Cuando cae la noche y bajan las temperaturas, arma una tienda de campaña y enciende una fogata bajo un grupo de pinos, abetos y cedros.

Evita a las autoridades rotando el uso de tres tiendas de distintos colores en tres campamentos diferentes. Al amanecer, desmonta su refugio, enrolla sus pertenencias y las esconde para la noche siguiente. “No te ven si estás en el bosque”, dijo este hombre de 32 años. “Pero asegúrate de tener todo desmontado por la mañana o te van a encontrar”.

Durante el día, deambula, haciendo paradas en una biblioteca pública para calentarse o en un comedor comunitario para comer. Lo importante es no llamar la atención por no tener hogar.

“La policía quiere que no estorbemos”, dijo, vestido con una chaqueta gris y sin cargar ninguna de sus pertenencias. “Fuera de la vista, fuera de sus mentes”.

Ibrahim ha buscado intencionalmente pasar desapercibido desde agosto, cuando el presidente Donald Trump puso a la policía del distrito y ordenó que soldados de la Guardia Nacional patrullaran las calles. También ordenó el de las personas sin hogar. “No habrá ningún señor amable”, .

La administración Trump argumenta que los operativos para desmantelar campamentos han reducido la visibilidad del problema de personas sin hogar, mejorando así la ciudad. “Es innegable que Washington, D.C., es una ciudad más segura, limpia y hermosa gracias a las acciones históricas del presidente Trump para restaurar la capital del país”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Aunque puede parecer que hay menos personas sin hogar en la capital del país, no han desaparecido.

En entrevistas, personas sin hogar dijeron que cambian de lugar constantemente, escondiéndose a plena vista.

Durante el día, se mantienen en movimiento, comen en comedores comunitarios y descansan de vez en cuando en bibliotecas públicas, bancos de parques o paradas de autobús. Por la noche, muchos duermen en entradas de negocios, aceras de parques y escalinatas de iglesias. Algunos pasan la noche en el autobús, otras se refugian en salas de emergencia, y algunas buscan cobijo en áreas boscosas o se van a suburbios en Virginia o Maryland.

Hay aproximadamente 5.100 personas sin hogar en Washington, D.C., incluyendo aquellas en albergues temporales, según realizado a inicios de 2025. Después de que Trump ordenara la ofensiva contra la falta de vivienda en espacios públicos, las personas que vivían en comunidades improvisadas se dispersaron y ahora viven en las sombras. En agosto, funcionarios de la ciudad estimaron que cerca de 700 personas vivían al aire libre sin tiendas ni ningún tipo de refugio.

Con la llegada del invierno, estas personas están expuestas al clima extremo y se enferman más, ya que afecciones crónicas como la diabetes o enfermedades cardíacas no se tratan. Proveedores de atención médica en la calle afirman que, desde el despliegue de la Guardia Nacional, ha sido sumamente difícil localizar a sus pacientes.

Muchos afectados por los operativos han perdido medicamentos esenciales y son más propensos a faltar a citas médicas porque viven en constante desplazamiento.

Los equipos médicos no logran entregar medicamentos ni transportar a pacientes a sus consultas. Este caos permanente también puede hundir aún más a quienes padecen enfermedades mentales o adicciones, aumentando el riesgo de sobredosis.

Trabajadores sociales reportan las mismas dificultades: cuando pierden el rastro de sus clientes, se rompe la conexión esencial para conseguir documentos clave como identificaciones oficiales o tarjetas del Seguro Social.

Funcionarios del distrito y proveedores de salud advierten que esta cadena de efectos puede empeorar la situación de las personas sin hogar, poner en riesgo la salud pública y la seguridad, y generar costos enormes para el sistema de salud.

“Ya era difícil encontrar a las personas, pero la presencia federal lo empeoró”, dijo la doctora Tobie Smith, médica de atención en la calle y directora ejecutiva de Street Health D.C.

El ir y venir de los sin techo

Chris Jones nació y creció en Washington, D.C., pero ahora vive en la calle, luego de ser desplazado de su tienda de campaña cerca de la Casa Blanca en los primeros días de la ofensiva federal.

Dijo que durante los operativos le confiscaron dos tiendas. Ahora duerme en una acera frente a una iglesia y ya no intenta conseguir otra. “¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Igual la van a tirar a la basura”.

Jones, de 57 años, tiene una lesión grave en la rodilla que a veces le impide caminar y tiene programada una cirugía de reemplazo de rodilla en diciembre. Dice que necesita quedarse en esa zona porque depende de una farmacia cercana para surtir sus medicamentos para el trastorno bipolar, la diabetes y la presión alta. Cuando tiene hambre, va al comedor comunitario o trata de conseguir una hamburguesa con refresco en un local de comida rápida enfrente de donde está.

También se mantiene en ese lugar para que su trabajadora social lo pueda encontrar si se libera una plaza de vivienda permanente. Si hace demasiado frío, cruza la calle y duerme en la entrada de un negocio, que le da un poco más de protección. Quiere estar bajo techo, pero por ahora espera.

Desde que tomó el control de la policía del distrito, la administración Trump sobre ciudades y condados en todo el país para desmantelar campamentos de personas sin hogar, bajo amenaza de arresto, citaciones o detenciones. Ha ordenado o amenazado con desplegar la Guardia Nacional en ciudades con grandes poblaciones sin hogar como Los Ángeles y .

Rogers, la vocera de la Casa Blanca, dijo que el presidente mantiene la presencia de la Guardia Nacional y fuerzas federales del orden en la capital para “garantizar el éxito a largo plazo de la operación federal”.

Desde marzo, funcionarios federales y del distrito han eliminado más de 130 campamentos, según dijo. Sin embargo, algunos expertos en temas de personas sin hogar creen que esa cifra está inflada.

La Corte Suprema facilitó el año pasado que funcionarios y agentes del orden impusieran multas o arrestaran a personas sin hogar por vivir en la calle. Luego, en julio de este año, el presidente emitió una orden ejecutiva que exige una ofensiva nacional contra los campamentos urbanos, incluyendo el desalojo masivo de personas que viven al aire libre y tratamientos forzados para la salud mental o adicciones.

Trump también lidera una reforma de la política federal de vivienda, con planes de para vivienda permanente y servicios para personas sin hogar.

Esta medida limitaría el uso de una política federal conocida como “Primero la Vivienda” (Housing First), que ofrece vivienda sin exigir tratamiento para salud mental o adicciones.

La Alianza Nacional para Terminar con la Falta de Vivienda (National Alliance to End Homelessness) advierte que este cambio podría dejar sin hogar a por lo menos actualmente en viviendas de apoyo permanente. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) suspendió el plan el 8 de diciembre para hacer revisiones, que “piensan” implementar.

Funcionarios del distrito dicen que están cumpliendo con la exigente campaña federal contra las personas sin hogar en espacios públicos. Bajo presión de la Casa Blanca, reconocen haber intensificado la disolución de campamentos. Defensores de personas sin hogar señalan que algunos operativos se han realizado de noche o sin previo aviso.

Líderes locales creen que se podrían hacer de manera más compasiva, ofreciendo servicios y refugio.

“Hemos pasado de permitir campamentos si no afectaban la salud o la seguridad pública, a decir: ‘No los queremos en la calle’”, dijo Wayne Turnage, vicealcalde para Salud y Servicios Humanos del distrito, quien supervisa el desmantelamiento de campamentos. “Es inseguro, insalubre y peligroso”. Sin embargo, reconoce que los operativos pueden desperdiciar recursos públicos, ya que los trabajadores sociales y equipos médicos deben volver a buscar a sus pacientes y clientes.

Defensores afirman que la administración Trump está generando miedo y desconfianza entre personas sin hogar y quienes tratan de ayudarlas, a la vez que malgasta fondos públicos que podrían utilizarse para brindar atención o ubicar a estas personas en viviendas. Eso sí, ahora hay muchas menos tiendas de campaña y campamentos visibles para turistas y residentes.

“Las personas encontraban seguridad en esas comunidades, y los proveedores de servicios podían localizarlas. Ahora hay gente armada y luces que destellan sacando a la fuerza a personas sin hogar sin previo aviso y tirando sus cosas”, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del Centro Nacional de Leyes sobre Personas sin Hogar (National Homelessness Law Center).

Funcionarios del distrito dicen que algunas personas han aceptado ir a refugios de emergencia. Pero incluso mientras la ciudad trata de ampliar la capacidad de albergues y conectar a la gente con servicios, reconoce que no hay suficientes camas ni viviendas permanentes para todos.

Y habrá menos lugares disponibles para quienes viven en la calle.

El presupuesto del distrito para el año fiscal 2026 concentró los fondos para personas sin hogar en las familias, con 336 nuevos vales para viviendas de apoyo permanente.

Sin embargo, se recortó el financiamiento para albergues temporales tanto para familias como para personas solas, y no se asignaron nuevos vales de vivienda permanente para individuos.

Eso significa menos espacios disponibles para adultos solos, que representan la mayoría de quienes deambulan por las calles. No obstante, las autoridades locales señalaron que han incluido 260 nuevas unidades de vivienda permanente para personas sin hogar, ya sean familias o individuos, en sus planes de construcción.

Empeorando la atención médica

La situación ha saturado los comedores comunitarios, como Miriam’s Kitchen en Foggy Bottom. Esta institución local ofrece comidas calientes, asistencia para vivienda y cobijas a personas en situación de necesidad.

Trabajadores sociales dicen que cada vez es más difícil ayudar a los clientes a obtener identificaciones y otros documentos necesarios para servicios sociales y de vivienda.

“Estoy buscando por todos lados, pero no puedo encontrarlos”, dijo Cyria Knight, trabajadora social de Miriam’s Kitchen. “La mayoría de mis clientes se fue a Virginia”.

No está claro cuántas personas se han trasladado a comunidades vecinas en Virginia o Maryland. En enero, antes de la ofensiva de Trump, se estimaba que había unas en la región. Cuatro de los seis condados que rodean Washington vieron un aumento en la falta de vivienda desde 2024, mientras que en el distrito .

“No veo a mis pacientes por un mes o más, y cuando los encuentro, sus enfermedades crónicas están fuera de control. Han entrado y salido de la sala de emergencia, y tienen más probabilidades de ser hospitalizados”, dijo Anna Graham, enfermera especializada en medicina callejera de , una red de clínicas en Washington. “Esto nos hace retroceder”.

El equipo de Graham estaciona su unidad médica móvil afuera de Miriam’s Kitchen durante la hora de la cena para tener más probabilidades de encontrar pacientes.

Willie Taylor, de 63 años, buscaba dónde dormir esa noche tras recibir la cena. Vio a Graham para recibir medicamentos para una enfermedad pulmonar avanzada, convulsiones, dolor crónico y otros padecimientos.

Le cuesta caminar y necesita una silla de ruedas, lo cual es complicado porque no tiene una dirección fija. Sus proveedores médicos dicen que le han robado sillas de ruedas antes mientras dormía en la calle.

Taylor usa un carrito de compras para mantenerse en pie durante el día, caminando sin rumbo hasta que cae la noche.

En una fría noche de noviembre, Graham lo ayudó a organizar sus medicamentos y revisó sus signos vitales. El equipo le dio un abrigo y calentadores de manos antes de que volviera a irse.

Después de caminar unos 45 minutos, encontró un rincón de pavimento en un parque donde pudo armar su cama con lonas y sacos de dormir.

“Mi cuerpo ya no aguanta esto”, dijo Taylor mientras se preparaba para dormir. “Hay hielo en el concreto. Me duele muchísimo más cuando hace frío”.

Las personas sin hogar  y les cuesta más al sistema de salud que quienes tienen vivienda, en gran parte porque no reciben tratamiento en la calle y, cuando buscan atención, suelen ir a la sala de emergencia.

Se estima que, entre las personas inscritas en Medicaid, quienes no tienen hogar generan un gasto anual de $18.764, frente a $7.561 de otros beneficiarios.

Más temprano ese día, en el comedor comunitario So Others Might Eat, Tyree Kelley terminaba su desayuno: un sándwich de salchicha y huevos duros. Estaba considerando ir a un refugio. Dijo que las calles se estaban volviendo demasiado peligrosas, en referencia a la presencia policial y de la Guardia Nacional. Extrañaba la comunidad de su antiguo campamento, que lo ayudaba a mantenerse seguro.

Este año ha ido al hospital al menos siete veces por una fractura en el tobillo tras caer de un scooter eléctrico. El accidente le hizo perder su trabajo y su seguro médico como recolector de basura, contó. Dijo que su situación lo ha hundido en una depresión que comenzó hace tres años, cuando murió su madre.

Después, este año murieron su padre y su hermana. Para adormecer el dolor, comenzó a beber.

“Uno se deprime mucho estando aquí”, dijo Kelley, de 42 años. “Se vuelve adictivo. Empiezas a no preocuparte ni por cambiarte de ropa”.

Esa depresión lo llevó a buscar marihuana. Luego fumó un cigarro mezclado con fentanilo. La sobredosis lo mantuvo en el hospital durante varios días.

“En realidad morí y volví”, dijo, agradeciendo a otras personas sin hogar que le administraron naloxona y le salvaron la vida. “Necesito salir de esto, pero me siento atrapado”.

A unas cuadras al oeste de la Casa Blanca hay un terreno baldío en donde hasta hace poco había más de una docena de tiendas de campaña. Quienes trabajan en la zona perciben lo que ya no se ve.

“Estuve aquí cuando limpiaron todo. Llegó una topadora y tiraron todo a un camión de basura”, dijo Ray Szemborski, quien trabaja frente a ese lote. “Las personas siguen sin hogar. Las sigo viendo debajo del puente. A veces están en las paradas de bus, otras solo caminando. Las tiendas ya no están, pero ellos siguen aquí”.

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Para Taylor Farms, que es uno de los principales proveedores mundiales de ensaladas envasadas y verduras cortadas, esto lo ha convertido en un lugar ideal para implementar un innovador modelo de atención médica para sus empleados.

Este método, que podría llegar a tener gran utilidad en la era de los teléfonos inteligentes, es una aplicación que permite efectuar consultas médicas transfronterizas.

Taylor Farms es uno de los principales clientes de una startup llamada MiSalud, que pone en contacto a los empleados hispanohablantes de la empresa con médicos y terapeutas de salud mental en México.

Estos profesionales no tienen licencia en Estados Unidos y no pueden recetar medicamentos, pero actúan como consejeros de salud, colaborando, si es necesario, con un médico estadounidense.

Amy Taylor, que dirige esta iniciativa de promoción de la salud de la empresa desde 2014 y es la nuera de , dijo que unos 5.600 de los 6.400 empleados de Taylor Farms se han registrado en MiSalud y 2.300 han utilizado la aplicación por lo menos una vez.

El servicio es gratuito para los empleados y hasta tres miembros de su familia.

Amy Taylor explicó que la empresa espera que la aplicación, que forma parte de un programa de bienestar más amplio, pueda ayudar a los empleados a mantenerse saludables y, al mismo tiempo, controlar tanto los gastos de la atención médica como otros costos laborales.

Está previsto realizar una evaluación completa de este programa una vez que haya estado en funcionamiento dos años.

La salud de estos trabajadores es una de las principales preocupaciones de la economía agrícola del estado.

Un , dirigido por investigadores de la Universidad de California-Merced, evaluó la salud de más de 1.200 trabajadores agrícolas y descubrió que el 37% de los hombres y el 47% de las mujeres informaron que padecían al menos una enfermedad crónica, incluidas afecciones comunes como diabetes, hipertensión y ansiedad.

Taylor explicó que los empleados de la empresa, que abarcan desde trabajadores del campo y choferes hasta personal de empaque y empleados de oficina, tienen los mismos problemas que los participantes del estudio. Destacó que las principales preocupaciones de salud entre los trabajadores incluyen la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la salud mental.

“Estas son las personas que alimentan a Estados Unidos con comida saludable”, dijo Taylor refiriéndose a los trabajadores de la compañía: “También deberían estar sanos”.

MiSalud fue resultado de la inspiración de Bismarck Lepe, un emprendedor de múltiples proyectos, graduado de la Universidad de Stanford, que proviene de una familia de trabajadores agrícolas migrantes.

Hasta los 6 años, cuando finalmente se estableció en Oxnard, California, toda la familia Lepe viajaba entre México, California y el estado de Washington para cosechar fruta.

Lepe observó que tanto su familia como los amigos a menudo retrasaban la atención médica hasta que podían regresar a México. El sistema de salud estadounidense les resultaba demasiado complicado y el seguro demasiado costoso o de difícil acceso.

“Mi madre sigue prefiriendo recibir atención médica en México”, dijo Lepe. “Para ella es más sencillo”.

Lepe y las cofundadoras Wendy Johansson y Cindy Blanco Ochoa lanzaron MiSalud Health en 2021 con $5 millones de un fondo de capital de riesgo respaldado por Pivotal Ventures, la firma de Melinda French Gates que se enfoca en inversiones de impacto social. Desde entonces, han sumado dos nuevos inversores, Samsung Next y Ulu Ventures.

MiSalud comenzó ofreciendo consultas con médicos mexicanos para las personas que descargaban la aplicación, contó Johansson.

Pero los que podían bajar la aplicación y registrarse por sí mismos no eran, en última instancia, los que más la necesitaban. Por eso, en 2023, la compañía dio un giro para ofrecer su servicio a las empresas como beneficio para los empleados. (Aunque los individuos también pueden seguir utilizándolo).

Además de Taylor Farms, MiSalud tiene entre sus clientes a la ciudad de Lynwood, en California, y a otra docena de empresas. La compañía asegura que casi el 40% de los empleados atendidos por su plataforma admiten que, sin la aplicación, hubieran ignorado sus problemas de salud o hubieran esperado hasta viajar a México para buscar atención médica.

Paul Brown, profesor de economía de la salud de la UC-Merced, colaboró en la investigación sobre el estado físico y  mental de los trabajadores agrícolas que efectuó la universidad. Advirtió que las consultas de telemedicina no sustituyen adecuadamente la atención presencial de un médico de atención primaria o un especialista.

Sin embargo, agregó: “En la medida en que este tipo de programas puedan conectar a las personas con una atención más estándar, son beneficiosos”.

Brown comentó que el enfoque de MiSalud podría ser más eficaz si se modificaran las políticas para permitir que los médicos mexicanos puedan atender a pacientes en Estados Unidos con más facilidad.

Un programa de California iniciado en 2002 permite que los médicos mexicanos viajen al Valle de Salinas y a otras comunidades con gran presencia de población latina para atender pacientes, pero la telemedicina transfronteriza, incluso , sigue siendo limitada.

Aun así, los empleados de Taylor Farms afirman que la aplicación ha sido útil. Rosa “Rosita” Flores, supervisora de línea de las operaciones minoristas de la empresa, dijo que decidió probar MiSalud después que sus compañeros de trabajo le hablaran bien de la aplicación.

En una reciente feria de bienestar de la empresa, patrocinada en parte por MiSalud, le hicieron notar la importancia de monitorear sus niveles de azúcar en sangre y la presión arterial, por lo que reservó una cita en la aplicación para hablar del tema.

“La aplicación es muy fácil de usar”, dijo. Cuando tuvo que cancelar una videollamada porque su hija se enfermó, los asesores de salud hicieron el seguimiento por mensaje de texto.

Los defensores de la medicina transfronteriza afirman que este enfoque ayuda a salvar las barreras lingüísticas y culturales en la atención médica.

En el país, casi la mitad de los inmigrantes —de los cuales aproximadamente dos tercios son hispanohablantes nativos— tienen , y las investigaciones han demostrado muchas veces que las barreras lingüísticas a menudo disuaden a las personas de buscar atención médica.

Por ejemplo, Alfredo Álvarez, asesor de salud de MiSalud que es médico certificado en México, mencionó la creencia en el “mal de ojo”, la idea de que una mirada envidiosa o celosa de una persona puede causar daño, especialmente a los niños.

Un médico estadounidense podría descartar esa idea, pero Álvarez la comprende.

“Esto no es raro aquí”, dijo refiriéndose a  México. “Es una creencia de la medicina tradicional”.

No es que Álvarez anime a sus los usuarios de la aplicación a pasar un huevo por encima del niño o a hacer que el niño lleve una pulsera especial, formas tradicionales de “diagnosticar” y tratar el mal de ojo. Más bien, reconoce sus tradiciones y los orienta hacia la medicina basada en la evidencia.

Los asesores de MiSalud también pueden intentar romper con estereotipos.

Por ejemplo, Álvarez dijo que la arraigada cultura machista de México puede traducirse en la idea de que “los hombres no van al médico”. Mientras tanto, agregó, las mujeres pueden descuidar su salud porque priorizan las necesidades de otros miembros de la familia.

Los asesores también intentan eliminar al estigma que rodea a la búsqueda de tratamiento de salud mental. “Muchos de nuestros ‘socios’ se han sentido extremadamente incómodos o recelosos ante los profesionales de salud mental”, dijo Rubén Benavides Crespo, asesor de MiSalud en este campo y psicólogo titulado en México.

La aplicación intenta romper el hielo facilitando la reserva de las consultas de asesoramiento y haciendo preguntas del estilo de si alguien tiene problemas para dormir, en lugar de invocar términos más preocupantes o potencialmente estigmatizantes como ansiedad o depresión.

Los representantes de MiSalud informaron que la aplicación experimentó un aumento del 50% en las solicitudes de apoyo para la salud mental tras las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, una solicitud más común es el asesoramiento para el duelo, a menudo tras la pérdida de un ser querido.

“La pérdida requiere adaptación”, señaló Benavides.

Para Sam Chaidez, director de operaciones de una planta de Taylor Farms en Gonzales, California, MiSalud es un apoyo adicional para el control de peso.

Hijo de trabajadores del campo, Chaidez se graduó en la Universidad de California en Davis y regresó al Valle de Salinas para trabajar en la empresa en 2007.

En 2019, Chaidez, que acababa de ser padre, empezó a comprender el riesgo de padecer diabetes y otros problemas de salud gracias al programa de bienestar de Taylor Farms. A partir de la dieta y el ejercicio y, más recientemente, al asesoramiento de MiSalud, Chaidez ha perdido 150 libras (68 kilos).

Ahora anima a sus compañeros de trabajo a caminar con él a la hora de comer, y atribuye a los asesores de MiSalud el mérito de haberlo ayudado a no recuperar el peso perdido y a mantenerse sano. “Ha sido una gran ayuda”, señaló.

Este artículo fue producido por ºÚÁϳԹÏÍø News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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La llegada del monitor continuo de glucosa (MCG) hizo que eso ya no fuera necesario. El pequeño dispositivo, que normalmente se coloca en el brazo, tiene un sensor bajo la piel que envía lecturas a una aplicación en un teléfono u otro dispositivo inalámbrico. La aplicación muestra los niveles de azúcar en sangre en un instante, y emite una alarma cuando están fuera del rango normal.

Un nivel de azúcar en sangre demasiado alto podría requerir una dosis de insulina —con una inyección o solo tocando un botón en una bomba de insulina— para evitar complicaciones potencialmente mortales, como la pérdida del conocimiento. Un sorbo de jugo podría solucionar un nivel muy bajo de azúcar en sangre, previniendo problemas como mareos y convulsiones.

En las escuelas, los maestros están atentos a las alarmas de los MCG de los teléfonos de los alumnos. Sin embargo, muchos dicen que no hay garantía de que un maestro escuche una alarma en un aula ruidosa, y que les corresponde a ellos como padres garantizar la seguridad de sus hijos, supervisando ellos mismos la aplicación, aunque no puedan ponerse en contacto rápidamente.

Los padres dicen que las enfermeras escolares y el personal administrativo deberían supervisar de forma remota las aplicaciones de MCG, asegurándose de que alguien esté atento incluso cuando el estudiante esté fuera del aula, en el recreo, en un comedor ruidoso o en una excursión.

Pero muchas escuelas se han resistido, argumentando escasez de personal y preocupación por la fiabilidad de internet y los problemas técnicos con los dispositivos.

“La gente del distrito [escolar] no entiende la enfermedad, y no entiende la urgencia”, dijo Julie Calidonio, de Lutz, Florida.

El hijo de Calidonio, Luke, de 12 años, usa un MCG, pero ha recibido poco apoyo de su escuela, según la madre: nadie escuchaba la alarma o intervenía si su nivel de azúcar en sangre bajaba a niveles críticos.

“¿Por qué tenemos esta tecnología que está diseñada para prevenir daños y no la utilizamos?”, preguntó.

Corey Dierdorff, vocera del Distrito Escolar del condado de Pasco, donde Luke va a la escuela, dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News que el personal reacciona cuando escuchan que el MCG de un estudiante emite una alerta. Cuando se le preguntó por qué el distrito no acepta que el personal supervise las alarmas de forma remota, dijo que duda de la eficacia de internet.

En septiembre, Calidonio presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia contra el distrito, alegando que su incapacidad para supervisar los dispositivos viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), que exige a las escuelas adaptarse para ayudar a los estudiantes que viven con diabetes, entre otras afecciones. Todavía está a la espera de una decisión.

La denuncia ocurrió unos cuatro años después que la fiscalía federal de Connecticut determinara que supervisar el MCG de un alumno en la escuela era una “adaptación razonable” bajo ADA. Esa determinación se tomó después que cuatro estudiantes presentaran denuncias contra cuatro distritos escolares de Connecticut.

“Luchamos y ganamos esta batalla”, dijo Jonathan Chappell, uno de los dos abogados que presentaron las denuncias en Connecticut. Pero la decisión aún no ha impactado en estudiantes en otros estados, agregó.

Chappell y Bonnie Roswig, abogada y directora de la organización sin fines de lucro Center for Children’s Advocacy Disability Rights Project, explicaron que han escuchado de padres en 40 estados que tienen problemas para que las escuelas monitoreen de manera remota los MCG de sus hijos.

Expertos en salud afirman que, en la actualidad, la mayoría de las aproximadamente 300.000 personas menores de 20 años con diabetes tipo 1 en Estados Unidos utilizan MCG. También conocida como diabetes juvenil, es una enfermedad autoinmune que suele diagnosticarse en la primera infancia y que se trata con insulina diaria para ayudar a regular el azúcar en sangre.

(Los MCG también se utilizan en casos de diabetes tipo 2, una afección diferente vinculada a factores de riesgo como la dieta y el ejercicio que afecta a millones de personas, incluyendo un número creciente de niños, aunque por lo general no se diagnostica hasta principios de la adolescencia. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 no utilizan insulina).

Los estudiantes que viven con diabetes, u otra afección o discapacidad, suelen tener un plan de salud desarrollado por su médico, que funciona con otro aprobado por la escuela para tener el apoyo que necesitan. Detalla adaptaciones necesarias, como permitir que un niño coma en el aula o asegurarse que el personal esté capacitado para controlar la glucosa o administrar una inyección de insulina.

Para los niños con diabetes tipo 1, el plan suele incluir monitorear los MCG varias veces al día y responder a las alarmas, indicó Roswig.

Lynn Nelson, presidenta electa de la National Association of School Nurses, dijo que cuando los médicos y los padres consideran que un estudiante necesita que su MCG sea monitoreado de forma remota, la escuela está obligada, bajo ADA, a satisfacer esa necesidad. “Es un requisito legal y es lo correcto”.

Nelson, que también gestiona programas de enfermería escolar en el estado de Washington, señaló que las escuelas a menudo deben equilibrar las necesidades de los estudiantes con la disponibilidad de personal.

“Hay verdaderos desafíos en materia de personal, pero eso significa que las escuelas tienen que hacer todo lo posible, y más, por ayudar a cada estudiante”, afirmó.

Henry Rodríguez, endocrinólogo pediátrico de la Universidad del Sur de Florida y vocero de la American Diabetes Association, dijo que este monitoreo puede ser un reto para las escuelas. Aunque abogan para que cada niño reciba lo que necesita para controlar su diabetes en la escuela, según Rodríguez, las escuelas pueden verse limitadas por la falta de personal de apoyo, incluidas enfermeras.

El año pasado, la asociación actualizó su política sobre los MCG estableciendo que “los distritos escolares deben eliminar las barreras para que las enfermeras escolares o el personal escolar capacitado monitoree los MCG de manera remota, si esto es médicamente necesario para el estudiante”.

En San Diego, Taylor Inman, neumonóloga infantil, dijo que su hija Ruby, de 8 años, recibió poca ayuda de su escuela pública después que le diagnosticaran diabetes tipo 1 y empezara a usar uno de estos dispositivos.

Contó que las alertas del teléfono de Ruby a menudo no se escuchaban fuera del aula, y que no siempre podía comunicarse con alguien para asegurarse de que Ruby reaccionaba cuando sus niveles de azúcar en sangre se volvían anormales.

“Seguimos pidiendo a la escuela que siguiera el MCG de mi hija y nos dijeron que no estaban autorizados a hacerlo”, afirmó.

En un memorando de 2020 enviado a las enfermeras escolares, que sigue vigente, Howard Taras, asesor médico del Distrito Escolar Unificado de San Diego, comunicó que si el médico de un estudiante recomienda el monitoreo remoto, debe hacerlo un padre o personal del consultorio del médico.

Las alarmas del MCG pueden ser “perturbadoras para la educación del estudiante, para los compañeros de clase y para los miembros del personal con otras responsabilidades”, escribió Taras.

Susan Barndollar, directora ejecutiva de enfermería y bienestar del distrito aseguró en un comunicado que el problema con la supervisión remota es que el personal de la oficina de la escuela que la realiza puede no saber dónde está el estudiante para asistirlo rápidamente.

Inman dijo que el año pasado pagaron $20.000 por un perro de apoyo para la diabetes entrenado para detectar niveles altos o bajos de azúcar en sangre y luego transfirieron a Ruby a una escuela privada que rastrea de forma remota su MCG.

“Su nivel de azúcar en sangre está mejor controlado, ya no está asustada ni estresada y puede concentrarse en aprender”, dijo Inman. “Está feliz de ir a la escuela y está progresando mucho”.

Algunas escuelas han cambiado sus políticas. Durante más de un año, varios padres presionaron a las escuelas públicas del condado de Loudoun, en el norte de Virginia, para que las enfermeras escolares siguieran las alertas del MCG desde sus propios dispositivos inalámbricos.

La junta del distrito aprobó el cambio, que entró en vigencia en agosto y afecta a cerca de 100 de los más de 80.000 estudiantes del distrito.

Antes, Lauren Valentine recibía alertas del MCG de su hijo Leo, de 8 años, y llamaba su escuela, en el condado de Loudoun, sin saber si alguien estaba tomando medidas. Valentine dijo que la enfermera del colegio ahora controla el azúcar en sangre de Leo desde un iPad en la clínica.

“Le quita la responsabilidad a mi hijo y la presión al maestro”, afirmó. “Y nos da tranquilidad que las enfermeras de la clínica escolar sepan lo que está pasando”.

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Así que cuando esta profesora de la Universidad de Carolina del Norte-Charlotte se enteró de que Ozempic —desarrollado para tratar la diabetes tipo 2— ayudaba a las personas a perder peso, y mantenerlo, Blanchard supo que tenía que probarlo.

El seguro de salud para empleados estatales inicialmente cubrió la receta, y Blanchard solo tuvo un copago de $25. Dijo que en los siguientes siete meses perdió 45 libras y bajó su presión arterial y su nivel de colesterol.

Sin embargo, los beneficios más significativos fueron psicológicos.

“Paró el ruido que hacía la comida en en mi cabeza, alivió mi ansiedad, y dejé de beber como un pez”, dijo Blanchard, quien ahora tiene 60 años. “Ahora tomo una copa de vino y ya”.

Sin embargo, Carolina del Norte tuvo un shock al ver que Blanchard bajaba de peso y miles de otros empleados en el mismo seguro de salud estatal, que cubre a 76.000 empleados de 178 agencias, más a sus dependientes, intentaban hacer lo mismo.

Ozempic, y otros medicamentos similares, representaron el 10% del gasto anual en medicinas recetadas del seguro estatal, según una hoja informativa del Plan de Salud de Carolina del Norte. El tesorero estatal proyectó que esta clase de medicamentos costaría al estado , y los costos aumentarían a más de $1,000 millones en los próximos seis.

“Esto supera la cantidad que el Plan de Salud del Estado gasta en medicamentos para el cáncer, la artritis reumatoide y la quimioterapia”, dijo el en una declaración en marzo.

La junta de fideicomisarios del plan de salud eliminó la cobertura de esta clase de medicamentos para la pérdida de peso a partir de abril. El plan continúa cubriendo el fármaco para el manejo de la diabetes tipo 2.

Pero, en un giro de los acontecimientos en agosto, otra parte del gobierno de Carolina del Norte permitió que el programa de Medicaid comenzara a cubrir estos medicamentos para la pérdida de peso, no solo para la diabetes, para los residentes más pobres del estado, que están desproporcionadamente afectados por la obesidad y enfermedades relacionadas. En el estado, Medicaid cubre a más de 2 millones de personas.

Ahora, la administración saliente de Biden quiere seguir su ejemplo: el 26 de noviembre propuso que el gobierno federal cubra los medicamentos para tratar la obesidad en pacientes de Medicaid en todo el país, sumándose a los pacientes de Medicare que ya pueden utilizarlos.

A pesar de esto, el cambio en la cobertura en Carolina del Norte dejó a empleados estatales como Blanchard enfrentándose a una dura elección: dejar de tomar lo que ella considera un medicamento milagroso o pagar hasta $1,200 de su bolsillo cada mes.

“Saben que las dietas no funcionan a largo plazo para la pérdida de peso, sin embargo, están negando la cobertura de un medicamento que ha sido efectivo”, dijo Blanchard. “Resalta una mentalidad orientada a las ganancias, más enfocada en ahorrar costos que en priorizar la salud de los pacientes”.

El cambio en la cobertura destaca preocupaciones sobre el costo de estos medicamentos y las preguntas sobre si las aseguradoras deben cubrirlos.

Varios otros estados también están tratando de controlar el costo de estos medicamentos. West Virginia para cubrir a sus empleados estatales. En Connecticut, los empleados estatales a los que se les han recetado estos medicamentos de manejo del estilo de vida.

Los altos precios también han suscitado preocupaciones sobre el costo para programas de salud financiados por los contribuyentes, como Medicare.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) estimaron que la cobertura bajo la propuesta de Biden costaría alrededor de $40,000 millones en 10 años, incluyendo un costo adicional de $3,800 millones para los estados.

Sin embargo, el requisito no entraría en vigencia hasta después que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero, dándole a su administración la oportunidad de cambiarlo.

Los medicamentos agonistas GLP-1, conocidos por los nombres comerciales Ozempic, Trulicity y Wegovy, han demostrado ser efectivos para la pérdida de peso y para el manejo de la diabetes tipo 2. Funcionan desencadenando la liberación de insulina por el páncreas, ralentizando el vaciado del estómago, aumentando el nivel de saciedad y regulando el apetito al enviar señales al cerebro para indicar que el cuerpo está satisfecho.

Sin embargo, los pacientes suelen necesitar seguir tomando estos medicamentos para mantener la pérdida de peso, lo que implica costos a largo plazo.

En ensayos clínicos, los pacientes que tomaron Ozempic también mostraron reducciones significativas en problemas como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, incluso aquellos sin diabetes o antes de comenzar a perder peso, dijo , cardiólogo e investigador de la Universidad de Duke.

Hacer que estos medicamentos estén disponibles a través de Medicaid es un interés financiero a largo plazo para el estado, dijo Kody Kinsley, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. A diferencia de los planes privados o de empleadores, Medicaid recibe generosos descuentos en este tipo de medicamentos, reduciendo significativamente el costo, explicó.

Apodando a Carolina del Norte “el cinturón de la barbacoa,” Kinsley señaló que la tasa de obesidad del estado supera el promedio nacional. El último en la Universidad de Chicago mostró que el 45% de los adultos en el estado tenían un índice de masa corporal superior a 30, el umbral para la obesidad clínica, en comparación con el 42% a nivel nacional. Para los adultos negros no hispanos en el estado, esa cifra era del 55%.

Además, Kinsley dijo que, siendo Medicaid el principal pagador del cuidado a largo plazo, cubrir estos medicamentos ayuda a reducir la necesidad de atención en hogares de adultos mayores, a menudo impulsada por enfermedades crónicas mal manejadas.

“Estamos tratando de invertir nuestros recursos donde reduzcan costos a largo plazo”, afirmó. “Gasto casi mil millones de dólares al año en enfermedades relacionadas con la obesidad. Si puedo reducir ese gasto incluso en un 1%, estos medicamentos son lo más lógico”.

Pero, ¿qué pasa con las personas que no están en Medicaid? Shah, de Duke, dijo que el sistema de salud de Estados Unidos necesita eliminar las barreras que dificultan la obtención de estos medicamentos. Además de hacer que los medicamentos sean más asequibles, agregó, debería alentarse el uso de medicamentos para la pérdida de peso y el tratamiento de la obesidad como una enfermedad crónica, en lugar de estigmatizarla como un fracaso moral.

“Ya sea el costo del medicamento, las condiciones que requieren la aprobación del pagador, la cobertura médica del paciente o la inaccesibilidad de un plan que cubriría la pérdida de peso, hay barreras reales en nuestro sistema de salud”, explicó Shah.

Melissa Jones, médica de familia de Charlotte, dijo que a menudo ha observado un sesgo contra las personas en su práctica de manejo del peso cuando intentan que los seguros privados cubran estos medicamentos.

“No hay vergüenza en decir ‘tengo presión arterial alta’ o ‘heredé esta condición de mi familia,’” comentó Jones. “Pero, por alguna razón, hay vergüenza en decir, ‘Lucho con mi peso’”.

Aunque Blanchard ya no puede obtener la cobertura de Ozempic como empleada estatal, un médico de atención personalizada le recetó una versión del medicamento anti-obesidad producido en una farmacia de compuestos, disponible por ahora debido a la escasez de las versiones de marca. Aunque cree que es menos efectivo, paga $225 al mes por ella.

“Puedo manejar eso”, dijo.

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Ahora, mientras los demócratas reconstruyen su candidatura presidencial a pocos meses de las elecciones, se esperaría que, de ser la nueva nominada, Harris adoptase una postura agresiva en apoyo al acceso al aborto, atacando al ex presidente Donald Trump en un tema que podría socavar sus posibilidades de victoria.

Biden respaldó a Harris el domingo 21 de julio cuando anunció su decisión de retirarse de la contienda.

Aunque Biden buscaba mantener el aborto como tema central de su campaña de reelección, defensores seguían teniendo dudas de que el presidente, un católico practicante que ha dicho que no es , pudiera ser un abanderado efectivo. Especialmente mientras los esfuerzos republicanos erosionan el acceso al aborto y otros servicios de salud para mujeres en todo el país.

Por otro lado, Harris se convirtió en la primera vicepresidenta en visitar una clínica operada por Planned Parenthood Federation of America. Emprendió una gira nacional centrada en los derechos reproductivos. Y cuando el senador JD Vance de Ohio fue nombrado compañero de fórmula de Trump, Harris utilizó su siguiente mitín de campaña para criticarlo por bloquear protecciones para la fertilización in vitro.

“Lo más significativo es que Harris sería el rostro del impulso para proteger el derecho al aborto”, dijo Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud en KFF, organización sin fines de lucro de información de salud de la que ºÚÁϳԹÏÍø News es parte, en una entrevista antes de que Biden se retirara. “El acceso al aborto probablemente sería el tema central en su campaña”.

Una postura firme sobre el aborto no es el único gran contraste con el Partido Republicano (GOP) que ofrece Harris: tiene un gran conocimiento en política de salud. De niña, a menudo acompañaba a su madre al laboratorio donde trabajaba los fines de semana, como investigadora del cáncer de mama.

Durante su campaña presidencial en 2019, apoyó el “Medicare para Todos”, una propuesta de seguro de pagador único, que estableció sus credenciales como una voz más progresista en políticas de salud. Y como fiscal general de California, luchó contra la consolidación en la industria de la salud debido a la preocupación de que esto aumentaría los precios.

En abril, defendió una norma de la administración Biden que establece niveles mínimos de personal en los hogares de adultos mayores financiados con fondos federales.

“Se merece crédito, ha hablado de estos temas en la campaña. No veo ningún cambio en las prioridades sobre lo que los demócratas quieren hacer en salud si ella se convierte en la nominada”, dijo , vicepresidenta de McDermott + Consulting.

Un enfoque intensificado en la salud de la mujer y el aborto podría ayudar a consolidar a los votantes demócratas en la recta final hacia las elecciones.

Desde que en 2022 los tres jueces de la Corte Suprema nombrados por Trump ayudaron a derogar Roe vs. Wade, la opinión pública se ha vuelto en contra de los republicanos en el tema del aborto, incluso contribuyendo a un en las elecciones intermedias de ese año.

El 32% de los votantes dijeron que solo votarían por un candidato para un cargo importante que compartiera sus opiniones sobre el aborto, según realizada en mayo. Ese es un récord alto desde que Gallup hizo la pregunta por primera vez en 1992. Casi el doble de votantes que apoyan el aborto, en comparación con aquellos que se oponen al aborto, tienen esa opinión.

El 63% de los adultos dijeron que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según una encuesta realizada en abril por el . El 36% dijo que debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos.

Mientras tanto, los republicanos han estado ansiosos por de su propia victoria en este tema. Trump enfureció a algunos miembros de su base al decir que dejaría las decisiones sobre el aborto a los estados.

Sin embargo, defensores advierten que la nueva moderación por omisión del GOP en el tema enmascara su postura real, más extrema. Vance ha sido claro en el pasado sobre su apoyo a una prohibición nacional del aborto.

Y aunque la plataforma del GOP adoptada durante la convención del partido hace pocos días puede no pedir explícitamente una , el reconocimiento de los líderes del partido de la , la idea de que tan pronto como se fertiliza un óvulo se convierte en una persona con todos los derechos legales, crearía una prohibición automáticamente si la Corte Suprema la encontrara constitucional.

Esas opiniones contrastan con las de muchos republicanos, especialmente mujeres. Alrededor de la mitad de las votantes republicanas creen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según reciente de KFF.

Y la mayoría de las mujeres que votan por el Partido Republicano creen que el aborto debería ser legal en casos de violación, incesto o una emergencia durante el embarazo.

Si Harris encabeza la candidatura, se esperaría que enfatice esos temas en los próximos meses.

“Ha sido uno de los temas principales, si no el principal, que ha remarcado en el último año o dos”, dijo Matthew Baum, profesor Marvin Kalb de comunicaciones globales en la Universidad de Harvard. “Claramente, los republicanos están tratando de desactivar el tema. Ha sido un desastre para ellos”.

Es probable, sin embargo, que los republicanos presenten las opiniones de Harris sobre el aborto como extremistas. Durante el debate presidencial contra Biden, Trump que los demócratas apoyan los abortos tardíos en el embarazo, “incluso después del nacimiento”.

Poco después que se diera la noticia de que Biden había respaldado a Harris, Susan B. Anthony Pro-Life America emitió un comunicado criticando el historial de Harris y ofreciendo una muestra de lo que está por venir. “Mientras Joe Biden tiene problemas para decir la palabra aborto, Kamala Harris la grita”, dijo Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo.

Algunos encuestadores han dicho que Harris tendrá que hacer más que simplemente hacer campaña contra los esfuerzos republicanos para revertir el acceso al aborto para realmente motivar a los votantes: temas como la inflación, la economía y la inmigración, están compitiendo por atención.

“Tiene que decir que está luchando por una ley federal que restablezca Roe vs. Wade”, dijo Robert Blendon, profesor emérito de salud pública en la Universidad de Harvard. “Necesita algo muy específico y claro”.

La elevación de Harris a la cima de la candidatura llegaría en un momento crítico en la lucha por los derechos reproductivos.

La Corte Suprema escuchó dos casos de aborto en el término que acaba de finalizar. Pero los jueces no abordaron los méritos de los temas en ninguno de los casos, fallando en su lugar sobre cuestiones técnicas. Se espera que ambos regresen a la Corte Suprema tan pronto como el próximo año.

Harris también tendría una considerable libertad para hablar sobre lo que se considera los principales logros de la política de salud de la administración Biden.

Estos incluyen en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo precio (ACA) destinados a ayudar a los consumidores a obtener seguro de salud, que se extendieron, a través de la Ley de Reducción de la Inflación, hasta 2025, el límite mensual de que algunos pacientes pagan por la insulina, y la negociación de .

“Creo que está bien posicionada. Harris es parte central de la administración y podrá atribuirse el mérito de esas cosas”, dijo Dan Mendelson, CEO de , una subsidiaria de J.P. Morgan Chase.

Dicho esto, puede ser difícil para cualquier candidato lograr que los votantes se enfoquen en algunos de esos logros, especialmente en los esfuerzos relacionados con los precios de los medicamentos.

Aunque la administración ha tomado algunos pasos importantes, “nuevos medicamentos costosos siguen saliendo al mercado”, dijo Mendelson. “Así que si miras la percepción de los consumidores, no creen que el costo de los medicamentos esté bajando”.

Joseph Antos, del American Enterprise Institute, dijo que es probable que Harris diga que la administración Biden-Harris “ya le está ahorrando dinero a la gente” en insulina. Pero tendrá que ir más allá de estos logros y redoblar sus esfuerzos en los precios de los medicamentos y otros temas de costo, no hablar únicamente sobre derechos reproductivos.

“Tiene que concentrarse, si quiere ganar, en temas que tengan un amplio atractivo”, dijo Antos. “El costo es uno y el acceso a tratamientos es otro gran tema”.

Samantha Young de ºÚÁϳԹÏÍø News contribuyó con este informe.

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Sin Ozempic o un medicamento similar, Cooper Harris sufre desmayos, se cansa demasiado para cuidar a sus nietos y lucha por ganar dinero extra haciendo trenzas. Marcus Harris, que es cocinero en Waffle House, necesita Trulicity para evitar que sus piernas y pies se hinchen y se hagan moretones.

La médica de la pareja ha intentado recetarles medicamentos similares, que imitan una hormona que suprime el apetito y controla el azúcar en sangre al aumentar la producción de insulina. Pero no suele haber stock de estas drogas. Otras veces, el plan médico que tienen a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) les impone un largo proceso de aprobación o un costo de bolsillo que no pueden pagar.

“Es como si tuviera que saltar obstáculos para vivir”, dijo Cooper Harris, de 46 años, residente de Covington, Georgia, al este de Atlanta.

La escasez de suministros y las barreras que ponen las aseguradoras para obtener esta poderosa clase de medicamentos, llamados agonistas de GLP-1, han dejado a muchas personas que viven con diabetes y obesidad sin los medicamentos que necesitan para mantenerse saludables.

Una de las raíces del problema es el precio muy establecido por las farmacéuticas que fabrican estos medicamentos. Alrededor del 54% de los adultos que habían tomado un medicamento GLP-1, incluidos aquellos con seguro, dijeron que el costo era “difícil” de pagar, según los resultados de publicada este mes.

Pero los más afectados son los pacientes con ingresos más bajos: personas con pocos recursos que luchan por ver a los médicos y comprar alimentos saludables.

En Estados Unidos, Novo Nordisk cobra alrededor de $1,000 por un suministro mensual de Ozempic, y Eli Lilly cobra una cantidad similar por Mounjaro. Los precios de un suministro mensual de diferentes medicamentos GLP-1 varían antes de la cobertura de la aseguradora, según el Peterson-ºÚÁϳԹÏÍø System Tracker.

El gasto de Medicare en tres populares medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso —Ozempic, Rybelsus y Mounjaro— alcanzó los $5.7 mil millones en 2022, frente a los $57 millones en 2018, según .

El precio tiene “el potencial de llevar a la quiebra a Medicare, Medicaid y todo nuestro sistema de salud”, escribió el senador Bernie Sanders (independiente de Vermont), presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de EE.UU., en una carta a Novo Nordisk en abril.

Los precios altos también significan que no todos los que necesitan los medicamentos pueden obtenerlos. “Ya están en desventaja de múltiples maneras y esta es solo una más”, dijo Wedad Rahman, endocrinóloga de Piedmont Healthcare en Conyers, en Georgia. Muchos de los pacientes de Rahman, incluidos los Cooper Harris, están desatendidos, tienen planes de salud con deducibles altos o están en programas de asistencia pública como Medicaid o Medicare.

Muchos fabricantes de medicamentos tienen programas que ayudan a los pacientes a comenzar y mantenerse en tratamientos con medicamentos por poco o ningún costo. Pero esos programas no han sido confiables para drogas como Ozempic y Trulicity debido a la escasez de suministros. Y los requisitos de muchos aseguradoras, que los pacientes reciban o primero intenten con medicamentos menos costosos, suman demoras en la atención.

Para cuando muchos de los pacientes de Rahman la ven, su diabetes no ha sido controlada durante años y están sufriendo complicaciones graves como heridas en los pies o ceguera. “Y ese es el final del camino”, dijo Rahman. “Tengo que elegir algo más que sea más asequible y que no sea tan bueno para ellos”.

Los agonistas de GLP-1, la categoría de medicamentos que incluye Ozempic, Trulicity y Mounjaro, fueron aprobados por primera vez para tratar la diabetes. En los últimos tres años, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado versiones con nuevas etiquetas comerciales de Mounjaro y Ozempic para la pérdida de peso, lo que ha llevado a que la demanda se dispare.

Y la demanda solo está creciendo a medida que se hacen más evidentes los beneficios de los medicamentos.

En marzo, la FDA aprobó el medicamento para la pérdida de peso Wegovy, una versión de Ozempic, para , lo que probablemente aumentará la demanda y el gasto. Hasta 30 millones de estadounidenses, o el 9% de la población, se espera que estén usando un agonista de GLP-1 para 2030, según estimó la .

A medida que más pacientes intentan obtener recetas de agonistas de GLP-1, los fabricantes se esfuerzan por producir suficientes dosis.

Eli Lilly está instando a las personas a evitar usar su medicamento Mounjaro para la pérdida de peso cosmética, para asegurar suficientes suministros para personas con afecciones médicas. Pero la popularidad de los medicamentos sigue creciendo a pesar de efectos secundarios como náuseas y constipación, impulsada por su efectividad y el respaldo de celebridades. En marzo, Oprah Winfrey lanzó un especial de una hora sobre la capacidad de los medicamentos para ayudar con la pérdida de peso.

Puede parecer que todo el mundo está tomando estos medicamentos, dijo Jody Dushay, profesor asistente de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y endocrinólogo en el Centro Médico Beth Israel Deaconess. “Pero no son tantas personas como piensas”, dijo. “Simplemente no hay suficientes”.

Incluso cuando los medicamentos están en stock, las aseguradoras están tomando medidas, dejando a los pacientes y proveedores de atención médica navegando por una maraña de reglas que cambian constantemente.

Los planes de Medicaid estatales de los medicamentos para la pérdida de peso. Medicare los medicamentos si se recetan para la obesidad. Y las aseguradoras comerciales debido su costo.

Los proveedores de atención médica están diseñando planes de atención en base a lo que está disponible y lo que los pacientes pueden pagar.

Por ejemplo, la aseguradora de Cooper Harris cubre Trulicity pero no Ozempic, que ella prefiere porque tiene menos efectos secundarios. Cuando su farmacia se quedó sin Trulicity, tuvo que depender más de la insulina en lugar de cambiar a Ozempic, dijo Rahman.

Un día en marzo, Brandi Addison, endocrinóloga en Corpus Christi, Texas, tuvo que ajustar las recetas de los 18 pacientes que vio debido a problemas de disponibilidad y costo de los medicamentos, dijo. Una paciente, con cobertura a través de un plan de salud para maestros jubilados con deducible alto, no podía permitirse un tratamiento con un agonista de GLP-1, dijo Addison.

“Hasta que alcance ese deducible, simplemente no es un medicamento que pueda usar”, dijo Addison. En cambio, puso a su paciente bajo tratamiento con insulina, cuyo precio está limitado a una fracción del costo de Ozempic, pero que no tiene los mismos beneficios.

“Esos pacientes que tienen un ingreso fijo serán nuestros pacientes más vulnerables”, concluyó Addison.

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Realiza diagnósticos rápidos, sin la presencia de un médico.

Sus clínicas, Tarzana Treatment Centers, son de las primeras en adoptar un sistema de IA que promete expandir drásticamente la detección de retinopatía diabética, la principal causa de ceguera entre adultos en edad laboral y una amenaza para muchos de los cerca de 38 millones de estadounidenses con diabetes.

“Ha sido una bendición para nosotros”, dijo Espinoza, citando los beneficios de un examen rápido y fácil que puede realizarse con poco entrenamiento y que brinda resultados inmediatos.

Y a sus pacientes también les gusta. Joseph Smith, quien tiene diabetes tipo 2, recordó la engorrosa tarea de tomar el autobús hasta el oftalmólogo, dilatar sus pupilas, y luego esperar una semana por los resultados. “Era horrible”, dijo. “Ahora, toma solo unos minutos”.

En medio de todo el revuelo en torno a la inteligencia artificial en la atención médica, la tecnología de exámenes de la vista está surgiendo como uno de los primeros casos de uso probados de diagnósticos basados en IA en un entorno clínico.

Si bien la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) ha aprobado cientos de , la adopción ha sido lenta mientras los proveedores navegan por el proceso regulatorio, la cobertura del seguro, los obstáculos técnicos, las preocupaciones sobre la equidad y los desafíos de integrarlos en los sistemas de proveedores.

Los exámenes de la vista muestran que la capacidad de la IA para proporcionar resultados inmediatos, así como el ahorro de costos y la conveniencia de no necesitar hacer una cita adicional, pueden tener grandes beneficios tanto para los pacientes como para los proveedores.

De unos 700 exámenes de la vista realizados durante el último año en las clínicas de Espinoza, casi una cuarta parte detectaron retinopatía, y los pacientes fueron remitidos a un especialista para recibir atención adicional.

La se produce cuando el alto nivel de azúcar en la sangre daña los vasos sanguíneos en la retina. Si bien el control de la diabetes de un paciente a menudo puede prevenir esta afección, y existen tratamientos para etapas más avanzadas, los médicos dicen que las evaluaciones regulares son cruciales para detectar los síntomas temprano.

Las tres compañías con exámenes de la vista con IA aprobados por la FDA para retinopatía diabética —Digital Diagnostics, con sede en Coralville, Iowa; Eyenuk, de Woodland Hills, California; y la empresa de software israelí AEYE Health— han vendido sistemas a cientos de consultorios en todo el país.

Unas pocas docenas de compañías han realizado investigaciones en este campo específico, y algunas han obtenido autorización regulatoria en otros países, .

, antes Idx, recibió la aprobación de la FDA para su sistema en 2018, después de décadas de investigación y un ensayo clínico que involucró a 900 pacientes diagnosticados con diabetes. Fue el primer sistema de IA totalmente autónomo en cualquier campo médico, lo que hizo que su aprobación fuera “ en la historia de la medicina”, dijo Aaron Lee, especialista en retina y profesor asociado de la Universidad de Washington.

Al sistema, utilizado por Tarzana Treatment Centers, puede operarlo alguien con un diploma de escuela secundaria y unas horas de entrenamiento, y solo lleva unos minutos generar un diagnóstico, sin dilatación de los ojos la mayoría de las veces, dijo John Bertrand, CEO de Digital Diagnostics. Se puede instalar en cualquier habitación poco iluminada, y los pacientes apoyan su barbilla en un soporte, y miran fijo a la cámara mientras un técnico toma imágenes de cada ojo.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda que las personas con diabetes tipo 2 se hagan exámenes de la vista cada uno o dos años; sin embargo, solo alrededor del 60% de las personas con diabetes se los realizan cada año, dijo Robert Gabbay, director científico y médico de la ADA.

Las tasas pueden ser para los menores de 21 años con diabetes. En grandes áreas del país, la y oftalmólogos puede dificultar la programación de citas, por las que a veces hay que esperar meses. Además, las barreras de viajar a una cita adicional para dilatar los ojos —lo que significa tomar tiempo libre del trabajo o la escuela, y tener transporte— pueden ser particularmente difíciles para pacientes de bajos ingresos, quienes también tienen .

“El 90% de nuestros pacientes son trabajadores manuales y de fábricas”, dijo Espinoza sobre sus clínicas del sur de California, que atienden principalmente a poblaciones minoritarias. “Si no trabajan, no comen”.

Un posible inconveniente de no tener un médico que realice el examen es que el algoritmo solo busca retinopatía diabética, por lo que podría pasar por alto otras enfermedades de cuidado, como el melanoma coroideo, dijo Lee. También los algoritmos generalmente “pecan de precavidos” y mandan demasiado a los pacientes a ver a especialistas.

Pero esta tecnología ha mostrado un gran beneficio: es tres veces más probable que el paciente haga un seguimiento después de un resultado positivo con el sistema de IA, según realizado por Universidad de Stanford.

Eso se debe a la “proximidad del mensaje”, dijo David Myung, profesor asociado de Oftalmología en el Instituto de Ojos Byers en Stanford. Cuando el resultado se entrega de inmediato, en lugar de en semanas o incluso meses, es mucho más probable que el paciente tome acciones.

Myung lanzó el , enfocándose originalmente en telemedicina y luego cambiando a IA en sus clínicas del área de la Bahía.

Ese mismo año, el National Committee for Quality Assurance amplió su estándar  de detección de retinopatía diabética para incluir los sistemas de IA. Myung dijo que llevó alrededor de un año filtrar los sistemas de ciberseguridad y TI del sistema de salud de Stanford para integrar la nueva tecnología.

También se aprendió a tomar fotos de calidad que la IA pueda descifrar, dijo Myung. “Incluso alcanzando nuestro ritmo, siempre hay algo que mejorar”, agregó.

La prueba de IA ha sido reforzada por un código de reembolso de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que puede ser difícil y llevar mucho tiempo obtener para dispositivos innovadores. Pero los proveedores de atención médica necesitan esa aprobación gubernamental para obtener reembolsos.

En 2021, los CMS establecieron la tasa de pago nacional para exámenes de retinopatía diabética con IA en $45.36: bastante por debajo de la tasa promedio  negociada de manera privada, que es de $127.81, según un estudio reciente del sobre IA.

Cada empresa tiene un modelo de negocio ligeramente diferente, pero en general cobran a los proveedores tarifas de suscripción o licencia por su software. Las compañías no quisieron compartir cuánto cobran por el programa.

Las cámaras y se compran por separado o se alquilan como parte de la suscripción del software.

El mayor cumplimiento de las recomendaciones, junto con las referencias a especialistas, hace que valga la pena, dijo Lindsie Buchholz, líder de informática clínica de Nebraska Medicine, que a mediados de diciembre comenzó a usar el sistema de Eyenuk. “De alguna manera, ayuda a que la cámara se pague por sí sola”, dijo.

Hoy en día, el sistema de Digital Diagnostics se encuentra en alrededor de 600 sitios en todo el país, según la compañía. AEYE Health dijo que a su examen de la vista lo utilizan cientos de proveedores en el país. Eyenuk se negó a compartir detalles sobre su alcance.

La tecnología continúa avanzando, con estudios clínicos para cámaras adicionales —incluyendo un dispositivo portátil que puede examinar a los pacientes fuera de las clínicas— y diagnosticar otras enfermedades oculares, como el glaucoma.

Estas innovaciones ponen a la oftalmología, junto con la radiología, la cardiología y la dermatología, como especialidades en las que la innovación en IA está ocurriendo rápidamente.

“En un futuro cercano va a haber cámaras que se pueden usar en la medicina de calle, y van a ayudar a mucha gente”, dijo Espinoza.

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Zuena, “fundadora/visionaria” de LH Spa & Rejuvenation en Livingston y Madison, New Jersey, ha bajado 30 libras. Su esposo bajó 42 libras.

“Salimos mucho”, dijo Zuena sobre su rutina social. “La gente veía que nos estábamos encogiendo”. Le preguntaban a la pareja cómo lo habían logrado. Su respuesta: recomendar que las personas visiten su spa y prueben un tipo de medicamento relativamente nuevo, los análogos del GLP-1, una clase de fármacos que se ha convertido en un fenómeno para la pérdida de peso.

Pero Zuena no solo difunde este mensaje en persona. También lo está haciendo en Instagram, y no es la única. En las redes sociales, hay un coro de voces que canta alabanzas a estas drogas. El verano pasado, el banco de inversión Morgan Stanley descubrió que las menciones de uno de estos medicamentos en TikTok se habían triplicado. Las personas llegan a los consultorios de sus médicos preguntando sobre estos medicamentos supuestamente “milagrosos”.

Las promesas que estos pacientes han escuchado, dicen los médicos, están basadas en información exagerada e incluso a veces errónea difundida por los llamados influencers, personas influyentes en las redes sociales. “Me piden el lápiz mágico, la inyección para perder peso u Ozempic”, dijo , endocrinóloga y profesora asistente clínica en la Grossman School of Medicine de la Universidad de Nueva York.

La competencia para hacerse con un mercado que al año, solo para los fabricantes de medicamentos, ha desencadenado una ola de publicidad que preocupa a las autoridades sanitarias  y médicos de todo el mundo. Pero sus herramientas para controlar estos anuncios desenfranados son limitadas, especialmente cuando se trata de las redes sociales. Al sistema regulatorio le interesa más lo que dicen las empresas farmacéuticas, no tanto lo que difunden los médicos o sus pacientes entusiasmados.

Pocas drogas de este tipo están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para bajar de peso; entre ellas está Wegovy, de Novo Nordisk.

Pero cuando la escasez de este medicamento hizo que fuera más difícil de obtener, muchos pacientes recurrieron a otros fármacos, como Ozempic, de Novo Nordisk, y Mounjaro, de Eli Lilly, que están aprobados solo para la diabetes tipo 2. Estas drogas se suelen utilizar “fuera de receta”, es decir, para un uso distinto del uso que está indicado, aunque pocos influencers en las redes sociales mencionan este aspecto.

Los medicamentos han demostrado prometedores, dicen Jaisinghani y sus colegas. Los pacientes pueden perder hasta . Novo Nordisk está financiando para determinar si Wegovy reduce la tasa de ataques cardíacos en pacientes con obesidad.

Pero los medicamentos son caros. Para los pacientes que pagan en efectivo en Washington, DC, Wegovy cuesta por lo menos $1,305 al mes, según una búsqueda de GoodRx a fines de marzo.

Las aseguradoras cubren el costo solo en algunos casos. Y cuando dejan de usar la droga, los pacientes suelen recuperar gran parte del peso que perdieron.

El sensacionalismo impulsa la demanda

Muchos de los pacientes que llegan a los consultorios médicos pidiendo estas drogas no lo hacen por la ciencia sino por lo que vieron en TikTok, como videos de y otros famosos hablando de sus inyecciones. Se preguntan “¿por qué ella puede usarlo y yo no?”, dijo , médica y codirectora del programa integral de control de peso de la Universidad de Utah.

El nivel de entusiasmo, que preocupa a los médicos ya que puede hacer que algunos pacientes usen estos medicamentos de manera inapropiada, también proviene de los intereses comerciales. Estos incluyen médicos que promocionan sus nuevas empresas de capital de riesgo. Otros son spas pregonando todo tipo de servicios, desde tratamientos para las arrugas y rellenos inyectables para los labios hasta los supuestos beneficios para la pérdida de peso de la semaglutida, el principio activo de Wegovy y Ozempic.

Los precios que ofrecen, a menudo alrededor de cientos de dólares, son mucho más bajos que los que cobran las farmacias por los mismos medicamentos.

En los Estados Unidos, la FDA monitorea las publicidades de la industria farmacéutica, que está obligada a mencionar los riesgos y los efectos secundarios de los medicamentos. Pero los anuncios difundidos por los individuos que recetan estas drogas no necesariamente están sujetos a las mismas reglas. La FDA regula los anuncios de personas que recetan drogas cuando trabajan para una entidad regulada, como un fabricante o distribuidor farmacéutico.

“La FDA también se compromete a colaborar con agencias externas, como la Comisión Federal de Comercio, para abordar las preocupaciones sobre la comercialización de medicamentos recetados que hacen empresas de telesalud en varias plataformas, incluyendo las redes sociales”, dijo Jeremy Kahn, vocero de la agencia, en un email a ºÚÁϳԹÏÍø News.

Las empresas farmacéuticas realizan campañas para educar a los profesionales de salud o “concientizar”, muchas veces promocionando medicamentos de forma indirecta. Novo Nordisk tiene una para redefinir y desestigmatizar la obesidad en Estados Unidos. Aunque no lo dicen explícitamente, esta campaña también “desestigmatiza” los medicamentos que se usan para tratar la obesidad.

ºÚÁϳԹÏÍø News también descubrió que al menos estaban promocionando productos de Novo Nordisk en el Reino Unido.

A principios de marzo, los ya habían eliminado casi 1,900 anuncios que promocionaban los análogos del GLP-1, dijo un vocero de la agencia a ºÚÁϳԹÏÍø News. Novo Nordisk dice que no colocó los anuncios, la mayoría de los cuales eran para Ozempic, una de sus drogas. Los entes reguladores se negaron a identificar a las personas involucradas.

Los médicos también advierten de los peligros de estas publicidades. Piensan que los pacientes usarán estos medicamentos de forma no autorizada u obtendrán formas poco confiables de las drogas, y temen que estas exacerben otras afecciones de salud, como los trastornos alimentarios.

Los medicamentos actúan en parte como inhibidores del apetito, y existe el riesgo de que los pacientes reduzcan peligrosamente su consumo de calorías cuando las drogas no están combinadas con un plan nutricional.

, directora médica regional del Eating Recovery Center, cree que los medicamentos y los anuncios que los promueven inadvertidamente provocarán trastornos alimentarios. ºÚÁϳԹÏÍø News encontró publicidades que mostraban a pacientes delgados midiéndose con una cinta métrica y pesándose en una balanza, con subtítulos alentando a la audiencia a usar los GLP-1.

“Se están comercializando muy, muy deliberadamente a grupos que son vulnerables a experimentar insatisfacción por su imagen corporal”, dijo.

Remi Bader, modelo curvilíneay creadora de TikTok que se especializa en documentar sus compras de ropa “práctica y funcional”, habló en un sobre su experiencia saliendo de “unos meses” de tratamiento con Ozempic. Dijo que recuperó el doble del peso que había perdido y que su trastorno por comer compulsivamente “empeoró muchísimo”.

Un estudio publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism observó que los pacientes recuperan después de dejar la semaglutida.

Pero los usuarios en las redes sociales y los influencers, ya sea los que usan batas blancas o los pacientes comunes y corrientes, están compartiendo sus experiencias positivas de pérdida de peso en todas las plataformas. Algunos, por ejemplo, se sometieron a una cirugía de bypass gástrico que no funcionó y ahora recurren a TikTok en busca de orientación, apoyo y esperanza para su tratamiento con drogas de GLP-1. Incluso hay un grupo de Facebook donde los usuarios discuten un tema un poco tabú: el efecto de estos medicamentos en sus evacuaciones intestinales.

Fórmulas magistrales y comercialización causan entusiasmo y preocupación

Algunos están tan encantados con su pérdida de peso asistida por medicamentos que se han convertido en “embajadores” de las compañías. Samantha Klecyngier ha bajado al menos 58 libras desde que comenzó su tratamiento con Mounjaro. Descubrió la droga y el programa de pérdida de peso de telemedicina en .

Como muchas otras personas que han perdido una cantidad notable de peso con el tratamiento señala el efecto positivo de estas drogas y cómo ha mejorado su calidad de vida. Ahora, Klecyngier promueve a la empresa de forma oficial en la aplicación.

Aunque Klecyngier, que vive en Chicago y tiene dos hijos, no es diabética, usa Mounjaro. Cuando ella era niña, sus padres sufrían de diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas que los llevaron a ambos a tener cirugías cardíacas. Su padre murió por complicaciones de la diabetes, y ella quiere evitar ese destino.

El caso de Klecyngier, que combina su experiencia personal con una entidad lucrativa, refleja otra tendencia en las redes sociales: el comercialismo. Hay una oleada de nuevas empresas tratando de invertir en medicamentos que dan dinero combinados con programas de apoyo. (Sequence, la compañía que promueve Klecyngier, acaba de ser , la empresa conocida como Weightwatchers).

Algunos médicos usan las redes sociales para educar a la gente sobre estos medicamentos. , director médico del servicio de telesalud , dice que ofrecer información a sus más de 250,000 seguidores ha ayudado a orientar a los pacientes hacia su consultorio médico. Ha recibido miles de consultas, muchas más de lo que la clínica puede abordar.

Compañías como Accomplish, empresas nuevas con médicos acreditados, representan el lado profesional de esta explosión en las redes sociales.

Pero hay otros, entre ellos spas y centros de pérdida de peso, que en muchos casos ofrecen los medicamentos sin apoyo médico y en conjunto con servicios como Botox y rellenos dérmicos. A los médicos especializados en obesidad les preocupa que este tipo de marketing esté generando expectativas poco realistas.

Algunos spas y servicios de telemedicina ofrecen fórmulas magistrales de la semaglutida. Pero los médicos advierten que esta práctica, que se refiere a cuando las farmacias y no los fabricantes preparan un medicamento, es arriesgada. “Los riesgos son enormes”, dijo Simonetti, advirtiendo sobre la posible contaminación por malas prácticas de preparación de las drogas. “Riesgos de contraer bacterias”, continuó, “que incluyen la muerte”.

Muchas clínicas de pérdida de peso también promueven la adición de compuestos no convencionales a la semaglutida, como la vitamina B12 y los aminoácidos. Algunos pacientes creen incorrectamente que la vitamina B12 ayuda con las náuseas, dijo Jaisinghani. Otras clínicas prometen una mayor pérdida de peso.

Allison Schneider, vocera de Novo Nordisk, dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News en un correo electrónico que la compañía comparte las preocupaciones de los médicos sobre las formulas magistrales y que ha empezado a enviar cartas a “ciertos proveedores de atención médica” advirtiendo de los riesgos relacionados.

Aun así, algunos lugares defienden el uso de las fórmulas magistrales, que en muchos casos son más baratas. LH Spa & Rejuvenation, fundado por Zuena, ofrece una fórmula de semaglutida de que cuesta $500 por cuatro semanas. El spa se enteró del tratamiento a través de un médico. “Lo estoy comprando”, dijo Zuena. “Llega por vía aérea al día siguiente en frascos legítimos con números de lote y fechas de vencimiento”. Las inyecciones y las dosis administradas a los pacientes son monitoreadas por personal médico en el lugar.

La mayoría de los operadores que participan en esta industria floreciente enfatizan la alta calidad de sus productos o las buenas intenciones de su empresa, al tiempo que buscan ganar dinero. Ro, una empresa de telesalud que ofrece los GLP-1, dijo que su campaña de publicidad en el transporte público de Nueva York “tiene como objetivo iniciar una conversación importante y difícil sobre la desestigmatización de la obesidad como afección”.

Esta táctica enloquece a los críticos de la industria farmacéutica. “Hablan de desestigmatizar la obesidad al mismo tiempo que hablan de perder peso. Están corrompiendo el concepto”, dijo Judy Butler, investigadora en , un proyecto del Georgetown University Medical Center que se enfoca en prácticas para medicamentos basadas en evidencia. “Están tratando de vender un medicamento para bajar de peso”.

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“La gente no debería verse obligada a endeudarse para obtener recetas que salvan vidas”, dijo Newsom. “Los californianos tendrán acceso a algunas de las insulinas más económicas disponibles, lo que les ayudará a ahorrar miles de dólares cada año”.

El contrato, con un que Newsom y los legisladores demócratas aprobaron el año pasado, estipula que Civica produzca insulina de marca estatal y ponga el medicamento a disposición de cualquier californiano que lo necesite, por correo y en las farmacias locales, independientemente de si tenga o no seguro de salud.

Y la insulina es solo el comienzo. Newsom dijo que el estado también buscará producir naloxona, el fármaco que revierte las sobredosis de opioides.

Allan Coukell, vicepresidente sénior de políticas públicas de Civica, le dijo a California Healthline que el fabricante de medicamentos sin fines de lucro también está en conversaciones con la administración de Newsom para producir potencialmente otros medicamentos genéricos. Pero se negó a dar más detalles y dijo que la compañía se enfoca primero en hacer que la insulina económica esté ampliamente disponible.

“Estamos muy entusiasmados con esta asociación con el estado de California”, dijo Coukell. “No buscamos tener el 100% del mercado, pero sí queremos que el 100% de las personas tenga acceso a insulina a un precio justo”.

A medida que los costos de la insulina para los consumidores se han disparado, los legisladores y activistas demócratas han pedido a la industria que los controle. Apenas unas semanas después que el presidente Joe Biden atacara a las grandes farmacéuticas por aumentar los precios de la insulina, los tres fabricantes de medicamentos que controlan ese mercado, Eli Lilly and Co., Novo Nordisk y Sanofi, anunciaron que de algunos productos.

Newsom, quien anteriormente acusó a la industria farmacéutica de estafar a los californianos con “precios altísimos”, argumentó que el lanzamiento de la marca de genéricos estatal, CalRx, sumará competencia y ejercerá presión sobre la industria.

Funcionarios de la administración no dijeron cuándo estarían disponibles los productos de insulina de California, pero expertos dicen que podría ser tan pronto como en 2025. Coukell remarcó que el medicamento de marca estatal aún requerirá la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), lo que puede demorar unos 10 meses.

La Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, que cabildea en nombre de las empresas de marca, . Reid Porter, director senior de asuntos públicos estatales de PhRMA, dijo que Newsom solo “quiere sumar puntos políticos”.

“Si el gobernador quiere tener un impacto significativo en lo que los pacientes pagan por las insulinas y otros medicamentos, debería expandir su enfoque a otros en el sistema que a menudo hace que los pacientes paguen más por los medicamentos”, dijo Porter, culpando a las empresas intermediarias, conocidas como administradores de beneficios de farmacia, que negocian con los fabricantes en nombre de las aseguradoras para reembolsos y descuentos.

La Pharmaceutical Care Management Association, que representa a estos administradores, que son las compañías farmacéuticas las culpables de los .

Expertos en precios dicen que los administradores de beneficios farmacéuticos y los fabricantes de medicamentos comparten la culpa.

Funcionarios de la administración Newsom dicen que los costos inflados de la insulina obligan a algunos a pagar hasta $300 por vial o $500 por una caja de plumas inyectables, y que demasiados californianos con diabetes se saltan o racionan sus medicamentos. Esto puede provocar ceguera, amputaciones y afecciones potencialmente mortales, como enfermedades cardíacas e insuficiencia renal. Casi el de California tienen diabetes.

Civica está desarrollando , conocida como biosimilar, que estarán disponibles tanto en viales como en plumas inyectables. Se espera que sean intercambiables con productos de marca, incluidos Lantus, Humalog y NovoLog. Coukell dijo que la compañía pondría a disposición el medicamento por no más de $30 por vial, o $55 por cinco plumas inyectables.

Newsom dijo que la insulina estatal le ahorrará a muchos pacientes entre $2,000 y $4,000 al año, aunque siguen sin respuesta preguntas críticas sobre cómo California pondrá los productos en manos de los consumidores, incluida la forma en que persuadiría a las farmacias, las aseguradoras y los minoristas para que distribuyan los medicamentos.

El año pasado, Newsom también obtuvo para construir una instalación para fabricar insulina; Coukell dijo que Civica está explorando la construcción de una planta en California.

El movimiento de California, aunque nunca antes lo había intentado un gobierno estatal, podría verse afectado por las recientes decisiones de la industria para reducir los precios de la insulina. En marzo, Lilly, Novo Nordisk y Sanofi se comprometieron a reducir los precios. Con Lilly ofreciendo por mes, Novo Nordisk prometió que llevarían el precio de un vial genérico particular a $48, y fijó un vial a .

La oficina del gobernador dijo que le costará al estado $30 por vial para fabricar y distribuir insulina y se venderá a ese precio. Si lo hace, argumenta la administración, “evitará el atroz cambio de costos que ocurre en los juegos de precios farmacéuticos tradicionales”.

Expertos en precios de medicamentos dijeron que la producción de genéricos en California podría reducir aún más los costos de la insulina y beneficiar a las personas con planes médicos con deducibles altos o sin seguro.

“Este es un movimiento extraordinario en la industria farmacéutica, no solo para la insulina, sino potencialmente para todo tipo de medicamentos”, dijo Robin Feldman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco. “Es una industria muy difícil de quebrantar, pero California está lista para hacer precisamente eso”.

Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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También arroja luz sobre los métodos de especulación de los mediadores de precios de la industria farmacéutica —los administradores de beneficios farmacéuticos, o PBM— en un momento en que su enfoque hacia ellos.

La insulina representa lo perverso del sistema sanitario estadounidense, ya que los precios de venta de este medicamento centenario, del que dependen 8,4 millones de estadounidenses para sobrevivir, se hasta superar los $300 por un solo vial. El hecho de que Lilly —que vende alrededor de un tercio de la insulina en Estados Unidos— baje su precio no significa que todos los pacientes vayan a pagar menos, ni siquiera a largo plazo.

Lilly limitó a $35 los precios de sus insulinas más populares, con efecto inmediato, y dijo que a finales de este año el precio de venta de su “genérico autorizado” Lispro, que es , su insulina de marca más vendida-, bajaría a $25 el vial. Esto se produjo tras el discurso del presidente Joe Biden sobre el Estado de la Unión, y otros posteriores, en los que ha culpado a las “grandes farmacéuticas” y a sus “beneficios récord” del increíble gasto en insulina.

David Ricks, CEO de Lilly, pidió en una entrevista el 1 de marzo que otras a su empresa para “acabar con los problemas de asequibilidad” de la diabetes.

Aunque Lilly promueve su altruismo, esta medida podría ahorrarle dinero, según Sean Dickson, . Una que entrará en vigor el año que viene penaliza a las empresas que cobran precios elevados a Medicaid, especialmente por los medicamentos de marca más antiguos. Bajar el precio de venta de Humalog permitiría a Lilly pagar mucho menos en reembolsos a los programas gubernamentales de Medicaid que compran el fármaco.

Hace tiempo que las farmacéuticas dejaron de ser las únicas, o incluso las principales, responsables del escándalo de los precios de la insulina. Las tres empresas que producen casi toda la insulina del país -Lilly, Sanofi y Novo Nordisk- han registrado en los últimos años un estancamiento o descenso de los ingresos procedentes de sus , a pesar del . Incluso han advertido a los inversores de que ya no consideran que la venta de insulina sea un área de gran rentabilidad.

Pero mientras Lilly recorta el “precio de adquisición al por mayor”, o precio de catálogo, de sus medicamentos de insulina más vendidos, “¿habrá otras ‘partes en juego’ que hagan que este precio aumente antes de que llegue al mostrador de mi farmacia?”, se preguntó Rebecca Kelly, de Richmond, Kentucky, que padece diabetes de tipo 1 y es activista en favor de la reducción de los precios de los medicamentos.

Entre esas partes se encuentran los gigantescos administradores de farmacias —propiedad de CVS Health y de las principales aseguradoras UnitedHealthcare y Cigna—, que han enfrentado agresivamente a los fabricantes de insulina de tal forma que han engrosado sobre todo sus propias cuentas, como reveló un mordaz informe de 2021 de la .

En teoría, cuando los administradores de farmacias negocian contratos con los fabricantes de medicamentos en nombre de las aseguradoras, repercuten el ahorro en los pacientes. En la práctica, aunque la negociación dura puede beneficiar a los que tienen un buen seguro, puede y a otros con menos capacidad para pagar su insulina.

Para competir por el acceso a los pacientes asegurados, según el informe, los tres fabricantes de insulina en la década de 2010 aumentaron constantemente los reembolsos y las tasas pagadas a los poderosos PBM, que son propiedad de las principales aseguradoras o están aliados con ellas.

Esto impulsó a las farmacéuticas a seguir aumentando sus precios de venta, porque cuanto más pagaban en reembolsos (calculados como un porcentaje del precio de lista) mejor era su colocación en los formularios de seguros, las complejas listas de medicamentos que las aseguradoras cubren para los pacientes.

En otras palabras, cuanto más compitan los fabricantes de insulina, más pagarán los consumidores, los menos afortunados.

“La insulina es una mercancía, por lo que la posición en el formulario lo es todo”, afirmó David Kliff, editor del sitio web . “Es como la ubicación en el sector inmobiliario”.

En 2018, Novo Nordisk, en medio del rencor público por el aumento de los precios de la insulina, consideró un recorte del 50%, según el informe. Pero la junta directiva de la compañía decidió no hacerlo, al señalar que “muchos en la cadena de suministro se verán afectados negativamente y podrían tomar represalias”.

La empresa también temía que las aseguradoras enfurecidas pudieran tomar represalias contra los medicamentos más vendidos de Novo para la diabetes y la pérdida de peso, como Ozempic, que compite con Mounjaro de Lilly.

Sanofi y Novo Nordisk no respondieron directamente a la rebaja de precios de Lilly, pero señalaron, en declaraciones, que sus programas de descuento ya proporcionan insulina barata a quienes la necesitan. Millones de estadounidenses han utilizado estos cupones, pero pacientes como Kelly afirman que conllevan trámites burocráticos y pueden ser poco fiables.

Lilly declinó responder a una pregunta sobre cómo su recorte en el precio de venta podría afectar a las negociaciones con las aseguradoras, que han llegado a esperar grandes descuentos en medicamentos con precios competitivos altos.

Por ejemplo, Sanofi pagó reembolsos por valor del 2% al 4% del precio de lista de su insulina en 2013, pero del 56% en 2018, según el informe del Senado. Durante ese período, Sanofi triplicó el precio de su insulina Lantus a alrededor de $275 por vial. Un estimó que cuesta aproximadamente entre 2 y 4 dólares producir un vial de insulina analógica, el tipo utilizado por la mayoría de los pacientes.

La mayor parte de los aumentos del precio de venta de la insulina han ido a parar a los PBM, las empresas intermediarias. Por ejemplo, Lilly ganó alrededor de $25 por cada pluma inyectable de Humalog de 2013 a 2018, mientras que el precio de venta aumentó de 57 a 106 dólares. Los precios netos se han mantenido estables en los últimos años y los ingresos de insulina en realidad disminuyeron el año pasado, según informes financieros recientes de y .

El secreto comercial hace difícil saber qué parte de las comisiones ilegales acaba en beneficio o ahorro de los administradores de beneficios farmacéuticos, las aseguradoras, las farmacias o los pacientes. Sin embargo, los pacientes sin seguro, con seguro insuficiente o que pagan deducibles altos pueden acabar pagando facturas astronómicas por la insulina, porque sus al precio de catálogo del medicamento.

“El sistema transfiere recursos financieros de pacientes enfermos a beneficiarios sanos que pagan primas, lo contrario de lo que se supone que deben hacer los seguros”, declaró Erin Trish, codirectora del Centro Schaeffer de Política y Economía Sanitarias de la Universidad del Sur de California, en una audiencia del celebrada el 16 de febrero.

Los beneficiarios de Medicare, por ejemplo, pagaron en conjunto $1,000 millones de su bolsillo por su insulina en 2020, más de cuatro veces lo que pagaron en 2007, . Lo mismo hicieron muchos otros.

Kelly, entrenadora personal de 48 años, recibía insulina a través del seguro de su esposo, pero tenía que pagar de su bolsillo hasta alcanzar un deducible de $5,000 cada año. Así que en 2019, los Kellys abandonaron la póliza y decidieron arriesgarse en el mercado abierto. Terminaron conduciendo hasta Canadá, donde Kelly le dijo a KHN que gastó $256 en ocho viales de insulina que habrían costado $2,616 en su farmacia local. Durante la pandemia, usó cupones de Lilly que le permitieron comprar Humalog por $35 por vial, suficiente para unas dos semanas.

A pesar de los programas de cupones, las desde 2017 mostraron que de los pacientes estadounidenses informaron escatimar insulina debido a su costo. al intentar racionar el medicamento.

El contraste con otros países desarrollados es marcado. Los alemanes con diabetes pagan unos $5 por un mes de insulina. En el Reino Unido, .

El año pasado se promulgó una ley federal que limita a $35 mensuales los gastos de bolsillo de los beneficiarios de Medicare en insulina. Al menos 22 estados y el Distrito de Columbia también han establecido topes en los planes privados.

Los tres grandes fabricantes de insulina han luchado contra una competencia que podría bajar los precios de forma generalizada. Lo han hecho, por ejemplo, introduciendo sus propios “genéricos autorizados”, ligeramente menos caros, que disuaden a otras empresas de entrar en el mercado de la insulina. Hasta 2021, un competidor no introdujo en el mercado una insulina “biosimilar” de acción prolongada, básicamente una versión genérica de Lantus, que .

La empresa, Viatris, que desde entonces ha vendido su producto a Biocon Biologics, consiguió entrar en un formulario creando un producto esencialmente idéntico, triplicando su precio de venta y ofreciendo a los PBM un gran descuento.

Este tipo de comportamientos ha llamado cada vez más la atención del Congreso y de .

“Imagínese un mundo en el que un producto más barato, pero igual de eficaz, tiene más dificultades para venderse”, dijo el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, en la audiencia del Comité de Comercio celebrada el 16 de febrero. “Eso es la industria de los medicamentos con receta”.

Aún así, el anuncio de Lilly puede ser un presagio de mejores noticias para los diabéticos más vulnerables económicamente.

California para fabricar y distribuir su propia insulina. Por su parte, Civica, una farmacéutica sin fines de lucro, espera vender insulina producida en India y Virginia a finales de 2024. Civica prescindirá de los gestores de prestaciones y suministrará el medicamento a cualquier farmacia que se comprometa a venderlo a un precio no superior a $30 por vial, explicó Allan Coukell, su vicepresidente senior de políticas públicas.

Civica tiene previsto producir insulina suficiente para un tercio de los pacientes estadounidenses, agregó.

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Cuando cae la noche y bajan las temperaturas, arma una tienda de campaña y enciende una fogata bajo un grupo de pinos, abetos y cedros.

Evita a las autoridades rotando el uso de tres tiendas de distintos colores en tres campamentos diferentes. Al amanecer, desmonta su refugio, enrolla sus pertenencias y las esconde para la noche siguiente. “No te ven si estás en el bosque”, dijo este hombre de 32 años. “Pero asegúrate de tener todo desmontado por la mañana o te van a encontrar”.

Durante el día, deambula, haciendo paradas en una biblioteca pública para calentarse o en un comedor comunitario para comer. Lo importante es no llamar la atención por no tener hogar.

“La policía quiere que no estorbemos”, dijo, vestido con una chaqueta gris y sin cargar ninguna de sus pertenencias. “Fuera de la vista, fuera de sus mentes”.

Ibrahim ha buscado intencionalmente pasar desapercibido desde agosto, cuando el presidente Donald Trump puso a la policía del distrito y ordenó que soldados de la Guardia Nacional patrullaran las calles. También ordenó el de las personas sin hogar. “No habrá ningún señor amable”, .

La administración Trump argumenta que los operativos para desmantelar campamentos han reducido la visibilidad del problema de personas sin hogar, mejorando así la ciudad. “Es innegable que Washington, D.C., es una ciudad más segura, limpia y hermosa gracias a las acciones históricas del presidente Trump para restaurar la capital del país”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Aunque puede parecer que hay menos personas sin hogar en la capital del país, no han desaparecido.

En entrevistas, personas sin hogar dijeron que cambian de lugar constantemente, escondiéndose a plena vista.

Durante el día, se mantienen en movimiento, comen en comedores comunitarios y descansan de vez en cuando en bibliotecas públicas, bancos de parques o paradas de autobús. Por la noche, muchos duermen en entradas de negocios, aceras de parques y escalinatas de iglesias. Algunos pasan la noche en el autobús, otras se refugian en salas de emergencia, y algunas buscan cobijo en áreas boscosas o se van a suburbios en Virginia o Maryland.

Hay aproximadamente 5.100 personas sin hogar en Washington, D.C., incluyendo aquellas en albergues temporales, según realizado a inicios de 2025. Después de que Trump ordenara la ofensiva contra la falta de vivienda en espacios públicos, las personas que vivían en comunidades improvisadas se dispersaron y ahora viven en las sombras. En agosto, funcionarios de la ciudad estimaron que cerca de 700 personas vivían al aire libre sin tiendas ni ningún tipo de refugio.

Con la llegada del invierno, estas personas están expuestas al clima extremo y se enferman más, ya que afecciones crónicas como la diabetes o enfermedades cardíacas no se tratan. Proveedores de atención médica en la calle afirman que, desde el despliegue de la Guardia Nacional, ha sido sumamente difícil localizar a sus pacientes.

Muchos afectados por los operativos han perdido medicamentos esenciales y son más propensos a faltar a citas médicas porque viven en constante desplazamiento.

Los equipos médicos no logran entregar medicamentos ni transportar a pacientes a sus consultas. Este caos permanente también puede hundir aún más a quienes padecen enfermedades mentales o adicciones, aumentando el riesgo de sobredosis.

Trabajadores sociales reportan las mismas dificultades: cuando pierden el rastro de sus clientes, se rompe la conexión esencial para conseguir documentos clave como identificaciones oficiales o tarjetas del Seguro Social.

Funcionarios del distrito y proveedores de salud advierten que esta cadena de efectos puede empeorar la situación de las personas sin hogar, poner en riesgo la salud pública y la seguridad, y generar costos enormes para el sistema de salud.

“Ya era difícil encontrar a las personas, pero la presencia federal lo empeoró”, dijo la doctora Tobie Smith, médica de atención en la calle y directora ejecutiva de Street Health D.C.

El ir y venir de los sin techo

Chris Jones nació y creció en Washington, D.C., pero ahora vive en la calle, luego de ser desplazado de su tienda de campaña cerca de la Casa Blanca en los primeros días de la ofensiva federal.

Dijo que durante los operativos le confiscaron dos tiendas. Ahora duerme en una acera frente a una iglesia y ya no intenta conseguir otra. “¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Igual la van a tirar a la basura”.

Jones, de 57 años, tiene una lesión grave en la rodilla que a veces le impide caminar y tiene programada una cirugía de reemplazo de rodilla en diciembre. Dice que necesita quedarse en esa zona porque depende de una farmacia cercana para surtir sus medicamentos para el trastorno bipolar, la diabetes y la presión alta. Cuando tiene hambre, va al comedor comunitario o trata de conseguir una hamburguesa con refresco en un local de comida rápida enfrente de donde está.

También se mantiene en ese lugar para que su trabajadora social lo pueda encontrar si se libera una plaza de vivienda permanente. Si hace demasiado frío, cruza la calle y duerme en la entrada de un negocio, que le da un poco más de protección. Quiere estar bajo techo, pero por ahora espera.

Desde que tomó el control de la policía del distrito, la administración Trump sobre ciudades y condados en todo el país para desmantelar campamentos de personas sin hogar, bajo amenaza de arresto, citaciones o detenciones. Ha ordenado o amenazado con desplegar la Guardia Nacional en ciudades con grandes poblaciones sin hogar como Los Ángeles y .

Rogers, la vocera de la Casa Blanca, dijo que el presidente mantiene la presencia de la Guardia Nacional y fuerzas federales del orden en la capital para “garantizar el éxito a largo plazo de la operación federal”.

Desde marzo, funcionarios federales y del distrito han eliminado más de 130 campamentos, según dijo. Sin embargo, algunos expertos en temas de personas sin hogar creen que esa cifra está inflada.

La Corte Suprema facilitó el año pasado que funcionarios y agentes del orden impusieran multas o arrestaran a personas sin hogar por vivir en la calle. Luego, en julio de este año, el presidente emitió una orden ejecutiva que exige una ofensiva nacional contra los campamentos urbanos, incluyendo el desalojo masivo de personas que viven al aire libre y tratamientos forzados para la salud mental o adicciones.

Trump también lidera una reforma de la política federal de vivienda, con planes de para vivienda permanente y servicios para personas sin hogar.

Esta medida limitaría el uso de una política federal conocida como “Primero la Vivienda” (Housing First), que ofrece vivienda sin exigir tratamiento para salud mental o adicciones.

La Alianza Nacional para Terminar con la Falta de Vivienda (National Alliance to End Homelessness) advierte que este cambio podría dejar sin hogar a por lo menos actualmente en viviendas de apoyo permanente. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) suspendió el plan el 8 de diciembre para hacer revisiones, que “piensan” implementar.

Funcionarios del distrito dicen que están cumpliendo con la exigente campaña federal contra las personas sin hogar en espacios públicos. Bajo presión de la Casa Blanca, reconocen haber intensificado la disolución de campamentos. Defensores de personas sin hogar señalan que algunos operativos se han realizado de noche o sin previo aviso.

Líderes locales creen que se podrían hacer de manera más compasiva, ofreciendo servicios y refugio.

“Hemos pasado de permitir campamentos si no afectaban la salud o la seguridad pública, a decir: ‘No los queremos en la calle’”, dijo Wayne Turnage, vicealcalde para Salud y Servicios Humanos del distrito, quien supervisa el desmantelamiento de campamentos. “Es inseguro, insalubre y peligroso”. Sin embargo, reconoce que los operativos pueden desperdiciar recursos públicos, ya que los trabajadores sociales y equipos médicos deben volver a buscar a sus pacientes y clientes.

Defensores afirman que la administración Trump está generando miedo y desconfianza entre personas sin hogar y quienes tratan de ayudarlas, a la vez que malgasta fondos públicos que podrían utilizarse para brindar atención o ubicar a estas personas en viviendas. Eso sí, ahora hay muchas menos tiendas de campaña y campamentos visibles para turistas y residentes.

“Las personas encontraban seguridad en esas comunidades, y los proveedores de servicios podían localizarlas. Ahora hay gente armada y luces que destellan sacando a la fuerza a personas sin hogar sin previo aviso y tirando sus cosas”, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del Centro Nacional de Leyes sobre Personas sin Hogar (National Homelessness Law Center).

Funcionarios del distrito dicen que algunas personas han aceptado ir a refugios de emergencia. Pero incluso mientras la ciudad trata de ampliar la capacidad de albergues y conectar a la gente con servicios, reconoce que no hay suficientes camas ni viviendas permanentes para todos.

Y habrá menos lugares disponibles para quienes viven en la calle.

El presupuesto del distrito para el año fiscal 2026 concentró los fondos para personas sin hogar en las familias, con 336 nuevos vales para viviendas de apoyo permanente.

Sin embargo, se recortó el financiamiento para albergues temporales tanto para familias como para personas solas, y no se asignaron nuevos vales de vivienda permanente para individuos.

Eso significa menos espacios disponibles para adultos solos, que representan la mayoría de quienes deambulan por las calles. No obstante, las autoridades locales señalaron que han incluido 260 nuevas unidades de vivienda permanente para personas sin hogar, ya sean familias o individuos, en sus planes de construcción.

Empeorando la atención médica

La situación ha saturado los comedores comunitarios, como Miriam’s Kitchen en Foggy Bottom. Esta institución local ofrece comidas calientes, asistencia para vivienda y cobijas a personas en situación de necesidad.

Trabajadores sociales dicen que cada vez es más difícil ayudar a los clientes a obtener identificaciones y otros documentos necesarios para servicios sociales y de vivienda.

“Estoy buscando por todos lados, pero no puedo encontrarlos”, dijo Cyria Knight, trabajadora social de Miriam’s Kitchen. “La mayoría de mis clientes se fue a Virginia”.

No está claro cuántas personas se han trasladado a comunidades vecinas en Virginia o Maryland. En enero, antes de la ofensiva de Trump, se estimaba que había unas en la región. Cuatro de los seis condados que rodean Washington vieron un aumento en la falta de vivienda desde 2024, mientras que en el distrito .

“No veo a mis pacientes por un mes o más, y cuando los encuentro, sus enfermedades crónicas están fuera de control. Han entrado y salido de la sala de emergencia, y tienen más probabilidades de ser hospitalizados”, dijo Anna Graham, enfermera especializada en medicina callejera de , una red de clínicas en Washington. “Esto nos hace retroceder”.

El equipo de Graham estaciona su unidad médica móvil afuera de Miriam’s Kitchen durante la hora de la cena para tener más probabilidades de encontrar pacientes.

Willie Taylor, de 63 años, buscaba dónde dormir esa noche tras recibir la cena. Vio a Graham para recibir medicamentos para una enfermedad pulmonar avanzada, convulsiones, dolor crónico y otros padecimientos.

Le cuesta caminar y necesita una silla de ruedas, lo cual es complicado porque no tiene una dirección fija. Sus proveedores médicos dicen que le han robado sillas de ruedas antes mientras dormía en la calle.

Taylor usa un carrito de compras para mantenerse en pie durante el día, caminando sin rumbo hasta que cae la noche.

En una fría noche de noviembre, Graham lo ayudó a organizar sus medicamentos y revisó sus signos vitales. El equipo le dio un abrigo y calentadores de manos antes de que volviera a irse.

Después de caminar unos 45 minutos, encontró un rincón de pavimento en un parque donde pudo armar su cama con lonas y sacos de dormir.

“Mi cuerpo ya no aguanta esto”, dijo Taylor mientras se preparaba para dormir. “Hay hielo en el concreto. Me duele muchísimo más cuando hace frío”.

Las personas sin hogar  y les cuesta más al sistema de salud que quienes tienen vivienda, en gran parte porque no reciben tratamiento en la calle y, cuando buscan atención, suelen ir a la sala de emergencia.

Se estima que, entre las personas inscritas en Medicaid, quienes no tienen hogar generan un gasto anual de $18.764, frente a $7.561 de otros beneficiarios.

Más temprano ese día, en el comedor comunitario So Others Might Eat, Tyree Kelley terminaba su desayuno: un sándwich de salchicha y huevos duros. Estaba considerando ir a un refugio. Dijo que las calles se estaban volviendo demasiado peligrosas, en referencia a la presencia policial y de la Guardia Nacional. Extrañaba la comunidad de su antiguo campamento, que lo ayudaba a mantenerse seguro.

Este año ha ido al hospital al menos siete veces por una fractura en el tobillo tras caer de un scooter eléctrico. El accidente le hizo perder su trabajo y su seguro médico como recolector de basura, contó. Dijo que su situación lo ha hundido en una depresión que comenzó hace tres años, cuando murió su madre.

Después, este año murieron su padre y su hermana. Para adormecer el dolor, comenzó a beber.

“Uno se deprime mucho estando aquí”, dijo Kelley, de 42 años. “Se vuelve adictivo. Empiezas a no preocuparte ni por cambiarte de ropa”.

Esa depresión lo llevó a buscar marihuana. Luego fumó un cigarro mezclado con fentanilo. La sobredosis lo mantuvo en el hospital durante varios días.

“En realidad morí y volví”, dijo, agradeciendo a otras personas sin hogar que le administraron naloxona y le salvaron la vida. “Necesito salir de esto, pero me siento atrapado”.

A unas cuadras al oeste de la Casa Blanca hay un terreno baldío en donde hasta hace poco había más de una docena de tiendas de campaña. Quienes trabajan en la zona perciben lo que ya no se ve.

“Estuve aquí cuando limpiaron todo. Llegó una topadora y tiraron todo a un camión de basura”, dijo Ray Szemborski, quien trabaja frente a ese lote. “Las personas siguen sin hogar. Las sigo viendo debajo del puente. A veces están en las paradas de bus, otras solo caminando. Las tiendas ya no están, pero ellos siguen aquí”.

This <a target="_blank" href="/es/noticias-en-espanol/las-personas-sin-hogar-de-dc-se-esconden-a-la-intemperie-se-enferman-mas-y-le-cuestan-mas-al-sistema/">article</a&gt; first appeared on <a target="_blank" href="">KFF Health News</a> and is republished here under a <a target="_blank" href=" Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.<img src="/wp-content/uploads/sites/8/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=150&quot; style="width:1em;height:1em;margin-left:10px;">

Para Taylor Farms, que es uno de los principales proveedores mundiales de ensaladas envasadas y verduras cortadas, esto lo ha convertido en un lugar ideal para implementar un innovador modelo de atención médica para sus empleados.

Este método, que podría llegar a tener gran utilidad en la era de los teléfonos inteligentes, es una aplicación que permite efectuar consultas médicas transfronterizas.

Taylor Farms es uno de los principales clientes de una startup llamada MiSalud, que pone en contacto a los empleados hispanohablantes de la empresa con médicos y terapeutas de salud mental en México.

Estos profesionales no tienen licencia en Estados Unidos y no pueden recetar medicamentos, pero actúan como consejeros de salud, colaborando, si es necesario, con un médico estadounidense.

Amy Taylor, que dirige esta iniciativa de promoción de la salud de la empresa desde 2014 y es la nuera de , dijo que unos 5.600 de los 6.400 empleados de Taylor Farms se han registrado en MiSalud y 2.300 han utilizado la aplicación por lo menos una vez.

El servicio es gratuito para los empleados y hasta tres miembros de su familia.

Amy Taylor explicó que la empresa espera que la aplicación, que forma parte de un programa de bienestar más amplio, pueda ayudar a los empleados a mantenerse saludables y, al mismo tiempo, controlar tanto los gastos de la atención médica como otros costos laborales.

Está previsto realizar una evaluación completa de este programa una vez que haya estado en funcionamiento dos años.

La salud de estos trabajadores es una de las principales preocupaciones de la economía agrícola del estado.

Un , dirigido por investigadores de la Universidad de California-Merced, evaluó la salud de más de 1.200 trabajadores agrícolas y descubrió que el 37% de los hombres y el 47% de las mujeres informaron que padecían al menos una enfermedad crónica, incluidas afecciones comunes como diabetes, hipertensión y ansiedad.

Taylor explicó que los empleados de la empresa, que abarcan desde trabajadores del campo y choferes hasta personal de empaque y empleados de oficina, tienen los mismos problemas que los participantes del estudio. Destacó que las principales preocupaciones de salud entre los trabajadores incluyen la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la salud mental.

“Estas son las personas que alimentan a Estados Unidos con comida saludable”, dijo Taylor refiriéndose a los trabajadores de la compañía: “También deberían estar sanos”.

MiSalud fue resultado de la inspiración de Bismarck Lepe, un emprendedor de múltiples proyectos, graduado de la Universidad de Stanford, que proviene de una familia de trabajadores agrícolas migrantes.

Hasta los 6 años, cuando finalmente se estableció en Oxnard, California, toda la familia Lepe viajaba entre México, California y el estado de Washington para cosechar fruta.

Lepe observó que tanto su familia como los amigos a menudo retrasaban la atención médica hasta que podían regresar a México. El sistema de salud estadounidense les resultaba demasiado complicado y el seguro demasiado costoso o de difícil acceso.

“Mi madre sigue prefiriendo recibir atención médica en México”, dijo Lepe. “Para ella es más sencillo”.

Lepe y las cofundadoras Wendy Johansson y Cindy Blanco Ochoa lanzaron MiSalud Health en 2021 con $5 millones de un fondo de capital de riesgo respaldado por Pivotal Ventures, la firma de Melinda French Gates que se enfoca en inversiones de impacto social. Desde entonces, han sumado dos nuevos inversores, Samsung Next y Ulu Ventures.

MiSalud comenzó ofreciendo consultas con médicos mexicanos para las personas que descargaban la aplicación, contó Johansson.

Pero los que podían bajar la aplicación y registrarse por sí mismos no eran, en última instancia, los que más la necesitaban. Por eso, en 2023, la compañía dio un giro para ofrecer su servicio a las empresas como beneficio para los empleados. (Aunque los individuos también pueden seguir utilizándolo).

Además de Taylor Farms, MiSalud tiene entre sus clientes a la ciudad de Lynwood, en California, y a otra docena de empresas. La compañía asegura que casi el 40% de los empleados atendidos por su plataforma admiten que, sin la aplicación, hubieran ignorado sus problemas de salud o hubieran esperado hasta viajar a México para buscar atención médica.

Paul Brown, profesor de economía de la salud de la UC-Merced, colaboró en la investigación sobre el estado físico y  mental de los trabajadores agrícolas que efectuó la universidad. Advirtió que las consultas de telemedicina no sustituyen adecuadamente la atención presencial de un médico de atención primaria o un especialista.

Sin embargo, agregó: “En la medida en que este tipo de programas puedan conectar a las personas con una atención más estándar, son beneficiosos”.

Brown comentó que el enfoque de MiSalud podría ser más eficaz si se modificaran las políticas para permitir que los médicos mexicanos puedan atender a pacientes en Estados Unidos con más facilidad.

Un programa de California iniciado en 2002 permite que los médicos mexicanos viajen al Valle de Salinas y a otras comunidades con gran presencia de población latina para atender pacientes, pero la telemedicina transfronteriza, incluso , sigue siendo limitada.

Aun así, los empleados de Taylor Farms afirman que la aplicación ha sido útil. Rosa “Rosita” Flores, supervisora de línea de las operaciones minoristas de la empresa, dijo que decidió probar MiSalud después que sus compañeros de trabajo le hablaran bien de la aplicación.

En una reciente feria de bienestar de la empresa, patrocinada en parte por MiSalud, le hicieron notar la importancia de monitorear sus niveles de azúcar en sangre y la presión arterial, por lo que reservó una cita en la aplicación para hablar del tema.

“La aplicación es muy fácil de usar”, dijo. Cuando tuvo que cancelar una videollamada porque su hija se enfermó, los asesores de salud hicieron el seguimiento por mensaje de texto.

Los defensores de la medicina transfronteriza afirman que este enfoque ayuda a salvar las barreras lingüísticas y culturales en la atención médica.

En el país, casi la mitad de los inmigrantes —de los cuales aproximadamente dos tercios son hispanohablantes nativos— tienen , y las investigaciones han demostrado muchas veces que las barreras lingüísticas a menudo disuaden a las personas de buscar atención médica.

Por ejemplo, Alfredo Álvarez, asesor de salud de MiSalud que es médico certificado en México, mencionó la creencia en el “mal de ojo”, la idea de que una mirada envidiosa o celosa de una persona puede causar daño, especialmente a los niños.

Un médico estadounidense podría descartar esa idea, pero Álvarez la comprende.

“Esto no es raro aquí”, dijo refiriéndose a  México. “Es una creencia de la medicina tradicional”.

No es que Álvarez anime a sus los usuarios de la aplicación a pasar un huevo por encima del niño o a hacer que el niño lleve una pulsera especial, formas tradicionales de “diagnosticar” y tratar el mal de ojo. Más bien, reconoce sus tradiciones y los orienta hacia la medicina basada en la evidencia.

Los asesores de MiSalud también pueden intentar romper con estereotipos.

Por ejemplo, Álvarez dijo que la arraigada cultura machista de México puede traducirse en la idea de que “los hombres no van al médico”. Mientras tanto, agregó, las mujeres pueden descuidar su salud porque priorizan las necesidades de otros miembros de la familia.

Los asesores también intentan eliminar al estigma que rodea a la búsqueda de tratamiento de salud mental. “Muchos de nuestros ‘socios’ se han sentido extremadamente incómodos o recelosos ante los profesionales de salud mental”, dijo Rubén Benavides Crespo, asesor de MiSalud en este campo y psicólogo titulado en México.

La aplicación intenta romper el hielo facilitando la reserva de las consultas de asesoramiento y haciendo preguntas del estilo de si alguien tiene problemas para dormir, en lugar de invocar términos más preocupantes o potencialmente estigmatizantes como ansiedad o depresión.

Los representantes de MiSalud informaron que la aplicación experimentó un aumento del 50% en las solicitudes de apoyo para la salud mental tras las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, una solicitud más común es el asesoramiento para el duelo, a menudo tras la pérdida de un ser querido.

“La pérdida requiere adaptación”, señaló Benavides.

Para Sam Chaidez, director de operaciones de una planta de Taylor Farms en Gonzales, California, MiSalud es un apoyo adicional para el control de peso.

Hijo de trabajadores del campo, Chaidez se graduó en la Universidad de California en Davis y regresó al Valle de Salinas para trabajar en la empresa en 2007.

En 2019, Chaidez, que acababa de ser padre, empezó a comprender el riesgo de padecer diabetes y otros problemas de salud gracias al programa de bienestar de Taylor Farms. A partir de la dieta y el ejercicio y, más recientemente, al asesoramiento de MiSalud, Chaidez ha perdido 150 libras (68 kilos).

Ahora anima a sus compañeros de trabajo a caminar con él a la hora de comer, y atribuye a los asesores de MiSalud el mérito de haberlo ayudado a no recuperar el peso perdido y a mantenerse sano. “Ha sido una gran ayuda”, señaló.

Este artículo fue producido por ºÚÁϳԹÏÍø News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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La llegada del monitor continuo de glucosa (MCG) hizo que eso ya no fuera necesario. El pequeño dispositivo, que normalmente se coloca en el brazo, tiene un sensor bajo la piel que envía lecturas a una aplicación en un teléfono u otro dispositivo inalámbrico. La aplicación muestra los niveles de azúcar en sangre en un instante, y emite una alarma cuando están fuera del rango normal.

Un nivel de azúcar en sangre demasiado alto podría requerir una dosis de insulina —con una inyección o solo tocando un botón en una bomba de insulina— para evitar complicaciones potencialmente mortales, como la pérdida del conocimiento. Un sorbo de jugo podría solucionar un nivel muy bajo de azúcar en sangre, previniendo problemas como mareos y convulsiones.

En las escuelas, los maestros están atentos a las alarmas de los MCG de los teléfonos de los alumnos. Sin embargo, muchos dicen que no hay garantía de que un maestro escuche una alarma en un aula ruidosa, y que les corresponde a ellos como padres garantizar la seguridad de sus hijos, supervisando ellos mismos la aplicación, aunque no puedan ponerse en contacto rápidamente.

Los padres dicen que las enfermeras escolares y el personal administrativo deberían supervisar de forma remota las aplicaciones de MCG, asegurándose de que alguien esté atento incluso cuando el estudiante esté fuera del aula, en el recreo, en un comedor ruidoso o en una excursión.

Pero muchas escuelas se han resistido, argumentando escasez de personal y preocupación por la fiabilidad de internet y los problemas técnicos con los dispositivos.

“La gente del distrito [escolar] no entiende la enfermedad, y no entiende la urgencia”, dijo Julie Calidonio, de Lutz, Florida.

El hijo de Calidonio, Luke, de 12 años, usa un MCG, pero ha recibido poco apoyo de su escuela, según la madre: nadie escuchaba la alarma o intervenía si su nivel de azúcar en sangre bajaba a niveles críticos.

“¿Por qué tenemos esta tecnología que está diseñada para prevenir daños y no la utilizamos?”, preguntó.

Corey Dierdorff, vocera del Distrito Escolar del condado de Pasco, donde Luke va a la escuela, dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News que el personal reacciona cuando escuchan que el MCG de un estudiante emite una alerta. Cuando se le preguntó por qué el distrito no acepta que el personal supervise las alarmas de forma remota, dijo que duda de la eficacia de internet.

En septiembre, Calidonio presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia contra el distrito, alegando que su incapacidad para supervisar los dispositivos viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), que exige a las escuelas adaptarse para ayudar a los estudiantes que viven con diabetes, entre otras afecciones. Todavía está a la espera de una decisión.

La denuncia ocurrió unos cuatro años después que la fiscalía federal de Connecticut determinara que supervisar el MCG de un alumno en la escuela era una “adaptación razonable” bajo ADA. Esa determinación se tomó después que cuatro estudiantes presentaran denuncias contra cuatro distritos escolares de Connecticut.

“Luchamos y ganamos esta batalla”, dijo Jonathan Chappell, uno de los dos abogados que presentaron las denuncias en Connecticut. Pero la decisión aún no ha impactado en estudiantes en otros estados, agregó.

Chappell y Bonnie Roswig, abogada y directora de la organización sin fines de lucro Center for Children’s Advocacy Disability Rights Project, explicaron que han escuchado de padres en 40 estados que tienen problemas para que las escuelas monitoreen de manera remota los MCG de sus hijos.

Expertos en salud afirman que, en la actualidad, la mayoría de las aproximadamente 300.000 personas menores de 20 años con diabetes tipo 1 en Estados Unidos utilizan MCG. También conocida como diabetes juvenil, es una enfermedad autoinmune que suele diagnosticarse en la primera infancia y que se trata con insulina diaria para ayudar a regular el azúcar en sangre.

(Los MCG también se utilizan en casos de diabetes tipo 2, una afección diferente vinculada a factores de riesgo como la dieta y el ejercicio que afecta a millones de personas, incluyendo un número creciente de niños, aunque por lo general no se diagnostica hasta principios de la adolescencia. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 no utilizan insulina).

Los estudiantes que viven con diabetes, u otra afección o discapacidad, suelen tener un plan de salud desarrollado por su médico, que funciona con otro aprobado por la escuela para tener el apoyo que necesitan. Detalla adaptaciones necesarias, como permitir que un niño coma en el aula o asegurarse que el personal esté capacitado para controlar la glucosa o administrar una inyección de insulina.

Para los niños con diabetes tipo 1, el plan suele incluir monitorear los MCG varias veces al día y responder a las alarmas, indicó Roswig.

Lynn Nelson, presidenta electa de la National Association of School Nurses, dijo que cuando los médicos y los padres consideran que un estudiante necesita que su MCG sea monitoreado de forma remota, la escuela está obligada, bajo ADA, a satisfacer esa necesidad. “Es un requisito legal y es lo correcto”.

Nelson, que también gestiona programas de enfermería escolar en el estado de Washington, señaló que las escuelas a menudo deben equilibrar las necesidades de los estudiantes con la disponibilidad de personal.

“Hay verdaderos desafíos en materia de personal, pero eso significa que las escuelas tienen que hacer todo lo posible, y más, por ayudar a cada estudiante”, afirmó.

Henry Rodríguez, endocrinólogo pediátrico de la Universidad del Sur de Florida y vocero de la American Diabetes Association, dijo que este monitoreo puede ser un reto para las escuelas. Aunque abogan para que cada niño reciba lo que necesita para controlar su diabetes en la escuela, según Rodríguez, las escuelas pueden verse limitadas por la falta de personal de apoyo, incluidas enfermeras.

El año pasado, la asociación actualizó su política sobre los MCG estableciendo que “los distritos escolares deben eliminar las barreras para que las enfermeras escolares o el personal escolar capacitado monitoree los MCG de manera remota, si esto es médicamente necesario para el estudiante”.

En San Diego, Taylor Inman, neumonóloga infantil, dijo que su hija Ruby, de 8 años, recibió poca ayuda de su escuela pública después que le diagnosticaran diabetes tipo 1 y empezara a usar uno de estos dispositivos.

Contó que las alertas del teléfono de Ruby a menudo no se escuchaban fuera del aula, y que no siempre podía comunicarse con alguien para asegurarse de que Ruby reaccionaba cuando sus niveles de azúcar en sangre se volvían anormales.

“Seguimos pidiendo a la escuela que siguiera el MCG de mi hija y nos dijeron que no estaban autorizados a hacerlo”, afirmó.

En un memorando de 2020 enviado a las enfermeras escolares, que sigue vigente, Howard Taras, asesor médico del Distrito Escolar Unificado de San Diego, comunicó que si el médico de un estudiante recomienda el monitoreo remoto, debe hacerlo un padre o personal del consultorio del médico.

Las alarmas del MCG pueden ser “perturbadoras para la educación del estudiante, para los compañeros de clase y para los miembros del personal con otras responsabilidades”, escribió Taras.

Susan Barndollar, directora ejecutiva de enfermería y bienestar del distrito aseguró en un comunicado que el problema con la supervisión remota es que el personal de la oficina de la escuela que la realiza puede no saber dónde está el estudiante para asistirlo rápidamente.

Inman dijo que el año pasado pagaron $20.000 por un perro de apoyo para la diabetes entrenado para detectar niveles altos o bajos de azúcar en sangre y luego transfirieron a Ruby a una escuela privada que rastrea de forma remota su MCG.

“Su nivel de azúcar en sangre está mejor controlado, ya no está asustada ni estresada y puede concentrarse en aprender”, dijo Inman. “Está feliz de ir a la escuela y está progresando mucho”.

Algunas escuelas han cambiado sus políticas. Durante más de un año, varios padres presionaron a las escuelas públicas del condado de Loudoun, en el norte de Virginia, para que las enfermeras escolares siguieran las alertas del MCG desde sus propios dispositivos inalámbricos.

La junta del distrito aprobó el cambio, que entró en vigencia en agosto y afecta a cerca de 100 de los más de 80.000 estudiantes del distrito.

Antes, Lauren Valentine recibía alertas del MCG de su hijo Leo, de 8 años, y llamaba su escuela, en el condado de Loudoun, sin saber si alguien estaba tomando medidas. Valentine dijo que la enfermera del colegio ahora controla el azúcar en sangre de Leo desde un iPad en la clínica.

“Le quita la responsabilidad a mi hijo y la presión al maestro”, afirmó. “Y nos da tranquilidad que las enfermeras de la clínica escolar sepan lo que está pasando”.

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Así que cuando esta profesora de la Universidad de Carolina del Norte-Charlotte se enteró de que Ozempic —desarrollado para tratar la diabetes tipo 2— ayudaba a las personas a perder peso, y mantenerlo, Blanchard supo que tenía que probarlo.

El seguro de salud para empleados estatales inicialmente cubrió la receta, y Blanchard solo tuvo un copago de $25. Dijo que en los siguientes siete meses perdió 45 libras y bajó su presión arterial y su nivel de colesterol.

Sin embargo, los beneficios más significativos fueron psicológicos.

“Paró el ruido que hacía la comida en en mi cabeza, alivió mi ansiedad, y dejé de beber como un pez”, dijo Blanchard, quien ahora tiene 60 años. “Ahora tomo una copa de vino y ya”.

Sin embargo, Carolina del Norte tuvo un shock al ver que Blanchard bajaba de peso y miles de otros empleados en el mismo seguro de salud estatal, que cubre a 76.000 empleados de 178 agencias, más a sus dependientes, intentaban hacer lo mismo.

Ozempic, y otros medicamentos similares, representaron el 10% del gasto anual en medicinas recetadas del seguro estatal, según una hoja informativa del Plan de Salud de Carolina del Norte. El tesorero estatal proyectó que esta clase de medicamentos costaría al estado , y los costos aumentarían a más de $1,000 millones en los próximos seis.

“Esto supera la cantidad que el Plan de Salud del Estado gasta en medicamentos para el cáncer, la artritis reumatoide y la quimioterapia”, dijo el en una declaración en marzo.

La junta de fideicomisarios del plan de salud eliminó la cobertura de esta clase de medicamentos para la pérdida de peso a partir de abril. El plan continúa cubriendo el fármaco para el manejo de la diabetes tipo 2.

Pero, en un giro de los acontecimientos en agosto, otra parte del gobierno de Carolina del Norte permitió que el programa de Medicaid comenzara a cubrir estos medicamentos para la pérdida de peso, no solo para la diabetes, para los residentes más pobres del estado, que están desproporcionadamente afectados por la obesidad y enfermedades relacionadas. En el estado, Medicaid cubre a más de 2 millones de personas.

Ahora, la administración saliente de Biden quiere seguir su ejemplo: el 26 de noviembre propuso que el gobierno federal cubra los medicamentos para tratar la obesidad en pacientes de Medicaid en todo el país, sumándose a los pacientes de Medicare que ya pueden utilizarlos.

A pesar de esto, el cambio en la cobertura en Carolina del Norte dejó a empleados estatales como Blanchard enfrentándose a una dura elección: dejar de tomar lo que ella considera un medicamento milagroso o pagar hasta $1,200 de su bolsillo cada mes.

“Saben que las dietas no funcionan a largo plazo para la pérdida de peso, sin embargo, están negando la cobertura de un medicamento que ha sido efectivo”, dijo Blanchard. “Resalta una mentalidad orientada a las ganancias, más enfocada en ahorrar costos que en priorizar la salud de los pacientes”.

El cambio en la cobertura destaca preocupaciones sobre el costo de estos medicamentos y las preguntas sobre si las aseguradoras deben cubrirlos.

Varios otros estados también están tratando de controlar el costo de estos medicamentos. West Virginia para cubrir a sus empleados estatales. En Connecticut, los empleados estatales a los que se les han recetado estos medicamentos de manejo del estilo de vida.

Los altos precios también han suscitado preocupaciones sobre el costo para programas de salud financiados por los contribuyentes, como Medicare.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) estimaron que la cobertura bajo la propuesta de Biden costaría alrededor de $40,000 millones en 10 años, incluyendo un costo adicional de $3,800 millones para los estados.

Sin embargo, el requisito no entraría en vigencia hasta después que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero, dándole a su administración la oportunidad de cambiarlo.

Los medicamentos agonistas GLP-1, conocidos por los nombres comerciales Ozempic, Trulicity y Wegovy, han demostrado ser efectivos para la pérdida de peso y para el manejo de la diabetes tipo 2. Funcionan desencadenando la liberación de insulina por el páncreas, ralentizando el vaciado del estómago, aumentando el nivel de saciedad y regulando el apetito al enviar señales al cerebro para indicar que el cuerpo está satisfecho.

Sin embargo, los pacientes suelen necesitar seguir tomando estos medicamentos para mantener la pérdida de peso, lo que implica costos a largo plazo.

En ensayos clínicos, los pacientes que tomaron Ozempic también mostraron reducciones significativas en problemas como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, incluso aquellos sin diabetes o antes de comenzar a perder peso, dijo , cardiólogo e investigador de la Universidad de Duke.

Hacer que estos medicamentos estén disponibles a través de Medicaid es un interés financiero a largo plazo para el estado, dijo Kody Kinsley, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. A diferencia de los planes privados o de empleadores, Medicaid recibe generosos descuentos en este tipo de medicamentos, reduciendo significativamente el costo, explicó.

Apodando a Carolina del Norte “el cinturón de la barbacoa,” Kinsley señaló que la tasa de obesidad del estado supera el promedio nacional. El último en la Universidad de Chicago mostró que el 45% de los adultos en el estado tenían un índice de masa corporal superior a 30, el umbral para la obesidad clínica, en comparación con el 42% a nivel nacional. Para los adultos negros no hispanos en el estado, esa cifra era del 55%.

Además, Kinsley dijo que, siendo Medicaid el principal pagador del cuidado a largo plazo, cubrir estos medicamentos ayuda a reducir la necesidad de atención en hogares de adultos mayores, a menudo impulsada por enfermedades crónicas mal manejadas.

“Estamos tratando de invertir nuestros recursos donde reduzcan costos a largo plazo”, afirmó. “Gasto casi mil millones de dólares al año en enfermedades relacionadas con la obesidad. Si puedo reducir ese gasto incluso en un 1%, estos medicamentos son lo más lógico”.

Pero, ¿qué pasa con las personas que no están en Medicaid? Shah, de Duke, dijo que el sistema de salud de Estados Unidos necesita eliminar las barreras que dificultan la obtención de estos medicamentos. Además de hacer que los medicamentos sean más asequibles, agregó, debería alentarse el uso de medicamentos para la pérdida de peso y el tratamiento de la obesidad como una enfermedad crónica, en lugar de estigmatizarla como un fracaso moral.

“Ya sea el costo del medicamento, las condiciones que requieren la aprobación del pagador, la cobertura médica del paciente o la inaccesibilidad de un plan que cubriría la pérdida de peso, hay barreras reales en nuestro sistema de salud”, explicó Shah.

Melissa Jones, médica de familia de Charlotte, dijo que a menudo ha observado un sesgo contra las personas en su práctica de manejo del peso cuando intentan que los seguros privados cubran estos medicamentos.

“No hay vergüenza en decir ‘tengo presión arterial alta’ o ‘heredé esta condición de mi familia,’” comentó Jones. “Pero, por alguna razón, hay vergüenza en decir, ‘Lucho con mi peso’”.

Aunque Blanchard ya no puede obtener la cobertura de Ozempic como empleada estatal, un médico de atención personalizada le recetó una versión del medicamento anti-obesidad producido en una farmacia de compuestos, disponible por ahora debido a la escasez de las versiones de marca. Aunque cree que es menos efectivo, paga $225 al mes por ella.

“Puedo manejar eso”, dijo.

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Ahora, mientras los demócratas reconstruyen su candidatura presidencial a pocos meses de las elecciones, se esperaría que, de ser la nueva nominada, Harris adoptase una postura agresiva en apoyo al acceso al aborto, atacando al ex presidente Donald Trump en un tema que podría socavar sus posibilidades de victoria.

Biden respaldó a Harris el domingo 21 de julio cuando anunció su decisión de retirarse de la contienda.

Aunque Biden buscaba mantener el aborto como tema central de su campaña de reelección, defensores seguían teniendo dudas de que el presidente, un católico practicante que ha dicho que no es , pudiera ser un abanderado efectivo. Especialmente mientras los esfuerzos republicanos erosionan el acceso al aborto y otros servicios de salud para mujeres en todo el país.

Por otro lado, Harris se convirtió en la primera vicepresidenta en visitar una clínica operada por Planned Parenthood Federation of America. Emprendió una gira nacional centrada en los derechos reproductivos. Y cuando el senador JD Vance de Ohio fue nombrado compañero de fórmula de Trump, Harris utilizó su siguiente mitín de campaña para criticarlo por bloquear protecciones para la fertilización in vitro.

“Lo más significativo es que Harris sería el rostro del impulso para proteger el derecho al aborto”, dijo Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud en KFF, organización sin fines de lucro de información de salud de la que ºÚÁϳԹÏÍø News es parte, en una entrevista antes de que Biden se retirara. “El acceso al aborto probablemente sería el tema central en su campaña”.

Una postura firme sobre el aborto no es el único gran contraste con el Partido Republicano (GOP) que ofrece Harris: tiene un gran conocimiento en política de salud. De niña, a menudo acompañaba a su madre al laboratorio donde trabajaba los fines de semana, como investigadora del cáncer de mama.

Durante su campaña presidencial en 2019, apoyó el “Medicare para Todos”, una propuesta de seguro de pagador único, que estableció sus credenciales como una voz más progresista en políticas de salud. Y como fiscal general de California, luchó contra la consolidación en la industria de la salud debido a la preocupación de que esto aumentaría los precios.

En abril, defendió una norma de la administración Biden que establece niveles mínimos de personal en los hogares de adultos mayores financiados con fondos federales.

“Se merece crédito, ha hablado de estos temas en la campaña. No veo ningún cambio en las prioridades sobre lo que los demócratas quieren hacer en salud si ella se convierte en la nominada”, dijo , vicepresidenta de McDermott + Consulting.

Un enfoque intensificado en la salud de la mujer y el aborto podría ayudar a consolidar a los votantes demócratas en la recta final hacia las elecciones.

Desde que en 2022 los tres jueces de la Corte Suprema nombrados por Trump ayudaron a derogar Roe vs. Wade, la opinión pública se ha vuelto en contra de los republicanos en el tema del aborto, incluso contribuyendo a un en las elecciones intermedias de ese año.

El 32% de los votantes dijeron que solo votarían por un candidato para un cargo importante que compartiera sus opiniones sobre el aborto, según realizada en mayo. Ese es un récord alto desde que Gallup hizo la pregunta por primera vez en 1992. Casi el doble de votantes que apoyan el aborto, en comparación con aquellos que se oponen al aborto, tienen esa opinión.

El 63% de los adultos dijeron que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según una encuesta realizada en abril por el . El 36% dijo que debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos.

Mientras tanto, los republicanos han estado ansiosos por de su propia victoria en este tema. Trump enfureció a algunos miembros de su base al decir que dejaría las decisiones sobre el aborto a los estados.

Sin embargo, defensores advierten que la nueva moderación por omisión del GOP en el tema enmascara su postura real, más extrema. Vance ha sido claro en el pasado sobre su apoyo a una prohibición nacional del aborto.

Y aunque la plataforma del GOP adoptada durante la convención del partido hace pocos días puede no pedir explícitamente una , el reconocimiento de los líderes del partido de la , la idea de que tan pronto como se fertiliza un óvulo se convierte en una persona con todos los derechos legales, crearía una prohibición automáticamente si la Corte Suprema la encontrara constitucional.

Esas opiniones contrastan con las de muchos republicanos, especialmente mujeres. Alrededor de la mitad de las votantes republicanas creen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según reciente de KFF.

Y la mayoría de las mujeres que votan por el Partido Republicano creen que el aborto debería ser legal en casos de violación, incesto o una emergencia durante el embarazo.

Si Harris encabeza la candidatura, se esperaría que enfatice esos temas en los próximos meses.

“Ha sido uno de los temas principales, si no el principal, que ha remarcado en el último año o dos”, dijo Matthew Baum, profesor Marvin Kalb de comunicaciones globales en la Universidad de Harvard. “Claramente, los republicanos están tratando de desactivar el tema. Ha sido un desastre para ellos”.

Es probable, sin embargo, que los republicanos presenten las opiniones de Harris sobre el aborto como extremistas. Durante el debate presidencial contra Biden, Trump que los demócratas apoyan los abortos tardíos en el embarazo, “incluso después del nacimiento”.

Poco después que se diera la noticia de que Biden había respaldado a Harris, Susan B. Anthony Pro-Life America emitió un comunicado criticando el historial de Harris y ofreciendo una muestra de lo que está por venir. “Mientras Joe Biden tiene problemas para decir la palabra aborto, Kamala Harris la grita”, dijo Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo.

Algunos encuestadores han dicho que Harris tendrá que hacer más que simplemente hacer campaña contra los esfuerzos republicanos para revertir el acceso al aborto para realmente motivar a los votantes: temas como la inflación, la economía y la inmigración, están compitiendo por atención.

“Tiene que decir que está luchando por una ley federal que restablezca Roe vs. Wade”, dijo Robert Blendon, profesor emérito de salud pública en la Universidad de Harvard. “Necesita algo muy específico y claro”.

La elevación de Harris a la cima de la candidatura llegaría en un momento crítico en la lucha por los derechos reproductivos.

La Corte Suprema escuchó dos casos de aborto en el término que acaba de finalizar. Pero los jueces no abordaron los méritos de los temas en ninguno de los casos, fallando en su lugar sobre cuestiones técnicas. Se espera que ambos regresen a la Corte Suprema tan pronto como el próximo año.

Harris también tendría una considerable libertad para hablar sobre lo que se considera los principales logros de la política de salud de la administración Biden.

Estos incluyen en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo precio (ACA) destinados a ayudar a los consumidores a obtener seguro de salud, que se extendieron, a través de la Ley de Reducción de la Inflación, hasta 2025, el límite mensual de que algunos pacientes pagan por la insulina, y la negociación de .

“Creo que está bien posicionada. Harris es parte central de la administración y podrá atribuirse el mérito de esas cosas”, dijo Dan Mendelson, CEO de , una subsidiaria de J.P. Morgan Chase.

Dicho esto, puede ser difícil para cualquier candidato lograr que los votantes se enfoquen en algunos de esos logros, especialmente en los esfuerzos relacionados con los precios de los medicamentos.

Aunque la administración ha tomado algunos pasos importantes, “nuevos medicamentos costosos siguen saliendo al mercado”, dijo Mendelson. “Así que si miras la percepción de los consumidores, no creen que el costo de los medicamentos esté bajando”.

Joseph Antos, del American Enterprise Institute, dijo que es probable que Harris diga que la administración Biden-Harris “ya le está ahorrando dinero a la gente” en insulina. Pero tendrá que ir más allá de estos logros y redoblar sus esfuerzos en los precios de los medicamentos y otros temas de costo, no hablar únicamente sobre derechos reproductivos.

“Tiene que concentrarse, si quiere ganar, en temas que tengan un amplio atractivo”, dijo Antos. “El costo es uno y el acceso a tratamientos es otro gran tema”.

Samantha Young de ºÚÁϳԹÏÍø News contribuyó con este informe.

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Sin Ozempic o un medicamento similar, Cooper Harris sufre desmayos, se cansa demasiado para cuidar a sus nietos y lucha por ganar dinero extra haciendo trenzas. Marcus Harris, que es cocinero en Waffle House, necesita Trulicity para evitar que sus piernas y pies se hinchen y se hagan moretones.

La médica de la pareja ha intentado recetarles medicamentos similares, que imitan una hormona que suprime el apetito y controla el azúcar en sangre al aumentar la producción de insulina. Pero no suele haber stock de estas drogas. Otras veces, el plan médico que tienen a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) les impone un largo proceso de aprobación o un costo de bolsillo que no pueden pagar.

“Es como si tuviera que saltar obstáculos para vivir”, dijo Cooper Harris, de 46 años, residente de Covington, Georgia, al este de Atlanta.

La escasez de suministros y las barreras que ponen las aseguradoras para obtener esta poderosa clase de medicamentos, llamados agonistas de GLP-1, han dejado a muchas personas que viven con diabetes y obesidad sin los medicamentos que necesitan para mantenerse saludables.

Una de las raíces del problema es el precio muy establecido por las farmacéuticas que fabrican estos medicamentos. Alrededor del 54% de los adultos que habían tomado un medicamento GLP-1, incluidos aquellos con seguro, dijeron que el costo era “difícil” de pagar, según los resultados de publicada este mes.

Pero los más afectados son los pacientes con ingresos más bajos: personas con pocos recursos que luchan por ver a los médicos y comprar alimentos saludables.

En Estados Unidos, Novo Nordisk cobra alrededor de $1,000 por un suministro mensual de Ozempic, y Eli Lilly cobra una cantidad similar por Mounjaro. Los precios de un suministro mensual de diferentes medicamentos GLP-1 varían antes de la cobertura de la aseguradora, según el Peterson-ºÚÁϳԹÏÍø System Tracker.

El gasto de Medicare en tres populares medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso —Ozempic, Rybelsus y Mounjaro— alcanzó los $5.7 mil millones en 2022, frente a los $57 millones en 2018, según .

El precio tiene “el potencial de llevar a la quiebra a Medicare, Medicaid y todo nuestro sistema de salud”, escribió el senador Bernie Sanders (independiente de Vermont), presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de EE.UU., en una carta a Novo Nordisk en abril.

Los precios altos también significan que no todos los que necesitan los medicamentos pueden obtenerlos. “Ya están en desventaja de múltiples maneras y esta es solo una más”, dijo Wedad Rahman, endocrinóloga de Piedmont Healthcare en Conyers, en Georgia. Muchos de los pacientes de Rahman, incluidos los Cooper Harris, están desatendidos, tienen planes de salud con deducibles altos o están en programas de asistencia pública como Medicaid o Medicare.

Muchos fabricantes de medicamentos tienen programas que ayudan a los pacientes a comenzar y mantenerse en tratamientos con medicamentos por poco o ningún costo. Pero esos programas no han sido confiables para drogas como Ozempic y Trulicity debido a la escasez de suministros. Y los requisitos de muchos aseguradoras, que los pacientes reciban o primero intenten con medicamentos menos costosos, suman demoras en la atención.

Para cuando muchos de los pacientes de Rahman la ven, su diabetes no ha sido controlada durante años y están sufriendo complicaciones graves como heridas en los pies o ceguera. “Y ese es el final del camino”, dijo Rahman. “Tengo que elegir algo más que sea más asequible y que no sea tan bueno para ellos”.

Los agonistas de GLP-1, la categoría de medicamentos que incluye Ozempic, Trulicity y Mounjaro, fueron aprobados por primera vez para tratar la diabetes. En los últimos tres años, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado versiones con nuevas etiquetas comerciales de Mounjaro y Ozempic para la pérdida de peso, lo que ha llevado a que la demanda se dispare.

Y la demanda solo está creciendo a medida que se hacen más evidentes los beneficios de los medicamentos.

En marzo, la FDA aprobó el medicamento para la pérdida de peso Wegovy, una versión de Ozempic, para , lo que probablemente aumentará la demanda y el gasto. Hasta 30 millones de estadounidenses, o el 9% de la población, se espera que estén usando un agonista de GLP-1 para 2030, según estimó la .

A medida que más pacientes intentan obtener recetas de agonistas de GLP-1, los fabricantes se esfuerzan por producir suficientes dosis.

Eli Lilly está instando a las personas a evitar usar su medicamento Mounjaro para la pérdida de peso cosmética, para asegurar suficientes suministros para personas con afecciones médicas. Pero la popularidad de los medicamentos sigue creciendo a pesar de efectos secundarios como náuseas y constipación, impulsada por su efectividad y el respaldo de celebridades. En marzo, Oprah Winfrey lanzó un especial de una hora sobre la capacidad de los medicamentos para ayudar con la pérdida de peso.

Puede parecer que todo el mundo está tomando estos medicamentos, dijo Jody Dushay, profesor asistente de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y endocrinólogo en el Centro Médico Beth Israel Deaconess. “Pero no son tantas personas como piensas”, dijo. “Simplemente no hay suficientes”.

Incluso cuando los medicamentos están en stock, las aseguradoras están tomando medidas, dejando a los pacientes y proveedores de atención médica navegando por una maraña de reglas que cambian constantemente.

Los planes de Medicaid estatales de los medicamentos para la pérdida de peso. Medicare los medicamentos si se recetan para la obesidad. Y las aseguradoras comerciales debido su costo.

Los proveedores de atención médica están diseñando planes de atención en base a lo que está disponible y lo que los pacientes pueden pagar.

Por ejemplo, la aseguradora de Cooper Harris cubre Trulicity pero no Ozempic, que ella prefiere porque tiene menos efectos secundarios. Cuando su farmacia se quedó sin Trulicity, tuvo que depender más de la insulina en lugar de cambiar a Ozempic, dijo Rahman.

Un día en marzo, Brandi Addison, endocrinóloga en Corpus Christi, Texas, tuvo que ajustar las recetas de los 18 pacientes que vio debido a problemas de disponibilidad y costo de los medicamentos, dijo. Una paciente, con cobertura a través de un plan de salud para maestros jubilados con deducible alto, no podía permitirse un tratamiento con un agonista de GLP-1, dijo Addison.

“Hasta que alcance ese deducible, simplemente no es un medicamento que pueda usar”, dijo Addison. En cambio, puso a su paciente bajo tratamiento con insulina, cuyo precio está limitado a una fracción del costo de Ozempic, pero que no tiene los mismos beneficios.

“Esos pacientes que tienen un ingreso fijo serán nuestros pacientes más vulnerables”, concluyó Addison.

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Realiza diagnósticos rápidos, sin la presencia de un médico.

Sus clínicas, Tarzana Treatment Centers, son de las primeras en adoptar un sistema de IA que promete expandir drásticamente la detección de retinopatía diabética, la principal causa de ceguera entre adultos en edad laboral y una amenaza para muchos de los cerca de 38 millones de estadounidenses con diabetes.

“Ha sido una bendición para nosotros”, dijo Espinoza, citando los beneficios de un examen rápido y fácil que puede realizarse con poco entrenamiento y que brinda resultados inmediatos.

Y a sus pacientes también les gusta. Joseph Smith, quien tiene diabetes tipo 2, recordó la engorrosa tarea de tomar el autobús hasta el oftalmólogo, dilatar sus pupilas, y luego esperar una semana por los resultados. “Era horrible”, dijo. “Ahora, toma solo unos minutos”.

En medio de todo el revuelo en torno a la inteligencia artificial en la atención médica, la tecnología de exámenes de la vista está surgiendo como uno de los primeros casos de uso probados de diagnósticos basados en IA en un entorno clínico.

Si bien la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) ha aprobado cientos de , la adopción ha sido lenta mientras los proveedores navegan por el proceso regulatorio, la cobertura del seguro, los obstáculos técnicos, las preocupaciones sobre la equidad y los desafíos de integrarlos en los sistemas de proveedores.

Los exámenes de la vista muestran que la capacidad de la IA para proporcionar resultados inmediatos, así como el ahorro de costos y la conveniencia de no necesitar hacer una cita adicional, pueden tener grandes beneficios tanto para los pacientes como para los proveedores.

De unos 700 exámenes de la vista realizados durante el último año en las clínicas de Espinoza, casi una cuarta parte detectaron retinopatía, y los pacientes fueron remitidos a un especialista para recibir atención adicional.

La se produce cuando el alto nivel de azúcar en la sangre daña los vasos sanguíneos en la retina. Si bien el control de la diabetes de un paciente a menudo puede prevenir esta afección, y existen tratamientos para etapas más avanzadas, los médicos dicen que las evaluaciones regulares son cruciales para detectar los síntomas temprano.

Las tres compañías con exámenes de la vista con IA aprobados por la FDA para retinopatía diabética —Digital Diagnostics, con sede en Coralville, Iowa; Eyenuk, de Woodland Hills, California; y la empresa de software israelí AEYE Health— han vendido sistemas a cientos de consultorios en todo el país.

Unas pocas docenas de compañías han realizado investigaciones en este campo específico, y algunas han obtenido autorización regulatoria en otros países, .

, antes Idx, recibió la aprobación de la FDA para su sistema en 2018, después de décadas de investigación y un ensayo clínico que involucró a 900 pacientes diagnosticados con diabetes. Fue el primer sistema de IA totalmente autónomo en cualquier campo médico, lo que hizo que su aprobación fuera “ en la historia de la medicina”, dijo Aaron Lee, especialista en retina y profesor asociado de la Universidad de Washington.

Al sistema, utilizado por Tarzana Treatment Centers, puede operarlo alguien con un diploma de escuela secundaria y unas horas de entrenamiento, y solo lleva unos minutos generar un diagnóstico, sin dilatación de los ojos la mayoría de las veces, dijo John Bertrand, CEO de Digital Diagnostics. Se puede instalar en cualquier habitación poco iluminada, y los pacientes apoyan su barbilla en un soporte, y miran fijo a la cámara mientras un técnico toma imágenes de cada ojo.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda que las personas con diabetes tipo 2 se hagan exámenes de la vista cada uno o dos años; sin embargo, solo alrededor del 60% de las personas con diabetes se los realizan cada año, dijo Robert Gabbay, director científico y médico de la ADA.

Las tasas pueden ser para los menores de 21 años con diabetes. En grandes áreas del país, la y oftalmólogos puede dificultar la programación de citas, por las que a veces hay que esperar meses. Además, las barreras de viajar a una cita adicional para dilatar los ojos —lo que significa tomar tiempo libre del trabajo o la escuela, y tener transporte— pueden ser particularmente difíciles para pacientes de bajos ingresos, quienes también tienen .

“El 90% de nuestros pacientes son trabajadores manuales y de fábricas”, dijo Espinoza sobre sus clínicas del sur de California, que atienden principalmente a poblaciones minoritarias. “Si no trabajan, no comen”.

Un posible inconveniente de no tener un médico que realice el examen es que el algoritmo solo busca retinopatía diabética, por lo que podría pasar por alto otras enfermedades de cuidado, como el melanoma coroideo, dijo Lee. También los algoritmos generalmente “pecan de precavidos” y mandan demasiado a los pacientes a ver a especialistas.

Pero esta tecnología ha mostrado un gran beneficio: es tres veces más probable que el paciente haga un seguimiento después de un resultado positivo con el sistema de IA, según realizado por Universidad de Stanford.

Eso se debe a la “proximidad del mensaje”, dijo David Myung, profesor asociado de Oftalmología en el Instituto de Ojos Byers en Stanford. Cuando el resultado se entrega de inmediato, en lugar de en semanas o incluso meses, es mucho más probable que el paciente tome acciones.

Myung lanzó el , enfocándose originalmente en telemedicina y luego cambiando a IA en sus clínicas del área de la Bahía.

Ese mismo año, el National Committee for Quality Assurance amplió su estándar  de detección de retinopatía diabética para incluir los sistemas de IA. Myung dijo que llevó alrededor de un año filtrar los sistemas de ciberseguridad y TI del sistema de salud de Stanford para integrar la nueva tecnología.

También se aprendió a tomar fotos de calidad que la IA pueda descifrar, dijo Myung. “Incluso alcanzando nuestro ritmo, siempre hay algo que mejorar”, agregó.

La prueba de IA ha sido reforzada por un código de reembolso de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que puede ser difícil y llevar mucho tiempo obtener para dispositivos innovadores. Pero los proveedores de atención médica necesitan esa aprobación gubernamental para obtener reembolsos.

En 2021, los CMS establecieron la tasa de pago nacional para exámenes de retinopatía diabética con IA en $45.36: bastante por debajo de la tasa promedio  negociada de manera privada, que es de $127.81, según un estudio reciente del sobre IA.

Cada empresa tiene un modelo de negocio ligeramente diferente, pero en general cobran a los proveedores tarifas de suscripción o licencia por su software. Las compañías no quisieron compartir cuánto cobran por el programa.

Las cámaras y se compran por separado o se alquilan como parte de la suscripción del software.

El mayor cumplimiento de las recomendaciones, junto con las referencias a especialistas, hace que valga la pena, dijo Lindsie Buchholz, líder de informática clínica de Nebraska Medicine, que a mediados de diciembre comenzó a usar el sistema de Eyenuk. “De alguna manera, ayuda a que la cámara se pague por sí sola”, dijo.

Hoy en día, el sistema de Digital Diagnostics se encuentra en alrededor de 600 sitios en todo el país, según la compañía. AEYE Health dijo que a su examen de la vista lo utilizan cientos de proveedores en el país. Eyenuk se negó a compartir detalles sobre su alcance.

La tecnología continúa avanzando, con estudios clínicos para cámaras adicionales —incluyendo un dispositivo portátil que puede examinar a los pacientes fuera de las clínicas— y diagnosticar otras enfermedades oculares, como el glaucoma.

Estas innovaciones ponen a la oftalmología, junto con la radiología, la cardiología y la dermatología, como especialidades en las que la innovación en IA está ocurriendo rápidamente.

“En un futuro cercano va a haber cámaras que se pueden usar en la medicina de calle, y van a ayudar a mucha gente”, dijo Espinoza.

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Zuena, “fundadora/visionaria” de LH Spa & Rejuvenation en Livingston y Madison, New Jersey, ha bajado 30 libras. Su esposo bajó 42 libras.

“Salimos mucho”, dijo Zuena sobre su rutina social. “La gente veía que nos estábamos encogiendo”. Le preguntaban a la pareja cómo lo habían logrado. Su respuesta: recomendar que las personas visiten su spa y prueben un tipo de medicamento relativamente nuevo, los análogos del GLP-1, una clase de fármacos que se ha convertido en un fenómeno para la pérdida de peso.

Pero Zuena no solo difunde este mensaje en persona. También lo está haciendo en Instagram, y no es la única. En las redes sociales, hay un coro de voces que canta alabanzas a estas drogas. El verano pasado, el banco de inversión Morgan Stanley descubrió que las menciones de uno de estos medicamentos en TikTok se habían triplicado. Las personas llegan a los consultorios de sus médicos preguntando sobre estos medicamentos supuestamente “milagrosos”.

Las promesas que estos pacientes han escuchado, dicen los médicos, están basadas en información exagerada e incluso a veces errónea difundida por los llamados influencers, personas influyentes en las redes sociales. “Me piden el lápiz mágico, la inyección para perder peso u Ozempic”, dijo , endocrinóloga y profesora asistente clínica en la Grossman School of Medicine de la Universidad de Nueva York.

La competencia para hacerse con un mercado que al año, solo para los fabricantes de medicamentos, ha desencadenado una ola de publicidad que preocupa a las autoridades sanitarias  y médicos de todo el mundo. Pero sus herramientas para controlar estos anuncios desenfranados son limitadas, especialmente cuando se trata de las redes sociales. Al sistema regulatorio le interesa más lo que dicen las empresas farmacéuticas, no tanto lo que difunden los médicos o sus pacientes entusiasmados.

Pocas drogas de este tipo están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para bajar de peso; entre ellas está Wegovy, de Novo Nordisk.

Pero cuando la escasez de este medicamento hizo que fuera más difícil de obtener, muchos pacientes recurrieron a otros fármacos, como Ozempic, de Novo Nordisk, y Mounjaro, de Eli Lilly, que están aprobados solo para la diabetes tipo 2. Estas drogas se suelen utilizar “fuera de receta”, es decir, para un uso distinto del uso que está indicado, aunque pocos influencers en las redes sociales mencionan este aspecto.

Los medicamentos han demostrado prometedores, dicen Jaisinghani y sus colegas. Los pacientes pueden perder hasta . Novo Nordisk está financiando para determinar si Wegovy reduce la tasa de ataques cardíacos en pacientes con obesidad.

Pero los medicamentos son caros. Para los pacientes que pagan en efectivo en Washington, DC, Wegovy cuesta por lo menos $1,305 al mes, según una búsqueda de GoodRx a fines de marzo.

Las aseguradoras cubren el costo solo en algunos casos. Y cuando dejan de usar la droga, los pacientes suelen recuperar gran parte del peso que perdieron.

El sensacionalismo impulsa la demanda

Muchos de los pacientes que llegan a los consultorios médicos pidiendo estas drogas no lo hacen por la ciencia sino por lo que vieron en TikTok, como videos de y otros famosos hablando de sus inyecciones. Se preguntan “¿por qué ella puede usarlo y yo no?”, dijo , médica y codirectora del programa integral de control de peso de la Universidad de Utah.

El nivel de entusiasmo, que preocupa a los médicos ya que puede hacer que algunos pacientes usen estos medicamentos de manera inapropiada, también proviene de los intereses comerciales. Estos incluyen médicos que promocionan sus nuevas empresas de capital de riesgo. Otros son spas pregonando todo tipo de servicios, desde tratamientos para las arrugas y rellenos inyectables para los labios hasta los supuestos beneficios para la pérdida de peso de la semaglutida, el principio activo de Wegovy y Ozempic.

Los precios que ofrecen, a menudo alrededor de cientos de dólares, son mucho más bajos que los que cobran las farmacias por los mismos medicamentos.

En los Estados Unidos, la FDA monitorea las publicidades de la industria farmacéutica, que está obligada a mencionar los riesgos y los efectos secundarios de los medicamentos. Pero los anuncios difundidos por los individuos que recetan estas drogas no necesariamente están sujetos a las mismas reglas. La FDA regula los anuncios de personas que recetan drogas cuando trabajan para una entidad regulada, como un fabricante o distribuidor farmacéutico.

“La FDA también se compromete a colaborar con agencias externas, como la Comisión Federal de Comercio, para abordar las preocupaciones sobre la comercialización de medicamentos recetados que hacen empresas de telesalud en varias plataformas, incluyendo las redes sociales”, dijo Jeremy Kahn, vocero de la agencia, en un email a ºÚÁϳԹÏÍø News.

Las empresas farmacéuticas realizan campañas para educar a los profesionales de salud o “concientizar”, muchas veces promocionando medicamentos de forma indirecta. Novo Nordisk tiene una para redefinir y desestigmatizar la obesidad en Estados Unidos. Aunque no lo dicen explícitamente, esta campaña también “desestigmatiza” los medicamentos que se usan para tratar la obesidad.

ºÚÁϳԹÏÍø News también descubrió que al menos estaban promocionando productos de Novo Nordisk en el Reino Unido.

A principios de marzo, los ya habían eliminado casi 1,900 anuncios que promocionaban los análogos del GLP-1, dijo un vocero de la agencia a ºÚÁϳԹÏÍø News. Novo Nordisk dice que no colocó los anuncios, la mayoría de los cuales eran para Ozempic, una de sus drogas. Los entes reguladores se negaron a identificar a las personas involucradas.

Los médicos también advierten de los peligros de estas publicidades. Piensan que los pacientes usarán estos medicamentos de forma no autorizada u obtendrán formas poco confiables de las drogas, y temen que estas exacerben otras afecciones de salud, como los trastornos alimentarios.

Los medicamentos actúan en parte como inhibidores del apetito, y existe el riesgo de que los pacientes reduzcan peligrosamente su consumo de calorías cuando las drogas no están combinadas con un plan nutricional.

, directora médica regional del Eating Recovery Center, cree que los medicamentos y los anuncios que los promueven inadvertidamente provocarán trastornos alimentarios. ºÚÁϳԹÏÍø News encontró publicidades que mostraban a pacientes delgados midiéndose con una cinta métrica y pesándose en una balanza, con subtítulos alentando a la audiencia a usar los GLP-1.

“Se están comercializando muy, muy deliberadamente a grupos que son vulnerables a experimentar insatisfacción por su imagen corporal”, dijo.

Remi Bader, modelo curvilíneay creadora de TikTok que se especializa en documentar sus compras de ropa “práctica y funcional”, habló en un sobre su experiencia saliendo de “unos meses” de tratamiento con Ozempic. Dijo que recuperó el doble del peso que había perdido y que su trastorno por comer compulsivamente “empeoró muchísimo”.

Un estudio publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism observó que los pacientes recuperan después de dejar la semaglutida.

Pero los usuarios en las redes sociales y los influencers, ya sea los que usan batas blancas o los pacientes comunes y corrientes, están compartiendo sus experiencias positivas de pérdida de peso en todas las plataformas. Algunos, por ejemplo, se sometieron a una cirugía de bypass gástrico que no funcionó y ahora recurren a TikTok en busca de orientación, apoyo y esperanza para su tratamiento con drogas de GLP-1. Incluso hay un grupo de Facebook donde los usuarios discuten un tema un poco tabú: el efecto de estos medicamentos en sus evacuaciones intestinales.

Fórmulas magistrales y comercialización causan entusiasmo y preocupación

Algunos están tan encantados con su pérdida de peso asistida por medicamentos que se han convertido en “embajadores” de las compañías. Samantha Klecyngier ha bajado al menos 58 libras desde que comenzó su tratamiento con Mounjaro. Descubrió la droga y el programa de pérdida de peso de telemedicina en .

Como muchas otras personas que han perdido una cantidad notable de peso con el tratamiento señala el efecto positivo de estas drogas y cómo ha mejorado su calidad de vida. Ahora, Klecyngier promueve a la empresa de forma oficial en la aplicación.

Aunque Klecyngier, que vive en Chicago y tiene dos hijos, no es diabética, usa Mounjaro. Cuando ella era niña, sus padres sufrían de diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas que los llevaron a ambos a tener cirugías cardíacas. Su padre murió por complicaciones de la diabetes, y ella quiere evitar ese destino.

El caso de Klecyngier, que combina su experiencia personal con una entidad lucrativa, refleja otra tendencia en las redes sociales: el comercialismo. Hay una oleada de nuevas empresas tratando de invertir en medicamentos que dan dinero combinados con programas de apoyo. (Sequence, la compañía que promueve Klecyngier, acaba de ser , la empresa conocida como Weightwatchers).

Algunos médicos usan las redes sociales para educar a la gente sobre estos medicamentos. , director médico del servicio de telesalud , dice que ofrecer información a sus más de 250,000 seguidores ha ayudado a orientar a los pacientes hacia su consultorio médico. Ha recibido miles de consultas, muchas más de lo que la clínica puede abordar.

Compañías como Accomplish, empresas nuevas con médicos acreditados, representan el lado profesional de esta explosión en las redes sociales.

Pero hay otros, entre ellos spas y centros de pérdida de peso, que en muchos casos ofrecen los medicamentos sin apoyo médico y en conjunto con servicios como Botox y rellenos dérmicos. A los médicos especializados en obesidad les preocupa que este tipo de marketing esté generando expectativas poco realistas.

Algunos spas y servicios de telemedicina ofrecen fórmulas magistrales de la semaglutida. Pero los médicos advierten que esta práctica, que se refiere a cuando las farmacias y no los fabricantes preparan un medicamento, es arriesgada. “Los riesgos son enormes”, dijo Simonetti, advirtiendo sobre la posible contaminación por malas prácticas de preparación de las drogas. “Riesgos de contraer bacterias”, continuó, “que incluyen la muerte”.

Muchas clínicas de pérdida de peso también promueven la adición de compuestos no convencionales a la semaglutida, como la vitamina B12 y los aminoácidos. Algunos pacientes creen incorrectamente que la vitamina B12 ayuda con las náuseas, dijo Jaisinghani. Otras clínicas prometen una mayor pérdida de peso.

Allison Schneider, vocera de Novo Nordisk, dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News en un correo electrónico que la compañía comparte las preocupaciones de los médicos sobre las formulas magistrales y que ha empezado a enviar cartas a “ciertos proveedores de atención médica” advirtiendo de los riesgos relacionados.

Aun así, algunos lugares defienden el uso de las fórmulas magistrales, que en muchos casos son más baratas. LH Spa & Rejuvenation, fundado por Zuena, ofrece una fórmula de semaglutida de que cuesta $500 por cuatro semanas. El spa se enteró del tratamiento a través de un médico. “Lo estoy comprando”, dijo Zuena. “Llega por vía aérea al día siguiente en frascos legítimos con números de lote y fechas de vencimiento”. Las inyecciones y las dosis administradas a los pacientes son monitoreadas por personal médico en el lugar.

La mayoría de los operadores que participan en esta industria floreciente enfatizan la alta calidad de sus productos o las buenas intenciones de su empresa, al tiempo que buscan ganar dinero. Ro, una empresa de telesalud que ofrece los GLP-1, dijo que su campaña de publicidad en el transporte público de Nueva York “tiene como objetivo iniciar una conversación importante y difícil sobre la desestigmatización de la obesidad como afección”.

Esta táctica enloquece a los críticos de la industria farmacéutica. “Hablan de desestigmatizar la obesidad al mismo tiempo que hablan de perder peso. Están corrompiendo el concepto”, dijo Judy Butler, investigadora en , un proyecto del Georgetown University Medical Center que se enfoca en prácticas para medicamentos basadas en evidencia. “Están tratando de vender un medicamento para bajar de peso”.

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“La gente no debería verse obligada a endeudarse para obtener recetas que salvan vidas”, dijo Newsom. “Los californianos tendrán acceso a algunas de las insulinas más económicas disponibles, lo que les ayudará a ahorrar miles de dólares cada año”.

El contrato, con un que Newsom y los legisladores demócratas aprobaron el año pasado, estipula que Civica produzca insulina de marca estatal y ponga el medicamento a disposición de cualquier californiano que lo necesite, por correo y en las farmacias locales, independientemente de si tenga o no seguro de salud.

Y la insulina es solo el comienzo. Newsom dijo que el estado también buscará producir naloxona, el fármaco que revierte las sobredosis de opioides.

Allan Coukell, vicepresidente sénior de políticas públicas de Civica, le dijo a California Healthline que el fabricante de medicamentos sin fines de lucro también está en conversaciones con la administración de Newsom para producir potencialmente otros medicamentos genéricos. Pero se negó a dar más detalles y dijo que la compañía se enfoca primero en hacer que la insulina económica esté ampliamente disponible.

“Estamos muy entusiasmados con esta asociación con el estado de California”, dijo Coukell. “No buscamos tener el 100% del mercado, pero sí queremos que el 100% de las personas tenga acceso a insulina a un precio justo”.

A medida que los costos de la insulina para los consumidores se han disparado, los legisladores y activistas demócratas han pedido a la industria que los controle. Apenas unas semanas después que el presidente Joe Biden atacara a las grandes farmacéuticas por aumentar los precios de la insulina, los tres fabricantes de medicamentos que controlan ese mercado, Eli Lilly and Co., Novo Nordisk y Sanofi, anunciaron que de algunos productos.

Newsom, quien anteriormente acusó a la industria farmacéutica de estafar a los californianos con “precios altísimos”, argumentó que el lanzamiento de la marca de genéricos estatal, CalRx, sumará competencia y ejercerá presión sobre la industria.

Funcionarios de la administración no dijeron cuándo estarían disponibles los productos de insulina de California, pero expertos dicen que podría ser tan pronto como en 2025. Coukell remarcó que el medicamento de marca estatal aún requerirá la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), lo que puede demorar unos 10 meses.

La Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, que cabildea en nombre de las empresas de marca, . Reid Porter, director senior de asuntos públicos estatales de PhRMA, dijo que Newsom solo “quiere sumar puntos políticos”.

“Si el gobernador quiere tener un impacto significativo en lo que los pacientes pagan por las insulinas y otros medicamentos, debería expandir su enfoque a otros en el sistema que a menudo hace que los pacientes paguen más por los medicamentos”, dijo Porter, culpando a las empresas intermediarias, conocidas como administradores de beneficios de farmacia, que negocian con los fabricantes en nombre de las aseguradoras para reembolsos y descuentos.

La Pharmaceutical Care Management Association, que representa a estos administradores, que son las compañías farmacéuticas las culpables de los .

Expertos en precios dicen que los administradores de beneficios farmacéuticos y los fabricantes de medicamentos comparten la culpa.

Funcionarios de la administración Newsom dicen que los costos inflados de la insulina obligan a algunos a pagar hasta $300 por vial o $500 por una caja de plumas inyectables, y que demasiados californianos con diabetes se saltan o racionan sus medicamentos. Esto puede provocar ceguera, amputaciones y afecciones potencialmente mortales, como enfermedades cardíacas e insuficiencia renal. Casi el de California tienen diabetes.

Civica está desarrollando , conocida como biosimilar, que estarán disponibles tanto en viales como en plumas inyectables. Se espera que sean intercambiables con productos de marca, incluidos Lantus, Humalog y NovoLog. Coukell dijo que la compañía pondría a disposición el medicamento por no más de $30 por vial, o $55 por cinco plumas inyectables.

Newsom dijo que la insulina estatal le ahorrará a muchos pacientes entre $2,000 y $4,000 al año, aunque siguen sin respuesta preguntas críticas sobre cómo California pondrá los productos en manos de los consumidores, incluida la forma en que persuadiría a las farmacias, las aseguradoras y los minoristas para que distribuyan los medicamentos.

El año pasado, Newsom también obtuvo para construir una instalación para fabricar insulina; Coukell dijo que Civica está explorando la construcción de una planta en California.

El movimiento de California, aunque nunca antes lo había intentado un gobierno estatal, podría verse afectado por las recientes decisiones de la industria para reducir los precios de la insulina. En marzo, Lilly, Novo Nordisk y Sanofi se comprometieron a reducir los precios. Con Lilly ofreciendo por mes, Novo Nordisk prometió que llevarían el precio de un vial genérico particular a $48, y fijó un vial a .

La oficina del gobernador dijo que le costará al estado $30 por vial para fabricar y distribuir insulina y se venderá a ese precio. Si lo hace, argumenta la administración, “evitará el atroz cambio de costos que ocurre en los juegos de precios farmacéuticos tradicionales”.

Expertos en precios de medicamentos dijeron que la producción de genéricos en California podría reducir aún más los costos de la insulina y beneficiar a las personas con planes médicos con deducibles altos o sin seguro.

“Este es un movimiento extraordinario en la industria farmacéutica, no solo para la insulina, sino potencialmente para todo tipo de medicamentos”, dijo Robin Feldman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco. “Es una industria muy difícil de quebrantar, pero California está lista para hacer precisamente eso”.

Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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También arroja luz sobre los métodos de especulación de los mediadores de precios de la industria farmacéutica —los administradores de beneficios farmacéuticos, o PBM— en un momento en que su enfoque hacia ellos.

La insulina representa lo perverso del sistema sanitario estadounidense, ya que los precios de venta de este medicamento centenario, del que dependen 8,4 millones de estadounidenses para sobrevivir, se hasta superar los $300 por un solo vial. El hecho de que Lilly —que vende alrededor de un tercio de la insulina en Estados Unidos— baje su precio no significa que todos los pacientes vayan a pagar menos, ni siquiera a largo plazo.

Lilly limitó a $35 los precios de sus insulinas más populares, con efecto inmediato, y dijo que a finales de este año el precio de venta de su “genérico autorizado” Lispro, que es , su insulina de marca más vendida-, bajaría a $25 el vial. Esto se produjo tras el discurso del presidente Joe Biden sobre el Estado de la Unión, y otros posteriores, en los que ha culpado a las “grandes farmacéuticas” y a sus “beneficios récord” del increíble gasto en insulina.

David Ricks, CEO de Lilly, pidió en una entrevista el 1 de marzo que otras a su empresa para “acabar con los problemas de asequibilidad” de la diabetes.

Aunque Lilly promueve su altruismo, esta medida podría ahorrarle dinero, según Sean Dickson, . Una que entrará en vigor el año que viene penaliza a las empresas que cobran precios elevados a Medicaid, especialmente por los medicamentos de marca más antiguos. Bajar el precio de venta de Humalog permitiría a Lilly pagar mucho menos en reembolsos a los programas gubernamentales de Medicaid que compran el fármaco.

Hace tiempo que las farmacéuticas dejaron de ser las únicas, o incluso las principales, responsables del escándalo de los precios de la insulina. Las tres empresas que producen casi toda la insulina del país -Lilly, Sanofi y Novo Nordisk- han registrado en los últimos años un estancamiento o descenso de los ingresos procedentes de sus , a pesar del . Incluso han advertido a los inversores de que ya no consideran que la venta de insulina sea un área de gran rentabilidad.

Pero mientras Lilly recorta el “precio de adquisición al por mayor”, o precio de catálogo, de sus medicamentos de insulina más vendidos, “¿habrá otras ‘partes en juego’ que hagan que este precio aumente antes de que llegue al mostrador de mi farmacia?”, se preguntó Rebecca Kelly, de Richmond, Kentucky, que padece diabetes de tipo 1 y es activista en favor de la reducción de los precios de los medicamentos.

Entre esas partes se encuentran los gigantescos administradores de farmacias —propiedad de CVS Health y de las principales aseguradoras UnitedHealthcare y Cigna—, que han enfrentado agresivamente a los fabricantes de insulina de tal forma que han engrosado sobre todo sus propias cuentas, como reveló un mordaz informe de 2021 de la .

En teoría, cuando los administradores de farmacias negocian contratos con los fabricantes de medicamentos en nombre de las aseguradoras, repercuten el ahorro en los pacientes. En la práctica, aunque la negociación dura puede beneficiar a los que tienen un buen seguro, puede y a otros con menos capacidad para pagar su insulina.

Para competir por el acceso a los pacientes asegurados, según el informe, los tres fabricantes de insulina en la década de 2010 aumentaron constantemente los reembolsos y las tasas pagadas a los poderosos PBM, que son propiedad de las principales aseguradoras o están aliados con ellas.

Esto impulsó a las farmacéuticas a seguir aumentando sus precios de venta, porque cuanto más pagaban en reembolsos (calculados como un porcentaje del precio de lista) mejor era su colocación en los formularios de seguros, las complejas listas de medicamentos que las aseguradoras cubren para los pacientes.

En otras palabras, cuanto más compitan los fabricantes de insulina, más pagarán los consumidores, los menos afortunados.

“La insulina es una mercancía, por lo que la posición en el formulario lo es todo”, afirmó David Kliff, editor del sitio web . “Es como la ubicación en el sector inmobiliario”.

En 2018, Novo Nordisk, en medio del rencor público por el aumento de los precios de la insulina, consideró un recorte del 50%, según el informe. Pero la junta directiva de la compañía decidió no hacerlo, al señalar que “muchos en la cadena de suministro se verán afectados negativamente y podrían tomar represalias”.

La empresa también temía que las aseguradoras enfurecidas pudieran tomar represalias contra los medicamentos más vendidos de Novo para la diabetes y la pérdida de peso, como Ozempic, que compite con Mounjaro de Lilly.

Sanofi y Novo Nordisk no respondieron directamente a la rebaja de precios de Lilly, pero señalaron, en declaraciones, que sus programas de descuento ya proporcionan insulina barata a quienes la necesitan. Millones de estadounidenses han utilizado estos cupones, pero pacientes como Kelly afirman que conllevan trámites burocráticos y pueden ser poco fiables.

Lilly declinó responder a una pregunta sobre cómo su recorte en el precio de venta podría afectar a las negociaciones con las aseguradoras, que han llegado a esperar grandes descuentos en medicamentos con precios competitivos altos.

Por ejemplo, Sanofi pagó reembolsos por valor del 2% al 4% del precio de lista de su insulina en 2013, pero del 56% en 2018, según el informe del Senado. Durante ese período, Sanofi triplicó el precio de su insulina Lantus a alrededor de $275 por vial. Un estimó que cuesta aproximadamente entre 2 y 4 dólares producir un vial de insulina analógica, el tipo utilizado por la mayoría de los pacientes.

La mayor parte de los aumentos del precio de venta de la insulina han ido a parar a los PBM, las empresas intermediarias. Por ejemplo, Lilly ganó alrededor de $25 por cada pluma inyectable de Humalog de 2013 a 2018, mientras que el precio de venta aumentó de 57 a 106 dólares. Los precios netos se han mantenido estables en los últimos años y los ingresos de insulina en realidad disminuyeron el año pasado, según informes financieros recientes de y .

El secreto comercial hace difícil saber qué parte de las comisiones ilegales acaba en beneficio o ahorro de los administradores de beneficios farmacéuticos, las aseguradoras, las farmacias o los pacientes. Sin embargo, los pacientes sin seguro, con seguro insuficiente o que pagan deducibles altos pueden acabar pagando facturas astronómicas por la insulina, porque sus al precio de catálogo del medicamento.

“El sistema transfiere recursos financieros de pacientes enfermos a beneficiarios sanos que pagan primas, lo contrario de lo que se supone que deben hacer los seguros”, declaró Erin Trish, codirectora del Centro Schaeffer de Política y Economía Sanitarias de la Universidad del Sur de California, en una audiencia del celebrada el 16 de febrero.

Los beneficiarios de Medicare, por ejemplo, pagaron en conjunto $1,000 millones de su bolsillo por su insulina en 2020, más de cuatro veces lo que pagaron en 2007, . Lo mismo hicieron muchos otros.

Kelly, entrenadora personal de 48 años, recibía insulina a través del seguro de su esposo, pero tenía que pagar de su bolsillo hasta alcanzar un deducible de $5,000 cada año. Así que en 2019, los Kellys abandonaron la póliza y decidieron arriesgarse en el mercado abierto. Terminaron conduciendo hasta Canadá, donde Kelly le dijo a KHN que gastó $256 en ocho viales de insulina que habrían costado $2,616 en su farmacia local. Durante la pandemia, usó cupones de Lilly que le permitieron comprar Humalog por $35 por vial, suficiente para unas dos semanas.

A pesar de los programas de cupones, las desde 2017 mostraron que de los pacientes estadounidenses informaron escatimar insulina debido a su costo. al intentar racionar el medicamento.

El contraste con otros países desarrollados es marcado. Los alemanes con diabetes pagan unos $5 por un mes de insulina. En el Reino Unido, .

El año pasado se promulgó una ley federal que limita a $35 mensuales los gastos de bolsillo de los beneficiarios de Medicare en insulina. Al menos 22 estados y el Distrito de Columbia también han establecido topes en los planes privados.

Los tres grandes fabricantes de insulina han luchado contra una competencia que podría bajar los precios de forma generalizada. Lo han hecho, por ejemplo, introduciendo sus propios “genéricos autorizados”, ligeramente menos caros, que disuaden a otras empresas de entrar en el mercado de la insulina. Hasta 2021, un competidor no introdujo en el mercado una insulina “biosimilar” de acción prolongada, básicamente una versión genérica de Lantus, que .

La empresa, Viatris, que desde entonces ha vendido su producto a Biocon Biologics, consiguió entrar en un formulario creando un producto esencialmente idéntico, triplicando su precio de venta y ofreciendo a los PBM un gran descuento.

Este tipo de comportamientos ha llamado cada vez más la atención del Congreso y de .

“Imagínese un mundo en el que un producto más barato, pero igual de eficaz, tiene más dificultades para venderse”, dijo el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, en la audiencia del Comité de Comercio celebrada el 16 de febrero. “Eso es la industria de los medicamentos con receta”.

Aún así, el anuncio de Lilly puede ser un presagio de mejores noticias para los diabéticos más vulnerables económicamente.

California para fabricar y distribuir su propia insulina. Por su parte, Civica, una farmacéutica sin fines de lucro, espera vender insulina producida en India y Virginia a finales de 2024. Civica prescindirá de los gestores de prestaciones y suministrará el medicamento a cualquier farmacia que se comprometa a venderlo a un precio no superior a $30 por vial, explicó Allan Coukell, su vicepresidente senior de políticas públicas.

Civica tiene previsto producir insulina suficiente para un tercio de los pacientes estadounidenses, agregó.

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