Los gemelos de Nah Thu Thu Win necesitaban sus vacunas antes de empezar la guardería. Pero ella habla poco inglés y los niños no tienen seguro médico.

William Arce y Wanda Serrano se recuperaban de unas cirugías recientes; pero la pareja necesitaba ayuda para entender su cobertura y las facturas.

Engebretson, Win, Arce y Serrano tuvieron la suerte de contar con la ayuda de trabajadores de salud de Huron, una ciudad de 14.000 habitantes conocida por ser el lugar donde se celebra la feria estatal y donde se encuentra la escultura del faisán más grande del mundo.

Tres trabajadores del Huron Regional Medical Center ayudan a los pacientes a navegar el sistema de salud y a superar las barreras, como la pobreza o la falta de una Vivienda segura, que podrían impedirles recibir atención médica. Estos trabajadores de salud comunitarios también pueden proporcionar educación básica sobre la gestión de problemas crónicos, como la diabetes o el colesterol alto.

Los programas de trabajadores de salud comunitarios se extienden por todo Estados Unidos, incluyendo zonas rurales y ciudades pequeñas, a medida que los proveedores de servicios de salud y los gobiernos y invierten cada vez más en ellos.

Estas iniciativas llamaron la atención durante la pandemia de covid-19, y que mejoran la salud de las personas y el acceso a la atención preventiva, al tiempo que reducen las costosas visitas al hospital.

Según Gabriela Boscán Fauquier, supervisora de iniciativas de trabajadores de salud comunitarios en la National Rural Health Association, los programas que cuentan con estos trabajadores pueden superar obstáculos comunes en las zonas rurales, donde la población se enfrenta a y a .

Estos trabajadores son “una extensión del sistema de salud” y sirven de enlace “entre la formalidad del sistema y la comunidad”, explicó Boscán Fauquier.

Los programas suelen tener como base a sistemas hospitalarios o a centros de salud comunitarios. El salario promedio de los trabajadores es de $23 la hora, según la Oficina Federal de Estadísticas Laborales. Se suele referir a los pacientes luego que médicos han observado que van mucho a las salas de emergencias o enfrentan desafíos personales.

es uno de los estados que ha financiado recientemente programas de trabajadores de salud comunitarios, ha establecido requisitos de formación y ha aprobado el reembolso de Medicaid por sus servicios. El programa de certificación del estado exige aprobar un curso de 200 y 40 horas de prácticas.

El Huron Regional Medical Center puso en marcha la iniciativa en el otoño de 2022, luego de recibir una subvención federal de $228.000. Al programa ahora lo financia el hospital sin fines de lucro y los reembolsos de Medicaid.

La población ed Huron, una pequeña ciudad rodeada de campo, es mayoritariamente blanca no hispana. Pero miles de originarios de Karen, una minoría étnica de Myanmar, país del sudeste asiático, . Muchos son refugiados. La ciudad también cuenta con una importante población hispana procedente del Caribe, México, Centroamérica y Sudamérica.

Mickie Scheibe, una de las trabajadoras de salud de Huron, pasó hace poco por la casa de Kelly Engebretson. Este hombre de 61 años no había podido trabajar desde que le amputaron parte de una pierna por complicaciones de la diabetes.

Scheibe lo ayuda con “los trámites que hay que hacer”, como solicitar Medicaid, explicó Engebretson.

Le dijo a Scheibe que no sabía cómo iba a llegar a Sioux Falls, a dos horas en auto de su casa, para que le pusieran la prótesis. Scheibe, de 54 años, le dijo que lo ayudaría a encontrar un transporte seguro.

También invitó a Engebretson a un programa educativo sobre diabetes.

“Iré encantado”, respondió él, agregando que invitaría a su madre.

Ese mismo día, Sau-Mei Ramos, compañera de trabajo de Scheibe, visitó el apartamento donde viven William Arce y Wanda Serrano. Arce se estaba recuperando de una operación de corazón, mientras que Serrano había tenido una operación de rodilla y otra de hombro.

La pareja, ambos de 61 años, llegó hace tres años desde Puerto Rico para estar cerca de sus hijos en Huron. Ramos, que también es puertorriqueña, coordinó sus citas, respondió a sus preguntas sobre facturación y ayudó a Arce a encontrar un andador y un seguro complementario.

Ramos, de 29 años, le entregó a Arce un folleto sobre salud del corazón y le pidió que leyera la sección sobre angina de pecho, el dolor que se produce cuando no llega suficiente sangre al corazón.

“¿Qué entiende? “, le preguntó a Arce para saber si comprendía su enfermedad. Arce respondió que sabía qué era la angina de pecho y a qué síntomas debía estar atento.

Más tarde ese mismo día, Paw Wah Sa, la tercera trabajadora de salud comunitaria de la ciudad, se reunió con Nah Thu Thu Win, que llegó a Huron en febrero desde Myanmar con su marido y sus gemelos de 6 años. La familia Win, al igual que Sa, pertenecen a la comunidad Karen, perseguida por los militares de Myanmar, el país antes conocido como Birmania.

Win, de 29 años, suponía que los niños tendrían derecho a Medicaid. Pero, a diferencia de la mayoría de los demás estados, Dakota del Sur a los niños que han migrado legalmente a Estados Unidos. El padre de los niños espera poder incluirlos pronto en su seguro laboral.

Sa no quería que los niños tuvieran que esperar para recibir atención de salud. La joven, de 24 años, ya había llevado a los gemelos a una clínica dental móvil gratuita en Huron. Resultó que necesitaban un tratamiento dental más avanzado, que sólo podían recibir sin cargo en Sioux Falls. Sa los ayudó a hacer los trámites.

Muchos residents que pertenecen a la etnia Karen y los que proceden de zonas rurales de Latinoamérica tenían poco acceso a atención antes de venir a Estados Unidos, explicaron Sa y Ramos. Dijeron que una parte importante de su trabajo consiste en explicar qué tipo de atención está disponible y cuándo es importante buscar ayuda.

A veces, las tres trabajadoras llevan a sus clientes a hacer las compras, para enseñarles a entender las etiquetas y a identificar los alimentos saludables.

Boscán Fauquier, de la National Rural Health Association, afirmó que, dado que los trabajadores comunitarios conocen las culturas a las que atienden, pueden sugerir alimentos asequibles con los que los clientes están familiarizados.

La población de las zonas rurales de Estados Unidos se está reduciendo, pero el censo de 2020 mostró que se ha vuelto por la llegada de personas de minorías étnicas que entran a trabajar en industrias como la agricultura, el envasado de carne y la minería. Otros llegan atraídos por los bajos índices de delincuencia y las viviendas más económicas de las zonas rurales.

Boscán Fauquier señaló que muchos programas de trabajadores de salud para comunidades rurales atienden a personas de grupos minoritarios, que tienen que los blancos no hispanos de enfrentarse a barreras que les impiden el acceso a los servicios médicos.

Señaló los programas que atienden a , a la región del Cinturón Negro del Sur y a las comunidades hispanohablantes, donde se conoce a las trabajadoras comunicatrias como “promotoras”. Pero estos trabajadores también atienden a comunidades rurales blancas no hispanas, como la de los Apalaches, afectadas por la crisis de los opioides.

Medicare, el programa federal de salud para adultos de 65 años o más, reembolsa los servicios de los trabajadores comunitarios . Boscán Fauquier dijo que los activistas de salud esperan que más programas estatales de Medicaid y permitan también el reembolso.

Engebretson comentó que se alegra de que haya trabajadores de salud comunitarios en todo Dakota del Sur, no sólo en las grandes ciudades.

Cuantos más “puedan llegar a las personas, mejor será”, dijo.

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Alma se ganó su reputación como fuente de información fiable gracias a sus prácticas como trabajadora comunitaria de salud.

Fue una de los 35 estudiantes del condado de Fresno a los que se formó recientemente para explicar cómo las vacunas de covid ayudan a , y para animar a familiares, compañeros y miembros de la comunidad a estar al día con sus vacunas, incluidas las de refuerzo.

Cuando Alma terminó sus prácticas en octubre, ella y siete compañeros de equipo evaluaron su trabajo en un proyecto final. Los estudiantes estaban orgullosos de poder llevar a cabo este trabajo de divulgación sobre las vacunas.

Alma convenció a su familia para que se vacunara. Dijo que sus familiares, que habían recibido información sobre covid a través de las noticias en español, no creían en los riesgos hasta que murió un amigo cercano de la familia.

“Te dan ganas de saber más”, dijo Alma. “Ahora toda mi familia está vacunada, pero aprendimos por las malas”.

Organizaciones comunitarias de salud en California y en todo el país forman a adolescentes, muchos de ellos latinos, para que actúen como educadores de la salud en la escuela, en las redes sociales y en las comunidades donde persiste el miedo a la vacuna contra covid.

Según una encuesta de 2021 encargada por Voto Latino y realizada por Change Research, el dijeron que no confiaban en la seguridad de las vacunas. La cifra se dispara hasta el 67% en el caso de aquellos cuyo idioma principal en casa es el español. Las razones más comunes para rechazar la vacuna incluyen no confiar en su eficacia y no confiar en los fabricantes de la vacuna.

Y las dudas sobre las vacunas no solo prevalecen entre los no vacunados. Aunque de hispanos y latinos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra covid, pocos afirman estar al día en sus vacunas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los CDC estiman que de los latinos han recibido un refuerzo bivalente, una vacuna actualizada que los funcionarios de salud pública recomiendan para proteger contra las nuevas variantes del virus.

Proveedores y activistas de salud creen que los jóvenes, como Alma, están bien posicionados para ayudar a aumentar esas cifras de vacunación, especialmente cuando ayudan a navegar por el sistema sanitario a sus familiares hispanohablantes.

“Tiene sentido que consideremos a nuestros jóvenes como educadores en materia de vacunas ante sus compañeros y familias”, afirmó el doctor Tomás Magaña, profesor del departamento de pediatría de la Universidad de California-San Francisco. “Y cuando hablamos de la comunidad latina, tenemos que pensar con seriedad y creatividad en cómo llegar a ellos”.

Algunos programas de formación utilizan modelos para estudiantes en los campus, mientras que otros enseñan a los adolescentes a abrirse camino en sus comunidades.

, una organización de jóvenes con sede en Oakland, aprovecha programas en California, Nuevo México, Colorado y Michigan para convertir a los estudiantes en educadores sobre la vacuna contra covid.

Y el de Florida, que forma a estudiantes de primer y segundo año de secundaria para que enseñen a los de primer año sobre salud física y emocional, integra la seguridad de la vacuna contra covid en su plan de estudios.

En Fresno, el programa para jóvenes trabajadores comunitarios de la salud, llamado , adoptó el modelo promotoras.

Las promotoras son trabajadoras sanitarias, sin licencia, de las comunidades latinas encargadas de orientar a las personas hacia los recursos médicos y promover mejores opciones de estilo de vida. que las promotoras son miembros de confianza de la comunidad, lo que las sitúa en una posición privilegiada para ofrecer educación y divulgación sobre las vacunas.

“Los adolescentes se comunican de forma diferente, y obtienen una gran respuesta”, afirmó Sandra Celedon, CEO de , una de las organizaciones que ayudó a diseñar el programa de prácticas para estudiantes de 16 años o más. “Durante los eventos de divulgación, todos quieren hablar con los jóvenes”.

Los adolescentes que participan en Promotoritos son principalmente latinos, inmigrantes indocumentados, estudiantes refugiados o hijos de inmigrantes. Reciben 20 horas de formación, que incluyen estrategias de campaña en las redes sociales. Por ello, obtienen créditos escolares y el año pasado les pagaron $15 la hora.

“Nadie piensa en estos chicos como becarios”, señaló Celedon. “Así que queríamos crear una oportunidad para ellos porque sabemos que estos son los estudiantes que más se pueden beneficiar de unas prácticas remuneradas”.

El otoño pasado, Alma, que es latina, y otros tres jóvenes trabajadores comunitarios de salud distribuyeron kits de pruebas covid en negocios locales de su barrio.

Su primera parada fue Tiger Bite Bowls, un restaurante de fusión asiática. Los adolescentes hablaron con el propietario del restaurante, Chris Vang, y le preguntaron si tenía alguna duda sobre covid. Al final de la conversación, le entregaron un puñado de kits de pruebas.

“Creo que es bueno que estén concienciados y no tengan miedo de compartir sus conocimientos sobre covid”, afirmó Vang. “Voy a entregar estas pruebas a quien las necesite: clientes y empleados”.

Otro beneficio del programa: los jóvenes se familiarizan con las carreras en el campo de la salud.

California se enfrenta a una , y los profesionales de la salud no siempre reflejan la creciente diversidad de la población del estado.

Hispanos y latinos representan el 39% de la población de California, pero son solo el 6% de los médicos del estado y el 8% de los licenciados en medicina, según un informe de la .

Alma se unió al programa en junio después de ver un folleto en la oficina del consejero escolar. Dijo que era su forma de ayudar a evitar que otras familias perdieran a un ser querido.

Ahora está interesada en convertirse en radióloga.

“A mi edad”, añadió Alma, “esta es la manera perfecta de contribuir con mi comunidad”.

Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Scott trabaja en una oficina a la sombra de la fábrica de acero que empleaba a su abuelo en esta ciudad cada vez más pequeña en el área metropolitana de St. Louis. Con muchos de los trabajos del acero se ha ido parte de la estabilidad del área: de los residentes de Granite City viven en la pobreza, mucho más que el .

Luego golpeó covid-19, otro desestabilizador. Y ahi fue cuando Scott intervino: asistiendo a los que se quedaron sin trabajo, tienen covid y necesitan pagar la renta. Llevando artículos de limpieza o alimentos de un banco de alimentos local. Aconsejando sobre cómo mantener las finanzas para pagar las cuentas y no tener que cerrar negocios. Y las llamadas siguen llegando porque la gente sabe que ella entiende y ayuda.

“He tenido hambre. No he tenido auto”, dijo Scott. “He pasado por esas cosas”.

Scott es una de los más de 650 trabajadores de salud comunitarios que el Departamento de Salud Pública de Illinois contrató a través de organizaciones comunitarias locales desde marzo pasado. Esta fuerza laboral del Programa de Navegadores de Salud para Pandemias fue posible gracias a una subvención de casi $55 millones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a través del alivio federal aprobado por el Congreso.

El equipo ha completado al menos 45,000 solicitudes de asistencia, que les fueron remitidas a través del rastreo de contactos de casos de covid.

A medida que los trabajadores se han ganado la confianza de la comunidad, Scott dijo que han llegado nuevas solicitudes de personas que han oído hablar del programa general, en donde los navegadores hacen más que ayudar en cuestiones de salud pública.

Pero el dinero se acabará a fines de junio. Trabajadores como Scott no están seguros de su futuro y el de las personas a las que ayudan cada día. El , director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, dijo que es lo que ocurre históricamente con la financiación de salud pública. “A medida que los dólares desaparezcan, veremos a algunas personas caer al precipicio”, dijo.

El problema, como lo ve Benjamin, es la falta de una visión sistemática de la salud pública en el país. “Si hicieras esto con tu ejército, nunca podrías tener un sistema de seguridad sólido”.

Los trabajadores de salud comunitarios se posicionaron como un componente clave de la agenda de salud pública del presidente Joe Biden. Idealmente, son como el vecino en quien se puede confiar cuando se necesita ayuda. Pero ha sido difícil que estos programas reciban fondos de manera consistente.

Se suponía que cientos de millones de dólares se destinarían a construir una fuerza laboral de salud comunitaria después de que el American Rescue Plan Act se convirtiera en ley en marzo pasado, dijo Denise Smith, directora ejecutiva fundadora de la .

Pero, agregó, gran parte del dinero se gasta rápidamente en departamentos de salud o iniciativas nacionales, no en organizaciones comunitarias locales. “Para las facturas y la deuda del auto, el alquiler o los niños, eso simplemente no es sostenible”, dijo. “No podemos hacerlo gratis”.

El programa de Illinois trata de contratar trabajadores dentro de las comunidades. Dos tercios se identifican como latinos, o negros no hispanos. Alrededor del 40% estaba desempleado anteriormente, y contratarlos inyecta dinero en las comunidades a las que sirven. Cobran de $20 a $30 por hora, y casi la mitad de los empleos incluyen seguro médico o un estipendio para cubrirlo.

Tracey Smith, quien supervisa el Pandemic Health Navigator Program para el Departamento de Salud Pública de Illinois y no está relacionada con Denise Smith, considera que pagar por tales trabajadores es una necesidad, no un lujo, para ayudar a las personas a navegar el sistema de atención médica quebrado de la nación y los programas de asistencia gubernamentales inconexos.

Angelia Gower, vicepresidenta de la NAACP en Madison, Illinois, es ahora una de esas trabajadoras comunitarias de salud pagas. “Te ven semana tras semana, y mes tras mes, y todavía estás ahí, empiezan a confiar”, dijo. “Estás haciendo una conexión”.

Pero a medida que disminuyeron los casos de covid en Illinois, la cantidad de trabajadores de salud durante la pandemia se redujo en casi un tercio, a aproximadamente 450, en parte porque encontraron otras oportunidades.

Smith es optimista de que el programa obtendrá dinero para mantener a unos 300 trabajadores de salud comunitarios en el personal, y aprovechar la credibilidad que han construido en las comunidades para enfocarse en la prevención de enfermedades.

El sistema de salud estadounidense fragmentado, y sus desigualdades sistémicas, no desaparecerán con covid, dijo. Además, millones de personas están a punto de perder su cobertura de Medicaid a medida que se agoten los beneficios por la pandemia, dijo Benjamin, creando una brecha en su red de seguridad.

Parte del desafío de financiamiento a largo plazo es cuantificar lo que hacen los trabajadores como Scott en un día, especialmente si no se relaciona directamente con covid u otra enfermedad transmisible.

 Â¿Cómo tabula la diferencia que se hace en la vida de un cliente cuando está asegurando camas para sus hijos, computadoras portátiles para que vayan a la escuela o aprovechando los fondos de FEMA para pagar por el funeral de un ser querido que murió por covid? ¿Cómo asigna un monto en dólares a los servicios integrales que pueden mantener a flote a una familia, especialmente cuando no hay una emergencia de salud pública?

Denise Smith teme que ocurra lo mismo que con muchas subvenciones de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). En 2013, trabajaba como trabajadora de salud comunitaria en Connecticut, ayudando a reducir la tasa de personas sin seguro en su área en un 50%. Pero el dinero se acabó y el programa simplemente desapareció.

Mientras se esperan más fondos, Scott no puede evitar preocuparse por personas como Christina Lewis, de 40 años.

Cuando sale de la casa móvil de Lewis después de dejar una caja de alimentos, Scott le recuerda a Lewis que siga usando máscara incluso cuando otras personas ya no la usan. Lewis dijo que la ayuda de Scott ha sido invaluable. Lewis se ha quedado en casa durante la pandemia para proteger a su hija de 5 años, Briella, quien nació prematura y tiene una enfermedad pulmonar crónica. La lucha por llegar a fin de mes está lejos de terminar en medio de la creciente inflación.

Bromeando sobre el precio de la gasolina, Lewis dijo: “Ya sé, voy a tener que conseguir una bicicleta”.

En los últimos meses, Scott escuchó y consoló a Lewis mientras lloraba por el estrés de mantenerse a flote y perder familiares a causa de covid. Scott no está segura de qué pasará con todos sus clientes si su apoyo desaparece.

“¿Qué le sucede a la gente cuando todo desaparece?”, se preguntó.

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La mujer dijo en español: “¡Buenos días! ¡Hoy estamos aquí para hablar sobre covid-19! ¿Tienes un minuto?.

Después de una breve conversación, García supo que el hombre no tenía conexión a Internet ni teléfono propio, pero tenía 66 años y quería recibir la vacuna. Había ido a una farmacia en persona, pero ya no había dosis por ese día.

García anotó su nombre y el número de teléfono de un amigo, para poder comunicarse con el conductor más tarde sobre una clínica móvil de vacunas que El Sol Neighborhood Educational Center, estaba organizando para la remota y desértica ciudad, en algún momento de abril.

Luego pasó al siguiente coche. Y al siguiente. Cuando la fila comenzó a moverse, ella y su compañera, la trabajadora de salud Erika Marroquín, corrieron arriba y abajo por la acera, anotando nombres, números de teléfono y condiciones preexistentes. Era el primer día templado y soleado que la región del High Desert había visto en semanas, y el ejercicio las hacía sudar.

Después de 90 minutos, se terminó el banco de alimentos del día, y García y Marroquín habían hablado con personas en 54 autos. Encontraron a seis ansiosas por la vacuna covid y elegibles de inmediato. Otras 10 querían estar en lista de espera de dosis sobrantes.

Como en muchos estados, la implementación de la vacunación en California ha sido lenta y caótica. Más de en el estado más poblado del país han sido vacunados al menos parcialmente, mientras que otros 5,6 millones están completamente vacunados.

El 15 de abril, todos los adultos de California serán elegibles para inscribirse para recibir una vacuna y, a principios del verano, el objetivo es tener suficientes dosis para cualquier adulto que la quiera.

Pero el país necesita llevar la para evitar que el virus se propague fácilmente, un nivel llamado inmunidad colectiva por los expertos en enfermedades infecciosas. Una figura que asume que la población es homogénea en términos de vacunación.

Es por eso que la capacidad del estado para evitar otro aumento de covid puede depender de personas como García y Marroquín, trabajadores de salud comunitarios que corren contra el tiempo realizando una tarea intensa, para evitar que grupos de poblaciones con bajas tasas de vacunación en comunidades remotas o aisladas se conviertan en un polvorín para una nueva oleada de covid.

“Cuando hay zonas geográficas o grupos sociales no vacunados, realmente se arruina la inmunidad colectiva”, dijo Daniel Salmon, director del Instituto para la Seguridad de las Vacunas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Los en los Estados Unidos en los últimos años proporcionan un ejemplo aleccionador. La cobertura de vacunas a nivel estatal y nacional es bastante alta, “pero luego tienes estas comunidades donde mucha gente rechaza las vacunas, aparece sarampión importado y se genera un brote”, dijo Salmon.

Los brotes han afectado a ciertas comunidades judías ortodoxas en Nueva York, inmigrantes somalíes en Minnesota, y zonas acomodadas del sur de California donde viven padres que están en contra de las vacunas.

El coronavirus que causa covid sigue circulando ampliamente en California, aunque a niveles mucho más bajos que hace dos meses. El virus, especialmente una variante cada vez más común y más contagiosa, podría atravesar fácilmente comunidades vulnerables con bajos niveles de inmunidad.

En Adelanto, donde el 29% de los residentes vive en la pobreza, se había vacunado por completo al 20 de marzo.

Al 26 de marzo, la mayoría de las más de 15.9 millones de dosis de vacunas distribuidas desde diciembre se habían destinado a los lugares .

Las organizaciones comunitarias sin fines de lucro y las iglesias están clamando por más fondos, y confianza, para llevar la vacuna hasta la última milla, a las personas a las que han estado sirviendo durante años.

El éxito de El Sol en vacunar a las poblaciones negras, latinas y otras poblaciones subrepresentadas desacredita la idea de que estos grupos no recibirán la vacuna, dijo Juan Carlos Belliard, vicepresidente asistente de asociaciones comunitarias de Loma Linda University Health, en el condado de San Bernardino.

Loma Linda está colaborando con El Sol para dotar de personal y proporcionar dosis para las clínicas. Las personas que se presentan están listas para recibir la vacuna, aunque algunas dudan un poco, comentó.

“No son como nuestra gente de clase media que literalmente está llorando por la vacuna”, dijo Belliard. “Estas personas todavía están nerviosas pero se han logrado remover muchas otras barreras”.

Los trabajadores comunitarios de El Sol fueron financiados por un esfuerzo combinado de $52,7 millones de fondos estatales y filantrópicos que proporcionaron subvenciones a 337 organizaciones consideradas “mensajeras de confianza” en sus comunidades.

El dinero fue enviado a grupos como El Sol que tenían antecedentes probados de caminar los vecindarios, de casa en casa, para el registro de votantes o encuestas del Censo.

El Sol recibió $120,000 de la iniciativa público-privada para apoyar sus esfuerzos educativos y de divulgación general para la vacunación contra covid. Pero el grupo no sabía si obtendría algún reembolso por los eventos móviles de vacunación que organizó en el condado de San Bernardino, dijo Alex Fajardo, su director ejecutivo.

El Sol llevó a cabo un evento de vacunación el 17 de febrero en el Centro Cristiano Luz y Esperanza, una iglesia ubicada junto a una autopista de dos carriles en Adelanto, bordeada por desierto.

El personal médico, los estudiantes y las vacunas llegaron desde Loma Linda University Health, a una hora de distancia, para vacunar a 250 personas, y regresaron un mes después para darles su segunda dosis.

Rosa Hernández, de 69 años, y Patricia Pérez, de 47, madre e hija, estuvieron entre las que recibieron sus vacunas en el Centro Cristiano.

El padre de Pérez, que trabaja en el departamento de lácteos de un supermercado, se enfermó de covid en junio y no pudo regresar al trabajo durante seis meses. Nadie más en la familia de siete miembros resultó positivo, pero Rosa Hernández es una sobreviviente de cáncer y su hija estaba preocupada por ella.

A pesar de las múltiples llamadas a una línea telefónica del condado, Pérez no había podido hacer una cita para su madre. La conexión a Internet de la familia, en la cercana ciudad de Hesperia, es irregular y Pérez no podía navegar por los sitios web ni encontrar información en español, el idioma con el que se siente más cómoda.

Aprovechó la oportunidad cuando se enteró del evento de El Sol a través de alguien de su iglesia. Pérez también logró obtener una dosis adicional para ella después de que una cita fuera cancelada. Ahora ambas están completamente vacunadas, dijo Pérez, y no hubiera sucedido sin El Sol.

El grupo planea hacer tres ventanas emergentes de vacunación más en el área de High Desert. Pero el apoyo futuro para sus clínicas, el alcance de las vacunas y la educación son inciertos, dijo Fajardo.

“¿Qué va a pasar después?”, expresó. “Cuando te necesitamos, te pagamos. Cuando no te necesitemos, adiós”.

“Esa es una evaluación muy justa”, dijo Susan Watson, directora de programas de la iniciativa Together Toward Health del Public Health Institute, el financiador filantrópico detrás de parte del trabajo de El Sol. “Aquí hay una oportunidad para que la gente piense en el futuro y en cómo hacemos las cosas, que no necesariamente deja a los grupos comunitarios fuera, a los que solo se usa cuando hay una emergencia”.

Community Coalition, una organización sin fines de lucro del sur de Los Ángeles fundada en 1990, también recibió subvenciones de la asociación público-privada para crear conciencia sobre las vacunas de covid, pero no fondos adicionales para entregar vacunas a la gente.

Aún así, movilizó al personal para tocar puertas, enviar mensajes de texto y correo electrónico a las personas elegibles para que asistieran a un evento de vacunación emergente de dos semanas en un parque del vecindario a principios de marzo: 4,487 personas recibieron su primera dosis, dijo Corey Matthews, jefe de operaciones del grupo.

El doctor Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos del estado, prometió proporcionar más dinero para los grupos que están vacunando a sus comunidades. “Este no es un trabajo voluntario”, le dijo a KHN en una rueda de prensa. “Este es un trabajo real, y quiero ser parte del equipo que lo hace realidad para todos”.

Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, se hizo eco de ese sentimiento. “Estaban allí antes de que comenzara la pandemia, han estado allí todo el tiempo durante la pandemia y estarán aquí mucho después de la pandemia”, dijo.

Ya sea que esas promesas se mantengan o no, los grupos comunitarios dicen que quieren ser parte del esfuerzo de vacunación.

“Incluso si no nos dan dinero, seguiremos haciendo el trabajo”, afirmó Fajardo.

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“Los centros de salud están desempeñando un papel fundamental”, dijo , administrador asociado de la Oficina de Atención Primaria de Salud del gobierno federal.

Alrededor de 29 millones de personas en el país dependen de estos centros, que ofrecen atención médica a pacientes de bajos ingresos y sin seguro. Millones de latinos reciben atención en estas clínicas.

A medida que los hospitales reciben más pacientes con COVID-19, los centros están revisando la forma en que atienden a los pacientes y han puesto en marcha nuevos protocolos para el manejo de enfermedades infecciosas.

Los fondos extra del gobierno se repartirán entre 1,381 centros de salud comunitarios (muchos de los cuales operan múltiples clínicas), principalmente para respaldar más pruebas para COVID-19, telemedicina y adquisición de equipos de protección personal.

“No está cerca de lo que se necesita, pero estamos agradecidos”, dijo Bob Marsalli, CEO de la Washington Association for Community Health, un grupo que representa a los centros de salud comunitarios en el estado de Washington.

Marsalli dijo que los centros en el estado están bajo una creciente presión financiera a medida que recrudece la batalla contra el coronavirus, al tiempo que pierden algunas fuentes clave de financiación.

“[Nuestras clínicas] están reasignando su fuerza laboral de manera inteligente, pero frenética, para mantenerse al día con la demanda”, dijo Marsalli.

Nuevas reglas de juego

En circunstancias normales, , un centro de salud comunitario en Auburn, Washington, alentaría a los pacientes a ir a la clínica para todas sus necesidades médicas, tanto para surtir una receta como para aprender sobre nutrición.

“Por lo general, nuestro lobby está colmado”, dijo la . “Es un espacio abierto y todos están juntos”.

Pero en estos días solo hay unos pocos pacientes con máscaras quirúrgicas esperando que los atiendan. Y Johnston les dice a los pacientes que no vayan a menos que realmente necesiten atención médica.

“Es un poco frustrante y desmoralizante, pero es la realidad de la situación”, dijo.

HealthPoint dirige más de una docena de clínicas en todo el oeste de Washington. Ahora, en la entrada de sus centros, el personal hace preguntas a los pacientes para identificar los síntomas de COVID-19 y controlar los mantiene a distancia uno del otro una vez dentro.

Johnston dijo que la clínica no se abrió para albergar una afluencia de pacientes con enfermedades infecciosas. Tienen un limitado número de cuartos, y cada uno debe cerrarse y limpiarse después que entra un paciente sospechoso de tener COVID-19.

“Simplemente no tenemos suficiente espacio para poder hacer eso de forma rutinaria”, dijo.

Johnston se preocupa por lo que vendrá a medida que aumenten los casos de COVID-19 en su área.

“Nos enorgullecemos de ser un espacio de atención primaria”, dijo Johnston. “No tenemos suficientes máscaras N95, ni, para ser sinceros, estábamos preparados para una situación en la que todos debían estar bien equipados”.

La doctora Judy Featherstone, directora médica de HealthPoint, dijo que ahora la mayoría de las citas se hacen por teléfono. Su personal está atendiendo llamadas de personas preocupadas por los síntomas, así como de nuevos pacientes que quieren tener un médico en caso que contraigan el coronavirus.

“Es un poco como tomar 20 años de trabajo y rediseñarlo en una semana”, dijo Featherstone. “Creo que estamos anticipando posibles problemas de la fuerza laboral”.

Al igual que muchas clínicas en Washington, HealthPoint ha establecido sitios de pruebas al aire libre, pero el suministro de kits y equipos de protección personal, limita el número de pacientes que pueden hacérselas.

Crece la tensión financiera

A medida que van menos pacientes para recibir atención, autoridades se preocupan por el futuro financiero de los centros. Las clínicas han cambiado a citas telefónicas, pero el programa de Medicaid de Washington tardó varias semanas en ajustar la forma en que paga esas visitas. Mientras tanto, los centros de salud comunitarios están eliminando las visitas dentales de rutina, un flujo de financiación clave.

“Toma esos tres factores… y ya has comenzado a perder ingresos antes de prepararte para nuevas formas de brindar atención”, dijo , CEO de Neighborcare Health, que atiende a más de 70,000 residentes de Washington, más de la mitad de ellos bajo Medicaid. “Estamos en camino de perder $3 millones al mes”.

La Washington Association for Community Health proyecta que el recorte en la atención dental podría llevar a un déficit de $250 millones para el sistema de centros de salud comunitarios del estado durante los próximos nueve meses.

Rol vital en el sistema de salud

Las clínicas comunitarias juegan un papel importante en el servicio a pacientes que de otro modo terminarían en una sala de emergencias. Erikson dijo que su organización está tratando de aliviar la presión sobre el sistema hospitalario al ver pacientes con problemas de atención médica urgentes no relacionados con COVID-19.

“Por ejemplo, a un paciente para el cuidado de heridas que tiene diabetes subyacente no quieres exponerlo a un posible entorno con COVID-19”, dijo Erikson.

Algunos líderes de clínicas comunitarias también se preocupan por perder personal debido a una infección real o sospechada por coronavirus.

“Es muy crítico que las clínicas permanezcan con todo el personal, de modo que solo aquellos que están gravemente enfermos vayan al hospital”, dijo , directora ejecutiva de Moses Lake Community Health Center, un proveedor de atención médica rural en Washington que atiende a un tercio de la población de su condado, de aproximadamente 100,000 residentes.

Si incluso cinco a 10 trabajadores de salud se enferman, dijo Berschauer, eso podría afectar su organización y, como resultado, posiblemente abrumar al hospital local.

Berschauer agregó que algunos pacientes aún no se dan cuenta de la gravedad de la pandemia y se enojan cuando se los deriva al sitio de prueba al aire libre en lugar de a la clínica.

Un trabajador de alud en un centro en las afueras de Seattle dijo que varios pacientes han tergiversado sus riesgos de COVID-19 para pasar el examen.

“Recibimos una paciente que logró pasar todos los controles y llegó ante un médico para recién entonces revelarnos que su pareja está expuesta a COVID y que se siente enferma”, dijo un empleado (le preocupa perder su trabajo por hablar, por lo que NPR y KHN no están usando su nombre).

Los trabajadores de salud que vieron al paciente no usaron equipo protector porque esos suministros limitados están reservados para pacientes con riesgo conocido de COVID-19.

“Ahora todos los proveedores y el personal de esa instalación deben comenzar a autocontrolarse para detectar signos de infección”, dijo el empleado. “Si se infectan, entonces toda la clínica cierra. Es un problema muy grande”.

Esta historia es parte de una asociación entre NPR y Kaiser Health News

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El uso de máscaras es un fenómeno nuevo en la clínica, ubicada dentro del , una organización de asistencia comunitaria sin fines de lucro que atiende principalmente a inmigrantes chinos.

El personal se presentó a trabajar usando máscaras el lunes 27 de enero, un día después que funcionarios de salud pública confirmaran los , en los condados de Los Ángeles y Orange, dijo el doctor Félix Aguilar, director médico de la clínica.

“En este momento, el miedo es la mayor epidemia que tenemos”, agregó Aguilar.

Mientras China se enfrenta al creciente brote de coronavirus, la comunidad china del área de Los Ángeles —la de los Estados Unidos—, se enfrentan a una desconexión cultural a medida que se preparan para una posible propagación del virus en su tierra adoptiva.

El uso de máscaras faciales es común en China, para proteger contra los gérmenes y la contaminación. Pero cuando los inmigrantes chinos las usan en los Estados Unidos, suele entrar en conflicto con lo que indican los funcionarios de salud pública, que advierten que ofrecen una protección mínima y que podrían inducir a los usuarios a una falsa sensación de seguridad. También pueden atraer las miradas sospechosas de los transeúntes.

“En los Estados Unidos, si tienes una máscara, la gente te mirará como si estuvieras haciendo algo inusual, pero en Asia es común y la gente no lo piensa dos veces”, explicó el , codirector del de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

El Distrito Escolar Unificado de Alhambra, en el condado de Los Ángeles, donde una proporción significativa de estudiantes son de familias que hablan mandarín, está recibiendo que prohíben que los estudiantes usen estas máscaras, dijo Toby Gilbert, vocera del distrito.

“No hay evidencia que el uso de máscaras en el entorno escolar no haga nada más que crear miedo”, dijo Gilbert. “Evita que la gente recuerde que la principal prevención es lavarse las manos”.

La Oficina de Educación del condado de Los Ángeles, que abarca 80 distritos escolares, señala que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles . También reiteran que “no existe una amenaza inmediata para el público en general y no se requieren precauciones especiales”.

No obstante, las tiendas locales se han quedado sin máscaras.

Mike Mai, de 29 años, un recien llegado de Boston, usó una máscara el martes 28 de enero mientras hacía compras con su novia —sin máscara— en San Gabriel Square, un centro comercial al aire libre en el Valle de San Gabriel, que tiene una alta concentración de inmigrantes chinos.

Mai dijo que usaba la máscara para “protección personal”, y afirmó que los funcionarios locales de salud pública no parecían lo suficientemente preocupados por el nuevo virus a pesar de los casos confirmados en California.

“Parecen pensar que tiene un nivel de contagion limitado, lo cual no es cierto por lo que he leído en los medios de comunicación chinos”, dijo. “Aparentemente ha habido casos en los que las personas no muestran síntomas, pero luego dan positivo para el virus. A mí me preocupa”.

La preocupación es comprensible: muchos inmigrantes chinos en esta comunidad vuelan regularmente entre ambos países, o están en contacto cercano con personas que lo hacen.

La fábrica de rumores está trabajando horas extras, ya que entre sus amigos se envían mensajes de texto sin verificar de personas que llegaron recientemente de China, y que sospechan que tienen el virus.

Hasta el lunes 2 de febrero, el número de casos confirmados de coronavirus en los Estados Unidos, incluidos los dos en el sur de California, es de . El miércoles 29 de enero, un avión que evacuaba a más de 200 estadounidenses de Wuhan, China, el epicentro del brote, aterrizó en el estado, en la en el condado de Riverside. Se examinó a los pasajeros antes que dejaran el lugar, y serán monitoreados para detectar signos del virus por dos semanas: se cree que ese es el período de incubación.

Joe Lee, director de capacitación y asistencia técnica de la , en San Leandro, instó a los funcionarios y al público a abstenerse de criticar a las familias que envían a sus hijos a la escuela con máscaras.

“En lugar de culpar a la comunidad china estadounidense por difundir miedo, realmente alentamos al público en general a practicar la humildad cultural”, dijo Lee.

Cherry Tang, quien dirige los ministerios de adultos jóvenes en , en Rosemead, una ciudad en gran parte asiática al este de Los Ángeles, se preocupa por la escasez de máscaras. Tang, de 29 años, dijo que tan pronto como pueda obtener más máscaras, quiere colocarlas, junto con desinfectante para manos, en la parte de la iglesia que está abierta al público.

“Tal vez deberíamos tener algunas regulaciones, o recordarles a las personas que, si han vuelto de China en los últimos 14 días, deberían ponerse una máscara”, dijo Tang. “No deberíamos tratarlos de manera diferente, pero aún debemos ser cautelosos al respecto”.

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Cuarenta años después, García, de 66 años, es la directora ejecutiva de la organización, que ahora opera más de 30 clínicas en los condados de Alameda, Contra Costa y Solano, y atiende a unos 90,000 pacientes al año. Cerca del 65% son latinos, muchos de ellos inmigrantes.

García, quien tiene raíces mexicanas, creció en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas. Recuerda que su familia visitaba con frecuencia Juárez, en México, para comprar alimentos, cargar gasolina o cortarse el cabello.

Por eso, abogar por los inmigrantes fue algo natural, dijo García. Pero la mujer no ha limitado su defensa a las clínicas comunitarias.

En la década de los 90, California experimentó una oleada de ataques antiinmigrantes, similares a las que se han manifestado en otras partes de los Estados Unidos en la actualidad. El entonces gobernador, el republicano Pete Wilson, tomó medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y defendió la , que negaba el acceso de inmigrantes sin papeles a la atención médica y a la educación públicas. La medida, adoptada por los votantes en 1994, nunca entró en vigencia porque fue declarada por una corte federal.

García demandó a la administración de Wilson en 1997 por sus intentos de cancelar la atención prenatal para embarazadas indocumentadas a través de Medi-Cal, la versión estatal del programa federal de Medicaid para personas de bajos ingresos. Presentó la demanda en nombre de las mujeres inmigrantes indocumentadas, y ganó.

“En ese entonces, fue algo muy valiente poner a la clínica en medio de esa lucha y ser la vocera de esa demanda”, dijo Carmela Castellano-García, CEO de la Asociación de Atención Primaria de California, que representa a las clínicas comunitarias de salud. “Recuerdo haber estado impresionada por su audacia”.

Hoy, La Clínica es la principal demandante en una de varias acciones legales que desafían el intento de la administración Trump de expandir la , lo que permitiría a funcionarios federales de inmigración negar más fácilmente la residencia permanente a quienes dependen de ciertos beneficios públicos, como Medicaid.

Los jueces federales bloquearon temporalmente la entrada en vigencia de la norma a mediados de octubre, por lo que la demanda de García está suspendida.

La Clínica de La Raza tiene una larga historia. Fue fundada en 1971 por estudiantes de la Universidad de California-Berkeley que eran objetores de conciencia a la Guerra de Vietnam, contó García. En lugar de servir en las fuerzas armadas, llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para establecer una clínica gratuita en el vecindario Fruitvale de Oakland, en donde la principal preocupación de sus residentes era el acceso a la atención médica.

García habló con Ana B. Ibarra, de California Healthline, en su oficina, ubicada al otro lado de la calle de la clínica original de Fruitvale. El lugar está lleno de plantas, retratos del activista César Chávez, imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe y un póster enmarcado de “Salud para todos”.

-Ampliar el acceso a la atención médica para inmigrantes ha sido su misión desde el primer día. ¿Qué la atrajo a esta causa?

Crecí en el barrio de El Paso, Texas. Mi familia recibió muchos servicios a través de los departamentos de salud pública o de las escuelas. Por ejemplo, nuestras vacunas. Entendí desde siempre la importancia de los programas de salud pública.

Al comienzo de mi carrera universitaria estaba en medicina, pero decidí que la química y la biología no eran para mí. Cuando estaba estudiando en Yale, trabajé en un centro de salud comunitario como traductora, con familias principalmente puertorriqueñas.

Luego llegué a La Clínica y realmente me fascinó lo que estaban haciendo. Me encantó de lo que se trataba este movimiento: era sobre justicia social.

– ¿Por qué cree que es importante que todos tengan acceso a una atención médica integral, independientemente de su estatus migratorio?

Solo brindando servicios a todos podemos tener un verdadero impacto. Cuando llega la temporada de gripe, no te pregunta sobre tu estatus migratorio.

Nos corresponde a todos mantener sanas a todas nuestras comunidades y proporcionar acceso al nivel más básico para evitar la sala de emergencias.

Mi hija es enfermera de urgencias y me dice: “Mamá, no sabes cuántas personas usan la sala de emergencias de manera inapropiada”. Y eso es porque no tienen acceso a nada más. Esa es su atención primaria.

-A partir de 1986, las mujeres inmigrantes indocumentadas de bajos ingresos pudieron comenzar a recibir atención prenatal a través de Medi-Cal, pero usted pasó muchos años defendiendo esa cobertura, incluso en los tribunales. ¿Por qué fue algo tan polémico?

Nuestro enfoque siempre ha sido las familias, por lo que realmente nos enfocamos en brindar acceso a la atención primaria básica, y la atención prenatal era un gran problema para nuestras comunidades en ese entonces porque era como una papa caliente para los políticos: mujeres indocumentadas buscando servicios.

Tuvimos que luchar para asegurarnos que los hospitales a los que íbamos a dar a luz a nuestros bebés admitieran a nuestras pacientes. Y que nuestras pacientes se sintieron cómodas. Las ayudamos a acceder a Medi-Cal, o a negociar planes de pago con el hospital. Recuerdo que nuestros médicos escuchaban comentarios como: “Estás convirtiendo nuestro hospital en una instalación comunal”.

Presentamos una demanda en nombre de algunas mujeres indocumentadas en 1997. Ellas fueron las verdaderas guerreras. Yo solo fui la intermediaria.

-Ahora La Clínica está desafiando el intento de la administración Trump de expandir la regla de “carga pública”. ¿En qué se parece esta situación a su pelea de los 90?

Cuando surgió este problema de la “carga pública”, era una reminiscencia de aquellos días y todo al respecto me recordó la Proposición 187.

Esa fue una época en la que todo giraba en torno a ser antiinmigrante. Y hoy estamos viendo lo mismo: los padres mantienen a sus hijos en casa y nuestro número de citas disminuye. Esta es como la segunda ola de la misma situación, salvo que, creo, hemos podido cambiar un poco la narrativa.

Particularmente aquí en California, no vemos tanto la palabra “ilegal”, y vemos menos visualizaciones de personas que cruzan la frontera como “cucarachas”. Los mensajes que le estábamos dando a los pacientes en ese momento no eran muy diferentes de los que les damos ahora. Son: continúa recibiendo tus servicios aquí, somos un lugar seguro y no compartimos tu información.

– ¿Pensaba que el país entraría en el año electoral 2020 con esta situación?

Como país, definitivamente hemos dado algunos pasos hacia atrás, no hay duda, pero no estamos comenzando desde cero. Como defensores, estamos mucho mejor armados con datos y podemos mostrarte la cantidad de impuestos que pagan las familias inmigrantes, podemos decirte lo importantes que son para la fuerza laboral.

Creo que California, les guste o no, es líder. Y con el compromiso del estado de cubrir a todos, podremos demostrar que, al final, esa estrategia es el camino a seguir para tener comunidades más saludables y una sociedad más productiva.

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Cuando era una niña en la década de los 90, sabía muy poco de su historia: cómo surgió de las cenizas de los disturbios de Watts. En ese entonces no conocía a nadie en la profesión médica.

Aun así, Edwards quería ser doctora. “No sabía cómo iba a lograrlo, pero quería alcanzar el sueño”, dijo. “Tenía la determinación”.

Ahora, Edwards tiene 32 años, y es la única psiquiatra en el nuevo , en los terrenos del antiguo King/Drew que era administrado por el condado, y a pocos pasos de donde fue a la escuela secundaria.

En su vida, la comunidad en donde creció ha cambiado drásticamente. La población ahora es mayoritariamente latina, ya no predominan los afroamericanos. King/Drew cerró en 2007 en medio de acusaciones de . El nuevo hospital, una organización privada sin fines de lucro que abrió sus puertas en 2015, es más pequeño pero vibrante, con nuevas instalaciones, personal y una clínica para pacientes ambulatorios. Es parte de un campus más amplio que incluye centros de salud pública y de pacientes ambulatorios, administrados por el condado de Los Ángeles.

Lo que no ha cambiado en el área es la necesidad de médicos como Edwards.

Los pacientes de Edwards tienen condiciones que van desde ansiedad y depresión hasta psicosis. Muchos nunca han visto a un psiquiatra, ni a ningún profesional de salud mental siquiera. Sin embargo, las presiones en sus vidas contribuyen a la mala salud física y mental.

“Hay muchos factores estresantes que provienen de vivir en un ambiente con disparidades en la atención de salud, mucho acceso a las drogas, pobreza, problemas de inmigración”, dijo Edwards.

El vecindario que rodea el hospital tiene tasas más altas de angustia psicológica y una mayor necesidad de atención de salud mental que el promedio estatal, según datos de 2014 de UCLA. Los también son más propensos a ser pobres y sin trabajo, aunque los niveles promedio de logros educativos y de ingresos han aumentado un poco en las últimas décadas.

Edwards les enseña a sus pacientes sobre sus condiciones, lo que significa tener depresión clínica, qué se siente cuando se está sufriendo un ataque de pánico. Muchos muestran aprecio por tener a alguien a quien recurrir. “Han tratado de hacerlo por su cuenta, pero ahora es el momento de ver a alguien”, dijo Edwards.

Gail Carter, de 62 años, de Compton, California, sufre de dolor crónico y depresión, pero dijo que ha estado durmiendo y sintiéndose mejor desde que comenzó las sesiones con Edwards. “No sabía cómo resolver los problemas”, dijo. “La doctora Edwards me ayudó. Ella me hace pensar. Y me recuerda que respire”.

Soñando con ser doctora

Edwards dijo que siente algo de nostalgia por su vecindario, y también tristeza. Ella escapó de algunos de las peores situaciones: violencia, drogas y pandillas, protegida por su familia y sus grandes aspiraciones para ella y sus hermanos. “La educación superior era algo que se esperaba de nosotros”, dijo. “Creo que en algún sentido me mantuvieron aislada”.

Su curiosidad sobre la medicina comenzó en la escuela media. Asistió a la King/Drew Magnet High School of Medicine and Science, que le permitió ser la sombra de los doctores del antiguo hospital King/Drew y ayudar con la investigación del cáncer. “Era casi como si fuéramos médicos internos, pero estábamos en la escuela secundaria”, recordó.

A pesar del apoyo, Edwards enfrentó reveses. Cuando tenía 15 años, su padre murió de cáncer de colon, cuatro días después de recibir el diagnóstico. “Por un tiempo no quise poner un pie en el hospital. Pensé: ‘¿Cómo voy a convertirme en médica si odio los hospitales?'”.

Luego reflexionó sobre cómo su papá la había alentado a seguir medicina, sabiendo que era su sueño, y “eso me motivó”.

Cuando el antiguo hospital King/Drew cerró, Edwards recuerda haberse preguntado a dónde irían los pacientes del vecindario, y si los estudiantes de la escuela secundaria todavía encontrarían pasantías en un hospital.

Después de graduarse de UCLA, Edwards asistió a la escuela de medicina en Charles Drew/UCLA, junto a su antigua escuela secundaria, a través de un programa diseñado para estudiantes que querían practicar en áreas desatendidas. Durante una rotación estudiantil en el Kedren Acute Psychiatric Hospital en Los Ángeles, vio de cerca lo que era el trastorno bipolar, la psicosis y la depresión mayor, y se sorprendió por la necesidad de atención entre las minorías, especialmente afroamericanos y latinos. “Esto es algo de lo que realmente no se habla en ninguna de esas comunidades”, dijo.

Eso la impulsó a elegir psiquiatría. Completó su residencia en UCLA en junio de 2017 y comenzó su trabajo en MLK dos meses después. “Simplemente sentía que era lo correcto”, dijo.

Además de ejercer en el hospital, Edwards también pertenece a un nuevo grupo médico ambulatorio que el hospital comenzó el año pasado para ampliar la atención especializada para sus pacientes. La directora ejecutiva del hospital, Elaine Batchlor, dijo que Edwards es exactamente el tipo de médico que querían atraer. “Entiende a las personas que viven en nuestra comunidad”, dijo. “Y tiene un profundo compromiso con ellos”.

Separar lo viejo de lo nuevo

Los pacientes que necesitan atención de salud mental llegan a toda hora del día y de la noche, dijo Ameer Moussa, médico del hospital. “Un psiquiatra es algo que sabíamos que necesitábamos desde el primer día”.

Moussa dijo que la personalidad tranquila y la paciencia de Edwards le permiten comunicarse efectivamente con sus pacientes. “La confianza es algo realmente importante, y ella la gana rápidamente”, dijo.

Eso ayuda, especialmente a los pacientes que recuerdan la difícil historia del antiguo King/Drew, que llegó a ser conocido en algunos círculos como “Killer King”.

Los recuerdos de infancia de Edwards sobre el área la ayudan a conectarse con los pacientes. Cuando están angustiados por sus desafíos en la vida, a menudo les dice: “Entiendo. También crecí aquí”.

Edwards, quien ahora vive en Cypress, California, con su esposo y su hijo de 19 meses, pasa la mayor parte de su semana de trabajo ayudando a clasificar a los pacientes de salud mental en la sala de emergencias y visitando a los que ingresan en el hospital.

La sala de emergencias de MLK ha visto el doble de pacientes de lo que originalmente se esperaba cuando se abrió, y muchos sufren de enfermedades mentales.

Una tarde reciente, Edwards vio a una mujer que tenía 30 semanas de embarazo y amenazaba con hacerse daño. Combativa y posiblemente psicótica, estaba convencida que su bebé era un extraterrestre. “Déjame ir”, gritaba mientras el personal intentaba contenerla. “¡Aléjate de mí!”

Edwards ordenó medicamentos para ayudarla a calmarse. También la colocó en aislamiento psiquiátrico por 72 horas, y comenzó a buscarle espacio en una institución.

Edwards sabía que no sería fácil, dada la grave escasez de camas psiquiátricas y el estado de la mujer. “Los hospitales psiquiátricos pueden escoger y elegir a quién quieren recibir”, explicó Edwards. “Las pacientes embarazadas son un poco más riesgosas”.

Edwards pasa gran parte de su tiempo en el hospital, corriendo, entrando y saliendo de las habitaciones de los pacientes, intentando, a menudo en conversaciones fugaces, evaluarlos, y evaluar el riesgo que se lastimen a sí mismos. Muchos de sus pacientes son personas sin hogar, alcohólicas o adictas.

Una vez a la semana, va a una clínica ambulatoria administrada por MLK a pocas millas de distancia. Algunos de sus pacientes tardan un poco en aceptarla. Edwards pasa mucho tiempo con ellos antes de siquiera plantear la idea de medicación.

“Viniendo de una comunidad donde hay mucho estigma sobre la salud mental… la aceptación de la medicación es otra barrera”, dijo.

Edwards agregó que hace todo lo que puede para ayudar a sus pacientes, tanto dentro como fuera del hospital. Pero al final, Martin Luther King, Jr. es un centro de cuidados intensivos, no psiquiátrico. Ella no está allí todo el día, y el hospital puede tener a ciertos pacientes psiquiátricos por solo tres días máximo. Una de las partes más difíciles de su trabajo, dijo, es preguntarse qué pasará con los pacientes cuando se vayan.

“Quieres saber el resultado final, lo que sucedió, si hiciste lo correcto, si están a salvo”.

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La madre soltera con cinco hijos había estado luchando para poder pagar las cuentas. “Escuché que el alquiler era mucho más barato aquí, así que me mudé”, contó.

Pero cuando tuvo problemas de salud –comenzó a perder el equilibrio y a caerse-, Castaneda encontró menos opciones médicas en su nueva área. Incapaz de encontrar atención especializada local, viajó casi 65 millas a un hospital público en Los Ángeles, donde los médicos descubrieron un tumor en su columna vertebral.

La cirugía para extirparlo fue a 75 millas de su casa, en el centro oncológico City of Hope en Duarte, California. El procedimiento la dejó parcialmente paralizada. “Entré al hospital y nunca volví a caminar”.

Castaneda, de 58 años, recibe pagos por discapacidad del Seguro Social y es beneficiaria del Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid para personas de bajos ingresos. “Pero aquí no hay médicos disponibles”, dijo Castaneda. “Llamé a todos los del directorio, y nadie recibe a pacientes de Medi-Cal”. Ahora, Castaneda ve a médicos a casi 50 millas de distancia, en Northridge.

Los suburbios en los Estados Unidos, a menudo percibidos como enclaves de los ricos, albergan a casi , más que en las ciudades o áreas rurales, y la creciente demanda de atención restringe la capacidad de los servicios de salud suburbanos para proporcionarlas, según reciente publicado en Health Affairs. Históricamente, las áreas suburbanas han recibido apenas una fracción del financiamiento para la salud del que tienen las ciudades, lo que las deja con una infraestructura inadecuada, y obligando a personas como Castaneda a pelear por la atención médica que necesitan.

El estudio de Health Affairs encontró que aproximadamente una quinta parte de las personas pobres que viven en los suburbios no tienen seguro, y muchos de los que sí tienen cobertura, especialmente los que reciben Medi-Cal, no pueden encontrar proveedores o deben viajar muy lejos para sus citas médicas.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) redujo la tasa de personas sin seguro en California del 17% en 2013 a aproximadamente debido principalmente a la expansión de Medicaid, que sumó más de 3.7 millones de adultos a las listas de Medi-Cal. Pero eso no ha asegurado el acceso a la atención médica para millones de habitantes de los suburbios, apuntó Alina Schnake-Mahl, aspirante a un doctorado en la Harvard T.H. Chan School of Public Health en Boston, y autora principal del estudio de Health Affairs.

“Eso va en contra de la idea de que todos en los suburbios están asegurados porque todos tienen un trabajo profesional o administrativo con cobertura”, dijo.

Pero la cobertura no equivale a atender siquiera a los pacientes con Medi-Cal, como puede atestiguar Castaneda. Antes de la ley de salud, tenían problemas para encontrar médicos que los vieran debido a las bajas tasas de pago de Medi-Cal. Ese problema se intensificó cuando millones más se inscribieron en el programa, lo que motivó a muchos afiliados a buscar servicios en las instalaciones de atención de la red de seguridad.

Los servicios de atención médica en los suburbios “no son lo suficientemente sólidos como para cubrir las necesidades de una creciente población de bajos ingresos”, dijo Charlie Gillig, abogado supervisor en el Centro de Servicios de Salud del Consumidor del condado de Los Ángeles, quien ha asesorado a Castaneda sobre servicios de transporte médicos bajo Medi-Cal.

La mitad de los 39 millones de residentes de California vive en los suburbios, y las tasas de pobreza oscilan entre cerca del 25% en Bakersfield, en el Valle Central, y alrededor del 8% en los suburbios fuera de San Francisco, según de Elizabeth Kneebone, directora de investigación en el Centro Terner para la Innovación de la Vivienda de la Universidad de California-Berkeley y miembro senior de Brookings Institution. El mismo análisis mostró que 2,7 millones de californianos de los suburbios vivían por debajo de la línea de pobreza en 2016, en comparación con 1,9 millones en las principales ciudades.

Castañeda, quien usa una silla de ruedas motorizada grande, dice que es difícil, “a menudo imposible”, organizar un viaje en una camioneta. Llegar al médico se ha convertido en una larga y dolorosa prueba.

Y eso es si puede programar una visita, dijo Castaneda, y agregó que también enfrenta largos tiempos de espera para ver a su médico en Northridge, un suburbio que está recibiendo cada vez más pacientes de zonas más pobres. “No se puede hacer una cita cuando estás enfermo… así que he estado esperando y esperando”, contó. “Me dijeron, ‘si te enfermas lo suficiente, solo ve a la sala de emergencias'”.

Por supuesto, también puede ser difícil conseguir una cita en la clínica o ver a un especialista en las ciudades, pero en los suburbios, dijo Gillig, “la geografía agrava un problema ya existente”.

En su sobre la cambiante geografía de la pobreza, Scott Allard, profesor de políticas públicas y gobernabilidad en la Universidad de Washington, mostró que el .

Las áreas metropolitanas de California han tenido muchas décadas para construir sistemas masivos de atención médica para atender a los pobres, incluidos los hospitales del condado, los centros de salud calificados a nivel federal y las clínicas comunitarias. Pero la escala actual de la pobreza suburbana es una tendencia reciente.

Los legisladores luchan por atender las necesidades de salud de las ciudades en el este del condado de Contra Costa, a unas 50 millas de San Francisco. En Oakley, por ejemplo, los líderes empresariales y comunitarios cabildearon fuertemente por un nuevo centro de salud, que se inauguró en 2011.

“Aquí hay una gran necesidad, especialmente para las personas indocumentadas o que no tienen seguro. No tienen otro lugar adonde ir”, dijo Leticia Cazares, gerenta regional de La Clínica, que opera el nuevo centro de salud. La clínica tiene dos doctores y una enfermera practicante para atender a 3,000 pacientes, la mayoría de los cuales tienen Medi-Cal.

Muchas de las personas que visitan clínicas comunitarias como la de Oakley no tienen seguro, ya sea porque son inmigrantes sin papeles o porque ganan demasiado dinero para calificar para Medi-Cal o para cobertura subsidiada bajo el Obamacare, y no pueden pagarla de su propio bolsillo.

La familia de Alex G. se adapta a ambos escenarios. Su esposo, Edward, y su hijo de 8 años, quien también se llama Alex, son ciudadanos estadounidenses, pero ella es indocumentada. La familia vive en Brentwood, una ciudad de aproximadamente 60,000 habitantes en el este del condado de Contra Costa.

Estudiante universitaria de 32 años, quien se negó a dar su apellido por temor a la deportación, Alex ha solicitado la residencia permanente, un proceso largo con un resultado incierto.

Su esposo tiene “un buen trabajo” como programador de máquinas industriales. Él tiene seguro por su empleador, pero para que Alex y su hijo tengan seguro, tendrían que pagar $1,200 por mes. Dado el alto costo de vida de California, “simplemente no podemos darnos el lujo de pagar eso”, dijo Alex. El salario de su esposo, de $70,000, es demasiado alto para los subsidios de Medi-Cal u Obamacare.

Alex sufrió recientemente fuertes dolores de estómago y tuvo que esperar varios días por una clínica móvil que estaciona frente a un centro comunitario cercano una vez a la semana.

Cada vez que su hijo tiene una infección en el oído o fiebre, Alex lo lleva a la clínica móvil gratuita. “Al no tener seguro, me preocupa mucho cada vez que se enferma”, dijo.

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El Community Health Center Program , la mayoría de las cuales se encuentran en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos.

La legislación les otorga a los centros $3.8 mil millones para este año, y $4 mil millones en 2019.

En los últimos años, el Congreso ha asignado $3.6 mil millones anuales para los centros de salud. Eso representa alrededor del 20% de los presupuestos de las clínicas; gran parte del resto proviene de reembolsos por servicios. Defensores y directores de los centros aseguran que este dinero es fundamental para proporcionar servicios que no siempre están cubiertos por Medicare, Medicaid, o por seguros privados, incluidos los de salud mental y abuso de sustancias, transporte y visitas domiciliarias.

Se esperaba que el Congreso renovara el financiamiento a largo plazo para los centros el 22 de enero cuando los legisladores votaron el financiamiento por seis años del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP). Uno de cada 10 niños cubiertos por CHIP recibe la mayor parte de su atención en un centro comunitario de salud.

Pero ese proyecto no se ocupó de los centros. Aunque el dinero federal se agotó el 1 de octubre, un parche presupuestario anterior les proporcionó fondos temporales hasta el 31 de marzo.

“Estamos atrapados en la disfunción política de Washington”, dijo una semana atrás Carmela Castellano-García, directora ejecutiva de la Asociación de Atención Primaria de California. “Estos centros son un salvavidas para millones de personas, especialmente en las zonas rurales, donde pueden ser el único proveedor de atención médica en millas a la redonda”.

Castellano-García dijo que el impasse presupuestario había obligado a muchos centros en el estado a congelar las contrataciones, posponer expansiones de servicios y utilizar las reservas financieras.

A nivel nacional, el 20% de los centros de salud ya habían congelado contratos, y el 4% despedido personal. Agregó que otro 53% podría haber despedido a empleados si no hubieran recibido los fondos federales, según realizada por la Universidad George Washington e investigadores de la Kaiser Family Foundation, publicada hace pocos días. (Kaiser Health News es un programa editorialmente independiente de la fundación).

Dan Hawkins, vicepresidente senior de la Asociación Nacional de Centros Comunitarios de Salud, con sede en Bethesda, Maryland, y expertos en políticas de salud, especularon que la razón del impasse en la asignación de fondos para los centros pudo ser por desacuerdos en el nivel de financiación y la cantidad de años. Según informes, los demócratas presionaron para que fuera de cinco o seis años, pero los republicanos pueden haber preferido un período más breve. Los senadores Debbie Stabenow (demócrata de Michigan) y Roy Blunt (republicano de Missouri), lideraron este debate.

Para los líderes de los centros comunitarios, y para los pacientes, la nueva asignación de fondos es un alivio.

California tiene la red de centros de salud más grande del país. -6,5 millones de personas- reciben atención médica en los cerca de 1,300 centros alrededor del estado. La mitad está inscrita en Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid.

Dave Jones, director ejecutivo de Mountain Valleys Health Centers, que opera seis clínicas comunitarias cerca de la ciudad de Redding en el norte de California, dijo que podrían haber enfrentado el cierre de uno de sus seis locales de no haber recibido el dinero federal.

Anderson Valley Health Center, en Boonville, California, enfrentó la misma situación. El pequeño centro atiende a 2,800 pacientes por año, el 45% de los cuales son trabajadores agrícolas de bajos ingresos.

Chloë Guazzone-Rugebregt, directora ejecutiva del centro, dijo que la renovación de su edificio estaba esperando la señal de los fondos federales.

María Soto, de 72 años y su esposo, Efrén, de 77, junto con sus seis hijos adultos y sus 13 nietos, reciben atención en Anderson. Los abuelos Soto, ambos jubilados, tienen Medicare. El resto de la familia tiene seguro privado o está inscrito en Medi-Cal.

“La clínica juega un papel muy importante en nuestras vidas”, dijo María Soto. “Confiamos en este centro de salud para todos nuestros cuidados regulares. No tengo idea de a dónde iríamos si tuviera que cerrar”.

Charles Allbaugh y Paula Tomko, quienes dirigen Central Virginia Health Services, dijeron que también se han demorado en contratar personal y expandir los servicios en su red de 16 clínicas que atienden a 43,000 residentes de Virginia, a la espera del resultado del debate sobre los fondos.

“El Congreso juega al fútbol político con nosotros”, dijo Tomko. “No es la forma en que deberían funcionar las cosas”.

Jean Grutzius estuvo de acuerdo. Su madre de 97 años se atiende en una de las clínicas de Tomko, cerca de la pequeña ciudad de Bumpass.

“Sin la clínica, estaríamos en grandes problemas”, dijo Grutzius. Su madre, Eleanor Ciombor, está ciega y sorda, en silla de ruedas y toma múltiples medicamentos, incluso para una afección psiquiátrica. Ciombor, quien vive con su hija, está inscrita tanto en Medicare como en Medicaid. Su único ingreso es $900 por mes del Seguro Social.

“Recibe una gran atención [en la clínica] y nos cuesta poco”, dijo Grutzius, quien tiene 75 años y también vive con un ingreso fijo. “No podría pagar de otra manera. Estoy rezando para que el centro obtenga la financiación que necesita”.

Los fondos para los centros fueron apoyados sólidamente por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Entre 2010 y 2016, ese financiamiento impulsó un aumento del 50% en el número de locales de centros de salud en todo el país y un incremento del 33% en el número de pacientes atendidos.

Los centros de salud también participaron activamente en el registro de personas para los mercados de seguros de ACA y para Medicaid en los estados que ampliaron ese programa bajo el Obamacare.

Sin embargo, a pesar de la creciente división partidista sobre ACA, los legisladores votaron abrumadoramente -y en un acuerdo bipartidista- en 2015 para extender los fondos del centro de salud al nivel de $3.6 mil millones anuales durante dos años adicionales.

“Estos son dólares federales muy bien gastados, y $3.6 mil millones no es un gran gasto federal”, dijo Peter Shin, profesor asociado de políticas y gestión de salud en la Universidad George Washington, en Washington, DC. “De hecho, hay un fuerte argumento de por qué deberían obtener más dinero”.

Shin dijo que la investigación muestra que los centros ahorran dinero al gobierno federal a largo plazo. Lo hacen proporcionando atención primaria, preventiva y prenatal de rutina que mantiene a las personas fuera del hospital y previene las costosas visitas a las salas de emergencias.

El experto dijo que, según un estimado, los centros de salud ahorran al gobierno federal casi $25 mil millones anuales en costos para los afiliados de Medicare y Medicaid.

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Los gemelos de Nah Thu Thu Win necesitaban sus vacunas antes de empezar la guardería. Pero ella habla poco inglés y los niños no tienen seguro médico.

William Arce y Wanda Serrano se recuperaban de unas cirugías recientes; pero la pareja necesitaba ayuda para entender su cobertura y las facturas.

Engebretson, Win, Arce y Serrano tuvieron la suerte de contar con la ayuda de trabajadores de salud de Huron, una ciudad de 14.000 habitantes conocida por ser el lugar donde se celebra la feria estatal y donde se encuentra la escultura del faisán más grande del mundo.

Tres trabajadores del Huron Regional Medical Center ayudan a los pacientes a navegar el sistema de salud y a superar las barreras, como la pobreza o la falta de una Vivienda segura, que podrían impedirles recibir atención médica. Estos trabajadores de salud comunitarios también pueden proporcionar educación básica sobre la gestión de problemas crónicos, como la diabetes o el colesterol alto.

Los programas de trabajadores de salud comunitarios se extienden por todo Estados Unidos, incluyendo zonas rurales y ciudades pequeñas, a medida que los proveedores de servicios de salud y los gobiernos y invierten cada vez más en ellos.

Estas iniciativas llamaron la atención durante la pandemia de covid-19, y que mejoran la salud de las personas y el acceso a la atención preventiva, al tiempo que reducen las costosas visitas al hospital.

Según Gabriela Boscán Fauquier, supervisora de iniciativas de trabajadores de salud comunitarios en la National Rural Health Association, los programas que cuentan con estos trabajadores pueden superar obstáculos comunes en las zonas rurales, donde la población se enfrenta a y a .

Estos trabajadores son “una extensión del sistema de salud” y sirven de enlace “entre la formalidad del sistema y la comunidad”, explicó Boscán Fauquier.

Los programas suelen tener como base a sistemas hospitalarios o a centros de salud comunitarios. El salario promedio de los trabajadores es de $23 la hora, según la Oficina Federal de Estadísticas Laborales. Se suele referir a los pacientes luego que médicos han observado que van mucho a las salas de emergencias o enfrentan desafíos personales.

es uno de los estados que ha financiado recientemente programas de trabajadores de salud comunitarios, ha establecido requisitos de formación y ha aprobado el reembolso de Medicaid por sus servicios. El programa de certificación del estado exige aprobar un curso de 200 y 40 horas de prácticas.

El Huron Regional Medical Center puso en marcha la iniciativa en el otoño de 2022, luego de recibir una subvención federal de $228.000. Al programa ahora lo financia el hospital sin fines de lucro y los reembolsos de Medicaid.

La población ed Huron, una pequeña ciudad rodeada de campo, es mayoritariamente blanca no hispana. Pero miles de originarios de Karen, una minoría étnica de Myanmar, país del sudeste asiático, . Muchos son refugiados. La ciudad también cuenta con una importante población hispana procedente del Caribe, México, Centroamérica y Sudamérica.

Mickie Scheibe, una de las trabajadoras de salud de Huron, pasó hace poco por la casa de Kelly Engebretson. Este hombre de 61 años no había podido trabajar desde que le amputaron parte de una pierna por complicaciones de la diabetes.

Scheibe lo ayuda con “los trámites que hay que hacer”, como solicitar Medicaid, explicó Engebretson.

Le dijo a Scheibe que no sabía cómo iba a llegar a Sioux Falls, a dos horas en auto de su casa, para que le pusieran la prótesis. Scheibe, de 54 años, le dijo que lo ayudaría a encontrar un transporte seguro.

También invitó a Engebretson a un programa educativo sobre diabetes.

“Iré encantado”, respondió él, agregando que invitaría a su madre.

Ese mismo día, Sau-Mei Ramos, compañera de trabajo de Scheibe, visitó el apartamento donde viven William Arce y Wanda Serrano. Arce se estaba recuperando de una operación de corazón, mientras que Serrano había tenido una operación de rodilla y otra de hombro.

La pareja, ambos de 61 años, llegó hace tres años desde Puerto Rico para estar cerca de sus hijos en Huron. Ramos, que también es puertorriqueña, coordinó sus citas, respondió a sus preguntas sobre facturación y ayudó a Arce a encontrar un andador y un seguro complementario.

Ramos, de 29 años, le entregó a Arce un folleto sobre salud del corazón y le pidió que leyera la sección sobre angina de pecho, el dolor que se produce cuando no llega suficiente sangre al corazón.

“¿Qué entiende? “, le preguntó a Arce para saber si comprendía su enfermedad. Arce respondió que sabía qué era la angina de pecho y a qué síntomas debía estar atento.

Más tarde ese mismo día, Paw Wah Sa, la tercera trabajadora de salud comunitaria de la ciudad, se reunió con Nah Thu Thu Win, que llegó a Huron en febrero desde Myanmar con su marido y sus gemelos de 6 años. La familia Win, al igual que Sa, pertenecen a la comunidad Karen, perseguida por los militares de Myanmar, el país antes conocido como Birmania.

Win, de 29 años, suponía que los niños tendrían derecho a Medicaid. Pero, a diferencia de la mayoría de los demás estados, Dakota del Sur a los niños que han migrado legalmente a Estados Unidos. El padre de los niños espera poder incluirlos pronto en su seguro laboral.

Sa no quería que los niños tuvieran que esperar para recibir atención de salud. La joven, de 24 años, ya había llevado a los gemelos a una clínica dental móvil gratuita en Huron. Resultó que necesitaban un tratamiento dental más avanzado, que sólo podían recibir sin cargo en Sioux Falls. Sa los ayudó a hacer los trámites.

Muchos residents que pertenecen a la etnia Karen y los que proceden de zonas rurales de Latinoamérica tenían poco acceso a atención antes de venir a Estados Unidos, explicaron Sa y Ramos. Dijeron que una parte importante de su trabajo consiste en explicar qué tipo de atención está disponible y cuándo es importante buscar ayuda.

A veces, las tres trabajadoras llevan a sus clientes a hacer las compras, para enseñarles a entender las etiquetas y a identificar los alimentos saludables.

Boscán Fauquier, de la National Rural Health Association, afirmó que, dado que los trabajadores comunitarios conocen las culturas a las que atienden, pueden sugerir alimentos asequibles con los que los clientes están familiarizados.

La población de las zonas rurales de Estados Unidos se está reduciendo, pero el censo de 2020 mostró que se ha vuelto por la llegada de personas de minorías étnicas que entran a trabajar en industrias como la agricultura, el envasado de carne y la minería. Otros llegan atraídos por los bajos índices de delincuencia y las viviendas más económicas de las zonas rurales.

Boscán Fauquier señaló que muchos programas de trabajadores de salud para comunidades rurales atienden a personas de grupos minoritarios, que tienen que los blancos no hispanos de enfrentarse a barreras que les impiden el acceso a los servicios médicos.

Señaló los programas que atienden a , a la región del Cinturón Negro del Sur y a las comunidades hispanohablantes, donde se conoce a las trabajadoras comunicatrias como “promotoras”. Pero estos trabajadores también atienden a comunidades rurales blancas no hispanas, como la de los Apalaches, afectadas por la crisis de los opioides.

Medicare, el programa federal de salud para adultos de 65 años o más, reembolsa los servicios de los trabajadores comunitarios . Boscán Fauquier dijo que los activistas de salud esperan que más programas estatales de Medicaid y permitan también el reembolso.

Engebretson comentó que se alegra de que haya trabajadores de salud comunitarios en todo Dakota del Sur, no sólo en las grandes ciudades.

Cuantos más “puedan llegar a las personas, mejor será”, dijo.

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Alma se ganó su reputación como fuente de información fiable gracias a sus prácticas como trabajadora comunitaria de salud.

Fue una de los 35 estudiantes del condado de Fresno a los que se formó recientemente para explicar cómo las vacunas de covid ayudan a , y para animar a familiares, compañeros y miembros de la comunidad a estar al día con sus vacunas, incluidas las de refuerzo.

Cuando Alma terminó sus prácticas en octubre, ella y siete compañeros de equipo evaluaron su trabajo en un proyecto final. Los estudiantes estaban orgullosos de poder llevar a cabo este trabajo de divulgación sobre las vacunas.

Alma convenció a su familia para que se vacunara. Dijo que sus familiares, que habían recibido información sobre covid a través de las noticias en español, no creían en los riesgos hasta que murió un amigo cercano de la familia.

“Te dan ganas de saber más”, dijo Alma. “Ahora toda mi familia está vacunada, pero aprendimos por las malas”.

Organizaciones comunitarias de salud en California y en todo el país forman a adolescentes, muchos de ellos latinos, para que actúen como educadores de la salud en la escuela, en las redes sociales y en las comunidades donde persiste el miedo a la vacuna contra covid.

Según una encuesta de 2021 encargada por Voto Latino y realizada por Change Research, el dijeron que no confiaban en la seguridad de las vacunas. La cifra se dispara hasta el 67% en el caso de aquellos cuyo idioma principal en casa es el español. Las razones más comunes para rechazar la vacuna incluyen no confiar en su eficacia y no confiar en los fabricantes de la vacuna.

Y las dudas sobre las vacunas no solo prevalecen entre los no vacunados. Aunque de hispanos y latinos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra covid, pocos afirman estar al día en sus vacunas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los CDC estiman que de los latinos han recibido un refuerzo bivalente, una vacuna actualizada que los funcionarios de salud pública recomiendan para proteger contra las nuevas variantes del virus.

Proveedores y activistas de salud creen que los jóvenes, como Alma, están bien posicionados para ayudar a aumentar esas cifras de vacunación, especialmente cuando ayudan a navegar por el sistema sanitario a sus familiares hispanohablantes.

“Tiene sentido que consideremos a nuestros jóvenes como educadores en materia de vacunas ante sus compañeros y familias”, afirmó el doctor Tomás Magaña, profesor del departamento de pediatría de la Universidad de California-San Francisco. “Y cuando hablamos de la comunidad latina, tenemos que pensar con seriedad y creatividad en cómo llegar a ellos”.

Algunos programas de formación utilizan modelos para estudiantes en los campus, mientras que otros enseñan a los adolescentes a abrirse camino en sus comunidades.

, una organización de jóvenes con sede en Oakland, aprovecha programas en California, Nuevo México, Colorado y Michigan para convertir a los estudiantes en educadores sobre la vacuna contra covid.

Y el de Florida, que forma a estudiantes de primer y segundo año de secundaria para que enseñen a los de primer año sobre salud física y emocional, integra la seguridad de la vacuna contra covid en su plan de estudios.

En Fresno, el programa para jóvenes trabajadores comunitarios de la salud, llamado , adoptó el modelo promotoras.

Las promotoras son trabajadoras sanitarias, sin licencia, de las comunidades latinas encargadas de orientar a las personas hacia los recursos médicos y promover mejores opciones de estilo de vida. que las promotoras son miembros de confianza de la comunidad, lo que las sitúa en una posición privilegiada para ofrecer educación y divulgación sobre las vacunas.

“Los adolescentes se comunican de forma diferente, y obtienen una gran respuesta”, afirmó Sandra Celedon, CEO de , una de las organizaciones que ayudó a diseñar el programa de prácticas para estudiantes de 16 años o más. “Durante los eventos de divulgación, todos quieren hablar con los jóvenes”.

Los adolescentes que participan en Promotoritos son principalmente latinos, inmigrantes indocumentados, estudiantes refugiados o hijos de inmigrantes. Reciben 20 horas de formación, que incluyen estrategias de campaña en las redes sociales. Por ello, obtienen créditos escolares y el año pasado les pagaron $15 la hora.

“Nadie piensa en estos chicos como becarios”, señaló Celedon. “Así que queríamos crear una oportunidad para ellos porque sabemos que estos son los estudiantes que más se pueden beneficiar de unas prácticas remuneradas”.

El otoño pasado, Alma, que es latina, y otros tres jóvenes trabajadores comunitarios de salud distribuyeron kits de pruebas covid en negocios locales de su barrio.

Su primera parada fue Tiger Bite Bowls, un restaurante de fusión asiática. Los adolescentes hablaron con el propietario del restaurante, Chris Vang, y le preguntaron si tenía alguna duda sobre covid. Al final de la conversación, le entregaron un puñado de kits de pruebas.

“Creo que es bueno que estén concienciados y no tengan miedo de compartir sus conocimientos sobre covid”, afirmó Vang. “Voy a entregar estas pruebas a quien las necesite: clientes y empleados”.

Otro beneficio del programa: los jóvenes se familiarizan con las carreras en el campo de la salud.

California se enfrenta a una , y los profesionales de la salud no siempre reflejan la creciente diversidad de la población del estado.

Hispanos y latinos representan el 39% de la población de California, pero son solo el 6% de los médicos del estado y el 8% de los licenciados en medicina, según un informe de la .

Alma se unió al programa en junio después de ver un folleto en la oficina del consejero escolar. Dijo que era su forma de ayudar a evitar que otras familias perdieran a un ser querido.

Ahora está interesada en convertirse en radióloga.

“A mi edad”, añadió Alma, “esta es la manera perfecta de contribuir con mi comunidad”.

Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Scott trabaja en una oficina a la sombra de la fábrica de acero que empleaba a su abuelo en esta ciudad cada vez más pequeña en el área metropolitana de St. Louis. Con muchos de los trabajos del acero se ha ido parte de la estabilidad del área: de los residentes de Granite City viven en la pobreza, mucho más que el .

Luego golpeó covid-19, otro desestabilizador. Y ahi fue cuando Scott intervino: asistiendo a los que se quedaron sin trabajo, tienen covid y necesitan pagar la renta. Llevando artículos de limpieza o alimentos de un banco de alimentos local. Aconsejando sobre cómo mantener las finanzas para pagar las cuentas y no tener que cerrar negocios. Y las llamadas siguen llegando porque la gente sabe que ella entiende y ayuda.

“He tenido hambre. No he tenido auto”, dijo Scott. “He pasado por esas cosas”.

Scott es una de los más de 650 trabajadores de salud comunitarios que el Departamento de Salud Pública de Illinois contrató a través de organizaciones comunitarias locales desde marzo pasado. Esta fuerza laboral del Programa de Navegadores de Salud para Pandemias fue posible gracias a una subvención de casi $55 millones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a través del alivio federal aprobado por el Congreso.

El equipo ha completado al menos 45,000 solicitudes de asistencia, que les fueron remitidas a través del rastreo de contactos de casos de covid.

A medida que los trabajadores se han ganado la confianza de la comunidad, Scott dijo que han llegado nuevas solicitudes de personas que han oído hablar del programa general, en donde los navegadores hacen más que ayudar en cuestiones de salud pública.

Pero el dinero se acabará a fines de junio. Trabajadores como Scott no están seguros de su futuro y el de las personas a las que ayudan cada día. El , director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, dijo que es lo que ocurre históricamente con la financiación de salud pública. “A medida que los dólares desaparezcan, veremos a algunas personas caer al precipicio”, dijo.

El problema, como lo ve Benjamin, es la falta de una visión sistemática de la salud pública en el país. “Si hicieras esto con tu ejército, nunca podrías tener un sistema de seguridad sólido”.

Los trabajadores de salud comunitarios se posicionaron como un componente clave de la agenda de salud pública del presidente Joe Biden. Idealmente, son como el vecino en quien se puede confiar cuando se necesita ayuda. Pero ha sido difícil que estos programas reciban fondos de manera consistente.

Se suponía que cientos de millones de dólares se destinarían a construir una fuerza laboral de salud comunitaria después de que el American Rescue Plan Act se convirtiera en ley en marzo pasado, dijo Denise Smith, directora ejecutiva fundadora de la .

Pero, agregó, gran parte del dinero se gasta rápidamente en departamentos de salud o iniciativas nacionales, no en organizaciones comunitarias locales. “Para las facturas y la deuda del auto, el alquiler o los niños, eso simplemente no es sostenible”, dijo. “No podemos hacerlo gratis”.

El programa de Illinois trata de contratar trabajadores dentro de las comunidades. Dos tercios se identifican como latinos, o negros no hispanos. Alrededor del 40% estaba desempleado anteriormente, y contratarlos inyecta dinero en las comunidades a las que sirven. Cobran de $20 a $30 por hora, y casi la mitad de los empleos incluyen seguro médico o un estipendio para cubrirlo.

Tracey Smith, quien supervisa el Pandemic Health Navigator Program para el Departamento de Salud Pública de Illinois y no está relacionada con Denise Smith, considera que pagar por tales trabajadores es una necesidad, no un lujo, para ayudar a las personas a navegar el sistema de atención médica quebrado de la nación y los programas de asistencia gubernamentales inconexos.

Angelia Gower, vicepresidenta de la NAACP en Madison, Illinois, es ahora una de esas trabajadoras comunitarias de salud pagas. “Te ven semana tras semana, y mes tras mes, y todavía estás ahí, empiezan a confiar”, dijo. “Estás haciendo una conexión”.

Pero a medida que disminuyeron los casos de covid en Illinois, la cantidad de trabajadores de salud durante la pandemia se redujo en casi un tercio, a aproximadamente 450, en parte porque encontraron otras oportunidades.

Smith es optimista de que el programa obtendrá dinero para mantener a unos 300 trabajadores de salud comunitarios en el personal, y aprovechar la credibilidad que han construido en las comunidades para enfocarse en la prevención de enfermedades.

El sistema de salud estadounidense fragmentado, y sus desigualdades sistémicas, no desaparecerán con covid, dijo. Además, millones de personas están a punto de perder su cobertura de Medicaid a medida que se agoten los beneficios por la pandemia, dijo Benjamin, creando una brecha en su red de seguridad.

Parte del desafío de financiamiento a largo plazo es cuantificar lo que hacen los trabajadores como Scott en un día, especialmente si no se relaciona directamente con covid u otra enfermedad transmisible.

 Â¿Cómo tabula la diferencia que se hace en la vida de un cliente cuando está asegurando camas para sus hijos, computadoras portátiles para que vayan a la escuela o aprovechando los fondos de FEMA para pagar por el funeral de un ser querido que murió por covid? ¿Cómo asigna un monto en dólares a los servicios integrales que pueden mantener a flote a una familia, especialmente cuando no hay una emergencia de salud pública?

Denise Smith teme que ocurra lo mismo que con muchas subvenciones de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). En 2013, trabajaba como trabajadora de salud comunitaria en Connecticut, ayudando a reducir la tasa de personas sin seguro en su área en un 50%. Pero el dinero se acabó y el programa simplemente desapareció.

Mientras se esperan más fondos, Scott no puede evitar preocuparse por personas como Christina Lewis, de 40 años.

Cuando sale de la casa móvil de Lewis después de dejar una caja de alimentos, Scott le recuerda a Lewis que siga usando máscara incluso cuando otras personas ya no la usan. Lewis dijo que la ayuda de Scott ha sido invaluable. Lewis se ha quedado en casa durante la pandemia para proteger a su hija de 5 años, Briella, quien nació prematura y tiene una enfermedad pulmonar crónica. La lucha por llegar a fin de mes está lejos de terminar en medio de la creciente inflación.

Bromeando sobre el precio de la gasolina, Lewis dijo: “Ya sé, voy a tener que conseguir una bicicleta”.

En los últimos meses, Scott escuchó y consoló a Lewis mientras lloraba por el estrés de mantenerse a flote y perder familiares a causa de covid. Scott no está segura de qué pasará con todos sus clientes si su apoyo desaparece.

“¿Qué le sucede a la gente cuando todo desaparece?”, se preguntó.

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La mujer dijo en español: “¡Buenos días! ¡Hoy estamos aquí para hablar sobre covid-19! ¿Tienes un minuto?.

Después de una breve conversación, García supo que el hombre no tenía conexión a Internet ni teléfono propio, pero tenía 66 años y quería recibir la vacuna. Había ido a una farmacia en persona, pero ya no había dosis por ese día.

García anotó su nombre y el número de teléfono de un amigo, para poder comunicarse con el conductor más tarde sobre una clínica móvil de vacunas que El Sol Neighborhood Educational Center, estaba organizando para la remota y desértica ciudad, en algún momento de abril.

Luego pasó al siguiente coche. Y al siguiente. Cuando la fila comenzó a moverse, ella y su compañera, la trabajadora de salud Erika Marroquín, corrieron arriba y abajo por la acera, anotando nombres, números de teléfono y condiciones preexistentes. Era el primer día templado y soleado que la región del High Desert había visto en semanas, y el ejercicio las hacía sudar.

Después de 90 minutos, se terminó el banco de alimentos del día, y García y Marroquín habían hablado con personas en 54 autos. Encontraron a seis ansiosas por la vacuna covid y elegibles de inmediato. Otras 10 querían estar en lista de espera de dosis sobrantes.

Como en muchos estados, la implementación de la vacunación en California ha sido lenta y caótica. Más de en el estado más poblado del país han sido vacunados al menos parcialmente, mientras que otros 5,6 millones están completamente vacunados.

El 15 de abril, todos los adultos de California serán elegibles para inscribirse para recibir una vacuna y, a principios del verano, el objetivo es tener suficientes dosis para cualquier adulto que la quiera.

Pero el país necesita llevar la para evitar que el virus se propague fácilmente, un nivel llamado inmunidad colectiva por los expertos en enfermedades infecciosas. Una figura que asume que la población es homogénea en términos de vacunación.

Es por eso que la capacidad del estado para evitar otro aumento de covid puede depender de personas como García y Marroquín, trabajadores de salud comunitarios que corren contra el tiempo realizando una tarea intensa, para evitar que grupos de poblaciones con bajas tasas de vacunación en comunidades remotas o aisladas se conviertan en un polvorín para una nueva oleada de covid.

“Cuando hay zonas geográficas o grupos sociales no vacunados, realmente se arruina la inmunidad colectiva”, dijo Daniel Salmon, director del Instituto para la Seguridad de las Vacunas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Los en los Estados Unidos en los últimos años proporcionan un ejemplo aleccionador. La cobertura de vacunas a nivel estatal y nacional es bastante alta, “pero luego tienes estas comunidades donde mucha gente rechaza las vacunas, aparece sarampión importado y se genera un brote”, dijo Salmon.

Los brotes han afectado a ciertas comunidades judías ortodoxas en Nueva York, inmigrantes somalíes en Minnesota, y zonas acomodadas del sur de California donde viven padres que están en contra de las vacunas.

El coronavirus que causa covid sigue circulando ampliamente en California, aunque a niveles mucho más bajos que hace dos meses. El virus, especialmente una variante cada vez más común y más contagiosa, podría atravesar fácilmente comunidades vulnerables con bajos niveles de inmunidad.

En Adelanto, donde el 29% de los residentes vive en la pobreza, se había vacunado por completo al 20 de marzo.

Al 26 de marzo, la mayoría de las más de 15.9 millones de dosis de vacunas distribuidas desde diciembre se habían destinado a los lugares .

Las organizaciones comunitarias sin fines de lucro y las iglesias están clamando por más fondos, y confianza, para llevar la vacuna hasta la última milla, a las personas a las que han estado sirviendo durante años.

El éxito de El Sol en vacunar a las poblaciones negras, latinas y otras poblaciones subrepresentadas desacredita la idea de que estos grupos no recibirán la vacuna, dijo Juan Carlos Belliard, vicepresidente asistente de asociaciones comunitarias de Loma Linda University Health, en el condado de San Bernardino.

Loma Linda está colaborando con El Sol para dotar de personal y proporcionar dosis para las clínicas. Las personas que se presentan están listas para recibir la vacuna, aunque algunas dudan un poco, comentó.

“No son como nuestra gente de clase media que literalmente está llorando por la vacuna”, dijo Belliard. “Estas personas todavía están nerviosas pero se han logrado remover muchas otras barreras”.

Los trabajadores comunitarios de El Sol fueron financiados por un esfuerzo combinado de $52,7 millones de fondos estatales y filantrópicos que proporcionaron subvenciones a 337 organizaciones consideradas “mensajeras de confianza” en sus comunidades.

El dinero fue enviado a grupos como El Sol que tenían antecedentes probados de caminar los vecindarios, de casa en casa, para el registro de votantes o encuestas del Censo.

El Sol recibió $120,000 de la iniciativa público-privada para apoyar sus esfuerzos educativos y de divulgación general para la vacunación contra covid. Pero el grupo no sabía si obtendría algún reembolso por los eventos móviles de vacunación que organizó en el condado de San Bernardino, dijo Alex Fajardo, su director ejecutivo.

El Sol llevó a cabo un evento de vacunación el 17 de febrero en el Centro Cristiano Luz y Esperanza, una iglesia ubicada junto a una autopista de dos carriles en Adelanto, bordeada por desierto.

El personal médico, los estudiantes y las vacunas llegaron desde Loma Linda University Health, a una hora de distancia, para vacunar a 250 personas, y regresaron un mes después para darles su segunda dosis.

Rosa Hernández, de 69 años, y Patricia Pérez, de 47, madre e hija, estuvieron entre las que recibieron sus vacunas en el Centro Cristiano.

El padre de Pérez, que trabaja en el departamento de lácteos de un supermercado, se enfermó de covid en junio y no pudo regresar al trabajo durante seis meses. Nadie más en la familia de siete miembros resultó positivo, pero Rosa Hernández es una sobreviviente de cáncer y su hija estaba preocupada por ella.

A pesar de las múltiples llamadas a una línea telefónica del condado, Pérez no había podido hacer una cita para su madre. La conexión a Internet de la familia, en la cercana ciudad de Hesperia, es irregular y Pérez no podía navegar por los sitios web ni encontrar información en español, el idioma con el que se siente más cómoda.

Aprovechó la oportunidad cuando se enteró del evento de El Sol a través de alguien de su iglesia. Pérez también logró obtener una dosis adicional para ella después de que una cita fuera cancelada. Ahora ambas están completamente vacunadas, dijo Pérez, y no hubiera sucedido sin El Sol.

El grupo planea hacer tres ventanas emergentes de vacunación más en el área de High Desert. Pero el apoyo futuro para sus clínicas, el alcance de las vacunas y la educación son inciertos, dijo Fajardo.

“¿Qué va a pasar después?”, expresó. “Cuando te necesitamos, te pagamos. Cuando no te necesitemos, adiós”.

“Esa es una evaluación muy justa”, dijo Susan Watson, directora de programas de la iniciativa Together Toward Health del Public Health Institute, el financiador filantrópico detrás de parte del trabajo de El Sol. “Aquí hay una oportunidad para que la gente piense en el futuro y en cómo hacemos las cosas, que no necesariamente deja a los grupos comunitarios fuera, a los que solo se usa cuando hay una emergencia”.

Community Coalition, una organización sin fines de lucro del sur de Los Ángeles fundada en 1990, también recibió subvenciones de la asociación público-privada para crear conciencia sobre las vacunas de covid, pero no fondos adicionales para entregar vacunas a la gente.

Aún así, movilizó al personal para tocar puertas, enviar mensajes de texto y correo electrónico a las personas elegibles para que asistieran a un evento de vacunación emergente de dos semanas en un parque del vecindario a principios de marzo: 4,487 personas recibieron su primera dosis, dijo Corey Matthews, jefe de operaciones del grupo.

El doctor Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos del estado, prometió proporcionar más dinero para los grupos que están vacunando a sus comunidades. “Este no es un trabajo voluntario”, le dijo a KHN en una rueda de prensa. “Este es un trabajo real, y quiero ser parte del equipo que lo hace realidad para todos”.

Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, se hizo eco de ese sentimiento. “Estaban allí antes de que comenzara la pandemia, han estado allí todo el tiempo durante la pandemia y estarán aquí mucho después de la pandemia”, dijo.

Ya sea que esas promesas se mantengan o no, los grupos comunitarios dicen que quieren ser parte del esfuerzo de vacunación.

“Incluso si no nos dan dinero, seguiremos haciendo el trabajo”, afirmó Fajardo.

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“Los centros de salud están desempeñando un papel fundamental”, dijo , administrador asociado de la Oficina de Atención Primaria de Salud del gobierno federal.

Alrededor de 29 millones de personas en el país dependen de estos centros, que ofrecen atención médica a pacientes de bajos ingresos y sin seguro. Millones de latinos reciben atención en estas clínicas.

A medida que los hospitales reciben más pacientes con COVID-19, los centros están revisando la forma en que atienden a los pacientes y han puesto en marcha nuevos protocolos para el manejo de enfermedades infecciosas.

Los fondos extra del gobierno se repartirán entre 1,381 centros de salud comunitarios (muchos de los cuales operan múltiples clínicas), principalmente para respaldar más pruebas para COVID-19, telemedicina y adquisición de equipos de protección personal.

“No está cerca de lo que se necesita, pero estamos agradecidos”, dijo Bob Marsalli, CEO de la Washington Association for Community Health, un grupo que representa a los centros de salud comunitarios en el estado de Washington.

Marsalli dijo que los centros en el estado están bajo una creciente presión financiera a medida que recrudece la batalla contra el coronavirus, al tiempo que pierden algunas fuentes clave de financiación.

“[Nuestras clínicas] están reasignando su fuerza laboral de manera inteligente, pero frenética, para mantenerse al día con la demanda”, dijo Marsalli.

Nuevas reglas de juego

En circunstancias normales, , un centro de salud comunitario en Auburn, Washington, alentaría a los pacientes a ir a la clínica para todas sus necesidades médicas, tanto para surtir una receta como para aprender sobre nutrición.

“Por lo general, nuestro lobby está colmado”, dijo la . “Es un espacio abierto y todos están juntos”.

Pero en estos días solo hay unos pocos pacientes con máscaras quirúrgicas esperando que los atiendan. Y Johnston les dice a los pacientes que no vayan a menos que realmente necesiten atención médica.

“Es un poco frustrante y desmoralizante, pero es la realidad de la situación”, dijo.

HealthPoint dirige más de una docena de clínicas en todo el oeste de Washington. Ahora, en la entrada de sus centros, el personal hace preguntas a los pacientes para identificar los síntomas de COVID-19 y controlar los mantiene a distancia uno del otro una vez dentro.

Johnston dijo que la clínica no se abrió para albergar una afluencia de pacientes con enfermedades infecciosas. Tienen un limitado número de cuartos, y cada uno debe cerrarse y limpiarse después que entra un paciente sospechoso de tener COVID-19.

“Simplemente no tenemos suficiente espacio para poder hacer eso de forma rutinaria”, dijo.

Johnston se preocupa por lo que vendrá a medida que aumenten los casos de COVID-19 en su área.

“Nos enorgullecemos de ser un espacio de atención primaria”, dijo Johnston. “No tenemos suficientes máscaras N95, ni, para ser sinceros, estábamos preparados para una situación en la que todos debían estar bien equipados”.

La doctora Judy Featherstone, directora médica de HealthPoint, dijo que ahora la mayoría de las citas se hacen por teléfono. Su personal está atendiendo llamadas de personas preocupadas por los síntomas, así como de nuevos pacientes que quieren tener un médico en caso que contraigan el coronavirus.

“Es un poco como tomar 20 años de trabajo y rediseñarlo en una semana”, dijo Featherstone. “Creo que estamos anticipando posibles problemas de la fuerza laboral”.

Al igual que muchas clínicas en Washington, HealthPoint ha establecido sitios de pruebas al aire libre, pero el suministro de kits y equipos de protección personal, limita el número de pacientes que pueden hacérselas.

Crece la tensión financiera

A medida que van menos pacientes para recibir atención, autoridades se preocupan por el futuro financiero de los centros. Las clínicas han cambiado a citas telefónicas, pero el programa de Medicaid de Washington tardó varias semanas en ajustar la forma en que paga esas visitas. Mientras tanto, los centros de salud comunitarios están eliminando las visitas dentales de rutina, un flujo de financiación clave.

“Toma esos tres factores… y ya has comenzado a perder ingresos antes de prepararte para nuevas formas de brindar atención”, dijo , CEO de Neighborcare Health, que atiende a más de 70,000 residentes de Washington, más de la mitad de ellos bajo Medicaid. “Estamos en camino de perder $3 millones al mes”.

La Washington Association for Community Health proyecta que el recorte en la atención dental podría llevar a un déficit de $250 millones para el sistema de centros de salud comunitarios del estado durante los próximos nueve meses.

Rol vital en el sistema de salud

Las clínicas comunitarias juegan un papel importante en el servicio a pacientes que de otro modo terminarían en una sala de emergencias. Erikson dijo que su organización está tratando de aliviar la presión sobre el sistema hospitalario al ver pacientes con problemas de atención médica urgentes no relacionados con COVID-19.

“Por ejemplo, a un paciente para el cuidado de heridas que tiene diabetes subyacente no quieres exponerlo a un posible entorno con COVID-19”, dijo Erikson.

Algunos líderes de clínicas comunitarias también se preocupan por perder personal debido a una infección real o sospechada por coronavirus.

“Es muy crítico que las clínicas permanezcan con todo el personal, de modo que solo aquellos que están gravemente enfermos vayan al hospital”, dijo , directora ejecutiva de Moses Lake Community Health Center, un proveedor de atención médica rural en Washington que atiende a un tercio de la población de su condado, de aproximadamente 100,000 residentes.

Si incluso cinco a 10 trabajadores de salud se enferman, dijo Berschauer, eso podría afectar su organización y, como resultado, posiblemente abrumar al hospital local.

Berschauer agregó que algunos pacientes aún no se dan cuenta de la gravedad de la pandemia y se enojan cuando se los deriva al sitio de prueba al aire libre en lugar de a la clínica.

Un trabajador de alud en un centro en las afueras de Seattle dijo que varios pacientes han tergiversado sus riesgos de COVID-19 para pasar el examen.

“Recibimos una paciente que logró pasar todos los controles y llegó ante un médico para recién entonces revelarnos que su pareja está expuesta a COVID y que se siente enferma”, dijo un empleado (le preocupa perder su trabajo por hablar, por lo que NPR y KHN no están usando su nombre).

Los trabajadores de salud que vieron al paciente no usaron equipo protector porque esos suministros limitados están reservados para pacientes con riesgo conocido de COVID-19.

“Ahora todos los proveedores y el personal de esa instalación deben comenzar a autocontrolarse para detectar signos de infección”, dijo el empleado. “Si se infectan, entonces toda la clínica cierra. Es un problema muy grande”.

Esta historia es parte de una asociación entre NPR y Kaiser Health News

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El uso de máscaras es un fenómeno nuevo en la clínica, ubicada dentro del , una organización de asistencia comunitaria sin fines de lucro que atiende principalmente a inmigrantes chinos.

El personal se presentó a trabajar usando máscaras el lunes 27 de enero, un día después que funcionarios de salud pública confirmaran los , en los condados de Los Ángeles y Orange, dijo el doctor Félix Aguilar, director médico de la clínica.

“En este momento, el miedo es la mayor epidemia que tenemos”, agregó Aguilar.

Mientras China se enfrenta al creciente brote de coronavirus, la comunidad china del área de Los Ángeles —la de los Estados Unidos—, se enfrentan a una desconexión cultural a medida que se preparan para una posible propagación del virus en su tierra adoptiva.

El uso de máscaras faciales es común en China, para proteger contra los gérmenes y la contaminación. Pero cuando los inmigrantes chinos las usan en los Estados Unidos, suele entrar en conflicto con lo que indican los funcionarios de salud pública, que advierten que ofrecen una protección mínima y que podrían inducir a los usuarios a una falsa sensación de seguridad. También pueden atraer las miradas sospechosas de los transeúntes.

“En los Estados Unidos, si tienes una máscara, la gente te mirará como si estuvieras haciendo algo inusual, pero en Asia es común y la gente no lo piensa dos veces”, explicó el , codirector del de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

El Distrito Escolar Unificado de Alhambra, en el condado de Los Ángeles, donde una proporción significativa de estudiantes son de familias que hablan mandarín, está recibiendo que prohíben que los estudiantes usen estas máscaras, dijo Toby Gilbert, vocera del distrito.

“No hay evidencia que el uso de máscaras en el entorno escolar no haga nada más que crear miedo”, dijo Gilbert. “Evita que la gente recuerde que la principal prevención es lavarse las manos”.

La Oficina de Educación del condado de Los Ángeles, que abarca 80 distritos escolares, señala que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles . También reiteran que “no existe una amenaza inmediata para el público en general y no se requieren precauciones especiales”.

No obstante, las tiendas locales se han quedado sin máscaras.

Mike Mai, de 29 años, un recien llegado de Boston, usó una máscara el martes 28 de enero mientras hacía compras con su novia —sin máscara— en San Gabriel Square, un centro comercial al aire libre en el Valle de San Gabriel, que tiene una alta concentración de inmigrantes chinos.

Mai dijo que usaba la máscara para “protección personal”, y afirmó que los funcionarios locales de salud pública no parecían lo suficientemente preocupados por el nuevo virus a pesar de los casos confirmados en California.

“Parecen pensar que tiene un nivel de contagion limitado, lo cual no es cierto por lo que he leído en los medios de comunicación chinos”, dijo. “Aparentemente ha habido casos en los que las personas no muestran síntomas, pero luego dan positivo para el virus. A mí me preocupa”.

La preocupación es comprensible: muchos inmigrantes chinos en esta comunidad vuelan regularmente entre ambos países, o están en contacto cercano con personas que lo hacen.

La fábrica de rumores está trabajando horas extras, ya que entre sus amigos se envían mensajes de texto sin verificar de personas que llegaron recientemente de China, y que sospechan que tienen el virus.

Hasta el lunes 2 de febrero, el número de casos confirmados de coronavirus en los Estados Unidos, incluidos los dos en el sur de California, es de . El miércoles 29 de enero, un avión que evacuaba a más de 200 estadounidenses de Wuhan, China, el epicentro del brote, aterrizó en el estado, en la en el condado de Riverside. Se examinó a los pasajeros antes que dejaran el lugar, y serán monitoreados para detectar signos del virus por dos semanas: se cree que ese es el período de incubación.

Joe Lee, director de capacitación y asistencia técnica de la , en San Leandro, instó a los funcionarios y al público a abstenerse de criticar a las familias que envían a sus hijos a la escuela con máscaras.

“En lugar de culpar a la comunidad china estadounidense por difundir miedo, realmente alentamos al público en general a practicar la humildad cultural”, dijo Lee.

Cherry Tang, quien dirige los ministerios de adultos jóvenes en , en Rosemead, una ciudad en gran parte asiática al este de Los Ángeles, se preocupa por la escasez de máscaras. Tang, de 29 años, dijo que tan pronto como pueda obtener más máscaras, quiere colocarlas, junto con desinfectante para manos, en la parte de la iglesia que está abierta al público.

“Tal vez deberíamos tener algunas regulaciones, o recordarles a las personas que, si han vuelto de China en los últimos 14 días, deberían ponerse una máscara”, dijo Tang. “No deberíamos tratarlos de manera diferente, pero aún debemos ser cautelosos al respecto”.

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Cuarenta años después, García, de 66 años, es la directora ejecutiva de la organización, que ahora opera más de 30 clínicas en los condados de Alameda, Contra Costa y Solano, y atiende a unos 90,000 pacientes al año. Cerca del 65% son latinos, muchos de ellos inmigrantes.

García, quien tiene raíces mexicanas, creció en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas. Recuerda que su familia visitaba con frecuencia Juárez, en México, para comprar alimentos, cargar gasolina o cortarse el cabello.

Por eso, abogar por los inmigrantes fue algo natural, dijo García. Pero la mujer no ha limitado su defensa a las clínicas comunitarias.

En la década de los 90, California experimentó una oleada de ataques antiinmigrantes, similares a las que se han manifestado en otras partes de los Estados Unidos en la actualidad. El entonces gobernador, el republicano Pete Wilson, tomó medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y defendió la , que negaba el acceso de inmigrantes sin papeles a la atención médica y a la educación públicas. La medida, adoptada por los votantes en 1994, nunca entró en vigencia porque fue declarada por una corte federal.

García demandó a la administración de Wilson en 1997 por sus intentos de cancelar la atención prenatal para embarazadas indocumentadas a través de Medi-Cal, la versión estatal del programa federal de Medicaid para personas de bajos ingresos. Presentó la demanda en nombre de las mujeres inmigrantes indocumentadas, y ganó.

“En ese entonces, fue algo muy valiente poner a la clínica en medio de esa lucha y ser la vocera de esa demanda”, dijo Carmela Castellano-García, CEO de la Asociación de Atención Primaria de California, que representa a las clínicas comunitarias de salud. “Recuerdo haber estado impresionada por su audacia”.

Hoy, La Clínica es la principal demandante en una de varias acciones legales que desafían el intento de la administración Trump de expandir la , lo que permitiría a funcionarios federales de inmigración negar más fácilmente la residencia permanente a quienes dependen de ciertos beneficios públicos, como Medicaid.

Los jueces federales bloquearon temporalmente la entrada en vigencia de la norma a mediados de octubre, por lo que la demanda de García está suspendida.

La Clínica de La Raza tiene una larga historia. Fue fundada en 1971 por estudiantes de la Universidad de California-Berkeley que eran objetores de conciencia a la Guerra de Vietnam, contó García. En lugar de servir en las fuerzas armadas, llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para establecer una clínica gratuita en el vecindario Fruitvale de Oakland, en donde la principal preocupación de sus residentes era el acceso a la atención médica.

García habló con Ana B. Ibarra, de California Healthline, en su oficina, ubicada al otro lado de la calle de la clínica original de Fruitvale. El lugar está lleno de plantas, retratos del activista César Chávez, imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe y un póster enmarcado de “Salud para todos”.

-Ampliar el acceso a la atención médica para inmigrantes ha sido su misión desde el primer día. ¿Qué la atrajo a esta causa?

Crecí en el barrio de El Paso, Texas. Mi familia recibió muchos servicios a través de los departamentos de salud pública o de las escuelas. Por ejemplo, nuestras vacunas. Entendí desde siempre la importancia de los programas de salud pública.

Al comienzo de mi carrera universitaria estaba en medicina, pero decidí que la química y la biología no eran para mí. Cuando estaba estudiando en Yale, trabajé en un centro de salud comunitario como traductora, con familias principalmente puertorriqueñas.

Luego llegué a La Clínica y realmente me fascinó lo que estaban haciendo. Me encantó de lo que se trataba este movimiento: era sobre justicia social.

– ¿Por qué cree que es importante que todos tengan acceso a una atención médica integral, independientemente de su estatus migratorio?

Solo brindando servicios a todos podemos tener un verdadero impacto. Cuando llega la temporada de gripe, no te pregunta sobre tu estatus migratorio.

Nos corresponde a todos mantener sanas a todas nuestras comunidades y proporcionar acceso al nivel más básico para evitar la sala de emergencias.

Mi hija es enfermera de urgencias y me dice: “Mamá, no sabes cuántas personas usan la sala de emergencias de manera inapropiada”. Y eso es porque no tienen acceso a nada más. Esa es su atención primaria.

-A partir de 1986, las mujeres inmigrantes indocumentadas de bajos ingresos pudieron comenzar a recibir atención prenatal a través de Medi-Cal, pero usted pasó muchos años defendiendo esa cobertura, incluso en los tribunales. ¿Por qué fue algo tan polémico?

Nuestro enfoque siempre ha sido las familias, por lo que realmente nos enfocamos en brindar acceso a la atención primaria básica, y la atención prenatal era un gran problema para nuestras comunidades en ese entonces porque era como una papa caliente para los políticos: mujeres indocumentadas buscando servicios.

Tuvimos que luchar para asegurarnos que los hospitales a los que íbamos a dar a luz a nuestros bebés admitieran a nuestras pacientes. Y que nuestras pacientes se sintieron cómodas. Las ayudamos a acceder a Medi-Cal, o a negociar planes de pago con el hospital. Recuerdo que nuestros médicos escuchaban comentarios como: “Estás convirtiendo nuestro hospital en una instalación comunal”.

Presentamos una demanda en nombre de algunas mujeres indocumentadas en 1997. Ellas fueron las verdaderas guerreras. Yo solo fui la intermediaria.

-Ahora La Clínica está desafiando el intento de la administración Trump de expandir la regla de “carga pública”. ¿En qué se parece esta situación a su pelea de los 90?

Cuando surgió este problema de la “carga pública”, era una reminiscencia de aquellos días y todo al respecto me recordó la Proposición 187.

Esa fue una época en la que todo giraba en torno a ser antiinmigrante. Y hoy estamos viendo lo mismo: los padres mantienen a sus hijos en casa y nuestro número de citas disminuye. Esta es como la segunda ola de la misma situación, salvo que, creo, hemos podido cambiar un poco la narrativa.

Particularmente aquí en California, no vemos tanto la palabra “ilegal”, y vemos menos visualizaciones de personas que cruzan la frontera como “cucarachas”. Los mensajes que le estábamos dando a los pacientes en ese momento no eran muy diferentes de los que les damos ahora. Son: continúa recibiendo tus servicios aquí, somos un lugar seguro y no compartimos tu información.

– ¿Pensaba que el país entraría en el año electoral 2020 con esta situación?

Como país, definitivamente hemos dado algunos pasos hacia atrás, no hay duda, pero no estamos comenzando desde cero. Como defensores, estamos mucho mejor armados con datos y podemos mostrarte la cantidad de impuestos que pagan las familias inmigrantes, podemos decirte lo importantes que son para la fuerza laboral.

Creo que California, les guste o no, es líder. Y con el compromiso del estado de cubrir a todos, podremos demostrar que, al final, esa estrategia es el camino a seguir para tener comunidades más saludables y una sociedad más productiva.

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Cuando era una niña en la década de los 90, sabía muy poco de su historia: cómo surgió de las cenizas de los disturbios de Watts. En ese entonces no conocía a nadie en la profesión médica.

Aun así, Edwards quería ser doctora. “No sabía cómo iba a lograrlo, pero quería alcanzar el sueño”, dijo. “Tenía la determinación”.

Ahora, Edwards tiene 32 años, y es la única psiquiatra en el nuevo , en los terrenos del antiguo King/Drew que era administrado por el condado, y a pocos pasos de donde fue a la escuela secundaria.

En su vida, la comunidad en donde creció ha cambiado drásticamente. La población ahora es mayoritariamente latina, ya no predominan los afroamericanos. King/Drew cerró en 2007 en medio de acusaciones de . El nuevo hospital, una organización privada sin fines de lucro que abrió sus puertas en 2015, es más pequeño pero vibrante, con nuevas instalaciones, personal y una clínica para pacientes ambulatorios. Es parte de un campus más amplio que incluye centros de salud pública y de pacientes ambulatorios, administrados por el condado de Los Ángeles.

Lo que no ha cambiado en el área es la necesidad de médicos como Edwards.

Los pacientes de Edwards tienen condiciones que van desde ansiedad y depresión hasta psicosis. Muchos nunca han visto a un psiquiatra, ni a ningún profesional de salud mental siquiera. Sin embargo, las presiones en sus vidas contribuyen a la mala salud física y mental.

“Hay muchos factores estresantes que provienen de vivir en un ambiente con disparidades en la atención de salud, mucho acceso a las drogas, pobreza, problemas de inmigración”, dijo Edwards.

El vecindario que rodea el hospital tiene tasas más altas de angustia psicológica y una mayor necesidad de atención de salud mental que el promedio estatal, según datos de 2014 de UCLA. Los también son más propensos a ser pobres y sin trabajo, aunque los niveles promedio de logros educativos y de ingresos han aumentado un poco en las últimas décadas.

Edwards les enseña a sus pacientes sobre sus condiciones, lo que significa tener depresión clínica, qué se siente cuando se está sufriendo un ataque de pánico. Muchos muestran aprecio por tener a alguien a quien recurrir. “Han tratado de hacerlo por su cuenta, pero ahora es el momento de ver a alguien”, dijo Edwards.

Gail Carter, de 62 años, de Compton, California, sufre de dolor crónico y depresión, pero dijo que ha estado durmiendo y sintiéndose mejor desde que comenzó las sesiones con Edwards. “No sabía cómo resolver los problemas”, dijo. “La doctora Edwards me ayudó. Ella me hace pensar. Y me recuerda que respire”.

Soñando con ser doctora

Edwards dijo que siente algo de nostalgia por su vecindario, y también tristeza. Ella escapó de algunos de las peores situaciones: violencia, drogas y pandillas, protegida por su familia y sus grandes aspiraciones para ella y sus hermanos. “La educación superior era algo que se esperaba de nosotros”, dijo. “Creo que en algún sentido me mantuvieron aislada”.

Su curiosidad sobre la medicina comenzó en la escuela media. Asistió a la King/Drew Magnet High School of Medicine and Science, que le permitió ser la sombra de los doctores del antiguo hospital King/Drew y ayudar con la investigación del cáncer. “Era casi como si fuéramos médicos internos, pero estábamos en la escuela secundaria”, recordó.

A pesar del apoyo, Edwards enfrentó reveses. Cuando tenía 15 años, su padre murió de cáncer de colon, cuatro días después de recibir el diagnóstico. “Por un tiempo no quise poner un pie en el hospital. Pensé: ‘¿Cómo voy a convertirme en médica si odio los hospitales?'”.

Luego reflexionó sobre cómo su papá la había alentado a seguir medicina, sabiendo que era su sueño, y “eso me motivó”.

Cuando el antiguo hospital King/Drew cerró, Edwards recuerda haberse preguntado a dónde irían los pacientes del vecindario, y si los estudiantes de la escuela secundaria todavía encontrarían pasantías en un hospital.

Después de graduarse de UCLA, Edwards asistió a la escuela de medicina en Charles Drew/UCLA, junto a su antigua escuela secundaria, a través de un programa diseñado para estudiantes que querían practicar en áreas desatendidas. Durante una rotación estudiantil en el Kedren Acute Psychiatric Hospital en Los Ángeles, vio de cerca lo que era el trastorno bipolar, la psicosis y la depresión mayor, y se sorprendió por la necesidad de atención entre las minorías, especialmente afroamericanos y latinos. “Esto es algo de lo que realmente no se habla en ninguna de esas comunidades”, dijo.

Eso la impulsó a elegir psiquiatría. Completó su residencia en UCLA en junio de 2017 y comenzó su trabajo en MLK dos meses después. “Simplemente sentía que era lo correcto”, dijo.

Además de ejercer en el hospital, Edwards también pertenece a un nuevo grupo médico ambulatorio que el hospital comenzó el año pasado para ampliar la atención especializada para sus pacientes. La directora ejecutiva del hospital, Elaine Batchlor, dijo que Edwards es exactamente el tipo de médico que querían atraer. “Entiende a las personas que viven en nuestra comunidad”, dijo. “Y tiene un profundo compromiso con ellos”.

Separar lo viejo de lo nuevo

Los pacientes que necesitan atención de salud mental llegan a toda hora del día y de la noche, dijo Ameer Moussa, médico del hospital. “Un psiquiatra es algo que sabíamos que necesitábamos desde el primer día”.

Moussa dijo que la personalidad tranquila y la paciencia de Edwards le permiten comunicarse efectivamente con sus pacientes. “La confianza es algo realmente importante, y ella la gana rápidamente”, dijo.

Eso ayuda, especialmente a los pacientes que recuerdan la difícil historia del antiguo King/Drew, que llegó a ser conocido en algunos círculos como “Killer King”.

Los recuerdos de infancia de Edwards sobre el área la ayudan a conectarse con los pacientes. Cuando están angustiados por sus desafíos en la vida, a menudo les dice: “Entiendo. También crecí aquí”.

Edwards, quien ahora vive en Cypress, California, con su esposo y su hijo de 19 meses, pasa la mayor parte de su semana de trabajo ayudando a clasificar a los pacientes de salud mental en la sala de emergencias y visitando a los que ingresan en el hospital.

La sala de emergencias de MLK ha visto el doble de pacientes de lo que originalmente se esperaba cuando se abrió, y muchos sufren de enfermedades mentales.

Una tarde reciente, Edwards vio a una mujer que tenía 30 semanas de embarazo y amenazaba con hacerse daño. Combativa y posiblemente psicótica, estaba convencida que su bebé era un extraterrestre. “Déjame ir”, gritaba mientras el personal intentaba contenerla. “¡Aléjate de mí!”

Edwards ordenó medicamentos para ayudarla a calmarse. También la colocó en aislamiento psiquiátrico por 72 horas, y comenzó a buscarle espacio en una institución.

Edwards sabía que no sería fácil, dada la grave escasez de camas psiquiátricas y el estado de la mujer. “Los hospitales psiquiátricos pueden escoger y elegir a quién quieren recibir”, explicó Edwards. “Las pacientes embarazadas son un poco más riesgosas”.

Edwards pasa gran parte de su tiempo en el hospital, corriendo, entrando y saliendo de las habitaciones de los pacientes, intentando, a menudo en conversaciones fugaces, evaluarlos, y evaluar el riesgo que se lastimen a sí mismos. Muchos de sus pacientes son personas sin hogar, alcohólicas o adictas.

Una vez a la semana, va a una clínica ambulatoria administrada por MLK a pocas millas de distancia. Algunos de sus pacientes tardan un poco en aceptarla. Edwards pasa mucho tiempo con ellos antes de siquiera plantear la idea de medicación.

“Viniendo de una comunidad donde hay mucho estigma sobre la salud mental… la aceptación de la medicación es otra barrera”, dijo.

Edwards agregó que hace todo lo que puede para ayudar a sus pacientes, tanto dentro como fuera del hospital. Pero al final, Martin Luther King, Jr. es un centro de cuidados intensivos, no psiquiátrico. Ella no está allí todo el día, y el hospital puede tener a ciertos pacientes psiquiátricos por solo tres días máximo. Una de las partes más difíciles de su trabajo, dijo, es preguntarse qué pasará con los pacientes cuando se vayan.

“Quieres saber el resultado final, lo que sucedió, si hiciste lo correcto, si están a salvo”.

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La madre soltera con cinco hijos había estado luchando para poder pagar las cuentas. “Escuché que el alquiler era mucho más barato aquí, así que me mudé”, contó.

Pero cuando tuvo problemas de salud –comenzó a perder el equilibrio y a caerse-, Castaneda encontró menos opciones médicas en su nueva área. Incapaz de encontrar atención especializada local, viajó casi 65 millas a un hospital público en Los Ángeles, donde los médicos descubrieron un tumor en su columna vertebral.

La cirugía para extirparlo fue a 75 millas de su casa, en el centro oncológico City of Hope en Duarte, California. El procedimiento la dejó parcialmente paralizada. “Entré al hospital y nunca volví a caminar”.

Castaneda, de 58 años, recibe pagos por discapacidad del Seguro Social y es beneficiaria del Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid para personas de bajos ingresos. “Pero aquí no hay médicos disponibles”, dijo Castaneda. “Llamé a todos los del directorio, y nadie recibe a pacientes de Medi-Cal”. Ahora, Castaneda ve a médicos a casi 50 millas de distancia, en Northridge.

Los suburbios en los Estados Unidos, a menudo percibidos como enclaves de los ricos, albergan a casi , más que en las ciudades o áreas rurales, y la creciente demanda de atención restringe la capacidad de los servicios de salud suburbanos para proporcionarlas, según reciente publicado en Health Affairs. Históricamente, las áreas suburbanas han recibido apenas una fracción del financiamiento para la salud del que tienen las ciudades, lo que las deja con una infraestructura inadecuada, y obligando a personas como Castaneda a pelear por la atención médica que necesitan.

El estudio de Health Affairs encontró que aproximadamente una quinta parte de las personas pobres que viven en los suburbios no tienen seguro, y muchos de los que sí tienen cobertura, especialmente los que reciben Medi-Cal, no pueden encontrar proveedores o deben viajar muy lejos para sus citas médicas.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) redujo la tasa de personas sin seguro en California del 17% en 2013 a aproximadamente debido principalmente a la expansión de Medicaid, que sumó más de 3.7 millones de adultos a las listas de Medi-Cal. Pero eso no ha asegurado el acceso a la atención médica para millones de habitantes de los suburbios, apuntó Alina Schnake-Mahl, aspirante a un doctorado en la Harvard T.H. Chan School of Public Health en Boston, y autora principal del estudio de Health Affairs.

“Eso va en contra de la idea de que todos en los suburbios están asegurados porque todos tienen un trabajo profesional o administrativo con cobertura”, dijo.

Pero la cobertura no equivale a atender siquiera a los pacientes con Medi-Cal, como puede atestiguar Castaneda. Antes de la ley de salud, tenían problemas para encontrar médicos que los vieran debido a las bajas tasas de pago de Medi-Cal. Ese problema se intensificó cuando millones más se inscribieron en el programa, lo que motivó a muchos afiliados a buscar servicios en las instalaciones de atención de la red de seguridad.

Los servicios de atención médica en los suburbios “no son lo suficientemente sólidos como para cubrir las necesidades de una creciente población de bajos ingresos”, dijo Charlie Gillig, abogado supervisor en el Centro de Servicios de Salud del Consumidor del condado de Los Ángeles, quien ha asesorado a Castaneda sobre servicios de transporte médicos bajo Medi-Cal.

La mitad de los 39 millones de residentes de California vive en los suburbios, y las tasas de pobreza oscilan entre cerca del 25% en Bakersfield, en el Valle Central, y alrededor del 8% en los suburbios fuera de San Francisco, según de Elizabeth Kneebone, directora de investigación en el Centro Terner para la Innovación de la Vivienda de la Universidad de California-Berkeley y miembro senior de Brookings Institution. El mismo análisis mostró que 2,7 millones de californianos de los suburbios vivían por debajo de la línea de pobreza en 2016, en comparación con 1,9 millones en las principales ciudades.

Castañeda, quien usa una silla de ruedas motorizada grande, dice que es difícil, “a menudo imposible”, organizar un viaje en una camioneta. Llegar al médico se ha convertido en una larga y dolorosa prueba.

Y eso es si puede programar una visita, dijo Castaneda, y agregó que también enfrenta largos tiempos de espera para ver a su médico en Northridge, un suburbio que está recibiendo cada vez más pacientes de zonas más pobres. “No se puede hacer una cita cuando estás enfermo… así que he estado esperando y esperando”, contó. “Me dijeron, ‘si te enfermas lo suficiente, solo ve a la sala de emergencias'”.

Por supuesto, también puede ser difícil conseguir una cita en la clínica o ver a un especialista en las ciudades, pero en los suburbios, dijo Gillig, “la geografía agrava un problema ya existente”.

En su sobre la cambiante geografía de la pobreza, Scott Allard, profesor de políticas públicas y gobernabilidad en la Universidad de Washington, mostró que el .

Las áreas metropolitanas de California han tenido muchas décadas para construir sistemas masivos de atención médica para atender a los pobres, incluidos los hospitales del condado, los centros de salud calificados a nivel federal y las clínicas comunitarias. Pero la escala actual de la pobreza suburbana es una tendencia reciente.

Los legisladores luchan por atender las necesidades de salud de las ciudades en el este del condado de Contra Costa, a unas 50 millas de San Francisco. En Oakley, por ejemplo, los líderes empresariales y comunitarios cabildearon fuertemente por un nuevo centro de salud, que se inauguró en 2011.

“Aquí hay una gran necesidad, especialmente para las personas indocumentadas o que no tienen seguro. No tienen otro lugar adonde ir”, dijo Leticia Cazares, gerenta regional de La Clínica, que opera el nuevo centro de salud. La clínica tiene dos doctores y una enfermera practicante para atender a 3,000 pacientes, la mayoría de los cuales tienen Medi-Cal.

Muchas de las personas que visitan clínicas comunitarias como la de Oakley no tienen seguro, ya sea porque son inmigrantes sin papeles o porque ganan demasiado dinero para calificar para Medi-Cal o para cobertura subsidiada bajo el Obamacare, y no pueden pagarla de su propio bolsillo.

La familia de Alex G. se adapta a ambos escenarios. Su esposo, Edward, y su hijo de 8 años, quien también se llama Alex, son ciudadanos estadounidenses, pero ella es indocumentada. La familia vive en Brentwood, una ciudad de aproximadamente 60,000 habitantes en el este del condado de Contra Costa.

Estudiante universitaria de 32 años, quien se negó a dar su apellido por temor a la deportación, Alex ha solicitado la residencia permanente, un proceso largo con un resultado incierto.

Su esposo tiene “un buen trabajo” como programador de máquinas industriales. Él tiene seguro por su empleador, pero para que Alex y su hijo tengan seguro, tendrían que pagar $1,200 por mes. Dado el alto costo de vida de California, “simplemente no podemos darnos el lujo de pagar eso”, dijo Alex. El salario de su esposo, de $70,000, es demasiado alto para los subsidios de Medi-Cal u Obamacare.

Alex sufrió recientemente fuertes dolores de estómago y tuvo que esperar varios días por una clínica móvil que estaciona frente a un centro comunitario cercano una vez a la semana.

Cada vez que su hijo tiene una infección en el oído o fiebre, Alex lo lleva a la clínica móvil gratuita. “Al no tener seguro, me preocupa mucho cada vez que se enferma”, dijo.

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El Community Health Center Program , la mayoría de las cuales se encuentran en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos.

La legislación les otorga a los centros $3.8 mil millones para este año, y $4 mil millones en 2019.

En los últimos años, el Congreso ha asignado $3.6 mil millones anuales para los centros de salud. Eso representa alrededor del 20% de los presupuestos de las clínicas; gran parte del resto proviene de reembolsos por servicios. Defensores y directores de los centros aseguran que este dinero es fundamental para proporcionar servicios que no siempre están cubiertos por Medicare, Medicaid, o por seguros privados, incluidos los de salud mental y abuso de sustancias, transporte y visitas domiciliarias.

Se esperaba que el Congreso renovara el financiamiento a largo plazo para los centros el 22 de enero cuando los legisladores votaron el financiamiento por seis años del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP). Uno de cada 10 niños cubiertos por CHIP recibe la mayor parte de su atención en un centro comunitario de salud.

Pero ese proyecto no se ocupó de los centros. Aunque el dinero federal se agotó el 1 de octubre, un parche presupuestario anterior les proporcionó fondos temporales hasta el 31 de marzo.

“Estamos atrapados en la disfunción política de Washington”, dijo una semana atrás Carmela Castellano-García, directora ejecutiva de la Asociación de Atención Primaria de California. “Estos centros son un salvavidas para millones de personas, especialmente en las zonas rurales, donde pueden ser el único proveedor de atención médica en millas a la redonda”.

Castellano-García dijo que el impasse presupuestario había obligado a muchos centros en el estado a congelar las contrataciones, posponer expansiones de servicios y utilizar las reservas financieras.

A nivel nacional, el 20% de los centros de salud ya habían congelado contratos, y el 4% despedido personal. Agregó que otro 53% podría haber despedido a empleados si no hubieran recibido los fondos federales, según realizada por la Universidad George Washington e investigadores de la Kaiser Family Foundation, publicada hace pocos días. (Kaiser Health News es un programa editorialmente independiente de la fundación).

Dan Hawkins, vicepresidente senior de la Asociación Nacional de Centros Comunitarios de Salud, con sede en Bethesda, Maryland, y expertos en políticas de salud, especularon que la razón del impasse en la asignación de fondos para los centros pudo ser por desacuerdos en el nivel de financiación y la cantidad de años. Según informes, los demócratas presionaron para que fuera de cinco o seis años, pero los republicanos pueden haber preferido un período más breve. Los senadores Debbie Stabenow (demócrata de Michigan) y Roy Blunt (republicano de Missouri), lideraron este debate.

Para los líderes de los centros comunitarios, y para los pacientes, la nueva asignación de fondos es un alivio.

California tiene la red de centros de salud más grande del país. -6,5 millones de personas- reciben atención médica en los cerca de 1,300 centros alrededor del estado. La mitad está inscrita en Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid.

Dave Jones, director ejecutivo de Mountain Valleys Health Centers, que opera seis clínicas comunitarias cerca de la ciudad de Redding en el norte de California, dijo que podrían haber enfrentado el cierre de uno de sus seis locales de no haber recibido el dinero federal.

Anderson Valley Health Center, en Boonville, California, enfrentó la misma situación. El pequeño centro atiende a 2,800 pacientes por año, el 45% de los cuales son trabajadores agrícolas de bajos ingresos.

Chloë Guazzone-Rugebregt, directora ejecutiva del centro, dijo que la renovación de su edificio estaba esperando la señal de los fondos federales.

María Soto, de 72 años y su esposo, Efrén, de 77, junto con sus seis hijos adultos y sus 13 nietos, reciben atención en Anderson. Los abuelos Soto, ambos jubilados, tienen Medicare. El resto de la familia tiene seguro privado o está inscrito en Medi-Cal.

“La clínica juega un papel muy importante en nuestras vidas”, dijo María Soto. “Confiamos en este centro de salud para todos nuestros cuidados regulares. No tengo idea de a dónde iríamos si tuviera que cerrar”.

Charles Allbaugh y Paula Tomko, quienes dirigen Central Virginia Health Services, dijeron que también se han demorado en contratar personal y expandir los servicios en su red de 16 clínicas que atienden a 43,000 residentes de Virginia, a la espera del resultado del debate sobre los fondos.

“El Congreso juega al fútbol político con nosotros”, dijo Tomko. “No es la forma en que deberían funcionar las cosas”.

Jean Grutzius estuvo de acuerdo. Su madre de 97 años se atiende en una de las clínicas de Tomko, cerca de la pequeña ciudad de Bumpass.

“Sin la clínica, estaríamos en grandes problemas”, dijo Grutzius. Su madre, Eleanor Ciombor, está ciega y sorda, en silla de ruedas y toma múltiples medicamentos, incluso para una afección psiquiátrica. Ciombor, quien vive con su hija, está inscrita tanto en Medicare como en Medicaid. Su único ingreso es $900 por mes del Seguro Social.

“Recibe una gran atención [en la clínica] y nos cuesta poco”, dijo Grutzius, quien tiene 75 años y también vive con un ingreso fijo. “No podría pagar de otra manera. Estoy rezando para que el centro obtenga la financiación que necesita”.

Los fondos para los centros fueron apoyados sólidamente por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Entre 2010 y 2016, ese financiamiento impulsó un aumento del 50% en el número de locales de centros de salud en todo el país y un incremento del 33% en el número de pacientes atendidos.

Los centros de salud también participaron activamente en el registro de personas para los mercados de seguros de ACA y para Medicaid en los estados que ampliaron ese programa bajo el Obamacare.

Sin embargo, a pesar de la creciente división partidista sobre ACA, los legisladores votaron abrumadoramente -y en un acuerdo bipartidista- en 2015 para extender los fondos del centro de salud al nivel de $3.6 mil millones anuales durante dos años adicionales.

“Estos son dólares federales muy bien gastados, y $3.6 mil millones no es un gran gasto federal”, dijo Peter Shin, profesor asociado de políticas y gestión de salud en la Universidad George Washington, en Washington, DC. “De hecho, hay un fuerte argumento de por qué deberían obtener más dinero”.

Shin dijo que la investigación muestra que los centros ahorran dinero al gobierno federal a largo plazo. Lo hacen proporcionando atención primaria, preventiva y prenatal de rutina que mantiene a las personas fuera del hospital y previene las costosas visitas a las salas de emergencias.

El experto dijo que, según un estimado, los centros de salud ahorran al gobierno federal casi $25 mil millones anuales en costos para los afiliados de Medicare y Medicaid.

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