Paris Hilton, heredera de la cadena hotelera y celebrity, está respaldando el impulso de legisladores de California para aumentar la transparencia de los centros terapéuticos residenciales para adolescentes, al exigir que estos programas informen sobre el uso de restricciones o salas de aislamiento en la disciplina de menores.
“No deberíamos estar poniendo a los jóvenes en instalaciones sin saber a qué serán sometidos”, declaró Hilton el lunes 15 de abril, ante el Comité de Servicios Humanos del Senado en Sacramento. “La Ley de Responsabilidad en el Tratamiento de Niños es una medida simple de transparencia que tendría un impacto duradero y mostraría al mundo lo que realmente sucede a puertas cerradas”.
Hilton, de 43 años, se ha convertido en una defensora de alto perfil para poner fin a lo que describe como la , que promete rehabilitar a adolescentes con problemas de adicciones, afecciones mentales y comportamientos difíciles.
Estos programas no tienen supervisión federal y por disturbios, agresiones e incluso muertes de menores, lo que ha generado una resistencia para proteger los derechos de los jóvenes.
Después de lanzar detallando el abuso que sufrió mientras asistía a la Escuela Provo Canyon en Provo, Utah, como adolescente, Hilton , ayudando a que que fortalece la inspección y supervisión de la industria. Defensores han logrado aprobar leyes relacionadas en , , Montana y .
El año pasado, Hilton estuvo en Washington, DC, para abogar por el , que establecería mejores prácticas y transparencia en los programas de atención residencial para jóvenes. Pero los esfuerzos nacionales han fracasado durante y la última propuesta ha estado estancada durante un año.
Ahora, Hilton y otros están enfocados en el estado más poblado como una oportunidad para el cambio.
El es una iniciativa bipartidista del senador estatal republicano Shannon Grove y también fue redactado por las senadoras demócratas Aisha Wahab y Angelique Ashby.
El proyecto de ley tiene como objetivo proteger a los jóvenes alojados en programas terapéuticos residenciales de corto plazo con licencia del Departamento de Servicios Sociales de California, exigiendo a la agencia que produzca un panel de control público para 2026 sobre el uso de restricciones y salas de aislamiento, y cuando resulte en lesiones graves o muerte. También requeriría que se notifique a los padres adoptivos y tutores cuando se utilicen restricciones y salas de aislamiento en menores.
“Hay quejas de brazos rotos, manos golpeadas contra puertas”, dijo Grove, quien señaló que estas instalaciones suelen albergar a poblaciones vulnerables, incluidos los jóvenes adoptivos. “No hay datos que muestren qué sucedió y qué causó eso. Por lo tanto, el objetivo es obtener esos datos”.
No hubo oposición formal. La National Association of Therapeutic Schools and Programs, la mayor organización miembro de este tipo en la nación, le dijo a ϳԹ News que apoya el proyecto de ley de California.
Durante la audiencia del lunes, Hilton compartió que mientras estaba alojada en instalaciones en California, Utah y Montana, fue sometida a abusos disfrazados de terapia. Dijo que si intentaba contarle a sus padres sobre el abuso, el personal de la instalación le arrancaría el teléfono de la mano, la restringiría y la obligaría a estar en confinamiento solitario.
“Cuando cierro los ojos por la noche, todavía tengo pesadillas sobre el confinamiento solitario 20 años después”, dijo Hilton. “Los sonidos de mis compañeros gritando mientras se los restringía físicamente por numerosos miembros del personal y se les inyectaban sedantes tampoco me abandonarán nunca”.
Zoe Schreiber, otra sobreviviente, dijo que fue enviada a una instalación en Utah a los 13 años, donde fue restringida boca abajo en el barro por seis adultos durante horas bajo la lluvia. Schreiber describió haber tolerado el aislamiento, el trabajo duro y la humillación durante cuatro años.
La senadora estatal demócrata Marie Alvarado-Gil, quien preside el Comité de Servicios Humanos, dijo que había trabajado en estas instalaciones de tratamiento residencial y que había notado que el personal a menudo no tenía una capacitación adecuada.
“No creo que todos sean malos, pero sí creo que los que son malos, que impactan el trauma de nuestros niños, que no están regulados, que no tienen estructura, que no tienen programación basada en evidencia, me pregunto cómo se permite eso aquí en California”, dijo Alvarado-Gil.
Wahab dijo que es importante que California actúe ante la ausencia de un proyecto de ley federal. California promulgó para evitar que el estado envíe niños adoptivos a instalaciones fuera del estado.
“Espero que hagamos justicia con los niños aquí”, dijo Wahab.
El Comité de Servicios Humanos del Senado aprobó el SB 1043 con una votación de 5-0. El proyecto de ley ahora pasa al Comité de Apropiaciones.
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La llevaron a un hospital en Clovis, una ciudad del condado de Fresno, cerca de donde viven los Reisz. Pero por la gravedad de las lesiones (Megan tenía cuatro costillas rotas y un pulmón parcialmente colapsado) los médicos decidieron trasladarla 12 millas en ambulancia hasta el centro de traumatología Nivel I del Centro Médico Regional Comunitario en Fresno.
Mientras Megan todavía se recuperaba de las lesiones en su hogar, recibió una factura de $2,400 de la compañía de ambulancias, después que el plan de salud familiar pagara casi $2,200.
“Cuando recibimos la factura, pensé que nuestra aseguradora estaba procesando el reclamo incorrectamente”, dijo Jennifer Reisz. Reisz, quien es abogada, dice que pasó horas hablando por teléfono con el plan de salud, la compañía de ambulancias y algunos defensores del consumidor.
Se enteró que la compañía de ambulancias no estaba en la red de su plan médico, y que se le permitía facturar a los pacientes cualquier parte no cubierta de sus cargos, una práctica conocida como facturación de saldo.
A partir del 1 de enero de 2024, los operadores de ambulancias terrestres ya no podrán llevar a cabo esta práctica, gracias a firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom. California es el que brinda cierta protección contra la facturación de saldo por viajes en ambulancia terrestre.
A nivel federal, un comité asesor establecido por el , está trabajando en un plan para .
Tanto la ley federal, que entró en vigencia en 2022, como una ley de California anterior prohibieron en gran medida la facturación del saldo de la atención hospitalaria y los servicios de ambulancia aérea, pero no los de ambulancias terrestres.
Y eso no es justo, ya que en una emergencia médica los pacientes no tienen control sobre qué compañía de ambulancias responde, si está dentro de la red, o cuánto cobrará.
En California, casi de los traslados de emergencia en ambulancia terrestre generan facturas fuera de la red. La factura sorpresa promedio por un viaje en ambulancia terrestre en California es de $1,209, la más alta del país, según .
La nueva ley, que se aplica a alrededor de inscritos en planes de salud comerciales regulados por el estado, limita cuánto un operador de ambulancia fuera de la red puede cobrar a los pacientes con respecto al monto que pagarían por una ambulancia dentro de la red.
La ley también limita las facturas de las personas sin seguro, estipulando que no se les puede cobrar más que la tarifa de Medi-Cal o Medicare, la que sea mayor. (Medi-Cal es el programa de Medicaid de California, que brinda cobertura a personas con bajos ingresos o con ciertas discapacidades). Y prohíbe a los operadores de ambulancias y cobradores de deudas reportar a los pacientes a una agencia de calificación crediticia o emprender acciones legales contra ellos durante al menos 12 meses después de la factura inicial.
Según la ley actual, las personas en peligro a veces se niegan a llamar a una ambulancia por temor a una factura enorme, lo que podría[BW1] [BW2] ponerlos a ellos mismos o a un ser querido en riesgo, dijo Katie Van Deynze, defensora legislativa y de políticas de Health Access California, que patrocinó la legislación. Afirma que con la nueva ley “tendrán tranquilidad”.
Las leyes existentes ya protegen a los beneficiarios de Medicare y Medi-Cal de facturas sorpresa por el uso de ambulancias terrestres. La nueva ley no cubre a los casi 6 millones de californianos inscritos en el subconjunto de planes de salud patrocinados por empleadores que están regulados a nivel federal.
El comité asesor que trabaja en una solución federal acordó la primera semana de noviembre propuestas no vinculantes que prohibirían, entre otras cosas, la facturación de saldo para la gran mayoría de los viajes en ambulancia y limitarían la responsabilidad financiera de los pacientes a $100. El comité planea informar formalmente sus recomendaciones al Congreso a principios del próximo año para una potencial legislación.
Según la nueva ley de California, los pacientes pueden esperar ahorrar un promedio de casi $1,100 por viaje en ambulancia de emergencia y más de $800 por viaje que no sea de emergencia durante el primer año, según realizado a principios de este año.
Los planes de salud deberán pagar a los operadores de ambulancias las tarifas establecidas por las autoridades del condado, lo que según el estudio aumentaría la cantidad promedio que pagan las aseguradoras por viaje en alrededor de $2,000.
Dado que los viajes en ambulancia representan un pequeño porcentaje del gasto general de los planes de salud, esos aumentos no deberían elevar mucho las primas.
Pero, con el tiempo, las autoridades locales podrían verse tentadas a aumentar las tarifas de las ambulancias para aumentar los ingresos de los operadores de ambulancias públicos, como los departamentos de bomberos, dijo Loren Adler, director asociado de la Iniciativa Brookings Schaeffer sobre Políticas de Salud. Eso podría impulsar a los planes de salud a aumentar los copagos de las ambulancias, eliminando algunos de los ahorros para los consumidores derivados de la nueva ley, apuntó Adler.
Jenn Engstrom, directora de CalPIRG, un grupo de defensa que ayudó a impulsar la ley a través de la legislatura, señaló que habrá responsabilidad incorporada, ya que la legislación requiere informes públicos sobre las tarifas de las ambulancias. “Si notamos que las cosas empiezan a dispararse, será necesaria una acción legislativa o una acción local”, dice Engstrom.
Reisz dijo que la compañía de ambulancias que transportó a su hija canceló la factura después que ella dejara en claro que no tenía intención de pagarla, y después que su plan de salud amortiguó el gasto un poco más. Pero, como señala, no todas las personas son abogadas expertas en defender su causa.
Incluso si no eres un maestro de la retórica, puedes tomar medidas sencillas para protegerte contra errores o contra operadores de ambulancias que ignoren la nueva ley.
Revisa tu póliza para conocer tu deducible y cualquier copago o coseguro en caso de que alguna vez necesites una ambulancia. Si recibes una factura por un traslado en ambulancia, no la pagues de inmediato. Consulta la explicación de beneficios de tu aseguradora para asegurarte que lo que [BW3] dice que debes coincida con lo que crees que debería ser el monto de tu costo compartido. Si la factura es más alta, es posible que la compañía de ambulancias esté intentando engañar. Llama a la compañía de ambulancias y diles que deben reducir la factura. Si no lo hacen, presenta una queja ante tu plan de salud e incluye una copia de la factura.
Si no estás de acuerdo con la decisión de tu plan, o el plan tarda más de 30 días en responder, lleva tu queja al regulador.
La nueva ley exige que tu aseguradora te informe si tu plan de salud está regulado por el estado y, por lo tanto, sujeto al estatuto. Si es así, es probable que el regulador sea el Departamento de Atención Médica Administrada.
Puedes comunicarte con esa agencia en línea (www.healthhelp.ca.gov) o por teléfono al 1-888-466-2219. Si tu plan de salud está regulado por el Departamento de Seguros, puedes presentar (www.insurance.ca.gov) o llamar al 1-800-927-4357.
Otro buen recurso es , que ofrece asistencia legal gratuita en varios idiomas. Llama al 1-888-804-3536.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1770354&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>El gobernador demócrata Gavin Newsom firmó un para prohibir que los forenses, doctores, y examinadores médicos incluyeran el síndrome de “delirio excitado” (o agitado) en certificados de defunción o informes de autopsias.
Las autoridades no podrán utilizar el término para describir el comportamiento de una persona en sus informes, y en tribunales civiles no se permitirán testimonios que se refieran al síndrome. La ley entrará en vigencia en enero.
El término “delirio excitado” ha existido durante décadas, pero se ha estado utilizando cada vez más en los últimos 15 años para explicar casos de muerte súbita en personas bajo custodia policial que experimentan una gran agitación física y mental. El diagnóstico se ha citado como defensa legal en las muertes de George Floyd en 2020 en Minneapolis; Daniel Prude en Rochester, Nueva York; y Angelo Quinto en Antioch, California, entre otros.
“Este es un momento decisivo en California y en todo el país”, dijo Joanna Naples-Mitchell, abogada para la organización , con sede en Nueva York, y coautora de un sobre el uso del diagnóstico.
“En una demanda de muerte por negligencia, la mención del síndrome de delirio agitado es un gran obstáculo para que la familia obtenga justicia si la víctima fue asesinada por la policía”, dijo Naples-Mitchell. “Ahora les resultará básicamente imposible dar testimonios sobre el síndrome en California”.
Aunque la nueva ley convierte a California en el primer estado que ya no reconoce el síndrome de “delirio excitado” como diagnóstico médico, varias asociaciones médicas nacionales ya lo habían desacreditado.
Desde 2020, tanto la como la han refutado la validez del síndrome como afección médica, señalando que el término se ha utilizado desproporcionadamente para hablar de hombres negros bajo custodia policial.
Este año, la Asociación Nacional de Examinadores Médicos como causa de muerte, y se espera que el Colegio Americano de Médicos de Emergencias vote este mes sobre el tema.
En 2009, la organización publicó un documento en el cual apoya el diagnóstico de “delirio excitado”, argumentando que las personas que están sufriendo una crisis mental, a menudo bajo los efectos de drogas o alcohol, pueden presentar una fuerza sobrehumana cuando la policía trata de controlarlos, y luego morir a causa de este síndrome.
En el caso de Quinto, su madre, Cassandra Quinto-Collins, había llamado a la policía de Antioch dos días antes de Navidad porque su hijo estaba pasando por una crisis de salud mental. Dijo que cuando llegaron, ella ya lo había tranquilizado, pero aún así la policía mantuvo a su hijo de 30 años en el suelo hasta que se desmayó.
En un video desgarrador tomado por Quinto-Collins, que se transmitió en todo el país después de su muerte, ella le preguntaba a la policía qué estaba pasando, mientras su hijo yacía en el suelo inconsciente, con las manos esposadas a la espalda. Angelo Quinto murió tres días después en el hospital.
La oficina forense del condado de Contra Costa, parte del departamento del sheriff, atribuyó la muerte de Quinto al “delirio excitado”. La familia Quinto presentó una demanda por muerte por negligencia contra el condado y busca cambiar la causa de muerte en su certificado de defunción.
Quinto-Collins también testificó a favor del proyecto de ley AB 360, presentado por el asambleísta estatal demócrata Mike Gipson. El proyecto fue aprobado por la legislatura con apoyo bipartidista. Ninguna organización se opuso formalmente a la medida, ni siquiera la Asociación de Jefes de Policía de California, cuyo director ejecutivo se negó a hacer comentarios.
“Hay mucho más trabajo por hacer, pero esto pone en evidencia la corrupción y las cosas que hemos permitido que sucedan ante nuestras narices”, dijo Robert Collins, el padrastro de Quinto. “El hecho de que California haya prohibido el diagnóstico es realmente revelador”.
Parte del problema con el diagnóstico de síndrome de “delirio excitado” es que el delirio es un síntoma de una afección subyacente, dicen los profesionales médicos. Por ejemplo, el delirio puede ser un síntoma de la vejez, de la hospitalización, de una cirugía importante, de la adicción, de medicamentos o de infecciones, dijo Sarah Slocum, psiquiatra de Exeter, New Hampshire, y coautora de una publicada en 2022.
“No pondríamos ‘fiebre’ simplemente en un certificado de defunción”, dijo Slocum. “Por lo tanto, es difícil identificar ‘delirio agitado’ como causa de muerte cuando hay algo subyacente que lo impulsa”.
En California, algunas entidades ya habían restringido el uso del término, como el , que prohíbe hablar de “delirio excitado” en sus informes escritos y en su manual.
Pero estos cambios confrontan décadas de condicionamiento entre las fuerzas del orden y el personal médico de emergencia, a quienes se les ha enseñado que el “delirio excitado” es real y se les ha capacitado sobre cómo actuar cuando sospechan que una persona lo padece.
“Tiene que haber un entrenamiento nuevo y sistemático”, dijo Abdul Nasser Rad, director de investigación y datos de , un grupo sin fines de lucro enfocado en la reforma de la justicia penal que ayudó a redactar la ley de California. “Existe una verdadera preocupación sobre cómo se está capacitando a la policía y a los profesionales de emergencias sobre este tema”.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1760559&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>El primer proyecto de ley, el , está diseñado para transformar la Ley de Servicios de Salud Mental del estado en la Ley de Servicios de Salud Conductual, al utilizar un impuesto existente a los millonarios para tratar a los enfermos mentales más graves y aumentar los programas para los trastornos por consumo de drogas.
La segunda, la , autoriza al estado a emitir bonos por valor de $6,380 millones para construir más viviendas para personas sin hogar y camas para tratamiento para los más necesitados.
Newsom pedirá ahora a los votantes que aprueben los cambios en las boletas de las primarias de marzo.
“Esta reforma aportará la tan necesaria rendición de cuentas que actualmente falta a nivel local y estatal, una mayor transparencia y visibilidad en todo el sistema de salud mental y tratamiento de adicciones, y un enfoque modernizado para hacer frente a las crisis actuales”, dijo Newsom en un comunicado.
Según un realizado en junio por la Universidad de California-San Francisco, más de 171,000 californianos sufren diariamente la falta de vivienda, lo que representa el 30% de la población sin hogar del país.
La mayoría de los participantes en el estudio declaró haber padecido a lo largo de su vida problemas de salud mental y de consumo de drogas; el 82% dijo haber sufrido algún trastorno mental grave en algún momento de su vida, y casi dos tercios indicó haber usado drogas ilícitas o haber bebido en exceso.
La ley de salud mental fue aprobada como Proposición 63 por los votantes en 2004 e imponía un impuesto del 1% sobre los ingresos superiores a un millón de dólares, conocido como el “impuesto de los millonarios”. Ese dinero pasaba del estado a los condados para su uso en , entre ellas el apoyo comunitario, la prevención y las instalaciones. La financiación cambia año a año, pero el impuesto generó $3,300 millones en el año fiscal 2022-23, según la Oficina del Analista Legislativo, que no es partidista.
Sin embargo, el programa ha sido criticado a lo largo de los años por no cumplir su promesa inicial. El año pasado, Los Angeles Times, incluidos los cambios en los ingresos, la subfinanciación constante de los programas sociales y de salud mental, la tensión entre los funcionarios estatales y del condado, y la escasez de médicos de salud mental.
Newsom prometió que la recién rebautizada Ley de Servicios de Salud Mental construiría 10,000 nuevas camas y viviendas para personas sin hogar con necesidades de salud mental. También se centraría en diversificar la mano de obra y mejorar la rendición de cuentas —mediante un seguimiento más detallado de los resultados—, para que el gobierno pueda saber qué funciona y qué no.
Sin embargo, los condados que administran este dinero a nivel local han expresado su preocupación. En una carta de la Asociación de Condados del Estado de California y otras organizaciones que representan los intereses de los gobiernos locales, expresaron el temor de que la propuesta de Newsom diera lugar a que los condados recibieran muchos menos fondos para servicios básicos, poca protección frente a la fluctuación de los fondos y menos flexibilidad en el gasto.
La oficina del gobernador hizo hincapié en que los nuevos requisitos siguen siendo flexibles.
La asambleísta Jacqui Irwin (demócrata de Thousand Oaks), autora principal del proyecto de ley de bonos y presidenta durante siete años de la Comisión de Asuntos Militares y de Veteranos, está especialmente orgullosa de una disposición que reservará $1,070 millones a viviendas para veteranos. California tiene el mayor número de veteranos sin hogar —el 31% de la población de veteranos sin hogar del país—, según del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.
“Sacar de las calles a los veteranos sin hogar ha sido durante mucho tiempo una prioridad para California, pero conseguir que algunos de nuestros veteranos más vulnerables reciban el tratamiento necesario para los problemas de salud conductual será transformador”, dijo Irwin.
La senadora estatal Susan Talamantes Eggman (demócrata de Stockton), quien es coautora del proyecto de ley de bonos, y fue la autora principal del otro proyecto de ley, dijo que estas propuestas legislativas son fundamentales para la continuidad de la asistencia que provee el estado. “Juntos construirán viviendas, reasignarán los recursos a los más necesitados y proporcionarán una verdadera red de seguridad para evitar que muchas personas caigan en las fisuras que vemos hoy en día”, afirmó.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1753519&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>La medida, aprobada por legisladores estatales el jueves 14 de septiembre, último día de la sesión legislativa de este año, introduciría gradualmente el aumento salarial en hospitales, residencias de adultos mayores y otros proveedores de servicios médicos y psiquiátricos. El proyecto de ley se dirige ahora a la mesa del gobernador.
Izzy Gordon, vocero del gobernador demócrata Gavin Newsom, dijo que el mandatario evaluará el proyecto de ley antes del 14 de octubre, fecha límite para actuar sobre la legislación.
aumentaría el pago mínimo por hora en los grandes centros de salud y clínicas de diálisis a $23 el próximo año, $24 en 2025, y $25 en 2026. Aumentaría los salarios por hora en las clínicas comunitarias a por lo menos $21 en 2024, $22 en 2026 y $25 en 2027.
En el resto de los centros de salud, los trabajadores pasarían a cobrar al menos $21 la hora en 2024, $23 en 2026 y $25 en 2028.
El acuerdo “logra un importante equilibrio entre el apoyo a los trabajadores, la protección de los puestos de trabajo y el acceso a la atención en algunas de nuestras comunidades más vulnerables”, expresó Carmela Coyle, presidenta y CEO de la Asociación de Hospitales de California, en un comunicado. “El proyecto de ley crea una vía para mejorar los ingresos de nuestros trabajadores de salud con salarios más bajos, al tiempo que reconoce las necesidades de los hospitales con más problemas de nuestro estado”, agregó.
El acuerdo es una importante victoria sindical en el contexto de lo que se ha denominado un “verano laboral caliente”, con , y los .
Miles de . Los sindicatos también consiguieron un para los trabajadores del sector de comida rápida de California, un aumento significativo del salario mínimo actual de $15,50 en todo el estado.
Líderes sindicales afirman que los trabajadores de salud con menos ingresos, como los auxiliares de enfermería, asistentes y trabajadores del servicio de comidas —muchos de ellos pertenecientes a minorías raciales— necesitan el dinero adicional para poder salir adelante. “La atención de salud en California será más accesible y equitativa porque los trabajadores y los proveedores se unieron para defender la salud de los pacientes”, señaló Tia Orr, directora ejecutiva del sindicato SEIU California.
La introducción progresiva sería más lenta en los hospitales con un alto porcentaje de pacientes cubiertos por Medicare o Medicaid, en los hospitales rurales independientes y en los pequeños centros de los condados. Allí, el salario mínimo por hora pasaría a $18 el año que viene, para luego aumentar anualmente un 3,5% hasta alcanzar los $25 en 2033.
Posteriormente, en todos los centros, el salario mínimo de $25 se incrementaría anualmente para seguir el ritmo de la inflación. Sin embargo, el proyecto de ley permite a los centros de salud solicitar una pausa temporal o una introducción progresiva más lenta si pueden demostrar a los funcionarios estatales que proporcionar el salario mínimo exigido “pondría en cuestión la viabilidad del centro de salud como empresa”.
La senadora estatal María Elena Durazo, la demócrata de Los Angeles que presentó el proyecto de ley, lo calificó de “primera inversión histórica del país en nuestros trabajadores de salud”. La medida “es un paso fundamental para garantizar que estamos abordando la escasez de personal”, afirmó antes de que el proyecto de ley recibiera la aprobación final, a última hora del jueves 14, en el Senado.
Como parte del acuerdo, en un memorando de entendimiento separado, el sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU) abandonaría su intento de a las clínicas de diálisis a través de la legislación y en las urnas. Los votantes derrotaron las tres iniciativas electorales, la última el año pasado, pero la lucha ha costado al sector de la diálisis .
Jaycob Bytel, vocero del Consejo de Diálisis de California, anunció en un comunicado que el acuerdo “protege a los pacientes de las continuas amenazas en las urnas y en la legislatura”. Prohíbe durante cuatro años cualquier legislación o medida electoral estatal o local por parte del SEIU o del sector de la diálisis.
El sindicato ha presionado para que se aumenten los salarios en varias ciudades de California. Pero el acuerdo prohíbe a los gobiernos locales exigir salarios mínimos locales más altos para los trabajadores de salud durante 10 años, hasta 2034. Los gobiernos locales podrían establecer salarios mínimos locales más altos, pero deben incluir a todos los trabajadores.
El proyecto de ley original fue aprobado por el Senado en mayo en una votación ajustada y en medio de la estridente oposición de los empresarios, que dijeron que no podían permitírselo. La Cámara de Comercio de California incluyó la propuesta en su lista anual de , una designación que a menudo basta para acabar con una legislación controversial.
La coalición , que incluía a hospitales, médicos y grupos empresariales y de contribuyentes, había dicho que el proyecto de ley costaría $8,000 millones anuales, poniendo en peligro los servicios y provocando un aumento de las primas y de los costos para los gobiernos estatales y locales.
Los republicanos, que se opusieron al proyecto de ley, se hicieron eco de estos argumentos y afirmaron que los aumentos perjudicarán a los centros de salud rurales. “Los hospitales dejarán de prestar servicio y las clínicas rurales se verán gravemente afectadas y probablemente quebrarán”, advirtió el senador estatal Brian Dahle, un republicano que representa a las zonas rurales del norte de California.
Entre los detractores del proyecto de ley figura también la California Nurses Association, que declaró que podría obligar a las empresas a reducir los salarios de enfermeros y enfermeras. Hace un año, la asociación contribuyó a echar por tierra la propuesta de un salario mínimo de $25 por hora para los trabajadores de salud. Esa iniciativa fracasó en parte porque estaba vinculada a un retraso en las mejoras de seguridad antisísmica en los hospitales.
El Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley calcula que el aumento incrementaría los salarios de más de . El centro estima que beneficiaría más a los trabajadores de color, que representan el 70% de esos empleados, y a las mujeres, que representan alrededor de tres cuartas partes.
El aumento ayudaría a un 40% de los trabajadores de salud de California, que ganaría un promedio de $10,352 más al año y reduciría su dependencia de Medi-Cal, ahorrando entre $181 millones y $363 millones en el segundo año del aumento salarial, según un análisis legislativo.
El mismo análisis apunta que la estimación de costos por $8,000 millones, realizada por los opositores, es exagerada porque no incluye los miles de millones de ayuda estatal a los hospitales.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1753492&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Pero eso cambió en mayo, cuando California amplió Medi-Cal, su programa de Medicaid para personas de bajos ingresos, a adultos de 50 años en adelante, independientemente de su estatus migratorio. El problema fue que Embriz no se dio cuenta que podía ser elegible hasta que fue a una reunión comunitaria en San Francisco.
“Escuché que estaban dando Medi-Cal a las personas mayores de 50 años, pero no sabía que no tenías que estar” en el país legalmente, dijo Embriz, quien está esperando que se procese su solicitud. “Gracias a Dios no he tenido emergencias”.
Hasta octubre, el mes más reciente para el que hay disponibles datos, más de 300,000 adultos mayores inmigrantes que no tienen residencia legal , un 30% más que la proyección original del estado.
Funcionarios estatales de salud, que habían basado su estimación en el número de personas inscritas en una forma limitada de Medi-Cal que cubre solo servicios médicos de emergencia, no saben cuántos californianos mayores adicionales son elegibles, dijo Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado.
Ahora, algunos condados han contratado a un pequeño ejército de trabajadores comunitarios y educadores de salud para inscribir a tantos adultos mayores inmigrantes como sea posible. Estos trabajadores visitan centros para personas mayores, iglesias, clases de inglés, oficinas de inmigración, mercados y eventos comunitarios, con la esperanza de encontrar a personas como Embriz, que no estén enteradas de su nueva elegibilidad.
En el condado de Alameda, Juan Ventanilla, experto en el programa Medi-Cal, dijo que la agencia de servicios sociales está utilizando subvenciones estatales existentes para asociarse con ocho organizaciones comunitarias establecidas para ayudar a correr la voz sobre la expansión, y a las personas a inscribirse.
Dijo que los trabajadores se especializan en “ayudar a los más vulnerables del condado a obtener acceso a atención médica”.
Entre ellos están Ana Hernández y Bertha Ortega, de Casa Che, un centro de educación de salud comunitaria en el vecindario Fruitvale de Oakland, operado por La Clínica de la Raza.
Hernández y Ortega dijeron que la mayoría de las personas que conocen están ansiosas por inscribirse en Medi-Cal, pero no saben por dónde empezar. Muchas no hablan inglés, tienen una alfabetización limitada, y luchan por usar o acceder a una computadora. Los formularios están disponibles en 12 idiomas, pero los usuarios pueden no encontrar su idioma, como la lengua maya indígena Mam.
“El sistema parece amigable si tienes mucha experiencia usando una computadora”, dijo Ortega, pero ese no es el caso para la mayoría de los adultos mayores a los que ayuda. “Vienen aquí y tenemos que arreglar todo”.
Los californianos sin estatus legal constituyen la mayor parte de los residentes sin seguro del estado, un estimado de 3 millones, según el .
Para que muchos de ellos obtengan cobertura, los legisladores estatales han expandido Medi-Cal a los inmigrantes que viven en California sin papeles, implementando la cobertura en etapas: primero, a los niños en 2016; en 2020 a los adultos jóvenes de hasta 26 años, y a personas mayores el año pasado.
El próximo año, la cobertura completa de Medi-Cal estará disponible para todos los californianos que califiquen, independientemente de su edad o estatus migratorio. Cuando esto suceda, se espera que se inscriban cerca de de 26 a 49 años, que no son ciudadanas, según la .
Entre todos los cambios, el de la expansión del programa a los adultos mayores puede haber sido el más trascendental. No solo tienden a necesitar más atención, sino que también es más probable que tengan afecciones crónicas como hipertensión y diabetes. Muchos no buscan atención médica o servicios sociales de manera regular, una tendencia que aumentó con la pandemia.
California será el primer estado en expandir la cobertura de Medicaid a todos los inmigrantes. Illinois y Oregon también han ampliado la cobertura financiada por el estado a los adultos mayores inmigrantes, y Nueva York planea hacerlo en 2024.
A pesar de que Medicaid es un programa conjunto federal-estatal, en el caso de las personas sin estatus legal, el gobierno federal interviene solo para cobertura relacionada con emergencias y con el embarazo. Esto significa que los contribuyentes de California pagan la mayor parte del costo de proporcionar cobertura, estimada en $878 millones para personas mayores inmigrantes el primer año, según funcionarios de presupuesto estatales.
Cuando se lanzó en mayo la expansión para las personas mayores, las de 50 años en adelante que ya estaban inscritas en la forma limitada de Medi-Cal fueron transferidas automáticamente a la versión completa, que ofrece tratamientos médicos, dentales, de visión, y cuidado de largo plazo sin costo para la mayoría de los afiliados.
Algunos condados del Área de la Bahía, incluidos Alameda, Contra Costa y San Francisco, estuvieron en ventaja para identificar a las personas elegibles porque administran programas de atención médica para residentes sin estatus legal.
En los últimos meses, defensores de salud de la comunidad se han concentrado en encontrar personas mayores elegibles que aún no hayan escuchado sobre la expansión. Algunos han aparecido en los programas locales de noticias de televisión y radio para hacer correr la voz.
“Sabemos que hay más que son elegibles pero que no están inscritos, dijo Seciah Aquino; directora ejecutiva interina de Latino Coalition for a Healthy California. “Estamos trabajando para asegurarnos de que los números puedan continuar creciendo y que todos los que ahora tienen el privilegio de acceder a este beneficio puedan inscribirse”.
Un estudio de grupo focal el verano pasado, financiado por la , encontró que aproximadamente la mitad de los encuestados hispanos no habían escuchado sobre el cambio. Una proporción aún menor de asiáticos mayores inmigrantes lo sabía. Los asiáticos constituyen el segundo grupo más grande de inmigrantes de California después de los hispanos, que representan casi el 40% de los inmigrantes del estado. ( es un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation).
Algunas de las personas que permanecen sin inscribirse son difíciles de persuadir porque temen revelar su estatus migratorio a un programa gubernamental, informan los trabajadores de salud comunitarios. Los que solicitan Medi-Cal deben divulgar su estatus en la solicitud, pero los funcionarios estatales dicen que la ley exige que la información se mantenga privada, y no se comparta con las autoridades de inmigración.
Esas garantías a menudo se reciben con escepticismo.
Muchos adultos mayores elegibles señalan la política de “carga pública” de la administración Trump, que hizo que la inscripción en Medicaid fuera una razón posible para denegar la residencia legal en el país. Aunque esa política , el temor persiste.
Embriz, que tuvo la cobertura limitada de Medi-Cal durante muchos años, dijo que la dejó en 2020 debido a la política de carga pública. No quería que su inscripción en Medi-Cal arruinara sus posibilidades de obtener una tarjeta verde. Pero una vez que supo que registrarse no afectaría su solicitud de residencia permanente, estuvo de acuerdo.
“Haría una gran diferencia”, dijo Embriz acerca de obtener chequeos de rutina nuevamente. “Tengo muchas esperanzas”.
Para algunos inmigrantes mayores que se han inscrito, la capacidad de obtener cobertura total ha sido un regalo del cielo. Maria Rodríguez, de 56 años, de Hayward, aprendió en septiembre que era elegible mientras visitaba el Tiburcio Vásquez Health Center, una clínica local que atiende a pacientes sin seguro. Una trabajadora social la ayudó a completar la solicitud en línea después que un médico la diagnosticara con hipertensión y diabetes.
“Es como si Medi-Cal cayera del cielo”, dijo Rodríguez. “Es muy beneficioso para mi salud”.
Claudia Boyd-Barrett es reportera de . Este artículo se ha producido en colaboración con , California Health Report y .
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Los residentes de California de bajos ingresos, y de 50 años en adelante, pueden solicitar todos los beneficios de Medi-Cal, sin importar su estatus migratorio. Estas son algunas formas de aplicar:
Covered California: . En la parte inferior de esta página encontrarás traducciones disponibles en varios idiomas. Para comunicarte por teléfono llama al número 800-300-1506 para que te atiendan en inglés, o al 800-300-0213 para hablar con una operadora en español. Las planillas para aplicar a Medi-Cal están disponibles en 12 idiomas, listas para imprimir.
Envía por correo el formulario completado y firmado a:
Covered California
P.O. Box 989725
West Sacramento, CA 95798-9725
CalWIN: . Esta página web está disponible para que los residentes de 18 condados soliciten beneficios públicos de diversos programas; la lista incluye los condados de Alameda, Contra Costa, San Francisco, Solano y Sonoma.
Para encontrar otras agencias de servicios sociales por condado:
HealthyAC: . Solo para residentes del condado de Alameda. Este sitio web incluye una lista de organizaciones, ordenadas por código postal, que ofrecen asistencia con el proceso de solicitud. Llama al número 510-272-3663 para tramitar tu inscripción por teléfono o para pedir una planilla de solicitud.
Casa CHE: Manejado por La Clínica de la Raza (), Casa Che brinda asistencia para inscribirse en seguros médicos en los condados de Alameda, Contra Costa y Solano. Llama al 855-494-4658 para programar una cita.
Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1629082&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>El año pasado, Dorio le explicó a legisladores estatales que el problema era que el hospital tenía derecho a invalidar los deseos de la familia porque el paciente no había hecho un documento de directiva avanzada, ni había designado a alguien con poder notarial. El hospital optó por escuchar a la familia, pero según la ley del estado, los deseos de la familia no tenían peso.
Eso ya no es así. Desde el 1 de enero, California se sumó a otros 45 estados y al Distrito de Columbia con leyes que permiten a una persona tomar decisiones en nombre de un paciente, incluso si no estaba autorizada por el paciente antes de que ocurriera la situación médica.
La lista incluye cónyuges o parejas de hecho, hermanos, hijos y nietos adultos, padres y un pariente adulto o amigo íntimo; y en muchos casos, a las personas que llevaron al paciente para que lo atendieran en un primer momento.
“Los hospitales y las HMO podían usurpar los derechos de las familias y tomar decisiones médicas críticas en virtud de la ley vigente en aquel momento, incluidas las decisiones de desconectar al paciente”, explicó a KHN Dorio, especialista en geriatría de Santa Clarita y miembro de la organización no partidista . “Sabíamos que necesitábamos una ley como la que tienen la mayoría de los otros estados”.
Según datos analizados por , de los adultos estadounidenses tiene o bien instrucciones previas, que detallan lo que quieren sobre su atención médica, o bien un poder médico, que autoriza a otra persona a tomar esas decisiones.
Según sus partidarios, la finalidad detrás de la ley de parentesco es darles facultad a los representantes para que aboguen por los pacientes en lugar de permitir que un hospital tome las decisiones médicas, que pueden estar influenciadas por el costo, las camas disponibles o las presiones de los seguros.
“Esta ley libera de presión a los hospitales, a los que se pide que presten asistencia, salven vidas, se ocupen de Medicare, de los seguros… de muchas cosas a la vez”, afirmó Michele Mann, abogada de Valencia, California, especializada en planificación patrimonial, incluidas las directivas avanzadas.
Los derechos médicos de los pacientes han evolucionado a lo largo de los años, pero es un misterio por qué el estado ha tardado tanto tiempo en aprobar una ley de parentesco. Cuando la California Senior Legislature, que patrocina y promueve leyes destinadas a ayudar a la población de edad avanzada, pidió ayuda a la Oficina del Asesor Legislativo del Estado con el proyecto de ley algunos abogados se sorprendieron de ya no hubiera una ley vigente, dijo Dorio.
Los pacientes que no disponen de un documento de directivas avanzadas o de un poder notarial pueden designar a un sustituto, aunque solo sea declarándolo verbalmente en el hospital, pero, obviamente, es necesario que el paciente esté consciente.
Si un paciente llega a un hospital o centro médico incapacitado o lo está posteriormente, los proveedores deben hacer un esfuerzo de buena fe para encontrar a una persona autorizada a tomar decisiones médicas, según una ley de California en vigor desde 2005.
incluyen revisar las pertenencias del paciente y ponerse en contacto con cualquier persona que el hospital “crea razonablemente que tiene autoridad” para tomar decisiones a través de directivas o de un poder notarial. El hospital debe demostrar que se ha puesto en contacto con el secretario de estado para preguntar si el paciente tenía instrucciones anticipadas.
Con la nueva ley vigente, los proveedores de atención médica deben comprobar si el paciente tiene directivas avanzadas o un poder notarial. Pero una vez que los funcionarios han determinado que no existe ninguno, pueden recurrir a la lista de parientes más próximos, todos los cuales están legalmente autorizados a hablar en nombre del paciente.
“Es innovador”, afirmó Mann, que toma decisiones por su hermana, que tiene esclerosis múltiple y vive en un centro de cuidados de largo plazo. “Con la lista de parientes cercanos, a menudo la persona que trae al paciente es un familiar o un amigo íntimo que conoce claramente los deseos del paciente. En esos casos, se acabó la búsqueda del hospital: hay un representante legalmente autorizado”.
El proyecto de ley , presentado por el asambleísta Mike Gipson, agregó una sección al código de sucesiones, y se asemeja a la forma en que la mayoría de los estados maneja la división de los bienes de una persona después de su muerte.
En California, cuando una persona muere sin dejar testamento, sus bienes y propiedades se distribuyen siguiendo un orden de prioridad fijo y descendiente: primero el cónyuge, después los hijos, los padres, los hermanos, etc. Ahora, las decisiones médicas de una persona se decidirán de la misma manera, pero no necesariamente en el mismo orden.
California otorga a los hospitales y a los proveedores médicos la discreción de decidir qué familiar o amigo íntimo puede tomar decisiones médicas, una disposición introducida en el proyecto de ley después de que la influyente Asociación de Hospitales de California y otros grupos médicos se opusieran a una jerarquía pre establecida.
Algunos expertos se preguntan hasta qué punto será eficaz la nueva ley, ya que los hospitales conservan la facultad de elegir al representante del paciente, sobre todo si hay opiniones encontradas entre los miembros de la familia.
“Aunque no tengo motivos para creer que vayan a abusar del poder, los hospitales pueden decidir quién sería una buena persona para tomar decisiones”, dijo Alexander Capron, experto en derecho médico y ética, y profesor emérito de la Universidad del Sur de California.
Lois Richardson, vicepresidenta y asesora jurídica de la asociación de hospitales, dijo que un orden estricto de sustitutos a menudo no refleja lo que un paciente desearía. “La preocupación siempre ha sido que, en muchos casos, una jerarquía estatutaria estricta no refleja las relaciones familiares reales”, agregó.
El cabildeo de los hospitales abandonó su oposición después de que Gipson accediera a dar flexibilidad al sector, y la medida se aprobó en la legislatura prácticamente sin oposición.
Lo ideal sería que las personas dispusieran de un documento de directivas avanzadas para garantizar el cumplimiento de sus deseos, según Gipson. Pero para las personas mayores, las que viven solas y cualquiera que no tenga este documento, la ley abre el abanico de personas que pueden actuar en su nombre, incluido un amigo íntimo que bien podría ser de familia.
“Al menos así, tienes a alguien que sabe lo que quieres tomando esas decisiones”, indicó Gipson, “en lugar de dejarlo en manos de un hospital”.
Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .
ϳԹ News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .This <a target="_blank" href="/es/noticias-en-espanol/california-requiere-que-hospitales-recurran-a-familiares-cercanos-de-pacientes-para-decisiones-medicas-cerrando-un-vacio-de-larga-data/">article</a> first appeared on <a target="_blank" href="">KFF Health News</a> and is republished here under a <a target="_blank" href=" Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.<img src="/wp-content/uploads/sites/8/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=150" style="width:1em;height:1em;margin-left:10px;">
<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1625291&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>La alega que tres compañías farmacéuticas que controlan el mercado de la insulina, Eli Lilly and Co., Sanofi y Novo Nordisk, están violando la ley de California al aumentar de manera injusta e ilegal el costo de este medicamento. También apunta a tres intermediarios de distribución conocidos como administradores de beneficios farmacéuticos: CVS Caremark, Express Scripts y OptumRx.
“Vamos a nivelar el campo de juego y hacer que este medicamento que salva vidas sea más asequible para todos los que lo necesitan, terminando con el ardid de grandes ganancias de Big Pharma”, dijo Bonta en una conferencia de prensa después de presentar la demanda en una corte estatal de Los Ángeles. “Estas seis empresas son cómplices de aumentar agresivamente el precio de lista de la insulina, a expensas de los pacientes”.
En la demanda, Bonta argumentó que los precios se han disparado y que o renunciar por completo a comprar insulina. El fiscal general dijo que un vial de insulina, en el que confían las personas que viven con diabetes para controlar el azúcar en la sangre, costaba $25 hace un par de décadas, pero ahora cuesta alrededor de $300.
Una descubrió que el precio de una pluma de insulina de acción prolongada fabricada por Novo Nordisk aumentó un 52% entre 2014 y 2019, y que el precio de una pluma de acción rápida de Sanofi se disparó alrededor de un 70%.
De 2013 a 2017, Eli Lilly aumentó un 64% su pluma de acción rápida. La investigación implicó a los fabricantes de medicamentos y a los en los aumentos, diciendo que perpetuaron precios de insulina artificialmente altos.
“Las personas con diabetes de California que requieren de insulina para sobrevivir y que están expuestos al precio total de la insulina, como los consumidores sin seguro y los consumidores con planes de seguro con deducible alto, pagan miles de dólares al año por la insulina”, según la denuncia.
La vocera de Eli Lilly, Daphne Dorsey, dijo que la compañía está “decepcionada por las falsas acusaciones del fiscal general de California”, y argumentó que el costo mensual promedio de la insulina ha caído un 44% en los últimos cinco años y que el medicamento está disponible para cualquier persona “por $35 o menos”.
Mike DeAngelis, vocero de CVS, dijo que se defendería enérgicamente, diciendo que las farmacéuticas son las únicas que fijan los precios de lista. “Nada en nuestros acuerdos impide que los fabricantes de medicamentos bajen los precios de sus productos de insulina, y agradeceríamos tal acción. Las acusaciones de que tenemos algún rol en la determinación de los precios que cobran los fabricantes son falsas”, dijo.
OptumRx, una división de UnitedHealthcare, dijo que agradece la oportunidad de mostrar a California “cómo trabajamos todos los días para brindar a las personas acceso a medicamentos asequibles, incluida la insulina”. Y el vocero de la compañía, Isaac Sorensen, dijo que eliminó los costos de desembolso de la insulina.
Otras empresas a las que se dirige la demanda, y las asociaciones comerciales que las representan, no respondieron de inmediato al pedido de consultas o se negaron a comentar. En cambio, se culparon unos a otros por los aumentos de precios, o describieron sus esfuerzos para reducir los costos. Los costos para los consumidores varían ampliamente según la cobertura que tengan, y la gravedad de la enfermedad.
California sigue a otros estados, incluidos , e , al perseguir a las empresas de insulina y a los intermediarios farmacéuticos, pero Bonta dijo que California está adoptando un enfoque agresivo al acusar a las empresas de violar la Ley de competencia desleal del estado (Unfair Competition Law), lo que podría conllevar importantes sanciones civiles y potencialmente conducir a millones de dólares en restitución para los californianos.
Si el estado prevalece en la corte, el costo de la insulina podría “disminuir enormemente” porque las compañías ya no podrían aumentar los precios, dijo Bonta.
Bonta se une a otros líderes demócratas en apuntar a la industria farmacéutica. El gobernador Gavin Newsom lanzó un plan ambicioso para poner al estado más poblado del país en el negocio de fabricar su propia marca de insulina como una forma de reducir los precios para aproximadamente 3.2 millones de californianos que viven con diabetes y dependen del medicamento.
“Big Pharma continúa anteponiendo las ganancias a las personas, elevando los precios de los medicamentos y restringiendo el acceso a este medicamento vital”, dijo a KHN Brandon Richards, vocero de Newsom. “Es por eso que California se está moviendo hacia la fabricación de nuestra propia insulina asequible”.
Al lanzar un ataque agresivo contra la industria farmacéutica, California también se está metiendo en una lucha política popular. Muchos estadounidenses expresan su indignación por los costos de los medicamentos, mientras que los fabricantes culpan a los intermediarios farmacéuticos y a las aseguradoras de salud. Mientras tanto, los intermediarios señalan con el dedo a los fabricantes de medicamentos.
Edwin Park, profesor de investigación con sede en California en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, dijo que el impulso de California para ingresar al negocio de medicamentos genéricos, al mismo tiempo que demanda a la industria farmacéutica, podría en última instancia conducir a costos más bajos para los pacientes en el mostrador de la farmacia.
“Puede ejercer presión sobre los precios de lista para bajarlos”, dijo Park, refiriéndose al precio de etiqueta de los medicamentos. “Y eso puede conducir a menores costos de bolsillo”.
No hay mucha transparencia en cómo se fijan los precios de los medicamentos en el país. Los fabricantes son los principales culpables de los altos costos de los medicamentos, porque son ellos quienes fijan los precios de lista, dijo Park.
Un creciente cuerpo de investigación también indica que los intermediarios farmacéuticos son el principal impulsor de los altos costos de los medicamentos para los pacientes. Para bajar los precios, es fundamental apuntar a toda la cadena de suministro, dicen expertos.
“El precio de lista definitivamente ha subido”, dijo el doctor Neeraj Sood, profesor de políticas de salud, medicina y negocios en la Universidad del Sur de California, quien . “Pero con el tiempo, una mayor parte del dinero se destina a los intermediarios en lugar de a los fabricantes”.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1611220&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Determinar qué facturas debes pagar puede resultar extremadamente confuso, sin importar lo inteligente que seas. Si estás enfermo o tienes barreras tecnológicas, culturales o de idioma, sin mencionar las dificultades financieras, navegar por este laberinto puede ser especialmente intimidante.
Una ley de California firmada por el gobernador Gavin Newsom en octubre puede ayudarte a clasificar una maraña de facturas médicas para entender qué cubrirá tu plan de salud y cuándo comenzará la cobertura.
La requiere que la mayoría de los planes de salud del sector privado regulados por el estado envíen actualizaciones a los afiliados, por cada mes en el que recibieron atención, mostrando cuánto han gastado de su deducible anual —la cantidad que una persona debe desembolsar antes de que el seguro comience a pagar la mayor parte de su atención— y qué tan cerca está de alcanzar el límite de su gasto de bolsillo, la cantidad después de la cual la aseguradora paga el 100% de la atención.
La ley, que entrará en vigencia en julio, debería ayudar a las personas con enfermedades crónicas costosas, que necesitan realizar un mejor seguimiento de cuánto deben, y a las personas sanas que rara vez buscan atención, pero que de repente pueden encontrarse con situaciones médicas inesperadas, como un visita a una sala de emergencias.
La nueva ley requiere que los planes de salud envíen actualizaciones de los gastos de bolsillo por correo, a menos que el asegurado opte por recibirlas de manera electrónica. La información también debe archivarse en un formato que sea accesible para los clientes en cualquier momento.
La nueva ley debería ser útil para un número creciente de personas, dado de planes de salud con deducibles cada vez más altos.
A medida que aumentan los deducibles, los miembros del plan de salud están viendo cómo la protección financiera de su seguro entra en acción . Y en muchos casos, después de alcanzar sus deducibles, todavía necesitan gastar mil o más antes de alcanzar los límites de gastos de bolsillo para el año.
Algunas personas con afecciones costosas como cáncer o VIH se enfrentan a drásticas decisiones: si recibir tratamiento o pagar la renta, por ejemplo. En esos casos, puede ser indispensable saber cuándo terminará la hemorragia financiera, aliviando la presión sobre el presupuesto familiar.
La nueva ley también puede ser útil si necesitas una cirugía que no sea de emergencia, como un reemplazo de cadera o cataratas. El mejor momento, financieramente hablando, será cuando estés cerca de alcanzar tu deducible y límite de gastos de bolsillo, o si ya los has alcanzado. Entonces, tener esa información puede ser muy útil.
La ley también podría ayudar a las personas a evitar pagar dinero que en realidad no deben, si, por ejemplo, ya alcanzaron su deducible, pero una factura médica que reciben no lo refleja.
Aunque tu aseguradora no está obligada a proporcionar tu estatus de gasto de bolsillo actual hasta que la ley entre en vigencia en julio, aún puedes llamar a la línea de ayuda al cliente y solicitarlo, o para pedir una aclaración sobre una factura. Si no obtienes la respuesta que buscabas, pídele a tu plan de salud que te diga quién lo regula y llama a esa agencia. Por lo general, sería el Departamento de Atención Médica Administrada, al 888-466-2219 o , o el Departamento de Seguros de California, llamando al 800-927-4357.
Para ver si reúnes los requisitos para recibir asistencia gratuita, prueba la Patient Advocate Foundation (www.patientadvocate.org o 800-532-5274), que ayuda a las personas a resolver facturas de salud que no pueden pagar y también brinda ayuda financiera basada en necesidades específicas por enfermedades.
Esta historia fue producida por (Kaiser Health News), que publica , un servicio editorialmente independiente de la .
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1408674&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Así es como legisladores enfurecidos describieron a las compañías de refrescos, y a la victoria que obtuvieron en 2018 cuando un acuerdo legislativo prohibió a las ciudades y condados de California imponer impuestos a las bebidas azucaradas.
Sin embargo, a pesar de su dudosa reputación, esta millonaria industria continúa ejerciendo influencia política en el estado más poblado de la nación, gastando millones de dólares en cabilderos con conexiones políticas y repartiendo contribuciones de campaña a casi todos los legisladores estatales.
¿El resultado? Los proyectos de ley a los que durante mucho tiempo se opusieron Coca-Cola Co., PepsiCo y otras compañías, siguen fracasando. Hace solo dos semanas, una medida que habría deshecho el acuerdo de 2018 que los legisladores protestaron con tanta vehemencia fue archivada sin siquiera una audiencia.
“’Big Soda’ es un grupo de presión muy poderoso”, dijo Eric Batch, vicepresidente de defensa de la Asociación Americana del Corazón (AHA), que ha solicitado a los legisladores de todo el país que tomen medidas enérgicas contra estas bebidas sobrecargadas de azúcar que, según defensores de salud, contribuyen a la diabetes, la obesidad y otras costosas afecciones médicas.
“Han gastado mucho dinero en California para evitar que grupos como el nuestro aprueben una buena norma”, agregó Batch. “Y lo han estado haciendo durante mucho tiempo”.
En los últimos cuatro años, las empresas de refrescos gastaron alrededor de $5,9 millones presionando a legisladores de California y haciendo donaciones a sus campañas u organizaciones benéficas favoritas. Un análisis de California Healthline de los registros de financiamiento de campañas desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020 descubrió que la American Beverage Association, Coca-Cola y Pepsi han donado a casi todos los funcionarios estatales, desde el gobernador Gavin Newsom hasta aproximadamente cinco sextos de la legislatura de 120 miembros.
La American Beverage Association rechazó un pedido de entrevista para discutir sus donaciones políticas y el proyecto de ley de este año que habría revertido la moratoria del impuesto a las bebidas gaseosas que ayudaron a orquestar. Coca-Cola y Pepsi tampoco respondieron.
En 2018, la industria gastó para impulsar una medida en todo el estado patrocinada por la California Business Roundtable, que habría dificultado que las ciudades y los condados recaudaran impuestos, no solo impuestos a las bebidas azucaradas, al requerir que fuera aprobada por dos tercios de los votantes en lugar de una mayoría simple. Temerosos de que los gobiernos locales pudieran enfrentar un umbral de votación más alto para impuestos y tarifas que financiarían bibliotecas, seguridad pública y otros servicios, los legisladores en ese momento dijeron que no tenían más remedio que negociar con la industria.
En que varios legisladores describieron como , la legislatura acordó aprobar un proyecto de ley que prohíbe nuevos impuestos locales a las bebidas azucaradas hasta el 1 de enero de 2031, si la industria y otros partidarios abandonan la iniciativa de ley. El entonces gobernador Jerry Brown, que varias semanas antes, firmó el proyecto de ley.
El acuerdo de California fue un golpe para “Big Soda”, que no parece haber pagado un precio político: la legislación que habría establecido un impuesto estatal a las bebidas azucaradas murió un año después, al igual que un proyecto de ley que habría requerido etiquetas de advertencia de salud en bebidas azucaradas y otra que habría prohibido los refrescos cerca de las cajas en los supermercados.
El proyecto de ley de este año, que habría restablecido la capacidad de las ciudades y los condados de imponer impuestos a las bebidas gaseosas antes que los votantes, está casi muerto.
“Están jugando con el sistema político”, dijo el miembro de la Asamblea Adrin Nazarian (demócrata de North Hollywood), autor del proyecto de ley . Nazarian dijo que espera resucitar la medida antes del 30 de abril, la fecha límite para que los comités de políticas escuchen sobre la legislación para el año.
“Una cosa es que tomemos una mala decisión política una vez”, dijo. “Otra cosa es dar una señal a todas las industrias que luego utilizarán este punto débil en nuestra contra. ¿Cuántas veces más vamos a hacer esto?”.
Los defensores de la salud pública señalan a como una forma de reducir el consumo de gaseosas, bebidas deportivas, jugos de frutas y otras bebidas dulces, citando estudios que muestran que cuanto más cuestan, menos personas los compran. En promedio, una lata de refresco contiene , casi la para alguien que consume 2,000 calorías al día. Algunas bebidas energéticas .
Cuatro ciudades de California, Albany, Berkeley, Oakland y San Francisco, tuvieron antes del acuerdo legislativo de 2018 que pudieron mantener. Boulder, Colorado; Philadelfia; Seattle; y la Nación Navajo también tienen impuestos a los refrescos, y se están considerando propuestas en Rhode Island y Washington, DC.
El flujo de ingresos de los impuestos podría ayudar a financiar los departamentos de salud pública con problemas financieros agotados por la pandemia de covid, dicen los defensores.
Por ejemplo, el año pasado, San Francisco destinó $1.6 millones de sus ingresos por impuestos a los refrescos a que alimentan a los residentes afectados por el cierre de escuelas y la pérdida de empleos. aprovechó sus ingresos fiscales de los refrescos para dar cupones de alimentos a sus residentes más afectados.
Nazarian dijo que esperaba que su intento de revertir la moratoria del impuesto a las bebidas gaseosas fuera una batalla cuesta arriba, pero está frustrado porque al proyecto de ley se le negó incluso una audiencia.
Nazarian, al igual que los legisladores anteriores, se está enfrentando a un fuerte entorno anti-impuestos en la política estadounidense, dijo Tatiana Andreyeva, directora de iniciativas económicas del de la Universidad de Connecticut. Entonces, aunque más de 40 países han impuesto impuestos nacionales a las bebidas azucaradas, incluidos el Reino Unido, México, Portugal y Sudáfrica, aquí los esfuerzos nacionales y estatales están estancados.
También está el poder político de la industria de las gaseosas.
“Mira cuánto dinero gastan en luchar contra todos estos proyectos de ley que se han propuesto”, dijo Andreyeva, quien ha estado estudiando a la industria de las gaseosas desde 2007. “Hemos visto decenas y decenas de proyectos de ley a nivel estatal y local. Siempre hay mucha oposición por parte de la industria. Están bien financiados, se organizan y es muy difícil”.
En California, las compañías de refrescos gastaron $4.4 millones en los últimos cuatro años presionando a los legisladores y funcionarios estatales, invitándolos a cenas y eventos deportivos. Contrataron firmas expertas que tienen ex empleados del gobierno y que saben cómo funciona el Capitolio y, a menudo, ya tienen relaciones con legisladores y sus asistentes.
Por ejemplo, hasta principios de este año, la American Beverage Association tenía a en su nómina como su principal lobista de California. Había trabajado para cinco voceros de la Asamblea. Ahora, McGee es de la supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, una ex legisladora estatal que en 2018 fue presidenta del poderoso Comité de Presupuesto del Senado, que supervisó el acuerdo que prohíbe los nuevos impuestos locales a los refrescos.
Además del cabildeo, la industria gastó poco más de $1.5 millones en contribuciones a los legisladores, incluidos grandes cheques emitidos para organizaciones benéficas en su nombre.
Las mayores contribuciones se dirigieron a los legisladores con mayor influencia.
Pepsi y Coca-Cola dieron un total de $25,000 a organizaciones benéficas en nombre de Anthony Rendon, presidente de la Asamblea, según la Comisión de Prácticas Políticas Justas del estado, que rastrea las donaciones, conocidas como “pagos comprometidos”. Eso se suma a los $35,900 que Rendon recibió de la industria para su campaña, en los últimos cuatro años.
Toni Atkins, presidenta provisional del Senado, cobró $26,000 en cheques de campaña de Coca-Cola y Pepsi, y aceptó una donación de $5,000 a una de sus organizaciones benéficas de la planta embotelladora de Coca Cola en su distrito de San Diego.
En una declaración enviada por correo electrónico, Rendon describió el tema de las bebidas azucaradas como complejo y dijo que fue que habría ordenado un impuesto a los distribuidores de bebidas azucaradas. Murió en el comité.
“Quiero que hagamos algo para reducir el consumo de bebidas azucaradas”, dijo Rendon. “Estos proyectos de ley han sido difíciles de aprobar, pero creo que es simplista atribuirlo a las contribuciones”.
Atkins no comentó sobre el poder político de “Big Soda”, pero dijo en una declaración enviada por correo electrónico que revisaría el proyecto de ley de Nazarian “por sus méritos” si se presenta ante el Senado.
El proyecto de ley de Nazarian está en suspenso en el Comité de Impuestos e Ingresos de la Asamblea, dirigido por Autumn Burke (demócrata de Inglewood). Un vocero de Burke no devolvió llamadas ni correos electrónicos solicitando comentarios.
Burke también recibió dinero de compañías de refrescos, recaudando alrededor de $22,000 de Coca-Cola, Pepsi y la American Beverage Association de 2017 a 2020.
Los grupos de salud pública no están dispuestos a admitir la derrota y están movilizando un esfuerzo de base para conseguir una audiencia para el proyecto de ley de Nazarian. Dicen que California debe abordar los efectos desproporcionados en la salud de las bebidas con azúcar en las comunidades de raza negra y latinas (de todas las razas), que covid-19 solo exacerbó.
“Si los miembros de la legislatura estuvieran mirando datos y usándolos como criterio para tomar decisiones sobre si deberíamos permitir que se levante una prohibición de impuestos locales, tendrían que apoyar esto”, dijo Michael Dimock, presidente de Roots of Change, un programa del Instituto de Salud Pública. “Pero no están mirando los datos. Algo más los está influenciando”.
Elizabeth Lucas de KHN colaboró con este informe.
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