrían volverse cancerosas. Pero “para el paciente promedio sin antecedentes de cáncer de piel, hay menos de una posibilidad entre 1.000 de que evolucione a cáncer de piel”, dijo Billi, citando . Es mucho más probable que las lesiones desaparezcan por sí solas.

“El tratamiento puede ser más molesto que la afección en sí”, agregó. Removerlas “es extremadamente doloroso, tanto durante el procedimiento como después”. También puede causar hinchazón, irritación y cambios permanentes en el color de la piel.

Además, es probable que una queratosis actínica o que surjan nuevas lesiones. “Esta es una afección crónica”, dijo Billi.

En cambio, Billi propone una vigilancia activa: los doctores de atención primaria podrían observar las lesiones cada año para detectar señales de alerta, como sangrado, dolor o crecimiento rápido, que podrían justificar su remoción. Pero “en muchos casos, no es necesario”, dijo. “No siempre tenemos que hacer todo lo que podemos hacer”.

Sí recomienda usar protector solar.

Un tratamiento cuestionable

Los pacientes toman levotiroxina, uno de los medicamentos más recetados en el mundo, cuando la glándula tiroides no puede producir suficiente hormona tiroidea.

Con esta afección, llamada hipotiroidismo, “las personas aumentan de peso. Tienen menos energía. Su cabello y su piel están secos”, explicó Jacobijn Gussekloo, médica de atención primaria e investigadora del Centro Médico de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. “Todo se vuelve más lento”.

Los doctores también la recetan cada vez más para una afección límite llamada hipotiroidismo subclínico, que generalmente no causa síntomas, pero puede progresar a hipotiroidismo.

La mayoría de los pacientes toma el medicamento de por vida, pero ¿realmente es necesario? El equipo de Gussekloo halló que, en muchos adultos mayores con hipotiroidismo subclínico, los niveles hormonales por sí solos.

Los investigadores también reportaron que, entre personas mayores con esta afección, la levotiroxina sobre los síntomas y “ningún beneficio aparente”.

Como cualquier medicamento, también puede causar daño. Puede interactuar con otros fármacos que los pacientes mayores suelen tomar. Además, “requiere pruebas de laboratorio frecuentes y seguimiento, más consultas y más gastos”, dijo Maria Papaleontiou, endocrinóloga de la Universidad de Michigan y autora de en JAMA que acompañó el estudio más reciente realizado en los Países Bajos.

“En dosis altas, puede causar hipertiroidismo, lo que puede provocar arritmias cardíacas y pérdida ósea”, agregó. Los pacientes que la toman también tienen que ajustar su dieta y los horarios de las comidas.

Para determinar si algunos pacientes podían dejar de tomar levotiroxina, los investigadores holandeses diseñaron un protocolo que reducía gradualmente las dosis durante 30 semanas, con pruebas de laboratorio y consultas médicas continuas.

Después de un año, una cuarta parte de los 370 participantes, todos mayores de 60 años, mientras mantenía una función tiroidea saludable. La mayoría había comenzado con dosis más bajas.

Los pacientes no deben dejar la levotiroxina por su cuenta, advirtió Papaleontiou. Suspender el medicamento requiere una reducción gradual, además de pruebas y monitoreo. Algunos pacientes siempre necesitarán tomarlo.

Pero parece que “un grupo selecto de adultos mayores de 60 años podría no necesitar este tratamiento de por vida”, dijo Papaleontiou.

Un examen con riesgos

La pregunta sobre cuándo los pacientes mayores pueden dejar de hacerse pruebas de detección de cáncer de colon de manera segura ha provocado años de debate. El influyente Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos le da a esta prueba después de los 76 años, y considera que el beneficio es “pequeño”.

Aun así, casi el 60% de los pacientes mayores que ya se habían hecho colonoscopías y tenían una expectativa de vida limitada (menos de cinco años) recibieron recomendaciones para repetir el examen, encontró .

Como gastroenterólogo de la Universidad de California en San Diego, Samir Gupta enfrenta este tema regularmente con pacientes mayores. “Sé que realmente tienen un riesgo bajo de cáncer de colon, y aún así los estoy exponiendo a más riesgos”, dijo.

El riesgo de complicaciones después de una colonoscopía aumenta con la edad. Un estudio encontró que casi 7% de los pacientes mayores de 75 años tuvieron dentro del mes posterior al procedimiento.

¿Vale la pena? Gupta es el autor principal de con casi 92.000 pacientes del Departamento de Asuntos de Veteranos mayores de 75 años que ya se habían hecho colonoscopías anteriormente. En aproximadamente el 28%, el procedimiento había encontrado un adenoma, un tipo de pólipo que puede volverse canceroso. Aunque ocurre en solo una pequeña fracción, los gastroenterólogos generalmente los eliminan.

Los investigadores encontraron que, después de 10 años, los veteranos con un adenoma previo tenían más probabilidades de desarrollar cáncer de colon que aquellos sin adenomas, aunque la tasa fue extremadamente baja en ambos grupos.

Pero solo el 0,5% —sí, medio punto porcentual— de quienes tenían un adenoma previo murió por cáncer de colon, en comparación con 0,4% de quienes no lo tenían. “Una diferencia mínima”, dijo Gupta.

Ambos grupos quedaron muy por debajo del número de veteranos —casi la mitad— que murieron durante esa década por otras causas.

“Incluso si el procedimiento sale bien, no encontrará nada o encontrará algo que realmente no tendrá impacto en su longevidad”, dijo Itzkowitz, autor de publicado junto al estudio.

Sin embargo, ha encontrado que muchos pacientes a quienes les han removido pólipos quieren seguir haciéndose colonoscopías.

Es difícil cambiar normas médicas establecidas. Los esfuerzos por medicamentos pueden encontrar resistencia tanto de pacientes como de profesionales de salud.

Muchas mujeres mayores después del punto en que se ha documentado un beneficio, y los hombres mayores suelen someterse a más allá de la edad recomendada.

Las colonoscopías son menos agradables, así que quizás los pacientes mayores estén contentos de evitarlas. “Incluso con pólipos, la posibilidad de morir por cáncer de colon es tan baja en comparación con todo lo demás que puede afectarles”, dijo Itzkowitz.

Por eso le dijo a su paciente de 85 años que podía saltarse otra colonoscopía. Ella pareció complacida.

The New Old Age se produce a través de una colaboración con .

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Un proyecto de en marzo y luego por el gobernador demócrata Jared Polis permite que Colorado se aparte aún más de las directrices federales.

La ley permite que oficiales de salud sigan las recomendaciones de grupos médicos nacionales al decidir cuestiones como la compra de vacunas al por mayor para el programa Medicaid.

“Estamos protegiendo a nuestro estado del manejo caótico que viene de Washington”, dijo el , copatrocinador del proyecto y enfermero registrado. “Vamos a confiar en la ciencia”.

“Desde la lucha durante la pandemia para que los habitantes de Colorado recibieran las vacunas lo antes posible hasta la batalla contra las barreras impuestas por la administración Trump para vacunarse, hemos ampliado el acceso a las vacunas para los habitantes de Colorado que las quieran”, declaró Polis en un comunicado al promulgar la ley.

Colorado es uno de los que, junto con Washington, D.C., han tomado medidas para eludir las nuevas recomendaciones federales ante la preocupación de que los cambios puedan debilitar la confianza pública en las vacunas y erosionar la .

Antes, Colorado, como la mayoría de los estados, seguía las directrices federales establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En enero, integrantes del panel asesor de los CDC, elegidos por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., de la lista de recomendaciones universales de la agencia.

El año pasado, médicos, científicos, líderes locales y otros defensores se unieron para formar una coalición de alcance comunitario y defensa llamada

El grupo busca ofrecer una posición clara y unificada sobre los beneficios comprobados de las vacunas y tranquilizar a residentes confundidos por los numerosos cambios federales.

, ex integrante del Concejo Municipal de Denver, se unió al grupo porque quiere que más personas conozcan su propia historia sobre una enfermedad prevenible con vacunas.

“Todos los veranos todo el mundo se enfermaba”, dijo Boigon al recordar su infancia en Detroit durante la década de 1950.

La enfermedad era la polio, una infección viral muy contagiosa que y que a veces causa parálisis parcial o total.

Durante el verano de 1953, “toda la cuadra estaba enferma y algunos quedamos discapacitados… así eran las cosas”, dijo.

Un nuevo grupo toma la iniciativa

La historia personal de Boigon será parte del trabajo de la coalición para sobre los peligros de enfermedades infecciosas que antes eran comunes en el país, pero que ahora son relativamente raras.

El grupo, que se formó en septiembre pasado, también recopilará información sobre vacunas de grupos médicos y del departamento estatal de salud, y defenderá propuestas de políticas públicas ante el gobierno estatal.

“Fue una respuesta directa a las amenazas federales”, dijo otra integrante de la coalición, la ex legisladora estatal . Ella dirige la organización sin fines de lucro .

Otra integrante, la especialista en relaciones públicas Elizabet Garcia, propone aumentar las actividades de divulgación dirigidas a hispanos, cuyas tasas de vacunación están .

“Muchas veces existe el miedo de tener que pagar de su bolsillo, de que el seguro no lo cubra, otros quizá ni siquiera tienen seguro”, explicó Garcia.

Boigon tenía 5 años cuando se enfermó y estuvo hospitalizada durante seis semanas con fiebre. El virus atacó su columna vertebral.

“Después de eso, ninguna de mis extremidades funcionaba”, contó Boigon.

Aunque más tarde recuperó la función de las otras extremidades, su brazo derecho nunca volvió a funcionar por completo. Tuvo que adaptarse y volver a aprender tareas cotidianas, como extender la mano izquierda para saludar.

En 1955, poco después de que enfermara, la nueva vacuna contra la polio comenzó a estar más disponible para el público. A medida que avanzó la vacunación en Estados Unidos, los casos de polio —que había sido una de las enfermedades más temidas del país— cayeron

Aumentar la confianza pública

Los líderes estatales han tomado otras medidas para promover la salud pública. Después de que la administración Trump retirara a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), varios estados, incluido Colorado, por su cuenta a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la OMS.

Colorado también a una demanda multilateral que impugna los cambios introducidos por la administración Trump al calendario de vacunación infantil.

La nueva ley estatal incluye otras disposiciones que no solo permiten que el estado se aparte de las recomendaciones federales. La ley formaliza la capacidad de los farmacéuticos para recetar y administrar vacunas y aumenta las protecciones legales para los trabajadores de salud que aplican vacunas.

“Esta ley dará más claridad para orientar a todos los habitantes de Colorado, incluidos los proveedores que administran vacunas”, dijo Lontine.

Sin embargo, la legislación tiene opositores que sostienen que las vacunas podrían ser inseguras o ineficaces y aseguran que la ley interferiría con la decisión de los padres.

“Solo quiero asegurarme de que no nos estamos metiendo en una gran disputa política entre las recomendaciones federales —los CDC y demás— y distintas posturas políticas aquí en Colorado”, expresó el , que votó en contra del proyecto de ley sobre vacunas.

Se contactó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sobre la nueva ley de Colorado. La vocera Emily Hilliard respondió en un correo electrónico: “El calendario actualizado de vacunación infantil de los CDC sigue protegiendo a los niños contra enfermedades graves”.

Aumento de enfermedades prevenibles

Esta oleada de actividad en todo el estado ocurre mientras Colorado y el país han registrado un aumento de los casos de enfermedades como .

Este año, hasta mediados de mayo, Colorado había registrado 22 casos de sarampión. En 2025 se registraron , según el departamento estatal de salud, muy por encima de los totales de años anteriores.

En todo Colorado, la tasa de vacunación contra el sarampión fue del 88% el último año escolar. Solo unos pocos condados alcanzaron tasas de 95%, el nivel necesario para generar inmunidad colectiva, según datos en diciembre.

Esta también fue la peor temporada de gripe en Colorado en los últimos años.

Las tasas de vacunación, tanto contra la gripe como contra covid-19, han disminuido ligeramente en el estado, según cifras oficiales.

en Colorado han muerto esta temporada por gripe, uno por covid y uno por el virus respiratorio sincitial o VRS. Hay , disponibles para niños y recomendadas por el departamento estatal de salud.

Kennedy, un activista antivacunas desde hace mucho tiempo, ha defendido sus decisiones de reformar el calendario recomendado de vacunación infantil. En marzo, un juez federal muchos de esos cambios.

“No le estamos quitando vacunas a nadie. Si quieren vacunarse, pueden hacerlo. El seguro lo cubrirá por completo, igual que antes”, dijo en enero.

Cuando un reportero sugirió que los nuevos cambios podrían hacer que menos personas recibieran la vacuna contra la gripe, Kennedy respondió: “Bueno, puede ser, y quizás eso sea algo bueno”.

Boigon a veces no puede creer todo lo que ha pasado.

“Es como si estuviéramos retrocediendo”, reflexionó. “Como si hubiéramos decidido que no queremos una vida moderna. Que queremos volver a la década de 1950, cuando los niños enfermaban y morían”.

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7B Care Clinic ha operado en Sandpoint desde 2001, antes se llamó Life Choices Pregnancy Center y Sandpoint Crisis Pregnancy Center. a una red nacional de centros cristianos evangélicos llamada Care Net.

7B, uno de los aproximadamente 1.200 centros para embarazadas afiliados a Care Net, ofrece pruebas de embarazo, ultrasonidos limitados, clases de crianza y herramientas para la vida cotidiana, grupos de apoyo comunitario y otros recursos gratuitos, como ropa para niños. Donaciones de individuos, empresas y más de 40 iglesias sostienen las operaciones de 7B, dijo Janine Shepard, su directora ejecutiva.

Estos centros son conocidos como “centros de crisis de embarazo” o “centros de apoyo para embarazadas”. Ofrecen recursos y servicios médicos limitados a mujeres embarazadas y buscan disuadirlas de abortar. Diversos grupos de atención médica, incluido el (ACOG, por sus siglas en inglés), afirman que muchos de estos centros utilizan prácticas poco éticas y engañosas para atraer mujeres a sus organizaciones.

En los últimos tres años el flujo de personas en 7B ha aumentado, cuando el hospital local cerró su unidad de parto, y sus ginecólogos y obstetras abandonaron el estado. El cierre dejó un vacío en los servicios de salud reproductiva en esta ciudad de más de 10.000 habitantes a orillas del lago Pend Oreille y en las zonas rurales cercanas.

“Estamos atendiendo a muchas más personas”, dijo Shepard.

Para diciembre de 2024, más de dos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminara el derecho nacional al aborto con el fallo Dobbs, Idaho había perdido . 7B se está expandiendo con el objetivo de devolver la atención obstétrica a Sandpoint.

La organización planea ampliar su edificio actual una vez que termine de pagarlo, contó Shepard, y está en conversaciones con un hospital ubicado a unas 30 millas en el estado de Washington para traer a un ginecólogo una vez por semana y ofrecer atención prenatal.

Si actualmente hubiera atención obstétrica en Sandpoint, dijo Shepard, “ni siquiera estaríamos considerando” ampliar los servicios. “Pero hay una necesidad muy grande. Y nuestra comunidad sufre por eso”.

Mientras las comunidades rurales enfrentan el y , los centros de embarazo en crisis están ganando influencia. Algunos estados han aprobado leyes que otorgan a estas organizaciones mayores protecciones frente a supervisión y regulación, y en los últimos años las clínicas han recibido un gran y .

En una ciudad con acceso limitado a servicios de maternidad, 7B ha estado ofreciendo recursos importantes a mujeres de bajos ingresos que enfrentan dificultades. Pero los críticos dicen que esta organización religiosa sin fines de lucro, que no tiene licencia médica ni está obligada a cumplir estándares regulatorios para instituciones de salud, tiene una agenda ideológica que la convierte en un lugar inapropiado para que mujeres embarazadas busquen atención médica.

Jen Jackson Quintano, residente de Sandpoint y fundadora de Pro-Voice Project, una organización sin fines de lucro que defiende el derecho al aborto en Idaho, dijo que los centros de crisis de embarazo engañan a las pacientes porque las atraen ofreciéndoles  servicios gratuitos relacionados con su estado y luego les transmiten su mensaje antiaborto.

“Todos necesitamos tener claro qué tipo de servicios son realmente: lugares enfocados primero en el ministerio religioso y no en una atención médica integral”, dijo Jen Jackson Quintano.

Shepard aseguró que existen conceptos erróneos sobre la organización e invita a las personas a recorrer 7B para conocer su trabajo. Sostuvo que su personal habla con las mujeres embarazadas sobre el aborto, la adopción y la crianza como opciones, y espera que se sientan lo suficientemente apoyadas como para tomar una decisión “a favor de la vida”.

7B refleja una tendencia de los centros de embarazo en crisis que buscan expandir sus operaciones a zonas donde escasea la atención materna y regiones donde hay deficiencias en la atención médica para mujeres, explicó Andrea Swartzendruber, profesora asociada de epidemiología y bioestadística en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Georgia. Swartzendruber ha estudiado y de estos centros en el país desde 2018.

“Los centros de crisis de embarazo han aprovechado durante años la falta de acceso a la atención médica”, agregó. “Pero estos centros no tienen ni la infraestructura ni la capacidad ni la capacitación necesarias para cubrir esas deficiencias”.

Según la investigación de Swartzendruber, en 2024 operaban en el país más de 2.600 de estos centros, más que triplicando el número de .

Se ha descubierto que muchos de estos centros recurren a con sus clientes, incluyendo publicar en sus sitios web información confusa para aparentar ser clínicas médicas legítimas, con el objetivo de atraer a mujeres que buscan abortar.

Estas organizaciones también están recibiendo apoyo de la administración Trump. El 10 de mayo —Día de la Madre— el Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzó con recursos e información para nuevas madres y embarazadas. Incluye un mapa para encontrar centros para embarazadas y menciona los servicios que brindan, como pruebas de embarazo, ultrasonidos y referencias médicas.

“El lugar perfecto”

Sandpoint es una pequeña ciudad montañosa en una zona profundamente conservadora y cristiana de un estado que tiene una estricta ley antiaborto implementada después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade.

Amelia Huntsberger, una de las gineco-obstetras que dejaron Sandpoint hace tres años, dijo que la ciudad es “el lugar perfecto para esto”, en referencia a la expansión de 7B Care Clinic.

En áreas con pocos recursos, los beneficios que pueden ofrecer los centros de crisis de embarazo son bien recibidos.

Lori Sabin, partera con licencia en Bonners Ferry, unas 30 millas al norte de Sandpoint, dijo que 7B es un recurso útil para la comunidad, especialmente para personas que tienen dificultades para acceder a atención médica por falta de seguro o problemas para trasladarse para recibir atención.

“Lo mejor de 7B es que todos sus servicios son gratuitos”, señaló Sabin, y agregó que las clases y los artículos para bebés son especialmente útiles para madres jóvenes primerizas. “Pueden orientarlas en la dirección correcta. Les dicen dónde están las parteras; dónde están los obstetras”.

Huntsberger, quien ejerció en Sandpoint durante más de una década y ahora vive en Oregon, también reconoció los beneficios que vio en 7B para las pacientes, entre ellos las clases de crianza y los grupos de apoyo. Sin embargo, le preocupa que el lugar se parezca a un centro médico que ofrece atención de salud.

Lisa Battisfore, fundadora de Reproductive Transparency Now, una organización con sede en Chicago que brinda educación y divulgación sobre centros de crisis de embarazo, reconoció que los servicios limitados que ofrecen pueden ser útiles, pero opinó que lo negativo supera a lo positivo.

“Si alguien necesita pañales o fórmula y uno de estos centros está dispuesto a proporcionárselos, es difícil decir que eso por sí solo sea algo malo, pero hay que mirar el panorama completo”, sugirió Battisfore.

Los centros de crisis de embarazo en gran medida carecen de regulaciones y están protegidos por los derechos a la libertad de expresión y libertad religiosa de la Primera Enmienda de la Constitución. La Corte Suprema que estos centros fueran a los tribunales para bloquear la citación de un fiscal estatal que solicitaba información sobre las donaciones que reciben.

Los críticos dicen que la falta de supervisión permite que difundan información falsa sobre el aborto y la “reversión” de la píldora abortiva, un procedimiento que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos calificó como

Los centros han obtenido contra estados que intentan aumentar la regulación y supervisión sobre sus actividades. Estas protecciones han permitido que algunas organizaciones borren la línea entre activismo antiaborto y atención médica.

“Parecen ser muy hábiles para moverse de un lado a otro de esa línea cuando les conviene, y eso no beneficia a las embarazadas”, dijo Battisfore.

Battisfore mencionó un caso reciente en Texas en el que una mujer fue hospitalizada por un embarazo ectópico días después de recibir un ultrasonido y un certificado de buena salud de un centro de crisis de embarazo. Un gineco-obstetra que trabaja con Abundant Life Pregnancy Resource Center dijo a que “no hay nada que corregir” cuando se le preguntó sobre el error. Ha habido otros casos de diagnósticos incorrectos en estos centros.

Qué sigue para Sandpoint

indignó a buena parte de la población local cuando cerró su unidad de maternidad hace tres años. Los vecinos lamentaron que las mujeres tuvieran que viajar más lejos para dar a luz y la pérdida de especialistas. Desde entonces, el hospital ha estado trabajando para reconstruir la confianza de la comunidad.

Este año, creó un comité de salud femenina que incluye miembros de la junta directiva, personal y otras personas de la comunidad. El director ejecutivo del hospital, John Hennessy, y la directora médica, Stacey Good, dijeron que su prioridad es escuchar a los residentes y aumentar la conciencia sobre los servicios de salud para mujeres que todavía están disponibles.

Las mujeres todavía pueden recibir una variedad de servicios, incluida atención prenatal de una enfermera especializada que viaja a Bonner General desde Coeur d’Alene una vez por semana y de otros profesionales clínicos que pueden brindar atención ginecológica básica. Un puesto para ginecóloga en el hospital ha estado vacante desde mayo de 2023 y Hennessy dijo que cubrirlo sigue siendo una prioridad.

Makayla Sundquist, residente de Sandpoint y consejera con licencia, creció en la ciudad. Se casó el año pasado y ha estado pensando en formar una familia con su esposo. Se preguntó si se sentiría segura sabiendo que tendría que viajar al menos una hora hasta el hospital más cercano con servicios de maternidad.

Pero también tiene dudas sobre 7B como posible opción para atención local. Se mostró escéptica respecto de que una organización religiosa y antiabortista pudiera darle información precisa sobre las opciones a su disposición.

“Es algo en lo que pienso y que me da miedo”, dijo Sundquist. “Quisiera que esa no fuera mi realidad”.

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Esta caída en las cifras genera incertidumbre para las aseguradoras. Como respuesta, es probable que vuelvan a aumentar las tarifas el próximo año, después de los incrementos mayores de lo habitual registrados este año.

Las inscripciones ya habían bajado en enero en aproximadamente respecto al del año pasado. Para este año, los inscritos enfrentaron primas que aumentaron, en promedio, . Además, los subsidios que ayudan a las personas a comprar cobertura se redujeron o desaparecieron.

Ahora, los expertos observan cuántas de las aproximadamente 23 millones de personas inscritas dejarán de pagar su parte de las primas.

Aunque los datos disponibles sobre pagos de primas corresponden principalmente a enero, algunos estados que administran sus propios mercados de ACA han publicado información de meses posteriores.

La caída más pronunciada en personas que pagan primas, según datos limitados, se registró , que tuvo una baja del 28% en abril en comparación con el mismo período del año anterior, según un análisis de Charles Gaba, analista de políticas de salud y autor de un blog especializado en ACA.

El sitio de noticias NOTUS que tenía datos internos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que mostraban que aproximadamente el 21% de las personas que usan el mercado federal de ACA —— no pagaron su parte de las primas de enero, lo que, de ser correcto, sería mucho más alto que en el mismo período del año pasado.

Los CMS no respondieron a preguntas de ºÚÁϳԹÏÍø News sobre los datos de inscripción.

Al revisar las primeras cifras publicadas por analistas, “todavía no podemos cuantificar cuánto peor será en comparación con años anteriores, pero sin duda será peor debido al impacto de los precios”, dijo Ellen Montz, directora ejecutiva de la consultora Manatt Health, quien ayudó a supervisar ACA durante su trabajo en la administración Biden.

Los resultados iniciales llegan en medio de una creciente preocupación pública por la asequibilidad, con que muestran que los suelen estar entre las de los votantes.

Por ejemplo, un publicado el 19 de mayo encontró que el deducible promedio de los planes de ACA (deducible es la cantidad que las personas deben pagar de su bolsillo por la mayoría de los tratamientos, excepto atención preventiva, antes de que las aseguradoras comiencen a cubrir los gastos) tuvo el aumento más pronunciado de la historia: creció un 37%, o más de $1.000, pasando de $2.759 en 2025 a $3.786 en 2026, después de que expiraran los subsidios mejorados que ayudaban a pagar las primas.

El aumento de costos representa un desafío político para el presidente Donald Trump y para el Partido Republicano en general, que se ha opuesto a ampliar los subsidios para ayudar a las personas a comprar cobertura a través del Obamacare.

Los legisladores republicanos también aprobaron el año pasado un paquete de gastos —promulgado como el One Big Beautiful Bill Act— que incluía disposiciones que se espera reduzcan la inscripción en ACA y que fueron citadas entre los factores que impulsaron el aumento de las primas este año.

Las reducciones en la inscripción “afectan a personas reales y tienen consecuencias reales”, dijo Montz. “La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) es un tema políticamente polémico, pero es una parte fundamental del panorama de cobertura médica”.

Siguiendo las cifras

Por ahora, la tasa de abandono coincide con lo que algunos expertos en políticas públicas habían previsto, en parte porque el Congreso no extendió los beneficios más generosos que expiraron al final del año pasado. Esos subsidios ampliados habían estado vigentes desde 2021.

“En general, el mercado individual parece dirigirse hacia una contracción significativa en 2026 y podría parecerse” a las caídas proyectadas por la , indicó un informe del , el área de análisis de HMA Co.

En base a su análisis, elaborado con datos proporcionados por 75 aseguradoras, Wakely estima que la inscripción promedio en ACA terminará siendo entre un 17% y un 26% menor este año en comparación con 2025.

Hasta ahora, el informe de Wakely señala que un promedio del 86% de los inscritos realizó su primer pago en enero.

El incumplimiento en los pagos de las primas varió según el estado. Aquellos con menores tasas de abandono habían implementado ayuda adicional —como cubrir parcial o totalmente la reducción de subsidios con fondos estatales— o registraron aumentos menores en las primas. Los estados que administran sus propios mercados tuvieron tasas de pago más altas (92%) que aquellos que usan el mercado federal (82% a 84%).

El análisis inicial de Gaba incluye cifras más recientes de nueve de los 20 estados que administran sus propios mercados del Obamacare.

“Georgia podría ser bastante representativo” de otros estados que no implementaron protecciones adicionales, dijo Gaba. Por ejemplo, las tasas de incumplimiento de pagos, comparadas año tras año, fueron del 11,6% hasta abril en Nueva Jersey y, hasta febrero, del 15,7% en Washington y del 8,5% en California.

Solo un estado de su muestra —Nuevo Mexico— registró un aumento en el porcentaje de personas que pagaban primas, según los datos mensuales más recientes disponibles. A diferencia de la mayoría, el estado para compensar completamente la reducción de los subsidios federales.

Las cifras de inscripción en ACA nunca son estáticas. Tradicionalmente, más personas se inscriben —ya sea mediante reinscripción automática o tomando la iniciativa de buscar cobertura— de las que finalmente pagan las primas, por lo que las cifras suelen ser más altas al comienzo del año.

Las personas dejan la cobertura a lo largo del año por muchas razones, como encontrar otro seguro a través de un empleo o casarse con alguien que ya tiene cobertura.

El costo, por supuesto, es un factor. Este año, debido al aumento de las primas y la reducción de subsidios, muchas personas enfrentaron costos de lo que pagaban anteriormente por su cobertura.

Además, la administración Trump eliminó un programa especial de inscripción que permitía a personas de bajos ingresos inscribirse durante todo el año.

dicen que la caída en la inscripción no debe verse únicamente en el contexto del aumento de costos. El Paragon Health Institute, un centro de estudios de libre mercado que se ha vuelto influyente entre conservadores en el Capitolio, ha argumentado durante años que las cifras récord de inscripción recientes fueron impulsadas por inscripciones fraudulentas, posiblemente por millones.

, y expertos en políticas públicas cuestionaron la metodología utilizada por Paragon para estimar inscripciones indebidas, señalando que probablemente fueron ampliamente sobreestimadas.

Algunas personas nunca habían usado ACA antes de la entrada en vigencia de los subsidios ampliados, por lo que enfrentaron un impacto mayor por los precios.

“En teoría económica, sin importar si alguien es de izquierda, derecha o centro, es un hecho simple que cuando se aumentan los precios de algo, menos personas lo comprarán”, dijo Sabrina Corlette, codirectora del Centro de Reformas del Seguro Médico de Georgetown University.

La visión a largo plazo

La expectativa de que continúe la tendencia de menor inscripción es uno de los factores clave que probablemente se traduzca en mayores estimaciones de costos mientras las aseguradoras preparan las tarifas de 2027.

Por un lado, aunque todavía no está claro cuántas personas permanecerán inscritas, tampoco se sabe si esos inscritos presentarán más reclamos médicos de los que proyectaron las aseguradoras. Generalmente se cree que las personas más jóvenes o saludables tienen más probabilidades de abandonar la cobertura cuando aumentan las primas.

En segundo lugar, ha habido un cambio marcado entre consumidores hacia la compra de planes de nivel bronce, que tienen primas mensuales más bajas pero deducibles más altos. El análisis de KFF encontró que las inscripciones en los planes bronce aumentaron del 30% al 40% del total de selecciones de planes, pasando de 7,3 millones en 2025 a 9,2 millones este año.

¿Pagarán? ¿O serán hospitales y doctores quienes tendrán que absorber copagos o deducibles impagos y luego aumentar los precios para compensar?

Las aseguradoras basan sus primas, en parte, en este tipo de análisis.

Otro factor preocupante para los actuarios es la publicación tardía de una regulación clave que establece las reglas del próximo año para los planes médicos de ACA.

La propuesta inicial para 2027 de la administración Trump se publicó a mediados de febrero e incluía ideas agresivas, como aumentar considerablemente los deducibles para ciertos tipos de planes de ACA o permitir a las aseguradoras ofrecer planes sin redes definidas de proveedores médicos.

No se finalizó , en pleno período en que las aseguradoras calculan las primas para el año siguiente. Muchos de los cambios propuestos, con algunas modificaciones, fueron aprobados, como permitir deducibles anuales más altos en ciertos tipos de cobertura.

“Definitivamente es un año difícil para ser actuario”, dijo Louise Norris, analista de políticas de salud de healthinsurance.org, un sitio de información y referencia para consumidores afiliado a Trove Group, una agencia de seguros.

“Sabemos con certeza que el mercado individual se ha reducido y casi con seguridad está más enfermo, ya que las personas que abandonan la cobertura tienen más probabilidades de estar sanas”.

Aunque todavía “no están levantando grandes señales de alerta”, las aseguradoras observan de cerca las tendencias, dijo Michelle Anderson, directora de Wakely y coautora del informe reciente.

Anderson no espera un aumento promedio de primas del 26% como el registrado este año. Aun así, considera que la incertidumbre continua y la disminución prevista en la inscripción, que variará según el estado y la aseguradora, influirán en las tarifas del próximo año.

“No me sorprendería que hubiera algunos aumentos de dos dígitos”, dijo Anderson.

La reportera de ºÚÁϳԹÏÍø News Rachel Spears colaboró con este artículo.

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Los trabajadores, Nathan Jones y Trent Umberger, murieron en el choque ocurrido en septiembre de 2024, al igual que un pasajero del Jeep. Las pruebas encontraron que el conductor, Patrick Sneddon, entonces de 59 años, tenía oxicodona en la sangre y superaba seis veces en el estado de THC, el compuesto psicoactivo del cannabis. Actualmente, cumple por tres cargos de homicidio vehicular y otros delitos.

“Nuestros cuatro hijos están completamente devastados sin su papá”, escribió Kristine Umberger, esposa de Trent, en una declaración sobre el impacto de esta tragedia dirigida al fiscal local. “Hemos perdido nuestra capacidad de vivir la vida como antes”.

Durante mucho tiempo, las autoridades federales de seguridad vial han monitoreado el papel del alcohol en los choques fatales, pero no se registran las muertes que involucran a un conductor bajo la influencia de drogas o de una combinación de drogas y alcohol.

Esa discrepancia se debe en parte a la dificultad de demostrar que un conductor estaba realmente incapacitado, ya que algunas drogas pueden detectarse incluso semanas después de haber sido consumidas.

La abogada de Sneddon, Jennifer Gregory, señaló que, según la ley de Colorado, se puede presumir que un conductor se encuentra bajo los efectos de sustancias si su sangre contiene 5 nanogramos de THC o más por litro. Sin embargo, Gregory afirmó que este umbral de “inferencia admisible” difiere de un límite legal —como el límite del 0,08 % de concentración de alcohol en sangre— y que el nivel establecido por el estado carece de respaldo en estudios científicos publicados.

Esa información podría ser útil mientras el país enfrenta una , la administración Trump y más de 40 estados han legalizado o despenalizado algunas formas de cannabis y

“Manejar bajo los efectos de sustancias es un importante problema de seguridad pública que va más allá del alcohol”, dijo Sean Rushton, portavoz de la agencia federal de seguridad vial, que está abordando el tema de manera colaborativa, con recursos para garantizar un “enfoque integral y coordinado”.

Pero los recortes al personal federal impulsados por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, junto con la reducción de inversiones federales, han frenado en todo el país los esfuerzos para ampliar y mejorar el seguimiento de las muertes relacionadas con conducir bajo los efectos de sustancias.

La falta de datos puede ser significativa. En el condado de Mesa, Colorado, donde murieron Jones y Umberger, la oficina del forense registra varias formas de muertes de tránsito relacionadas con conductores bajo efectos de sustancias. Entre 2017 y 2024, un tercio de esas muertes involucraron solo alcohol, según datos de la oficina forense del condado.

Según estos informes, cuando se consideran las drogas, casi la mitad de las muertes de tránsito en el condado de Mesa durante ese mismo período involucraron a un conductor intoxicado con alcohol, drogas o una combinación de ambos.

“Si se quiere resolver un problema, hay que entenderlo”, dijo Jana Price, investigadora de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). “Si solo se sabe que hay presencia de alcohol, eso limita la capacidad de entender con certeza qué pudo haber afectado a una persona o a un grupo de personas. Esa falta de información influye en las medidas que usamos como sociedad para abordar el problema”.

Identificar un problema oculto

Investigadores de la NTSB que, en cuatro muestras geográficas de aproximadamente 26.000 conductores, cerca de la mitad de los arrestados por estar al volante bajo los efectos de sustancias y más de una cuarta parte de los conductores muertos en choques dieron positivo para más de una sustancia, como cocaína, sedantes y antidepresivos.

El análisis también encontró que solo cuatro estados y el Distrito de Columbia realizaron pruebas de drogas a más del 60% de los conductores que murieron en 2020.

Esos hallazgos llevaron a la NTSB, una agencia federal independiente que investiga incidentes importantes, a emitir una serie de recomendaciones a la ) y a los estados para establecer una base de datos nacional e integral sobre manejar bajo los efectos de sustancias.

Sin embargo, siguen existiendo obstáculos para crear ese sistema. Los reportes de muertes y lesiones enviados a la base de datos de la NHTSA suelen incluir información incompleta o errónea, según un .

Las diferencias entre las leyes estatales sobre pruebas de drogas a personas arrestadas o fallecidas vuelven complicado obtener datos uniformes, explicó , ex empleada de la división de manejo bajo los efectos de sustancias de la NHTSA. También influye la falta de indicadores comprobados, como el nivel de alcohol en sangre, para medir el grado de intoxicación y no solo detectar la presencia de una sustancia.

“Es un proceso lento, y resulta increíblemente difícil de aceptar cuando sabes que cada día que pasa se pone en riesgo la seguridad de quién sabe cuántas personas que podrían sufrir un accidente causado por alguien que manejaba bajo los efectos de drogas”, agregó Caroline Cash. “Pero cualquier avance es mejor que ninguno”, concluyó.

Consciente de cuánto tiempo tomarán esos esfuerzos, la NTSB también recomendó que la NHTSA construyera un sistema provisional de vigilancia que utilizara datos de centros de trauma para crear una muestra nacional de conductores involucrados en choques bajo los efectos de sustancias.

La agencia logró algunos avances y en 2023 reportó que estaba realizando su propio estudio con ayuda de 11 centros de trauma y oficinas de médicos forenses. También colaboró para que California estableciera un sistema estatal de vigilancia de 19 meses, que la NHTSA utilizará para evaluar la viabilidad de un sistema representativo a nivel nacional.

Esos programas son útiles para crear conciencia pública y mejorar la capacidad de la policía para entender los patrones de conducción bajo los efectos de drogas, lo que puede ayudar a adaptar las estrategias de vigilancia, señaló , profesor asociado de la Universidad de California-Davis que investiga en el campo de la toxicología y participó en el programa de California.

Pero algunos centros de trauma, especialmente en áreas rurales, no suelen tener la infraestructura necesaria para realizar pruebas de drogas las 24 horas y participar en estos programas.

Aun así, aseguró que es posible implementarlos y que sus beneficios quedan en evidencia con los resultados del sistema de monitoreo de California.

“Si sales a decirle a la gente que el 44% de los conductores que terminaron en la sala de emergencias tras un accidente de auto tenían al menos una sustancia potencialmente perjudicial en la sangre en el momento del accidente, eso llama la atención”, aseguró Chenoweth.

Equipos de investigación más pequeños

Sin embargo, desde que la NHTSA presentó una actualización sobre el tema al NTSB hace tres años, la agencia no ha dado seguimiento a la recomendación. Los recortes de personal y las renuncias en la NHTSA el año pasado ofrecen pocas perspectivas de cambio.

Entre 2021 y 2024, la agencia . Pero al finalizar el primer año de gobierno de Trump, el personal de la NHTSA había bajado a unas 550 personas debido a los recortes federales y a los empleados que decidieron renunciar.

Cash, que ahora trabaja para la organización sin fines de lucro Asociación de Gobernadores para la Seguridad Vial, fue uno de los cinco empleados que dejaron la división de conducción bajo los efectos de sustancias de la NHTSA el año pasado. Quedan  solo dos empleados en toda la división, lamentó.

Ian O’Dowd, ex empleado de la , dijo que formaba parte de un equipo de 16 personas que estudiaba, entre otros temas, la conducción bajo los efectos de sustancias. Solo tres o cuatro de ellos siguen en la agencia, señaló.

“Llega un punto en que resulta inmanejable para unas pocas personas supervisar todo el trabajo de investigación que se está realizando”, dijo O’Dowd.

Sean Rushton, director de comunicaciones de la NHTSA, consideró que la agencia cuenta con “los recursos financieros y de personal necesarios para apoyar sus programas, con varias oficinas trabajando en conjunto para garantizar un enfoque integral y coordinado”.

La ley de infraestructura de 2021, aprobada durante la administración Biden, aumentó el financiamiento del programa estatal de seguridad vial de aproximadamente $667 millones en 2021 a casi $953 millones este año.

La ley incluyó $750 millones para modernizar los programas de datos sobre choques. Pero hasta enero más de $475 millones seguían sin utilizarse. Los fondos vencieron en septiembre de 2025, excepto aquellos ya comprometidos mediante acuerdos firmados.

”Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. reportó que casi una cuarta parte de las entidades que recibieron subvenciones en 2022 no habían recibido un acuerdo firmado cuando fueron encuestadas entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. También descubrió que más de 1 de cada 5 beneficiarios opinó que obtener respuestas oportunas del personal del Departamento de Transporte era moderadamente o muy difícil.

Con la ley de infraestructura de la era de Joe Biden próxima a vencer, el Congreso podría extender el fondo no utilizado destinado a datos sobre accidentes o implementar un nuevo enfoque frente a la conducción bajo los efectos de sustancias.

A mediados de abril, el presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, Sam Graves (republicano de Missouri), dijo que la nueva ley podría asignar al tema entre — menos de la mitad de los $1,2 billones de la ley actual — con un enfoque más “tradicional” en carreteras y puentes.

Desde entonces, el proyecto en medio de negociaciones para conseguir más financiamiento, lo que mantiene incierto su futuro.

“Sin duda, siempre esperamos que haya un aumento en la cantidad de dinero disponible para hacer este trabajo”, dijo Cash. “Si eso ocurrirá este año o no, no lo sé”.

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Carolina del Norte se convirtió a finales de abril en el miembro más reciente de un grupo creciente de estados liderados por republicanos que exigen a sus agencias de salud pública reportar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a los beneficiarios de Medicaid cuyo estatus legal esté en duda.

Es una tendencia que, según investigadores de políticas de salud, probablemente se extenderá a otros estados controlados por el Partido Republicano que buscan alinearse con Trump en la ofensiva federal contra el fraude en Medicaid y la inmigración sin papeles.

Hasta ahora, al menos cuatro estados —, , y — han aprobado leyes similares, y legisladores en otros estados, como y , evalúan medidas parecidas. En esos seis estados, los republicanos controlan tanto las dos cámaras legislativas como la oficina del gobernador.

“Este es un tema que está muy presente en la agenda política en este momento”, dijo , investigadora de políticas de salud de la Escuela de Derecho de Harvard.

Más de 75 millones de personas , el programa federal y estatal de salud pública para personas con discapacidades y bajos ingresos, y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), que ofrece cobertura de bajo costo para menores de 19 años.

Los inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para recibir beneficios de Medicaid, pero varios grupos que no son ciudadanos sí califican, como personas con residencia permanente, asilados y refugiados. Uno de cada cuatro niños en el país, la mayoría ciudadanos, vive con al menos un inmigrante.

Sin embargo, las nuevas leyes para reportar casos agregan un nivel adicional de riesgo para los inmigrantes que buscan atención médica, frente a que han utilizado para identificar y deportar personas.

Algunas de las leyes estatales aplican únicamente a las agencias de salud, como ocurre en Carolina del Norte. Pero el enviado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, sería más amplio y exigiría que todas las agencias estatales reporten a personas sospechosas de estar en el país sin papeles.

Las siete medidas estatales van más allá de lo que exige la ley federal, que únicamente obliga a cooperar con agentes de inmigración proporcionando información personal de beneficiarios cuando se solicite.

En Louisiana, familias con estatus migratorio mixto han reportado que la nueva ley estatal, aprobada el año pasado, las a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, en Medicaid.

“Anticipo que esta ley hará que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si la información puede compartirse con autoridades migratorias y si inscribir a un niño o buscar tratamiento podría exponerlos a consecuencias migratorias”, dijo , abogada de inmigración en Carolina del Norte.

Los legisladores republicanos de este estado incluyeron el mandato para el departamento estatal de salud como parte de un proyecto de ley que en fondos de Medicaid, que la Legislatura había recortado al no aprobar un presupuesto el año pasado.

A partir de octubre, empleados estatales pedirán a personas no ciudadanas que reciben Medicaid pruebas de su situación migratoria y reportarán a autoridades federales a quienes no tengan un estatus legal “satisfactorio”.

“Este proyecto de ley está diseñado no solo para financiar nuestras necesidades críticas actuales, sino también para comenzar a abordar problemas de fraude y abuso que sabemos existen dentro del sistema”, dijo el representante estatal republicano Donny Lambeth durante un debate en la Cámara estatal.

Los inmigrantes utilizan que las personas nacidas en Estados Unidos, según un análisis del Instituto Cato, un centro de estudios libertario, que también encontró que los no ciudadanos tienen muchas menos probabilidades de que los ciudadanos. Las agencias estatales de salud ya están obligadas a verificar si el estatus migratorio de los solicitantes los hace .

Varios líderes republicanos responsables del proyecto no respondieron a solicitudes de comentarios. Hannah Jones, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, dijo que la agencia todavía intenta entender el impacto de la nueva ley.

En de 2025, cerca de la mitad de los adultos que “probablemente” no tienen estatus legal dijeron que alguien en su familia evitó buscar atención médica por temor a que su información llamara la atención de autoridades migratorias.

, abogada de Carolina del Norte especializada en discriminación, dijo que los inmigrantes “en proceso”, o aquellos que esperan autorización legal, generalmente ya temen usar beneficios del gobierno para sí mismos.

“Lo que he aprendido al manejar miles de casos a lo largo de los años es que la mayoría de las personas que están en proceso pagan su tratamiento médico de su propio bolsillo”, dijo Rosa.

Este tipo de políticas obliga en la práctica a niños que son ciudadanos estadounidenses a quedarse sin cobertura médica o atención hospitalaria, dijo , investigador del Centro para Niños y Familias de Georgetown University.

“Cuando se implementan políticas dirigidas contra un inmigrante, se puede pensar que solo se está afectando a una persona de la familia, pero en realidad es una bomba imprecisa que termina afectando a todo el hogar”, dijo Cuello.

El uso de agencias estatales de salud pública para localizar inmigrantes sin estatus legal no es la única estrategia utilizada por los estados. Algunos han aprobado leyes que obligan a hospitales a recopilar y reportar esta información.

Una ley de Florida de 2023 que exige al personal de hospitales a preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes ha provocado que no ciudadanos duden en buscar atención médica, ha separado familias y ha causado angustia psicológica, según de la Universidad del Sur de la Florida.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, emitió en 2024 una orden ejecutiva similar a la ley de Florida.

Los estados demócratas han respondido a las políticas de la administración Trump que utilizan información médica privada para identificar inmigrantes. Veintiún estados se sumaron a el año pasado para intentar impedir que el DHS . dictaminó que las identidades de los beneficiarios podían compartirse, pero no su información médica. El litigio continúa.

La oficina de prensa del DHS no respondió al pedido de tener una declaración oficial.

Después de firmar el proyecto de ley, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, emitió exhortando a los legisladores republicanos a proteger la cobertura de Medicaid para casi 27.000 mujeres embarazadas y niños que están legalmente en el país. No respondió preguntas sobre la disposición que obliga al estado a reportar a inmigrantes sin papeles.

Polanco-Galdamez dijo que este tipo de leyes ha deteriorado aún más la confianza en los sistemas de salud entre familias con acceso limitado a servicios.

“Al final del día, los sistemas de salud pública funcionan mejor cuando las personas se sienten seguras al buscar atención médica”, dijo Polanco-Galdamez. “Las políticas que vuelven difusa la línea entre acceso a la atención médica y control migratorio corren el riesgo de empujar aún más a las familias vulnerables hacia las sombras”.

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