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El viernes 22 de febrero, la administración Trump finalizó una reglamentación destinada a expulsar a Planned Parenthood del programa federal de planificación familiar , cumpliendo la promesa de campaña hecha a los grupos anti aborto.

Este programa proporciona anticonceptivos, pruebas de detección y tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, y otros servicios de atención primaria, a 4 millones de pacientes cada año, muchos de ellos de bajos ingresos o sin seguro de salud, en más de 4,000 clínicas. Planned Parenthood sirve a alrededor del 40% de ese número de casos.

Ninguno de los fondos provistos para los servicios del Título X se puede utilizar para abortos. Eso ha sido así desde que se creó el programa en 1970. Pero los opositores al aborto se han quejado durante décadas de que, dado que muchas afiliadas de Planned Parenthood que reciben apoyo del Título X también brindan servicios de aborto, el dinero de la planificación familiar federal se puede mezclar indebidamente con los fondos utilizados para este procedimiento.

Las borran las reglas previas del programa que requerían que las mujeres con embarazos no deseados recibieran “asesoramiento no dirigido” sobre todas las opciones, incluidos el parto, la adopción y el aborto.

Bajo las nuevas reglas, a los beneficiarios del Título X se les prohibiría referir a mujeres a servicios de aborto en casi todos los casos. Esto revertiría las reglas existentes, que requieren que se refiera a la mujer si ésta lo solicita. La consejería todavía estaría permitida, pero ya no sería un requisito.

Las nuevas reglas “asegurarán el cumplimiento y la mejora de la implementación del requisito legal de que ninguno de los fondos asignados para el Título X pueda usarse en programas donde el aborto es un método de planificación familiar”, dice el resumen ejecutivo.

Las organizaciones que aceptan fondos del Título X también tendrían que separar físicamente las instalaciones que ofrecen servicios con fondos federales de aquellas que brindan servicios de aborto.

Los grupos de proveedores de derechos de aborto y planificación familiar se apresuraron a denunciar las reglas.

“Esta regla golpea intencionalmente el corazón de la relación paciente-proveedor, insertando la ideología política en una visita de planificación familiar, lo que frustrará y finalmente desalentará a las pacientes a buscar la atención médica que necesitan”, expresó Clare Coleman, presidenta y CEO de National Family Planning & Reproductive Health Association, el grupo que representa a los destinatarios del Título X, en una declaración escrita.

“Como proveedores de atención médica, nuestro trabajo es proporcionar información precisa y basada en evidencia a nuestros pacientes”, dijo la doctora Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood Federation of America. “Pero sepa esto: Planned Parenthood siempre estará aquí para sus pacientes. Nunca dejaremos de darle información médica a nuestros pacientes, y nunca dejaremos de luchar por la capacidad de todos para acceder al derecho fundamental a la atención médica”.

Pero los enemigos del aborto han estado presionando por estos cambios.

“Agradecemos al presidente Trump por tomar una acción decisiva para separar a los contribuyentes de la gran industria del aborto liderada por Planned Parenthood”, dijo Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo anti aborto Susan B. Anthony List. “El programa del Título X no tenía la intención de ser un fondo para las empresas de abortos”.

Retirar fondos a Planned Parenthood ha sido un objetivo que el movimiento contra el aborto persiguió durante décadas. Los republicanos pensaron que podían hacer que el grupo no fuera elegible para brindar atención a los pacientes de Medicaid en una parte de su proyecto de ley, que no se aprobó, cuando intentaron rediseñar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio en 2017. Las disposiciones de Planned Parenthood se eliminaron de la ley bajo las reglas del Senado incluso antes que la medida se derrumbara.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, prometió presentar una demanda contra la nueva regulación, diciendo que es “peligrosa e innecesaria”. Sin embargo, la Corte Suprema confirmó un emitidas por el gobierno del presidente Ronald Reagan en 1987.

Las reglas entrarán en vigencia por etapas, a partir de los 60 días posteriores a su publicación en el Registro Federal. La parte que requiere la separación física y financiera no entrará en vigencia hasta dentro de un año.