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Un lunes reciente Sandy Guzman, una trabajadora comunitaria de salud en una zona rural de Oregon, condujo hasta una pequeña ciudad llamada The Dalles para visitar a una paciente de alrededor de 60 años.

La mujer vive sola y “realmente batalla mucho contra el aislamiento social”, explicó Guzman. Después de una caída grave y una cirugía posterior, usa silla de ruedas. Ella le comentó que le gustaría ir a servicios religiosos en una iglesia cercana, pero que no tenía cómo llegar y no quería resultar “una molestia”.

“Llamamos al pastor para ver si había alguien que pudiera recogerla los domingos”, contó Guzman. Y sí, había.

Al día siguiente, Guzman visitó a otra mujer con insuficiencia cardíaca que necesita oxígeno constantemente. La paciente vive en “una vivienda no muy adecuada, sin cocina”, y dispone solo de un calentador eléctrico para proporcionar calefacción.

“Estábamos tratando de averiguar si califica para vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUB, por sus siglas en inglés) o para una residencia asistida”, dijo Guzman. “Pasamos mucho tiempo revisando las opciones y elaboramos un plan”.

La agenda del miércoles incluyó un viaje de 20 millas hasta Hood River para ver a una mujer de 81 años cuya pareja por casi cuatro décadas está luchando contra un cáncer grave. Guzman, que habla con ella en español, la encontró angustiada ante la posibilidad de perderlo.

Guzman había logrado que la mujer empezara a ver a una terapeuta que la ayudara a atravesar la crisis, algo nada fácil de conseguir. Pero en esa visita “solo le pasé pañuelos y traté de ofrecer palabras de consuelo”, contó. “La verdad, a veces lo mejor es simplemente sentarse y escuchar”.

Un trabajador comunitario de salud, según la (APHA, por sus siglas en inglés), es un “miembro de confianza” de una comunidad local o alguien que tiene “un conocimiento inusualmente profundo” de la misma, lo que le permite actuar como intermediario entre los pacientes y el sistema de salud.

Estos trabajadores existen desde la década de 1960, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos. Hoy, su número está creciendo. La Oficina de Estadísticas Laborales , aunque la Asociación Nacional de Trabajadores Comunitarios de Salud asegura que el número seguramente es muy superior.

Esto refleja en parte la dificultad de contabilizar a esos trabajadores, que reciben diversos nombres —educadores de salud comunitarios, especialistas en divulgación, promotores de salud— y que operan bajo distintas normativas estatales, a veces sin necesidad de licencia ni certificación.

Lo que tienen en común es que “hablan como las personas con las que trabajan”, dijo Sam Cotton, responsable del plan de estudios de varios programas de este tipo en la Universidad de Louisville, en Kentucky.

“Con la escasez de profesionales de salud y el envejecimiento de la población, hay un gran impulso para esto”, aseguró.

En Oregon, por ejemplo, cinco clínicas rurales emplean trabajadores comunitarios de salud, que obtienen certificación estatal después de completar 90 horas de capacitación en línea, a través de un programa llamado Connected Care for Older Adults. Una sexta clínica que emplea a un trabajador comunitario de salud opera en el vecino estado de Washington.

Los pacientes más frágiles están enfrentando muchas dificultades. “Como no pueden conducir, no pueden ir al supermercado a hacer las compras”, dijo la doctora Elizabeth Eckstrom, jefa de geriatría de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, quien ayudó a supervisar el inicio del programa en 2022. “Tampoco están tomando sus medicamentos, ya sea por razones cognitivas o porque no pueden llegar hasta la farmacia”.

Pocos han completado una directiva anticipada, donde se especifica el tipo de atención que desean —o no— recibir si sufren una crisis de salud.

Los trabajadores comunitarios de salud de Connected Care se ocupan de muchos problemas que no son exactamente de salud, desde instalar rampas para silla de ruedas hasta ayudar a los pacientes a solicitar beneficios de alimentación y vivienda. Se les asignan 90 días para trabajar con cada paciente, normalmente mediante visitas a domicilio.

También ayudan a coordinar citas de seguimiento médico. Realizan evaluaciones cognitivas y de salud mental, y vigilan el uso excesivo de medicamentos, registrando sus observaciones en las historias clínicas electrónicas de los pacientes.

“Es como ser los ojos y los oídos de los médicos, para saber lo que ocurre fuera de los 20 minutos que pueden dedicarles a los pacientes”, señaló Guzman, cuyo trabajo abarca desde encargar una alfombra para la bañera hasta denunciar posibles casos de abuso financiero.

En sobre pacientes de Connected Care (edad promedio: 77 años), un subgrupo mostró reducciones importantes en visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones entre quienes recibieron ayuda de trabajadores comunitarios de salud.

Una investigación más exhaustiva, aún no publicada, respalda ese hallazgo, explicó Eckstrom.

“Las visitas a emergencias cuestan miles de dólares y las hospitalizaciones, decenas de miles”, señaló. El costo por paciente del programa de 90 días es de $1.500. Sus trabajadores ganan $25 por hora, un salario bastante habitual, y reciben todos los beneficios laborales.

La doctora Manali Patel, oncóloga de la Universidad de Stanford, encontró para pacientes mayores con cáncer avanzado en un ensayo clínico en el Sistema de Atención Médica para Veteranos de Palo Alto.

“Muchas personas morían en la unidad de cuidados intensivos”, recordó. “Si les hubiéramos preguntado, probablemente habrían preferido estar en casa”. Agregó que los oncólogos “son notoriamente malos para entablar esas conversaciones y documentarlas”.

Pero cuando un trabajador de salud no profesional llamaba periódicamente a los pacientes para ayudarlos a conocer sus opciones, discutir sus preferencias con el equipo médico y presentar directivas anticipadas, los resultados —publicados en JAMA Oncology en 2018— fueron “muy espectaculares”, dijo Patel.

Más del 90% de los veteranos participantes tenían sus metas documentadas en sus expedientes, comparado con menos del 20% en el grupo de control. Los pacientes atendidos por ese trabajador tuvieron significativamente menos visitas a emergencias y hospitalizaciones, y fueron más propensos a inscribirse en cuidados paliativos.

Patel y sus colegas siguieron documentando los beneficios que aportan los trabajadores de salud no profesionales —usaron ese término— cuando asumían otras tareas en distintos entornos.

En clínicas oncológicas de Arizona y California, por ejemplo, dos trabajadores de salud no profesionales, que eran bilingües, hacían a pacientes con cáncer mayores de 75 años para evaluar síntomas como dolor, náuseas, dificultad para respirar y depresión.

Que alertaran a los equipos médicos sobre los problemas de estos pacientes redujo sustancialmente las visitas a las salas de emergencia y las hospitalizaciones. El ahorro promedio fue de $12.000 por paciente.

“Esta intervención de baja tecnología, basada en el contacto humano, produjo enormes beneficios”, dijo que acompañó ese estudio en la revista médica JAMA.

“Los trabajadores comunitarios de salud deberían formar parte de todos los equipos médicos”, sostuvo Eckstrom. “Apoyan al paciente de maneras que el sistema médico simplemente no puede, por más que lo intente”.

Sin embargo, un obstáculo para ampliar su uso es el financiamiento inestable.

En 2024, Medicare comenzó a cubrir algunos servicios de trabajadores de salud comunitarios, pero no todos. (Por ejemplo, no se reembolsan los costos de manejar 30 millas hasta hogares remotos). La cobertura de Medicaid es fragmentada; en algunos estados se paga algunos servicios y en otros no.

“Muchos puestos de trabajadores comunitarios de salud dependen de subvenciones de corto plazo”, dijo Neena Schultz, directora de la Asociación Nacional de Trabajadores Comunitarios de Salud. “Cómo mantener funcionando esos programas es algo de lo que hablamos todos los días”.

La asociación y otros defensores presionan para obtener más financiamiento estatal y federal. El nuevo distribuirá $10.000 millones al año e incluirá algunos fondos para programas con estos trabajadores, pero los recortes a los presupuestos estatales de Medicaid podrían más que compensar esas ganancias.

Sin embargo, las subvenciones que financian Connected Care for Older Adults continúan. Guzman, empleada de la clínica sin fines de lucro One Community Health, sigue haciendo sus rondas.

Una victoria reciente: un paciente que acababa de enviudar, de unos 60 años, estaba pasando dificultades económicas sin el ingreso de su esposa, perdió su vivienda y estaba durmiendo en su camioneta.

A través de otro paciente, Guzman se enteró de que el dueño de una casa rodante sin usar estaba dispuesto a donarla. El viudo ahora vive cómodamente en un parque de casas móviles.

Cuando estás en la casa de un paciente, “hay una sensación de confianza, de tranquilidad”, contó Guzman. “Se sienten más seguros hablando de las cosas. No tienen prisa. Se construye una relación y sienten que tienen a alguien que aboga por ellos”.

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