El republicano arremetió contra California en dos ataques políticos consecutivos en mayo, afirmando que el estado, de amplia mayoría demócrata, está cometiendo un “fraude escandaloso” y “robando” al gastar dinero estatal y federal de Medicaid —destinado a cubrir tratamientos médicos básicos— en servicios poco convencionales como ayuda para vivienda y alimentación, membresías de gimnasios e incluso, aseguró, oraciones tribales y exorcismos.

“El programa Medicaid de California paga medicamentos a base de hierbas y entrega de alimentos a domicilio. También paga vivienda”, dijo Kennedy. “No sé qué tiene que ver la vivienda con la atención médica”, exclamó.

“California simplemente está batiendo todo tipo de récords”, añadió. “Son gente fuera de control”.

A pesar de las críticas de los republicanos en el Congreso y del creciente escrutinio por parte de la administración Trump, el gobernador Gavin Newsom, demócrata y posible aspirante a la presidencia, aseguró sentirse orgulloso de que Medi-Cal, el Medicaid de California, invierta en servicios sociales.

Se trata de un programa de varios miles de millones de dólares, diseñado para ayudar a pacientes con problemas de salud complejos y médicamente vulnerables a cubrir necesidades relacionadas con la vivienda, la alimentación y otros factores sociales. Newsom sostiene que esta iniciativa no solo es legal, sino que también representa una forma de brindar atención médica a los californianos con condiciones de salud complejas, que es más rentable y está respaldada por evidencia científica.

Newsom sostiene que se trata de una medida legal, más rentable y respaldada por la evidencia para brindar atención médica a los californianos con problemas de salud complejos. A su juicio, invertir en servicios fuera del ámbito clínico puede ayudar a que las personas eviten las guardias y las internaciones, mejoren su salud a largo plazo y, en última instancia, les ahorren dinero a los contribuyentes. “Se trata de una atención integral de la persona”, explicó Newsom, y añadió que espera que la administración del presidente Donald Trump reconozca el liderazgo de California y considere las “reformas que estamos impulsando como mejores prácticas nacionales”.

Ahora, una de las iniciativas de salud más destacadas del gobernador se encuentra en el centro de una creciente batalla partidista con los republicanos en Washington, D.C., que impulsan medidas para frenar el gasto sanitario de miles de millones de dólares destinado a personas de bajos ingresos y con discapacidades, tanto en estados republicanos como demócratas.

Se trata de una diferencia filosófica. Los conservadores sostienen que los servicios sociales representan una carga financiera para Medicaid y no deberían considerarse atención médica, mientras que los liberales argumentan que invertir en prevención termina ahorrando dinero.

Aunque este tipo de programas se expandieron por todo el país durante la presidencia de Joe Biden, la administración Trump la política federal que alentaba a los programas estatales de Medicaid a abordar las necesidades sociales relacionadas con la salud.

La disputa sobre Medicaid está dejando a muchos pacientes en el limbo.

Lucy Rodríguez enseña danza folclórica mexicana en Hollister, una localidad de la región de la Costa Central de California. La mujer contó que su vida cambió este año cuando un administrador de casos intensivos de Titanium Healthcare —empresa que trabaja con aseguradoras médicas para brindar servicios de apoyo— comenzó a ayudarla a controlar sus enfermedades crónicas, mantenerse al día con sus citas médicas y medicamentos, e incluso recoger cajas de alimentos gratuitos para ella.

Rodríguez, de 73 años, está inscrita en Medicare y Medi-Cal, que ofrecen beneficios más amplios. El programa para personas de bajos ingresos ha ayudado a pagar sus facturas de servicios públicos y, recientemente, Rodríguez recibió la aprobación para recibir comidas a domicilio.

“Ha sido una bendición”, dijo Rodríguez, quien padece diabetes, hipertensión y enfermedad renal. “Me estaba sintiendo muy estresada y deprimida. Es muy difícil cuando vives con un ingreso fijo. Los alimentos están muy caros y, en verano, la electricidad cuesta todavía más. Pero esto realmente está mejorando mi vida”.

Rodríguez teme que la administración Trump recorte los beneficios para las personas mayores de bajos ingresos.

El año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) advirtieron a los estados que el financiamiento federal para servicios sociales se evaluaría .

Christopher Krepich, portavoz de los CMS, explicó que la agencia no está cancelando los acuerdos actuales, conocidos como waivers (exenciones), que permiten temporalmente a los estados ofrecer servicios sociales financiados con recursos estatales y federales.

Sin embargo, advirtió que las futuras solicitudes, ya sea para nuevos servicios o para ampliar programas existentes, podrían verse en riesgo si se alejan demasiado de la atención médica tradicional.

“En adelante, los CMS trabajarán con los estados en exenciones innovadoras que respondan a necesidades fundamentales de atención médica, de acuerdo con enfoques basados en evidencia vinculados a diagnósticos y servicios clínicos, con el objetivo final de mejorar los resultados de salud de la población inscrita en Medicaid”, señaló Krepich en un comunicado.

En una medida que elevó aún más la tensión, el Departamento de Justicia emitió recientemente un que permite que los estados institucionalicen a personas con discapacidades y enfermedades mentales graves, en lugar de brindarles atención en la comunidad.

Los republicanos también han señalado a varios estados, en su mayoría demócratas, porque consideran que no han hecho lo suficiente contra el despilfarro de recursos, el fraude y el abuso en Medicaid.

En mayo, el administrador de CMS, Mehmet Oz, apareció junto al vicepresidente JD Vance cuando este anunció la retención de destinados a Medicaid en California, debido a sospechas de fraude.

El fiscal general de California, Rob Bonta, respondió que los republicanos simplemente buscan sacar provecho político mientras ignoran las necesidades médicas de las personas pobres.

“El gobierno federal quiere politizar el fraude”, dijo Bonta, “y utilizarlo, lamentablemente, como un garrote y un instrumento de presión para atacar a los estados gobernados por demócratas”.

Atención médica y servicios sociales

Los investigadores en políticas de salud afirman que aproximadamente están relacionados con factores socioeconómicos, ambientales y de comportamiento, como una vivienda inestable, la falta de hogar, la inseguridad alimentaria y la exposición a la violencia, mientras que solo el 20% se asocia con la atención médica prestada en hospitales y clínicas.

Estos datos impulsaron para incorporar servicios sociales dentro de Medicaid.

Al menos 24 estados utilizan recursos propios junto con fondos federales de Medicaid para desarrollar programas piloto de .

Colorado, Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon y Pennsylvania figuran entre los estados que ofrecen ayuda para vivienda y alimentación.

Mientras la administración Trump reduce el apoyo a este tipo de servicios, los estados se están replanteando cómo financiar beneficios que han mejorado la atención preventiva para personas de bajos ingresos.

Algunos crearon nuevos beneficios mediante lo que se conoce como una enmienda al plan estatal, un mecanismo que permite modificar los programas de Medicaid sin necesidad de obtener una exención federal.

y , por ejemplo, utilizan este mecanismo para ofrecer atención de recuperación a personas sin hogar después de una hospitalización.

Estos centros de atención temporaria permiten que los pacientes se repongan antes de volver a vivir de forma independiente y funcionan como puente entre el alta hospitalaria y el regreso a la comunidad.

Este enfoque “tiene la ventaja de establecer, en todo el estado, un beneficio permanente que no requiere renovaciones federales continuas, lo que ofrece mayor estabilidad y previsibilidad”, explicó Lynn Sutfin, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

Mientras tanto, otros estados dependen de exenciones federales que deben renovarse para mantener estos servicios sociales.

Funcionarios de Arizona informaron que el estado planea presentar, antes de que termine setiembre, una solicitud para continuar que brindan vivienda y otros servicios a personas sin hogar, o en riesgo de quedarse en la calle, que padecen enfermedades mentales graves, enfermedades crónicas o que han estado recientemente encarceladas.

“Cuando los afiliados tienen acceso a una vivienda estable y a servicios de apoyo, es mucho más probable que mantengan una atención médica continua y menos probable que necesiten visitas evitables a salas de emergencia u hospitalizaciones”, afirmó Roberta Harrison, directora interina del Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona.

California, que ha sido el estado más activo a la hora de incorporar servicios sociales, ha implementado un enfoque doble para garantizar la financiación de su amplia oferta más allá de este año. Está utilizando su autoridad regulatoria para convertir en permanentes la mayoría de los servicios sociales actuales dentro de la cobertura administrada de Medi-Cal.

Esa maniobra normativa elude la necesidad de que el gobierno federal apruebe una exención, una medida que podría atraer un mayor escrutinio por parte de los republicanos.

Sin embargo, no todos los servicios pueden financiarse sin autorización del gobierno federal.

Mientras convierte algunos beneficios en permanentes, la administración Newsom solicita nuevas exenciones para mantener otros programas sociales e incluso ampliar la oferta.

Se trata de una estrategia ambiciosa que ampliaría el experimento de atención médica basada en necesidades sociales de California.

Newsom reconoció que le preocupa que el gobierno federal .

“¿Cómo no voy a estar preocupado con esta administración?”, afirmó. “Siempre estoy preocupado”.

Un nuevo frente en la atención médica

California brinda la mayoría de sus servicios sociales relacionados con la salud mediante dentro de Medi-Cal, cuyo presupuesto propuesto asciende a .

Aunque más de 14 millones de residentes están inscritos en Medi-Cal, el estado ha sido selectivo con respecto a quiénes reciben ayuda a través de los incluidos en su programa denominado (CalAIM).

Los pacientes con necesidades complejas también pueden recibir apoyo de trabajadores sociales especializados para coordinar sus necesidades médicas y sociales, a través de un beneficio conocido como (manejo intensivo de la atención).

Desde 2022, California ha venido ofreciendo estos servicios sociales, con una inversión de cerca de 12 mil millones de dólares en fondos conjuntos estatales y federales, con al evitar que los beneficiarios terminen en instituciones costosas, como salas de emergencia, cárceles, hogares de ancianos y centros de atención para crisis de salud mental.

Hasta septiembre de 2025, la información más reciente disponible del estado muestra que CalAIM había proporcionado servicios sociales a más de . Además, cerca de de bajos ingresos habían recibido . Algunos pacientes reciben ambos servicios.

Entre los beneficios que California está convirtiendo en permanentes se encuentran los siguientes: las personas sin hogar pueden recibir ayuda para encontrar un apartamento, y Medi-Cal cubre el del alquiler y hasta seis meses de renta. Los pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedades cardíacas, pueden recibir comidas saludables a domicilio. Las personas con asma pueden obtener la eliminación del moho de sus viviendas para prevenir episodios agudos de la enfermedad. Los adultos mayores de bajos ingresos con discapacidades pueden recibir, sin costo, la instalación de una rampa para silla de ruedas en su hogar. Además, quienes salen de la cárcel o de prisión pueden ser vinculadas de inmediato con servicios de atención primaria, salud mental y tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, en caso de necesitarlos.

, estos servicios sociales —especialmente la asistencia para vivienda, alimentación y reformas en el hogar— al estabilizar la salud de los pacientes con necesidades más complejas, al tiempo que generan ahorros para Medi-Cal mediante la reducción de visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y la dependencia de instituciones como los hogares de ancianos.

En el Valle Central, por ejemplo, la directora ejecutiva de Health Plan of San Joaquin, Lizeth Granados, dijo que CalAIM ha ayudado a ubicar en viviendas a personas sin hogar que antes eran hospitalizadas de manera recurrente. Además, pacientes con diabetes descontrolada lograron reducir sus niveles de azúcar en sangre tras recibir asesoría nutricional y comidas a domicilio.

En términos generales, Granados afirmó que el plan de salud ha generado importantes mejoras en el manejo de enfermedades crónicas y una disminución de las hospitalizaciones. Desde el lanzamiento de CalAIM en 2022, las hospitalizaciones se redujeron a 44 por cada 1.000 afiliados, frente a las 61 por cada 1.000 registradas antes del programa.

En el condado de Orange, funcionarios de CalOptima Health atribuyeron a los servicios de vivienda de CalAIM en el número de personas sin hogar.

“También hemos podido ampliar nuestros programas de medicina en la calle”, dijo Yunkyung Kim, directora de operaciones de la aseguradora.

En todo el estado, las aseguradoras de Medi-Cal se mostraron a favor de que CalAIM siga generando ahorros y mejorando la salud de los pacientes. Sin embargo, el futuro de algunos de estos servicios dependerá de las decisiones de la administración Trump.

California ha solicitado a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que le permitan seguir inscribiendo en Medi-Cal a las personas encarceladas 90 días antes de su liberación, con el fin de garantizar la continuidad del tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, enfermedades mentales y afecciones físicas. Este beneficio de CalAIM .

El estado también ha propuesto un nuevo beneficio de asistencia laboral, al que los condados podrían adherirse para ayudar a los pacientes a encontrar y conservar empleo, en respuesta a los futuros requisitos federales de trabajo establecidos por la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada por los republicanos en el Congreso y promulgada por Trump el verano pasado.

Además, California busca mantener su programa de sanadores tradicionales y guías de medicina ancestral para personas que pertenecen a tribus indígenas. Entre los servicios se incluyen musicoterapia, danza, tambores y referencias a ceremonias de sweat lodge (cabañas de sudor) para el tratamiento de problemas de salud mental y la recuperación de trastornos por consumo de sustancias. Aunque Medi-Cal cubre servicios espirituales, como ceremonias, rituales y remedios de hierbas, funcionarios estatales aclararon que el programa no cubre exorcismos.

La postura adoptada por la administración Trump ya ha obligado al estado a eliminar los beneficios destinados a cubrir alojamiento y alimentación, lo que pone en riesgo los esfuerzos locales para ofrecer camas de recuperación a los pacientes.

California también está eliminando el beneficio de vivienda temporal después de una hospitalización, creado para evitar que los hospitales —o en riesgo de quedarse sin vivienda— y las dejen en la calle. El servicio de CalAIM que ofrecía hasta seis meses de alojamiento temporal y atención continua finalizará a fin de este año.

Además, el Estado está recortando las prestaciones para cuidados de recuperación, dejando de pagar las camas para que los pacientes se recuperen de una enfermedad o lesión y ofreciendo, en su lugar, únicamente servicios de apoyo integral (wraparound services).

En San Francisco, estas camas han sido fundamentales para reducir las muertes por sobredosis, facilitar la transición de personas sin hogar desde las calles hacia una vivienda y disminuir la ocupación de camas hospitalarias, explicó Neal Sheran, director médico del Departamento de Salud Pública de la ciudad. El plan de salud municipal gestiona un centro de desintoxicación y centros de cuidados donde los pacientes pueden recuperarse después de una hospitalización.

“Estamos preocupados”, dijo Sheran. “El financiamiento para el componente de  alojamiento nocturno de estos programas es absolutamente fundamental para que funcionen.”

Recortes en el horizonte

Incluso sin las amenazas del gobierno federal, las presiones presupuestarias del estado han puesto en tensión el financiamiento de CalAIM. Newsom ha propuesto en 68,3 millones de dólares los fondos destinados a servicios sociales durante este año fiscal. El recorte aumentará el próximo año y se mantendrá en 150,2 millones de dólares anuales a partir de 2028.

Los proveedores temen que los pacientes de Medi-Cal pierdan estos beneficios. Y tanto los servicios como las comidas a domicilio y la asistencia para vivienda podrían restringirse aún más.

“Esto nos está llevando de regreso a la época en que nuestro sistema de salud era más costoso y reaccionaba a las enfermedades en lugar de invertir en la prevención”, afirmó Anwar Zoueihid, vicepresidente y director de estrategia de Partners in Care Foundation, una organización de Los Ángeles que participa en CalAIM. “Es contradictorio con el lema Make America Healthy Again.”

Para ahorrar dinero, el estado está endureciendo los criterios de elegibilidad con el fin de limitar los servicios y reducir su . Por ejemplo, los pacientes de Medi-Cal que padecen inseguridad alimentaria ya no podrán recibir comidas saludables a domicilio si no tienen una condición médica que las justifique, como la diabetes. Asimismo, las personas sin hogar tendrán un plazo de seis meses para recibir ayuda en la búsqueda de vivienda.

Algunos de los principales proveedores de CalAIM afirman que estos servicios deben evaluarse continuamente y restringirse cuando los planes de salud hayan sido demasiado flexibles al otorgarlos. En algunos casos, beneficios relacionados con alimentos y vivienda fueron entregados a pacientes de bajos ingresos que no necesariamente presentaban las necesidades más complejas.

“Es importante que todos analicen esto con mucha objetividad para determinar si realmente estamos beneficiando a las personas y destinando el dinero a los lugares adecuados”, dijo Charlie Robinson, director de equidad en salud de L.A. Care, una de las mayores aseguradoras de Medi-Cal del estado.

Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal en Health Net, afirmó que la aseguradora no se deja desanimar por los recortes tanto estatales como federales.

“Independientemente de lo que ocurra a nivel federal, seguimos comprometidos”, afirmó. “Se trata de una transformación importante del sistema de atención médica y ya estamos observando reducciones significativas en las visitas evitables a las salas de emergencia, en las hospitalizaciones que podrían prevenirse y hemos logrado cerrar brechas en la atención preventiva”.

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Investigadores que siguieron durante 10 años a pacientes que recibieron el procedimiento real —una cirugía artroscópica de rodilla para recortar desgarros degenerativos del cartílago— o una “cirugía simulada” consistente únicamente en una incisión en la piel para tratar el dolor de rodilla, encontraron que la cirugía ofrecía poco o ningún beneficio.

De hecho, estaba asociada con una progresión más rápida de la osteoartritis y con mayores tasas de reintervención. En la mayoría de los casos, eso significó terminar necesitando un reemplazo total de rodilla.

“No sé cómo podría defender este procedimiento”, dijo uno de los autores del estudio, Teppo Järvinen, ortopedista y director del Centro Finlandés de Ortopedia Basada en Evidencia. “Lo que se ha demostrado de manera contundente es que los pacientes que se someten a este procedimiento tienen más dolor; les va peor. Todos los indicadores apuntaron en la misma dirección”.

Järvinen dijo que , publicado en abril en The New England Journal of Medicine, fue el primero en demostrar que la cirugía dejaba a muchos pacientes en peor estado. Aunque el estudio fue pequeño, señaló que los resultados fueron convincentes porque su equipo seleccionó a los pacientes “con mayor probabilidad de beneficiarse”.

El estudio no se aplica a los desgarros del cartílago causados por una lesión aguda que cause dolor. Incluyó a personas de mediana edad o mayores que presentaban dolor de rodilla y cuyos estudios de resonancia magnética mostraban desgarros del cartílago.

Desde hace más de una década se viene acumulando evidencia de que la cirugía artroscópica para recortar el cartílago desgarrado no ofrece mejores resultados que la fisioterapia. En Finlandia, el número de estas cirugías ha disminuido un 90%, dijo Järvinen. En Estados Unidos también han disminuido, aunque a un ritmo mucho más lento.

Un comerciales en Estados Unidos, que analizó más de 2 millones de cirugías de menisco realizadas entre 2010 y 2020, encontró que el número de procedimientos disminuyó alrededor de un 4% cada año. La mayoría de las cirugías se realizaron en mujeres y en pacientes de entre 50 y 59 años.

En el programa tradicional de Medicare, el número de estos procedimientos también ha disminuido de manera constante en los últimos años, pasando de aproximadamente 169.000 en 2014 a 91.000 en 2024, . Estas cifras no incluyen a los beneficiarios de Medicare Advantage, los planes privados que cubren a más de la mitad de las personas inscritas en Medicare.

Estudios previos de imágenes por resonancia magnética hallaron que en personas de más de 50 años, como consecuencia del desgaste natural de la articulación, y que muchas veces no provocan dolor.

“Nada respalda la idea de que el dolor del paciente provenga del menisco”, afirmó Järvinen.

Robert Brophy, director del Centro de Investigación Clínica Ortopédica de la Universidad Washington en St. Louis, dijo que “cada vez existe más evidencia a favor de un uso muy cuidadoso de esta cirugía en esta población”. Sin embargo, agregó que “muchos pacientes sí obtienen beneficios”.

Aun así, reconoció que la práctica actual entre sus colegas “varía enormemente”.

Por ejemplo, que las cirugías por desgarros de menisco entre los beneficiarios de Medicare son mucho más frecuentes en el sur de Estados Unidos que en el noreste del país.

El verano pasado, un comité integrado por sociedades de ortopedia de Europa y Estados Unidos publicó un en el que señalaba que “las lesiones degenerativas del menisco pueden tratarse con resultados comparables mediante un enfoque no quirúrgico (incluida la fisioterapia) o mediante cirugía”.

El comité recomendó intentar primero un tratamiento de fisioterapia antes de recurrir a la cirugía, aunque siguió respaldando el procedimiento.

Desde hace varios años, las sociedades de especialistas en ortopedia impulsan una campaña llamada . El grupo promueve la protección y preservación de la salud de la rodilla a largo plazo mediante tratamientos no quirúrgicos, reparación quirúrgica del menisco y otras terapias.

Uno de los problemas inherentes a todas las especialidades médicas es que el tratamiento considerado adecuado suele depender del criterio del médico especialista, ya que son ellos quienes elaboran las guías que determinan cuándo está indicado un procedimiento. Además, las consideraciones económicas pueden influir en esa decisión, señaló Järvinen.

En Estados Unidos, los pagos que reciben los médicos son determinados por el (RUC), un comité de la Asociación Médica Estadounidense (AMA) integrado principalmente por especialistas.

Según informes, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y sus asesores de quitarle a la AMA el control sobre ese comité, aunque no está claro cómo podrían hacerlo, ya que la asociación es propietaria de los códigos de facturación utilizados para calcular los cobros a los pacientes.

dura entre 30 y 60 minutos en el quirófano, y los pacientes suelen permanecer unas pocas horas en recuperación en un centro de cirugía ambulatoria o en el área de consultas externas de un hospital.

Medicare paga en promedio entre 2.159 y 3.875 dólares por el procedimiento, dependiendo del lugar donde se realice; los pacientes cubren el 20% de ese monto mediante coseguro. También pueden generarse costos adicionales, por ejemplo, si participa más de un médico durante la intervención.

Las aseguradoras privadas pagan, en promedio, más del doble de esa cantidad, explicó Marcus Dorstel, vicepresidente sénior de la empresa de análisis de datos Turquoise Health. Agregó que los precios cobrados por los proveedores varían considerablemente. Esas tarifas no incluyen los honorarios del cirujano ni del anestesiólogo.

El tratamiento del dolor crónico de rodilla ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo.

Hace cincuenta años, el tratamiento habitual para los desgarros del cartílago —ya fueran producto de una lesión aguda o del desgaste— consistía en extirpar completamente el menisco. En esa época, los médicos no lo consideraban un amortiguador de la articulación, sino un tejido vestigial sin utilidad, comparable al apéndice.

Hoy en día, el tratamiento de primera línea para una rodilla dolorosa con desgarros degenerativos es la fisioterapia y, en algunos pacientes, la pérdida de peso. Después puede considerarse la cirugía artroscópica, dependiendo de la opinión del cirujano sobre su utilidad.

También existe una variedad de tratamientos mediante inyecciones. Se ha demostrado científicamente que los corticosteroides ofrecen beneficios a corto plazo. En cambio, las inyecciones de células madre y de plasma rico en plaquetas se ofrecen ampliamente, pero siguen siendo controversiales— y la mayoría de los seguros médicos no las cubren— porque los estudios han sido, en el mejor de los casos, poco concluyentes respecto a sus beneficios.

Y mientras los ortopedistas se alejan cada vez más de la práctica de recortar el menisco desgarrado, están promoviendo un procedimiento más reciente: reparar el cartílago mediante suturas. Sin embargo, esta opción suele reservarse para pacientes menores de 50 años con lesiones agudas y desgarros simples, y todavía no está claro exactamente qué pacientes pueden beneficiarse de ella.

Cuando todo lo demás falla, queda otra cirugía que también representa una importante fuente de ingresos para hospitales y médicos: el reemplazo total de rodilla.

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Se trata de una gran preocupación para de trabajadores agrícolas que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, al entrar pronto en vigencia un nuevo requisito laboral para este programa federal y estatal que ofrece atención de salud a personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A partir del próximo año en la mayoría de los estados, muchos adultos inscritos en Medicaid tendrán que demostrar que trabajan, estudian en una universidad o programa vocacional, hacen voluntariado o realizan trabajo no remunerado durante al menos 80 horas al mes.

Defensores de los trabajadores dicen que esto podría representar un desafío importante para los trabajadores agrícolas que ya tienen Medicaid o son elegibles para el programa.

Muchos trabajan más de 80 horas al mes durante la temporada de cosecha, pero menos en otros meses. Además, fuera de estos meses, suelen tomar trabajos informales en construcción, jardinería o haciendo reparaciones en casas, por los que no reciben pagos en blanco que puedan demostrar su elegibilidad continua para Medicaid. (Aunque pueden establecerla si prueban que su ingreso mensual promedio durante seis meses equivale a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal).

“Tener un requisito laboral —tener que generar más papeleo y más pruebas— sin duda es extremadamente difícil para los trabajadores agrícolas y otras personas de bajos ingresos, especialmente quienes tienen empleos de temporada, no durante todo el año, y pasan por períodos” en los que no hay trabajo disponible, dijo , vicepresidenta de estrategia y programas de .

Nuevos requisitos, más obstáculos

La agricultura es una industria de , y Estados Unidos depende de unos agrícolas para llevar alimentos a la mesa. Casi el 60% de esos trabajadores son ciudadanos estadounidenses o tienen tarjeta de residencia (green card), según el . El 40% restante no tiene estatus legal o no es elegible para Medicaid por otras razones.

Incluso entre los trabajadores agrícolas con ciudadanía o estatus legal, la tasa de personas sin seguro médico es tres veces mayor que la de la población general. La mayoría de quienes sí tienen seguro son beneficiarios de Medicaid, aunque las tasas de participación varían según el estado. Según , entre el 71% y el 79% de los hogares agrícolas elegibles reportan tener Medicaid.

El nuevo requisito laboral de Medicaid fue una disposición clave de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump. Bajo esta ley federal, y el Distrito de Columbia deben implementar el requisito antes del 1 de enero. Algunos estados ya han tomado medidas para .

La regla de 80 horas se aplica en los estados que expandieron Medicaid, un proceso que comenzó en 2014 y estuvo vinculado a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare). Después de las primeras expansiones, los trabajadores agrícolas con documentación legal tuvieron un de tener seguro médico, según un análisis publicado en 2021 en el American Journal of Agricultural Economics.

Ansiedades migratorias

El requisito laboral es el obstáculo más reciente en una larga lista de barreras entre los trabajadores y la atención médica a la que tienen derecho legalmente, dijo Guild. “Medicaid sin duda ayuda porque reduce el problema del costo”, explicó. “Pero todavía hay otras barreras, como el transporte, pedir licencia por enfermedad y encontrar tiempo para ir a un centro de salud. Todos estos factores pueden impedir que realmente reciban atención médica”.

Para trabajadores agrícolas con tarjeta de residencia y ciudadanos estadounidenses naturalizados, existe otra fuente de estrés: el temor de que inscribirse en Medicaid pueda poner información personal en manos de autoridades migratorias.

Eso preocupa a Luis, de 45 años, quien tiene tarjeta de residencia, es beneficiario de Medicaid y sueña con convertirse en ciudadano estadounidense. Luis —quien pidió ser identificado solo por su segundo nombre— vive con su esposa y su hija en Carolina del Norte, donde ha trabajado en la agricultura durante casi una década.

Hablando en español, dijo que cuando se enteró del requisito laboral supo que sería difícil demostrar que trabaja 80 horas al mes.

“Solo trabajo en el campo durante seis o siete meses; el resto del año trabajo en lo que pueda encontrar”, contó.

Los republicanos en el Congreso sostienen que los requisitos de trabajo reducirán el gasto federal en atención médica, animarán a los adultos sin discapacidades a incorporarse a la fuerza laboral y preservarán los recursos de la red de seguridad social para las poblaciones más vulnerables.

Entre los adultos hispanos inscritos en Medicaid, el 67% ya trabaja, según un informe de KFF de 2025.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo. Pero en junio, cuando los CMS su “marco nacional” para implementar el nuevo requisito laboral de Medicaid, su administrador, el doctor Mehmet Oz, dijo que ayudaría a los beneficiarios a “desarrollar habilidades e independencia mediante el trabajo, la educación, la capacitación laboral o el servicio comunitario, creando nuevas oportunidades para ellos y sus familias”.

Funcionarios federales afirman que el nuevo requisito sacaría de la pobreza a “hasta 2.9 millones de personas”.

Enfermedades crónicas

El trabajo agrícola es una de las ocupaciones y está asociado con y , incluidas afecciones respiratorias. Una realizada en California en 2021-22 encontró que el 37% de los trabajadores agrícolas hombres y el 47% de las trabajadoras agrícolas mujeres del estado tenían al menos una afección crónica de salud.

Defensores dicen que el nuevo requisito laboral es una barrera más para quienes buscan atención médica.

“La gente se salta chequeos y pruebas de detección, y afecciones que podrían detectarse temprano y tratarse de manera rentable” no se atienden, dijo , directora ejecutiva de .

Las salas de emergencia a menudo se convierten en el lugar “natural” para buscar atención médica, agregó Cadena. “Esto aumenta los tiempos de espera y los costos para todos nosotros. Y cuando las personas están tan enfermas que faltan al trabajo, comienza un círculo vicioso de pérdida de productividad e inestabilidad económica familiar que, de nuevo, nos amenaza a todos”.

Pérdida para familias y niños

Las nuevas reglas federales también exigen que los beneficiarios verifiquen su elegibilidad al menos dos veces al año, el doble de veces que antes, lo que crea otro posible obstáculo.

“Las cartas pueden perderse fácilmente y los formularios pueden quedar sin completar. Si las personas se enredan en el papeleo, podrían perder la cobertura”, dijo , vicepresidenta asistente de , una organización sin fines de lucro que promueve un sistema de salud equitativo.

Para trabajadores agrícolas que viajan de un estado a otro, el proceso puede ser un laberinto sin salida.

“Tienes que encontrar el tiempo para transferir tu cobertura y probablemente encontrar a una persona u organización que pueda ayudarte, y eso puede ser muy difícil cuando te estás mudando constantemente”, dijo Cadena.

La situación pone de relieve lo difícil que puede ser navegar un sistema complejo para personas y familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“El resultado podría ser la pérdida de cobertura no solo para los trabajadores, sino también para sus familias y sus hijos”, expresó Cadena.

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Finley, de 50 años y residente de Lodi, California, trabaja como cuidadora profesional a domicilio. La mujer contó que comenzó a preocuparse seriamente por su peso durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19.

Fue a partir de que notó que muchas de las personas que estaban conectadas a un respirador o morían tenían algo en común: la obesidad.

“Fue una época muy aterradora”, recordó. Como madre soltera, tenía miedo “de no estar aquí para mi hija”.

Finley había sido diagnosticada con apnea obstructiva del sueño, enfermedad del hígado graso no relacionada con el consumo de alcohol y prediabetes. Su neumólogo le recomendó una cirugía bariátrica, pero no logró que su aseguradora se hiciera cargo de ese gasto.

A pesar de que hacía ejercicios y cuidaba su alimentación, no conseguía bajar de peso y su salud mental comenzó a deteriorarse.

“Recuerdo haberle dicho a mi médico: ‘Mira, peso 223 libras. Siento que llegué a un límite. Ya no sé qué más puedo hacer'”.

Fue entonces cuando el médico le recomendó Zepbound, un medicamento de la familia de los agonistas GLP-1 aprobado para tratar la obesidad.

Finley reconoce que, aunque tuvo que esforzarse mucho para mejorar su salud, el medicamento la ayudó.

Zepbound hizo una gran diferencia. Su apnea del sueño mejoró notablemente y comenzó a perder peso.

Sin embargo, al finalizar el año pasado, su plan de salud dejó de cubrir Zepbound para el tratamiento de la obesidad.

Esto se ha vuelto cada vez más habitual porque los medicamentos GLP-1 representan un gasto muy elevado para las aseguradoras y los empleadores que financian los planes de salud.

“Empezaron a enviar avisos a todos los pacientes”, contó Finley.

“Nos dijeron: ‘Vamos a dejar de cubrir este medicamento. Te damos un preaviso de 90 días para que decidas qué vas a hacer'”.

Entre 2025 y 2026, los seguros de 12 millones de personas Zepbound y los de otros 12 millones dejaron de cubrir Wegovy, otro GLP-1. Los datos provienen de un , una página web que ayuda a los pacientes a encontrar descuentos en medicamentos con receta.

Si te encuentras en esta situación, estos consejos pueden ayudarte.

1. Lee cuidadosamente los detalles de tu cobertura

Aunque muchos planes no cubren los medicamentos GLP-1 cuando se usan únicamente para bajar de peso, algunos hacen excepciones si también tienes otras condiciones médicas.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con Finley.

Los medicamentos GLP-1 también suelen estar cubiertos para personas con diabetes tipo 2.

Descubrió que su aseguradora cubriría Zepbound si se utilizaba para tratar la apnea obstructiva del sueño o la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), una forma avanzada de enfermedad del hígado graso.

“Puedes consultar con tus médicos para detectar si cumples con los requisitos”, afirmó , profesor de epidemiología y medicina en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Según Caleb, la diabetes no diagnosticada es “la situación más probable que permitiría que alguien pase de no cumplir con los requisitos a cumplirlos”.

Como Finley ya tenía apnea del sueño y estudios que demostraban que el medicamento había mejorado esa condición, descubrió que todavía podía obtener cobertura mediante una autorización previa, es decir, en los casos en que es necesario obtener la aprobación de la aseguradora antes de que ésta cubra .

Su médico le informó que esa autorización ya existía.

Sin embargo, cuando intentó renovar su receta, el farmacéutico le informó que Zepbound había sido rechazado.

2. Presenta una apelación y pide ayuda a tu médico

Si tu aseguradora te niega la cobertura del medicamento, no te des por vencido.

, directora del programa de medicina de la obesidad de UVA Health, afiliado a la Universidad de Virginia, explicó que muchas aseguradoras cambian de opinión cuando el paciente presenta una apelación bien documentada.

Finley hizo varias llamadas telefónicas frustrantes y finalmente decidió revisar ella misma su expediente médico electrónico.

“Tuve que hacer mi propia investigación”, señaló.

Esos registros mostraban que, efectivamente, le habían denegado el Zepbound. Aunque su médico había solicitado una autorización previa, no se la habían concedido. La aseguradora alegó que no había datos suficientes que respaldaran la solicitud.

Por alguna razón, sus antecedentes médicos, incluidos los resultados de las pruebas de apnea del sueño, nunca llegaron a quienes evaluaban el caso.

Finley consiguió finalmente el informe de 17 páginas y, con un poco de ayuda de ChatGPT, redactó una apelación en la que demostraba que, según su diagnóstico, necesitaba el medicamento y que éste estaba cubierto por su póliza.

Este tipo de apelación puede requerir mucho trabajo. Por suerte, muchos consultorios médicos saben cómo funciona el sistema médicos y pueden ayudar, dijo Alexander.

“No creo que debamos esperar que los pacientes puedan enfrentar este proceso por su cuenta”, afirmó.

3. Lleva un registro detallado de tus tratamientos

A veces puede que tengas que presentar varias apelaciones si la primera no tiene éxito. Es lo que recomendó , vicepresidenta de defensa e investigación de la organización sin ánimo de lucro Obesity Action Coalition, que recibe apoyo financiero de compañías farmacéuticas, entre ellas Eli Lilly, que fabrica Zepbound, y Novo Nordisk, que fabrica Wegovy.

Zvenyach también aconseja llevar un registro minucioso de todos los tratamientos que hayas probado. Algunos planes de salud exigen lo que se conoce como “terapia escalonada” (step therapy), lo que significa que los pacientes deben probar primero otros medicamentos o tratamientos y demostrar que no les dieron resultado antes de que autoricen el que su médico considera más adecuado.

“Lleve un registro de los otros medicamentos que ha tomado para poder presentar la documentación que exige la terapia escalonada”, dijo. “También documente las fechas en las que participó en algún programa de nutrición o en las que tuvo una membresía en un gimnasio o actividad física similar.”

Finley presentó su apelación el 4 de febrero y, aunque esperaba tener una audiencia dentro de los siguientes 90 días, a mediados de junio la cita todavía no había sido programada.

Ella contó que se siente muy estresada porque no ha podido aplicarse las inyecciones de Zepbound desde mediados de enero.

4. Busca descuentos si tienes que pagar de tu bolsillo

Las compañías farmacéuticas que fabrican Zepbound y Wegovy venden estos medicamentos con descuento a las personas que los pagan de su propio bolsillo en lugar de utilizar un seguro médico.

(También se puede consultar plataformas como GoodRx o TrumpRx, que ofrecen cupones y descuentos.)

Aun con esos beneficios, estos medicamentos siguen siendo demasiado costosos para muchas personas.

Si tienes una (HSA) o una Cuenta Flexible de Gastos (FSA), puedes utilizarlas para pagar los medicamentos con dinero libre de impuestos.

5. Si estás considerando usar medicamentos GLP-1 preparados en farmacias y vendidos por internet, presta atención a las señales de alerta

Es posible que hayas visto anuncios de medicamentos para bajar de peso, más económicos, ofrecidos por proveedores en línea.

Se trata de drogas preparadas por farmacias especializadas, que utilizan el mismo ingrediente activo que los medicamentos elaborados por empresas farmacéuticas.

Sin embargo, estos productos no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Antes de comprarlos, verifica

Consulta la en línea de la Asociación Nacional de Juntas de Farmacia (National Association of Boards of Pharmacy).

Además, confirma que la farmacia para operar en tu estado.

Si no cuenta con licencia es posible que no se someta a inspecciones o que no cumpla con los requisitos legales.

Después de extender al máximo las dosis que le quedaban de Zepbound, Finley comenzó a utilizar una versión compuesta del medicamento mientras continúa apelando la decisión de su aseguradora.

6. Sé persistente… y recuerda respirar

Recibir una negativa del plan de seguro médico puede ser desesperante.

Pero Alexander recuerda que todavía existen otras alternativas.

“Si una apelación no prospera, aún disponemos de otros tratamientos”, explicó.

Entre ellos mencionó medicamentos como Contrave o una combinación más económica de naltrexona y bupropión genéricos.

Varney, que también ha trabajado como consultora para Eli Lilly, anima a los pacientes a no abandonar sus esfuerzos por obtener cobertura para los medicamentos GLP-1.

“Respira profundo”, aconsejó. “Y vuelve a intentarlo enseguida.” Y agregó que los medicamentos GLP-1 ofrecen resultados superiores a los tratamientos más antiguos para la obesidad.

Alexander cree que, con el tiempo, estos medicamentos terminarán siendo mucho más accesibles.

Recuerda que las estatinas, utilizadas para controlar el colesterol, también fueron en su momento medicamentos caros y era difícil lograr que las aseguradoras los cubrieran.

Hoy existen versiones genéricas que cuestan apenas unos pocos dólares.

“Sé que ahora parece difícil imaginarlo”, dijo. “Pero llegará el día en que dejaremos de ver estas barreras para acceder a los medicamentos GLP-1”.

Healthcare Helpline te ayuda a sortear los obstáculos del sistema de salud que se interponen para que tengas una buena atención médica. Envíanos tu consulta compleja y es posible que recurramos a un experto para resolverla. Comparte tu historia. Este proyecto colaborativo es una producción conjunta de NPR y ºÚÁϳԹÏÍø News.

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Ahora, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton presentan a los votantes dos visiones claramente opuestas en la carrera por la gobernación, en un momento en que el respaldo público a la amplia red de protección social de California comienza a debilitarse.

Ambos candidatos presentan el tema como una cuestión económica.

Becerra, ex secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden, sostiene que más pobres de la atención médica preventiva y obligarlos a recurrir a costosas .

Hilton, comentarista conservador respaldado por el presidente Donald Trump, ha prometido eliminar esa cobertura y ha retomado los argumentos de los republicanos a nivel nacional, quienes afirman que la expansión del programa en California dentro de Medicaid.

Con votantes de todo el país preocupados por la inflación y el aumento del costo de vida, algunos californianos parecen menos dispuestos a respaldar una cobertura médica integral para personas sin estatus migratorio legal. Lo que decida hacer el estado podría tener profundas consecuencias para su sistema de salud y para una de las economías más grandes del mundo.

Durante la última década, los legisladores de California utilizaron recursos estatales para ampliar Medi-Cal y ofrecer cobertura médica integral a todos los residentes de bajos ingresos, independientemente de su situación migratoria.

Pero tanto la inscripción como los costos superaron ampliamente las proyecciones iniciales.

Según la Oficina del Analista Legislativo de California, la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal cuesta actualmente alrededor de , más del doble de lo estimado originalmente.

El gobernador demócrata Gavin Newsom y la Legislatura estatal, que , aprobaron recientemente importantes recortes para este grupo de beneficiarios al concluir que California ya no puede sostener el aumento del gasto en salud, especialmente tras los importantes recortes federales incluidos en la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act.

La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California estima que hasta 3.4 millones de afiliados a Medi-Cal y que el estado dejaría de recibir más de $30 mil millones anuales en fondos federales, lo que provocaría graves alteraciones en la red pública de atención médica.

El presupuesto de Medi-Cal para el año fiscal 2026-2027 asciende a $217 mil millones y el programa atiende a más de 14 millones de californianos.

Mientras tanto, muchos ciudadanos estadounidenses y residentes legales han visto aumentar considerablemente el costo de sus primas de seguro médico este año tras el vencimiento de subsidios federales ampliados.

Cuando California enfrentó un déficit presupuestario el año pasado, una mayoría de los votantes probables expresó, por primera vez en casi una década, su oposición a proporcionar seguro médico a inmigrantes sin estatus legal, del Public Policy Institute of California (PPIC).

“El estado enfrenta grandes desafíos y la atención médica representa uno de los gastos más importantes”, dijo Mark Baldassare, director de encuestas del PPIC. “La gente se ha vuelto más selectiva respecto a cómo quiere que se gasten esos recursos limitados”.

Hilton, cuya campaña se centra en reducir el costo de vida y los impuestos, ha aprovechado ese sentimiento, presentando la cobertura médica para inmigrantes sin documentos como una política que la capacidad del estado para atender a sus propios ciudadanos.

“Dejen de quitarles dinero a los contribuyentes californianos, que apenas pueden pagar su propia atención médica, para ofrecer atención gratuita a ciudadanos de otros países que ni siquiera deberían estar aquí”, dijo Hilton en la mañana de las elecciones primarias del 2 de junio.

Durante la campaña, utilizar los ahorros derivados de eliminar esa cobertura para del resto de los californianos, aunque no ha explicado cómo lo haría.

Hilton no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por ºÚÁϳԹÏÍø News.

“Su mensaje es muy simple: nosotros contra ellos”, afirmó Roger Salazar, consultor político demócrata que representa a una coalición de organizaciones defensoras de la cobertura médica para personas de bajos ingresos.

Esas organizaciones sostienen que brindar acceso a la atención médica fortalece la fuerza laboral y, por lo tanto, beneficia a toda la economía.

“La cuestión consiste en convencer al votante promedio de que, desde el punto de vista económico, es una mejor inversión”, señaló Salazar.

Hijo de inmigrantes, Becerra ha promovido durante décadas la . Como candidato a gobernador mantiene el mismo argumento.

No respondió a las solicitudes de entrevista de ºÚÁϳԹÏÍø News.

“Los inmigrantes, tengan o no documentos, trabajan duro. Pagan impuestos y, a veces, sufren accidentes laborales o sus hijos se enferman”, durante un debate celebrado el mes pasado.

“Sería una insensatez decirle a una familia que no puede acudir al pediatra o al médico de atención primaria”.

Becerra, quien podría convertirse en el primer gobernador latino elegido por voto popular en California, la decisión de Newsom y los líderes legislativos de de adultos sin estatus legal en Medi-Cal, reducir beneficios e imponer primas mensuales.

“Dejemos de tratar la cobertura médica como una variable presupuestaria que se expande cuando hay bonanza económica y se contrae cuando disminuyen los ingresos”, escribió Becerra el mes pasado en del Orange County Register.

También buscar nuevas fuentes permanentes de ingresos para financiar servicios básicos, incluyendo aumentos de impuestos a las corporaciones y a los residentes con mayores ingresos.

En 2023 vivían en California aproximadamente 2.3 millones de personas sin estatus migratorio legal, equivalentes a de la fuerza laboral estatal, según el

Además, vive en una familia donde al menos uno de sus integrantes carece de estatus migratorio legal, de acuerdo con el Departamento de Educación de California.

Economistas especializados en salud sostienen que ofrecer acceso a atención preventiva reduce los costos públicos, a largo plazo, al mantener y disminuir la presión sobre un sistema de salud ya sobrecargado.

Según Baldassare, ese argumento resultaba mucho más convincente durante la pandemia de covid-19, cuando los inmigrantes eran considerados y el vínculo entre la salud individual y la salud pública era .

Sin embargo, los costos de Medi-Cal para cubrir a aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes , según las estimaciones más recientes del Departamento de Servicios de Atención Médica de California.

Dado que solo algunos inmigrantes con presencia legal califican para Medicaid federal, los —como California— deben financiar completamente esos beneficios con recursos estatales.

Los expertos presupuestarios del estado que mantener la cobertura integral para inmigrantes sin obtener nuevas fuentes de ingresos podría poner en riesgo la estabilidad fiscal de California a largo plazo.

Durante una audiencia legislativa el año pasado, el legislador estatal republicano Carl DeMaio cuestionó si los contribuyentes considerarían prioritaria esa expansión.

“Dudo que la atención médica para inmigrantes indocumentados, financiada con el fondo general, ocupe los primeros lugares de sus prioridades”, dijo.

Después de que la Legislatura aprobara los recortes al programa, el apoyo ciudadano a esa cobertura disminuyó aún más, señaló Baldassare.

Actualmente, Newsom y los legisladores .

David Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de UCLA, ha dedicado su carrera a estudiar la contribución económica de los latinos y los inmigrantes.

Según explicó, las personas sin estatus migratorio legal presentan y suelen trabajar en sectores que no ofrecen .

Como consecuencia, muchos dependen de Medi-Cal y el estado termina asumiendo esos costos en lugar de las empresas.

“California tiene el cuarto producto interno bruto (PIB) más grande del mundo, y eso es posible gracias a los latinos”, afirmó Hayes-Bautista.

“Sin la contribución económica de los latinos —muchos de ellos sin estatus legal— California descendería al octavo lugar, con una economía .”

Las organizaciones defensoras de los inmigrantes esperan que, si llega a la gobernación, Becerra sea un aliado más firme en la defensa de la cobertura médica.

Es considerado el favorito en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos por casi dos a uno.

“Él luchará, responderá y hará todo lo que esté a su alcance”, dijo la senadora estatal María Elena Durazo, exdirigente sindical y una de las principales impulsoras de la expansión de la atención médica para inmigrantes.

“Eso es lo máximo que podemos esperar.”

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Esta primavera, investigadores detectaron en el agua de varios puntos de la costa de Long Island, en Nueva York, y funcionarios de localidades turísticas de los Hamptons sobre los hallazgos. En Florida, se han infectado este año, y en junio las instaron a la población a tomar precauciones.

Aproximadamente 1 de cada 5 personas infectadas por esta bacteria muere, a veces apenas uno o dos días después de enfermar, según una de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La bacteria, Vibrio vulnificus, puede ingresar al organismo por heridas abiertas y causar muerte del tejido y sepsis sistémica.

“Muchas personas con infección por Vibrio vulnificus pueden enfermar gravemente y necesitar cuidados intensivos o la amputación de una extremidad”, advierten los CDC.

El riesgo de amenazas públicas de este tipo está aumentando porque el cambio climático está ampliando el territorio de ciertos patógenos. Pero los investigadores señalan otra preocupación: la administración Trump ha recortado inversiones en programas y agencias que previenen, rastrean y responden a los riesgos de salud que ahora enfrenta el gobierno federal.

Un ejemplo es la reaparición del , que puede infestar y matar ganado, en Estados Unidos en junio. El Departamento de Agricultura de su fuerza laboral en los primeros seis meses de 2025, según un informe de la Oficina del Inspector General del USDA, y su servicio de inspección reducido está ayudando a dirigir la respuesta al parásito.

Otro ejemplo es la malaria. La suspensión de ayuda exterior interrumpió esfuerzos internacionales de prevención, y emitida en mayo advirtió que Estados Unidos es vulnerable a la reintroducción de esta enfermedad infecciosa.

En el caso de Vibrio, la administración Trump comenzó a retirar cientos de instrumentos de aguas profundas que y generan datos que ayudan a que permiten que la bacteria prospere. esos datos para estudiar Vibrio, que puede cuando aumentan la temperatura y la .

“Es importante rastrear las temperaturas costeras, y eso se relaciona con la distribución de Vibrio”, dijo Christopher Gobler, profesor de la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad Stony Brook, en Nueva York. Agregó, sin embargo, que los investigadores también cuentan con otras fuentes de datos.

La administración Trump a su plan de desmantelar el sistema de monitoreo oceánico luego de la oposición bipartidista en el Congreso.

Pero todavía está reduciendo la vigilancia de Vibrio. Esta especie potencialmente mortal, presente en el agua, también puede enfermar o matar a personas que comen mariscos contaminados, como infectadas con la bacteria. Las infecciones por Vibrio vulnificus vinculadas al consumo de mariscos crudos o poco cocidos mientras la presencia de otros patógenos en los alimentos disminuye.

Desde 1995, 10 estados han participado en un programa federal llamado Red de Vigilancia Activa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, o FoodNet. El programa, junto con los CDC, monitorea y rastrea casos de enfermedades transmitidas por alimentos causadas por ocho patógenos específicos, incluido Vibrio. Pero el año pasado la administración Trump a esos estados que reportaran todos menos dos de esos patógenos, lo que significa que ya no tienen que informar esos casos a los CDC.

Funcionarios federales niegan que estas medidas estén poniendo en riesgo a los estadounidenses. Afirman que los CDC continúan monitoreando estos patógenos mediante otros sistemas nacionales de vigilancia para mantener visibilidad sobre tendencias de enfermedades y brotes.

Algunos ex líderes de salud pública dicen que las consecuencias de los amplios recortes a agencias de salud y programas globales de prevención se están volviendo más evidentes, debilitando la respuesta de Estados Unidos y las iniciativas diseñadas para proteger al país de enfermedades.

“Estamos bajando defensas que eran necesarias para protegernos de amenazas microbianas”, dijo Tom Frieden, ex director de los CDC y actual presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, una organización que trabaja para frenar enfermedades prevenibles. “En lugar de proteger, estamos haciendo lo contrario”.

¿Menos recursos significa más riesgos?

La administración defiende sus acciones, incluidos los despidos masivos en agencias gubernamentales de salud, como medidas necesarias para eliminar gastos innecesarios.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está impulsando las reformas de salud pública más importantes en una generación, enfocadas en prevención, rendición de cuentas, transparencia científica y mejores resultados de salud”, dijo Emily Hilliard, vocera de la agencia, en un correo electrónico. “El Departamento está poniendo a las familias estadounidenses en el centro de la toma de decisiones de salud pública”.

La evidencia sugiere que los riesgos de salud aumentan mientras la administración Trump reduce recursos para investigación, detección y respuesta.

Al inicio de su mandato, el presidente Donald Trump decidió congelar y revisar el trabajo de programas de salud global. Su esfuerzo para reducir costos, liderado por el multimillonario Elon Musk, también desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Como resultado, se interrumpió el trabajo de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, un programa creado durante la era de George W. Bush para combatir la malaria en países muy afectados y al que se le atribuye haber salvado más de . USAID había invertido más de en el programa desde 2005.

Además, el para programas globales contra la malaria fueron seleccionadas para ser eliminadas, según KFF. El informe no incluyó datos sobre el valor total de esas subvenciones específicas.

La congelación del gasto también frenó investigaciones para desarrollar contra la malaria. La administración disolvió la de los CDC, trasladó al personal a otras divisiones e sobre la enfermedad.

El HHS no respondió a un correo electrónico que preguntaba cuántos empleados habían sido reubicados.

La malaria, una enfermedad infecciosa potencialmente mortal transmitida por mosquitos, fue de Estados Unidos en 1951. Pero la guía actualizada de los CDC para investigar casos domésticos que “el país sigue siendo susceptible a la reintroducción de la malaria”.

Un provocó 10 infecciones locales en Arkansas, Florida, Maryland y Texas, y los mosquitos capaces de transmitir malaria se encuentran en gran parte del país.

“La mayoría de los residentes de Estados Unidos carece de inmunidad protectora contra la malaria, lo que hace que las personas sean susceptibles a una forma grave de la enfermedad y a la muerte si se infectan”, indicaron los CDC en el informe de mayo.

El HHS declinó comentar sobre recortes específicos, pero dijo que los CDC trabajan con socios nacionales e internacionales para reducir la carga de la malaria y evitar que se restablezca en el país.

Investigadores y ex funcionarios de salud dicen que no solo los recortes de fondos elevan los riesgos. También hay fuertes reducciones de personal, lo que significa que menos personas trabajan en prevenir o rastrear enfermedades.

“Sí, los programas han sido recortados en términos de reducción de personal, pero diría que igual de importante es la pérdida de experiencia”, dijo Jeanne Marrazzo, directora ejecutiva de la Infectious Diseases Society of America. “Es irremplazable”.

El gusano barrenador es una especie de mosca parásita cuyas larvas pueden entrar en heridas abiertas y devorar tejido, infectando a personas y animales. Como la malaria, había sido eliminado durante mucho tiempo de Estados Unidos, y los esfuerzos de monitoreo han sido clave para mantenerlo fuera.

Los recortes en USAID eliminaron destinados a la , que se enfoca en seguridad alimentaria global y en el como el gusano barrenador.

Luego de las iniciativas de reducción de costos de la administración, más de 20.000 empleados dejaron el USDA, que desarrolla e implementa políticas agrícolas y proporciona recursos a productores ganaderos vulnerables al parásito.

El 3 de junio se confirmó el primer caso nuevo de gusano barrenador en Estados Unidos, y ya hay de animales infectados. Un brote en expansión podría devastar la industria ganadera.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que los recortes de personal durante la administración Trump hayan contribuido al regreso del gusano barrenador. En cambio, , diciendo que no hizo lo suficiente para prevenir su reintroducción en Estados Unidos. Rollins dijo en X que la bajo la administración Biden tuvo parte de la culpa, sin presentar evidencia.

El USDA no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

Ashish Jha, médico que fue coordinador de respuesta a COVID de la Casa Blanca durante la administración Biden, dijo que no hay ninguna verdad en la afirmación de que inmigrantes sin estatus legal hayan traído el gusano barrenador a Estados Unidos.

Las inversiones en rastrear y combatir enfermedades se han debilitado, dijo, porque el secretario de HHS, Robert F. Kennedy Jr., está priorizando la prevención de enfermedades crónicas a costa de los esfuerzos para contener enfermedades infecciosas.

“¿Quién no quiere un país más saludable? Suena muy bien, pero es una especie de engaño”, dijo Jha. “Están haciendo lo contrario. Están bajando las defensas necesarias para protegernos de amenazas microbianas”.

Hilliard, portavoz del HHS, no estuvo de acuerdo y dijo que las acciones de Kennedy hacen que la agencia sea más eficaz.

“El secretario Kennedy está llevando adelante esa reforma al simplificar operaciones, reducir redundancias y devolver al HHS a niveles de personal previos a la pandemia”, dijo. “Al mismo tiempo, está desmantelando políticas e incentivos que contribuyeron a una epidemia nacional de enfermedades crónicas”.

Brechas en la vigilancia

Jha señaló la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que coordina respuestas globales a problemas y crisis de salud pública, y el desmantelamiento de USAID.

Este alejamiento ha tenido implicaciones para el brote de ébola en la República Democrática del Congo, según trabajadores humanitarios.

Sin el mismo nivel de financiamiento de USAID, el International Rescue Committee, que colabora en actividades de salud de primera línea, vigilancia y preparación ante brotes en Congo, .

“Los recortes de financiamiento han dejado a la región peligrosamente expuesta”, dijo Heather Reoch Kerr, directora del IRC para Congo, .

El brote está a unos 7.000 millas de distancia, pero su propagación ha puesto a Estados Unidos , con mayor vigilancia y restricciones de entrada para viajeros aéreos. Funcionarios federales han dicho que el desmantelamiento de USAID no ha obstaculizado la detección ni la respuesta.

“El gobierno de Estados Unidos continúa actuando agresivamente para contener el brote de ébola en su origen, con el fin de proteger al pueblo estadounidense y prevenir una mayor propagación internacional”, dijo el Departamento de Estado en del 23 de mayo.

La decisión de Trump de desvincularse de la OMS fue criticada por tras un brote de hantavirus esta primavera en un crucero que había zarpado de Argentina. Algunos dijeron que la fue demasiado lenta y cuestionaron por qué el presidente sugirió crear un nuevo y costoso en lugar de mantener la relación con la OMS, especialmente cuando Estados Unidos está reduciendo los programas de vigilancia que ya tiene.

El gobierno federal ha rastreado casos de Vibrio como parte del programa FoodNet, cuyo objetivo incluye identificar y contener brotes. Ahora, reportar casos de Vibrio es opcional.

Casi la mitad de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos causadas por Vibrio vulnificus , algunos dentro de las 24 horas posteriores al consumo de mariscos contaminados, como ostras crudas. La bacteria puede multiplicarse rápidamente y causar choque séptico y lesiones ampollosas en la piel. El patógeno se está volviendo cada vez .

Los CDC estiman que ocurren alrededor de de infección por Vibrio cada año, y que las infecciones por la especie más grave, Vibrio vulnificus, han aumentado de manera constante. En los , esa especie ha causado 429 casos por infecciones de heridas abiertas y 135 casos por alimentos contaminados.

“Mientras más vigilancia tienes, más puedes conectar los puntos”, dijo Bill Marler, abogado de seguridad alimentaria del área de Seattle. “Si un árbol cae en el bosque y no lo escuchas, ¿realmente cayó? Es más fácil no reportar enfermedades. Entonces pueden decir: ‘Miren qué seguro es nuestro suministro de alimentos’”.

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Había sido atacado en un tiroteo desde un vehículo en Jacksonville, Florida, y hospitalizado condos heridas de bala. Contó que, durante la semana que pasó internado, un asistente médico cambió el rumbo de su vida al visitarlo cada día y advertirle que los hombres negros con heridas de bala a menudo terminan paralizados, o algo peor.

“Yo andaba en la calle, en malos pasos”, dijo Pinckney. “Me hizo prometerle que nunca volvería a entrar a su sala de emergencias de esa manera. Esa fue la última conversación que tuvimos, justo antes de que me dieran el alta”.

Desde entonces, su meta ha sido convertirse en asistente médico. Pinckney, quien pasó la mayor parte de su carrera trabajando para el Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York y como proveedor de salud del Ejército de Reserva, recientemente dio un paso importante hacia ese objetivo. En mayo, se graduó con honores de Lehman College con una licenciatura en ciencias.

Después de mudarse de Nueva York al condado de Prince George, en Maryland, planeaba postularse este año a programas de asistente médico. Pero ahora teme que su sueño se vea frustrado por las nuevas reglas para préstamos estudiantiles.

A partir del 1 de julio, la cantidad de dinero que los estudiantes de posgrado podrán pedir prestado al gobierno federal . Los nuevos topes forman parte de la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.

La administración Trump afirma que los límites buscan reducir el costo de la educación superior y la deuda estudiantil.

Pero los críticos coinciden ampliamente en que los nuevos topes son demasiado bajos, especialmente para los estudiantes que solo podrán pedir hasta $20.500 al año en préstamos federales debido a la controversial definición de “título profesional” incluida en la ley.

El 24 de junio, un juez federal bloqueó temporalmente al Departamento de Educación para que no aplicara esa definición. Aun así, para muchos estudiantes, los nuevos límites no cubrirán el costo combinado de matrícula, vivienda y gastos básicos.

Esto podría dejar a cientos de miles de estudiantes que piden préstamos para estudios de posgrado cada año a merced de prestamistas privados, con tasas de interés más altas y menos opciones de pago.

Algunos expertos y estudiantes también temen que los límites afecten los esfuerzos por diversificar la fuerza laboral de salud, al desalentar a personas de minorías raciales y de hogares de bajos ingresos a postularse a programas de posgrado.

Una caída en el número de nuevos estudiantes podría agravar la escasez ya existente de profesionales en zonas rurales y en atención primaria, advierten.

Muchos políticos y expertos en préstamos reconocen que el costo de la educación superior debe abordarse. Pero los nuevos límites federales “simplemente no van a lograr ese objetivo”, dijo Todd Pickard, presidente de la American Academy of Physician Associates, una de varias organizaciones que demandaron al Departamento de Educación por estas reglas.

“Sería como si tuvieras un padrastro en un dedo y yo te cortara todo el brazo en lugar de atenderte el padrastro”, dijo Pickard. “El tratamiento no corresponde al problema”.

Entre la espada y la pared

Los estudiantes que cursen lo que la ley describe como “títulos profesionales” —incluidos futuros médicos, dentistas, farmacéuticos y quiroprácticos— podrán pedir prestado hasta $200.000 en total, y no más de $50.000 al año.

Mientras tanto, el costo medio de asistir a una escuela pública de medicina es de casi $300.000 durante cuatro años, y el costo medio de una escuela privada de medicina supera los $400.000, según la Association of American Medical Colleges.

Los límites fueron fijados aún más bajos para quienes cursan otros títulos de “posgrado”, con un tope de $100.000 en préstamos federales durante todo el programa. El límite anual para esta categoría es de apenas $20.500.

Originalmente, los estudiantes de fisioterapia, asistente médico y enfermería estaban incluidos en este grupo. Pero, según nuevas pautas emitidas el lunes por el Departamento de Educación, algunos de estos estudiantes podrán, al menos temporalmente, acceder al límite más alto, .

El Departamento de Educación, que ha sido demandado por grupos profesionales de médicos y por unas dos decenas de estados debido a las nuevas reglas, no respondió a preguntas para este artículo.

Tal como fue redactada la ley, un estudiante para asistente médico que terminara su programa en el promedio habitual de dos a tres años no habría podido pedir prestados los $100.000 completos. Mientras tanto, los asistentes médicos suelen comenzar sus carreras con una deuda promedio de $112.000, lo que significa que algunos podrían verse obligados a financiar su educación con préstamos privados de intereses más altos.

“Siento que estoy entre la espada y la pared”, dijo Olivia Trull, de 24 años, quien tiene previsto iniciar este verano el programa de asistente médico en Northwest University, en Kirkland, Washington. El programa de 28 meses cuesta $137.000, con unos $62.000 en matrícula y cuotas estimados para el primer año, dijo. Eso no incluye gastos de vida.

Antes de la orden judicial, Trull dijo que calificaba para el máximo anual de $20.500 en préstamos federales durante su primer año de posgrado. El resto tendría que financiarlo con un prestamista privado.

Calculaba que necesitaría hasta $100.000 en préstamos privados para financiar su posgrado y que, al terminar, enfrentaría pagos mensuales de más de $3.000.

“Tengo que sentarme y tener una conversación conmigo misma”, dijo Trull, para pensar “si quiero estar ahogada en deudas durante los próximos 10 años de mi vida”. Un banco privado le ofreció un préstamo con una tasa de interés de casi 14%, contó.

Pinckney, quien dijo haber terminado su licenciatura con alrededor de $10.000 en deuda federal estudiantil, señaló que algunos amigos que ya solicitaron préstamos privados recibieron cotizaciones con tasas de hasta 13%.

En comparación, las tasas de los préstamos federales para estudiantes de posgrado, que se fijan cada año, actualmente rondan entre 8% y 9%. Los préstamos federales también suelen ofrecer opciones de pago más flexibles que los privados.

En mayo, 25 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda federal contra el Departamento de Educación por las nuevas reglas. La demanda describió la definición de “título profesional” de la ley como “arbitraria y caprichosa”.

En otra demanda federal presentada en junio, la American Academy of Physician Associates y la PA Education Association alegaron que las nuevas reglas niegan a los estudiantes los montos necesarios para asistir a programas de asistente médico. Argumentan que los estudiantes de estos programas deberían poder acceder a los límites más altos disponibles para estudiantes de medicina y otros programas profesionales.

Aunque “physician assistant” y “physician associate” suelen referirse al mismo rol, la entidad adoptó el título “physician associate” en 2021 por considerar que “assistant” no refleja el papel importante de estos profesionales en la atención médica de alta calidad.

Mientras tanto, funcionarios de la administración Trump han sostenido que el costo de los estudios de posgrado es demasiado alto en general. La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo ante un comité de la Cámara de Representantes en mayo que “nuestro objetivo general es reducir el costo de la universidad y de la educación”.

De hecho, algunos expertos reconocen que los nuevos límites podrían ayudar a reducir costos. El programa federal Grad PLUS, creado por el Congreso hace 20 años, no establecía un límite sobre cuánto podían pedir prestado los estudiantes de posgrado en préstamos federales. Ese programa fue eliminado por la One Big Beautiful Bill Act.

“Hay evidencia considerable de que las personas pidieron prestado más de lo que realmente necesitaban para estudiar”, dijo Sandy Baum, economista de educación superior e investigadora senior del Urban Institute.

Algunos programas de posgrado ya han reducido sus precios de matrícula, dijo Baum. En mayo, por ejemplo, la Universidad de California-Irvine anunció que reduciría el costo de sus programas de MBA en decenas de miles de dólares para quedar por debajo de los nuevos umbrales federales de préstamo.

Aun así, Baum no espera que muchas otras universidades hagan lo mismo.

“No creo que vayamos a ver una caída dramática en los precios”, dijo. “Creo que algunos programas podrían cerrar porque no podrán manejarlo”.

“He llorado”

Los nuevos límites de préstamos también afectarán de manera desproporcionada a los estudiantes de raza negra, dijo Baum, porque históricamente han pedido más préstamos que los estudiantes blancos no hispanos e hispanos (que pueden ser de cualquier raza).

Para algunos estudiantes que ya pidieron préstamos para financiar sus licenciaturas, los nuevos límites serán especialmente duros. Bajo las nuevas reglas, estarán sujetos a un límite de por vida de $257,000 en préstamos federales estudiantiles.

“Habrá estudiantes que no podrán inscribirse”, dijo Baum.

Andrei Robu, de 26 años, estudiante de medicina en la Medical University of South Carolina, dirige el Grupo de Interés en Educación Financiera del campus de Charleston. Dijo que muchos de sus compañeros temen que los límites de préstamos reduzcan la diversidad del estudiantado.

También le preocupa que, como la demanda para ingresar a la escuela de medicina ya es muy alta, las instituciones puedan priorizar a estudiantes de familias con más recursos y “aun así llenar sus clases”.

“Eso no es lo que queremos en nuestra fuerza laboral médica”, dijo Robu, quien no está sujeto a las nuevas reglas por ser estudiante actual. “Queremos representar a la población del país en general”.

Jasmine Vásquez, de 26 años, fue aceptada en el programa de asistente médico de South College, en Atlanta, pero decidió aplazar su inscripción hasta 2027, en parte para ver si cambian sus opciones de financiamiento. Le preocupa asumir demasiada deuda con un banco privado.

“He llorado varias veces”, dijo Vásquez, quien espera dar a luz en septiembre. “No es algo que esté bajo mi control”.

Betsy Mayotte, presidenta del Institute for Student Loan Advisors, prevé que las nuevas reglas llevarán a algunos graduados a la bancarrota cuando no puedan pagar préstamos privados.

Sin embargo, espera que primero caiga la matrícula y que algunos programas de posgrado cierren porque no podrán reclutar suficientes estudiantes. También anticipa que bajarán las tasas de finalización, ya que algunos estudiantes alcanzarán los límites federales de préstamo a mitad de sus programas.

Más allá de eso, predice que los graduados en áreas de salud buscarán empleos en especialidades mejor pagadas, lo que agravará la escasez en comunidades rurales y desatendidas.

“Van a ir donde puedan ganar más dinero”, dijo Mayotte.

Pinckney dijo que “no está realmente seguro” de lo que le depara el futuro. Pagó la mayor parte de su educación universitaria trabajando mientras estudiaba, pero eso normalmente no es posible para estudiantes de tiempo completo en programas de asistente médico.

Ha considerado postularse a un programa de posgrado en ciencias biomédicas, que calcula costaría unos $30.000, una cantidad “mucho más manejable”, dijo. Eso podría permitirle trabajar en un laboratorio o en la industria farmacéutica. Seguiría estando vinculado a la medicina, agregó, pero no le permitiría cumplir su meta de trabajar directamente con pacientes.

“Quizá esto se resuelva”, dijo sobre los nuevos límites federales de préstamos. Mientras tanto, mantiene la esperanza.

“Si puedo influir en la vida de una sola persona, esa sería mi forma de devolver lo que él hizo por mí”, dijo, refiriéndose al asistente médico que lo inspiró en 1999. “Es muy difícil apartarse de ese sueño”.

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“Tenemos una amplia variedad de creencias políticas”, explicó el reverendo John Jackman, quien dirige esta iglesia de ladrillo rojo de 114 años de antigüedad, ubicada cerca de las antiguas fábricas textiles de Winston-Salem. Republicanos conservadores se sientan junto a demócratas liberales. Simpatizantes del presidente Donald Trump conviven con algunos de sus más férreos críticos. “Definitivamente somos una congregación púrpura”, afirmó Jackman.

Pero hace cuatro años, cuando Jackman propuso una nueva misión para la iglesia, destinada a aliviar la deuda médica de los residentes del área de Winston-Salem, no hubo objeciones.

“Es el dinero que he recaudado con más facilidad en mi vida”, dijo. “Todo lo que hago es contarle a la gente lo que estamos haciendo y me extienden un cheque”.

Pocos temas han sido tan explosivos políticamente en los últimos años como la atención médica, enfrentando a demócratas y republicanos en intensos debates sobre la Ley de Cuidado de Salud A Bajo Precio (ACA), Medicaid y otros temas polémicos.

Sin embargo, movidos por la sensación de que las deudas médicas que enfrentaban sus vecinos eran profundamente injustas, los miembros de Trinity Moravian, independientemente de sus posturas políticas, comenzaron a donar cheques de $25 o $50 para ayudar a pagar esas cuentas.

Con ello, contribuyeron a impulsar un movimiento de iglesias en todo el estado y el país, e inspiraron a funcionarios del gobierno de North Carolina a abordar el problema de la deuda médica. La iniciativa incluso recibió elogios del presentador de radio conservador Glenn Beck.

El éxito de esta pequeña iglesia también puso de relieve uno de los escasos consensos en el debate sobre la salud en Estados Unidos: la ansiedad y frustración generalizadas por la cantidad de pacientes que terminan endeudados.

A principios de este año, Trinity concluyó su octava campaña para eliminar deudas médicas, parte de lo que la iglesia llama su Proyecto Jubileo de la Deuda. Esta última campaña recaudó más de $17.000, lo que permitió cancelar más de $2.2 millones en deudas. La deuda médica puede comprarse por centavos por cada dólar adeudado porque los acreedores creen que la mayoría de esas cuentas nunca serán pagadas.

A nivel nacional, se estima que 100 millones de personas tienen algún tipo de deuda relacionada con la atención médica. Más de la mitad de los adultos estadounidenses han tenido este tipo de deuda en algún momento de sus vidas.

En la Iglesia Morava Trinity, que cuenta con unos 200 miembros, no fue difícil encontrar historias de facturas médicas abrumadoras.

“Veo a personas endeudarse cada minuto de cada día”, describió Catherine Coe, quien trabaja en el departamento de contabilidad de un sistema hospitalario. “Todos estamos a una sola factura médica de la ruina financiera”.

Coe creció acudiendo a Trinity con su abuela. Ya adulta, se alejó de la iglesia, pero el año pasado se reincorporó a la congregación. Coe, que se define a sí misma como conservadora, votó a Trump.

Terri Mabe, que asiste a Trinity desde hace décadas, se encuentra en el extremo opuesto de la división política que vive el país. Explicó que no soporta al presidente porque, en su opinión, “nunca mostró una preocupación real por la gente de este país”.

Mabe, de 70 años, también ha visto de cerca el impacto de la deuda médica. Antes trabajaba en la industria de la construcción.

“Entre un proyecto y otro, muchas veces te quedas sin trabajo”, explicó. “Y entonces te enfermas. Lo siguiente que sabes es que debes $5,000 o $10,000 que no puedes pagar. Apenas puedes cubrir los gastos de tu casa. Entonces te dices: ‘No puedo pagarlo. ¿Qué hago ahora?’”.

Tanto Coe como Mabe coinciden en que las diferencias partidistas no importan en este tema.

“No existe una división política cuando se trata de deuda médica”, señaló Coe. “Es algo que nos une a todos”.

Jackman contó que tuvo la idea de actuar frente a la deuda médica durante la pandemia, cuando un número creciente de personas acudía a la iglesia en busca de ayuda.

“Escuchaba que no podían pagar la factura de la electricidad porque habían pasado unos días en el hospital, después recibían una cuenta enorme y todo empezaba a acumularse”, recordó. “Y empecé a escuchar esa historia una y otra y otra vez”.

Jackman conoció entonces a una organización sin fines de lucro llamada Undue Medical Debt, que compra cuentas médicas impagas a hospitales y agencias de cobranza para luego eliminarlas.

La primera campaña de la iglesia, en 2022, tenía como objetivo recaudar $5,000 para cancelar alrededor de $500,000 en deuda médica de residentes del vecino condado de Forsyth. Alcanzaron la meta en apenas seis semanas, impulsados principalmente por donaciones inferiores a $50.

Jackman, que ha sido pastor durante más de cuatro décadas, atribuye parte del éxito a la filosofía de la iglesia.

“Una de nuestras ideas es que no podemos arreglarlo todo, pero sí debemos arreglar lo que podamos en el lugar donde estamos plantados”, señaló.

Los miembros de Trinity, independientemente de su filiación política, también coinciden en que hay algo que no funciona en un sistema que empuja a las personas enfermas al endeudamiento.

Paul Sluder, de 78 años, que no se identifica con ningún partido político, trabajó durante años para una cooperativa de crédito. Antes de jubilarse, se dedicó a cobrar deudas.

La mayoría de las personas, dijo, quería pagar lo que debían. Pero cuando enfermaban, muchas veces no tenían otra opción que endeudarse.

“Es algo sobre lo que prácticamente no tienes control. Tienes que cuidar de ti mismo o de tus seres queridos”, señaló Sluder. “Es increíblemente injusto y creo que el sistema no funciona como debería”.

Las encuestas sugieren que existe un amplio consenso respecto de la deuda médica.

En para Undue Medical Debt, más del 75% de republicanos y demócratas dijeron que las agencias de cobranza no deberían poder embargar salarios para cobrar deudas médicas. Y en los últimos años, medidas bipartidistas para ampliar las protecciones frente a estas deudas han sido aprobadas tanto en estados demócratas como republicanos.

Coe, republicana, afirmó que apoyaría incluso mayores límites a la cantidad de deuda médica que una persona puede acumular.

“¿Por qué no podemos establecer un límite máximo para la deuda médica y, una vez superado, simplemente cancelar o perdonar el resto?”, preguntó.

Cuando se completó la última campaña, Trinity organizó una ceremonia especial con la ayuda de niños de un grupo local de Scouts.

Jackman se colocó frente a la congregación sosteniendo una hoja de papel con una larga lista de nombres: personas del condado cuya deuda había sido comprada y cancelada por la iglesia.

“En este día de Jubileo”, anunció Jackman, “actuamos para perdonar las deudas de muchos de nuestros vecinos, así como Dios ha perdonado nuestras deudas”.

Mientras la congregación permanecía de pie, Jackman tomó un encendedor y quemó la lista de los 1.631 nombres. El papel fue consumido por las llamas amarillas. Los Scouts lanzaron cañones de confeti. El coro cantó y la congregación estalló en aplausos y vítores.

Después, los miembros de la iglesia bajaron al sótano para compartir un almuerzo de espaguetis servido por los Scouts.

Al reflexionar sobre las celebraciones del día, muchos miembros de la congregación dijeron que esperaban que su trabajo para eliminar la deuda médica pudiera inspirar a otros a superar las diferencias políticas y colaborar.

“Hay tanta división, tanto enojo”, dijo Cynthia Tesh, de 72 años.

“Necesitamos cuidarnos unos a otros”, agregó. “Si empezamos a hacerlo, las cosas cambiarán. Si comenzamos a pensar en los demás y no solo en nosotros mismos, las cosas cambiarán”.

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Milagrosamente, según los registros médicos del hospital, ninguna de las balas le dañó los órganos internos.

Pero Bates aseguró que, después de la cirugía, no podía levantarse de la cama ni caminar hasta el baño sin ayuda. Se quejaba de un intenso dolor que se irradiaba por la pierna izquierda, de debilidad en la rodilla y, por debajo de ella, de una sensación de entumecimiento, según los registros del hospital.

Bates, que trabajaba como repartidora de Uber Eats, tampoco tenía la fuerza suficiente como para conducir un automóvil.

Aun así, dijo, el hospital le informó que era momento de darle el alta.

“No me hicieron más radiografías, tomografías ni resonancias para averiguar por qué tenía la rodilla adormecida”, recordó. “Simplemente me dijeron: ‘Ya se te va a quitar’”.

Los médicos dijeron que su estado clínico era estable, contó Bates, y como no tenía seguro médico, no pudieron derivarla a un hospital de rehabilitación ni a un centro de cuidados especializados, donde este tipo de atención puede costar miles de dólares al día.

“Prácticamente me dijeron: ‘Necesitamos esa cama para alguien que tenga seguro médico’”, recordó. “Claro, no te lo dicen así de frente, pero es lo que te están dando a entender.”

En Estados Unidos, al menos una persona , llega a una sala de emergencias con una herida causada por un arma de fuego. Decenas de miles mueren cada año. Muchas más, como Bates, enfrentan recuperaciones prolongadas, enormes deudas médicas y secuelas físicas y emocionales a largo plazo.

Hasta ahora, la forma en que el seguro médico influye en la atención de las víctimas de heridas de bala había permanecido en gran medida oculta.

Un análisis realizado por The Trace y ºÚÁϳԹÏÍø News, basado en datos que los hospitales de Florida recopilan para cobrar a las aseguradoras y que presentan al estado, finalmente arroja luz sobre este tema.

La evaluación demostró que cuando los pacientes sin cobertura médica llegan a hospitales de Florida con heridas de bala, permanecen internados significativamente menos tiempo que los que tienen seguro. En algunos casos, su estadía es cerca de la mitad de la de los pacientes asegurados.

Entre los pacientes con lesiones más graves, los que no tenían seguro permanecieron hospitalizados, en promedio, tres días menos que quienes contaban con cobertura.

Los datos sobre las hospitalizaciones por violencia con armas de fuego en el estado se obtuvieron, exclusivamente para esta investigación, gracias a la ley de acceso a la información pública de Florida.

Los periodistas dedicaron más de un año a analizar registros que no permitían identificar individualmente a los pacientes. La base de datos incluía información sobre si los pacientes tenían o no seguro médico, en qué parte del cuerpo habían recibido el disparo, su origen étnico y otros datos demográficos. Los reporteros también revisaron estudios académicos y documentos gubernamentales, y entrevistaron a expertos en políticas de salud, médicos, activistas y sobrevivientes de violencia armada o sus familiares.

Los resultados ofrecen una visión sin precedentes de lo que ocurre con las personas heridas de bala con y sin seguro médico que son internadas para recibir tratamiento.

Lo que muestran los datos

El análisis de registros hospitalarios de Florida entre 2018 y 2024, obtenidos de la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida, reveló que:

• Los pacientes sin seguro representan una cuarta parte de las más de 20.000 hospitalizaciones de personas heridas de bala identificadas. Son el grupo más numeroso tratado por lesiones causadas por armas de fuego.
• Las víctimas de disparos que no tenían cobertura permanecieron hospitalizadas un promedio de 6 días, un 26%, menos que los pacientes con seguro médico privado y menos de la mitad del tiempo promedio de los pacientes cubiertos por Medicaid, el programa público de salud para personas de bajos ingresos y personas con discapacidades.
• La brecha en la atención hospitalaria se mantuvo independientemente del tamaño del hospital, su ubicación o el tipo de propiedad, incluso en centros que reciben fondos públicos y tienen la obligación de atender a todos los pacientes sin que importe su capacidad de pago.
• Casi la mitad de los pacientes hospitalizados por heridas de armas de fuego eran de raza negra, un nivel de representación desproporcionadamente alto. Casi una cuarta parte de los pacientes no caucásicos no tenía seguro médico, en comparación con menos de una quinta parte de los pacientes blancos.

Estas desigualdades reflejan en el sistema de salud estadounidense contra pacientes de raza negra y latinos (que pueden ser de diferentes razas), grupos tanto en la violencia armada como en la .

Estados Unidos registra o que cualquier otra nación desarrollada, y ningún grupo se ve más afectado que los afroamericanos.

Según la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, las personas negras tienen de convertirse en víctimas de homicidios con armas de fuego que las personas blancas.

Quienes trabajan en programas de apoyo a pacientes dicen que el personal de los hospitales a veces percibe a las víctimas de heridas de bala como miembros de pandillas o personas problemáticas que, de alguna manera, tienen la culpa de haber recibido un disparo.

Un que los centros de rehabilitación rechazan con mayor frecuencia a víctimas de heridas por arma de fuego que a otros pacientes. Además, algunos expedientes médicos contenían descripciones racistas o insensibles sobre los pacientes y su comportamiento.

Las consecuencias pueden durar mucho tiempo: los pacientes que salen del hospital después de una lesión traumática enfrentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, como infecciones, hemorragias, lesiones nerviosas e incluso la muerte, especialmente si sus heridas —y sus problemas de salud mental— quedan sin tratamiento.

, profesor de la Universidad de Florida y vicepresidente de investigación del Departamento de Salud Comunitaria y Medicina Familiar, dijo que hay evidencia de que los incentivos económicos influyen en la atención que reciben los pacientes y en la forma en que los hospitales brindan esa atención.

“No importa cuántas veces se les recuerde a los equipos médicos que deben seguir protocolos de calidad”, dijo, “en última instancia hay una dimensión comercial en todo esto. Puede que los médicos y las enfermeras no piensen en ello. Pero hay alguien que seguramente lo tiene en cuenta”.

Un contexto político cambiante

Los datos de Florida se dan a conocer en un momento en el que el gobernador republicano Ron DeSantis y los legisladores estatales han presionado para que las armas de fuego sean más baratas y estén más fácilmente al alcance de todos, a pesar de que las muertes relacionadas con armas han en el estado entre 2014 y 2023.

Al mismo tiempo, la administración del presidente Donald Trump ha revertido varias iniciativas implementadas durante el gobierno de Joe Biden para reducir la violencia armada y ha impulsado políticas que .

La permite portar armas ocultas sin licencia estatal y limita la capacidad de ciudades y condados para aprobar regulaciones más estrictas sobre armas de fuego.

A principios de junio, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó a que se eliminara el período obligatorio de tres días de espera para recibir un arma comprada legalmente, argumentando que la medida es inconstitucional. La solicitud forma parte de un acuerdo propuesto en una demanda presentada por la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

ºÚÁϳԹÏÍø News y The Trace solicitaron entrevistas con administradores de nueve de los principales sistemas hospitalarios de Florida para preguntarles por qué existen estas diferencias. Ninguno aceptó hablar.

Sarah Cannon, directora de comunicaciones de Tallahassee Memorial HealthCare, tampoco accedió a una entrevista ni respondió a las afirmaciones de Bates sobre la atención que recibió.

“Las decisiones clínicas, incluidas las intervenciones médicas agudas, la preparación para el alta y las necesidades de atención posteriores, se basan en la condición del paciente y su respuesta al tratamiento”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.

Cannon agregó que, después del alta, el hospital ofrece apoyo a los pacientes. Esto incluye la asistencia de trabajadores sociales que ayudan a coordinar la atención y el acceso a servicios como atención domiciliaria, rehabilitación y consultas de seguimiento.

Sin embargo, Bates ratificó que tuvo que organizar su propia atención médica después de salir del hospital.

Según dijo, nadie la llamó para programar una prueba de seguimiento destinada a evaluar la función muscular de su pierna. Sus registros médicos muestran que esa evaluación nunca se realizó.

“Si hubiera tenido seguro médico”, afirmó, “me habrían mantenido allí por lo menos una semana más para ayudarme a recuperar la capacidad de estar de pie y caminar”.

“Es un negocio”

El análisis de ºÚÁϳԹÏÍø News y The Trace encontró diferencias notables en la duración de las hospitalizaciones por heridas de bala en algunos de los sistemas hospitalarios más grandes de Florida.

En el Hospital Jackson Memorial de Miami, los pacientes sin seguro permanecieron hospitalizados un promedio de 6,6 días. Los pacientes con seguro privado permanecieron 10,7 días y los beneficiarios de Medicaid, 15,4 días.

En Tampa General Hospital, la estancia promedio fue de 4.9 días para los pacientes sin seguro, ocho días para quienes tenían seguro privado y 13.6 días para los cubiertos por Medicaid.

En UF Health Jacksonville, los pacientes sin seguro permanecieron hospitalizados un promedio de 7,2 días, frente a los 8,5 días para quienes tenían seguro privado y 13,8 días para los beneficiarios de Medicaid.

Cirujanos especializados en trauma e investigadores señalaron que los datos de Florida coinciden con trabajos realizados en otras partes del país sobre dónde ocurre la violencia armada y quiénes son las personas más afectadas.

Algunos expresaron preocupación porque estas diferencias podrían contribuir a perpetuar desigualdades históricas en el sistema de salud estadounidense relacionadas con los grupos étnicos y la clase social.

Los datos hospitalarios mostraron que las heridas de bala se concentran en un número reducido de códigos postales marcados por la pobreza, la falta de inversión pública, la segregación residencial histórica y otras consecuencias derivadas de la discriminación racial.

“¿Por qué los pacientes sin seguro reciben el alta antes?”, preguntó Arch Mainous, investigador de la Universidad de Florida. “¿Por qué están más sanos? Creo que tenemos suficientes datos para decir que probablemente no sea así”.

Una vez que abandonan el hospital, las personas con seguro privado o Medicaid tienen más del doble de probabilidades que los pacientes sin seguro de recibir atención de seguimiento por parte de otros proveedores, como centros de rehabilitación o servicios de atención médica en el hogar.

Una de las razones por las que esos pacientes permanecen más tiempo hospitalizados es que los administradores de casos coordinan sus traslados a otros centros, un proceso que suele requerir autorizaciones de las aseguradoras y puede tomar varios días.

“Hay que pasar por procesos de autorización y aprobación del seguro”, explicó , cirujano traumatólogo que anteriormente trabajó en Jackson Memorial y que actualmente ejerce en Oregon.

Rattan señaló que los pacientes con seguro privado suelen ser enviados a rehabilitación, a atención preventiva y a capacitación tanto para ellos como para sus cuidadores, lo que los “ayuda a adaptarse a una etapa completamente nueva de sus vidas”.

En el caso de quienes no tienen seguro médico, la situación suele ser muy diferente. “A veces tenemos las manos atadas”, afirmó.

“El hospital nos informa que el paciente ya está en condiciones médicas de recibir el alta y, entonces, terminamos dándole el alta para que se vayan a su auto o a la carpa donde viven. No parece correcto, pero probablemente eso explique parte de las diferencias en la duración de las hospitalizaciones”.

, traumatóloga cirujana en Jackson Memorial, contó que el personal del hospital se ocupa de garantizar que los pacientes sin cobertura que enfrentan recuperaciones prolongadas aprendan a cuidar sus heridas y cuenten con apoyo familiar.

Valenzuela enfatizó que el hospital, propiedad del condado, no deja a los pacientes abandonados a su suerte.

Como parte de un programa de intervención contra la violencia en Miami-Dade, ella visita distintos vecindarios y efectúa el seguimiento de pacientes después de que egresaron del hospital.

“Sabemos que la recuperación completa va mucho más allá del hospital e incluso de los mejores centros de rehabilitación”, explicó.

Factores como la vivienda, la seguridad y la capacidad para manejarse dentro del sistema de salud también influyen en la recuperación.

dirige ese programa comunitario, que conecta a víctimas de violencia armada con trabajadores sociales y una enfermera especializada en cuidados intensivos que realiza visitas domiciliarias.

Según Rawlins, muchos pacientes jóvenes afroamericanos, sin seguro médico, salen del hospital sin saber cómo programar una consulta de seguimiento o cómo manejar el impacto psicológico de haber sobrevivido a un tiroteo.

“Después de recibir un disparo y salir del hospital, todavía están en crisis”, dijo. “Su preocupación inmediata es: ¿cómo voy a pagar el alquiler?, ¿cómo voy a vivir?, ¿quién va a cuidar de mí?”.

Con frecuencia, añadió, los pacientes sin seguro reciben el alta antes de sentirse preparados. “Esa es la realidad”, afirmó. “Es un negocio. Es como un hotel. Llegó la hora de salida. Tienes que irte. Tenemos que hacer espacio para el siguiente cliente”.

¿Cuánto tiempo es suficiente?

Alea Bates recibió el alta con muletas y una sola receta médica: una provisión para siete días del analgésico Percocet.

Un familiar la llevó a casa.

Llevaba una férula en la pierna y vendajes en la espalda, el abdomen, la mano, el antebrazo y los pies.

Cuando intentó salir del automóvil, dijo, la rodilla le falló y cayó al suelo.

Sin embargo, cirujanos, investigadores y expertos en políticas de salud señalan que una estancia hospitalaria más breve no necesariamente significa una atención de menor calidad.

, profesora adjunta de cirugía en la Universidad de Pensilvania e investigadora en reducción de la violencia, ofreció una posible explicación.

En un publicado en la revista The Journal of Trauma and Acute Care Surgery, Kaufman y sus colegas descubrieron que los pacientes que ingresaban sin seguro médico pero que durante su hospitalización lograban inscribirse en Medicaid —y que tras el alta necesitaban cuidados de rehabilitación continua— pasaban más tiempo en el hospital y generaban mayores costos.

“He estado personalmente en situaciones en las que sentí que hice todo lo posible por un paciente y, aun así, me decía: ‘Me están echando del hospital’”, explicó. “A veces lo que el médico considera adecuado no coincide con lo que el paciente siente en su cuerpo”.

Sin embargo, Kaufman reconoció que la discriminación sigue existiendo.

“No voy a decir que los hospitales nunca discriminan. Eso no sería realista”, reflexionó. “Pero creo que muchas veces ocurre de forma indirecta”.

Kaufman afirmó que no puede juzgar si Bates permaneció suficiente tiempo hospitalizada porque no fue su médica. Pero aun así opinó que la paciente “no recibió todo lo que necesitaba del sistema de salud”.

A diferencia de muchos estados, Florida excluye de Medicaid a la mayoría de los adultos, como Bates, solteros que no tienen hijos a cargo. Por eso es muy poco común que un adulto sin seguro ingrese al hospital y luego termine cubierto por Medicaid.

Los sobrevivientes de disparos sufren dolor persistente, hemorragias, heridas que tardan en sanar, y padecen . “Estas experiencias son comunes, pero no se habla de ellas”, afirmó Kaufman. “La salud mental forma parte del proceso de recuperación”.

, cirujano pediátrico y profesor asociado de la Universidad de Maryland, que los pacientes hospitalizados por lesiones traumáticas que carecen de seguro suelen permanecer menos tiempo internados que quienes tienen cobertura médica.

Recuperar la capacidad de caminar o utilizar una extremidad después de una herida de bala generalmente requiere rehabilitación y fisioterapia, tratamientos que pueden resultar económicamente inalcanzables para personas sin seguro.

“Eso sugiere que estos pacientes no están recibiendo el mismo nivel de atención”, afirmó Englum. “Y eso los expone a sufrir limitaciones funcionales a largo plazo”.

Englum señaló que no existe un número exacto de días que determine cuánto tiempo debe permanecer hospitalizado un paciente.

Factores como la gravedad de la lesión, la edad y otras enfermedades influyen en esa decisión.

“Buscamos la duración ideal de la estancia hospitalaria”, explicó. “Pero, desafortunadamente, no existe una fórmula perfecta para cada paciente”.

“Oh, Dios mío. Me disparó”

Bates acababa de completar su última entrega de Uber Eats aquella noche de diciembre de 2019.

Mientras caminaba de regreso a su auto, escuchó dos fuertes explosiones.

Pensó que eran adolescentes haciendo bromas.

Luego giró hacia donde venía el sonido y vio a un hombre que estaba a pocos metros y le apuntaba con una pistola.

“En una fracción de segundo pensé: ‘Oh, Dios mío. Me disparó”, recordó.

“Sentí una sensación de ardor, pero mi cerebro no procesaba inmediatamente lo que estaba pasando”.

En cuestión de segundos, dijo, el hombre vació el cargador completo de su arma sobre ella, incluso después de que cayera al suelo.

Le disparó siete veces: dos impactos en la espalda y uno en la pelvis, el abdomen, el antebrazo izquierdo, el pulgar derecho y el pie derecho.

Bates gritó.

Intentó alcanzar su celular para llamar al 911.

Vecinos salieron de sus apartamentos. Una persona tomó el teléfono para informar la dirección al  servicio de emergencia. Otra presionó toallas sobre las heridas para intentar detener el sangrado.

Una ambulancia la trasladó de urgencia al Tallahassee Memorial HealthCare.

Bates afirmó que no cree que la raza haya influido en la atención que recibió. Sin embargo, considera que las circunstancias de su caso —haber sido atacada mientras trabajaba y sin conocer a su agresor— influyeron en la forma en que médicos y enfermeras la percibieron.

, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston e investigador especializado en violencia armada, explicó que el lenguaje utilizado en los expedientes médicos puede reflejar preconceptos de los profesionales de la salud y contribuir a diferencias en la atención que reciben los pacientes.

Según Jay, los prejuicios relacionados con la raza o los ingresos, y contar o no con seguro médico pueden hacer que algunas personas no reciban la atención que necesitan una vez que salen del hospital.

El profesor dijo que su investigación sugiere que el sistema sanitario trata de forma diferente a los sobrevivientes de disparos y a las víctimas de accidentes de tráfico en función de la percepción de “si la víctima no tuvo culpa alguna. Se hacían suposiciones cuando una persona recibía un disparo violento”.

“Los resultados coinciden con lo que tanto oímos de los trabajadores sociales de los hospitales que atienden a víctimas de disparos”, afirmó. “Existe un sesgo considerable. Se da por sentado que las víctimas mismas contribuyeron a su situación con un comportamiento de riesgo”.

Sus trabajos también señalan que el sistema de salud trata de manera diferente a las víctimas de heridas por arma de fuego que a las víctimas de accidentes automovilísticos por las diferentes percepciones sobre la responsabilidad que tuvieron en el hecho.

“Existe la idea de que una persona involucrada en un accidente de tránsito no tuvo la culpa”, explicó. “Pero cuando alguien recibe un disparo, algunas personas hacen suposiciones”.

Jay afirmó que los hallazgos coinciden con lo que escucha frecuentemente de trabajadores comunitarios que cuidan de víctimas de violencia armada.

“Ellos reportan la existencia de prejuicios importantes”, dijo. “Existe la suposición de que la víctima contribuyó a su propia situación mediante conductas de riesgo”.

Las notas preoperatorias del expediente médico de Bates la describían como “una agradable mujer de 39 años que sufrió múltiples heridas de bala en el abdomen, la pelvis y las extremidades después de realizar entregas para Uber Eats”.

Bates cree que el hecho de haber estado trabajando cuando fue atacada influyó en la forma en que el personal médico interpretó su historia.

“Los médicos y las enfermeras hablan de esas cosas”, dijo. “Me decían: ‘Dios mío, te emboscaron. Eso es aterrador’”.

Según Bates, el hecho de que no conociera al agresor y de que estuviera simplemente haciendo su tarea cuando ocurrió el ataque cambió la narrativa.

“Muchas veces la gente culpa a las víctimas por lo que les ocurrió”, señaló.

“Pero cuando me preguntaban qué había pasado y les contaba mi historia, veía la sorpresa en sus ojos. Era como si pensaran: ‘Dios mío, realmente estabas ocupándote de tus asuntos’”.

También cree que influyó el lugar donde ocurrió el ataque.

“No sucedió en una zona considerada peligrosa”, dijo. “Era un complejo residencial predominantemente blanco. Creo que eso me ayudó”.

“Te hacen sentir menos que un ser humano”

Antes del tiroteo, cuando contaba con seguro médico, Bates ya había recibido atención en el mismo hospital. Pero dos meses antes del ataque había perdido su empleo en el departamento jurídico de una agencia estatal y, junto con él, su cobertura de salud.

Como paciente sin seguro, dijo, la experiencia fue diferente.

“Simplemente te descartan”, afirmó. “Te hacen sentir menos que una persona”. Bates sintió que sus preocupaciones fueron ignoradas cuando expresó

que no se sentía preparada para regresar a casa después de apenas cuatro días de hospitalización.

Según relató, fue una fisioterapeuta quien logró convencer al hospital de permitirle quedarse un día más.

“Nos gustaría, como comunidad médica y como sociedad, que todos recibieran la misma atención”, dijo Brian Englum, cirujano de traumatología de la Universidad de Maryland.

“Sin importar el color de la piel o la cobertura médica, queremos que todos reciban la atención adecuada”.

Sin embargo, determinar las causas exactas de las diferencias en la atención sigue siendo complejo.

Englum se pregunta si algunos factores de esa brecha incluyen la desconfianza hacia el sistema de salud en ciertas comunidades afroamericanas y latinas, las limitaciones económicas o incluso prejuicios implícitos o explícitos de algunos profesionales de la salud.

“Recibir esa atención es lo que permite recuperar plenamente la funcionalidad”, dijo. “Y cuando no se recibe, los pacientes sufren innecesariamente”.

Aprender a sobrevivir

Ya en casa, Bates dependió de familiares para levantarse de la cama, trasladarse de un lugar a otro e incluso sentirse segura al salir a espacios públicos.

“Realmente no sabía cómo ponerme de pie, moverme o caminar”, recordó. “Tuve que aprender de nuevo, sola”.

Años después, todavía teme los ruidos fuertes porque le recuerdan el momento en que recibió los disparos.

Cada 4 de julio y cada víspera de Año Nuevo permanece dentro de casa junto a su perro para evitar el ruido de los fuegos artificiales.

“La primera víspera de Año Nuevo después de que me dispararon fue terrible”, recordó. “Cuando comenzaron los fuegos artificiales, me paralicé”. “Me tuve que sentar y me largué a llorar. Mi prima tuvo que ponerme audífonos con cancelación de ruido y música para que pudiera moverme del exterior hacia el interior de la casa”.

La recuperación tiene un precio

Bates explicó que la atención posterior al alta incluyó una visita a una clínica ortopédica para que le retiraran los puntos de sutura. Los médicos de esa clínica también habían participado en la cirugía realizada cuando ingresó al hospital.

Durante la consulta, el personal le recordó que tenía un saldo pendiente de aproximadamente $1.200 por honorarios médicos.

Además, según las facturas hospitalarias, debía alrededor de $52.000 por su tratamiento y otros $5.300 correspondientes a los servicios del anestesiólogo. En ese momento no tenía empleo.

Bates dijo que una clínica comunitaria le ofreció fisioterapia a bajo costo y que la unidad de apoyo a víctimas del Departamento de Policía de Tallahassee la ayudó a acceder a servicios de salud mental y a obtener asistencia económica a través del para víctimas de delitos.

Sin embargo, en 2021 desarrolló un quiste en la zona donde había recibido el disparo, en el pulgar derecho, lo que requirió una nueva cirugía.

Según relató, la clínica se negó a realizar el procedimiento hasta que pagara el saldo pendiente de $1.200. Finalmente, fueron sus amigos quienes reunieron el dinero necesario para saldar la deuda y permitir que se realizara la operación.

La rodilla continuó causándole problemas. “Incluso después de la fisioterapia”, dijo, “seguía sin poder sentirla completamente”.

Actualmente cuenta con un seguro médico privado que cubre sus sesiones de terapia psicológica. Sin embargo, sigue pagando de su bolsillo parte de la rehabilitación física.

“Pagas tres veces”

Bates considera injusto que las víctimas de violencia armada deban asumir los costos económicos y emocionales de algo que no provocaron.

“Es increíble que en este país otra persona pueda hacerte daño y luego seas tú quien tenga que pagar por lo que te hicieron”, reflexionó”.

La mujer opinó que las consecuencias llegan en múltiples formas. “Terminas pagando tres veces”, afirmó. “Pagas todos los días emocionalmente. Pagas con las facturas médicas. Y pagas cuando te dicen: ‘sabemos que esto no fue tu culpa, pero aun así tenemos que cobrar’”.

Metodología

The Trace y ºÚÁϳԹÏÍø News analizaron más de 20 millones de hospitalizaciones en Florida entre 2018 y 2024, utilizando datos obtenidos de la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida (Florida Agency for Health Care Administration).

Identificamos 20.255 visitas relacionadas con heridas de bala empleando la definición de caso para la vigilancia de lesiones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la cual se basa en los códigos de diagnóstico ICD-10-CM.

Limitamos el análisis a las atenciones iniciales y excluimos a los pacientes que fallecieron en el hospital o que se marcharon en contra del criterio médico. Asimismo, excluimos los casos situados en el 1% superior en cuanto a duración de la estancia hospitalaria (68 días o más) para evitar que estos valores atípicos influyeran de manera desproporcionada en los resultados.

Nuestro hallazgo principal compara la duración promedio de la estadía hospitalaria de los pacientes sin seguro con la de aquellos que cuentan con seguro privado. Seleccionamos a los pacientes con seguro privado como grupo de referencia porque muchos investigadores consideran que la duración de su atención es, en promedio, suficiente para ser eficaz, pero no excede lo médicamente necesario.

En general, las estadías hospitalarias de los pacientes sin seguro fueron, en promedio, un 25% más breves que las de los pacientes con seguro privado y un 50% más breves que las de los pacientes cubiertos por el programa Medicaid tradicional.

En la mayoría de los casos, observamos también que, dentro de un mismo hospital, los pacientes sin seguro permanecían menos tiempo ingresados que aquellos con seguro privado. Para determinar si la edad o la gravedad de la lesión explicaba la menor duración de las estancias en los pacientes sin seguro, calculamos índices de gravedad de las lesiones y ajustamos modelos de regresión para los hospitales de Florida que registran el mayor volumen de casos de heridas de bala. Comprobamos que, en casi todos los casos, la brecha se reducía ligeramente, pero no desaparecía.

La editora de datos de ºÚÁϳԹÏÍø News, Holly K. Hacker, colaboró en este artículo.

Este artículo fue producido en colaboración con The Trace, una sala de redacción sin fines de lucro dedicada a la cobertura de la violencia armada en Estados Unidos.

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Alpizar’s daughter quickly got better, but her son didn’t. José had a fever and diarrhea and was throwing up. When the shelter nurses couldn’t help, Alpizar sought out a private doctor, who prescribed antibiotics.

In mid-June, Alpizar, her partner, kids, and brother moved to , a former factory that the Mexican government had converted to house migrants waiting to cross into the U.S. Weeks later, though, a doctor said her son still hadn’t improved. “He showed me the chart again and told me it was still the same,” Alpizar said in Spanish through an interpreter while at a shopping complex near the shelter. “He is still malnourished.”

Three years ago, Mexico had few shelters for migrants making their way to the U.S. People seeking asylum, like Alpizar and her family, presented themselves to U.S. authorities and were usually either detained in American facilities or released on parole while they awaited their proceedings. In either case, they had potential access to the U.S. health care system.

But a constellation of U.S. immigration policies, of asylum seekers and refugees, and the covid-19 pandemic have transformed Mexican border towns into holding areas for people who are waiting for policies to change and are hoping to cross and head north. And despite the Biden administration’s recent efforts to unwind some of those policies, little seems likely to change in the coming months. Alpizar and her family are now among thousands of people living in dozens of recently built Juárez shelters, just a few miles from El Paso, Texas.

The wait — — has led some migrants, like Alpizar’s children, to develop health problems; exacerbated people’s chronic ailments, like hypertension or diabetes; left some in dire conditions without care; and compounded the trauma experienced by those fleeing their homes.

Under Title 42, a public health emergency order that the Trump administration first invoked in March 2020 to stop the spread of covid, Alpizar and her family are not allowed to present themselves at a border checkpoint and claim political asylum — they would be immediately expelled back to Mexico without a screening.

The policy, just one of several that have kept migrants in Mexico, is actually “counterproductive” to protecting people from covid, according to .

The Leona Vicario shelter has experienced outbreaks of and since opening in 2019. It is still considered one of the better shelters because the Mexican government runs it. Nonprofit and private shelters operate with little oversight, and their quality varies.

Some migrants sleep in the streets. In general, conditions are making people sick, and care is limited, said Gabriela Muñoz, a project manager for Las Americas Immigrant Advocacy Center in Juárez.

Alpizar decided to travel to the border from Cuernavaca, a city south of Mexico City, she said, after an attempt to kidnap her children. The same day, her brother Angel and partner, Pablo Sandoval Arce, were beaten on their way home from a job painting an apartment. She told Pablo, José’s father, that it was not a coincidence.

Alpizar reported the incidents to the local police, she said, but was told that nothing could be done. A few days later, they arrived in Juárez with money from Alpizar’s aunt in South Carolina, who had helped raise Alpizar and her brother after their mother died. Alpizar is now trying to get an exemption to Title 42 that would allow her family to file an asylum application and join her aunt until their case is heard.

Las Americas gets about 4,000 calls a day, said Crystal Sandoval, director of strategic initiatives at the El Paso center. Only about 100 draw a response. About 70% of callers need medical attention — they require immediate cancer treatment, have a condition like diabetes that is out of control, or have developed anemia. Others have been sexually assaulted or have high-risk pregnancies. The group helps 60 to 90 people a week get exemptions, which allow them to apply for asylum and wait in the U.S. for their court dates.

Immigration advocates say that not only has Title 42 done more harm to public health than good, but the rule has been applied selectively. U.S. Customs and Border Protection have stopped migrants about 1.7 million times in the current federal fiscal year, which started Oct. 1. About half of those stops resulted in an expulsion under Title 42, . About 65% of those were people from Mexico, while the vast majority of other expulsions involved people from El Salvador, Guatemala, and Honduras. In April, however, to enter the U.S.

In many ways, the Alpizar family’s medical story isn’t the most extreme. Other migrants have immediate, life-threatening needs. In 2019, after five months waiting in a shelter, — the same week officials processed her asylum request. She died from sepsis, pneumonia, and tuberculosis, .

Alpizar’s situation reflects how U.S. immigration policy has outsourced migrant care to Mexico, said , an immigration researcher at the University of Texas-El Paso, who first met Alpizar during a weekly visit to Leona Vicario.

Federal courts have delayed or blocked the Biden administration’s attempts to lift some immigration policies. In May, days before Alpizar started her journey, .

Some nonprofits, meanwhile, seek to help migrants access care during their border waits. Hope Border Institute, a Catholic nonprofit, started a fund to assist them in seeing private doctors, paying for hospital stays, filling prescriptions, and covering transportation to appointments.

When a doctor advised Alpizar to put her son on a special diet, the family initially went shopping to buy him food not available in the shelter, which houses about 600 people. Later that day, however, when they checked a refrigerator that shelter residents share, the fruit and yogurt were gone. Pablo now shops three times a week, buying only small amounts to keep his son fed.

Then, in late July, a shelter doctor diagnosed José with conjunctivitis and gave him antibiotic eyedrops. Shortly afterward, his sister, Zoe, tested positive for covid, and the family was sent to the shelter’s isolation ward.

Gastrointestinal issues, respiratory illnesses like covid, and skin conditions are common in congregate facilities, like shelters, where people are packed into tight quarters, said Dr. Julie Linton, co-chair of the American Academy of Pediatrics’ Council on Immigrant Child and Family Health. She has treated many newly arrived kids who had multiple parasitic infections because they lacked clean water or access to sanitary conditions during their journey.

José could have something even more serious, but specialty care and testing are not available to migrants, said Dr. Bert Johansson, an El Paso pediatrician who volunteers in Mexican shelters.

Or José may just need a stable place to recover.

Chronic stress suppresses the immune system, which makes infections more likely and recovery harder, Linton said. The long waits are also causing or intensifying existing trauma, said Marisa Limón, senior director for advocacy and programming at the Hope Border Institute. Mental health ailments are among the most common health conditions for people in shelters and detention centers, said Linton.

In July, Las Americas officials told Alpizar that she would have to wait at least eight to 10 weeks before learning whether her family would be granted an exemption.

Alpizar has considered crossing illegally but doesn’t have the funds. A sense of desperation has led migrants to .

The lack of legal pathways to seek asylum “makes people take more risks, in more dangerous areas,” said Eddie Canales, director of the South Texas Human Rights Center. “The border is a graveyard.”

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