Aunque en términos estadísticos no es un gran salto -la proporción de niños sin seguro llegó a 5% en 2017, comparado con 4.7% el año anterior- todavía es sorprendente. La tasa de no asegurados por lo general se mantiene estable o cae en tiempos de crecimiento económico. En septiembre, la tasa de desempleo en los Estados Unidos alcanzó su nivel más bajo desde 1969.
“La nación está retrocediendo en el camino por asegurar a los niños, y es probable que esto empeore”, dijo Joan Alker, coautora del estudio y directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias de Georgetown.
Alker y otros defensores de la salud infantil culpan de este cambio a la administración Trump y al Congreso controlado por los republicanos, porque dicen que sus políticas y acciones han obstaculizado la inscripción para tener seguro.
De acuerdo con datos del Censo analizados por Georgetown, la cantidad de niños sin cobertura aumentó a 3.9 millones en 2017, de aproximadamente 3.6 millones el año anterior.
Los niños hispanos siguen siendo los que tienen la tasa más alta de no asegurados: 7,8%, en comparación con el 4,9% entre los blancos no hispanos y el 4,6% entre las personas de raza negra no hispanas. (Los hispanos pueden ser de cualquier raza).
La tasa general de personas sin seguro en todas las edades, que cayó de 2013 a 2016 luego de la implementación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), se mantuvo sin cambios: 8.8% el año pasado.
La proporción de niños con cobertura patrocinada por el empleador aumentó modestamente en 2017, pero no lo suficiente como para compensar la disminución de niños que se inscriben en Medicaid o que obtienen cobertura a través de los mercados de seguros del Obamacare, dijo Alker.
Si bien ningún estado logró frenar esta baja, nueve experimentaron aumentos importantes de niños sin cobertura médica. El mayor fue Dakota del Sur (de 4.7% a 6.2%), Utah (de 6% a 7.3%) y Texas (de 9.8% a 10.7%).
Más de 1 de cada 5 niños sin seguro en el país vive en Texas, aproximadamente 835,000 niños. Por lejos, el número más alto entre todos los estados.
En Florida vivían 325,000 niños sin seguro el año pasado, ya que la tasa de no asegurados para ese grupo de edad aumentó 0.7 puntos porcentuales, a 7.3%. California tenía 301,000 niños sin seguro, aunque su número se mantuvo prácticamente sin cambios, en comparación con el año anterior.
Otros estados con aumentos significativos fueron Georgia, Carolina del Sur, Ohio, Tennessee y Massachusetts.
Las tasas de niños sin seguro de salud aumentaron casi el triple en los estados que no expandieron Medicaid bajo ACA, según el informe. Los estudios han demostrado que los niños cuyos padres están asegurados tienen más probabilidades de tener cobertura.
Georgetown ha estado siguiendo estas cifras desde 2008, cuando 7,6 millones de niños, alrededor del 10%, no tenían de cobertura de salud.
Debido a que casi todos los niños de bajos ingresos son elegibles para Medicaid o para el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), el desafío es asegurarse de que los padres reciban información sobre estos programas, averigüen si son elegibles, los inscriban y los mantengan registrados, dijo Alker.
El Congreso tardó varios meses en aprobar el financiamiento del programa CHIP en 2017, por lo que muchos estados tuvieron que alertar a los consumidores sobre posibles congelamientos en la inscripción. El Congreso restauró la financiación federal a principios de 2018.
Además, el año pasado, las familias de bajos ingresos fueron bombardeadas por noticias sobre la intención del Congreso de derogar la ley de salud, que logró extender la cobertura a millones de personas. En los últimos dos años, la administración Trump ha recortado los fondos para los navegadores del Obamacare, que ayudan a las personas a inscribirse para tener seguro de salud.
Alker también señalo como algo negativo la de septiembre de la administración Trump, conocida como “carga pública”, que podría dificultar que los inmigrantes con papeles obtengan la (Green card o tarjeta verde) si recibieron ciertos tipos de asistencia pública, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y subsidios para la vivienda. La tarjeta verde les permite vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos.
OLE Health, un gran proveedor de servicios de salud con sede en Napa Valley, California, que atiende a muchos inmigrantes, dijo que ha visto a los pacientes retirarse de Medicaid en el último año. La directora ejecutiva, Alicia Hardy, dijo que muchos han abandonado la cobertura por temor a que la ayuda pueda poner en peligro su estatus migratorio.
“Tienen miedo de ser deportados”, dijo.
Estos eventos pueden haber influenciado para que las familias sacaran a los niños de las coberturas. “La alfombra de bienvenida ha sido retirada y, como resultado, vemos más niños sin seguro”, agregó Alker.
Y concluyó que la forma más fácil de cambiar la tendencia sería que más estados expandieran Medicaid. Catorce estados aún tienen que hacerlo. Aunque la expansión impacta en gran medida a los adultos, cuando los padres se inscriben, es probable que también inscriban a sus hijos.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=895799&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>“Aquellos que buscan migrar a los Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, dijo Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un comunicado.
La propuesta, que se anunció el sábado 22 de septiembre a la noche, marca una nueva frontera en el esfuerzo a largo plazo de la administración Trump por frenar la inmigración, tanto ilegal como legal. Esta norma ya ha provocado intensas críticas por parte de los demócratas, activistas contra la pobreza, organizaciones de atención médica y defensores de los derechos de los inmigrantes: consideran que busca poner en práctica restricciones sin precedentes.
“Estamos operando en un clima general de gran temor y ansiedad como resultado del enfoque general de la administración sobre la aplicación de las políticas migratorias”, dijo Mark Greenberg, investigador principal del Migration Policy Institute, quien estudia las políticas de migración y refugiados a nivel local, nacional e internacional. Greenberg también es un ex funcionario de la administración Obama.
Pero, ¿qué efecto tendría esta propuesta?
Es una pregunta complicada, que toca a vastos programas gubernamentales, con miles de millones de dólares en juego. Si bien las implicaciones todavía no son claras, Kaiser Health News analiza algunos de los elementos clave.
La administración Trump quiere redefinir un concepto conocido como , una categoría que se usa para determinar si una persona que busca el estatus de residente permanente “es probable que se vuelva dependiente principalmente del gobierno para subsistir”.
En el pasado, las personas corrían el riesgo de que se las definiera como una “carga pública” si recibían asistencia monetaria en efectivo, conocida como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingreso de Seguridad Suplementario, o ayuda federal para pagar la atención médica a largo plazo. (Los inmigrantes deben estar legalmente en el país por cinco años antes de ser elegibles para esta asistencia).
Y esa designación de “carga pública” podía socavar sus solicitudes de residencia permanente (cuando un inmigrante solicita la tarjeta verde, o Green Card).
La nueva regla ampliaría la lista para incluir a algunos programas de seguros de salud, alimentos y vivienda. Específicamente, penalizaría a los que aspiran a tener una tarjeta verde por usar Medicaid, el programa de salud federal-estatal para personas de bajos ingresos. (Las sanciones no se aplicarían por usar Medicaid en ciertas emergencias o para algunos servicios que brinda a través de escuelas y programas para personas con discapacidades).
El uso de cupones de alimentos, la asistencia para rentas de la Sección 8 y los vales de vivienda federales también funcionarían en contra de los solicitantes. La inscripción en un subsidio de la Parte D de Medicare, que ayuda a las personas de bajos ingresos a comprar medicamentos recetados, también los perjudicaría.
La propuesta “es definitivamente un cambio dramático con respecto a cómo funciona la carga pública hoy”, dijo Kelly Whitener, profesora asociada del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, quien se especializa en beneficios de salud pediátrica y sistemas de atención administrada.
Una versión de la regla que se filtró a la prensa en marzo sugiere que los funcionarios también estaban considerando penalizar a aquellos que reciben subsidios para comprar un seguro de salud en los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Pero esa idea no estaba en la propuesta publicada el 22 de septiembre. Los subsidios del mercado están dirigidos a personas con un nivel de ingresos generalmente más alto a los que apunta el plan de Trump, señaló Whitener.
“Realmente se están enfocando en los inmigrantes de bajos ingresos”, agregó.
Nielsen dijo que la regla propuesta tiene “la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados”.
Sí.
La carga pública es un viejo concepto. En la década de los 90, legisladores lo ampliaron para considerar explícitamente si las personas habían recibido asistencia social en efectivo.
Pero incluir programas como Medicaid y cupones de alimentos, que tienen un alcance mucho más amplio, es un cambio significativo. Es más probable que afecte a los trabajadores: la mayoría de las personas con Medicaid están empleadas, y casi el 80% vive en familias con al menos un miembro activo, según datos compilados por la Kaiser Family Foundation.
Los niños que son ciudadanos estadounidenses, pero cuyos padres son inmigrantes, podrían ser los más propensos a sufrir repercusiones, dijeron expertos. Cuando los padres optan por no recibir asistencia pública por temor a su propio estatus legal, es menos probable que sus hijos se inscriban, por ejemplo, en el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), para el cual calificarían.
Para ser claros, recibir ayuda pública no necesariamente evitará que las personas obtengan una tarjeta verde. Pero podría afectar el proceso negativamente.
“Otro componente es la enorme libertad que tendrá la administración bajo su propuesta para emitir juicios sobre quién será admitido en el país y quién recibirá la residencia permanente”, dijo Greenberg.
Este es el primer paso en el complejo proceso de elaboración de reglas federales. Y hay muchas cosas que podrían cambiar.
Una vez que la regla propuesta aparece en el , comienza una cuenta regresiva de 60 días, durante la cual cualquier persona puede opinar.
Una regla final probablemente no entraría en vigencia hasta 2019.
Y el DHS todavía está recopilando opiniones sobre algunos detalles. Por ejemplo, no ha decidido si CHIP se contará como uno de los programas elegibles dentro del nuevo paraguas de “carga pública”.
Mientras tanto, no se penalizaría a las personas que recibieron beneficios públicos antes que la regla entre en vigencia.
El DHS estima que el 2.5% de los inmigrantes elegibles abandonarían los programas de beneficios públicos debido a este cambio, lo que representaría alrededor de $1.5 mil millones en dinero federal por año. Pero otros esperan un impacto mucho mayor.
“Los efectos irán mucho más allá de los individuos directamente afectados”, dijo Greenberg. “Hay razones considerables para creer que [la estimación de la Casa Blanca] puede ser una subestimación significativa”.
En la regla propuesta, el DHS señala que los cambios podrían resultar en “peores resultados de salud”, “mayor uso de salas de emergencia”, “mayor prevalencia de enfermedades contagiosas”, “mayores tasas de pobreza” y otras preocupaciones.
Dada la complejidad de estos programas y la regla propuesta, y las altas apuestas en juego, los inmigrantes de bajos ingresos tendrían muchas más probabilidades de evitar por completo los beneficios públicos, dijeron expertos en inmigración. Es probable que millones de inmigrantes se vean afectados directa o indirectamente, según el Center for Law and Social Policy, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC.
Eso podría tener graves consecuencias para la salud.
Familias podrían dejar de vacunar gratuitamente a sus niños, aunque éstos sean elegibles y aunque la inmunización no esté sujeta a la regla de “carga pública”, por temor de poner en peligro una residencia permanente, ejemplificó Whitener.
Agregó que ya hay informes de personas que rechazan la asistencia federal, a pesar que aún no ha sucedido nada.
“El factor miedo no se puede subestimar”, dijo.
Es probable que haya acciones legales.
Funcionarios como el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien frecuentemente se ha enfrentado a la Casa Blanca, están analizando los desafíos a la regla.
“La propuesta de la administración Trump está castigando a las familias inmigrantes trabajadoras, incluso apuntando a niños que son ciudadanos, por utilizar programas que brindan nutrición básica y atención médica. Esto es un ataque contra nuestras familias y nuestras comunidades”, dijo Becerra en un comunicado.
Pero estas acciones dependen de lo que contenga la norma final, que podría cambiar a través del proceso de elaboración.
“Es probable que reciban una gran cantidad de comentarios drásticamente críticos, y no hay forma de saber qué cambios podrían hacer como resultado”, dijo Greenberg.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=875328&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Según un , publicado por The Washington Post, un inmigrante con papeles podría tener problemas para obtener la residencia permanente (green card) si usa, o ha usado en el pasado reciente, Medicaid, CHIP, WIC, cupones de alimentos, subsidios para pagar un plan médico del Obamacare, y otros beneficios no monetarios que otorga el gobierno. Incluso si un niño que es ciudadano recibe beneficios, eso podría poner en riesgo las posibilidades de un padre de obtener la residencia, según el documento.
Defensores dicen que esta norma podría generar miedo en un grupo amplio de inmigrantes, que tal vez decidirían no usar cobertura médica respaldada por el gobierno, algo que, aseguran, crearía gravísimos problemas de salud pública. Alrededor de 3 millones de personas obtuvieron la residencia permanente de 2014 a 2016, según registros del gobierno. Los inmigrantes con visas o aquellos que pueden no tener un estatus legal, pero planean buscar la ciudadanía o la green card , también se verían afectados.
“Estamos muy preocupados porque esta norma, si entra en vigencia, tendría un impacto significativo en la salud del país”, dijo Erin O’Malley, directora senior de política de America’s Essential Hospitals, entidad que discutió el plan con funcionarios de la administración Trump a mediados de abril.
O’Malley dijo que teme que algunas personas con visa, y sus familias, no hagan sus citas para atención médica de rutina, y solo recurran a las salas de emergencia. Este cambio “minaría la estabilidad de nuestros hospitales al generar pacientes más enfermos y costos de atención no compensados”, explicó O’Malley.
El cambio de política podría, por ejemplo, obligar a una madre a sopesar la necesidad de atención hospitalaria para un recién nacido enfermo contra la pérdida de su estatus migratorio legal, analizó Wendy Parmet, directora del Center for Health Policy and Law de la Northeastern University.
“En el borrador, la administración habla sobre la autosuficiencia”, dijo. “Pero no esperamos eso de [bebés]” que son ciudadanos de los Estados Unidos, porque nacieron en este país. “Es una norma extremadamente dura”.
Aunque se encuentra en las primeras etapas del proceso de reglamentación, la reacción para frenar esta propuesta ya ha comenzado.
El gobernador del estado de Washington, el demócrata Jay Inslee, está enviando personal de su oficina para reunirse con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, que está examinando la propuesta. El 24 de abril, Inslee envió una carta a Mick Mulvaney, director de la OMB, para pedirle que considerara el impacto que tendría esta norma entre los inmigrantes legales que pagan impuestos.
“Esto indudablemente llevará a que personas en todo el país pasen hambre, no accedan a la atención médica necesaria, pierdan la autosuficiencia económica e incluso se queden sin hogar”, escribió Inslee.
El borrador que se filtró a la prensa dice que los funcionarios de inmigración considerarían el uso de uno o más beneficios no monetarios por parte del solicitante dentro de los últimos tres años como un “factor negativo muy fuerte” a la hora de decidir si se le otorga o no la residencia permanente.
Mientras tanto, los médicos ya perciben el miedo en las comunidades de inmigrantes. La doctora Julie Linton, vocera de la Academia Estadounidense de Pediatría, trata a muchas familias de inmigrantes latinos en una clínica ambulatoria en Winston-Salem, Carolina del Norte. Linton contó que una mujer de México, con un bebé recién nacido y otros tres niños, le dijo que tenía miedo de mantener a su familia inscrita en el programa de nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). “¿Es seguro usar WIC?”, le preguntó la mujer.
Maria Gomez, presidenta de Mary’s Center, que administra clínicas de salud en Washington, D.C. y Maryland, dijo que “el resultado final será que las personas recibirán atención mucho más tarde y utilizarán la sala de emergencias cuando ya sean sintomáticas, lo que costará vidas que no se pueden reemplazar. Niños sin padres, y padres posiblemente perdiendo a sus hijos debido a un diagnóstico tardío innecesario”.
Gomez agregó que, actualmente, “estamos viendo de 3 a 4 personas por semana que no solicitan WIC y cancelan sus citas para renovar el Medicaid para ellos y sus hijos, aunque sean elegibles”.
El borrador de la propuesta que se filtró se centra en quién se considera una “carga pública” (public charge). El concepto surgió en la ley de inmigración de 1882, cuando el Congreso buscó prohibir la permanencia en el país de inmigrantes que eran “tontos, lunáticos” o aquellos que podrían convertirse en una carga para el gobierno.
La noción de “carga pública” resurgió en 1999, cuando el servicio de inmigración redefinió el concepto. Desde entonces, un inmigrante es considerado una “carga pública” si es probable que dependa del gobierno para obtener ingresos, o viva por mucho tiempo en una institución financiada por el gobierno.
Sin embargo, la directriz publicada en 1999 aclaró que los residentes legales tenían libre acceso a beneficios no monetarios como Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para facturas de calefacción. “Estos beneficios a menudo se brindan a familias trabajadoras de bajos ingresos para mantener y mejorar su capacidad de ser autosuficientes”, dice la .
La nueva propuesta, tal como está redactada, suspendería esto.
Según el documento, cualquier persona que esté utilizando, o haya usado en los 36 meses anteriores, un beneficio gubernamental no monetario será considera una “carga pública” y, por lo tanto, será inadmisible para los Estados Unidos. El uso de estos beneficios por parte de un cónyuge, un padre dependiente o un hijo también serían tomados en cuenta.
Los solicitantes que tienen “costosas condiciones de salud”, como cáncer, enfermedades del corazón o “trastornos mentales”, y que han utilizado un programa subsidiado también recibirán una “muy fuerte” calificación negativa en su solicitud, indica el borrador.
Marnobia Juárez, de 48 años, es sobreviviente de cáncer y sueña con algún día tener su green card (miembros de su familia son residentes permanentes). Pero piensa que es algo cada vez más lejano. La mujer que vive en Maryland dijo que nunca quiso solicitar beneficios públicos hasta que le diagnosticaron cáncer de seno en 2014. Desde entonces, ha sido tratada sin costo bajo un programa administrado por el estado.
“Estoy viva gracias a este programa”, dijo Juárez, quien es voluntaria de salud con un grupo de defensa de inmigrantes. “Están jugando con la vida”.
El borrador dice que los inmigrantes pueden pagar $10,000 para ayudar a superar la determinación sobre que podrían ser una “carga pública”.
De concretarse, estos cambios afectarían a las personas patrocinadas por un familiar que sea ciudadano o residente, la mayoría de los inmigrantes con visas de trabajo, inmigrantes con visas de diversidad y “ciertos individuos no inmigrantes”, indica el borrador. En 2016, 1,2 millones de personas obtuvieron su residencia permanente. De ellas, 566,000 eran parientes inmediatos o cónyuges de ciudadanos estadounidenses y 238,000 más fueron patrocinados por la familia, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Algunos inmigrantes, como refugiados y asilados, no se verán afectados.
“Estamos hablando de familias de clase media y trabajadoras”, dijo Madison Hardee, abogada senior de políticas del Center for Law and Social Policy, que ha organizado . “Esto realmente podría poner a los padres en una situación imposible, entre buscar asistencia médica para sus hijos u obtener un estatus legal permanente”
El borrador dice que la propuesta pretende garantizar que las personas que buscan “cambiar su estatus de no inmigrantes sean autosuficientes”. Y toma nota de “declaraciones políticas relevantes del Congreso”, incluyendo una que dice que “la disponibilidad de beneficios públicos [no debería] constituir un incentivo para la inmigración a los Estados Unidos”.
La corresponsal de KHN Emmarie Huetteman contribuyó con este informe.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=841034&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Se suponía que los $2.85 mil millones adjudicados financiarían los programas CHIP de los estados hasta el 31 de marzo. Pero algunos comenzarán a quedarse sin dinero después del 19 de enero, según los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). La entidad no dijo cuáles son los estados que podrían verse afectados primero.
Las últimas estimaciones sobre cuándo se agotarán los fondos federales podrían provocar que los estados congelen pronto la inscripción y alerten a los padres que el programa podría cerrar pronto.
El programa CHIP brinda cobertura de salud a 9 millones de niños de hogares de bajos ingresos que ganan demasiado dinero para calificar para Medicaid. La financiación anterior terminó el 1 de octubre y la asignación de dinero temporal se autorizó el 21 de diciembre, por lo que varios estados tuvieron que transferir fondos de otras arcas para que el programa siguiera funcionando, mientras la Cámara de Representantes y el Senado intentan acordar una forma de continuar financiándolo a largo plazo.
Aunque originalmente se pensó que el nuevo dinero alcanzaría para tres meses de CHIP, los CMS dijeron el viernes 5 que solo podían garantizar que la asignación sea suficiente para financiar los programas en todos los estados hasta el 19 de enero.
Agregaron que la agencia está en conversaciones con los estados para ayudar a lidiar con el déficit de fondos.
“Los fondos (…) deberían alcanzarles a los estados hasta el 19 de enero, según las mejores estimaciones de los gastos del estado hasta la fecha”, dijo Johnathan Monroe, vocero de los CMS. “Sin embargo, debido a una serie de variables relacionadas con las tasas de gastos estatales, no podemos decir con certeza si hay suficientes fondos para que cada estado continúe con su programa CHIP hasta el 31 de marzo de 2018”.
“Los estados necesitan saber si necesitarán encontrar fondos adicionales… enviar cartas a las familias y reprogramar sus sistemas de elegibilidad”, dijo Lisa Dubay, experta del Urban Institute. “Por supuesto, las implicaciones para las familias con niños elegibles para CHIP no pueden ser subestimadas: los padres están preocupados que sus hijos pierdan la cobertura. Y deberían estarlo”.
Aunque el programa cuenta con respaldo bipartidista, la Cámara y el Senado controlados por los republicanos han debatido durante meses, pero todavía no han podido llegar a un acuerdo, sobre cómo continuar financiando CHIP, una iniciativa que se lanzó en 1997 y que ayuda a que millones de niños, incluidos miles de latinos, reciban atención médica.
El Comité de Finanzas del Senado llegó a un acuerdo para extender el programa durante cinco años, pero no logró consenso sobre un plan para financiarlo.
Antes de la extensión de fondos de CHIP en diciembre, Alabama dijo que congelaría la inscripción el 1 de enero y cerraría el programa el 31 de enero. Colorado, Connecticut y Virginia enviaron cartas a familias de CHIP advirtiendo que el programa podría terminar pronto.
Después de la extensión de la financiación, Alabama detuvo el cierre de CHIP.
“Algunos estados comenzarán a agotar todos los fondos disponibles antes que otros”, dijo un funcionario de los CMS.
Bruce Lesley, presidente de First Focus, un grupo de defensa de los niños, dijo que el Congreso debería haber sabido que su plan de financiación a corto plazo no era suficiente.
“La matemática nunca funcionó como un parche, ya que solo se pudieron ganar unas pocas semanas”, dijo. “El Congreso debe finalizar esto antes del 19 de enero”.
La cobertura de KHN de los problemas de salud infantil es apoyada en parte por la .
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=803173&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Casi 9 millones de niños están asegurados a través de , que cubre principalmente a familias de ingresos medios y bajos. El programa cuenta con el respaldo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, pero el Congreso dejó que expirara el financiamiento federal en septiembre.
La National Governors Association al Congreso a volver a autorizar el programa este año porque los estados están empezando a .
En Virginia, Linda Nablo, oficial del Departamento de Servicios de Asistencia Médica, está redactando una carta para los padres de los 66,000 niños inscritos en CHIP en ese estado.
“Nunca tuvimos que hacer esto antes”, dijo. “Cómo se escribe una carta que diga: ‘Su hijo podría perder la cobertura, pero aún no es seguro. Mientras tanto, estas son algunas cosas en las que debe pensar’”.
Los niños pueden inscribirse en el Medicaid, sumarse a un plan familiar en los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) o incluirse en un plan de salud del empleador. Pero las opciones varían según el estado y pueden ser muy costosas.
Si el Congreso reautoriza los fondos de CHIP, los estados estarán bien. Pero aún no pueden contar con eso, y tienen que prepararse para cerrar si los fondos no llegan. Virginia tendría que hacerlo el 31 de enero.
“Básicamente estamos haciendo todo lo que necesitamos para cerrar el programa a fines de enero”, dijo Nablo. “Tenemos un grupo de trabajo con todos los diferentes componentes de esta agencia, y hay muchos”.
Por ejemplo, deberán reprogramar sus sistemas de inscripción, informar a los pediatras y hospitales, y capacitar al personal para enfrentar los reclamos y preguntas de familias confundidas.
Joan Alker, quien dirige el Center for Children and Families de la Universidad Georgetown, dijo que la mayoría de los estados deben notificar a las familias con 30 días de anticipación.
“Pero [los funcionarios del estado] están oyendo rumores de que el Congreso podría hacer esto en las próximas dos semanas, y no quieren asustar a las familias”, dijo. “Los estados están realmente en un aprieto. Es muy difícil saber qué hacer”.
Colorado fue el primero en enviar un aviso, y otros estados están muy cerca. Hay un puñado que está empezando a quedarse sin dinero en diciembre, dijo Alker, como Oregon, Minnesota y el Distrito de Columbia.
Es complicado calcular cuál es la fecha exacta en que las arcas de un estado para financiar el programa CHIP quedarán vacías, porque la cantidad de dinero que cada uno tiene depende de cuán rápido lo haya gastado, y de cuánta ayuda adicional haya recibido del gobierno federal.
Algunos estados se están volviendo creativos. Oregon que gastará dinero del estado para mantener al CHIP funcionando, dijo Alker, “y están asumiendo que el Congreso lo aprobará y se le reembolsará retroactivamente”. Eso es lo que esperan”.
Texas se quedará sin fondos de CHIP mucho antes de lo esperado. Y hay una gran razón: el huracán Harvey, dijo Laura Guerra-Cardus, del Children’s Defense Fund en Austin.
“Los desastres naturales a menudo son una forma en que las personas que nunca tuvieron que depender de programas como el Medicaid y CHIP los necesitan por primera vez”, dijo.
Guerra-Cardus dijo que después de Harvey muchas nuevas familias se inscribieron en CHIP y también que hubo una mayor demanda de servicios. “Cuando hay un evento tan traumático, las necesidades de atención médica aumentan. Ha habido una gran cantidad de casos de estrés postraumático en los niños”, dijo.
Y para ayudar a esas familias, los funcionarios de Texas también renunciaron a las tarifas que generalmente tienen que pagar para unirse a CHIP. Por lo tanto, últimamente ha habido menos dinero entrando y más dinero saliendo. Al igual que Virginia, sin reautorización, Texas tendría que cerrar el CHIP a fines de enero.
Es algo a lo que teme mucho Amy Ellis, de Alpine, Texas. “Es algo que me hace perder el sueño”.
Ellis tiene una hija de 8 años que ha estado en CHIP desde que nació. La niña tiene asma y alergias, dijo Ellis, y el seguro de salud es muy importante porque su familia no gana mucho dinero. La medicina para la alergia de su hija es costosa.
Ellis vive en las zonas rurales del oeste de Texas, casi cuatro horas al sudeste de El Paso y “a tres horas de la ciudad más cercana”, dijo.
El aislamiento significa que Ellis no tiene muchas opciones además de CHIP, explicó. Una opción sería inscribir a su hija en el plan de salud que ella y su esposo tienen a través de ACA. Pero Ellis dijo que sería costoso.
“Cuesta $300 a $400 por mes agregarla a nuestro plan, que sería una gran parte de nuestros ingresos”, dijo. “Ese es el dinero que tenemos para comprar comida y gasolina”.
Muchas familias en Texas podrían encontrarse en la misma situación si el Congreso no actúa pronto, dijo Guerra-Cardus. “Esto va a afectar la vida de los niños con necesidades crónicas o de atención médica especiales”.
Aproximadamente 450,000 niños están cubiertos por CHIP en Texas. Funcionarios dicen que le están pidiendo al gobierno federal que les dé dinero para mantener al CHIP con vida hasta febrero.
Pero debido a que los funcionarios deben avisar a las familias con 30 días de anticipación si el programa finalizará, las familias en Texas podrían recibir cartas cerca de Navidad que indiquen que sus hijos están perdiendo su seguro de salud.
Esta historia es parte de una asociación informativa con NPR, estaciones miembro locales y Kaiser Health News. Selena Simmons-Duffin es productora de All Things Considered, de NPR, y está actualmente en un intercambio con la estación miembro de Washington, D.C., WAMU.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=797116&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>“Estos programas no son sólo una red de seguridad para las familias que no tienen seguro”, agregó Strane, quien es investigador asociado en el PolicyLab del Hospital de Niños de Filadelfia. “Si el CHIP no se renueva, podríamos estar ejerciendo una presión sustancial sobre las familias trabajadoras”.
El Medicaid es el programa federal gerenciado por los estados que proporciona cobertura de salud para adultos y niños de bajos ingresos. CHIP ofrece seguro de salud para niños de familias cuyos ingresos son modestos, pero demasiado altos para calificar para el Medicaid. En el 2016, sólo tres estados -Arizona, Idaho y Dakota del Norte- limitaron la cobertura del Medicaid /CHIP a los niños cuyas familias reportaban ingresos inferiores al 200 por ciento del nivel federal de pobreza ($40.320 dólares para una familia de tres). En cambio, 19 estados ofrecieron cobertura a niños con ingresos familiares superiores al 300 por ciento del nivel federal de pobreza ($60.480 dólares para una familia de tres personas), según un análisis de la (KFF). (KHN es un programa editorialmente independiente de la fundación).
Los gastos de bolsillo del Medicaid/CHIP varían según el estado, pero en general la cobertura es significativamente menos costosa que la que ofrece un empleador. El estudio de Health Affairs analizó los datos de la Encuesta del Panel de Gastos Médicos entre el 2008 y el 2013 para las familias con ingresos entre el 100 y el 400 por ciento del nivel federal de pobreza, en las cuales al menos uno de los padres tenía cobertura patrocinada por su empleador.
El estudio se realizó antes de la apertura de los mercados de seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, pero los investigadores dijeron que debido a que estas familias tenían opciones de cobertura basadas en sus empleos, probablemente no habrían calificado para una cobertura menos costosa en los mercados del Obamacare.
Durante el curso del estudio, casi todas las familias a las que se les ofreció cobertura la aceptaron para uno de los padres, y aproximadamente tres cuartas partes de los niños de la muestra estaban cubiertos por el plan patrocinado por el empleador de sus padres. Sin embargo, la proporción de niños que carecían de cobertura patrocinada por el empleador, aunque se lo ofrecían a al menos uno de los padres, había crecido del 22,5 por ciento en el 2008 a 25 por ciento en el 2013, según el estudio.
Del mismo modo, el porcentaje de niños inscriptos en el Medicaid o CHIP, aunque al menos uno de los padres tenía cobertura a través de un empleador, aumentó 3,1 puntos porcentuales, a 15,2 por ciento, durante el curso del estudio.
La investigación comprobó que el 65 por ciento de los niños hispanos estaban cubiertos por un seguro patrocinado por el empleador de sus padres. Pero los investigadores no informaron sobre el porcentaje de niños hispanos que son elegibles para los planes de sus padres, pero sin embargo reciben cobertura a través del Medicaid o CHIP.
Los aumentos de las primas para la cobertura patrocinada por el empleador pueden poner un plan familiar fuera del alcance de hogares con ingresos bajos o moderados, dijo Strane. Entre el 2006 y el 2016 las primas aumentaron un 58 por ciento para la cobertura familiar, según la encuesta anual de este año de la Kaiser Family Foundation sobre .
Este año, las familias pagaron un promedio de $5.277 por cobertura, o el 29 por ciento del costo total del plan. La parte de la prima que le corresponde pagar a los trabajadores creció un 78 por ciento durante la última década, superando el crecimiento de las primas, según el estudio de KFF. “Las familias hicieron números y probablemente se dieron cuenta que el CHIP les iba a ahorrar dinero”, concluyó Strane.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=684127&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Aunque en términos estadísticos no es un gran salto -la proporción de niños sin seguro llegó a 5% en 2017, comparado con 4.7% el año anterior- todavía es sorprendente. La tasa de no asegurados por lo general se mantiene estable o cae en tiempos de crecimiento económico. En septiembre, la tasa de desempleo en los Estados Unidos alcanzó su nivel más bajo desde 1969.
“La nación está retrocediendo en el camino por asegurar a los niños, y es probable que esto empeore”, dijo Joan Alker, coautora del estudio y directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias de Georgetown.
Alker y otros defensores de la salud infantil culpan de este cambio a la administración Trump y al Congreso controlado por los republicanos, porque dicen que sus políticas y acciones han obstaculizado la inscripción para tener seguro.
De acuerdo con datos del Censo analizados por Georgetown, la cantidad de niños sin cobertura aumentó a 3.9 millones en 2017, de aproximadamente 3.6 millones el año anterior.
Los niños hispanos siguen siendo los que tienen la tasa más alta de no asegurados: 7,8%, en comparación con el 4,9% entre los blancos no hispanos y el 4,6% entre las personas de raza negra no hispanas. (Los hispanos pueden ser de cualquier raza).
La tasa general de personas sin seguro en todas las edades, que cayó de 2013 a 2016 luego de la implementación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), se mantuvo sin cambios: 8.8% el año pasado.
La proporción de niños con cobertura patrocinada por el empleador aumentó modestamente en 2017, pero no lo suficiente como para compensar la disminución de niños que se inscriben en Medicaid o que obtienen cobertura a través de los mercados de seguros del Obamacare, dijo Alker.
Si bien ningún estado logró frenar esta baja, nueve experimentaron aumentos importantes de niños sin cobertura médica. El mayor fue Dakota del Sur (de 4.7% a 6.2%), Utah (de 6% a 7.3%) y Texas (de 9.8% a 10.7%).
Más de 1 de cada 5 niños sin seguro en el país vive en Texas, aproximadamente 835,000 niños. Por lejos, el número más alto entre todos los estados.
En Florida vivían 325,000 niños sin seguro el año pasado, ya que la tasa de no asegurados para ese grupo de edad aumentó 0.7 puntos porcentuales, a 7.3%. California tenía 301,000 niños sin seguro, aunque su número se mantuvo prácticamente sin cambios, en comparación con el año anterior.
Otros estados con aumentos significativos fueron Georgia, Carolina del Sur, Ohio, Tennessee y Massachusetts.
Las tasas de niños sin seguro de salud aumentaron casi el triple en los estados que no expandieron Medicaid bajo ACA, según el informe. Los estudios han demostrado que los niños cuyos padres están asegurados tienen más probabilidades de tener cobertura.
Georgetown ha estado siguiendo estas cifras desde 2008, cuando 7,6 millones de niños, alrededor del 10%, no tenían de cobertura de salud.
Debido a que casi todos los niños de bajos ingresos son elegibles para Medicaid o para el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), el desafío es asegurarse de que los padres reciban información sobre estos programas, averigüen si son elegibles, los inscriban y los mantengan registrados, dijo Alker.
El Congreso tardó varios meses en aprobar el financiamiento del programa CHIP en 2017, por lo que muchos estados tuvieron que alertar a los consumidores sobre posibles congelamientos en la inscripción. El Congreso restauró la financiación federal a principios de 2018.
Además, el año pasado, las familias de bajos ingresos fueron bombardeadas por noticias sobre la intención del Congreso de derogar la ley de salud, que logró extender la cobertura a millones de personas. En los últimos dos años, la administración Trump ha recortado los fondos para los navegadores del Obamacare, que ayudan a las personas a inscribirse para tener seguro de salud.
Alker también señalo como algo negativo la de septiembre de la administración Trump, conocida como “carga pública”, que podría dificultar que los inmigrantes con papeles obtengan la (Green card o tarjeta verde) si recibieron ciertos tipos de asistencia pública, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y subsidios para la vivienda. La tarjeta verde les permite vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos.
OLE Health, un gran proveedor de servicios de salud con sede en Napa Valley, California, que atiende a muchos inmigrantes, dijo que ha visto a los pacientes retirarse de Medicaid en el último año. La directora ejecutiva, Alicia Hardy, dijo que muchos han abandonado la cobertura por temor a que la ayuda pueda poner en peligro su estatus migratorio.
“Tienen miedo de ser deportados”, dijo.
Estos eventos pueden haber influenciado para que las familias sacaran a los niños de las coberturas. “La alfombra de bienvenida ha sido retirada y, como resultado, vemos más niños sin seguro”, agregó Alker.
Y concluyó que la forma más fácil de cambiar la tendencia sería que más estados expandieran Medicaid. Catorce estados aún tienen que hacerlo. Aunque la expansión impacta en gran medida a los adultos, cuando los padres se inscriben, es probable que también inscriban a sus hijos.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=895799&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>“Aquellos que buscan migrar a los Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, dijo Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un comunicado.
La propuesta, que se anunció el sábado 22 de septiembre a la noche, marca una nueva frontera en el esfuerzo a largo plazo de la administración Trump por frenar la inmigración, tanto ilegal como legal. Esta norma ya ha provocado intensas críticas por parte de los demócratas, activistas contra la pobreza, organizaciones de atención médica y defensores de los derechos de los inmigrantes: consideran que busca poner en práctica restricciones sin precedentes.
“Estamos operando en un clima general de gran temor y ansiedad como resultado del enfoque general de la administración sobre la aplicación de las políticas migratorias”, dijo Mark Greenberg, investigador principal del Migration Policy Institute, quien estudia las políticas de migración y refugiados a nivel local, nacional e internacional. Greenberg también es un ex funcionario de la administración Obama.
Pero, ¿qué efecto tendría esta propuesta?
Es una pregunta complicada, que toca a vastos programas gubernamentales, con miles de millones de dólares en juego. Si bien las implicaciones todavía no son claras, Kaiser Health News analiza algunos de los elementos clave.
La administración Trump quiere redefinir un concepto conocido como , una categoría que se usa para determinar si una persona que busca el estatus de residente permanente “es probable que se vuelva dependiente principalmente del gobierno para subsistir”.
En el pasado, las personas corrían el riesgo de que se las definiera como una “carga pública” si recibían asistencia monetaria en efectivo, conocida como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingreso de Seguridad Suplementario, o ayuda federal para pagar la atención médica a largo plazo. (Los inmigrantes deben estar legalmente en el país por cinco años antes de ser elegibles para esta asistencia).
Y esa designación de “carga pública” podía socavar sus solicitudes de residencia permanente (cuando un inmigrante solicita la tarjeta verde, o Green Card).
La nueva regla ampliaría la lista para incluir a algunos programas de seguros de salud, alimentos y vivienda. Específicamente, penalizaría a los que aspiran a tener una tarjeta verde por usar Medicaid, el programa de salud federal-estatal para personas de bajos ingresos. (Las sanciones no se aplicarían por usar Medicaid en ciertas emergencias o para algunos servicios que brinda a través de escuelas y programas para personas con discapacidades).
El uso de cupones de alimentos, la asistencia para rentas de la Sección 8 y los vales de vivienda federales también funcionarían en contra de los solicitantes. La inscripción en un subsidio de la Parte D de Medicare, que ayuda a las personas de bajos ingresos a comprar medicamentos recetados, también los perjudicaría.
La propuesta “es definitivamente un cambio dramático con respecto a cómo funciona la carga pública hoy”, dijo Kelly Whitener, profesora asociada del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, quien se especializa en beneficios de salud pediátrica y sistemas de atención administrada.
Una versión de la regla que se filtró a la prensa en marzo sugiere que los funcionarios también estaban considerando penalizar a aquellos que reciben subsidios para comprar un seguro de salud en los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Pero esa idea no estaba en la propuesta publicada el 22 de septiembre. Los subsidios del mercado están dirigidos a personas con un nivel de ingresos generalmente más alto a los que apunta el plan de Trump, señaló Whitener.
“Realmente se están enfocando en los inmigrantes de bajos ingresos”, agregó.
Nielsen dijo que la regla propuesta tiene “la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados”.
Sí.
La carga pública es un viejo concepto. En la década de los 90, legisladores lo ampliaron para considerar explícitamente si las personas habían recibido asistencia social en efectivo.
Pero incluir programas como Medicaid y cupones de alimentos, que tienen un alcance mucho más amplio, es un cambio significativo. Es más probable que afecte a los trabajadores: la mayoría de las personas con Medicaid están empleadas, y casi el 80% vive en familias con al menos un miembro activo, según datos compilados por la Kaiser Family Foundation.
Los niños que son ciudadanos estadounidenses, pero cuyos padres son inmigrantes, podrían ser los más propensos a sufrir repercusiones, dijeron expertos. Cuando los padres optan por no recibir asistencia pública por temor a su propio estatus legal, es menos probable que sus hijos se inscriban, por ejemplo, en el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), para el cual calificarían.
Para ser claros, recibir ayuda pública no necesariamente evitará que las personas obtengan una tarjeta verde. Pero podría afectar el proceso negativamente.
“Otro componente es la enorme libertad que tendrá la administración bajo su propuesta para emitir juicios sobre quién será admitido en el país y quién recibirá la residencia permanente”, dijo Greenberg.
Este es el primer paso en el complejo proceso de elaboración de reglas federales. Y hay muchas cosas que podrían cambiar.
Una vez que la regla propuesta aparece en el , comienza una cuenta regresiva de 60 días, durante la cual cualquier persona puede opinar.
Una regla final probablemente no entraría en vigencia hasta 2019.
Y el DHS todavía está recopilando opiniones sobre algunos detalles. Por ejemplo, no ha decidido si CHIP se contará como uno de los programas elegibles dentro del nuevo paraguas de “carga pública”.
Mientras tanto, no se penalizaría a las personas que recibieron beneficios públicos antes que la regla entre en vigencia.
El DHS estima que el 2.5% de los inmigrantes elegibles abandonarían los programas de beneficios públicos debido a este cambio, lo que representaría alrededor de $1.5 mil millones en dinero federal por año. Pero otros esperan un impacto mucho mayor.
“Los efectos irán mucho más allá de los individuos directamente afectados”, dijo Greenberg. “Hay razones considerables para creer que [la estimación de la Casa Blanca] puede ser una subestimación significativa”.
En la regla propuesta, el DHS señala que los cambios podrían resultar en “peores resultados de salud”, “mayor uso de salas de emergencia”, “mayor prevalencia de enfermedades contagiosas”, “mayores tasas de pobreza” y otras preocupaciones.
Dada la complejidad de estos programas y la regla propuesta, y las altas apuestas en juego, los inmigrantes de bajos ingresos tendrían muchas más probabilidades de evitar por completo los beneficios públicos, dijeron expertos en inmigración. Es probable que millones de inmigrantes se vean afectados directa o indirectamente, según el Center for Law and Social Policy, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC.
Eso podría tener graves consecuencias para la salud.
Familias podrían dejar de vacunar gratuitamente a sus niños, aunque éstos sean elegibles y aunque la inmunización no esté sujeta a la regla de “carga pública”, por temor de poner en peligro una residencia permanente, ejemplificó Whitener.
Agregó que ya hay informes de personas que rechazan la asistencia federal, a pesar que aún no ha sucedido nada.
“El factor miedo no se puede subestimar”, dijo.
Es probable que haya acciones legales.
Funcionarios como el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien frecuentemente se ha enfrentado a la Casa Blanca, están analizando los desafíos a la regla.
“La propuesta de la administración Trump está castigando a las familias inmigrantes trabajadoras, incluso apuntando a niños que son ciudadanos, por utilizar programas que brindan nutrición básica y atención médica. Esto es un ataque contra nuestras familias y nuestras comunidades”, dijo Becerra en un comunicado.
Pero estas acciones dependen de lo que contenga la norma final, que podría cambiar a través del proceso de elaboración.
“Es probable que reciban una gran cantidad de comentarios drásticamente críticos, y no hay forma de saber qué cambios podrían hacer como resultado”, dijo Greenberg.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=875328&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Según un , publicado por The Washington Post, un inmigrante con papeles podría tener problemas para obtener la residencia permanente (green card) si usa, o ha usado en el pasado reciente, Medicaid, CHIP, WIC, cupones de alimentos, subsidios para pagar un plan médico del Obamacare, y otros beneficios no monetarios que otorga el gobierno. Incluso si un niño que es ciudadano recibe beneficios, eso podría poner en riesgo las posibilidades de un padre de obtener la residencia, según el documento.
Defensores dicen que esta norma podría generar miedo en un grupo amplio de inmigrantes, que tal vez decidirían no usar cobertura médica respaldada por el gobierno, algo que, aseguran, crearía gravísimos problemas de salud pública. Alrededor de 3 millones de personas obtuvieron la residencia permanente de 2014 a 2016, según registros del gobierno. Los inmigrantes con visas o aquellos que pueden no tener un estatus legal, pero planean buscar la ciudadanía o la green card , también se verían afectados.
“Estamos muy preocupados porque esta norma, si entra en vigencia, tendría un impacto significativo en la salud del país”, dijo Erin O’Malley, directora senior de política de America’s Essential Hospitals, entidad que discutió el plan con funcionarios de la administración Trump a mediados de abril.
O’Malley dijo que teme que algunas personas con visa, y sus familias, no hagan sus citas para atención médica de rutina, y solo recurran a las salas de emergencia. Este cambio “minaría la estabilidad de nuestros hospitales al generar pacientes más enfermos y costos de atención no compensados”, explicó O’Malley.
El cambio de política podría, por ejemplo, obligar a una madre a sopesar la necesidad de atención hospitalaria para un recién nacido enfermo contra la pérdida de su estatus migratorio legal, analizó Wendy Parmet, directora del Center for Health Policy and Law de la Northeastern University.
“En el borrador, la administración habla sobre la autosuficiencia”, dijo. “Pero no esperamos eso de [bebés]” que son ciudadanos de los Estados Unidos, porque nacieron en este país. “Es una norma extremadamente dura”.
Aunque se encuentra en las primeras etapas del proceso de reglamentación, la reacción para frenar esta propuesta ya ha comenzado.
El gobernador del estado de Washington, el demócrata Jay Inslee, está enviando personal de su oficina para reunirse con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, que está examinando la propuesta. El 24 de abril, Inslee envió una carta a Mick Mulvaney, director de la OMB, para pedirle que considerara el impacto que tendría esta norma entre los inmigrantes legales que pagan impuestos.
“Esto indudablemente llevará a que personas en todo el país pasen hambre, no accedan a la atención médica necesaria, pierdan la autosuficiencia económica e incluso se queden sin hogar”, escribió Inslee.
El borrador que se filtró a la prensa dice que los funcionarios de inmigración considerarían el uso de uno o más beneficios no monetarios por parte del solicitante dentro de los últimos tres años como un “factor negativo muy fuerte” a la hora de decidir si se le otorga o no la residencia permanente.
Mientras tanto, los médicos ya perciben el miedo en las comunidades de inmigrantes. La doctora Julie Linton, vocera de la Academia Estadounidense de Pediatría, trata a muchas familias de inmigrantes latinos en una clínica ambulatoria en Winston-Salem, Carolina del Norte. Linton contó que una mujer de México, con un bebé recién nacido y otros tres niños, le dijo que tenía miedo de mantener a su familia inscrita en el programa de nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). “¿Es seguro usar WIC?”, le preguntó la mujer.
Maria Gomez, presidenta de Mary’s Center, que administra clínicas de salud en Washington, D.C. y Maryland, dijo que “el resultado final será que las personas recibirán atención mucho más tarde y utilizarán la sala de emergencias cuando ya sean sintomáticas, lo que costará vidas que no se pueden reemplazar. Niños sin padres, y padres posiblemente perdiendo a sus hijos debido a un diagnóstico tardío innecesario”.
Gomez agregó que, actualmente, “estamos viendo de 3 a 4 personas por semana que no solicitan WIC y cancelan sus citas para renovar el Medicaid para ellos y sus hijos, aunque sean elegibles”.
El borrador de la propuesta que se filtró se centra en quién se considera una “carga pública” (public charge). El concepto surgió en la ley de inmigración de 1882, cuando el Congreso buscó prohibir la permanencia en el país de inmigrantes que eran “tontos, lunáticos” o aquellos que podrían convertirse en una carga para el gobierno.
La noción de “carga pública” resurgió en 1999, cuando el servicio de inmigración redefinió el concepto. Desde entonces, un inmigrante es considerado una “carga pública” si es probable que dependa del gobierno para obtener ingresos, o viva por mucho tiempo en una institución financiada por el gobierno.
Sin embargo, la directriz publicada en 1999 aclaró que los residentes legales tenían libre acceso a beneficios no monetarios como Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para facturas de calefacción. “Estos beneficios a menudo se brindan a familias trabajadoras de bajos ingresos para mantener y mejorar su capacidad de ser autosuficientes”, dice la .
La nueva propuesta, tal como está redactada, suspendería esto.
Según el documento, cualquier persona que esté utilizando, o haya usado en los 36 meses anteriores, un beneficio gubernamental no monetario será considera una “carga pública” y, por lo tanto, será inadmisible para los Estados Unidos. El uso de estos beneficios por parte de un cónyuge, un padre dependiente o un hijo también serían tomados en cuenta.
Los solicitantes que tienen “costosas condiciones de salud”, como cáncer, enfermedades del corazón o “trastornos mentales”, y que han utilizado un programa subsidiado también recibirán una “muy fuerte” calificación negativa en su solicitud, indica el borrador.
Marnobia Juárez, de 48 años, es sobreviviente de cáncer y sueña con algún día tener su green card (miembros de su familia son residentes permanentes). Pero piensa que es algo cada vez más lejano. La mujer que vive en Maryland dijo que nunca quiso solicitar beneficios públicos hasta que le diagnosticaron cáncer de seno en 2014. Desde entonces, ha sido tratada sin costo bajo un programa administrado por el estado.
“Estoy viva gracias a este programa”, dijo Juárez, quien es voluntaria de salud con un grupo de defensa de inmigrantes. “Están jugando con la vida”.
El borrador dice que los inmigrantes pueden pagar $10,000 para ayudar a superar la determinación sobre que podrían ser una “carga pública”.
De concretarse, estos cambios afectarían a las personas patrocinadas por un familiar que sea ciudadano o residente, la mayoría de los inmigrantes con visas de trabajo, inmigrantes con visas de diversidad y “ciertos individuos no inmigrantes”, indica el borrador. En 2016, 1,2 millones de personas obtuvieron su residencia permanente. De ellas, 566,000 eran parientes inmediatos o cónyuges de ciudadanos estadounidenses y 238,000 más fueron patrocinados por la familia, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Algunos inmigrantes, como refugiados y asilados, no se verán afectados.
“Estamos hablando de familias de clase media y trabajadoras”, dijo Madison Hardee, abogada senior de políticas del Center for Law and Social Policy, que ha organizado . “Esto realmente podría poner a los padres en una situación imposible, entre buscar asistencia médica para sus hijos u obtener un estatus legal permanente”
El borrador dice que la propuesta pretende garantizar que las personas que buscan “cambiar su estatus de no inmigrantes sean autosuficientes”. Y toma nota de “declaraciones políticas relevantes del Congreso”, incluyendo una que dice que “la disponibilidad de beneficios públicos [no debería] constituir un incentivo para la inmigración a los Estados Unidos”.
La corresponsal de KHN Emmarie Huetteman contribuyó con este informe.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=841034&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Se suponía que los $2.85 mil millones adjudicados financiarían los programas CHIP de los estados hasta el 31 de marzo. Pero algunos comenzarán a quedarse sin dinero después del 19 de enero, según los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). La entidad no dijo cuáles son los estados que podrían verse afectados primero.
Las últimas estimaciones sobre cuándo se agotarán los fondos federales podrían provocar que los estados congelen pronto la inscripción y alerten a los padres que el programa podría cerrar pronto.
El programa CHIP brinda cobertura de salud a 9 millones de niños de hogares de bajos ingresos que ganan demasiado dinero para calificar para Medicaid. La financiación anterior terminó el 1 de octubre y la asignación de dinero temporal se autorizó el 21 de diciembre, por lo que varios estados tuvieron que transferir fondos de otras arcas para que el programa siguiera funcionando, mientras la Cámara de Representantes y el Senado intentan acordar una forma de continuar financiándolo a largo plazo.
Aunque originalmente se pensó que el nuevo dinero alcanzaría para tres meses de CHIP, los CMS dijeron el viernes 5 que solo podían garantizar que la asignación sea suficiente para financiar los programas en todos los estados hasta el 19 de enero.
Agregaron que la agencia está en conversaciones con los estados para ayudar a lidiar con el déficit de fondos.
“Los fondos (…) deberían alcanzarles a los estados hasta el 19 de enero, según las mejores estimaciones de los gastos del estado hasta la fecha”, dijo Johnathan Monroe, vocero de los CMS. “Sin embargo, debido a una serie de variables relacionadas con las tasas de gastos estatales, no podemos decir con certeza si hay suficientes fondos para que cada estado continúe con su programa CHIP hasta el 31 de marzo de 2018”.
“Los estados necesitan saber si necesitarán encontrar fondos adicionales… enviar cartas a las familias y reprogramar sus sistemas de elegibilidad”, dijo Lisa Dubay, experta del Urban Institute. “Por supuesto, las implicaciones para las familias con niños elegibles para CHIP no pueden ser subestimadas: los padres están preocupados que sus hijos pierdan la cobertura. Y deberían estarlo”.
Aunque el programa cuenta con respaldo bipartidista, la Cámara y el Senado controlados por los republicanos han debatido durante meses, pero todavía no han podido llegar a un acuerdo, sobre cómo continuar financiando CHIP, una iniciativa que se lanzó en 1997 y que ayuda a que millones de niños, incluidos miles de latinos, reciban atención médica.
El Comité de Finanzas del Senado llegó a un acuerdo para extender el programa durante cinco años, pero no logró consenso sobre un plan para financiarlo.
Antes de la extensión de fondos de CHIP en diciembre, Alabama dijo que congelaría la inscripción el 1 de enero y cerraría el programa el 31 de enero. Colorado, Connecticut y Virginia enviaron cartas a familias de CHIP advirtiendo que el programa podría terminar pronto.
Después de la extensión de la financiación, Alabama detuvo el cierre de CHIP.
“Algunos estados comenzarán a agotar todos los fondos disponibles antes que otros”, dijo un funcionario de los CMS.
Bruce Lesley, presidente de First Focus, un grupo de defensa de los niños, dijo que el Congreso debería haber sabido que su plan de financiación a corto plazo no era suficiente.
“La matemática nunca funcionó como un parche, ya que solo se pudieron ganar unas pocas semanas”, dijo. “El Congreso debe finalizar esto antes del 19 de enero”.
La cobertura de KHN de los problemas de salud infantil es apoyada en parte por la .
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=803173&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Casi 9 millones de niños están asegurados a través de , que cubre principalmente a familias de ingresos medios y bajos. El programa cuenta con el respaldo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, pero el Congreso dejó que expirara el financiamiento federal en septiembre.
La National Governors Association al Congreso a volver a autorizar el programa este año porque los estados están empezando a .
En Virginia, Linda Nablo, oficial del Departamento de Servicios de Asistencia Médica, está redactando una carta para los padres de los 66,000 niños inscritos en CHIP en ese estado.
“Nunca tuvimos que hacer esto antes”, dijo. “Cómo se escribe una carta que diga: ‘Su hijo podría perder la cobertura, pero aún no es seguro. Mientras tanto, estas son algunas cosas en las que debe pensar’”.
Los niños pueden inscribirse en el Medicaid, sumarse a un plan familiar en los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) o incluirse en un plan de salud del empleador. Pero las opciones varían según el estado y pueden ser muy costosas.
Si el Congreso reautoriza los fondos de CHIP, los estados estarán bien. Pero aún no pueden contar con eso, y tienen que prepararse para cerrar si los fondos no llegan. Virginia tendría que hacerlo el 31 de enero.
“Básicamente estamos haciendo todo lo que necesitamos para cerrar el programa a fines de enero”, dijo Nablo. “Tenemos un grupo de trabajo con todos los diferentes componentes de esta agencia, y hay muchos”.
Por ejemplo, deberán reprogramar sus sistemas de inscripción, informar a los pediatras y hospitales, y capacitar al personal para enfrentar los reclamos y preguntas de familias confundidas.
Joan Alker, quien dirige el Center for Children and Families de la Universidad Georgetown, dijo que la mayoría de los estados deben notificar a las familias con 30 días de anticipación.
“Pero [los funcionarios del estado] están oyendo rumores de que el Congreso podría hacer esto en las próximas dos semanas, y no quieren asustar a las familias”, dijo. “Los estados están realmente en un aprieto. Es muy difícil saber qué hacer”.
Colorado fue el primero en enviar un aviso, y otros estados están muy cerca. Hay un puñado que está empezando a quedarse sin dinero en diciembre, dijo Alker, como Oregon, Minnesota y el Distrito de Columbia.
Es complicado calcular cuál es la fecha exacta en que las arcas de un estado para financiar el programa CHIP quedarán vacías, porque la cantidad de dinero que cada uno tiene depende de cuán rápido lo haya gastado, y de cuánta ayuda adicional haya recibido del gobierno federal.
Algunos estados se están volviendo creativos. Oregon que gastará dinero del estado para mantener al CHIP funcionando, dijo Alker, “y están asumiendo que el Congreso lo aprobará y se le reembolsará retroactivamente”. Eso es lo que esperan”.
Texas se quedará sin fondos de CHIP mucho antes de lo esperado. Y hay una gran razón: el huracán Harvey, dijo Laura Guerra-Cardus, del Children’s Defense Fund en Austin.
“Los desastres naturales a menudo son una forma en que las personas que nunca tuvieron que depender de programas como el Medicaid y CHIP los necesitan por primera vez”, dijo.
Guerra-Cardus dijo que después de Harvey muchas nuevas familias se inscribieron en CHIP y también que hubo una mayor demanda de servicios. “Cuando hay un evento tan traumático, las necesidades de atención médica aumentan. Ha habido una gran cantidad de casos de estrés postraumático en los niños”, dijo.
Y para ayudar a esas familias, los funcionarios de Texas también renunciaron a las tarifas que generalmente tienen que pagar para unirse a CHIP. Por lo tanto, últimamente ha habido menos dinero entrando y más dinero saliendo. Al igual que Virginia, sin reautorización, Texas tendría que cerrar el CHIP a fines de enero.
Es algo a lo que teme mucho Amy Ellis, de Alpine, Texas. “Es algo que me hace perder el sueño”.
Ellis tiene una hija de 8 años que ha estado en CHIP desde que nació. La niña tiene asma y alergias, dijo Ellis, y el seguro de salud es muy importante porque su familia no gana mucho dinero. La medicina para la alergia de su hija es costosa.
Ellis vive en las zonas rurales del oeste de Texas, casi cuatro horas al sudeste de El Paso y “a tres horas de la ciudad más cercana”, dijo.
El aislamiento significa que Ellis no tiene muchas opciones además de CHIP, explicó. Una opción sería inscribir a su hija en el plan de salud que ella y su esposo tienen a través de ACA. Pero Ellis dijo que sería costoso.
“Cuesta $300 a $400 por mes agregarla a nuestro plan, que sería una gran parte de nuestros ingresos”, dijo. “Ese es el dinero que tenemos para comprar comida y gasolina”.
Muchas familias en Texas podrían encontrarse en la misma situación si el Congreso no actúa pronto, dijo Guerra-Cardus. “Esto va a afectar la vida de los niños con necesidades crónicas o de atención médica especiales”.
Aproximadamente 450,000 niños están cubiertos por CHIP en Texas. Funcionarios dicen que le están pidiendo al gobierno federal que les dé dinero para mantener al CHIP con vida hasta febrero.
Pero debido a que los funcionarios deben avisar a las familias con 30 días de anticipación si el programa finalizará, las familias en Texas podrían recibir cartas cerca de Navidad que indiquen que sus hijos están perdiendo su seguro de salud.
Esta historia es parte de una asociación informativa con NPR, estaciones miembro locales y Kaiser Health News. Selena Simmons-Duffin es productora de All Things Considered, de NPR, y está actualmente en un intercambio con la estación miembro de Washington, D.C., WAMU.
ϳԹ News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .This <a target="_blank" href="/es/insurance/chip-sigue-en-peligro-atencion-medica-de-9-millones-de-ninos/">article</a> first appeared on <a target="_blank" href="">KFF Health News</a> and is republished here under a <a target="_blank" href=" Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.<img src="/wp-content/uploads/sites/8/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=150" style="width:1em;height:1em;margin-left:10px;">
<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=797116&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>“Estos programas no son sólo una red de seguridad para las familias que no tienen seguro”, agregó Strane, quien es investigador asociado en el PolicyLab del Hospital de Niños de Filadelfia. “Si el CHIP no se renueva, podríamos estar ejerciendo una presión sustancial sobre las familias trabajadoras”.
El Medicaid es el programa federal gerenciado por los estados que proporciona cobertura de salud para adultos y niños de bajos ingresos. CHIP ofrece seguro de salud para niños de familias cuyos ingresos son modestos, pero demasiado altos para calificar para el Medicaid. En el 2016, sólo tres estados -Arizona, Idaho y Dakota del Norte- limitaron la cobertura del Medicaid /CHIP a los niños cuyas familias reportaban ingresos inferiores al 200 por ciento del nivel federal de pobreza ($40.320 dólares para una familia de tres). En cambio, 19 estados ofrecieron cobertura a niños con ingresos familiares superiores al 300 por ciento del nivel federal de pobreza ($60.480 dólares para una familia de tres personas), según un análisis de la (KFF). (KHN es un programa editorialmente independiente de la fundación).
Los gastos de bolsillo del Medicaid/CHIP varían según el estado, pero en general la cobertura es significativamente menos costosa que la que ofrece un empleador. El estudio de Health Affairs analizó los datos de la Encuesta del Panel de Gastos Médicos entre el 2008 y el 2013 para las familias con ingresos entre el 100 y el 400 por ciento del nivel federal de pobreza, en las cuales al menos uno de los padres tenía cobertura patrocinada por su empleador.
El estudio se realizó antes de la apertura de los mercados de seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, pero los investigadores dijeron que debido a que estas familias tenían opciones de cobertura basadas en sus empleos, probablemente no habrían calificado para una cobertura menos costosa en los mercados del Obamacare.
Durante el curso del estudio, casi todas las familias a las que se les ofreció cobertura la aceptaron para uno de los padres, y aproximadamente tres cuartas partes de los niños de la muestra estaban cubiertos por el plan patrocinado por el empleador de sus padres. Sin embargo, la proporción de niños que carecían de cobertura patrocinada por el empleador, aunque se lo ofrecían a al menos uno de los padres, había crecido del 22,5 por ciento en el 2008 a 25 por ciento en el 2013, según el estudio.
Del mismo modo, el porcentaje de niños inscriptos en el Medicaid o CHIP, aunque al menos uno de los padres tenía cobertura a través de un empleador, aumentó 3,1 puntos porcentuales, a 15,2 por ciento, durante el curso del estudio.
La investigación comprobó que el 65 por ciento de los niños hispanos estaban cubiertos por un seguro patrocinado por el empleador de sus padres. Pero los investigadores no informaron sobre el porcentaje de niños hispanos que son elegibles para los planes de sus padres, pero sin embargo reciben cobertura a través del Medicaid o CHIP.
Los aumentos de las primas para la cobertura patrocinada por el empleador pueden poner un plan familiar fuera del alcance de hogares con ingresos bajos o moderados, dijo Strane. Entre el 2006 y el 2016 las primas aumentaron un 58 por ciento para la cobertura familiar, según la encuesta anual de este año de la Kaiser Family Foundation sobre .
Este año, las familias pagaron un promedio de $5.277 por cobertura, o el 29 por ciento del costo total del plan. La parte de la prima que le corresponde pagar a los trabajadores creció un 78 por ciento durante la última década, superando el crecimiento de las primas, según el estudio de KFF. “Las familias hicieron números y probablemente se dieron cuenta que el CHIP les iba a ahorrar dinero”, concluyó Strane.
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