Por segundo año, el demócrata pidió a los legisladores estatales que eliminen la cobertura para un sector de los inmigrantes ante los recortes federales al gasto en Medicaid y un déficit presupuestario de aproximadamente .

Muchos analistas advierten que, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, .

Newsom propuso que el estado no intervenga cuando, a partir de octubre, el gobierno federal deje de brindar cobertura médica a unos 200.000 residentes legales, entre ellos .

Legisladores progresistas y activistas afirmaron que esos recortes representan un alejamiento de la promesa de Newsom de garantizar “”. Por otro lado, los republicanos siguen criticándolo porque utiliza fondos públicos para cubrir a personas que no son ciudadanas.

Según el Departamento de Finanzas, la propuesta más reciente de Newsom permitiría un ahorro estimado de $786 millones en este año fiscal y de $1.100 millones anuales en los años siguientes, dentro de un presupuesto proyectado de $349.000 millones.

La senadora estatal Caroline Menjivar, una de las dos demócratas que el año pasado votaron en contra de los recortes de Newsom, dijo que le preocupa que las ambiciones políticas del gobernador estén pesando más que lo que es mejor para los californianos.

“Está pendiente de lo que van a opinar Arkansas o Tennessee, cuando lo que piensa California es algo completamente diferente”, se quejó Menjivar, quien contó que sus críticas anteriores le costaron de un subcomité clave del presupuesto. “Esa es mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo aquí”, agregó.

Mientras tanto, el senador estatal republicano Tony Strickland criticó a Newsom por restar importancia del estado que, según funcionarios estatales, podría crecer hasta los $27.000 millones el próximo año. Además, lo acusó de seguir ofreciendo cobertura a residentes de California que viven en el país sin autorización. “Lo único que quiere es relanzarse políticamente, proyectar una nueva imagen”, dijo Strickland.

Es una cuerda floja política que se irá tensando aún más a medida que disminuya el apoyo federal y sigan aumentando los gastos en atención médica, afirmó Guian McKee, codirector del Proyecto de Políticas de Salud de la Escuela de Asuntos Públicos Miller de la Universidad de Virginia.

“Newsom tiene que hacer malabares con tres o cuatro temas delicados al mismo tiempo”, opinó  McKee. Si decide postularse, agregó: “las prioridades de los votantes demócratas en las primarias —que en gran medida reflejan estados progresistas como California— son muy distintas a las del electorado en general, que está mucho más dividido”.

En Estados Unidos, las opiniones sobre si el gobierno debería ofrecer cobertura médica a personas sin papeles están muy divididas.

En una realizada el año pasado, una pequeña mayoría —54%— se opuso a una disposición que establecía sanciones a los estados que utilizaban sus propios recursos para brindar atención médica a inmigrantes. Había grandes diferencias según la afiliación política. Finalmente, esa disposición no fue incluida en la versión final del proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Donald Trump.

Incluso en California, la idea de ofrecer atención médica perdió apoyo a causa de los problemas presupuestarios.

En , el 41% de los adultos expresó estar de acuerdo con ofrecer cobertura médica a inmigrantes sin papeles, una caída significativa con respecto en 2023.

el vicepresidente JD Vance, y legisladores republicanos han acusado en repetidas ocasiones a California y a otros estados demócratas de usar fondos públicos para dar atención médica a inmigrantes, un tema que enardece a la base del Partido Republicano.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), de “” para recibir más fondos federales, liberando recursos estatales para su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal, que ha inscrito a cerca de 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular.

“Si usted es un contribuyente en Texas o Florida, sus impuestos podrían haberse usado para financiar la atención médica de inmigrantes ilegales en California”, dijo en octubre.

Funcionarios de California negaron esas acusaciones y afirmaron que solo se utilizan fondos estatales para dar servicios de salud general a personas indocumentadas, ya que la ley prohíbe usar fondos federales.

Newsom ha convertido esto en un “”, ya que ampliar la cobertura a inmigrantes, según su administración, mantiene a las y ayuda a evitar costosas visitas a salas de emergencia que muchas veces se terminan pagando con dinero público.

“Ninguna administración ha hecho más que ésta para ampliar la cobertura total de Medicaid para nuestras comunidades diversas, con y sin estatus migratorio”, dijo Newsom a periodistas en enero. “Hay quienes han construido toda su carrera política criticando mi postura”.

Newsom advirtió sobre el “carnaval de caos” del gobierno federal al aprobar la ley One Big Beautiful Bill Act de Trump. Esa ley, sostuvo, pone a 1,8 millones de californianos en riesgo de perder su cobertura médica debido a la implementación de requisitos laborales, otras reglas de elegibilidad y nuevos límites al financiamiento federal para los estados.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde ahora y hasta 2034, a nivel nacional, 10 millones de beneficiarios podrían perder su cobertura.

han señalado que un número mayor de personas sin seguro —en especial aquellas que están relativamente sanas— podría concentrar la cobertura en , lo que potencialmente elevaría los costos de las primas y los costos hospitalarios en general.

Organizaciones que trabajan con los inmigrantes señalan que es especialmente cruel dejar sin atención médica a quienes pudieron haber huido de situaciones de violencia o sobrevivido a la trata o a situaciones de abuso.

Las normas federales actuales exigen que los programas estatales de Medicaid cubran a “no ciudadanos calificados”, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, explicó Tanya Broder, del National Immigration Law Center. Pero la One Big Beautiful Bill Act, impulsada por los republicanos, puso fin a esa cobertura, lo que afectaría a legales en todo el país.

Como muchos gobernadores estatales aún no han presentado sus propuestas de presupuesto, no está claro cómo piensan cubrir los recortes al financiamiento, dijo Broder.

Por ejemplo, funcionarios de Colorado estiman que unos 7.000 inmigrantes legales podrían perder cobertura por los cambios en la ley. En el estado de Washington, las autoridades calculan que , solicitantes de asilo y otros inmigrantes con autorización legal se quedarán sin cobertura de Medicaid.

Ambos estados, al igual que California, ampliaron la cobertura completa a todos los residentes elegibles por ingresos, sin importar su situación migratoria. Ahora, sus funcionarios electos están en la incómoda posición de tener que explicar por qué algunos inmigrantes legales podrían perder su cobertura médica mientras que otros sin estatus legal podrían conservarla.

El año pasado, el aumento de los costos en atención médica y los recortes presupuestarios llevaron a los gobernadores demócratas de —JB Pritzker y Tim Walz, dos potenciales aspirantes a la presidencia— a suspender o cancelar la cobertura para inmigrantes sin papeles.

También en 2025, legisladores de California votaron por la eliminación de la cobertura dental y congelaron nuevas inscripciones para personas sin documentos. A partir del próximo año también se cobrará una prima mensual a quienes mantengan su cobertura.

Aun así, se estima que el estado gastará $13.800 millones de su fondo general en atención médica para inmigrantes no cubiertos por el gobierno federal, según H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.

En enero, en una conferencia de prensa en San Francisco, Newsom defendió estas medidas y dijo que eran necesarias por “prudencia fiscal”. Evitó responder preguntas sobre la cobertura para solicitantes de asilo y refugiados, y minimizó la importancia de su propuesta, al decir que podría revisarla cuando tuviera la oportunidad de actualizar el presupuesto en mayo.

Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de la California Pan-Ethnic Health Network, señaló que el estado aprobó una ley en la década de 1990 que le exige cubrir con Medi-Cal cuando los fondos federales de Medicaid no están disponibles. Esto incluye a personas con residencia permanente que aún no cumplen con el período de espera de cinco años para inscribirse en Medicaid.

Savage-Sangwan calificó la propuesta del gobernador como “arbitraria y cruel” y criticó su decisión de priorizar los depósitos del fondo de emergencia para tiempos difíciles en vez de mantener la cobertura. Agregó que culpar al gobierno federal era engañoso.

También consideró que es un gran retroceso respecto de lo que ella esperaba que California pudiera lograr el primer día de Newsom en el cargo, hace siete años, cuando el gobernador declaró su apoyo a un sistema de salud con financiamiento público integral y propuso ampliar los subsidios para pagar el seguro médico para la clase media.

“Tenía esperanza y celebramos los avances que impulsó el gobernador”, afirmó Savage-Sangwan. “Por eso estoy aún más decepcionada”.

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Durante más de dos décadas, esta trabajadora de salud comunitaria ha ayudado a cientos de familias del sureste de Los Ángeles a inscribirse en programas de ayuda alimentaria, ha informado sobre seguros médicos asequibles y ha ayudado con medicamentos para sus afecciones crónicas. Su frase favorita: “más vale prevenir que curar”.

Pero sólo gana unos $20 la hora en una organización de salud comunitaria y tiene un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. “Nos pagan muy poco y esperan demasiado”, dijo. “Generamos confianza. Ofrecemos apoyo. Somos el hombro en el que muchos se apoyan, pero no recibimos un salario justo”.

California buscaba profesionalizar a miles de trabajadores de salud comunitarios como Hernández. La meta era mejorar la salud de las poblaciones inmigrantes, en particular los residentes hispanos, que a menudo padecen de enfermedades crónicas, son más y se enfrentan a más barreras culturales y lingüísticas para acceder a servicios.

Estudios demuestran que su trabajo las hospitalizaciones, y las visitas a las salas de emergencias y a las clínicas de urgencias.

El estado siguió al pie de la letra una serie de publicadas en 2019 para estandarizar la formación y la certificación de estos profesionales. Así, poder integrarlos a las plantillas de trabajadores de salud y ofrecerles salarios justos, incluyendo reembolsos a través de Medi-Cal, el Medicaid estatal, para compensar el trabajo que tradicionalmente se ha realizado de forma voluntaria o con salarios bajos.

Pero seis años después, California ha dado marcha atrás en muchas de esas iniciativas.

El estado ha eliminado un programa de certificación y ha recortado casi toda la financiación para formar y ampliar esta plantilla, a pesar de que se había fijado el objetivo de contar con para este año.

Aunque Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios, los planes de salud participantes establecieron requisitos de facturación desiguales, lo que dificulta que los trabajadores obtengan el reembolso. Además, el estado no cumplió con el aumento salarial previsto.

Con los recortes de fondos federales recién aprobados y el foco del presidente Donald Trump en la deportación de inmigrantes, incluso con el Departamento de Seguridad Nacional, los activistas temen que California abandone su iniciativa de equidad en la salud para los inmigrantes, las personas de color y las personas con bajos ingresos. En un momento en el que, aseguran, esa labor es más necesaria que nunca.

“Estamos en una situación muy grave en este momento”, afirmó Cary Sanders, directora en la California Pan-Ethnic Health Network, una organización estatal que aboga por la equidad en la salud.

Elana Ross, vocera del gobernador Gavin Newsom, dijo que “el estado ha tomado medidas difíciles pero necesarias para garantizar la estabilidad fiscal” y que la administración sigue dialogando con los trabajadores de salud comunitarios.

Ross agregó que el gobernador demócrata, , sigue comprometido con la defensa de los inmigrantes perseguidos por la administración Trump.

“Nuestra oficina está en la calle”

Hay más de 60.000 trabajadores de salud comunitarios en todo el país, incluidos unos 9.200 en California, y se prevé que esta fuerza laboral crezca un 13% en la próxima década, tres veces más rápido que el conjunto de todas las profesiones, según de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos afirman que estas cifras están subvaloradas, dada la variedad de títulos que poseen estos trabajadores y el hecho de que muchos no trabajan en el cuidado de salud propiamente dicho ni en instituciones gubernamentales.

“Trabajador de salud comunitario” es un término genérico que incluye a distintos tipos de trabajadores. A menudo conocidos como promotores, que trabajan en clínicas, hospitales, departamentos de salud pública y organizaciones sin fines de lucro locales, en lugares en los que se les tiene confianza y donde conocen las necesidades más urgentes de su comunidad.

Además de ayudar a las personas a controlar afecciones crónicas como las cardiopatías y la diabetes, promueven la salud reproductiva, la salud infantil y la higiene bucal, y ayudan a a prevenir lesiones y manejar sus medicamentos.

Pueden hacer que las personas se sientan seguras al denunciar la violencia doméstica y otros abusos. También las conectan con servicios de asistencia para la vivienda y la alimentación. “El trabajador de salud comunitario no se sienta en un escritorio”, dijo Hernández. “Nuestra oficina está en la calle”.

En 2019, la California Future Health Workforce Commission recomendó integrar a estos trabajadores en el sistema de salud, y en 2022, el estado autorizó durante tres años para el Departamento de Acceso e Información de Salud de California, que supervisa el desarrollo del personal de este sector, con el fin de reclutar, formar y certificar a estos trabajadores.

La agencia trató de estandarizar la formación y la certificación, pero algunos grupos comunitarios temían que eso creara barreras de acceso al no dar suficiente crédito a la experiencia y a la competencia cultural.

Pero el año pasado, justo cuando la agencia ofrecía más flexibilidad y permitía la formación basada en el trabajo comunitario, el estado recortó $250 millones en financiación debido a restricciones presupuestarias. Este año, el programa de certificación ha sido oficialmente eliminado.

El vocero Andrew DiLuccia señaló que la agencia establecerá un programa para acreditar a las organizaciones comunitarias en lugar de a los trabajadores individuales y que tiene previsto gastar los $12 millones restantes en asistencia técnica, desarrollo de la fuerza laboral y salarios para quienes trabajan con las comunidades inmigrantes.

Según la National Academy for State Health Policy, ofrecen algún tipo de programa de certificación para trabajadores de salud comunitarios ya sea voluntario o bien obligatorio.

Algunos activistas afirman que California está perdiendo la oportunidad de establecer una trayectoria profesional para esta mano de obra. Muchos de los cursos que ofrecen hoy en día por organizaciones sin fines de lucro, condados y universidades , un título, dominio del inglés o experiencia previa. La mayoría se concentran en el área de San Francisco o Los Ángeles, lo que crea en gran parte del estado.

Lourdes Bernis, una dentista de Ecuador, es un ejemplo de cómo los trabajadores de salud comunitarios podrían integrarse en el sistema de salud. Comenzó como promotora voluntaria hace más de una década y en 2019 recibió formación gratuita del condado de Los Ángeles, lo que le permitió conseguir un trabajo a tiempo completo, con beneficios, en el Departamento de Salud Mental del condado para ayudar a mujeres hispanohablantes a gestionar la depresión y la ansiedad mientras se recuperan del consumo de drogas.

Bernis ahora quiere convertirse en especialista de apoyo entre pares en hospitales y clínicas. Mientras tanto, muchos de sus colegas con décadas de experiencia siguen atrapados en puestos mal pagados y no pueden permitirse costear cursos de formación para avanzar. “Hay promotoras que tienen entre 20 y 25 años de experiencia, pero siguen trabajando como voluntarias”, dijo Bernis.

El papel de Medi-Cal

Para pagar a los trabajadores de salud comunitarios, Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios en julio de 2022, pero California previsto para ellos después que los votantes aprobaran la Proposición 35, que aumentaba los pagos a médicos, hospitales, clínicas comunitarias y otros proveedores.

Desde entonces, el estado aún no ha establecido un sistema uniforme sobre cómo los planes de salud deben contratar a las organizaciones que emplean a trabajadores de salud comunitarios.

“Tenemos que hacer malabares”, dijo María Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que representa a estos trabajadores. “Esto sólo causa caos, porque cada plan puede tener requisitos diferentes”.

Lemus agregó que la organización tardó casi seis meses en establecer el pago con un plan de salud.

Y aunque los reembolsos de Medi-Cal están vinculados a tareas individuales, que oscilan entre $9.46 y $27.54 por 30 minutos de trabajo, los activistas afirman que no se les compensa totalmente por el tiempo que dedican a ganarse la confianza de los pacientes y a hacer seguimiento.

Según los activistas, estos trabajadores deberían ganar al menos $30 por visita, con beneficios, pero muchos ganan unos $21 la hora, a menudo sin beneficios.

Lo que sorprende a los activistas es la poca frecuencia con la que se utilizan estos servicios en un programa que cuenta con 15 millones de californianos. Más de 16,000 afiliados a Medi-Cal utilizaron estos servicios durante el primer año, cifra que aumentó a 68,000 el año pasado, según datos del estado. “No creo que se haya alcanzado el potencial del que hablaba el gobernador y que todos imaginábamos que se podría alcanzar”, señaló Sanders.

Griselda Melgoza, vocera del Departamento de Servicios de Salud de California, dijo que la agencia, que administra Medi-Cal, ha observado “una tendencia constante al alza” y cree que los datos subestiman la utilización porque este beneficio a veces se incluye en otros servicios.

Este año se rechazó una para evaluar si los planes de atención médica gestionada de Medi-Cal realizan la divulgación y educación suficiente entre los afiliados sobre los servicios de salud comunitarios.

Más crucial que nunca

Con los recortes a la financiación de la salud por parte de la administración Trump y la aprobación de la legislación fiscal y de gasto del Partido Republicano, los activistas temen que haya aún menos fondos y apoyo para estos puestos, lo que reduciría las plantillas que se ocupan de las desigualdades en materia de salud.

El Departamento de Salud Pública del condado de Fresno ya ha anunciado el recorte de más de la mitad de sus trabajadores comunitarios: pasarán de 49 puestos a 20.

Sin embargo, la divulgación es más crucial que nunca. Mientras la administración Trump continúa con las redadas de inmigración, que parecen haber tenido como objetivo en el estado, los activistas y los investigadores advierten que los trabajadores de salud comunitarios podrían actuar como intermediarios para los pacientes inmigrantes que temen buscar atención médica en hospitales y clínicas.

Sin un programa de certificación estatal, sin aumentos salariales y con fondos de capacitación cada vez más escasos, el camino hacia la profesionalización es incierto, lo que hace que esta fuerza laboral se sienta abandonada.

“La comunidad confía en mí”, afirmó Hernández, una veterana trabajadora de salud comunitaria, “pero a nivel gubernamental aún queda mucho camino por recorrer antes de que este trabajo sea valorado y pagado como se merece”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Pero el progreso del estado en la extensión de la cobertura de salud a todos los residentes podría frenarse con la segunda administración Trump y un Congreso republicano cuyo liderazgo ha sido hostil durante mucho tiempo a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la ley federal de 2010 también conocida como Obamacare.

La principal preocupación de los funcionarios de Covered California es la inminente expiración de los subsidios federales adicionales para pagar las primas de los seguros, aprobados por el Congreso en 2021 como parte de un paquete de ayuda durante la pandemia de covid. Eso resultó en primas más bajas para las personas de todo el país, especialmente los hogares de clase media, que compran seguros de salud a través de los mercados establecidos por ACA.

“Estamos siguiendo de cerca si se tomarán medidas para extender los subsidios mejorados, lo que tendrá un gran impacto”, dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California, quien señaló que el programa tenía alrededor de 1,5 millones de inscritos antes de los subsidios mejorados.

Los republicanos han criticado el costo de los subsidios y no está claro si los renovarán.

Sin una extensión, los investigadores del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley estiman que las primas de Covered California para los inscritos subsidiados se dispararían en al año a partir de 2026, y aproximadamente 69.000 californianos perderían su cobertura.

California tomó sus propias medidas el año pasado para hacer que la cobertura fuera más asequible, eliminando los deducibles y reduciendo otros costos de bolsillo en todas las pólizas de nivel medio conocidas como planes “plata”.

Sin embargo, es probable que el gasto en atención médica del estado enfrente nuevas presiones si los republicanos en Washington siguen adelante con sus planes de larga data de recortar la financiación de Medicaid, el programa de seguro médico para estadounidenses de bajos ingresos, conocido en California como Medi-Cal.

Además de reforzar Covered California, el estado también para expandir Medi-Cal, incluso para los inmigrantes sin papeles, y ahora gasta $161 mil millones al año en ese programa, aproximadamente la mitad pagados por el gobierno federal.

Cerca de 144.000 de los 1,8 millones de inscritos en Covered California al 14 de diciembre estaban adquiriendo cobertura por primera vez, y casi el 90% de todos los inscritos califican para recibir ayuda financiera.

Covered California ha extendido el período de inscripción hasta el 8 de marzo para los residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura debido a los incendios forestales, y también ha emitido extensiones relacionadas con la gripe aviar y un terremoto en el norte de California.

Los residentes de bajos ingresos pagan poco o nada por las primas mensuales, mientras que para aquellos que ganan más, las primas están limitadas a un porcentaje de los ingresos del hogar. Con los subsidios federales mejorados, nadie está obligado a gastar más del 8,5% de sus ingresos en primas, siempre que elija un plan Silver. Sin embargo, estos planes pueden tener redes de proveedores más pequeñas y gastos de bolsillo significativos.

Según Covered California, la prima mensual promedio es de $136 para quienes reciben subsidios, dos tercios de los cuales pagan $10 o menos al mes. Pero las personas con ingresos más altos pueden terminar pagando bastante más. Por ejemplo, una familia de cuatro que gana $200.000 en el área de Los Ángeles pagaría más de $1.000 al mes por un plan Silver, según una calculadora de costos.

Si bien los subsidios federales y estatales han aumentado de manera significativa la cantidad de asistencia disponible, el costo subyacente del seguro ha seguido aumentando. Las primas de Covered California han aumentado un 7,9% en promedio para 2025, pero los subsidios adicionales protegen a la mayoría de los inscritos de este aumento.

“El gasto de bolsillo de la gente probablemente sea menor que el que hemos visto”, dijo Dylan Roby, profesor de salud, sociedad y comportamiento en la Universidad de California-Irvine. “Eso no significa necesariamente que las primas estén bajando. Solo significa que el gobierno estatal o federal está pagando una parte mayor de las primas que antes, en nombre de los inscritos”.

Ni Trump ni los líderes entrantes del Congreso han dado señales claras sobre cómo ven el futuro de los subsidios, pero ambos tienen un historial de intentar derogar y debilitar el Obamacare. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, ha prometido una “reforma masiva” de la ley de atención médica, aunque sin dar muchos detalles.

Expertos, incluido Roby, dicen que los republicanos podrían extender los subsidios para evitar que los consumidores, las aseguradoras de salud, los hospitales y otros que se han beneficiado, protesten. La inscripción en los planes del mercado es en los estados controlados por los republicanos que no han ampliado Medicaid, porque ofrece a las personas de bajos ingresos una forma de acceder a un seguro de salud asequible.

“No creo que los miembros republicanos de la Cámara de Representantes estén tan inclinados a hacer que todas ls primas médicas de los estadounidenses aumentan”, dijo Roby. “Soy bastante optimista en cuanto a que [los subsidios] se renovarán”.

Pero la incertidumbre sobre el futuro de los subsidios, incluso si finalmente se renuevan, podría afectar el costo de los planes del mercado, dijo Rachel Linn Gish, directora de comunicaciones de Health Access California, una coalición de defensa del consumidor. Esto se debe a que las aseguradoras ya están comenzando a planificar sus tarifas para el próximo año y probablemente incluirán en los precios el riesgo de no renovar, dijo.

“Vamos a luchar durante el próximo año para tratar de salvar esos subsidios mejorados y, posteriormente, todos los demás marcos y financiamiento de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio”, dijo Linn Gish. “Porque si se revierte algo de eso, la gente perderá la cobertura de atención médica”.

Este artículo fue producido por ºÚÁϳԹÏÍø News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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“Yo dije, ¿Qué voy a hacer? …. “, recordó emocionada. Inmediatamente le preocupó que pudiera tener cáncer. “Iba y venía: tengo [cáncer], no tengo, sí tengo, no tengo”. Y si estaba enferma, agregó, no podría trabajar ni pagar el alquiler. Al no tener seguro de salud, Pantoja Toribio no podía pagar para averiguar si tenía una enfermedad grave.

A partir de este año, , se amplió para incluir a los inmigrantes que no tienen residencia legal, algo que podría haber funcionado perfectamente para Pantoja Toribio, que ha vivido en la ciudad de Brentwood, en el Área de la Bahía, durante tres años. Pero su solicitud de Medi-Cal fue rechazada rápidamente porque, como trabajadora agrícola que gana $16 la hora, sus ingresos anuales de unos $24,000 eran demasiado altos para calificar para el programa.

California es el primer estado en ampliar Medicaid a todos los adultos que reúnan los requisitos, independientemente de su estatus migratorio, una medida celebrada por los activistas de la salud y por líderes políticos de todo el estado. Pero muchos inmigrantes sin estatus legal permanente, especialmente los que viven en zonas de California donde el costo de vida es más alto, ganan demasiado dinero como para calificar para Medi-Cal.

El estado paga la factura de la expansión de Medi-Cal, pero la ley federal prohíbe a los que llama “indocumentados” recibir subsidios de seguros u otros beneficios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dejando a muchos empleados, sin opciones viables médico.

Ahora, los mismos activistas de salud que lucharon por la dicen que el siguiente paso para lograr la equidad en salud es ampliar Covered California, el mercado estatal de ACA, a todos los inmigrantes adultos mediante la aprobación de la AB 4.

“Hay personas en este estado que trabajan y son la columna vertebral de tantos sectores de nuestra economía y contribuyen con su trabajo e incluso con sus impuestos … pero están excluidos de nuestra red de seguridad social”, dijo Sarah Dar, directora del Centro de Política de Inmigración de California, una de las dos organizaciones que patrocinan el proyecto de ley, denominado .

Para calificar para Medi-Cal, una persona no puede ganar más del 138% del nivel federal de pobreza, que actualmente es de cerca de $21,000 al año para un individuo. Una familia de tres miembros tendría que ganar menos de $35,632 al año.

Para las personas que superan esos umbrales, el mercado de Covered California ofrece varios planes de salud, a menudo con subsidios federales y estatales, con primas tan bajas como $10 al mes. La esperanza es crear lo que los activistas llaman un “mercado espejo” en el sitio web de Covered California para que a los inmigrantes, independientemente de su estatus, se les pueda ofrecer los mismos planes de salud que serían subvencionados sólo por el estado.

A pesar de la mayoría demócrata en la Legislatura, el proyecto de ley podría tener dificultades para ser aprobado, ya que el estado se enfrenta a un déficit presupuestario previsto para el próximo año de entre $38 mil millones y $73 mil millones. El gobernador Gavin Newsom y líderes legislativos anunciaron un para empezar a reducir la brecha, pero parece inevitable que se produzcan recortes significativos en el gasto.

No está claro cuánto costaría extender Covered California a todos los inmigrantes, según el miembro de la Asamblea Joaquín Arambula, demócrata de Fresno que presentó el proyecto de ley.

El Centro de Política de Inmigración estima que la creación del mercado costaría al menos $15 millones. Si el proyecto de ley se aprueba, los patrocinadores tendrían que asegurar la financiación de los subsidios, que podrían ascender a miles de millones de dólares anuales.

“Es un momento difícil para pedir nuevos gastos”, señaló Dar. “El costo de la puesta en marcha del mercado espejo es una cifra relativamente baja. Así que tenemos esperanzas de que aún esté dentro de lo posible”.

Arambula dijo que es optimista en cuanto a que el estado continuará liderando en la mejora del acceso a la salud para los inmigrantes que no tienen residencia legal.

“Creo que seguiremos adelante, ya que estamos trabajando para hacer de ésta una California para todos”, expresó.

El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea en julio pasado en una votación de 64-9 y ahora falta la acción del Comité de Asignaciones del Senado, según la oficina de Arambula.

Se calcula que unas 520,000 personas en California podrían optar por un plan de Covered California si tuvieran un estatus legal, según el centro de investigación laboral de la Universidad de California-Berkeley. Pantoja Toribio, que emigró sola desde México huyendo de una relación abusiva, dijo que tuvo suerte. Se enteró de las opciones alternativas de atención médica cuando hizo su visita semanal a un banco de alimentos en Hijas del Campo, una organización de defensa de los trabajadores agrícolas del condado de Contra Costa, donde le dijeron que podría calificar para un plan que ayuda a personas de bajos ingresos a través de Kaiser Permanente.

Pantoja Toribio aplicó, justo antes que se cerrara el plazo de inscripción a finales de enero. Gracias al plan, supo que el bulto que tenía en el pecho no era canceroso.

“Diosito me oyó”, exclamó. “Gracias a Dios”.

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La bolsa de seguros médicos del estado de algunos pacientes, hasta un máximo de $5,400; reducirá el copago de las visitas de atención primaria de $50 a $35; y reducirá el costo de los medicamentos genéricos de $19 a $15. Algunos afiliados también verán limitado su gasto de bolsillo anual a $6,100 en lugar de $7,500.

La CEO de Covered California, Jessica Altman, argumenta que se trata de reducciones tangibles —ahorros en deducibles y copagos además de subsidios para reducir las primas mensuales— que afectarán a cientos de miles de personas y les animará a utilizar la cobertura.

“Los deducibles evitan que las personas busquen atención médica, por lo que es un objetivo importante”, dijo Altman a California Healthline. “California busca lo asequible y se pregunta: ‘¿Qué significa realmente asequibilidad? Muchas personas simplemente no tienen $5,000 en su cuenta bancaria en caso de que lo necesiten para la atención médica”.

Las reducciones adicionales en los gastos de bolsillo de los pacientes —además de los existentes para reducir las primas mensuales— entrarán en vigor en enero para las personas que renueven o adquieran cobertura durante el próximo período de inscripción de Covered California, que comienza en otoño. El estado podría ir más lejos en ayudar a reducir los costos de los pacientes en los próximos años con futuros aumentos presupuestarios, señaló Altman.

Aun así, esos ahorros pueden verse neutralizados por costos más altos en otros lugares. Covered California anunció, el 25 de julio, que la inflación y otros factores elevarán las tarifas anuales de las primas de los planes de salud participantes en un promedio de , el mayor aumento desde 2018.

California comenzó a multar a aquellos sin cobertura de salud en el año fiscal 2020, estableciendo su propio En ese primer año, el estado recaudó $403 millones en ingresos por multas, según la Franchise Tax Board estatal. Ha continuado imponiendo multas, pagadas en gran parte por personas con ingresos bajos o medios, las mismas personas a las que se pretende ayudar con los nuevos subsidios.

Los líderes legislativos habían presionado a Newsom, también demócrata, para que canalizara los ingresos fiscales hacia la reducción de los costos de la atención sanitaria para las personas de ingresos bajos y medios que adquieren cobertura a través de Covered California, muchas de las cuales informaron de que habían dejado de recibir atención médica o la habían retrasado debido a los elevados gastos de bolsillo.

El gobernador se resistió durante años a las peticiones de destinar el dinero de las multas a los subsidios de Covered California, argumentando que el estado no podía permitírselo y que necesitaba el dinero ante la inminente recesión económica y la posible pérdida de los subsidios federales a las primas, que podrían verse amenazados por un cambio en el liderazgo federal.

Sin embargo, ante las continuas presiones, Newsom cedió en junio y aceptó empezar a destinar parte del dinero a aumentar las subvenciones estatales. Según el Departamento de Finanzas del estado, se espera que California destine $83 millones el próximo año y $165 millones anuales en los años siguientes para ampliar la ayuda financiera —aproximadamente la mitad de los ingresos que recauda anualmente— a reducir los costos de los pacientes de Covered California. El resto del dinero se reservará en un fondo especial de asistencia sanitaria al que se podrá recurrir más adelante.

El acuerdo presupuestario también permite a la administración Newsom a pedir prestado hasta $600 millones en ingresos por multas para el fondo general del estado, que debe devolver. Los ingresos por multas se proyecta que traerá $362 millones este año con un adicional de $366 millones previstos el próximo año, según el portavoz del Departamento de Finanzas H. D. Palmer.

Los miembros del consejo de Covered California aprobaron el nuevo diseño del plan la semana pasada. Dicen que los subsidios de costos compartidos reducirá el gasto de bolsillo de casi 700,000 personas de aproximadamente 1,6 millones de inscritos en Covered California.

El aumento de la financiación, que representa el esfuerzo más importante del Estado para reducir los costos de los pacientes en Covered California, beneficiará en gran medida a los californianos de bajos ingresos que ganan por debajo del 250% del nivel federal de pobreza, que es de en 2023, según el intercambio.

“La reducción de los deducibles es una gran ayuda para las familias de clase media de California que luchan contra el aumento del costo de la vida”, dijo el Presidente Pro Tempore del Senado, Toni Atkins, que se unió a sus compañeros demócratas para bloquear un plan de Newsom y su administración que mantendría los ingresos en el fondo general del Estado, aunque pueden ser utilizados para cualquier propósito.

Atkins añadió: “Seguiremos trabajando para reducir aún más los costos en los próximos años”.

El portavoz de Newsom, Brandon Richards, defendió la trayectoria del gobernador en materia de salud, afirmando que Newsom se ha comprometido a garantizar que los californianos puedan acceder a la asistencia sanitaria. Además de impulsar la asistencia en Covered California, dijo Richards, el gobernador ha ampliado la cobertura del seguro de salud pública a los inmigrantes que carecen de estatus legal y está aumentando la cantidad de médicos, hospitales y otros .

Originalmente requerido por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), el llamado mandato individual de tener cobertura de salud o pagar una multa fiscal fue , eliminando la multa a nivel nacional. Newsom lo restableció para California cuando asumió el cargo en 2019, un componente clave de su ambiciosa plataforma de atención médica.

California es uno de al menos cinco estados, junto con Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont, así como el Distrito de Columbia, que tiene su propio mandato de cobertura de salud, aunque no todos imponen una multa fiscal por permanecer sin seguro. De todos ellos, California es el estado que más intenta reducir los costos sanitarios para lograr la cobertura universal, según Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de política sanitaria de KFF.

“Aunque no estén de acuerdo en todo lo que implica la reforma sanitaria y el pagador único, los demócratas de California han conseguido unirse y unificarse en torno a estos pasos incrementales para mejorar el sistema actual”, señaló Levitt. “Paso a paso, han ido colocando las piezas para acercarse lo más posible a la cobertura universal”.

Los líderes demócratas en el estado se han enfrentado a críticas políticas por no utilizar los ingresos de la multa para la atención de la salud, , a pesar de que Newsom y otros demócratas se comprometieron a gastar el dinero para hacer más asequible la atención de la salud en Covered California.

Para los activistas, el acuerdo representa una victoria para las personas de bajos y medianos ingresos.

“Nos gusta que este dinero esté protegido para la atención de la salud, y que en última instancia se reserve para la futura asistencia”, dijo Diana Douglas, del grupo de defensa del consumidor Health Access California.

Los activistas quieren que el estado aproveche ese dinero para dar cobertura a más personas, por ejemplo, reduciendo los costos sanitarios de los inmigrantes que viven en el estado sin permiso legal.

Un proyecto de ley presentado este año por el miembro de la Asamblea Joaquín Arambula, demócrata de Fresno, exigiría a Covered California establecer un mercado de seguros de salud separado para que los inmigrantes que carecen de estatus legal y ganan demasiado para calificar a Medi-Cal, la versión californiana de Medicaid, puedan comprar una cobertura integral que sea casi idéntica a los planes vendidos en Covered California. En la actualidad, los inmigrantes sin residencia legal no pueden acceder al mercado de seguros. Otros estados, como Washington y Colorado, han creado mercados en línea similares.

“Estamos trabajando para crear un sistema que ofrezca los mismos beneficios y asistencia asequible para todos”, señaló Arámbula.

Esta historia fue producida por ºÚÁϳԹÏÍø News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la . 

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Era una propuesta difícil de vender para un nuevo gobernador, y Newsom necesitaba aliados fuertes entre los líderes demócratas del estado, que en aquel momento, en 2019, expresaron su preocupación por la imposición de un nuevo impuesto a los californianos que no podían permitirse el creciente costo de la atención de salud.

Los demócratas que, entonces como ahora, controlaban la legislatura estatal, finalmente apoyaron a Newsom a cambio de una promesa: el estado cobraría la multa pero usaría ese dinero para ayudar con los gastos de bolsillo de los californianos que compraran un seguro de salud en el mercado de seguros de salud estatal, Covered California.

Pero Newsom, ahora en su segundo mandato, se ha retractado de esa promesa. Su administración se aferra a los ingresos recaudados por el llamado , el requisito de que hay que tener cobertura sanitaria o pagar una multa. Y su presupuesto para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio y se está debatiendo en la legislatura estatal, canaliza el dinero al fondo general del estado.

Esto ha enfurecido a sus colegas demócratas, que lo acusan de romper una promesa, y de no tener en cuenta a los millones de californianos que no pueden pagar deducibles y copagos.

California comenzó a multar a los no asegurados en 2020, recaudando un estimado de $1,1 mil millones en los primeros tres años, y la administración Newsom proyecta que agregará más de $700 millones en los próximos dos años, elevando el total proyectado de cinco años a $1,8 mil millones, según el Departamento de Finanzas del estado.

Los líderes demócratas dijeron que la táctica de Newsom de retener el dinero para el fondo general es una .

“El dinero del mandato debe dedicarse a la salud”, dijo el presidente “pro tempore” del Senado Toni Atkins a ºÚÁϳԹÏÍø News, argumentando que el estado debería distribuir el dinero ahora para ayudar a las personas a pagar la cobertura de salud. “No sé qué estamos esperando. Tenemos que encontrar una manera de hacer que la atención médica sea más accesible, y no hay duda de que el costo del seguro de salud es una barrera”.

Se espera que los legisladores demócratas sigan presionando a Newsom con la esperanza de llegar a un acuerdo, antes de la , para aprobar un proyecto de ley presupuestario. “Siempre pensamos que el dinero se destinaría a reducir los costos de seguro”, señaló el miembro demócrata de la Asamblea Phil Ting, presidente del Comité de Presupuesto.

En 2019, Newsom hizo campaña por el mandato individual ante el aumento de las primas de seguro, prometiendo reducir los costos de atención médica de los consumidores de Covered California mientras se diferenciaba del entonces presidente Donald Trump, que calificaba el mandato de .

Los republicanos del Congreso habían retirado la penalización federal —parte de ACA— en 2017. Newsom argumentó que todavía funcionaría en California para reducir los costos de atención médica, y para alcanzar su objetivo de atención médica universal, la pieza central de su .

Newsom argumenta ahora que los subsidios federales para el seguro médico que compensan el costo de las primas mensuales son suficientes. Y, ante un déficit presupuestario estatal previsto de $32,000 millones, Newsom afirma que California no puede permitirse gastar el dinero y reducir aún más los gastos de bolsillo.

Argumenta, por ejemplo, que gastar el dinero para recortar deducibles (la cantidad que pagas por la cobertura antes de que tu seguro empiece a pagar), sería . Su propuesta mantendría el dinero para el fondo general del estado, y se utilizaría en lo que California necesite.

Pero los activistas de la salud que presionaron a favor de la multa, así como muchos legisladores demócratas, dicen que los fondos podrían salvar vidas y deberían distribuirse ahora.

“El mandato individual no estaba destinado a crear fondos para otros programas gubernamentales que no fueran la atención de salud”, explicó el miembro demócrata de la Asamblea Jim Wood, de Santa Rosa, presidente del Comité de Salud, en una acalorada audiencia sobre el presupuesto esta primavera. “La clara intención de la legislatura era que este dinero se destinara a la asequibilidad”.

Wood dijo que habría rechazado el plan de Newsom si hubiera sabido que los ingresos que generara se depositarían directamente en el fondo general. “No creo que lo hubiera apoyado”, dijo. “Me parece una violación de lo que pensábamos que estábamos haciendo”.

El aumento de los gastos de salud, por ejemplo en primas de seguros y deducibles, está llevando a que las personas renuncien a la atención médica. En California, un asombroso 52% de los residentes afirma haber en el último año por motivos económicos, según una encuesta reciente de la organización sin fines de lucro California Health Care Foundation. (California Healthline es un servicio editorial independiente de la ).

Diana Douglas, cabildera de Health Access California, que formó parte de la coalición que respaldó el mandato de cobertura del estado en 2019, señaló que Newsom debe reconocer el aumento de los costos y gastar el dinero ahora en ayudar al acceso a la salud. “Este dinero de la multa debe usarse para ayudar a los californianos a pagar la cobertura y la atención”.

Los planes de seguro de salud ofrecidos por Covered California siguen encareciéndose. Los deducibles para un plan de seguro de nivel medio, por ejemplo, subirán a $5,400 el próximo año, según Covered California, frente a los $4,750 de este año y los $3,700 de hace dos años.

Muchos californianos que compran cobertura también posponen el tratamiento ante los altos costos. Una encuesta realizada por Covered California en 2022 reveló que el 48% de sus consumidores debido al precio.

Newsom esquivó esta primavera una pregunta de ºÚÁϳԹÏÍø News sobre las críticas a las que se enfrenta por su presión para retener el dinero del mandato, diciendo simplemente que está “orgulloso” de haber establecido el mandato de cobertura estatal y señalando que los subsidios federales a las primas están disponibles para los californianos que compran cobertura a través de Covered California.

Su administración defendió la canalización del dinero al fondo general, diciendo que los ingresos serían devueltos a un fondo especial de salud y estarían disponibles para su uso en la asistencia sanitaria con el tiempo, si el gobierno federal recortara los .

Funcionarios de la administración argumentan que Newsom está esencialmente pidiendo prestado el dinero, diciendo que será devuelto más tarde, aunque los legisladores dudan que vaya a cumplir esa promesa.

Los críticos y algunos legisladores demócratas dicen que retener el dinero es un doble golpe para los residentes de bajos y medianos ingresos que sufren para pagar la cobertura, y argumentan que equivale a un impuesto a los pobres. “Da la sensación de que estamos intentando ahorrar a costa de nuestras comunidades de bajos ingresos”, indicó la senadora estatal demócrata Caroline Menjivar, que representa al Valle de San Fernando.

La mayoría de los que pagan la multa son californianos de ingresos bajos y medios que del umbral federal de pobreza, que es de $58,320 para un individuo y $120,000 para una familia de cuatro miembros, según de la Franchise Tax Board.

Los legisladores demócratas apoyan este año una propuesta alternativa, defendida por Health Access California, para destinar los ingresos procedentes de multar a los residentes no asegurados a aumentar los subsidios de seguros de salud para las personas de ingresos bajos y medios. De este modo, se cumpliría el acuerdo que los activistas alcanzaron el año pasado con los legisladores demócratas del estado para reducir o eliminar los gastos de bolsillo en Covered California, y erradicar por completo los deducibles en un plan de nivel medio.

“Tenemos que asegurarnos de que las personas no sólo tengan cobertura de salud, sino que también puedan permitirse utilizarla”, expresó Ronald Coleman Baeza, de la Red de Salud Pan-Étnica de California.

Aunque Newsom y sus aliados demócratas han aprobado importantes ampliaciones de la cobertura, el estado no ofrece salud para todos.

Expertos dicen que , incluidos los inmigrantes indocumentados que ganan demasiado para tener derecho a Medi-Cal, y los legisladores están cada vez más inquietos porque no todos los residentes con seguro puedan permitirse el lujo de utilizar su cobertura.

“Hubo un claro compromiso de que estos dólares se utilizarían para reducir los costos de la atención sanitaria, y no lo hemos hecho”, afirmó la miembro de la Asamblea Pilar Schiavo, representante demócrata del Valle de Santa Clarita, que que exigiría que los ingresos recaudados por el mandato individual se destinaran permanentemente a la atención de salud.

Aunque la propuesta fracasó, puede ser revivida el próximo año, y los activistas aseguran que seguirán presionando a Newsom para distribuir el dinero existente entre los clientes de Covered California.

“Tenemos que cumplir nuestras promesas”, enfatizó Schiavo. “Si tienes un seguro que no puedes permitirte usar, o tienes miedo de ir a ver al médico por lo elevada que pueda ser la factura, entonces no tienes realmente acceso ni cobertura universal”.

Esta historia fue producida por ºÚÁϳԹÏÍø News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la . 

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Pero eso cambió en mayo, cuando California amplió Medi-Cal, su programa de Medicaid para personas de bajos ingresos, a adultos de 50 años en adelante, independientemente de su estatus migratorio. El problema fue que Embriz no se dio cuenta que podía ser elegible hasta que fue a una reunión comunitaria en San Francisco.

“Escuché que estaban dando Medi-Cal a las personas mayores de 50 años, pero no sabía que no tenías que estar” en el país legalmente, dijo Embriz, quien está esperando que se procese su solicitud. “Gracias a Dios no he tenido emergencias”.

Hasta octubre, el mes más reciente para el que hay disponibles datos, más de 300,000 adultos mayores inmigrantes que no tienen residencia legal , un 30% más que la proyección original del estado.

Funcionarios estatales de salud, que habían basado su estimación en el número de personas inscritas en una forma limitada de Medi-Cal que cubre solo servicios médicos de emergencia, no saben cuántos californianos mayores adicionales son elegibles, dijo Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado.

Ahora, algunos condados han contratado a un pequeño ejército de trabajadores comunitarios y educadores de salud para inscribir a tantos adultos mayores inmigrantes como sea posible. Estos trabajadores visitan centros para personas mayores, iglesias, clases de inglés, oficinas de inmigración, mercados y eventos comunitarios, con la esperanza de encontrar a personas como Embriz, que no estén enteradas de su nueva elegibilidad.

En el condado de Alameda, Juan Ventanilla, experto en el programa Medi-Cal, dijo que la agencia de servicios sociales está utilizando subvenciones estatales existentes para asociarse con ocho organizaciones comunitarias establecidas para ayudar a correr la voz sobre la expansión, y a las personas a inscribirse.

Dijo que los trabajadores se especializan en “ayudar a los más vulnerables del condado a obtener acceso a atención médica”.

Entre ellos están Ana Hernández y Bertha Ortega, de Casa Che, un centro de educación de salud comunitaria en el vecindario Fruitvale de Oakland, operado por La Clínica de la Raza.

Hernández y Ortega dijeron que la mayoría de las personas que conocen están ansiosas por inscribirse en Medi-Cal, pero no saben por dónde empezar. Muchas no hablan inglés, tienen una alfabetización limitada, y luchan por usar o acceder a una computadora. Los formularios están disponibles en 12 idiomas, pero los usuarios pueden no encontrar su idioma, como la lengua maya indígena Mam.

“El sistema parece amigable si tienes mucha experiencia usando una computadora”, dijo Ortega, pero ese no es el caso para la mayoría de los adultos mayores a los que ayuda. “Vienen aquí y tenemos que arreglar todo”.

Los californianos sin estatus legal constituyen la mayor parte de los residentes sin seguro del estado, un estimado de 3 millones, según el .

Para que muchos de ellos obtengan cobertura, los legisladores estatales han expandido Medi-Cal a los inmigrantes que viven en California sin papeles, implementando la cobertura en etapas: primero, a los niños en 2016; en 2020 a los adultos jóvenes de hasta 26 años, y a personas mayores el año pasado.

El próximo año, la cobertura completa de Medi-Cal estará disponible para todos los californianos que califiquen, independientemente de su edad o estatus migratorio. Cuando esto suceda, se espera que se inscriban cerca de de 26 a 49 años, que no son ciudadanas, según la .

Entre todos los cambios, el de la expansión del programa a los adultos mayores puede haber sido el más trascendental. No solo tienden a necesitar más atención, sino que también es más probable que tengan afecciones crónicas como hipertensión y diabetes. Muchos no buscan atención médica o servicios sociales de manera regular, una tendencia que aumentó con la pandemia.

California será el primer estado en expandir la cobertura de Medicaid a todos los inmigrantes. Illinois y Oregon también han ampliado la cobertura financiada por el estado a los adultos mayores inmigrantes, y Nueva York planea hacerlo en 2024.

A pesar de que Medicaid es un programa conjunto federal-estatal, en el caso de las personas sin estatus legal, el gobierno federal interviene solo para cobertura relacionada con emergencias y con el embarazo. Esto significa que los contribuyentes de California pagan la mayor parte del costo de proporcionar cobertura, estimada en $878 millones para personas mayores inmigrantes el primer año, según funcionarios de presupuesto estatales.

Cuando se lanzó en mayo la expansión para las personas mayores, las de 50 años en adelante que ya estaban inscritas en la forma limitada de Medi-Cal fueron transferidas automáticamente a la versión completa, que ofrece tratamientos médicos, dentales, de visión, y cuidado de largo plazo sin costo para la mayoría de los afiliados.

Algunos condados del Área de la Bahía, incluidos Alameda, Contra Costa y San Francisco, estuvieron en ventaja para identificar a las personas elegibles porque administran programas de atención médica para residentes sin estatus legal.

En los últimos meses, defensores de salud de la comunidad se han concentrado en encontrar personas mayores elegibles que aún no hayan escuchado sobre la expansión. Algunos han aparecido en los programas locales de noticias de televisión y radio para hacer correr la voz.

“Sabemos que hay más que son elegibles pero que no están inscritos, dijo Seciah Aquino; directora ejecutiva interina de Latino Coalition for a Healthy California. “Estamos trabajando para asegurarnos de que los números puedan continuar creciendo y que todos los que ahora tienen el privilegio de acceder a este beneficio puedan inscribirse”.

Un estudio de grupo focal el verano pasado, financiado por la , encontró que aproximadamente la mitad de los encuestados hispanos no habían escuchado sobre el cambio. Una proporción aún menor de asiáticos mayores inmigrantes lo sabía. Los asiáticos constituyen el segundo grupo más grande de inmigrantes de California después de los hispanos, que representan casi el 40% de los inmigrantes del estado. ( es un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation).

Algunas de las personas que permanecen sin inscribirse son difíciles de persuadir porque temen revelar su estatus migratorio a un programa gubernamental, informan los trabajadores de salud comunitarios. Los que solicitan Medi-Cal deben divulgar su estatus en la solicitud, pero los funcionarios estatales dicen que la ley exige que la información se mantenga privada, y no se comparta con las autoridades de inmigración.

Esas garantías a menudo se reciben con escepticismo.

Muchos adultos mayores elegibles señalan la política de “carga pública” de la administración Trump, que hizo que la inscripción en Medicaid fuera una razón posible para denegar la residencia legal en el país. Aunque esa política , el temor persiste.

Embriz, que tuvo la cobertura limitada de Medi-Cal durante muchos años, dijo que la dejó en 2020 debido a la política de carga pública. No quería que su inscripción en Medi-Cal arruinara sus posibilidades de obtener una tarjeta verde. Pero una vez que supo que registrarse no afectaría su solicitud de residencia permanente, estuvo de acuerdo.

“Haría una gran diferencia”, dijo Embriz acerca de obtener chequeos de rutina nuevamente. “Tengo muchas esperanzas”.

Para algunos inmigrantes mayores que se han inscrito, la capacidad de obtener cobertura total ha sido un regalo del cielo. Maria Rodríguez, de 56 años, de Hayward, aprendió en septiembre que era elegible mientras visitaba el Tiburcio Vásquez Health Center, una clínica local que atiende a pacientes sin seguro. Una trabajadora social la ayudó a completar la solicitud en línea después que un médico la diagnosticara con hipertensión y diabetes.

“Es como si Medi-Cal cayera del cielo”, dijo Rodríguez. “Es muy beneficioso para mi salud”.

Claudia Boyd-Barrett es reportera de . Este artículo se ha producido en colaboración con , California Health Report y .

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Caudillo dijo que se siente como una “prisionera” de las tres principales compañías farmacéuticas que controlan el precio de la insulina, que sin seguro oscila entre $300 y $400 por frasco. El precio que pagó Caudillo en 2017, cuando se le diagnosticó la diabetes, lo tiene grabado en la memoria: $274.

“Recuerdo que lloré muchísimo en el CVS y me di cuenta de que sería así por el resto de mi vida”, dijo Caudillo, de 24 años, estudiante universitaria que vive en La Puente, en el sur de California. Ahora tiene un seguro que cubre el costo total del vital medicamento, pero aún tiene problemas para pagar sus suministros de insulina y la prima mensual de su plan.

“Esta enfermedad es muy costosa y apenas puedo pagarla todos los meses”, dijo Caudillo.

La administración del gobernador Gavin Newsom señaló que aproximadamente 4 millones de californianos han sido diagnosticados con diabetes, una enfermedad que puede destruir órganos, la vista y llevar a amputaciones si no se controla.

Una de cada 4 personas que tiene diabetes y depende de la insulina no puede pagarla, lo que obliga a muchos a racionar o renunciar al medicamento, agregó la administración.

Newsom está pidiendo a los legisladores estatales que inviertan $100 millones en una iniciativa ambiciosa para lanzar la marca de medicamentos genéricos de California, , y comenzar a producir insulina en los próximos años, dijo Alex Stack, vocera de Newsom.

El estado también está trabajando para identificar otros medicamentos genéricos que podría lanzar al mercado, particularmente los que son más caros o escasos.

Para empezar, el objetivo es reducir drásticamente los precios de la insulina y ponerla a disposición de “millones de californianos” a través de farmacias, tiendas minoristas y pedidos por correo, dijo el doctor Mark Ghaly, secretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California.

Pero los funcionarios estatales de salud todavía están negociando un contrato con un fabricante de medicamentos para producir y distribuir insulina, y no han respondido preguntas clave como cuánto pagarían los pacientes.

Para tener éxito, California, y la empresa con la que se asocie debe navegar por un complicado sistema de distribución farmacéutica que depende no solo de los fabricantes de medicamentos, sino también de empresas intermediarias que trabajan mano a mano con las aseguradoras de salud.

Esas compañías, conocidas como (PBM) negocian con las farmacéuticas en nombre de las aseguradoras para obtener reembolsos y descuentos en medicamentos, pero las aseguradoras no siempre transfieren esos ahorros a los consumidores.

“Desde hace mucho tiempo la insulina es un ejemplo de las fallas del mercado que plagan la industria farmacéutica, lo que ha resultado en que la insulina siga siendo muy cara”, dijo a los legisladores en mayo Vishaal Pegany, subsecretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos. Argumentó que los precios altos “han perjudicado directamente a los californianos”.

Newsom indicó a principios de mayo que poner fin a los precios monopólicos de los medicamentos requiere la intervención del estado, y que California puede lograrlo porque con 40 millones de residentes “tiene poder de mercado”.

Pero la Oficina del Analista Legislativo, que es no-partidista, cuestionó si California puede producir sus propios medicamentos y lograr precios de insulina más bajos. Luke Koushmaro, analista fiscal y de políticas de la oficina, advirtió en una audiencia legislativa en mayo que el esfuerzo podría verse obstaculizado por “incertidumbres considerables”, un sentimiento compartido por algunos legisladores demócratas.

La administración Newsom cree que la insulina producida por el estado podría reducir el gasto de algunas aseguradoras en el medicamento hasta en un 70%, ahorros que, se espera, lleguen a los consumidores. Pero “no hay garantía” de que las predicciones de la administración de ahorros dramáticos o de amplia distribución de insulina se materialicen, dijo en la audiencia la representante estatal Blanca Rubio (demócrata de Baldwin Park). “¿Quién va a escribir las recetas para esta insulina mágica?” preguntó. “La esperanza no es una estrategia. No escucho ninguna estrategia sobre cómo estará disponible”.

El precio de la insulina se ha disparado en los últimos años. reveló que el precio de una pluma de insulina de acción prolongada fabricada por Novo Nordisk aumentó un 52% de 2014 a 2019 y que el precio de una pluma de acción rápida de Sanofi se disparó alrededor de un 70%.

La investigación involucró a los fabricantes de medicamentos y administradores de beneficios de farmacias en los aumentos, al señalar que prolongaron los precios artificialmente altos de la insulina.

“Los fabricantes de insulina encendieron la mecha del aumento vertiginoso de los precios al igualar paso a paso las subidas de precios en lugar de competir para reducirlos, mientras que los PBM, actuando como intermediarios de las aseguradoras, avivaron las llamas para obtener una mayor parte de los reembolsos secretos y las tarifas ocultas que negocian”, dijo el senador estadounidense Ron Wyden (demócrata de Oregon).

Al ser contactadas por KHN, las asociaciones comerciales que representan a los fabricantes de medicamentos de marca, los administradores de beneficios de farmacia y las aseguradoras de salud de California se culparon entre sí por el aumento de los precios.

Según el plan de Newsom, las formas genéricas de insulina, conocidas como “biosimilares” porque están hechas con células vivas e imitan los medicamentos de marca en el mercado, estarían ampliamente disponibles para los californianos con y sin seguro.

Si los legisladores aprueban la iniciativa de $100 millones de Newsom este verano, el estado usaría ese dinero para contratar a un fabricante de medicamentos establecido para comenzar a suministrar insulina CalRx, mientras el estado construye su propia planta de manufactura, también en asociación con una farmacéutica.

Actualmente, la administración está negociando con compañías que pueden producir un suministro confiable de insulina bajo un contrato sin licitación, pero no se ha formalizado ninguna asociación. La insulina se etiquetaría con imágenes asociadas con el estado, como “. Y, dijo Pegany, en el etiquetado se podría alardear de que el gobierno estatal entregó la insulina de menor precio a los pacientes.

“Hay una breve lista de personas que incluso competirían por esto”, dijo Ghaly a KHN en mayo. “Vamos a organizar la competencia y conseguir un socio que creemos que entregará no solo lo antes posible, sino algo que creemos que es sostenible”.

En la lista final está Civica Rx, un fabricante de medicamentos sin fines de lucro con sede en Utah. Civica anunció de forma independiente en marzo que se estaba , exactamente lo que busca California. El año pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó , y Civica planea fabricar tres tipos de insulina genérica para competir con las versiones de marca producidas por Eli Lilly and Co., Sanofi y Novo Nordisk.

Allan Coukell, vicepresidente senior de políticas públicas de Civica, indicó a KHN que la farmacéutica ha tenido conversaciones con la administración Newsom y con otros estados.

Civica tiene como objetivo comercializar insulina por cerca del costo de producción, en lugar de cobrar márgenes y obtener ganancias, señaló. Coukell dijo que la compañía planea lanzar insulina biosimilar al mercado por aproximadamente $30 por frasco y $55 por una caja de cinco cartuchos de plumas.

Coukell reconoció que Civica puede que trabaje con los administradores de beneficios de farmacia, que también ayudan a las aseguradoras de salud a determinar qué medicamentos cubrirán, para distribuir el fármaco, pero no espera que eso cause un gran aumento del precio. “Nuestro objetivo es hacer que estas insulinas estén disponibles para cualquier estadounidense que las necesite”, dijo Coukell. “Nuestro objetivo es tener impacto en el mercado, no una cuota de mercado”.

El estado ha mantenido conversaciones con otras empresas, incluida la farmacéutica con fines de lucro del famoso inversionista Mark Cuban, . Esta compañía está construyendo su propia planta, como Civica, pero por ahora vende medicamentos en línea a cualquier persona al costo de venta al por mayor más un margen de beneficio del 15%. El fundador, el doctor Alex Oshmyansky, dijo que las conversaciones de la compañía con California fracasaron al principio, pero que estaría abierto a discusiones futuras. Cuban es el principal inversionista de la empresa, dijo Oshmyansky.

“Estados Unidos es el país más rico en la historia de la humanidad, por lo que es terrible que nuestros ciudadanos no puedan pagar los medicamentos, incluida la insulina, debido a las manipulaciones del mercado”, dijo Oshmyansky.

Para las personas con diabetes como Caudillo, el alivio no llega lo suficientemente rápido. Ella almacena insulina en caso de que ya no pueda pagar un seguro médico y dona más a otras personas que la necesitan.

“Sé lo caro que es cuando no tienes cobertura, y si no eres capaz de pagar, acabarás en el hospital luchando por tu vida”, dijo. “Tu cuerpo se descompone y tus órganos se apagan lentamente. Es muy doloroso. Ningún diabético debería tener que pasar por eso”.

Samantha Young, corresponsal principal de KHN, colaboró con este artículo. 

Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Por lo general, es tarea del gobierno federal defender una ley federal, pero la Administración Trump quiere que ACA, también conocida como Obamacare, se revoque.

Por eso, el fiscal general de California, Xavier Becerra, respaldado por más de 20 estados, defiende la ley contra el desafío presentado hace dos años por una coalición de funcionarios estatales republicanos.

Becerra ha sido uno de los adversarios más formidables de Trump: ha llevado a la administración a los tribunales decenas de veces por sus políticas, que van desde la inmigración y el control de la natalidad hasta el cambio climático. Se le considera uno de los principales contendientes para llenar la vacante del Senado que se abrirá ahora que la senadora por California Kamala Harris ha sido elegida vicepresidenta.

“Tan enérgicamente como un presidente y su administración están luchando para destruir la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, nosotros estamos luchando para salvarla para todos los estadounidenses”, dijo Becerra a los periodistas en una conferencia de prensa el lunes 9.

Si el tribunal anula toda la ley, el impacto se sentiría ampliamente. La ley proporciona seguro médico a más de 23 millones de estadounidenses. Permite a las personas que califican comprar seguros a través de los mercados estatales y el federal, y recibir subsidios.

También ha recomendado  a los estados expandir sus programas de Medicaid a más personas; previene que las compañías de seguros nieguen cobertura a personas con afecciones médicas preexistentes; prohíbe los límites de por vida en la cobertura; agrega beneficios a Medicare; y permite que los hijos permanezcan en los planes de sus padres hasta los 26 años.

El tema central en es la multa fiscal federal por no tener seguro médico, como exige la ley. En 2017, el Congreso liderado por los republicanos redujo esta multa a cero, pero mantuvo intacta al resto de la ley, una medida que, según Becerra y otros expertos en leyes, muestra la intención del Congreso de apoyarla.

Sin embargo, funcionarios estatales republicanos dicen que la pérdida de la penalidad invalida el mandato de tener un seguro, así como toda la ley.

Becerra dijo que es posible que el tribunal determine que los impugnadores no tienen legitimidad para demandar al gobierno porque nadie ha sido perjudicado por una multa que cuesta cero.

Aunque la corte ha ratificado dos veces esta ley, la composición de la corte ha cambiado desde su último fallo sobre ACA en 2015. Desde entonces, Trump ha nombrado a tres jueces conservadores. Dos reemplazaron a otros conservadores, pero Amy Coney Barrett, quien fue confirmada a fines de octubre, ocupa el asiento de un ícono liberal, la jueza Ruth Bader Ginsburg.

Abbe Gluck, directora del Centro Salomón de Derecho y Políticas de Salud de la Escuela de Derecho de Yale, dijo que si el tribunal cree que el requisito del seguro médico es inconstitucional sin la penalidad, debería simplemente declarar inválida esa sección de la ley, pero no anularla por completo.

Pero “he aprendido que nunca se puede predecir lo que sucede en la corte cuando se trata de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio”, dijo Gluck. “Por eso hay más preocupación, porque el estatuto se ha vuelto tan fundamentalmente importante para una quinta parte de nuestra economía y para la atención médica de prácticamente todos los estadounidenses”.

Becerra habló con Samantha Young de California Healthline sobre su defensa del Obamacare y el enorme alcance de la influencia de la ley. La entrevista ha sido editada por extension, y para mayor claridad.

¿Cuáles son las posibilidades de que la Corte Suprema derogue la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio?

Confiamos en que no solo verán la lógica legal detrás de esto, sino también la sabiduría y el éxito práctico de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, lo cual pesa mucho a favor de que los jueces reconozcan no solo que es legal, sino indispensable. Cuando los jueces examinen los fundamentos de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, encontrarán que es constitucional.

La composición de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha cambiado desde la última vez que se pronunció sobre ACA. ¿Por qué cree que estos jueces decidirán de la misma manera?

Eso no debería cambiar el hecho de que los fundamentos de la ley siguen siendo los mismos. Los fundamentos de ACA son sólidos y funcionan. Espero que nueve jueces que revisan la misma ley observen ese precedente.

¿A qué debe prestar atención el público durante los argumentos orales?

Algo interesante de observar es cómo la corte interpreta las acciones tomadas por el Congreso en 2017, cuando aprobaron el proyecto de ley de exención de impuestos y redujeron a cero la tarifa o multa por el mandato individual. Ahora, estamos ante un presidente y al menos una cámara en el Congreso que está preparada para defender la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. ¿Cómo podría considerar el tribunal el hecho de que otro Congreso podría restablecer parte de ese mandato?

¿Cómo se relaciona esto con el argumento legal de que haber reducido a cero el mandato de alguna manera provocó la inconstitucionalidad de toda la ley? Creo que es una cuestión que el tribunal tendrá que examinar.

¿Qué pasará si la Corte Suprema de los Estados Unidos declara inconstitucional la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio?

Volverán las preocupaciones. La atención preventiva de Medicare desaparecería. Los días en que los estadounidenses no tenían que preocuparse por la bancarrota por haber pisado un hospital prácticamente se esfumarían.

Tengo tres hijas. Hubo un tiempo que, como adultas, las tres estaban en nuestra cobertura de atención médica. Eso desaparecería porque la disposición que permite que los hijos adultos menores de 26 años permanezcan en la cobertura de los padres desaparecería. Y podría seguir y seguir.

¿Podrían los estados, incluido California, darse el lujo de intervenir por su cuenta?

No sé si hay algún estado que tenga la capacidad de reemplazar lo que hace la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Es casi imposible. Parte de eso se debe a que no podemos replicar algunas de las cosas que puede hacer el gobierno federal. No tenemos esa jurisdicción federal, no tenemos esa amplitud y profundidad de alcance.

Si el tribunal anula ACA, ¿el Congreso no puede aprobar protecciones parciales que cuenten con el apoyo de los republicanos, como la cobertura de afecciones preexistentes?

Hemos escuchado a los republicanos decir “revocar y reemplazar” durante más de 10 años, y ha sido una retórica vacía desde el principio. Para los padres que tienen hijos con afecciones médicas preexistentes, no es reconfortante que alguien les prometa que reemplazarán un derecho que saben que ahora tienen para que sus hijo vayan al hospital. Y, ¿por qué desecharías eso por una promesa vacía que ya lleva 10 años?

La mayoría de los estadounidenses dirían: sigue construyendo sobre la base de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Mejorémosla, pero no descartemos lo que ha funcionado.

¿Cómo sabe que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio está funcionando?

Mi antiguo distrito congresional en Los Ángeles se encontraba entre los distritos congresionales con más cantidad de personas sin seguro de salud de la nación. En cuestión de años, una vez que entró en vigor la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, la tasa de personas sin seguro en ese distrito se redujo en un 50%. Fue simplemente astronómico.

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio hizo posible que las familias trabajadoras pudieran obtener cobertura y eso es enorme. Ese es el tipo de carga que se quita del alma.

¿Cree que tener a Joe Biden como presidente y a Kamala Harris como vicepresidenta en la Casa Blanca llevará a una mejora en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio?

Como candidato a presidente, Joe Biden dijo que se basaría en el éxito de la presidencia de Obama-Biden y se aseguraría que sigamos aumentando el número de estadounidenses con acceso a una atención médica asequible. Lo bueno es que finalmente tienes a alguien en la parte superior del tótem que dice que lo vamos a mejorar. Por eso esta elección fue tan importante.

Esta historia de fue publicada primero en , un servicio de la .

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A partir del 1 de enero, California se convertirá en el primer estado en ofrecer que ganan demasiado para recibir los créditos fiscales federales que ayudan a los consumidores a comprar cobertura de salud con Covered California, el mercado estatal de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Muchas personas de clase media han tenido dificultades para pagar un seguro de salud, asumiendo el costo total de las primas que pueden superar los $1,000 al mes.

“La ley va a cumplir su objetivo, que es ayudar a aquellas personas que no calificaron para ninguna ayuda cuando deberían haber recibido algo”, dijo Jonathan Edewards, presidente de Citrust Insurance Agency en Pasadena, California. “Esa gente se llevó la peor parte”.

Covered California calcula que casi un millón de californianos podrían calificar para los nuevos fondos estatales.

Además, a partir del próximo año se multará a los residentes si se encuentran sin seguro por más de tres meses, a menos que califiquen para alguna de las .

La sanción será similar a la federal que fue anulada —desde comienzos de este año— por la ley de reforma tributaria federal de 2017. En muchos casos, ascenderá a $695 para un solo adulto y alrededor de $2,000 para una familia de cuatro. Pero para muchos, el impacto económico podría ser sustancialmente mayor.

En California, la fecha límite para inscribirse en Covered California o en el mercado abierto es el 31 de enero, pero si se desea que la cobertura comience el 1 de enero, hay que inscribirse antes del 15 de diciembre.

Algo de los $429 millones disponibles en subsidios estatales en 2020 se destinarán a personas de ingresos bajos y moderados que ganan entre el 200% y el 400% del nivel federal de pobreza, o aproximadamente entre $25,000 y $50,000 para un individuo y entre $51,500 y $103,000 para una familia de cuatro, según las cifras de 2019. Este grupo también califica para créditos fiscales federales. El subsidio estatal promedio por hogar en esta categoría sería de $15 al mes, según cálculos de Covered California.

La mayor parte se destinará a aquellos cuyos ingresos están entre el 400% y el 600% del nivel de pobreza, demasiado altos para la ayuda federal, pero lo suficientemente bajos como para hacer que la atención de salud sea un desafío financiero. Eso es entre $50,000 y $75,000 al año para un individuo y $103,000 a $154,500 para una familia de cuatro. El promedio de asistencia estatal para este grupo será de unos $170 al mes, estimó Peter Lee, director ejecutivo de Covered California.

Por ejemplo, una pareja casada de Sacramento, ambos de 55 años, con un ingreso anual de $80,000, no hubiera calificado para un crédito tributario federal este año y habría tenido que pagar la prima mensual completa de $1,654 por un plan Silver 70 HMO de Blue Shield of California, el segundo nivel más bajo de cobertura. En 2020, la misma pareja pagaría $995 por mes después de un subsidio estatal de $688, un ahorro de $659 por mes, a pesar de un aumento del 1.7% en la prima.

La pareja podría embolsarse esos ahorros, o ascender a un nivel más alto de cobertura con deducibles y copagos más bajos.

Para obtener un estimado de lo que podría ser tu asistencia financiera, visita el sitio web en español de Covered California ) y haz clic en “Buscar y Comparar”. Te pedirán que ingreses tu código postal, el número y las edades de las personas que viven en tu hogar y los ingresos de tu familia.

La herramienta mostrará una lista de planes de salud, cuánto pagarías por mes por cada uno y el monto del subsidio, si lo hubiera, etiquetado como “ahorros mensuales”. Verás un desglose de los dólares estatales frente a los federales.

Pero antes de inscribirte, busca ayuda gratuita de un agente de seguros o consejero de inscripción, que puede guiarte por las complejidades del proceso. Encuentra uno en tu área visitando el sitio web de Covered California y haciendo clic en la pestaña “Busca Ayuda.” También puedes buscar agentes de seguros locales en el sitio web de la National Association of Health Underwriters () bajo “Membership”.

Aviso: Ten cuidado al estimar tus ingresos. Si terminas ganando más de lo que pensabas, es posible que tengas que devolver parte o toda la ayuda financiera.

Ha sido un desafío con los créditos fiscales federales desde que comenzaron a operar los mercados de seguros de salud en 2014.

“Eso ha causado mucho estrés. Este año tengo dos personas que deben unos $20,000”, señaló Larry Pon, un contador público certificado de Redwood City, California.

Es posible que también tengas que devolver parte o la totalidad de la ayuda estatal si tus ingresos exceden tu estimación, pero los detalles de
cuánto tendrías que devolver se están finalizando.

Por otro lado, si ganas menos de lo esperado, puedes reclamar el crédito retroactivamente, ya sea estatal o federal, cuando presentes tus impuestos, pero sólo si estás en un plan de salud con Covered California.

Por lo tanto, si no crees que puedas reunir los requisitos para recibir ayuda financiera, pero piensas que tus ingresos podrían disminuir, o simplemente no estás seguro, considera seriamente la posibilidad de inscribirte en el programa Covered California —aunque no tengas un subsidio inicial— en lugar de comprar un plan en el mercado abierto.

“Yo inscribo a todos en Covered California si hay alguna posibilidad de que sus ingresos disminuyan”, explicó Tom Freker, un agente de seguros con sede en Huntington Beach, California.

Maribeth Shannon y su esposo, residentes de Napa, planean cambiar a Covered California en 2020. Pagan $1,671 de su bolsillo cada mes por un HMO de bronce de Kaiser Permanente que compraron fuera del intercambio, y acaban de enterarse que aumentará a $1,834 en 2020. (Kaiser Health News, que produce California Healthline, no está afiliada a Kaiser Permanente.)

Shannon, de 63 años, está retirada. Su esposo, también de 63 años, trabaja por cuenta propia y sus ingresos fluctúan. Ella piensa que, si él trabaja menos, pueden calificar el año que viene para un subsidio estatal. Él ha estado pensando en reducir sus horas de trabajo gradualmente, “y esto nos ha dado la motivación para acelerar su plan de jubilación”, dijo.

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Por segundo año, el demócrata pidió a los legisladores estatales que eliminen la cobertura para un sector de los inmigrantes ante los recortes federales al gasto en Medicaid y un déficit presupuestario de aproximadamente .

Muchos analistas advierten que, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, .

Newsom propuso que el estado no intervenga cuando, a partir de octubre, el gobierno federal deje de brindar cobertura médica a unos 200.000 residentes legales, entre ellos .

Legisladores progresistas y activistas afirmaron que esos recortes representan un alejamiento de la promesa de Newsom de garantizar “”. Por otro lado, los republicanos siguen criticándolo porque utiliza fondos públicos para cubrir a personas que no son ciudadanas.

Según el Departamento de Finanzas, la propuesta más reciente de Newsom permitiría un ahorro estimado de $786 millones en este año fiscal y de $1.100 millones anuales en los años siguientes, dentro de un presupuesto proyectado de $349.000 millones.

La senadora estatal Caroline Menjivar, una de las dos demócratas que el año pasado votaron en contra de los recortes de Newsom, dijo que le preocupa que las ambiciones políticas del gobernador estén pesando más que lo que es mejor para los californianos.

“Está pendiente de lo que van a opinar Arkansas o Tennessee, cuando lo que piensa California es algo completamente diferente”, se quejó Menjivar, quien contó que sus críticas anteriores le costaron de un subcomité clave del presupuesto. “Esa es mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo aquí”, agregó.

Mientras tanto, el senador estatal republicano Tony Strickland criticó a Newsom por restar importancia del estado que, según funcionarios estatales, podría crecer hasta los $27.000 millones el próximo año. Además, lo acusó de seguir ofreciendo cobertura a residentes de California que viven en el país sin autorización. “Lo único que quiere es relanzarse políticamente, proyectar una nueva imagen”, dijo Strickland.

Es una cuerda floja política que se irá tensando aún más a medida que disminuya el apoyo federal y sigan aumentando los gastos en atención médica, afirmó Guian McKee, codirector del Proyecto de Políticas de Salud de la Escuela de Asuntos Públicos Miller de la Universidad de Virginia.

“Newsom tiene que hacer malabares con tres o cuatro temas delicados al mismo tiempo”, opinó  McKee. Si decide postularse, agregó: “las prioridades de los votantes demócratas en las primarias —que en gran medida reflejan estados progresistas como California— son muy distintas a las del electorado en general, que está mucho más dividido”.

En Estados Unidos, las opiniones sobre si el gobierno debería ofrecer cobertura médica a personas sin papeles están muy divididas.

En una realizada el año pasado, una pequeña mayoría —54%— se opuso a una disposición que establecía sanciones a los estados que utilizaban sus propios recursos para brindar atención médica a inmigrantes. Había grandes diferencias según la afiliación política. Finalmente, esa disposición no fue incluida en la versión final del proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Donald Trump.

Incluso en California, la idea de ofrecer atención médica perdió apoyo a causa de los problemas presupuestarios.

En , el 41% de los adultos expresó estar de acuerdo con ofrecer cobertura médica a inmigrantes sin papeles, una caída significativa con respecto en 2023.

el vicepresidente JD Vance, y legisladores republicanos han acusado en repetidas ocasiones a California y a otros estados demócratas de usar fondos públicos para dar atención médica a inmigrantes, un tema que enardece a la base del Partido Republicano.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), de “” para recibir más fondos federales, liberando recursos estatales para su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal, que ha inscrito a cerca de 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular.

“Si usted es un contribuyente en Texas o Florida, sus impuestos podrían haberse usado para financiar la atención médica de inmigrantes ilegales en California”, dijo en octubre.

Funcionarios de California negaron esas acusaciones y afirmaron que solo se utilizan fondos estatales para dar servicios de salud general a personas indocumentadas, ya que la ley prohíbe usar fondos federales.

Newsom ha convertido esto en un “”, ya que ampliar la cobertura a inmigrantes, según su administración, mantiene a las y ayuda a evitar costosas visitas a salas de emergencia que muchas veces se terminan pagando con dinero público.

“Ninguna administración ha hecho más que ésta para ampliar la cobertura total de Medicaid para nuestras comunidades diversas, con y sin estatus migratorio”, dijo Newsom a periodistas en enero. “Hay quienes han construido toda su carrera política criticando mi postura”.

Newsom advirtió sobre el “carnaval de caos” del gobierno federal al aprobar la ley One Big Beautiful Bill Act de Trump. Esa ley, sostuvo, pone a 1,8 millones de californianos en riesgo de perder su cobertura médica debido a la implementación de requisitos laborales, otras reglas de elegibilidad y nuevos límites al financiamiento federal para los estados.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde ahora y hasta 2034, a nivel nacional, 10 millones de beneficiarios podrían perder su cobertura.

han señalado que un número mayor de personas sin seguro —en especial aquellas que están relativamente sanas— podría concentrar la cobertura en , lo que potencialmente elevaría los costos de las primas y los costos hospitalarios en general.

Organizaciones que trabajan con los inmigrantes señalan que es especialmente cruel dejar sin atención médica a quienes pudieron haber huido de situaciones de violencia o sobrevivido a la trata o a situaciones de abuso.

Las normas federales actuales exigen que los programas estatales de Medicaid cubran a “no ciudadanos calificados”, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, explicó Tanya Broder, del National Immigration Law Center. Pero la One Big Beautiful Bill Act, impulsada por los republicanos, puso fin a esa cobertura, lo que afectaría a legales en todo el país.

Como muchos gobernadores estatales aún no han presentado sus propuestas de presupuesto, no está claro cómo piensan cubrir los recortes al financiamiento, dijo Broder.

Por ejemplo, funcionarios de Colorado estiman que unos 7.000 inmigrantes legales podrían perder cobertura por los cambios en la ley. En el estado de Washington, las autoridades calculan que , solicitantes de asilo y otros inmigrantes con autorización legal se quedarán sin cobertura de Medicaid.

Ambos estados, al igual que California, ampliaron la cobertura completa a todos los residentes elegibles por ingresos, sin importar su situación migratoria. Ahora, sus funcionarios electos están en la incómoda posición de tener que explicar por qué algunos inmigrantes legales podrían perder su cobertura médica mientras que otros sin estatus legal podrían conservarla.

El año pasado, el aumento de los costos en atención médica y los recortes presupuestarios llevaron a los gobernadores demócratas de —JB Pritzker y Tim Walz, dos potenciales aspirantes a la presidencia— a suspender o cancelar la cobertura para inmigrantes sin papeles.

También en 2025, legisladores de California votaron por la eliminación de la cobertura dental y congelaron nuevas inscripciones para personas sin documentos. A partir del próximo año también se cobrará una prima mensual a quienes mantengan su cobertura.

Aun así, se estima que el estado gastará $13.800 millones de su fondo general en atención médica para inmigrantes no cubiertos por el gobierno federal, según H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.

En enero, en una conferencia de prensa en San Francisco, Newsom defendió estas medidas y dijo que eran necesarias por “prudencia fiscal”. Evitó responder preguntas sobre la cobertura para solicitantes de asilo y refugiados, y minimizó la importancia de su propuesta, al decir que podría revisarla cuando tuviera la oportunidad de actualizar el presupuesto en mayo.

Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de la California Pan-Ethnic Health Network, señaló que el estado aprobó una ley en la década de 1990 que le exige cubrir con Medi-Cal cuando los fondos federales de Medicaid no están disponibles. Esto incluye a personas con residencia permanente que aún no cumplen con el período de espera de cinco años para inscribirse en Medicaid.

Savage-Sangwan calificó la propuesta del gobernador como “arbitraria y cruel” y criticó su decisión de priorizar los depósitos del fondo de emergencia para tiempos difíciles en vez de mantener la cobertura. Agregó que culpar al gobierno federal era engañoso.

También consideró que es un gran retroceso respecto de lo que ella esperaba que California pudiera lograr el primer día de Newsom en el cargo, hace siete años, cuando el gobernador declaró su apoyo a un sistema de salud con financiamiento público integral y propuso ampliar los subsidios para pagar el seguro médico para la clase media.

“Tenía esperanza y celebramos los avances que impulsó el gobernador”, afirmó Savage-Sangwan. “Por eso estoy aún más decepcionada”.

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Durante más de dos décadas, esta trabajadora de salud comunitaria ha ayudado a cientos de familias del sureste de Los Ángeles a inscribirse en programas de ayuda alimentaria, ha informado sobre seguros médicos asequibles y ha ayudado con medicamentos para sus afecciones crónicas. Su frase favorita: “más vale prevenir que curar”.

Pero sólo gana unos $20 la hora en una organización de salud comunitaria y tiene un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. “Nos pagan muy poco y esperan demasiado”, dijo. “Generamos confianza. Ofrecemos apoyo. Somos el hombro en el que muchos se apoyan, pero no recibimos un salario justo”.

California buscaba profesionalizar a miles de trabajadores de salud comunitarios como Hernández. La meta era mejorar la salud de las poblaciones inmigrantes, en particular los residentes hispanos, que a menudo padecen de enfermedades crónicas, son más y se enfrentan a más barreras culturales y lingüísticas para acceder a servicios.

Estudios demuestran que su trabajo las hospitalizaciones, y las visitas a las salas de emergencias y a las clínicas de urgencias.

El estado siguió al pie de la letra una serie de publicadas en 2019 para estandarizar la formación y la certificación de estos profesionales. Así, poder integrarlos a las plantillas de trabajadores de salud y ofrecerles salarios justos, incluyendo reembolsos a través de Medi-Cal, el Medicaid estatal, para compensar el trabajo que tradicionalmente se ha realizado de forma voluntaria o con salarios bajos.

Pero seis años después, California ha dado marcha atrás en muchas de esas iniciativas.

El estado ha eliminado un programa de certificación y ha recortado casi toda la financiación para formar y ampliar esta plantilla, a pesar de que se había fijado el objetivo de contar con para este año.

Aunque Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios, los planes de salud participantes establecieron requisitos de facturación desiguales, lo que dificulta que los trabajadores obtengan el reembolso. Además, el estado no cumplió con el aumento salarial previsto.

Con los recortes de fondos federales recién aprobados y el foco del presidente Donald Trump en la deportación de inmigrantes, incluso con el Departamento de Seguridad Nacional, los activistas temen que California abandone su iniciativa de equidad en la salud para los inmigrantes, las personas de color y las personas con bajos ingresos. En un momento en el que, aseguran, esa labor es más necesaria que nunca.

“Estamos en una situación muy grave en este momento”, afirmó Cary Sanders, directora en la California Pan-Ethnic Health Network, una organización estatal que aboga por la equidad en la salud.

Elana Ross, vocera del gobernador Gavin Newsom, dijo que “el estado ha tomado medidas difíciles pero necesarias para garantizar la estabilidad fiscal” y que la administración sigue dialogando con los trabajadores de salud comunitarios.

Ross agregó que el gobernador demócrata, , sigue comprometido con la defensa de los inmigrantes perseguidos por la administración Trump.

“Nuestra oficina está en la calle”

Hay más de 60.000 trabajadores de salud comunitarios en todo el país, incluidos unos 9.200 en California, y se prevé que esta fuerza laboral crezca un 13% en la próxima década, tres veces más rápido que el conjunto de todas las profesiones, según de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos afirman que estas cifras están subvaloradas, dada la variedad de títulos que poseen estos trabajadores y el hecho de que muchos no trabajan en el cuidado de salud propiamente dicho ni en instituciones gubernamentales.

“Trabajador de salud comunitario” es un término genérico que incluye a distintos tipos de trabajadores. A menudo conocidos como promotores, que trabajan en clínicas, hospitales, departamentos de salud pública y organizaciones sin fines de lucro locales, en lugares en los que se les tiene confianza y donde conocen las necesidades más urgentes de su comunidad.

Además de ayudar a las personas a controlar afecciones crónicas como las cardiopatías y la diabetes, promueven la salud reproductiva, la salud infantil y la higiene bucal, y ayudan a a prevenir lesiones y manejar sus medicamentos.

Pueden hacer que las personas se sientan seguras al denunciar la violencia doméstica y otros abusos. También las conectan con servicios de asistencia para la vivienda y la alimentación. “El trabajador de salud comunitario no se sienta en un escritorio”, dijo Hernández. “Nuestra oficina está en la calle”.

En 2019, la California Future Health Workforce Commission recomendó integrar a estos trabajadores en el sistema de salud, y en 2022, el estado autorizó durante tres años para el Departamento de Acceso e Información de Salud de California, que supervisa el desarrollo del personal de este sector, con el fin de reclutar, formar y certificar a estos trabajadores.

La agencia trató de estandarizar la formación y la certificación, pero algunos grupos comunitarios temían que eso creara barreras de acceso al no dar suficiente crédito a la experiencia y a la competencia cultural.

Pero el año pasado, justo cuando la agencia ofrecía más flexibilidad y permitía la formación basada en el trabajo comunitario, el estado recortó $250 millones en financiación debido a restricciones presupuestarias. Este año, el programa de certificación ha sido oficialmente eliminado.

El vocero Andrew DiLuccia señaló que la agencia establecerá un programa para acreditar a las organizaciones comunitarias en lugar de a los trabajadores individuales y que tiene previsto gastar los $12 millones restantes en asistencia técnica, desarrollo de la fuerza laboral y salarios para quienes trabajan con las comunidades inmigrantes.

Según la National Academy for State Health Policy, ofrecen algún tipo de programa de certificación para trabajadores de salud comunitarios ya sea voluntario o bien obligatorio.

Algunos activistas afirman que California está perdiendo la oportunidad de establecer una trayectoria profesional para esta mano de obra. Muchos de los cursos que ofrecen hoy en día por organizaciones sin fines de lucro, condados y universidades , un título, dominio del inglés o experiencia previa. La mayoría se concentran en el área de San Francisco o Los Ángeles, lo que crea en gran parte del estado.

Lourdes Bernis, una dentista de Ecuador, es un ejemplo de cómo los trabajadores de salud comunitarios podrían integrarse en el sistema de salud. Comenzó como promotora voluntaria hace más de una década y en 2019 recibió formación gratuita del condado de Los Ángeles, lo que le permitió conseguir un trabajo a tiempo completo, con beneficios, en el Departamento de Salud Mental del condado para ayudar a mujeres hispanohablantes a gestionar la depresión y la ansiedad mientras se recuperan del consumo de drogas.

Bernis ahora quiere convertirse en especialista de apoyo entre pares en hospitales y clínicas. Mientras tanto, muchos de sus colegas con décadas de experiencia siguen atrapados en puestos mal pagados y no pueden permitirse costear cursos de formación para avanzar. “Hay promotoras que tienen entre 20 y 25 años de experiencia, pero siguen trabajando como voluntarias”, dijo Bernis.

El papel de Medi-Cal

Para pagar a los trabajadores de salud comunitarios, Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios en julio de 2022, pero California previsto para ellos después que los votantes aprobaran la Proposición 35, que aumentaba los pagos a médicos, hospitales, clínicas comunitarias y otros proveedores.

Desde entonces, el estado aún no ha establecido un sistema uniforme sobre cómo los planes de salud deben contratar a las organizaciones que emplean a trabajadores de salud comunitarios.

“Tenemos que hacer malabares”, dijo María Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que representa a estos trabajadores. “Esto sólo causa caos, porque cada plan puede tener requisitos diferentes”.

Lemus agregó que la organización tardó casi seis meses en establecer el pago con un plan de salud.

Y aunque los reembolsos de Medi-Cal están vinculados a tareas individuales, que oscilan entre $9.46 y $27.54 por 30 minutos de trabajo, los activistas afirman que no se les compensa totalmente por el tiempo que dedican a ganarse la confianza de los pacientes y a hacer seguimiento.

Según los activistas, estos trabajadores deberían ganar al menos $30 por visita, con beneficios, pero muchos ganan unos $21 la hora, a menudo sin beneficios.

Lo que sorprende a los activistas es la poca frecuencia con la que se utilizan estos servicios en un programa que cuenta con 15 millones de californianos. Más de 16,000 afiliados a Medi-Cal utilizaron estos servicios durante el primer año, cifra que aumentó a 68,000 el año pasado, según datos del estado. “No creo que se haya alcanzado el potencial del que hablaba el gobernador y que todos imaginábamos que se podría alcanzar”, señaló Sanders.

Griselda Melgoza, vocera del Departamento de Servicios de Salud de California, dijo que la agencia, que administra Medi-Cal, ha observado “una tendencia constante al alza” y cree que los datos subestiman la utilización porque este beneficio a veces se incluye en otros servicios.

Este año se rechazó una para evaluar si los planes de atención médica gestionada de Medi-Cal realizan la divulgación y educación suficiente entre los afiliados sobre los servicios de salud comunitarios.

Más crucial que nunca

Con los recortes a la financiación de la salud por parte de la administración Trump y la aprobación de la legislación fiscal y de gasto del Partido Republicano, los activistas temen que haya aún menos fondos y apoyo para estos puestos, lo que reduciría las plantillas que se ocupan de las desigualdades en materia de salud.

El Departamento de Salud Pública del condado de Fresno ya ha anunciado el recorte de más de la mitad de sus trabajadores comunitarios: pasarán de 49 puestos a 20.

Sin embargo, la divulgación es más crucial que nunca. Mientras la administración Trump continúa con las redadas de inmigración, que parecen haber tenido como objetivo en el estado, los activistas y los investigadores advierten que los trabajadores de salud comunitarios podrían actuar como intermediarios para los pacientes inmigrantes que temen buscar atención médica en hospitales y clínicas.

Sin un programa de certificación estatal, sin aumentos salariales y con fondos de capacitación cada vez más escasos, el camino hacia la profesionalización es incierto, lo que hace que esta fuerza laboral se sienta abandonada.

“La comunidad confía en mí”, afirmó Hernández, una veterana trabajadora de salud comunitaria, “pero a nivel gubernamental aún queda mucho camino por recorrer antes de que este trabajo sea valorado y pagado como se merece”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Pero el progreso del estado en la extensión de la cobertura de salud a todos los residentes podría frenarse con la segunda administración Trump y un Congreso republicano cuyo liderazgo ha sido hostil durante mucho tiempo a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la ley federal de 2010 también conocida como Obamacare.

La principal preocupación de los funcionarios de Covered California es la inminente expiración de los subsidios federales adicionales para pagar las primas de los seguros, aprobados por el Congreso en 2021 como parte de un paquete de ayuda durante la pandemia de covid. Eso resultó en primas más bajas para las personas de todo el país, especialmente los hogares de clase media, que compran seguros de salud a través de los mercados establecidos por ACA.

“Estamos siguiendo de cerca si se tomarán medidas para extender los subsidios mejorados, lo que tendrá un gran impacto”, dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California, quien señaló que el programa tenía alrededor de 1,5 millones de inscritos antes de los subsidios mejorados.

Los republicanos han criticado el costo de los subsidios y no está claro si los renovarán.

Sin una extensión, los investigadores del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley estiman que las primas de Covered California para los inscritos subsidiados se dispararían en al año a partir de 2026, y aproximadamente 69.000 californianos perderían su cobertura.

California tomó sus propias medidas el año pasado para hacer que la cobertura fuera más asequible, eliminando los deducibles y reduciendo otros costos de bolsillo en todas las pólizas de nivel medio conocidas como planes “plata”.

Sin embargo, es probable que el gasto en atención médica del estado enfrente nuevas presiones si los republicanos en Washington siguen adelante con sus planes de larga data de recortar la financiación de Medicaid, el programa de seguro médico para estadounidenses de bajos ingresos, conocido en California como Medi-Cal.

Además de reforzar Covered California, el estado también para expandir Medi-Cal, incluso para los inmigrantes sin papeles, y ahora gasta $161 mil millones al año en ese programa, aproximadamente la mitad pagados por el gobierno federal.

Cerca de 144.000 de los 1,8 millones de inscritos en Covered California al 14 de diciembre estaban adquiriendo cobertura por primera vez, y casi el 90% de todos los inscritos califican para recibir ayuda financiera.

Covered California ha extendido el período de inscripción hasta el 8 de marzo para los residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura debido a los incendios forestales, y también ha emitido extensiones relacionadas con la gripe aviar y un terremoto en el norte de California.

Los residentes de bajos ingresos pagan poco o nada por las primas mensuales, mientras que para aquellos que ganan más, las primas están limitadas a un porcentaje de los ingresos del hogar. Con los subsidios federales mejorados, nadie está obligado a gastar más del 8,5% de sus ingresos en primas, siempre que elija un plan Silver. Sin embargo, estos planes pueden tener redes de proveedores más pequeñas y gastos de bolsillo significativos.

Según Covered California, la prima mensual promedio es de $136 para quienes reciben subsidios, dos tercios de los cuales pagan $10 o menos al mes. Pero las personas con ingresos más altos pueden terminar pagando bastante más. Por ejemplo, una familia de cuatro que gana $200.000 en el área de Los Ángeles pagaría más de $1.000 al mes por un plan Silver, según una calculadora de costos.

Si bien los subsidios federales y estatales han aumentado de manera significativa la cantidad de asistencia disponible, el costo subyacente del seguro ha seguido aumentando. Las primas de Covered California han aumentado un 7,9% en promedio para 2025, pero los subsidios adicionales protegen a la mayoría de los inscritos de este aumento.

“El gasto de bolsillo de la gente probablemente sea menor que el que hemos visto”, dijo Dylan Roby, profesor de salud, sociedad y comportamiento en la Universidad de California-Irvine. “Eso no significa necesariamente que las primas estén bajando. Solo significa que el gobierno estatal o federal está pagando una parte mayor de las primas que antes, en nombre de los inscritos”.

Ni Trump ni los líderes entrantes del Congreso han dado señales claras sobre cómo ven el futuro de los subsidios, pero ambos tienen un historial de intentar derogar y debilitar el Obamacare. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, ha prometido una “reforma masiva” de la ley de atención médica, aunque sin dar muchos detalles.

Expertos, incluido Roby, dicen que los republicanos podrían extender los subsidios para evitar que los consumidores, las aseguradoras de salud, los hospitales y otros que se han beneficiado, protesten. La inscripción en los planes del mercado es en los estados controlados por los republicanos que no han ampliado Medicaid, porque ofrece a las personas de bajos ingresos una forma de acceder a un seguro de salud asequible.

“No creo que los miembros republicanos de la Cámara de Representantes estén tan inclinados a hacer que todas ls primas médicas de los estadounidenses aumentan”, dijo Roby. “Soy bastante optimista en cuanto a que [los subsidios] se renovarán”.

Pero la incertidumbre sobre el futuro de los subsidios, incluso si finalmente se renuevan, podría afectar el costo de los planes del mercado, dijo Rachel Linn Gish, directora de comunicaciones de Health Access California, una coalición de defensa del consumidor. Esto se debe a que las aseguradoras ya están comenzando a planificar sus tarifas para el próximo año y probablemente incluirán en los precios el riesgo de no renovar, dijo.

“Vamos a luchar durante el próximo año para tratar de salvar esos subsidios mejorados y, posteriormente, todos los demás marcos y financiamiento de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio”, dijo Linn Gish. “Porque si se revierte algo de eso, la gente perderá la cobertura de atención médica”.

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“Yo dije, ¿Qué voy a hacer? …. “, recordó emocionada. Inmediatamente le preocupó que pudiera tener cáncer. “Iba y venía: tengo [cáncer], no tengo, sí tengo, no tengo”. Y si estaba enferma, agregó, no podría trabajar ni pagar el alquiler. Al no tener seguro de salud, Pantoja Toribio no podía pagar para averiguar si tenía una enfermedad grave.

A partir de este año, , se amplió para incluir a los inmigrantes que no tienen residencia legal, algo que podría haber funcionado perfectamente para Pantoja Toribio, que ha vivido en la ciudad de Brentwood, en el Área de la Bahía, durante tres años. Pero su solicitud de Medi-Cal fue rechazada rápidamente porque, como trabajadora agrícola que gana $16 la hora, sus ingresos anuales de unos $24,000 eran demasiado altos para calificar para el programa.

California es el primer estado en ampliar Medicaid a todos los adultos que reúnan los requisitos, independientemente de su estatus migratorio, una medida celebrada por los activistas de la salud y por líderes políticos de todo el estado. Pero muchos inmigrantes sin estatus legal permanente, especialmente los que viven en zonas de California donde el costo de vida es más alto, ganan demasiado dinero como para calificar para Medi-Cal.

El estado paga la factura de la expansión de Medi-Cal, pero la ley federal prohíbe a los que llama “indocumentados” recibir subsidios de seguros u otros beneficios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dejando a muchos empleados, sin opciones viables médico.

Ahora, los mismos activistas de salud que lucharon por la dicen que el siguiente paso para lograr la equidad en salud es ampliar Covered California, el mercado estatal de ACA, a todos los inmigrantes adultos mediante la aprobación de la AB 4.

“Hay personas en este estado que trabajan y son la columna vertebral de tantos sectores de nuestra economía y contribuyen con su trabajo e incluso con sus impuestos … pero están excluidos de nuestra red de seguridad social”, dijo Sarah Dar, directora del Centro de Política de Inmigración de California, una de las dos organizaciones que patrocinan el proyecto de ley, denominado .

Para calificar para Medi-Cal, una persona no puede ganar más del 138% del nivel federal de pobreza, que actualmente es de cerca de $21,000 al año para un individuo. Una familia de tres miembros tendría que ganar menos de $35,632 al año.

Para las personas que superan esos umbrales, el mercado de Covered California ofrece varios planes de salud, a menudo con subsidios federales y estatales, con primas tan bajas como $10 al mes. La esperanza es crear lo que los activistas llaman un “mercado espejo” en el sitio web de Covered California para que a los inmigrantes, independientemente de su estatus, se les pueda ofrecer los mismos planes de salud que serían subvencionados sólo por el estado.

A pesar de la mayoría demócrata en la Legislatura, el proyecto de ley podría tener dificultades para ser aprobado, ya que el estado se enfrenta a un déficit presupuestario previsto para el próximo año de entre $38 mil millones y $73 mil millones. El gobernador Gavin Newsom y líderes legislativos anunciaron un para empezar a reducir la brecha, pero parece inevitable que se produzcan recortes significativos en el gasto.

No está claro cuánto costaría extender Covered California a todos los inmigrantes, según el miembro de la Asamblea Joaquín Arambula, demócrata de Fresno que presentó el proyecto de ley.

El Centro de Política de Inmigración estima que la creación del mercado costaría al menos $15 millones. Si el proyecto de ley se aprueba, los patrocinadores tendrían que asegurar la financiación de los subsidios, que podrían ascender a miles de millones de dólares anuales.

“Es un momento difícil para pedir nuevos gastos”, señaló Dar. “El costo de la puesta en marcha del mercado espejo es una cifra relativamente baja. Así que tenemos esperanzas de que aún esté dentro de lo posible”.

Arambula dijo que es optimista en cuanto a que el estado continuará liderando en la mejora del acceso a la salud para los inmigrantes que no tienen residencia legal.

“Creo que seguiremos adelante, ya que estamos trabajando para hacer de ésta una California para todos”, expresó.

El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea en julio pasado en una votación de 64-9 y ahora falta la acción del Comité de Asignaciones del Senado, según la oficina de Arambula.

Se calcula que unas 520,000 personas en California podrían optar por un plan de Covered California si tuvieran un estatus legal, según el centro de investigación laboral de la Universidad de California-Berkeley. Pantoja Toribio, que emigró sola desde México huyendo de una relación abusiva, dijo que tuvo suerte. Se enteró de las opciones alternativas de atención médica cuando hizo su visita semanal a un banco de alimentos en Hijas del Campo, una organización de defensa de los trabajadores agrícolas del condado de Contra Costa, donde le dijeron que podría calificar para un plan que ayuda a personas de bajos ingresos a través de Kaiser Permanente.

Pantoja Toribio aplicó, justo antes que se cerrara el plazo de inscripción a finales de enero. Gracias al plan, supo que el bulto que tenía en el pecho no era canceroso.

“Diosito me oyó”, exclamó. “Gracias a Dios”.

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La bolsa de seguros médicos del estado de algunos pacientes, hasta un máximo de $5,400; reducirá el copago de las visitas de atención primaria de $50 a $35; y reducirá el costo de los medicamentos genéricos de $19 a $15. Algunos afiliados también verán limitado su gasto de bolsillo anual a $6,100 en lugar de $7,500.

La CEO de Covered California, Jessica Altman, argumenta que se trata de reducciones tangibles —ahorros en deducibles y copagos además de subsidios para reducir las primas mensuales— que afectarán a cientos de miles de personas y les animará a utilizar la cobertura.

“Los deducibles evitan que las personas busquen atención médica, por lo que es un objetivo importante”, dijo Altman a California Healthline. “California busca lo asequible y se pregunta: ‘¿Qué significa realmente asequibilidad? Muchas personas simplemente no tienen $5,000 en su cuenta bancaria en caso de que lo necesiten para la atención médica”.

Las reducciones adicionales en los gastos de bolsillo de los pacientes —además de los existentes para reducir las primas mensuales— entrarán en vigor en enero para las personas que renueven o adquieran cobertura durante el próximo período de inscripción de Covered California, que comienza en otoño. El estado podría ir más lejos en ayudar a reducir los costos de los pacientes en los próximos años con futuros aumentos presupuestarios, señaló Altman.

Aun así, esos ahorros pueden verse neutralizados por costos más altos en otros lugares. Covered California anunció, el 25 de julio, que la inflación y otros factores elevarán las tarifas anuales de las primas de los planes de salud participantes en un promedio de , el mayor aumento desde 2018.

California comenzó a multar a aquellos sin cobertura de salud en el año fiscal 2020, estableciendo su propio En ese primer año, el estado recaudó $403 millones en ingresos por multas, según la Franchise Tax Board estatal. Ha continuado imponiendo multas, pagadas en gran parte por personas con ingresos bajos o medios, las mismas personas a las que se pretende ayudar con los nuevos subsidios.

Los líderes legislativos habían presionado a Newsom, también demócrata, para que canalizara los ingresos fiscales hacia la reducción de los costos de la atención sanitaria para las personas de ingresos bajos y medios que adquieren cobertura a través de Covered California, muchas de las cuales informaron de que habían dejado de recibir atención médica o la habían retrasado debido a los elevados gastos de bolsillo.

El gobernador se resistió durante años a las peticiones de destinar el dinero de las multas a los subsidios de Covered California, argumentando que el estado no podía permitírselo y que necesitaba el dinero ante la inminente recesión económica y la posible pérdida de los subsidios federales a las primas, que podrían verse amenazados por un cambio en el liderazgo federal.

Sin embargo, ante las continuas presiones, Newsom cedió en junio y aceptó empezar a destinar parte del dinero a aumentar las subvenciones estatales. Según el Departamento de Finanzas del estado, se espera que California destine $83 millones el próximo año y $165 millones anuales en los años siguientes para ampliar la ayuda financiera —aproximadamente la mitad de los ingresos que recauda anualmente— a reducir los costos de los pacientes de Covered California. El resto del dinero se reservará en un fondo especial de asistencia sanitaria al que se podrá recurrir más adelante.

El acuerdo presupuestario también permite a la administración Newsom a pedir prestado hasta $600 millones en ingresos por multas para el fondo general del estado, que debe devolver. Los ingresos por multas se proyecta que traerá $362 millones este año con un adicional de $366 millones previstos el próximo año, según el portavoz del Departamento de Finanzas H. D. Palmer.

Los miembros del consejo de Covered California aprobaron el nuevo diseño del plan la semana pasada. Dicen que los subsidios de costos compartidos reducirá el gasto de bolsillo de casi 700,000 personas de aproximadamente 1,6 millones de inscritos en Covered California.

El aumento de la financiación, que representa el esfuerzo más importante del Estado para reducir los costos de los pacientes en Covered California, beneficiará en gran medida a los californianos de bajos ingresos que ganan por debajo del 250% del nivel federal de pobreza, que es de en 2023, según el intercambio.

“La reducción de los deducibles es una gran ayuda para las familias de clase media de California que luchan contra el aumento del costo de la vida”, dijo el Presidente Pro Tempore del Senado, Toni Atkins, que se unió a sus compañeros demócratas para bloquear un plan de Newsom y su administración que mantendría los ingresos en el fondo general del Estado, aunque pueden ser utilizados para cualquier propósito.

Atkins añadió: “Seguiremos trabajando para reducir aún más los costos en los próximos años”.

El portavoz de Newsom, Brandon Richards, defendió la trayectoria del gobernador en materia de salud, afirmando que Newsom se ha comprometido a garantizar que los californianos puedan acceder a la asistencia sanitaria. Además de impulsar la asistencia en Covered California, dijo Richards, el gobernador ha ampliado la cobertura del seguro de salud pública a los inmigrantes que carecen de estatus legal y está aumentando la cantidad de médicos, hospitales y otros .

Originalmente requerido por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), el llamado mandato individual de tener cobertura de salud o pagar una multa fiscal fue , eliminando la multa a nivel nacional. Newsom lo restableció para California cuando asumió el cargo en 2019, un componente clave de su ambiciosa plataforma de atención médica.

California es uno de al menos cinco estados, junto con Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont, así como el Distrito de Columbia, que tiene su propio mandato de cobertura de salud, aunque no todos imponen una multa fiscal por permanecer sin seguro. De todos ellos, California es el estado que más intenta reducir los costos sanitarios para lograr la cobertura universal, según Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de política sanitaria de KFF.

“Aunque no estén de acuerdo en todo lo que implica la reforma sanitaria y el pagador único, los demócratas de California han conseguido unirse y unificarse en torno a estos pasos incrementales para mejorar el sistema actual”, señaló Levitt. “Paso a paso, han ido colocando las piezas para acercarse lo más posible a la cobertura universal”.

Los líderes demócratas en el estado se han enfrentado a críticas políticas por no utilizar los ingresos de la multa para la atención de la salud, , a pesar de que Newsom y otros demócratas se comprometieron a gastar el dinero para hacer más asequible la atención de la salud en Covered California.

Para los activistas, el acuerdo representa una victoria para las personas de bajos y medianos ingresos.

“Nos gusta que este dinero esté protegido para la atención de la salud, y que en última instancia se reserve para la futura asistencia”, dijo Diana Douglas, del grupo de defensa del consumidor Health Access California.

Los activistas quieren que el estado aproveche ese dinero para dar cobertura a más personas, por ejemplo, reduciendo los costos sanitarios de los inmigrantes que viven en el estado sin permiso legal.

Un proyecto de ley presentado este año por el miembro de la Asamblea Joaquín Arambula, demócrata de Fresno, exigiría a Covered California establecer un mercado de seguros de salud separado para que los inmigrantes que carecen de estatus legal y ganan demasiado para calificar a Medi-Cal, la versión californiana de Medicaid, puedan comprar una cobertura integral que sea casi idéntica a los planes vendidos en Covered California. En la actualidad, los inmigrantes sin residencia legal no pueden acceder al mercado de seguros. Otros estados, como Washington y Colorado, han creado mercados en línea similares.

“Estamos trabajando para crear un sistema que ofrezca los mismos beneficios y asistencia asequible para todos”, señaló Arámbula.

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Era una propuesta difícil de vender para un nuevo gobernador, y Newsom necesitaba aliados fuertes entre los líderes demócratas del estado, que en aquel momento, en 2019, expresaron su preocupación por la imposición de un nuevo impuesto a los californianos que no podían permitirse el creciente costo de la atención de salud.

Los demócratas que, entonces como ahora, controlaban la legislatura estatal, finalmente apoyaron a Newsom a cambio de una promesa: el estado cobraría la multa pero usaría ese dinero para ayudar con los gastos de bolsillo de los californianos que compraran un seguro de salud en el mercado de seguros de salud estatal, Covered California.

Pero Newsom, ahora en su segundo mandato, se ha retractado de esa promesa. Su administración se aferra a los ingresos recaudados por el llamado , el requisito de que hay que tener cobertura sanitaria o pagar una multa. Y su presupuesto para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio y se está debatiendo en la legislatura estatal, canaliza el dinero al fondo general del estado.

Esto ha enfurecido a sus colegas demócratas, que lo acusan de romper una promesa, y de no tener en cuenta a los millones de californianos que no pueden pagar deducibles y copagos.

California comenzó a multar a los no asegurados en 2020, recaudando un estimado de $1,1 mil millones en los primeros tres años, y la administración Newsom proyecta que agregará más de $700 millones en los próximos dos años, elevando el total proyectado de cinco años a $1,8 mil millones, según el Departamento de Finanzas del estado.

Los líderes demócratas dijeron que la táctica de Newsom de retener el dinero para el fondo general es una .

“El dinero del mandato debe dedicarse a la salud”, dijo el presidente “pro tempore” del Senado Toni Atkins a ºÚÁϳԹÏÍø News, argumentando que el estado debería distribuir el dinero ahora para ayudar a las personas a pagar la cobertura de salud. “No sé qué estamos esperando. Tenemos que encontrar una manera de hacer que la atención médica sea más accesible, y no hay duda de que el costo del seguro de salud es una barrera”.

Se espera que los legisladores demócratas sigan presionando a Newsom con la esperanza de llegar a un acuerdo, antes de la , para aprobar un proyecto de ley presupuestario. “Siempre pensamos que el dinero se destinaría a reducir los costos de seguro”, señaló el miembro demócrata de la Asamblea Phil Ting, presidente del Comité de Presupuesto.

En 2019, Newsom hizo campaña por el mandato individual ante el aumento de las primas de seguro, prometiendo reducir los costos de atención médica de los consumidores de Covered California mientras se diferenciaba del entonces presidente Donald Trump, que calificaba el mandato de .

Los republicanos del Congreso habían retirado la penalización federal —parte de ACA— en 2017. Newsom argumentó que todavía funcionaría en California para reducir los costos de atención médica, y para alcanzar su objetivo de atención médica universal, la pieza central de su .

Newsom argumenta ahora que los subsidios federales para el seguro médico que compensan el costo de las primas mensuales son suficientes. Y, ante un déficit presupuestario estatal previsto de $32,000 millones, Newsom afirma que California no puede permitirse gastar el dinero y reducir aún más los gastos de bolsillo.

Argumenta, por ejemplo, que gastar el dinero para recortar deducibles (la cantidad que pagas por la cobertura antes de que tu seguro empiece a pagar), sería . Su propuesta mantendría el dinero para el fondo general del estado, y se utilizaría en lo que California necesite.

Pero los activistas de la salud que presionaron a favor de la multa, así como muchos legisladores demócratas, dicen que los fondos podrían salvar vidas y deberían distribuirse ahora.

“El mandato individual no estaba destinado a crear fondos para otros programas gubernamentales que no fueran la atención de salud”, explicó el miembro demócrata de la Asamblea Jim Wood, de Santa Rosa, presidente del Comité de Salud, en una acalorada audiencia sobre el presupuesto esta primavera. “La clara intención de la legislatura era que este dinero se destinara a la asequibilidad”.

Wood dijo que habría rechazado el plan de Newsom si hubiera sabido que los ingresos que generara se depositarían directamente en el fondo general. “No creo que lo hubiera apoyado”, dijo. “Me parece una violación de lo que pensábamos que estábamos haciendo”.

El aumento de los gastos de salud, por ejemplo en primas de seguros y deducibles, está llevando a que las personas renuncien a la atención médica. En California, un asombroso 52% de los residentes afirma haber en el último año por motivos económicos, según una encuesta reciente de la organización sin fines de lucro California Health Care Foundation. (California Healthline es un servicio editorial independiente de la ).

Diana Douglas, cabildera de Health Access California, que formó parte de la coalición que respaldó el mandato de cobertura del estado en 2019, señaló que Newsom debe reconocer el aumento de los costos y gastar el dinero ahora en ayudar al acceso a la salud. “Este dinero de la multa debe usarse para ayudar a los californianos a pagar la cobertura y la atención”.

Los planes de seguro de salud ofrecidos por Covered California siguen encareciéndose. Los deducibles para un plan de seguro de nivel medio, por ejemplo, subirán a $5,400 el próximo año, según Covered California, frente a los $4,750 de este año y los $3,700 de hace dos años.

Muchos californianos que compran cobertura también posponen el tratamiento ante los altos costos. Una encuesta realizada por Covered California en 2022 reveló que el 48% de sus consumidores debido al precio.

Newsom esquivó esta primavera una pregunta de ºÚÁϳԹÏÍø News sobre las críticas a las que se enfrenta por su presión para retener el dinero del mandato, diciendo simplemente que está “orgulloso” de haber establecido el mandato de cobertura estatal y señalando que los subsidios federales a las primas están disponibles para los californianos que compran cobertura a través de Covered California.

Su administración defendió la canalización del dinero al fondo general, diciendo que los ingresos serían devueltos a un fondo especial de salud y estarían disponibles para su uso en la asistencia sanitaria con el tiempo, si el gobierno federal recortara los .

Funcionarios de la administración argumentan que Newsom está esencialmente pidiendo prestado el dinero, diciendo que será devuelto más tarde, aunque los legisladores dudan que vaya a cumplir esa promesa.

Los críticos y algunos legisladores demócratas dicen que retener el dinero es un doble golpe para los residentes de bajos y medianos ingresos que sufren para pagar la cobertura, y argumentan que equivale a un impuesto a los pobres. “Da la sensación de que estamos intentando ahorrar a costa de nuestras comunidades de bajos ingresos”, indicó la senadora estatal demócrata Caroline Menjivar, que representa al Valle de San Fernando.

La mayoría de los que pagan la multa son californianos de ingresos bajos y medios que del umbral federal de pobreza, que es de $58,320 para un individuo y $120,000 para una familia de cuatro miembros, según de la Franchise Tax Board.

Los legisladores demócratas apoyan este año una propuesta alternativa, defendida por Health Access California, para destinar los ingresos procedentes de multar a los residentes no asegurados a aumentar los subsidios de seguros de salud para las personas de ingresos bajos y medios. De este modo, se cumpliría el acuerdo que los activistas alcanzaron el año pasado con los legisladores demócratas del estado para reducir o eliminar los gastos de bolsillo en Covered California, y erradicar por completo los deducibles en un plan de nivel medio.

“Tenemos que asegurarnos de que las personas no sólo tengan cobertura de salud, sino que también puedan permitirse utilizarla”, expresó Ronald Coleman Baeza, de la Red de Salud Pan-Étnica de California.

Aunque Newsom y sus aliados demócratas han aprobado importantes ampliaciones de la cobertura, el estado no ofrece salud para todos.

Expertos dicen que , incluidos los inmigrantes indocumentados que ganan demasiado para tener derecho a Medi-Cal, y los legisladores están cada vez más inquietos porque no todos los residentes con seguro puedan permitirse el lujo de utilizar su cobertura.

“Hubo un claro compromiso de que estos dólares se utilizarían para reducir los costos de la atención sanitaria, y no lo hemos hecho”, afirmó la miembro de la Asamblea Pilar Schiavo, representante demócrata del Valle de Santa Clarita, que que exigiría que los ingresos recaudados por el mandato individual se destinaran permanentemente a la atención de salud.

Aunque la propuesta fracasó, puede ser revivida el próximo año, y los activistas aseguran que seguirán presionando a Newsom para distribuir el dinero existente entre los clientes de Covered California.

“Tenemos que cumplir nuestras promesas”, enfatizó Schiavo. “Si tienes un seguro que no puedes permitirte usar, o tienes miedo de ir a ver al médico por lo elevada que pueda ser la factura, entonces no tienes realmente acceso ni cobertura universal”.

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Pero eso cambió en mayo, cuando California amplió Medi-Cal, su programa de Medicaid para personas de bajos ingresos, a adultos de 50 años en adelante, independientemente de su estatus migratorio. El problema fue que Embriz no se dio cuenta que podía ser elegible hasta que fue a una reunión comunitaria en San Francisco.

“Escuché que estaban dando Medi-Cal a las personas mayores de 50 años, pero no sabía que no tenías que estar” en el país legalmente, dijo Embriz, quien está esperando que se procese su solicitud. “Gracias a Dios no he tenido emergencias”.

Hasta octubre, el mes más reciente para el que hay disponibles datos, más de 300,000 adultos mayores inmigrantes que no tienen residencia legal , un 30% más que la proyección original del estado.

Funcionarios estatales de salud, que habían basado su estimación en el número de personas inscritas en una forma limitada de Medi-Cal que cubre solo servicios médicos de emergencia, no saben cuántos californianos mayores adicionales son elegibles, dijo Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado.

Ahora, algunos condados han contratado a un pequeño ejército de trabajadores comunitarios y educadores de salud para inscribir a tantos adultos mayores inmigrantes como sea posible. Estos trabajadores visitan centros para personas mayores, iglesias, clases de inglés, oficinas de inmigración, mercados y eventos comunitarios, con la esperanza de encontrar a personas como Embriz, que no estén enteradas de su nueva elegibilidad.

En el condado de Alameda, Juan Ventanilla, experto en el programa Medi-Cal, dijo que la agencia de servicios sociales está utilizando subvenciones estatales existentes para asociarse con ocho organizaciones comunitarias establecidas para ayudar a correr la voz sobre la expansión, y a las personas a inscribirse.

Dijo que los trabajadores se especializan en “ayudar a los más vulnerables del condado a obtener acceso a atención médica”.

Entre ellos están Ana Hernández y Bertha Ortega, de Casa Che, un centro de educación de salud comunitaria en el vecindario Fruitvale de Oakland, operado por La Clínica de la Raza.

Hernández y Ortega dijeron que la mayoría de las personas que conocen están ansiosas por inscribirse en Medi-Cal, pero no saben por dónde empezar. Muchas no hablan inglés, tienen una alfabetización limitada, y luchan por usar o acceder a una computadora. Los formularios están disponibles en 12 idiomas, pero los usuarios pueden no encontrar su idioma, como la lengua maya indígena Mam.

“El sistema parece amigable si tienes mucha experiencia usando una computadora”, dijo Ortega, pero ese no es el caso para la mayoría de los adultos mayores a los que ayuda. “Vienen aquí y tenemos que arreglar todo”.

Los californianos sin estatus legal constituyen la mayor parte de los residentes sin seguro del estado, un estimado de 3 millones, según el .

Para que muchos de ellos obtengan cobertura, los legisladores estatales han expandido Medi-Cal a los inmigrantes que viven en California sin papeles, implementando la cobertura en etapas: primero, a los niños en 2016; en 2020 a los adultos jóvenes de hasta 26 años, y a personas mayores el año pasado.

El próximo año, la cobertura completa de Medi-Cal estará disponible para todos los californianos que califiquen, independientemente de su edad o estatus migratorio. Cuando esto suceda, se espera que se inscriban cerca de de 26 a 49 años, que no son ciudadanas, según la .

Entre todos los cambios, el de la expansión del programa a los adultos mayores puede haber sido el más trascendental. No solo tienden a necesitar más atención, sino que también es más probable que tengan afecciones crónicas como hipertensión y diabetes. Muchos no buscan atención médica o servicios sociales de manera regular, una tendencia que aumentó con la pandemia.

California será el primer estado en expandir la cobertura de Medicaid a todos los inmigrantes. Illinois y Oregon también han ampliado la cobertura financiada por el estado a los adultos mayores inmigrantes, y Nueva York planea hacerlo en 2024.

A pesar de que Medicaid es un programa conjunto federal-estatal, en el caso de las personas sin estatus legal, el gobierno federal interviene solo para cobertura relacionada con emergencias y con el embarazo. Esto significa que los contribuyentes de California pagan la mayor parte del costo de proporcionar cobertura, estimada en $878 millones para personas mayores inmigrantes el primer año, según funcionarios de presupuesto estatales.

Cuando se lanzó en mayo la expansión para las personas mayores, las de 50 años en adelante que ya estaban inscritas en la forma limitada de Medi-Cal fueron transferidas automáticamente a la versión completa, que ofrece tratamientos médicos, dentales, de visión, y cuidado de largo plazo sin costo para la mayoría de los afiliados.

Algunos condados del Área de la Bahía, incluidos Alameda, Contra Costa y San Francisco, estuvieron en ventaja para identificar a las personas elegibles porque administran programas de atención médica para residentes sin estatus legal.

En los últimos meses, defensores de salud de la comunidad se han concentrado en encontrar personas mayores elegibles que aún no hayan escuchado sobre la expansión. Algunos han aparecido en los programas locales de noticias de televisión y radio para hacer correr la voz.

“Sabemos que hay más que son elegibles pero que no están inscritos, dijo Seciah Aquino; directora ejecutiva interina de Latino Coalition for a Healthy California. “Estamos trabajando para asegurarnos de que los números puedan continuar creciendo y que todos los que ahora tienen el privilegio de acceder a este beneficio puedan inscribirse”.

Un estudio de grupo focal el verano pasado, financiado por la , encontró que aproximadamente la mitad de los encuestados hispanos no habían escuchado sobre el cambio. Una proporción aún menor de asiáticos mayores inmigrantes lo sabía. Los asiáticos constituyen el segundo grupo más grande de inmigrantes de California después de los hispanos, que representan casi el 40% de los inmigrantes del estado. ( es un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation).

Algunas de las personas que permanecen sin inscribirse son difíciles de persuadir porque temen revelar su estatus migratorio a un programa gubernamental, informan los trabajadores de salud comunitarios. Los que solicitan Medi-Cal deben divulgar su estatus en la solicitud, pero los funcionarios estatales dicen que la ley exige que la información se mantenga privada, y no se comparta con las autoridades de inmigración.

Esas garantías a menudo se reciben con escepticismo.

Muchos adultos mayores elegibles señalan la política de “carga pública” de la administración Trump, que hizo que la inscripción en Medicaid fuera una razón posible para denegar la residencia legal en el país. Aunque esa política , el temor persiste.

Embriz, que tuvo la cobertura limitada de Medi-Cal durante muchos años, dijo que la dejó en 2020 debido a la política de carga pública. No quería que su inscripción en Medi-Cal arruinara sus posibilidades de obtener una tarjeta verde. Pero una vez que supo que registrarse no afectaría su solicitud de residencia permanente, estuvo de acuerdo.

“Haría una gran diferencia”, dijo Embriz acerca de obtener chequeos de rutina nuevamente. “Tengo muchas esperanzas”.

Para algunos inmigrantes mayores que se han inscrito, la capacidad de obtener cobertura total ha sido un regalo del cielo. Maria Rodríguez, de 56 años, de Hayward, aprendió en septiembre que era elegible mientras visitaba el Tiburcio Vásquez Health Center, una clínica local que atiende a pacientes sin seguro. Una trabajadora social la ayudó a completar la solicitud en línea después que un médico la diagnosticara con hipertensión y diabetes.

“Es como si Medi-Cal cayera del cielo”, dijo Rodríguez. “Es muy beneficioso para mi salud”.

Claudia Boyd-Barrett es reportera de . Este artículo se ha producido en colaboración con , California Health Report y .

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Caudillo dijo que se siente como una “prisionera” de las tres principales compañías farmacéuticas que controlan el precio de la insulina, que sin seguro oscila entre $300 y $400 por frasco. El precio que pagó Caudillo en 2017, cuando se le diagnosticó la diabetes, lo tiene grabado en la memoria: $274.

“Recuerdo que lloré muchísimo en el CVS y me di cuenta de que sería así por el resto de mi vida”, dijo Caudillo, de 24 años, estudiante universitaria que vive en La Puente, en el sur de California. Ahora tiene un seguro que cubre el costo total del vital medicamento, pero aún tiene problemas para pagar sus suministros de insulina y la prima mensual de su plan.

“Esta enfermedad es muy costosa y apenas puedo pagarla todos los meses”, dijo Caudillo.

La administración del gobernador Gavin Newsom señaló que aproximadamente 4 millones de californianos han sido diagnosticados con diabetes, una enfermedad que puede destruir órganos, la vista y llevar a amputaciones si no se controla.

Una de cada 4 personas que tiene diabetes y depende de la insulina no puede pagarla, lo que obliga a muchos a racionar o renunciar al medicamento, agregó la administración.

Newsom está pidiendo a los legisladores estatales que inviertan $100 millones en una iniciativa ambiciosa para lanzar la marca de medicamentos genéricos de California, , y comenzar a producir insulina en los próximos años, dijo Alex Stack, vocera de Newsom.

El estado también está trabajando para identificar otros medicamentos genéricos que podría lanzar al mercado, particularmente los que son más caros o escasos.

Para empezar, el objetivo es reducir drásticamente los precios de la insulina y ponerla a disposición de “millones de californianos” a través de farmacias, tiendas minoristas y pedidos por correo, dijo el doctor Mark Ghaly, secretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California.

Pero los funcionarios estatales de salud todavía están negociando un contrato con un fabricante de medicamentos para producir y distribuir insulina, y no han respondido preguntas clave como cuánto pagarían los pacientes.

Para tener éxito, California, y la empresa con la que se asocie debe navegar por un complicado sistema de distribución farmacéutica que depende no solo de los fabricantes de medicamentos, sino también de empresas intermediarias que trabajan mano a mano con las aseguradoras de salud.

Esas compañías, conocidas como (PBM) negocian con las farmacéuticas en nombre de las aseguradoras para obtener reembolsos y descuentos en medicamentos, pero las aseguradoras no siempre transfieren esos ahorros a los consumidores.

“Desde hace mucho tiempo la insulina es un ejemplo de las fallas del mercado que plagan la industria farmacéutica, lo que ha resultado en que la insulina siga siendo muy cara”, dijo a los legisladores en mayo Vishaal Pegany, subsecretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos. Argumentó que los precios altos “han perjudicado directamente a los californianos”.

Newsom indicó a principios de mayo que poner fin a los precios monopólicos de los medicamentos requiere la intervención del estado, y que California puede lograrlo porque con 40 millones de residentes “tiene poder de mercado”.

Pero la Oficina del Analista Legislativo, que es no-partidista, cuestionó si California puede producir sus propios medicamentos y lograr precios de insulina más bajos. Luke Koushmaro, analista fiscal y de políticas de la oficina, advirtió en una audiencia legislativa en mayo que el esfuerzo podría verse obstaculizado por “incertidumbres considerables”, un sentimiento compartido por algunos legisladores demócratas.

La administración Newsom cree que la insulina producida por el estado podría reducir el gasto de algunas aseguradoras en el medicamento hasta en un 70%, ahorros que, se espera, lleguen a los consumidores. Pero “no hay garantía” de que las predicciones de la administración de ahorros dramáticos o de amplia distribución de insulina se materialicen, dijo en la audiencia la representante estatal Blanca Rubio (demócrata de Baldwin Park). “¿Quién va a escribir las recetas para esta insulina mágica?” preguntó. “La esperanza no es una estrategia. No escucho ninguna estrategia sobre cómo estará disponible”.

El precio de la insulina se ha disparado en los últimos años. reveló que el precio de una pluma de insulina de acción prolongada fabricada por Novo Nordisk aumentó un 52% de 2014 a 2019 y que el precio de una pluma de acción rápida de Sanofi se disparó alrededor de un 70%.

La investigación involucró a los fabricantes de medicamentos y administradores de beneficios de farmacias en los aumentos, al señalar que prolongaron los precios artificialmente altos de la insulina.

“Los fabricantes de insulina encendieron la mecha del aumento vertiginoso de los precios al igualar paso a paso las subidas de precios en lugar de competir para reducirlos, mientras que los PBM, actuando como intermediarios de las aseguradoras, avivaron las llamas para obtener una mayor parte de los reembolsos secretos y las tarifas ocultas que negocian”, dijo el senador estadounidense Ron Wyden (demócrata de Oregon).

Al ser contactadas por KHN, las asociaciones comerciales que representan a los fabricantes de medicamentos de marca, los administradores de beneficios de farmacia y las aseguradoras de salud de California se culparon entre sí por el aumento de los precios.

Según el plan de Newsom, las formas genéricas de insulina, conocidas como “biosimilares” porque están hechas con células vivas e imitan los medicamentos de marca en el mercado, estarían ampliamente disponibles para los californianos con y sin seguro.

Si los legisladores aprueban la iniciativa de $100 millones de Newsom este verano, el estado usaría ese dinero para contratar a un fabricante de medicamentos establecido para comenzar a suministrar insulina CalRx, mientras el estado construye su propia planta de manufactura, también en asociación con una farmacéutica.

Actualmente, la administración está negociando con compañías que pueden producir un suministro confiable de insulina bajo un contrato sin licitación, pero no se ha formalizado ninguna asociación. La insulina se etiquetaría con imágenes asociadas con el estado, como “. Y, dijo Pegany, en el etiquetado se podría alardear de que el gobierno estatal entregó la insulina de menor precio a los pacientes.

“Hay una breve lista de personas que incluso competirían por esto”, dijo Ghaly a KHN en mayo. “Vamos a organizar la competencia y conseguir un socio que creemos que entregará no solo lo antes posible, sino algo que creemos que es sostenible”.

En la lista final está Civica Rx, un fabricante de medicamentos sin fines de lucro con sede en Utah. Civica anunció de forma independiente en marzo que se estaba , exactamente lo que busca California. El año pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó , y Civica planea fabricar tres tipos de insulina genérica para competir con las versiones de marca producidas por Eli Lilly and Co., Sanofi y Novo Nordisk.

Allan Coukell, vicepresidente senior de políticas públicas de Civica, indicó a KHN que la farmacéutica ha tenido conversaciones con la administración Newsom y con otros estados.

Civica tiene como objetivo comercializar insulina por cerca del costo de producción, en lugar de cobrar márgenes y obtener ganancias, señaló. Coukell dijo que la compañía planea lanzar insulina biosimilar al mercado por aproximadamente $30 por frasco y $55 por una caja de cinco cartuchos de plumas.

Coukell reconoció que Civica puede que trabaje con los administradores de beneficios de farmacia, que también ayudan a las aseguradoras de salud a determinar qué medicamentos cubrirán, para distribuir el fármaco, pero no espera que eso cause un gran aumento del precio. “Nuestro objetivo es hacer que estas insulinas estén disponibles para cualquier estadounidense que las necesite”, dijo Coukell. “Nuestro objetivo es tener impacto en el mercado, no una cuota de mercado”.

El estado ha mantenido conversaciones con otras empresas, incluida la farmacéutica con fines de lucro del famoso inversionista Mark Cuban, . Esta compañía está construyendo su propia planta, como Civica, pero por ahora vende medicamentos en línea a cualquier persona al costo de venta al por mayor más un margen de beneficio del 15%. El fundador, el doctor Alex Oshmyansky, dijo que las conversaciones de la compañía con California fracasaron al principio, pero que estaría abierto a discusiones futuras. Cuban es el principal inversionista de la empresa, dijo Oshmyansky.

“Estados Unidos es el país más rico en la historia de la humanidad, por lo que es terrible que nuestros ciudadanos no puedan pagar los medicamentos, incluida la insulina, debido a las manipulaciones del mercado”, dijo Oshmyansky.

Para las personas con diabetes como Caudillo, el alivio no llega lo suficientemente rápido. Ella almacena insulina en caso de que ya no pueda pagar un seguro médico y dona más a otras personas que la necesitan.

“Sé lo caro que es cuando no tienes cobertura, y si no eres capaz de pagar, acabarás en el hospital luchando por tu vida”, dijo. “Tu cuerpo se descompone y tus órganos se apagan lentamente. Es muy doloroso. Ningún diabético debería tener que pasar por eso”.

Samantha Young, corresponsal principal de KHN, colaboró con este artículo. 

Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Por lo general, es tarea del gobierno federal defender una ley federal, pero la Administración Trump quiere que ACA, también conocida como Obamacare, se revoque.

Por eso, el fiscal general de California, Xavier Becerra, respaldado por más de 20 estados, defiende la ley contra el desafío presentado hace dos años por una coalición de funcionarios estatales republicanos.

Becerra ha sido uno de los adversarios más formidables de Trump: ha llevado a la administración a los tribunales decenas de veces por sus políticas, que van desde la inmigración y el control de la natalidad hasta el cambio climático. Se le considera uno de los principales contendientes para llenar la vacante del Senado que se abrirá ahora que la senadora por California Kamala Harris ha sido elegida vicepresidenta.

“Tan enérgicamente como un presidente y su administración están luchando para destruir la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, nosotros estamos luchando para salvarla para todos los estadounidenses”, dijo Becerra a los periodistas en una conferencia de prensa el lunes 9.

Si el tribunal anula toda la ley, el impacto se sentiría ampliamente. La ley proporciona seguro médico a más de 23 millones de estadounidenses. Permite a las personas que califican comprar seguros a través de los mercados estatales y el federal, y recibir subsidios.

También ha recomendado  a los estados expandir sus programas de Medicaid a más personas; previene que las compañías de seguros nieguen cobertura a personas con afecciones médicas preexistentes; prohíbe los límites de por vida en la cobertura; agrega beneficios a Medicare; y permite que los hijos permanezcan en los planes de sus padres hasta los 26 años.

El tema central en es la multa fiscal federal por no tener seguro médico, como exige la ley. En 2017, el Congreso liderado por los republicanos redujo esta multa a cero, pero mantuvo intacta al resto de la ley, una medida que, según Becerra y otros expertos en leyes, muestra la intención del Congreso de apoyarla.

Sin embargo, funcionarios estatales republicanos dicen que la pérdida de la penalidad invalida el mandato de tener un seguro, así como toda la ley.

Becerra dijo que es posible que el tribunal determine que los impugnadores no tienen legitimidad para demandar al gobierno porque nadie ha sido perjudicado por una multa que cuesta cero.

Aunque la corte ha ratificado dos veces esta ley, la composición de la corte ha cambiado desde su último fallo sobre ACA en 2015. Desde entonces, Trump ha nombrado a tres jueces conservadores. Dos reemplazaron a otros conservadores, pero Amy Coney Barrett, quien fue confirmada a fines de octubre, ocupa el asiento de un ícono liberal, la jueza Ruth Bader Ginsburg.

Abbe Gluck, directora del Centro Salomón de Derecho y Políticas de Salud de la Escuela de Derecho de Yale, dijo que si el tribunal cree que el requisito del seguro médico es inconstitucional sin la penalidad, debería simplemente declarar inválida esa sección de la ley, pero no anularla por completo.

Pero “he aprendido que nunca se puede predecir lo que sucede en la corte cuando se trata de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio”, dijo Gluck. “Por eso hay más preocupación, porque el estatuto se ha vuelto tan fundamentalmente importante para una quinta parte de nuestra economía y para la atención médica de prácticamente todos los estadounidenses”.

Becerra habló con Samantha Young de California Healthline sobre su defensa del Obamacare y el enorme alcance de la influencia de la ley. La entrevista ha sido editada por extension, y para mayor claridad.

¿Cuáles son las posibilidades de que la Corte Suprema derogue la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio?

Confiamos en que no solo verán la lógica legal detrás de esto, sino también la sabiduría y el éxito práctico de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, lo cual pesa mucho a favor de que los jueces reconozcan no solo que es legal, sino indispensable. Cuando los jueces examinen los fundamentos de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, encontrarán que es constitucional.

La composición de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha cambiado desde la última vez que se pronunció sobre ACA. ¿Por qué cree que estos jueces decidirán de la misma manera?

Eso no debería cambiar el hecho de que los fundamentos de la ley siguen siendo los mismos. Los fundamentos de ACA son sólidos y funcionan. Espero que nueve jueces que revisan la misma ley observen ese precedente.

¿A qué debe prestar atención el público durante los argumentos orales?

Algo interesante de observar es cómo la corte interpreta las acciones tomadas por el Congreso en 2017, cuando aprobaron el proyecto de ley de exención de impuestos y redujeron a cero la tarifa o multa por el mandato individual. Ahora, estamos ante un presidente y al menos una cámara en el Congreso que está preparada para defender la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. ¿Cómo podría considerar el tribunal el hecho de que otro Congreso podría restablecer parte de ese mandato?

¿Cómo se relaciona esto con el argumento legal de que haber reducido a cero el mandato de alguna manera provocó la inconstitucionalidad de toda la ley? Creo que es una cuestión que el tribunal tendrá que examinar.

¿Qué pasará si la Corte Suprema de los Estados Unidos declara inconstitucional la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio?

Volverán las preocupaciones. La atención preventiva de Medicare desaparecería. Los días en que los estadounidenses no tenían que preocuparse por la bancarrota por haber pisado un hospital prácticamente se esfumarían.

Tengo tres hijas. Hubo un tiempo que, como adultas, las tres estaban en nuestra cobertura de atención médica. Eso desaparecería porque la disposición que permite que los hijos adultos menores de 26 años permanezcan en la cobertura de los padres desaparecería. Y podría seguir y seguir.

¿Podrían los estados, incluido California, darse el lujo de intervenir por su cuenta?

No sé si hay algún estado que tenga la capacidad de reemplazar lo que hace la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Es casi imposible. Parte de eso se debe a que no podemos replicar algunas de las cosas que puede hacer el gobierno federal. No tenemos esa jurisdicción federal, no tenemos esa amplitud y profundidad de alcance.

Si el tribunal anula ACA, ¿el Congreso no puede aprobar protecciones parciales que cuenten con el apoyo de los republicanos, como la cobertura de afecciones preexistentes?

Hemos escuchado a los republicanos decir “revocar y reemplazar” durante más de 10 años, y ha sido una retórica vacía desde el principio. Para los padres que tienen hijos con afecciones médicas preexistentes, no es reconfortante que alguien les prometa que reemplazarán un derecho que saben que ahora tienen para que sus hijo vayan al hospital. Y, ¿por qué desecharías eso por una promesa vacía que ya lleva 10 años?

La mayoría de los estadounidenses dirían: sigue construyendo sobre la base de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Mejorémosla, pero no descartemos lo que ha funcionado.

¿Cómo sabe que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio está funcionando?

Mi antiguo distrito congresional en Los Ángeles se encontraba entre los distritos congresionales con más cantidad de personas sin seguro de salud de la nación. En cuestión de años, una vez que entró en vigor la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, la tasa de personas sin seguro en ese distrito se redujo en un 50%. Fue simplemente astronómico.

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio hizo posible que las familias trabajadoras pudieran obtener cobertura y eso es enorme. Ese es el tipo de carga que se quita del alma.

¿Cree que tener a Joe Biden como presidente y a Kamala Harris como vicepresidenta en la Casa Blanca llevará a una mejora en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio?

Como candidato a presidente, Joe Biden dijo que se basaría en el éxito de la presidencia de Obama-Biden y se aseguraría que sigamos aumentando el número de estadounidenses con acceso a una atención médica asequible. Lo bueno es que finalmente tienes a alguien en la parte superior del tótem que dice que lo vamos a mejorar. Por eso esta elección fue tan importante.

Esta historia de fue publicada primero en , un servicio de la .

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A partir del 1 de enero, California se convertirá en el primer estado en ofrecer que ganan demasiado para recibir los créditos fiscales federales que ayudan a los consumidores a comprar cobertura de salud con Covered California, el mercado estatal de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Muchas personas de clase media han tenido dificultades para pagar un seguro de salud, asumiendo el costo total de las primas que pueden superar los $1,000 al mes.

“La ley va a cumplir su objetivo, que es ayudar a aquellas personas que no calificaron para ninguna ayuda cuando deberían haber recibido algo”, dijo Jonathan Edewards, presidente de Citrust Insurance Agency en Pasadena, California. “Esa gente se llevó la peor parte”.

Covered California calcula que casi un millón de californianos podrían calificar para los nuevos fondos estatales.

Además, a partir del próximo año se multará a los residentes si se encuentran sin seguro por más de tres meses, a menos que califiquen para alguna de las .

La sanción será similar a la federal que fue anulada —desde comienzos de este año— por la ley de reforma tributaria federal de 2017. En muchos casos, ascenderá a $695 para un solo adulto y alrededor de $2,000 para una familia de cuatro. Pero para muchos, el impacto económico podría ser sustancialmente mayor.

En California, la fecha límite para inscribirse en Covered California o en el mercado abierto es el 31 de enero, pero si se desea que la cobertura comience el 1 de enero, hay que inscribirse antes del 15 de diciembre.

Algo de los $429 millones disponibles en subsidios estatales en 2020 se destinarán a personas de ingresos bajos y moderados que ganan entre el 200% y el 400% del nivel federal de pobreza, o aproximadamente entre $25,000 y $50,000 para un individuo y entre $51,500 y $103,000 para una familia de cuatro, según las cifras de 2019. Este grupo también califica para créditos fiscales federales. El subsidio estatal promedio por hogar en esta categoría sería de $15 al mes, según cálculos de Covered California.

La mayor parte se destinará a aquellos cuyos ingresos están entre el 400% y el 600% del nivel de pobreza, demasiado altos para la ayuda federal, pero lo suficientemente bajos como para hacer que la atención de salud sea un desafío financiero. Eso es entre $50,000 y $75,000 al año para un individuo y $103,000 a $154,500 para una familia de cuatro. El promedio de asistencia estatal para este grupo será de unos $170 al mes, estimó Peter Lee, director ejecutivo de Covered California.

Por ejemplo, una pareja casada de Sacramento, ambos de 55 años, con un ingreso anual de $80,000, no hubiera calificado para un crédito tributario federal este año y habría tenido que pagar la prima mensual completa de $1,654 por un plan Silver 70 HMO de Blue Shield of California, el segundo nivel más bajo de cobertura. En 2020, la misma pareja pagaría $995 por mes después de un subsidio estatal de $688, un ahorro de $659 por mes, a pesar de un aumento del 1.7% en la prima.

La pareja podría embolsarse esos ahorros, o ascender a un nivel más alto de cobertura con deducibles y copagos más bajos.

Para obtener un estimado de lo que podría ser tu asistencia financiera, visita el sitio web en español de Covered California ) y haz clic en “Buscar y Comparar”. Te pedirán que ingreses tu código postal, el número y las edades de las personas que viven en tu hogar y los ingresos de tu familia.

La herramienta mostrará una lista de planes de salud, cuánto pagarías por mes por cada uno y el monto del subsidio, si lo hubiera, etiquetado como “ahorros mensuales”. Verás un desglose de los dólares estatales frente a los federales.

Pero antes de inscribirte, busca ayuda gratuita de un agente de seguros o consejero de inscripción, que puede guiarte por las complejidades del proceso. Encuentra uno en tu área visitando el sitio web de Covered California y haciendo clic en la pestaña “Busca Ayuda.” También puedes buscar agentes de seguros locales en el sitio web de la National Association of Health Underwriters () bajo “Membership”.

Aviso: Ten cuidado al estimar tus ingresos. Si terminas ganando más de lo que pensabas, es posible que tengas que devolver parte o toda la ayuda financiera.

Ha sido un desafío con los créditos fiscales federales desde que comenzaron a operar los mercados de seguros de salud en 2014.

“Eso ha causado mucho estrés. Este año tengo dos personas que deben unos $20,000”, señaló Larry Pon, un contador público certificado de Redwood City, California.

Es posible que también tengas que devolver parte o la totalidad de la ayuda estatal si tus ingresos exceden tu estimación, pero los detalles de
cuánto tendrías que devolver se están finalizando.

Por otro lado, si ganas menos de lo esperado, puedes reclamar el crédito retroactivamente, ya sea estatal o federal, cuando presentes tus impuestos, pero sólo si estás en un plan de salud con Covered California.

Por lo tanto, si no crees que puedas reunir los requisitos para recibir ayuda financiera, pero piensas que tus ingresos podrían disminuir, o simplemente no estás seguro, considera seriamente la posibilidad de inscribirte en el programa Covered California —aunque no tengas un subsidio inicial— en lugar de comprar un plan en el mercado abierto.

“Yo inscribo a todos en Covered California si hay alguna posibilidad de que sus ingresos disminuyan”, explicó Tom Freker, un agente de seguros con sede en Huntington Beach, California.

Maribeth Shannon y su esposo, residentes de Napa, planean cambiar a Covered California en 2020. Pagan $1,671 de su bolsillo cada mes por un HMO de bronce de Kaiser Permanente que compraron fuera del intercambio, y acaban de enterarse que aumentará a $1,834 en 2020. (Kaiser Health News, que produce California Healthline, no está afiliada a Kaiser Permanente.)

Shannon, de 63 años, está retirada. Su esposo, también de 63 años, trabaja por cuenta propia y sus ingresos fluctúan. Ella piensa que, si él trabaja menos, pueden calificar el año que viene para un subsidio estatal. Él ha estado pensando en reducir sus horas de trabajo gradualmente, “y esto nos ha dado la motivación para acelerar su plan de jubilación”, dijo.

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