Durante más de dos décadas, esta trabajadora de salud comunitaria ha ayudado a cientos de familias del sureste de Los Ángeles a inscribirse en programas de ayuda alimentaria, ha informado sobre seguros médicos asequibles y ha ayudado con medicamentos para sus afecciones crónicas. Su frase favorita: “más vale prevenir que curar”.

Pero sólo gana unos $20 la hora en una organización de salud comunitaria y tiene un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. “Nos pagan muy poco y esperan demasiado”, dijo. “Generamos confianza. Ofrecemos apoyo. Somos el hombro en el que muchos se apoyan, pero no recibimos un salario justo”.

California buscaba profesionalizar a miles de trabajadores de salud comunitarios como Hernández. La meta era mejorar la salud de las poblaciones inmigrantes, en particular los residentes hispanos, que a menudo padecen de enfermedades crónicas, son más y se enfrentan a más para acceder a servicios.

Estudios demuestran que su trabajo las hospitalizaciones, y las visitas a las salas de emergencias y a las clínicas de urgencias.

El estado siguió al pie de la letra una serie de publicadas en 2019 para estandarizar la formación y la certificación de estos profesionales. Así, poder integrarlos a las plantillas de trabajadores de salud y ofrecerles salarios justos, incluyendo reembolsos a través de Medi-Cal, el Medicaid estatal, para compensar el trabajo que tradicionalmente se ha realizado de forma voluntaria o con salarios bajos.

Pero seis años después, California ha dado marcha atrás en muchas de esas iniciativas.

El estado ha eliminado un programa de certificación y ha recortado casi toda la financiación para formar y ampliar esta plantilla, a pesar de que se había fijado el objetivo de contar con para este año.

Aunque Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios, los planes de salud participantes establecieron requisitos de facturación desiguales, lo que dificulta que los trabajadores obtengan el reembolso. Además, el estado no cumplió con el aumento salarial previsto.

Con los recién aprobados y el foco del presidente Donald Trump en la deportación de inmigrantes, incluso con el Departamento de Seguridad Nacional, los activistas temen que California abandone su iniciativa de equidad en la salud para los inmigrantes, las personas de color y las personas con bajos ingresos. En un momento en el que, aseguran, esa labor es más necesaria que nunca.

“Estamos en una situación muy grave en este momento”, afirmó Cary Sanders, directora en la California Pan-Ethnic Health Network, una organización estatal que aboga por la equidad en la salud.

Elana Ross, vocera del gobernador Gavin Newsom, dijo que “el estado ha tomado medidas difíciles pero necesarias para garantizar la estabilidad fiscal” y que la administración sigue dialogando con los trabajadores de salud comunitarios.

Ross agregó que el gobernador demócrata, , sigue comprometido con la defensa de los inmigrantes perseguidos por la administración Trump.

“Nuestra oficina está en la calle”

Hay más de 60.000 trabajadores de salud comunitarios en todo el país, incluidos unos 9.200 en California, y se prevé que esta fuerza laboral crezca un 13% en la próxima década, tres veces más rápido que el conjunto de todas las profesiones, según de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos afirman que estas cifras están subvaloradas, dada la variedad de títulos que poseen estos trabajadores y el hecho de que muchos no trabajan en el cuidado de salud propiamente dicho ni en instituciones gubernamentales.

“Trabajador de salud comunitario” es un término genérico que incluye a distintos tipos de trabajadores. A menudo conocidos como promotores, que trabajan en clínicas, hospitales, departamentos de salud pública y organizaciones sin fines de lucro locales, en lugares en los que se les tiene confianza y donde conocen las necesidades más urgentes de su comunidad.

Además de ayudar a las personas a controlar afecciones crónicas como las cardiopatías y la diabetes, promueven la salud reproductiva, la salud infantil y la higiene bucal, y ayudan a a prevenir lesiones y manejar sus medicamentos.

Pueden hacer que las personas se sientan seguras al denunciar la violencia doméstica y otros abusos. También las conectan con servicios de asistencia para la vivienda y la alimentación. “El trabajador de salud comunitario no se sienta en un escritorio”, dijo Hernández. “Nuestra oficina está en la calle”.

En 2019, la California Future Health Workforce Commission recomendó integrar a estos trabajadores en el sistema de salud, y en 2022, el estado autorizó durante tres años para el Departamento de Acceso e Información de Salud de California, que supervisa el desarrollo del personal de este sector, con el fin de reclutar, formar y certificar a estos trabajadores.

La agencia trató de estandarizar la formación y la certificación, pero algunos grupos comunitarios temían que eso creara barreras de acceso al no dar suficiente crédito a la experiencia y a la competencia cultural.

Pero el año pasado, justo cuando la agencia ofrecía más flexibilidad y permitía la formación basada en el trabajo comunitario, el estado recortó $250 millones en financiación debido a restricciones presupuestarias. Este año, el programa de certificación ha sido oficialmente eliminado.

El vocero Andrew DiLuccia señaló que la agencia establecerá un programa para acreditar a las organizaciones comunitarias en lugar de a los trabajadores individuales y que tiene previsto gastar los $12 millones restantes en asistencia técnica, desarrollo de la fuerza laboral y salarios para quienes trabajan con las comunidades inmigrantes.

Según la National Academy for State Health Policy, ofrecen algún tipo de programa de certificación para trabajadores de salud comunitarios ya sea voluntario o bien obligatorio.

Algunos activistas afirman que California está perdiendo la oportunidad de establecer una trayectoria profesional para esta mano de obra. Muchos de los cursos que ofrecen hoy en día por organizaciones sin fines de lucro, condados y universidades , un título, dominio del inglés o experiencia previa. La mayoría se concentran en el área de San Francisco o Los Ángeles, lo que crea en gran parte del estado.

Lourdes Bernis, una dentista de Ecuador, es un ejemplo de cómo los trabajadores de salud comunitarios podrían integrarse en el sistema de salud. Comenzó como promotora voluntaria hace más de una década y en 2019 recibió formación gratuita del condado de Los Ángeles, lo que le permitió conseguir un trabajo a tiempo completo, con beneficios, en el Departamento de Salud Mental del condado para ayudar a mujeres hispanohablantes a gestionar la depresión y la ansiedad mientras se recuperan del consumo de drogas.

Bernis ahora quiere convertirse en especialista de apoyo entre pares en hospitales y clínicas. Mientras tanto, muchos de sus colegas con décadas de experiencia siguen atrapados en puestos mal pagados y no pueden permitirse costear cursos de formación para avanzar. “Hay promotoras que tienen entre 20 y 25 años de experiencia, pero siguen trabajando como voluntarias”, dijo Bernis.

El papel de Medi-Cal

Para pagar a los trabajadores de salud comunitarios, Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios en julio de 2022, pero California previsto para ellos después que los votantes aprobaran la Proposición 35, que aumentaba los pagos a médicos, hospitales, clínicas comunitarias y otros proveedores.

Desde entonces, el estado aún no ha establecido un sistema uniforme sobre cómo los planes de salud deben contratar a las organizaciones que emplean a trabajadores de salud comunitarios.

“Tenemos que hacer malabares”, dijo María Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que representa a estos trabajadores. “Esto sólo causa caos, porque cada plan puede tener requisitos diferentes”.

Lemus agregó que la organización tardó casi seis meses en establecer el pago con un plan de salud.

Y aunque los reembolsos de Medi-Cal están vinculados a tareas individuales, que oscilan entre $9.46 y $27.54 por 30 minutos de trabajo, los activistas afirman que no se les compensa totalmente por el tiempo que dedican a ganarse la confianza de los pacientes y a hacer seguimiento.

Según los activistas, estos trabajadores deberían ganar al menos $30 por visita, con beneficios, pero muchos ganan unos $21 la hora, a menudo sin beneficios.

Lo que sorprende a los activistas es la poca frecuencia con la que se utilizan estos servicios en un programa que cuenta con 15 millones de californianos. Más de 16,000 afiliados a Medi-Cal utilizaron estos servicios durante el primer año, cifra que aumentó a 68,000 el año pasado, según datos del estado. “No creo que se haya alcanzado el potencial del que hablaba el gobernador y que todos imaginábamos que se podría alcanzar”, señaló Sanders.

Griselda Melgoza, vocera del Departamento de Servicios de Salud de California, dijo que la agencia, que administra Medi-Cal, ha observado “una tendencia constante al alza” y cree que los datos subestiman la utilización porque este beneficio a veces se incluye en otros servicios.

Este año se rechazó una para evaluar si los planes de atención médica gestionada de Medi-Cal realizan la divulgación y educación suficiente entre los afiliados sobre los servicios de salud comunitarios.

Más crucial que nunca

Con los recortes a la financiación de la salud por parte de la administración Trump y la aprobación de la legislación fiscal y de gasto del Partido Republicano, los activistas temen que haya aún menos fondos y apoyo para estos puestos, lo que reduciría las plantillas que se ocupan de las desigualdades en materia de salud.

El Departamento de Salud Pública del condado de Fresno ya ha anunciado el recorte de más de la mitad de sus trabajadores comunitarios: pasarán .

Sin embargo, la divulgación es más crucial que nunca. Mientras la administración Trump continúa con las redadas de inmigración, que parecen haber tenido como objetivo en el estado, los activistas y los investigadores advierten que los trabajadores de salud comunitarios podrían actuar como intermediarios para los pacientes inmigrantes que temen buscar atención médica en hospitales y clínicas.

Sin un programa de certificación estatal, sin aumentos salariales y con fondos de capacitación cada vez más escasos, el camino hacia la profesionalización es incierto, lo que hace que esta fuerza laboral se sienta abandonada.

“La comunidad confía en mí”, afirmó Hernández, una veterana trabajadora de salud comunitaria, “pero a nivel gubernamental aún queda mucho camino por recorrer antes de que este trabajo sea valorado y pagado como se merece”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Pero luego de años de estudiar biología y genética, Tovar finalmente demostró que pertenecía a ese mundo. El otoño pasado, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) le , que financiaría su investigación y la encaminaría a convertirse en profesora universitaria y, con el tiempo, a tener su propio laboratorio.

“Sentí que recibir el premio era una forma de aceptación, como si finalmente lo hubiera logrado”, dijo Tovar. “Pero creo que ahora muchos de nosotros tememos que esto vaya a arruinar el resto de nuestras carreras”.

Tovar es una de los casi 200 jóvenes científicos alrededor del país cuyas perspectivas de investigación y empleo se han visto comprometidas por la repentina finalización del programa de becas MOSAIC de los NIH, uno de los muchos que terminaron debido a recortes drásticos en las agencias científicas federales.

La subvención se creó bajo la primera administración Trump para fomentar una nueva generación de científicos en la investigación biomédica, de orígenes diversos, y posteriormente se le retiró la financiación durante la purga continua de los programas de diversidad, equidad e inclusión de la segunda administración. A estas iniciativas se las conoce como programas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión).

En entrevistas con ºÚÁϳԹÏÍø News, Tovar y otros tres beneficiarios de estas becas expresaron su preocupación por la posibilidad de que la pérdida de financiación, sumada a la cruzada del presidente Donald Trump contra los programas de diversidad, pudiera transformar una subvención que se suponía impulsaría sus carreras en una mancha en sus curriculums. Algo que podría costarles los empleos y la financiación que hace posible sus investigaciones.

“Podríamos terminar en la lista negra de los NIH por tener este premio, por ser quienes somos”, expresó Erica Rodríguez, de 35 años, becaria de la Universidad de Columbia que realiza investigaciones sobre el cerebro que podrían contribuir a una mejor comprensión de los trastornos psiquiátricos.

“Porque no solo es para personas con orígenes diversos”, agregó, “sino también para quienes defienden a otras personas con orígenes diversos”.

El programa MOSAIC, abreviatura de , se creó en 2019 para ofrecer apoyo a científicos prometedores de “orígenes subrepresentados” al comienzo de sus carreras, con el objetivo a largo plazo de “mejorar la diversidad en el personal de investigación biomédica”, según documentos de la beca de los NIH.

La beca, que dura cinco años, se otorgó a científicos que habían finalizado sus doctorados, y que trabajan en laboratorios de investigación en universidades de todo el país.

Durante los dos primeros años, los científicos suelen recibir entre $100.000 y $150.000, que se destinan principalmente al pago de sus salarios. Para el tercer año, se espera que hayan sido contratados como profesores, probablemente en otra universidad, donde la subvención les ayudará a poner en marcha su propio laboratorio de investigación.

En los últimos tres años de la subvención, la financiación aumenta a unos $250.000 anuales, que se utilizan para comprar materiales y contratar a otros jóvenes científicos para que trabajen en el laboratorio, completando así el ciclo.

Los beneficiarios de MOSAIC fueron seleccionados utilizando una definición amplia de diversidad que va más allá de la raza, el género y la discapacidad.

Esta definición incluye a quienes crecieron en hogares pobres o zonas rurales, o a quienes fueron criados por padres sin título universitario. Muchos de los seleccionados también cuentan con un historial de apoyo a otros científicos emergentes de orígenes subrepresentados.

MOSAIC financia investigaciones sobre el cáncer, el Alzheimer, las lesiones de la médula espinal, los implantes cocleares, las sobredosis de fentanilo, la recuperación de ataques cerebrales, los trastornos del desarrollo neurológico y más.

Sin embargo, en las últimas semanas, los NIH han notificado a la mayoría de los beneficiarios de MOSAIC que el programa había sido “terminado” y que su financiación finalizaría este verano, independientemente de los años restantes de su subvención, según correos electrónicos de los NIH revisados ​​por ºÚÁϳԹÏÍø News.

Otros beneficiarios no han recibido ninguna notificación oficial, y solo se enteraron de la cancelación de su financiación por el boca en boca.

Vianca Rodríguez Feliciano, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), confirmó en un comunicado por correo electrónico a ºÚÁϳԹÏÍø News que se había retirado la financiación de MOSAIC. Dijo que las subvenciones “ya no se alinean” con las prioridades de la agencia ni con las que “eliminan las iniciativas inclusivas y de diversidad, que derrochan dinero y están motivadas por la ideología”.

Trump firmó una de esas órdenes en su primer día de regreso a la Casa Blanca, instruyendo a todo el gobierno federal a poner fin a los programas que promovían la diversidad, calificándolos de “vergonzosos”, “inmorales” y un “inmenso desperdicio público”.

Estos programas se han recortado drásticamente a lo largo de todas las agencias gubernamentales, incluyendo los NIH y otras áreas del HHS, que, desde marzo, han cancelado cientos de subvenciones por valor de miles de millones de dólares.

El 21 de abril, los NIH que prohibía a los beneficiarios recibir subvenciones si tenían programas DEI, y dijo que la agencia podría “recuperar todos los fondos” de aquellos que no cumplan.

“En el HHS, nos dedicamos a restaurar en nuestras agencias su tradición de ciencia de referencia basada en la evidencia, no una impulsada por ideologías políticas”, dijo Rodríguez Feliciano. “No escatimaremos esfuerzos para identificar las causas fundamentales de la epidemia de enfermedades crónicas como parte de nuestra misión de “Make America Healthy Again” (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable).

Muchos científicos de MOSAIC se enfocan en las enfermedades crónicas. Tovar, por ejemplo, investiga genes específicos que aumentan la susceptibilidad de las personas a la diabetes, que afecta a .

“Contamos con numerosos tratamientos para la diabetes que son excelentes para aquellos en quienes funcionan”, afirmó Tovar. “En mi investigación, utilizo la genética para encontrar mejores blancos farmacológicos, y así poder hallar medicamentos para quienes aún no cuentan con terapias eficaces”.

En entrevistas, Tovar y los demás beneficiarios de MOSAIC describieron cómo la repentina pérdida de financiación trastocará sus investigaciones y sus carreras: algunos investigadores posdoctorales podrían perder sus empleos actuales cuando la financiación se agote en unos meses; los becarios que compiten por puestos de profesores perderán la financiación de investigaciones que los convertirían en candidatos más sólidos; y quienes ya están contratados tendrán menos dinero para salarios y suministros en sus laboratorios.

Ashley Albright, de 32 años, quien creció en una zona rural pobre de Carolina del Norte, ahora es científica en la Universidad de California-San Francisco, donde estudia el Stentor coeruleus, un gran organismo unicelular con capacidad regenerativa. Planea presentarse para puestos de profesora este otoño.

Albright afirmó que la financiación de MOSAIC le habría dado una “mejor oportunidad para alcanzar mi sueño”, que era brindar a otros científicos de orígenes diversos la oportunidad de trabajar en su laboratorio de investigación.

“Me siento destrozada”, dijo. “Siento que alguien me está pisoteando la mitad de mi vida… He pasado los últimos 10 años en la escuela de posgrado y mi posdoctorado trabajando en esto para poder dedicarme a la ciencia, pero también para ayudar a otros a practicarla”.

Hannah Grunwald, de 33 años, becaria en Harvard que estudia los tetra mexicanos (peces sin ojos) para comprender mejor los rasgos genéticos complejos, dijo que uno de sus peores temores era que las universidades no contrataran a los becarios de MOSAIC en un momento en que la Casa Blanca les está ordenando que abandonen los programas de DEI, y removiendo miles de millones de dólares a quienes no se sometan a la agenda de Trump.

“Ha habido un enorme debate en nuestra comunidad sobre qué deberíamos decir en nuestros currículums”, dijo Grunwald. “Simplemente no sé si la cancelación de mi beca por estar relacionada con la diversidad limitará mi capacidad para obtener financiación en el futuro”.

La cancelación de MOSAIC provocó una rápida condena por parte de varias organizaciones científicas que reciben becas para colaborar estrechamente con los científicos premiados. Algunos la calificaron de “poco realista” y “un retroceso significativo”.

Mary Munson, presidenta de la Sociedad Americana de Biología Celular, quien ha asesorado a los premiados desde el inicio de MOSAIC, se emocionó y se cubrió la cara con las manos al considerar la posibilidad de que la beca pudiera frenar su progreso.

“Retirarles la beca ahora no les quita el hecho de que ganaron este premio tan competitivo. No les quita que son científicos increíbles”, dijo Munson. “Espero que las instituciones lo reconozcan”.

Stefano Bertuzzi, director ejecutivo de la Sociedad Americana de Microbiología, que también asesora a los beneficiarios de estas becas, afirmó que la cancelación masiva de MOSAIC y otras becas de los NIH podría tener un efecto acumulativo que frenará la innovación científica durante décadas.

Bertuzzi, quien emigró de Italia en la década de 1990 debido a la sólida financiación estadounidense para la ciencia, afirmó que los científicos no se quedarán ni se trasladarán en masa a un país donde la financiación de la investigación desaparece por capricho político.

“Vamos a perder una generación entera de científicos”, declaró Bertuzzi. “Otros países del mundo prosperarán”.

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Es un cambio agresivo en la principal política nacional contra el desamparo, que durante décadas ha dado prioridad al acceso a una vivienda como la forma más eficaz de combatir esta crisis.

“Nuestras grandes ciudades se han convertido en pesadillas insalubres e inhabitables”, dijo Trump en un . “A los que padecen enfermedades mentales graves y trastornos profundos los llevaremos a instituciones psiquiátricas, que es donde deben estar, con el objetivo de reintegrarlos a la sociedad una vez que mejoren y puedan controlarse”.

Ahora que está en el cargo, ha comenzado el asalto al programa (Vivienda Primero).

Los funcionarios de la Casa Blanca no han anunciado una política formal, pero están abriendo la puerta a un programa de tratamiento, al tiempo que diseñan una intensa revisión de los programas de vivienda y servicios sociales que son la columna vertebral del sistema de respuesta a la crisis de las personas sin hogar, del que dependen ciudades y condados de todo el país.

Casi . Pero ahora, Scott Turner, que dirige el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Trump, la agencia responsable de administrar los fondos para la vivienda y para los que no la tienen, ha propuesta recortes masivos y ha pedido una .

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, ya no estamos en una postura de seguir como siempre y el grupo de trabajo DOGE desempeñará un papel fundamental para ayudar a identificar y eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso y, en última instancia, servir mejor al pueblo estadounidense”, en un comunicado.

Los recortes de personal especialmente a la parte de la agencia que supervisa el gasto en personas sin hogar y las iniciativas de Vivienda Primero. Trump habló de este tema durante su campaña, pidiendo que se abrieran nuevos centros de tratamiento en extensas parcelas de terrenos gubernamentales: “Grandes campamentos donde se pueda reubicar a las personas sin hogar y se identifiquen sus problemas”. Allí podrían recibir tratamiento y rehabilitación y si no lo hacen podrían ser arrestados.

Ahora como presidente, centra su atención en las personas sin hogar que viven en la calle, y en marzo ordenó a Washington D.C. urbanos, lo que podría separar a las personas sin hogar de sus gestores de casos y proveedores de servicios sociales, interrumpiendo su camino hacia la vivienda.

La administración no recomienda a los gobiernos locales seguir la política federal, diciéndoles que los contratos de personas sin hogar “si se requiere que el proyecto utilice un modelo como el programa de Vivienda Primero”. Y, para “reducir el alcance de la burocracia federal”, Trump recortó el Consejo Interagencial de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar, reduciendo la agencia responsable de coordinar la financiación y las iniciativas entre el gobierno federal, los estados y las agencias locales, conocidas como .

“Queda claro que los ataques imprudentes de Trump en todo el gobierno federal potenciarán la crisis de la vivienda y de las personas sin hogar en comunidades de todo el país”, declaró la legisladora demócrata Maxine Waters, de Los Angeles, en respuesta a la orden.

Apoyo sin tratamiento forzoso

se implementó a nivel nacional en 2004 bajo la administración de George W. Bush para combatir la falta de vivienda crónica, haber vivido en la calle con una condición discapacitante durante un largo período de tiempo.

El programa se amplió bajo el presidente Barack Obama como el plan de ataque de Estados Unidos contra la falta de vivienda y bajo el presidente Joe Biden, quien argumentó que la vivienda era una necesidad básica, fundamental para la salud.

La política tiene como objetivo estabilizar a las personas sin hogar en viviendas permanentes y proporcionarles apoyo y servicios sociales sin forzar el tratamiento, imponer requisitos laborales o exigir la sobriedad. Una vez alojadas, en teoría, las personas sin hogar escapan del caos de las calles y pueden entonces centrarse en la búsqueda de un empleo, cuidar de sus enfermedades crónicas o lograr la sobriedad.

“Cuando estás en la calle, lo único que haces cada día es pensar en cómo sobrevivir”, explicó Ann Oliva, CEO de la National Alliance to End Homelessness. “La vivienda es la intervención más importante que aporta una sensación de seguridad y estabilidad, en la que no estás constantemente tratando de encontrar comida o un lugar seguro para dormir”.

Pero Trump quiere eliminar las iniciativas de viviendas subvencionadas por los contribuyentes. Está impulsando un enfoque punitivo que impondría multas y posiblemente penas de cárcel a las personas sin hogar. Y quiere imponer la sobriedad y el tratamiento de salud mental como la principal intervención contra la falta de vivienda, un cambio radical con respecto a Housing First.

El cambio ha provocado miedo y pánico entre los expertos en personas sin hogar y los proveedores de servicios de primera línea, que sostienen que forzar el tratamiento y criminalizar a las personas sin hogar mediante multas y penas de cárcel simplemente no funciona.

“Solo va a empeorar las cosas”, señaló Donald Whitehead Jr., director ejecutivo de la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar. “Meter a todo el mundo en programas de tratamiento no es una estrategia eficaz. El verdadero problema es que no tenemos suficientes viviendas asequibles”.

Trump estuvo a punto de acabar con Housing First durante su primer mandato, cuando nombró a Robert Marbut para dirigir el Consejo Interagencial de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar . Pero covid-19 paralizó esos planes. Ahora Marbut cree que el presidente terminará el trabajo.

“Trump sabe que lo que tenemos que hacer es devolver los fondos para el tratamiento y la recuperación”, dijo Marbut. “La administración Trump está muy centrada en acabar con Housing First. Se dieron cuenta de que estaba mal la primera vez y por eso me eligieron a mí para cambiarlo. Seguimos pensando que no funciona”.

Bajo ataque

A Housing First no solo lo atacan los republicanos, también los demócratas, que responden a la frustración pública por la multiplicación de los campamentos urbanos de personas sin hogar en todo el país.

El año pasado, el gobierno federal estimó que personas en Estados Unidos no tenían hogar, una cifra récord. Un aumento del 18% con respecto a 2023. Y mientras la vivienda se vuelve cada vez más inalcanzable, los campamentos de personas sin hogar se han disparado, tomando los parques de las ciudades, abarrotando las veredas y contaminando las vías fluviales a pesar de un gasto público sin precedentes.

Ya hay ciudades y estados, liberales y conservadores, que están tomando medidas enérgicas contra las personas sin hogar y abordando la crisis de salud mental y adicciones.

Esto ocurre incluso en estados demócratas como California, donde el gobernador Gavin Newsom ha creado una iniciativa de “” que puede ordenar el tratamiento aunque no siempre haya viviendas disponibles, y ha amenazado con retirar la financiación a las ciudades y condados que no acaben con los campamentos de forma enérgica.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, ha propuesto para los que padecen de adicciones. La alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, está dando prioridad a los desalojos de campamentos, aunque la promesa de vivienda o refugio es incierta. Y el alcalde de San José, Matt Mahan, para los planes de que se nieguen a ser acogidas tres veces en 18 meses y para pagar la ampliación de los refugios.

Mahan cree que los liberales y los activistas han sido demasiado “puristas” porque no se están construyendo viviendas con la suficiente rapidez, mientras que las inversiones en refugios y tratamientos han sido inadecuadas. “No puede tratarse solo de Housing First”, dijo.

Las medidas enérgicas contra las personas sin hogar se han disparado desde que la Corte Suprema de Estados Unidos hizo más fácil que los funcionarios electos y las fuerzas del orden multaran y arrestaran a las personas por vivir en la calle.

Desde junio, se han aprobado unas 150 leyes que imponen multas o penas de cárcel, unas 45 solo en California, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del National Homelessness Law Center.

Rabinowitz y otros expertos afirman que tanto los republicanos como los demócratas están socavando el programa Housing First al criminalizar la falta de vivienda y llevar a cabo redadas en campamentos que dificultan la capacidad de los trabajadores de primera línea.

Sin embargo, hay desacuerdo sobre si desmantelar por completo esta política.

Los líderes liberales quieren mantener las corrientes existentes de financiación para la vivienda y las personas sin hogar, al tiempo que se amplían los refugios y sacan a la gente de las calles. Los conservadores culpan a Housing First del aumento de personas sin techo, y presionan para que se imponga el tratamiento obligatorio y se recorten los subsidios a la vivienda.

Evidencia muestra que Housing First ha tenido éxito en trasladar a personas vulnerables y sin hogar a viviendas permanentes. de 26 estudios indicó que, en comparación con el tratamiento primero, “los programas de Housing First disminuyeron el número de personas sin hogar en un 88%”. Y el enfoque ha mostrado en la salud, reduciendo los costosos de atención hospitalaria y urgencias.

Los expertos afirman que el programa Housing First ha estado y se ha aplicado de manera desigual, ya que algunas agencias para personas sin hogar reciben dinero federal pero no proporcionan servicios adecuados ni reubicaciones en viviendas.

“Convertirlo en la política general para todas las personas sin hogar lo deja vulnerable a ser atacado de la manera en que está siendo atacado actualmente”, afirmó Philip Mangano, un republicano que encabezó el desarrollo de Housing First como asesor principal sobre personas sin hogar de George W. Bush. “La verdad es que es una mezcla de cosas. Para algunas personas, como las que consumen drogas, todavía no hay resultados”.

Otros dicen que ha sido ineficaz en algunos lugares debido al despilfarro desenfrenado, el abuso y la .

“Esto funciona cuando se hace bien”, señaló Marc Dones, director de políticas para iniciativas sobre personas sin hogar en la Universidad de California-San Francisco, argumentando que la vivienda puede salvar vidas y reducir el gasto en costosos cuidados de salud. “Pero creo que hemos sido demasiado blandos durante demasiado tiempo con una incompetencia real”.

Jeff Olivet, que sucedió a Marbut en la Interagency Council on Homelessness de Estados Unidos bajo la presidencia de Biden, dijo que las posiciones de Marbut y Trump están equivocadas. Sostiene que el programa Housing First ha funcionado para aquellos que han conseguido un hogar, pero el número de personas que se quedan sin hogar supera al que las consiguen. Y dice que nunca ha habido suficiente dinero para proporcionar vivienda y servicios de apoyo a todos los necesitados.

“El programa Housing First no consiste solo en meter a alguien en un apartamento y esperar lo mejor”, explicó Olivet. “Se trata realmente de proporcionar una vivienda estable y acceso a la atención médica, a la salud mental y al tratamiento de adicciones, y de apoyar a las personas, pero sin obligarlas”.

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Becerra venía a hablar de los esfuerzos de la administración Biden para proteger a los trabajadores agrícolas del calor extremo y del humo de los incendios forestales, dos problemas de salud pública emergentes en primera línea de la crisis climática.

“Todavía no existen suficientes protecciones para los trabajadores que cosechan los alimentos que comemos”, dijo Becerra a un grupo de periodistas locales y funcionarios del gobierno, que superaban en número a los trabajadores agrícolas presentes en la audiencia.

Becerra, cuyo padre trabajó en el campo, venía de visitar a unas mujeres que recogen uvas y se protegen del sol vistiéndose con jerséis, pantalones largos y pañuelos que les cubren la nariz y la boca.

Los veranos son largos e intensos en Clarksburg, un pueblo de unos 300 habitantes a orillas del río Sacramento, que abastece a la industria vitivinícola de California con uvas petite sirah, sauvignon blanc y otras, cosechadas por cientos de trabajadores.

“Va a ser un día caluroso”, añadió Becerra. “Pero siguen vestidos como si fuera invierno”.

El máximo responsable de salud del país, que está barajando la posibilidad de , se ha convertido en una de las voces principales de la administración Biden sobre el cambio climático.

Becerra centra su atención en los trabajadores de bajos ingresos y , que son los que sufren con mayor intensidad los efectos de las condiciones meteorológicas extremas.

En marzo, el HHS publicó voluntarias y materiales educativos que los establecimientos agrícolas pueden usar para proteger a sus trabajadores del humo y del calor.

La presencia de Becerra ante los periodistas frente a la biblioteca fue breve y se programó con motivo del Día de Apreciación de los  Trabajadores Agrícolas, no lejos de su casa de Sacramento, donde su esposa, médica especializada en embarazos de alto riesgo, sigue trabajando.

El funcionario anunció que han publicado materiales educativos sobre los riesgos de las enfermedades relacionadas con el calor excesivo, que señalan cuándo las temperaturas pueden ser demasiado altas para trabajar. Pero admitió que el HHS tiene límites para poder intervenir porque los controles en los lugares de trabajo están bajo la supervisión del Departamento de Trabajo.

“En general, la jurisdicción de nuestra secretaría no abarca directamente a los trabajadores del campo”, reconoció Becerra tras reunirse con los recolectores de uva. “Sin embargo, les debemos a todas las personas que trabajan para poner los alimentos sobre nuestra mesa el mayor esfuerzo posible para que realicen sus tareas en las condiciones más seguras”, agregó.

Los asistentes de Becerra distribuyeron un comunicado de prensa en el que se enumeraba una serie de recursos disponibles, como inspecciones gratuitas sobre salud en el lugar de trabajo, por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). También la capacitación sobre los peligros del calor y el humo que imparte el Programa de Capacitación para Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Medioambiental.

También que la Administración de Recursos y Servicios de Salud tiene previsto otorgar premios por valor a 77 proveedores de salud en áreas de alta necesidad.

El cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad del calor extremo, que ya es la primera causa de muerte por razones meteorológicas en el país, sin contar que la temperatura aviva los incendios forestales en todo el país.

Si bien no existe un recuento oficial de las muertes de trabajadores agrícolas por causas vinculadas al clima, los fallecimientos relacionadas con el calor en los últimos años, pasando de 1,722 en 2022 a cerca de 2,300 el año pasado.

En julio, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó una en los lugares de trabajo que que los empleadores proporcionen descansos, agua y sombra o aire acondicionado a los trabajadores que están expuestos al calor excesivo.

Sin embargo, es probable que la norma definitiva tarde años en aprobarse. Tampoco está claro si reemplazaría a las regulaciones estatales.

Cinco estados tienen protecciones de seguridad contra el calor para los trabajadores que trabajan al aire libre o en interiores. En California, por ejemplo, los empleadores deben brindar agua, áreas para refrescarse y descansos a los trabajadores cuando las temperaturas alcanzan los 82 grados Fahrenheit en interiores y 80 en exteriores.

Los otros estados son Colorado, Minnesota, Oregon y Washington, y se espera que este año Maryland apruebe una norma de seguridad similar.

Aunque Becerra mencionó que los estados pueden crear sus propias regulaciones, una norma de seguridad federal contra el calor ofrecería protecciones a nivel nacional.

Y obligaría a estados como Florida y Texas, cuyos gobernadores republicanos han aprobado leyes que prohíben las regulaciones de seguridad contra el calor, a cumplir con estándares mínimos.

Becerra espera que los estados se acojan a los programas que ofrece el HSS, aunque sean opcionales. Incluso en California, que tiene una de las normas de protección contra el calor más estrictas del país, los trabajadores podrían beneficiarse.

La trabajadora agrícola Lizbeth Mastache, que se reunió en privado con Becerra antes de la presentación, dijo que los días que pasa en los campos recogiendo uvas envuelta en el humo de los incendios forestales y el calor extremo no sólo son cada vez más frecuentes, sino que también la están enfermando.

Ha sufrido dolores de cabeza, fatiga y náuseas debido al calor, y tuvo que ir a la sala de emergencias después de que el cielo lleno de humo le provocara un ataque de asma. Ella y otros trabajadores agrícolas le dijeron a Becerra que necesitan tener licencia por enfermedad garantizada para cuidarse cuando el humo y el calor los enferman, además de un seguro médico accesible.

“Tuve que trabajar recogiendo uvas durante los incendios forestales y no nos dieron máscaras”, dijo Mastache, que es trabajadora agrícola desde hace 14 años.

La mujer también dijo que algunas granjas no han permitido el ingreso de los agentes comunitarios que hacen tareas de prevención. Su propósito era informar a los trabajadores acerca de cómo prevenir las enfermedades causadas por el calor extremo.

Eso es un problema porque muchos trabajadores estacionales, que se desplazan por trabajo entre distintos estados, no saben que California exige a los empleadores que les proporcionen a sus empleados agua, descansos y formación.

Hace unos tres años, investigadores del Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California-Merced hallaron que el 15% de los trabajadores agrícolas de California no recibían los , y más del 40% dijo que la empresa nunca le había brindado un plan de prevención de enfermedades causadas por el calor extremo.

Sin embargo, más de un tercio de los trabajadores agrícolas entrevistados dijeron que no presentarían una denuncia contra su empleador, la mayoría de ellos por temor a represalias.

El California Farm Bureau, que representa a unos , ha refutado las conclusiones del Centro Comunitario y Laboral. Afirman que entre los trabajadores empleados por sus socios se produjeron pocos casos de enfermedades causadas por el calor excesivo.

Bryan Little, director de políticas de empleo del Bureau, afirmó que su organización ha capacitado a cientos de agricultores y ganaderos sobre cómo proteger a los trabajadores de las enfermedades causadas por el calor extremo, por ejemplo, garantizando la provisión de agua e instalando espacios portátiles con sombra en el campo, para que los empleados se refresquen.

“Están actuando todos los días para tratar de evitar que las personas se expongan a estos riesgos, en la medida de lo posible”, dijo Little.

Aunque defensores de los trabajadores agrícolas agradecen a Becerra que resalte los impactos dañinos y a veces fatales del calor y el humo que generan los incendios forestales, también les preocupa que los fondos federales no lleguen a los más necesitados.

Por ejemplo, no existen garantías de que gran parte de los $50 millones destinados a los proveedores de atención médica vayan a los centros de salud que atienden a los trabajadores agrícolas, dijo Amy Liebman, directora de programas de la Red de Médicos Clínicos Migrantes, que ha trabajado en la seguridad y la salud de los migrantes durante más de dos décadas.

“Necesitamos asegurarnos de que nuestros centros de salud y nuestros médicos estén preparados”, dijo Liebman. “Eso significa que tiene que haber un cambio no solo en el enfoque sino también en parte de la financiación destinada a ello”.

Cuando Becerra dejó la tarima, cubierto con el cartel “Proteger a las comunidades del calor extremo”, entró en la biblioteca y minutos después partió hacia Stockton para ocuparse del siguiente tema: que bajen los precios de los medicamentos recetados. Lo acompañaba el congresista demócrata Josh Harder, que representa a un competitivo distrito del Congreso del Valle Central.

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“Yo dije, ¿Qué voy a hacer? …. “, recordó emocionada. Inmediatamente le preocupó que pudiera tener cáncer. “Iba y venía: tengo [cáncer], no tengo, sí tengo, no tengo”. Y si estaba enferma, agregó, no podría trabajar ni pagar el alquiler. Al no tener seguro de salud, Pantoja Toribio no podía pagar para averiguar si tenía una enfermedad grave.

A partir de este año, , se amplió para incluir a los inmigrantes que no tienen residencia legal, algo que podría haber funcionado perfectamente para Pantoja Toribio, que ha vivido en la ciudad de Brentwood, en el Área de la Bahía, durante tres años. Pero su solicitud de Medi-Cal fue rechazada rápidamente porque, como trabajadora agrícola que gana $16 la hora, sus ingresos anuales de unos $24,000 eran demasiado altos para calificar para el programa.

California es el primer estado en ampliar Medicaid a todos los adultos que reúnan los requisitos, independientemente de su estatus migratorio, una medida celebrada por los activistas de la salud y por líderes políticos de todo el estado. Pero muchos inmigrantes sin estatus legal permanente, especialmente los que viven en zonas de California donde el costo de vida es más alto, ganan demasiado dinero como para calificar para Medi-Cal.

El estado paga la factura de la expansión de Medi-Cal, pero la ley federal prohíbe a los que llama “indocumentados” recibir subsidios de seguros u otros beneficios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dejando a muchos empleados, sin opciones viables médico.

Ahora, los mismos activistas de salud que lucharon por la dicen que el siguiente paso para lograr la equidad en salud es ampliar Covered California, el mercado estatal de ACA, a todos los inmigrantes adultos mediante la aprobación de la AB 4.

“Hay personas en este estado que trabajan y son la columna vertebral de tantos sectores de nuestra economía y contribuyen con su trabajo e incluso con sus impuestos … pero están excluidos de nuestra red de seguridad social”, dijo Sarah Dar, directora del Centro de Política de Inmigración de California, una de las dos organizaciones que patrocinan el proyecto de ley, denominado .

Para calificar para Medi-Cal, una persona no puede ganar más del 138% del nivel federal de pobreza, que actualmente es de cerca de $21,000 al año para un individuo. Una familia de tres miembros tendría que ganar menos de $35,632 al año.

Para las personas que superan esos umbrales, el mercado de Covered California ofrece varios planes de salud, a menudo con subsidios federales y estatales, con primas tan bajas como $10 al mes. La esperanza es crear lo que los activistas llaman un “mercado espejo” en el sitio web de Covered California para que a los inmigrantes, independientemente de su estatus, se les pueda ofrecer los mismos planes de salud que serían subvencionados sólo por el estado.

A pesar de la mayoría demócrata en la Legislatura, el proyecto de ley podría tener dificultades para ser aprobado, ya que el estado se enfrenta a un déficit presupuestario previsto para el próximo año de entre $38 mil millones y $73 mil millones. El gobernador Gavin Newsom y líderes legislativos anunciaron un para empezar a reducir la brecha, pero parece inevitable que se produzcan recortes significativos en el gasto.

No está claro cuánto costaría extender Covered California a todos los inmigrantes, según el miembro de la Asamblea Joaquín Arambula, demócrata de Fresno que presentó el proyecto de ley.

El Centro de Política de Inmigración estima que la creación del mercado costaría al menos $15 millones. Si el proyecto de ley se aprueba, los patrocinadores tendrían que asegurar la financiación de los subsidios, que podrían ascender a miles de millones de dólares anuales.

“Es un momento difícil para pedir nuevos gastos”, señaló Dar. “El costo de la puesta en marcha del mercado espejo es una cifra relativamente baja. Así que tenemos esperanzas de que aún esté dentro de lo posible”.

Arambula dijo que es optimista en cuanto a que el estado continuará liderando en la mejora del acceso a la salud para los inmigrantes que no tienen residencia legal.

“Creo que seguiremos adelante, ya que estamos trabajando para hacer de ésta una California para todos”, expresó.

El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea en julio pasado en una votación de 64-9 y ahora falta la acción del Comité de Asignaciones del Senado, según la oficina de Arambula.

Se calcula que unas 520,000 personas en California podrían optar por un plan de Covered California si tuvieran un estatus legal, según el centro de investigación laboral de la Universidad de California-Berkeley. Pantoja Toribio, que emigró sola desde México huyendo de una relación abusiva, dijo que tuvo suerte. Se enteró de las opciones alternativas de atención médica cuando hizo su visita semanal a un banco de alimentos en Hijas del Campo, una organización de defensa de los trabajadores agrícolas del condado de Contra Costa, donde le dijeron que podría calificar para un plan que ayuda a personas de bajos ingresos a través de Kaiser Permanente.

Pantoja Toribio aplicó, justo antes que se cerrara el plazo de inscripción a finales de enero. Gracias al plan, supo que el bulto que tenía en el pecho no era canceroso.

“Diosito me oyó”, exclamó. “Gracias a Dios”.

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Desde entonces, estas leyes se han expandido a nivel nacional para abarcar más tipos de maltrato, incluido el abandono, que ahora representa la mayoría de los informes, y han aumentado el número de profesiones obligadas a informar. En algunos estados, se requiere que informen lo que sospechan que pueda ser un caso de abuso o negligencia.

Pero ahora hay esfuerzos en Colorado y otros estados para revertir estas leyes, argumentando que el resultado ha sido demasiados informes infundados, que perjudican desproporcionadamente a las familias que son pobres, negras, indígenas o tienen miembros con discapacidades.

“Hay una larga y deprimente historia basada en el enfoque de que nuestra respuesta principal a una familia en dificultades es reportar”, dijo Mical Raz, médica e historiadora de la Universidad de Rochester en Nueva York. “Ahora hay una gran cantidad de evidencia que demuestra que más informes no están asociados con mejores resultados para los niños”.

Stephanie Villafuerte, defensora del pueblo para la protección infantil de Colorado, supervisa un grupo de trabajo para reexaminar las leyes de informes obligatorios del estado. Dijo que el grupo busca equilibrar la necesidad de informar casos legítimos de abuso y negligencia con el deseo de eliminar informes inapropiados.

“Esto está diseñado para ayudar a las personas que se ven afectadas de manera desproporcionada”, dijo Villafuerte. “Espero que la combinación de estos esfuerzos pueda marcar la diferencia”.

A algunos críticos les preocupa que los cambios a la ley pueda dar lugar a que se pasen por alto casos de abuso. Los trabajadores médicos y de cuidado infantil que forman parte del grupo de trabajo han expresado preocupación sobre la responsabilidad legal.

Aunque es raro que las personas sean acusadas penalmente por no informar, también pueden enfrentar responsabilidad civil o repercusiones profesionales, incluidas amenazas a sus licencias.

El ser reportado a los servicios de protección infantil se está volviendo cada vez más común. Más de 1 de cada 3 niños en el país será objeto de una investigación de abuso y negligencia infantil para cuando cumplan 18 años, según una estimación que se cita con frecuencia, un financiado por la Oficina de Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

A las familias negras y nativas americanas, las familias pobres y los o con discapacidades se las mira con lupa. La investigación ha encontrado que, entre estos grupos, los padres tienen más probabilidades de perder los derechos parentales y los niños tienen más probabilidades de terminar en hogares temporales.

En una de investigaciones, no se confirma ningún abuso o negligencia. Sin embargo, los que estudian a las familias las describen como aterradoras y aislantes.

En Colorado, el número de informes de abuso y negligencia infantil ha aumentado un 42% en la última década, y alcanzó un récord de 117,762 el año pasado, según . Aproximadamente, otras 100,000 llamadas a la línea directa no se contaron como informes porque eran solicitudes de información o se referían a asuntos como la manutención de los hijos o la protección de adultos, dijeron oficiales del Departamento de Servicios Humanos de Colorado.

El aumento de los informes se puede rastrear hasta una política que alienta a una amplia gama de profesionales —incluidos el personal escolar y médico, terapeutas, entrenadores, miembros del clero, bomberos, veterinarios, dentistas y trabajadores sociales— a llamar a una línea directa cada vez que tengan una preocupación.   

Estas llamadas no reflejan un aumento en el maltrato. Más de dos tercios de los informes que reciben las agencias en Colorado se desestiman porque no cumplen con el umbral para la investigación. De los niños cuyos casos se evalúan, se comprueba que el 21% ha sufrido abuso o negligencia. El de casos confirmados no ha aumentado en la última década.

Si bien los estudios no demuestran que las leyes que obligan a informar mantengan seguros a los niños, de trabajo de Colorado en enero, hay evidencia de daño. “El informe obligatorio impacta desproporcionadamente a las familias de color”, iniciando el contacto entre los servicios de protección infantil y familias que no presentan preocupaciones por abuso o negligencia, dijo el grupo de trabajo.

Este grupo también está analizando si una mejor selección podría mitigar “el impacto desproporcionado del informe obligatorio en comunidades con recursos limitados, comunidades de color y personas con discapacidades”.

También señaló que la única forma de informar preocupaciones sobre un niño es con un informe formal a una línea directa. Sin embargo, muchas de esas llamadas no son para informar sobre abuso en absoluto, sino intentos de conectar a niños y familias con recursos como alimentos o asistencia para la vivienda.

Los que llaman a la línea directa pueden querer ayudar, pero las familias que son objeto de informes erróneos de abuso y negligencia rara vez lo ven de esa manera.

Esto incluye a Meighen Lovelace, que vive en una zona rural de Colorado y que pidió a ºÚÁϳԹÏÍø News que no revelara su ciudad natal por temor a atraer la atención no deseada de funcionarios locales. Para la hija de Lovelace, que es neurodivergente y tiene discapacidades físicas, los informes comenzaron en 2015, cuando empezó el preescolar a los 4 años.

Los maestros y proveedores médicos que hacían los informes a menudo sugerían que la agencia de servicios humanos del condado podría ayudar a la familia de Lovelace. Pero las investigaciones que siguieron fueron invasivas y traumáticas.

“Nuestro mayor temor latente es, ‘¿van a llevarse a nuestros hijos?'”, dijo Lovelace, quien es defensora de la Colorado Cross-Disability Coalition, una organización que aboga por los derechos civiles de las personas con discapacidades.

“Tenemos miedo de pedir ayuda. Nos está impidiendo ingresar a los servicios debido al miedo al bienestar infantil”, expresó.

Funcionarios de servicios humanos, estatales y del condado, dijeron que no podían comentar sobre casos específicos.

El grupo de trabajo de Colorado planea sugerir aclarar las definiciones de abuso y negligencia bajo la ley de informe obligatorio del estado. Los que tienen que informar no deben “hacer un informe únicamente debido a la raza, clase o género de una familia/niño”, ni debido a una vivienda, muebles, ingresos o ropa inadecuados. Además, no debe haber un informe basado únicamente en el “estado de discapacidad del menor, padre o tutor”, según la recomendación preliminar del grupo.

También planean recomendar capacitación adicional para los que tienen la obligación de informar, ayuda para profesionales que están decidiendo si hacer una llamada o no, y un número de teléfono alternativo, o “línea directa cálida”, para casos en los que los que llaman creen que una familia necesita ayuda material, en lugar de vigilancia.

Los críticos dicen que estos cambios podrían dejar a más niños vulnerables a abusos no denunciados.

“Me preocupa que agregando sistemas como la línea directa cálida, se nos escabullan los casos en lo que los niños están en verdadero peligro, y que no reciban ayuda”, dijo Hollynd Hoskins, abogada que representa a víctimas de abuso infantil.

Hoskins ha demandado a profesionales que no informan sus sospechas.

El grupo de trabajo de Colorado incluye a funcionarios de salud y educación, fiscales, defensores de las víctimas, representantes del bienestar infantil del condado y abogados, así como a cinco personas que tienen experiencia en el sistema de bienestar infantil. Planea finalizar sus recomendaciones a principios del próximo año con la esperanza de que los legisladores estatales consideren cambios en la política en 2025. La implementación de cualquier nueva ley podría llevar varios años.

Colorado es uno de varios estados, incluidos y , que han considerado recientemente cambios para restringir, en lugar de expandir, el informe sobre supuestos abusos.

En la ciudad de Nueva York, se está capacitando a los maestros para que antes de hacer un informe, mientras que el estado de Nueva York para ayudar a conectar a las familias con recursos como vivienda y cuidado infantil.

En California, destinado a cambiar del “informe obligatorio al apoyo comunitario” está planeando similares a las de Colorado.

Entre los que abogan por el cambio están las personas con experiencia en el sistema de bienestar infantil. Incluyen a , quien lidera la Coalición MJCF con sede en Denver, que aboga por la abolición del informe obligatorio junto con el resto del sistema de bienestar infantil, citando su daño a las comunidades negras, nativas americanas y latinas.

“El informe obligatorio es otra forma de mantenernos vigilados por blancos [no hispanos]”, dijo Jihad. A él mismo cuando era niño lo arrebataron del cuidado de un padre amoroso y lo colocaron en el sistema temporal.

La reforma no es suficiente, dijo. “Sabemos lo que necesitamos, y generalmente son fondos y recursos”. Algunos de estos recursos —como vivienda asequible y cuidado infantil— no existen a un nivel suficiente para todas las familias de Colorado que los necesitan, dijo Jihad.  

Otros servicios están disponibles, pero hay que encontrarlos. Lovelace dijo que los informes disminuyeron después que la familia obtuvo la ayuda que necesitaba, en forma de una exención de Medicaid que pagaba por atención especializada para las discapacidades de su hija.

Ahora, la niña está en séptimo grado y le va bien. Ninguno de los trabajadores sociales que visitaron a la familia mencionó la exención, dijo Lovelace. “Realmente creo que no sabían nada al respecto”.

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Un hombre de mediana edad abrió, con mirada cautelosa.

“Hola, señor, ¿cómo está hoy?”, le preguntó Elie, que tenía puesta una chaqueta con el logo de la Campana de la Libertad, del gobierno de la ciudad. “Mi nombre es Marsella. Estoy trabajando con la ciudad. ¿Ha oído hablar de las sobredosis que están ocurriendo en el vecindario, verdad?”.

El hombre asintió. Elie señaló los folletos que tenía sobre sobredosis de drogas y programas de tratamiento para la adicción. Levantó una caja de Narcan, una marca de naloxona, que puede revertir una sobredosis de opioides.

“Lo que estamos tratando de hacer es que esto llegue a todos los hogares. ¿Alguna vez ha oído hablar de esto antes?”, preguntó Elie antes de entregarle al hombre una bolsa de tela llena de folletos, tiras de prueba de fentanilo y la caja de Narcan.

Elie y otros trabajadores de medio tiempo de la ciudad y voluntarios forman parte de una campaña puerta a puerta a gran escala en Philadelphia que tiene como objetivo equipar los hogares con naloxona y otros suministros para prevenir sobredosis de drogas.

Los funcionarios de la ciudad esperan que este enfoque proactivo transforme a la naloxona en un artículo que esté en los botiquines, para evitar que las personas mueran por sobredosis, especialmente los residentes negros.

En Philadelphia, en 2022, según datos de la ciudad, un récord de murieron por sobredosis de drogas. Entre los residentes negros, las muertes aumentaron un 20% respecto al año anterior, y muchas ocurrieron en casas.

“Lo mejor que podemos hacer para que estos productos sean más accesibles es simplemente dárselos a las personas”, dijo , subdirectora de la de la ciudad, hablando sobre la bolsa de tela con naloxona y otros suministros.

“No le estamos preguntando si está usando drogas. El objetivo aquí es realmente construir una responsabilidad colectiva. Como personas de comunidades minoritarias, como vimos durante la epidemia de covid, nadie viene a salvarnos. Para nosotros, esta es una herramienta que podemos usar para salvarnos a nosotros mismos”.

Esta iniciativa de distribución tiene como objetivo llevar suministros de prevención directamente a personas que de otro modo no los buscarían por sí mismas, y concientizar sobre las sobredosis más allá de Kensington, el epicentro de la epidemia de adicción de la ciudad.

Los encuestadores planean golpear más de 100,000 puertas en los “puntos calientes” de Philadelphia, con tasas crecientes de sobredosis de opioides, muchos en comunidades minoritarias.

El aumento de las disparidades raciales en las muertes por sobredosis es una de las consecuencias a largo plazo de la , dijo McLoyd. Las políticas de esa campaña nacional llevaron a décadas de tácticas policiales agresivas, perfil racial y largas condenas de prisión, afectando de manera desproporcionada a personas de color y a sus comunidades.

La investigación muestra que los afroamericanos siguen representando por drogas y servicios de protección infantil.

“Por eso, está muy claro por qué las personas de minorías podrían ser reacias a levantar la mano y decir: ‘Soy una persona que usa drogas, necesito esos recursos'”, dijo McLoyd.

Otras comunidades han distribuido naloxona y otros suministros, aunque . Lo que está haciendo Philadelphia podría convertirse en un modelo para otros lugares densamente poblados, dijo , vicepresidenta de iniciativas sobre el uso de drogas en , una organización de salud pública que trabaja con gobiernos locales en siete estados para abordar la epidemia de opioides.

“Hay algo intensamente personal en un compromiso humano”, dijo Heller. “Y que alguien toque a tu puerta para hablar sobre el uso de drogas y el riesgo de sobredosis y que haya algo que se pueda hacer, creo que es realmente poderoso”.

A lo largo de los años, la naloxona se ha vuelto más accesible que nunca, apuntó Heller. Ahora se puede y se puede recibir por correo, está disponible en especializadas y algunas farmacias ahora venden el spray nasal de Narcan sin receta.

Pero siguen muriendo por sobredosis de opioides cada año.

Eso significa que los esfuerzos de prevención y los mensajes sobre la crisis aún no llegan a algunas personas, dijo Heller. Y para Heller, llegar a las personas significa ir donde están. “Tenemos que pensar así cuando pensamos en la distribución de naloxona”.

El proyecto de divulgación en Philadelphia está financiado en parte por los pagos de acuerdos de demandas nacionales contra fabricantes y distribuidores de opioides, .

Se espera que la ciudad reciba alrededor de $200 millones en aproximadamente 18 años de acuerdos con AmerisourceBergen, Cardinal Health, McKesson y Johnson & Johnson.

De la iniciativa forman parte muchas de las mismas personas que comenzaron a hacer divulgación como parte del censo de 2020.

No todos responden a la puerta. Algunos no están en casa. En esos casos, los trabajadores dejan un volante en el picaporte de la puerta que ofrece información sobre los riesgos de las sobredosis, y contactos para obtener más recursos.

Los equipos de encuestadores, a menudo con intérpretes de idiomas, hacen una segunda ronda de visitas en el vecindario para llegar a las personas que no vieron la primera vez.

En un jueves reciente, los encuestadores de Philadelphia estaban tocando puertas en los vecindarios de Franklinville y Hunting Park. Según datos de la ciudad, en este código postal, aproximadamente 85 personas murieron por sobredosis de drogas en 2022. Eso es menos que las 193 personas que murieron por sobredosis en Kensington el mismo año, pero mucho más que las pocas muertes vistas en los vecindarios más ricos de la ciudad.

Los encuestadores se acercaron a una residente, Katherine Camacho, en la acera, cuando salía de su garage. Camacho les dijo que estaba al tanto del problema de las sobredosis en su comunidad y luego aceptó con entusiasmo una caja de Narcan. “Voy a llevar esto conmigo, porque, como dije, a veces estás en la calle conduciendo a algún lugar y podrías salvar una vida”, les dijo Camacho.

En cuanto al esfuerzo de divulgación de Philadelphia, Camacho dijo que cree que “Dios está poniendo a estas personas para ayudar”. Mientras entraba en su casa llevando la caja de Narcan, agregó que quería hacer su parte para ayudar.

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La , que se realizó con casi 6,300 pacientes que han estado recibiendo atención en los últimos tres años, encontró que alrededor del 55% de los adultos de raza negra sienten que deben tener mucho cuidado con su apariencia para ser tratados de manera justa por los médicos y otros proveedores de atención de salud.

Casi la mitad de los pacientes hispanos, los Indio americanos y los nativos de Alaska sienten lo mismo, al igual que aproximadamente 4 de cada 10 pacientes asiáticos.

En comparación, el 29% de los blancos no hispanos encuestados dijeron que se preocupaban por su apariencia antes de las citas.

“En 2023, la noción de que cualquier persona debe prepararse para sufrir discriminación es triste por un lado y enojoso por el otro”, dijo , director ejecutivo de la National Minority Health Association, en un correo electrónico . “El estrés que causa, además de cualquier problema de salud involucrado… es una locura”.

La discriminación ha sido durante mucho tiempo una preocupación tanto para los pacientes como para los proveedores de atención médica, en un país en donde las disparidades raciales en los resultados de salud son enormes y .

Un hombre hispano de 30 años de Illinois, que respondió a la encuesta de KFF, dijo a los investigadores que cuando va a sus citas médicas usa ropa con el logo de la universidad en donde trabaja. Se dio cuenta que cuando los proveedores se enteran que es profesor, lo escuchan más atentamente y lo involucran más en las decisiones médicas, dijo.

Una mujer asiática de 44 años de California dijo que sus médicos varones, blancos no hispanos, ignoraron sus preocupaciones sobre sus problemas respiratorios y le dijeron que “probablemente estaba pensando demasiado en respirar”. Más tarde le diagnosticaron asma.

Los dos encuestados no fueron identificados con nombre y apellido en el estudio.

La encuesta ofrece “una manera de cuantificar realmente cuáles son esas experiencias con el racismo y la discriminación, y las múltiples formas en las que luego impactan en la vida de las personas”, dijo , directora del programa de políticas de salud y equidad racial de KFF.

“Para las personas que han estado siguiendo estos temas durante mucho tiempo, los hallazgos no son inesperados”, agregó. Otros hallazgos del sondeo fueron:

• Un tercio de los adultos informaron al menos una de varias experiencias negativas con un proveedor de atención médica en los últimos tres años, como que un profesional asumiera algo sobre ellos sin preguntar, o sugiriera que ellos eran los responsables de su problema de salud.
• Casi una cuarta parte de los adultos negros, el 19% de los adultos nativos de Alaska y nativos americanos, el 15% de los adultos hispanos y el 11% de los adultos asiáticos dijeron que creían que habían sufrido un trato negativo debido a su raza u origen étnico.
• El 22% de las embarazadas o que dieron a luz en los últimos 10 años, de raza negra, dijeron que les negaron los analgésicos que pensaban necesitaban. Sólo el 10% de los adultos blancos no hispanos en circunstancias similares informaron la misma queja.

Cuando las personas no se sienten respetadas o bienvenidas por sus proveedores de salud, es posible que eso los desanime a buscar ayuda médica o que cambien de proveedor con más frecuencia, dijo Artiga. Los pacientes de poblaciones minoritarias “experimentan peor salud como resultado de un trato injusto en el sistema de atención médica”, agregó.

La encuesta también encontró que la discriminación fuera del sistema de atención médica tenía consecuencias para la salud. Las personas que dijeron haber experimentado discriminación en su vida cotidiana informaron dos veces más seguido que a menudo se sentían ansiosas, solas o deprimidas en comparación con aquellas que rara vez o nunca habían enfrentado discriminación.

La encuesta encontró que las personas negras que reportaron tonos de piel más oscuros tenían más probabilidades de haber sufrido discriminación que aquellos con piel más clara. También reveló “cómo persisten y prevalecen las experiencias de racismo y discriminación hoy en día, en la vida diaria y también en la atención médica, a pesar del aumento de las alertas y el abordaje sobre el racismo”, dijo , directora de investigación de encuestas y opinión pública de KFF.

La diversidad entre los proveedores de atención médica es importante, según la encuesta. La mayoría de las personas de minorías que participaron en la encuesta dijeron que menos de la mitad de sus visitas médicas en los últimos tres años fueron con un proveedor de su misma raza u origen étnico. Los que sí vieron a un médico de su misma raza o etnia tuvieron más probabilidades de informar mejores experiencias, como que su médico les explicara las cosas “de una manera que pudieran entender” o les preguntara sobre otros factores de salud como su empleo, vivienda y acceso a alimentos y transporte.

El 40% de los adultos negros que vieron a proveedores de su mi raza reportaron haber discutido temas sociales y económicos, mientras que solo el 24% dijo haber charlado sobre estos temas con proveedores de otras razas.

​Harrison, de la National Minority Health Association, escribió que “es vital un énfasis renovado en reclutar más personas de color en el campo de la atención médica”.

Agregó que la encuesta “ilustra dolorosamente que el prejuicio racial en la atención sanitaria es tan dañino como cualquier enfermedad”.

La “Encuesta sobre racismo, discriminación y salud” de KFF se realizó del 6 de junio al 14 de agosto en línea y por teléfono entre una muestra representativa a nivel nacional de adultos estadounidenses en inglés, español, chino, coreano y vietnamita.

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En dos ocasiones, intentó usar la línea de ayuda de Montana para completar una entrevista requerida para recertificar sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, conocido antes como Food Stamps o estampillas de alimentos). Cada vez, la llamada se cortó después de más de una hora en espera.

“Estaba lista para llorar”, dijo Brost, parada en la larga fila, esperando que la oficina abriera en una mañana reciente de noviembre. “Tengo a un niño de 13 años que está hambriento”.

Las familias de bajos ingresos que necesitan servicios como ayuda alimentaria y dinero en efectivo, se han convertido en daños colaterales en la carrera burocrática para determinar si decenas de millones de personas aún . Esto después que finalizara en la primavera el período de gracia durante la pandemia, en el que se prohibió anular inscripciones.

Estas son personas cuyas solicitudes y formularios de renovación se han retrasado o perdido, o que, como Brost, no pueden comunicarse con los abrumados trabajadores del centro de llamadas del gobierno.

El impacto para las familias de bajos ingresos es una consecuencia que el proceso para expulsar a beneficiarios de Medicaid pasó por alto. Desde abril, millones han perdido la cobertura, y millones más están en camino de perderla.

“Este desmantelamiento de Medicaid ha creado enormes problemas para el personal administrativo”, dijo Leighton Ku, director del Centro de Investigación de Políticas de Salud en la Escuela de Salud Pública Milken de la Universidad George Washington.

La mayoría de los estados dependen de los mismos trabajadores y sistemas informáticos para analizar la elegibilidad para Medicaid y SNAP, según el Centro de Prioridades y Políticas Presupuestarias.

La dificultad para inscribirse en otros beneficios de asistencia públicos varía, dependiendo de cómo cada estado configure sus programas y cuán bien estén dotadas las agencias para manejar el trabajo adicional causado por las recalificaciones de Medicaid.

Históricamente, las personas que buscan ayuda pública han enfrentado largos períodos de espera en los centros de llamadas y opciones limitadas de apoyo en persona. Estos problemas de larga data se han agravado a medida que un número récord de beneficiarios de Medicaid buscan asistencia con la inscripción.

Por ejemplo, abogados y organizaciones que ayudan a los que solicitan beneficios de alimentos en Montana, Missouri y Virginia, dijeron que las solicitudes han desaparecido sin respuesta, y a menudo los trabajadores que determinan la elegibilidad no responden.

“Nuestros clientes ya están viviendo al límite, y esto simplemente los puede terminar de demoler”, dijo Megan Dishong, directora adjunta de la Asociación de Servicios Legales de Montana.

La inscripción en el programa SNAP es aproximadamente la mitad que la de Medicaid. En abril, casi recibieron asistencia alimentaria, en comparación con los inscritos en el programa de salud.

SNAP en sí ha experimentado cambios importantes este año; una norma que aumentó los beneficios durante la pandemia expiró y se reinstauraron los requisitos de trabajo. Según los datos federales más recientes, la inscripción , mucho menos que la disminución en la inscripción de Medicaid que comenzó en abril.

Sin embargo, las fuentes oficiales de datos no capturan los retrasos y otras dificultades que enfrentan las personas para obtener beneficios.

En Virginia, donde las oficinas locales del Departamento de Servicios Sociales del estado manejan las solicitudes de Medicaid y SNAP, “he tenido varios clientes que han presentado solicitudes y simplemente se han perdido”, dijo Majesta-Doré Legnini, de Equal Justice Works en el Legal Aid Justice Center que trabaja en temas de SNAP.

Un cliente que solicitó ayuda por primera vez no recibió noticias durante tres meses y tuvo que volver a presentar la solicitud. Otro obtuvo beneficios después de dos meses y medio, luego de haber sufrido retrasos en el procesamiento de la solicitud, una carta de denegación y una apelación.

Una familia con estatus migratorio mixto, donde los niños calificaban para recibir beneficios, no los obtuvo por ocho meses, después que fueran expulsados erróneamente del programa y experimentaran retrasos después de volver a presentar la solicitud.

Virginia debería procesar cada solicitud en un plazo de 30 días. “La mayoría de mis clientes tienen niños menores de 15 años”, dijo Legnini, “y muchos dicen que tienen problemas para conseguir suficiente comida para alimentar a sus hijos”.

En Missouri, una demanda federal presentada antes que comenzara el proceso de expulsiones de Medicaid alega que un sistema disfuncional impide que los residentes de bajos ingresos obtengan ayuda alimentaria. A más de la mitad de los solicitantes del estado se les denegó ayuda en julio porque no pudieron completar una entrevista, no porque no fueran elegibles, según un documento presentado en el caso.

Ahora, con Missouri reevaluando la inscripción de Medicaid de más de 1 millón de beneficiarios, defensores dicen que esas fallas sistémicas se han convertido en una grave crisis para los más vulnerables.

Por su parte, oficiales de Montana han dicho que el proceso de revisar la elegibilidad se suma a un sistema ya problemático.

En septiembre, Charlie Brereton, director del Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos de Montana, que el estado estaba trabajando para mejorar su línea de ayuda de asistencia pública, “que, francamente, ha estado plagada de algunos desafíos y problemas durante muchos, muchos años”.

Brereton dijo que se aumentaron los salarios de los coordinadores de clientes para cubrir trabajos en persona. El estado contrató a unos 50 trabajadores de agencias nacionales para fortalecer el personal del centro de llamadas, y creó una espera separada en su línea para las personas que solicitan ayuda temporal para alimentos o dinero en efectivo.

Jon Ebelt, vocero del Departamento de Salud de Montana, no respondió directamente sobre cuánto es la espera en línea para SNAP y asistencia de dinero en efectivo, pero dijo que las solicitudes “se están procesando de manera oportuna”.

Las personas que intentan utilizar el sistema del estado dijeron que las esperas largas persistían en noviembre.

Desde abril, están recibiendo menos beneficios de SNAP. Pero eso no necesariamente significa que menos personas califiquen, dijo Lorianne Burhop, directora de política del Montana Food Bank Network.

Los clientes sin acceso a Internet, con minutos de teléfono limitados o sin la capacidad de viajar a una oficina de asistencia pública pueden no poder sortear los obstáculos para mantener sus beneficios.

“Hemos visto números consistentemente altos en los bancos de alimentos, mientras que con SNAP, hemos visto una disminución gradual”, dijo Burhop. “Creo que hay que considerar el acceso como un factor que impulsa esa baja”.

En Missoula, DeAnna Marchand estaba en espera en la línea de ayuda de Montana cuando se acercaba una fecha límite en noviembre. Enfrentaba múltiples cortes: uno para recertificar la asistencia alimentaria para ella y su nieto, otro para demostrar que aún calificaba para el programa de Medicaid que paga por su cuidador en el hogar, y un tercero para mantener el Medicaid de su nieto.

“No sé lo que quieren”, dijo Marchand. “¿Cómo se supone que debo obtener todo eso si no puedo hablar con alguien?”.

Después de media hora, siguió las indicaciones para programar una devolución de llamada. Pero una voz automatizada dijo que los espacios estaban llenos y transfirió la llamada de nuevo a espera. Una hora después, la llamada se cortó.

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La Cruz Roja analiza la sangre donada para detectar una variedad de enfermedades, incluido el Chagas, que es causado por un parásito y puede desarrollarse silenciosamente durante décadas antes de causar síntomas. La prueba encontró Chagas en el cuerpo de Gutiérrez, y años después, en 2013, una tomografía confirmó que ya estaba en su corazón.

“Me mostraron la imagen con el rastro del parásito hacia mi corazón. Fue realmente aterrador”, dijo Gutiérrez, quien es oriunda de El Salvador. Ahora, a los 50 años, se mantiene saludable pero realiza una batería de pruebas anuales para monitorear si hay daño cardíaco.

El , el parásito que causa Chagas, se transmite a través de un insecto triatomino, popularmente llamado vinchuca o “insecto besador” (kissing bug), porque suele picar cerca de los labios. Estos insectos defecan en la piel, y las heces, que contienen el parásito, pueden entrar al organismo de una persona a través de la nariz o la boca, o por pequeñas heridas en la piel.

La enfermedad de Chagas afecta a personas principalmente en Latinoamérica, donde el insecto habita y se reproduce en techos de paja y paredes de barro. No se transmite de persona a persona, excepto cuando la madre lo transmite al bebé, o a través de transfusiones de sangre o transplantes de órganos.

Pero cada vez está más presente en Estados Unidos, donde a menudo pasa desapercibido: los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que que viven en el país tienen Chagas, aunque la falta de conocimiento y de pruebas de detección significa que de los casos han sido identificados.

Médicos, investigadores y defensores de pacientes dicen que Estados Unidos debería estar haciendo mucho más para combatir al Chagas, que causa enfermedades cardíacas graves en aproximadamente el que viven con el parásito, y también puede provocar problemas digestivos paralizantes como agrandamiento del estómago y el colon. Están presionando por un mayor acceso a las pruebas y los tratamientos, y son optimistas sobre una nueva droga que está programada para ensayos en humanos el próximo año. 

Un proyecto de ley en el Congreso para aumentar los fondos para luchar contra las enfermedades olvidadas, que los partidarios esperan que se debata en el otoño, también podría ayudar.

Aun así, en Estados Unidos, hay “una tremenda falta de conciencia sobre esta enfermedad”, dijo la , cardióloga y directora médica de la (LASOCHA), quien lleva adelante una clínica de pruebas para Chagas en el norte de Virginia. “Nos enseñaron que era algo que no se ve en Estados Unidos”.

Gran parte de las personas con Chagas son de Latinoamérica, y muchas de ellas no tienen papeles. Marcus apunta que aquellos en mayor riesgo de Chagas usan los centros comunitarios de salud, que podrían ser excelentes puntos de prueba, pero desafortunadamente tienen recursos limitados y tienden a enfocarse en afecciones más comunes como hipertensión o diabetes.

Al comienzo, el Chagas presenta síntomas similares a los de una gripe. Pero luego puede pasar desapercibido durante décadas mientras se reproduce en el cuerpo. Los tratamientos farmacológicos a veces pueden erradicar al parásito, especialmente en sus primeras etapas, pero la ventana de oportunidad para la detección temprana es corta: no permanece en el torrente sanguíneo por mucho tiempo, y migra a los tejidos y órganos en donde es más difícil detectarlo.

A menudo, cuando el paciente finalmente va al médico, ya ha desarrollado complicaciones graves, incluidas anomalías en el ritmo cardíaco o , cuando no bombea bien la sangre. Los pacientes pueden llegar a necesitar marcapasos o trasplantes de corazón.

“Es una enfermedad que es el resultado de fallas sistémicas en el sistema de salud”, dijo la escritora Daisy Hernández, autora de . En su libro, Hernández cuenta la historia de su tía Dora, a quien le diagnosticaron Chagas en Estados Unidos. Antes, en su país, Colombia, le hicieron una cirugía exploratoria porque tenía la barriga hinchada: los médicos le dijeron que “tenía el estómago de 10 personas” debido a la terrible inflamación. Nadie sospechó que la podría haber causado el parásito del Chagas.

Hernández dijo que sus entrevistas con más de 70 médicos y pacientes la convencieron de que la verdadera barrera para la atención del Chagas es la inacción.

“Mientras una persona que vive en Virginia y es originaria de Bolivia [donde el Chagas es endémico] sabe que si le diagnostican Chagas debe empezar a ahorrar para un marcapasos”, dijo Hernández, “aquí el gobierno no hace nada y ni siquiera sabe qué es la enfermedad”.

Entre en todo el mundo viven con el parásito. En los Estados Unidos, dos medicamentos de larga data han obtenido la aprobación de la FDA: y , que pueden combatir al parásito, pero no siempre lo erradican. Estos medicamentos pueden tener efectos secundarios graves y son más efectivos si se administran temprano: los bebés que nacen con Chagas tienen si reciben tratamiento dentro de su primer año de vida.

Para combatir la enfermedad, médicos familiarizados con el Chagas recomiendan realizar pruebas a las mujeres embarazadas de comunidades en riesgo y, eventualmente, iniciar tratamientos tempranos. También abogan por analizar para Chagas a todos los potenciales órganos para trasplantes. En 2018, después de recibir un corazón infectado con el parásito del Chagas, lo que provocó una demanda y reclamos para que la prueba de Chagas fuera mandatoria. La organización que emite las normas sobre los trasplantes en el país para exigir tales pruebas.

Pocos establecimientos en el país realizan pruebas de detección de Chagas. Defensores dicen que con mayor conciencia, muchos proveedores de atención médica podrían realizar las pruebas iniciales y, si resultan positivas, enviar los resultados a los CDC para su confirmación.

Sin embargo, crear conciencia ha sido una batalla cuesta arriba. El Center of Excellence for Chagas Disease, el único centro del país dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento del Chagas, suspendió recientemente sus operaciones después de que su directora, la , se retirara.

Meymandi, pionera en el diagnóstico y tratamiento del Chagas, dijo que todavía trabaja como voluntaria en el Olive View-UCLA Medical Center en Los Ángeles, donde se encontraba el centro, para garantizar que sus pacientes reciban atención. “El liderazgo político ha dejado de apoyar al centro y ya no realizamos pruebas activamente”, dijo Meymandi. Ahora, refiere a los pacientes de Chagas a la clínica de cardiología.

Una vocera del Departamento de Salud Pública del condado escribió en un comunicado que el centro técnicamente no está cerrado y que el departamento de cardiología del hospital de la UCLA se había hecho cargo del tratamiento de los pacientes de Chagas con afecciones cardíacas. Pero al menos por ahora no está ofreciendo pruebas al público en general. California es el estado con de Chagas.

Otra esperanza para vencer al Chagas radica en nuevos medicamentos. El doctor , jefe del Tarleton Research Group en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de Georgia, dijo que su grupo había colaborado con Anacor Pharmaceuticals para identificar y optimizar compuestos que pudieran matar a los parásitos T. cruzi. Y encontraron uno.

“Pudo erradicar por completo la infección en ratones y en primates no humanos”, dijo Tarleton.

El equipo probó el compuesto en 19 macacos en un centro de investigación en Texas, que habían adquirido el parásito de forma natural. La infección fue derrotada, los monos no tuvieron efectos secundarios significativos y todavía están clínicamente sanos después de más de cinco años.

El equipo de Tarleton también observó que algunos de los parásitos pueden volverse inactivos, lo que los vuelve resistentes al tratamiento farmacológico. Como resultado, Tarleton dijo que es fundamental no solo desarrollar medicamentos más efectivos, sino también optimizar el momento de los tratamientos.

Tarleton y esperan lanzar un ensayo clínico del compuesto el próximo año.

También hay algo de esperanza en el frente político. El Senador Cory Booker (demócrata de New Jersey) reintrodujo el en febrero para abordar el creciente problema de salud que plantean enfermedades como el Chagas que se propagan en las comunidades de bajos ingresos. La lista también incluye el dengue, la y el chikungunya.

“Cada vez que vamos a comunidades de bajos ingresos y buscamos estas enfermedades, generalmente las encontramos”, dijo el , quien trabajó con la oficina de Booker en la legislación y es decano de la National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine. “Trágicamente, con demasiada frecuencia nuestra nación ignora o descuida a estas comunidades, y fallamos en encontrarlas”.

Mientras tanto, Maira Gutiérrez, la paciente que tuvo la suerte de tener un diagnóstico y tratamiento consistente, tiene un consejo para ellos: “Donen sangre, por lo menos sabrán si tienen el parásito y no les costará nada”.

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Durante más de dos décadas, esta trabajadora de salud comunitaria ha ayudado a cientos de familias del sureste de Los Ángeles a inscribirse en programas de ayuda alimentaria, ha informado sobre seguros médicos asequibles y ha ayudado con medicamentos para sus afecciones crónicas. Su frase favorita: “más vale prevenir que curar”.

Pero sólo gana unos $20 la hora en una organización de salud comunitaria y tiene un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. “Nos pagan muy poco y esperan demasiado”, dijo. “Generamos confianza. Ofrecemos apoyo. Somos el hombro en el que muchos se apoyan, pero no recibimos un salario justo”.

California buscaba profesionalizar a miles de trabajadores de salud comunitarios como Hernández. La meta era mejorar la salud de las poblaciones inmigrantes, en particular los residentes hispanos, que a menudo padecen de enfermedades crónicas, son más y se enfrentan a más para acceder a servicios.

Estudios demuestran que su trabajo las hospitalizaciones, y las visitas a las salas de emergencias y a las clínicas de urgencias.

El estado siguió al pie de la letra una serie de publicadas en 2019 para estandarizar la formación y la certificación de estos profesionales. Así, poder integrarlos a las plantillas de trabajadores de salud y ofrecerles salarios justos, incluyendo reembolsos a través de Medi-Cal, el Medicaid estatal, para compensar el trabajo que tradicionalmente se ha realizado de forma voluntaria o con salarios bajos.

Pero seis años después, California ha dado marcha atrás en muchas de esas iniciativas.

El estado ha eliminado un programa de certificación y ha recortado casi toda la financiación para formar y ampliar esta plantilla, a pesar de que se había fijado el objetivo de contar con para este año.

Aunque Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios, los planes de salud participantes establecieron requisitos de facturación desiguales, lo que dificulta que los trabajadores obtengan el reembolso. Además, el estado no cumplió con el aumento salarial previsto.

Con los recién aprobados y el foco del presidente Donald Trump en la deportación de inmigrantes, incluso con el Departamento de Seguridad Nacional, los activistas temen que California abandone su iniciativa de equidad en la salud para los inmigrantes, las personas de color y las personas con bajos ingresos. En un momento en el que, aseguran, esa labor es más necesaria que nunca.

“Estamos en una situación muy grave en este momento”, afirmó Cary Sanders, directora en la California Pan-Ethnic Health Network, una organización estatal que aboga por la equidad en la salud.

Elana Ross, vocera del gobernador Gavin Newsom, dijo que “el estado ha tomado medidas difíciles pero necesarias para garantizar la estabilidad fiscal” y que la administración sigue dialogando con los trabajadores de salud comunitarios.

Ross agregó que el gobernador demócrata, , sigue comprometido con la defensa de los inmigrantes perseguidos por la administración Trump.

“Nuestra oficina está en la calle”

Hay más de 60.000 trabajadores de salud comunitarios en todo el país, incluidos unos 9.200 en California, y se prevé que esta fuerza laboral crezca un 13% en la próxima década, tres veces más rápido que el conjunto de todas las profesiones, según de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos afirman que estas cifras están subvaloradas, dada la variedad de títulos que poseen estos trabajadores y el hecho de que muchos no trabajan en el cuidado de salud propiamente dicho ni en instituciones gubernamentales.

“Trabajador de salud comunitario” es un término genérico que incluye a distintos tipos de trabajadores. A menudo conocidos como promotores, que trabajan en clínicas, hospitales, departamentos de salud pública y organizaciones sin fines de lucro locales, en lugares en los que se les tiene confianza y donde conocen las necesidades más urgentes de su comunidad.

Además de ayudar a las personas a controlar afecciones crónicas como las cardiopatías y la diabetes, promueven la salud reproductiva, la salud infantil y la higiene bucal, y ayudan a a prevenir lesiones y manejar sus medicamentos.

Pueden hacer que las personas se sientan seguras al denunciar la violencia doméstica y otros abusos. También las conectan con servicios de asistencia para la vivienda y la alimentación. “El trabajador de salud comunitario no se sienta en un escritorio”, dijo Hernández. “Nuestra oficina está en la calle”.

En 2019, la California Future Health Workforce Commission recomendó integrar a estos trabajadores en el sistema de salud, y en 2022, el estado autorizó durante tres años para el Departamento de Acceso e Información de Salud de California, que supervisa el desarrollo del personal de este sector, con el fin de reclutar, formar y certificar a estos trabajadores.

La agencia trató de estandarizar la formación y la certificación, pero algunos grupos comunitarios temían que eso creara barreras de acceso al no dar suficiente crédito a la experiencia y a la competencia cultural.

Pero el año pasado, justo cuando la agencia ofrecía más flexibilidad y permitía la formación basada en el trabajo comunitario, el estado recortó $250 millones en financiación debido a restricciones presupuestarias. Este año, el programa de certificación ha sido oficialmente eliminado.

El vocero Andrew DiLuccia señaló que la agencia establecerá un programa para acreditar a las organizaciones comunitarias en lugar de a los trabajadores individuales y que tiene previsto gastar los $12 millones restantes en asistencia técnica, desarrollo de la fuerza laboral y salarios para quienes trabajan con las comunidades inmigrantes.

Según la National Academy for State Health Policy, ofrecen algún tipo de programa de certificación para trabajadores de salud comunitarios ya sea voluntario o bien obligatorio.

Algunos activistas afirman que California está perdiendo la oportunidad de establecer una trayectoria profesional para esta mano de obra. Muchos de los cursos que ofrecen hoy en día por organizaciones sin fines de lucro, condados y universidades , un título, dominio del inglés o experiencia previa. La mayoría se concentran en el área de San Francisco o Los Ángeles, lo que crea en gran parte del estado.

Lourdes Bernis, una dentista de Ecuador, es un ejemplo de cómo los trabajadores de salud comunitarios podrían integrarse en el sistema de salud. Comenzó como promotora voluntaria hace más de una década y en 2019 recibió formación gratuita del condado de Los Ángeles, lo que le permitió conseguir un trabajo a tiempo completo, con beneficios, en el Departamento de Salud Mental del condado para ayudar a mujeres hispanohablantes a gestionar la depresión y la ansiedad mientras se recuperan del consumo de drogas.

Bernis ahora quiere convertirse en especialista de apoyo entre pares en hospitales y clínicas. Mientras tanto, muchos de sus colegas con décadas de experiencia siguen atrapados en puestos mal pagados y no pueden permitirse costear cursos de formación para avanzar. “Hay promotoras que tienen entre 20 y 25 años de experiencia, pero siguen trabajando como voluntarias”, dijo Bernis.

El papel de Medi-Cal

Para pagar a los trabajadores de salud comunitarios, Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios en julio de 2022, pero California previsto para ellos después que los votantes aprobaran la Proposición 35, que aumentaba los pagos a médicos, hospitales, clínicas comunitarias y otros proveedores.

Desde entonces, el estado aún no ha establecido un sistema uniforme sobre cómo los planes de salud deben contratar a las organizaciones que emplean a trabajadores de salud comunitarios.

“Tenemos que hacer malabares”, dijo María Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que representa a estos trabajadores. “Esto sólo causa caos, porque cada plan puede tener requisitos diferentes”.

Lemus agregó que la organización tardó casi seis meses en establecer el pago con un plan de salud.

Y aunque los reembolsos de Medi-Cal están vinculados a tareas individuales, que oscilan entre $9.46 y $27.54 por 30 minutos de trabajo, los activistas afirman que no se les compensa totalmente por el tiempo que dedican a ganarse la confianza de los pacientes y a hacer seguimiento.

Según los activistas, estos trabajadores deberían ganar al menos $30 por visita, con beneficios, pero muchos ganan unos $21 la hora, a menudo sin beneficios.

Lo que sorprende a los activistas es la poca frecuencia con la que se utilizan estos servicios en un programa que cuenta con 15 millones de californianos. Más de 16,000 afiliados a Medi-Cal utilizaron estos servicios durante el primer año, cifra que aumentó a 68,000 el año pasado, según datos del estado. “No creo que se haya alcanzado el potencial del que hablaba el gobernador y que todos imaginábamos que se podría alcanzar”, señaló Sanders.

Griselda Melgoza, vocera del Departamento de Servicios de Salud de California, dijo que la agencia, que administra Medi-Cal, ha observado “una tendencia constante al alza” y cree que los datos subestiman la utilización porque este beneficio a veces se incluye en otros servicios.

Este año se rechazó una para evaluar si los planes de atención médica gestionada de Medi-Cal realizan la divulgación y educación suficiente entre los afiliados sobre los servicios de salud comunitarios.

Más crucial que nunca

Con los recortes a la financiación de la salud por parte de la administración Trump y la aprobación de la legislación fiscal y de gasto del Partido Republicano, los activistas temen que haya aún menos fondos y apoyo para estos puestos, lo que reduciría las plantillas que se ocupan de las desigualdades en materia de salud.

El Departamento de Salud Pública del condado de Fresno ya ha anunciado el recorte de más de la mitad de sus trabajadores comunitarios: pasarán .

Sin embargo, la divulgación es más crucial que nunca. Mientras la administración Trump continúa con las redadas de inmigración, que parecen haber tenido como objetivo en el estado, los activistas y los investigadores advierten que los trabajadores de salud comunitarios podrían actuar como intermediarios para los pacientes inmigrantes que temen buscar atención médica en hospitales y clínicas.

Sin un programa de certificación estatal, sin aumentos salariales y con fondos de capacitación cada vez más escasos, el camino hacia la profesionalización es incierto, lo que hace que esta fuerza laboral se sienta abandonada.

“La comunidad confía en mí”, afirmó Hernández, una veterana trabajadora de salud comunitaria, “pero a nivel gubernamental aún queda mucho camino por recorrer antes de que este trabajo sea valorado y pagado como se merece”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Pero luego de años de estudiar biología y genética, Tovar finalmente demostró que pertenecía a ese mundo. El otoño pasado, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) le , que financiaría su investigación y la encaminaría a convertirse en profesora universitaria y, con el tiempo, a tener su propio laboratorio.

“Sentí que recibir el premio era una forma de aceptación, como si finalmente lo hubiera logrado”, dijo Tovar. “Pero creo que ahora muchos de nosotros tememos que esto vaya a arruinar el resto de nuestras carreras”.

Tovar es una de los casi 200 jóvenes científicos alrededor del país cuyas perspectivas de investigación y empleo se han visto comprometidas por la repentina finalización del programa de becas MOSAIC de los NIH, uno de los muchos que terminaron debido a recortes drásticos en las agencias científicas federales.

La subvención se creó bajo la primera administración Trump para fomentar una nueva generación de científicos en la investigación biomédica, de orígenes diversos, y posteriormente se le retiró la financiación durante la purga continua de los programas de diversidad, equidad e inclusión de la segunda administración. A estas iniciativas se las conoce como programas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión).

En entrevistas con ºÚÁϳԹÏÍø News, Tovar y otros tres beneficiarios de estas becas expresaron su preocupación por la posibilidad de que la pérdida de financiación, sumada a la cruzada del presidente Donald Trump contra los programas de diversidad, pudiera transformar una subvención que se suponía impulsaría sus carreras en una mancha en sus curriculums. Algo que podría costarles los empleos y la financiación que hace posible sus investigaciones.

“Podríamos terminar en la lista negra de los NIH por tener este premio, por ser quienes somos”, expresó Erica Rodríguez, de 35 años, becaria de la Universidad de Columbia que realiza investigaciones sobre el cerebro que podrían contribuir a una mejor comprensión de los trastornos psiquiátricos.

“Porque no solo es para personas con orígenes diversos”, agregó, “sino también para quienes defienden a otras personas con orígenes diversos”.

El programa MOSAIC, abreviatura de , se creó en 2019 para ofrecer apoyo a científicos prometedores de “orígenes subrepresentados” al comienzo de sus carreras, con el objetivo a largo plazo de “mejorar la diversidad en el personal de investigación biomédica”, según documentos de la beca de los NIH.

La beca, que dura cinco años, se otorgó a científicos que habían finalizado sus doctorados, y que trabajan en laboratorios de investigación en universidades de todo el país.

Durante los dos primeros años, los científicos suelen recibir entre $100.000 y $150.000, que se destinan principalmente al pago de sus salarios. Para el tercer año, se espera que hayan sido contratados como profesores, probablemente en otra universidad, donde la subvención les ayudará a poner en marcha su propio laboratorio de investigación.

En los últimos tres años de la subvención, la financiación aumenta a unos $250.000 anuales, que se utilizan para comprar materiales y contratar a otros jóvenes científicos para que trabajen en el laboratorio, completando así el ciclo.

Los beneficiarios de MOSAIC fueron seleccionados utilizando una definición amplia de diversidad que va más allá de la raza, el género y la discapacidad.

Esta definición incluye a quienes crecieron en hogares pobres o zonas rurales, o a quienes fueron criados por padres sin título universitario. Muchos de los seleccionados también cuentan con un historial de apoyo a otros científicos emergentes de orígenes subrepresentados.

MOSAIC financia investigaciones sobre el cáncer, el Alzheimer, las lesiones de la médula espinal, los implantes cocleares, las sobredosis de fentanilo, la recuperación de ataques cerebrales, los trastornos del desarrollo neurológico y más.

Sin embargo, en las últimas semanas, los NIH han notificado a la mayoría de los beneficiarios de MOSAIC que el programa había sido “terminado” y que su financiación finalizaría este verano, independientemente de los años restantes de su subvención, según correos electrónicos de los NIH revisados ​​por ºÚÁϳԹÏÍø News.

Otros beneficiarios no han recibido ninguna notificación oficial, y solo se enteraron de la cancelación de su financiación por el boca en boca.

Vianca Rodríguez Feliciano, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), confirmó en un comunicado por correo electrónico a ºÚÁϳԹÏÍø News que se había retirado la financiación de MOSAIC. Dijo que las subvenciones “ya no se alinean” con las prioridades de la agencia ni con las que “eliminan las iniciativas inclusivas y de diversidad, que derrochan dinero y están motivadas por la ideología”.

Trump firmó una de esas órdenes en su primer día de regreso a la Casa Blanca, instruyendo a todo el gobierno federal a poner fin a los programas que promovían la diversidad, calificándolos de “vergonzosos”, “inmorales” y un “inmenso desperdicio público”.

Estos programas se han recortado drásticamente a lo largo de todas las agencias gubernamentales, incluyendo los NIH y otras áreas del HHS, que, desde marzo, han cancelado cientos de subvenciones por valor de miles de millones de dólares.

El 21 de abril, los NIH que prohibía a los beneficiarios recibir subvenciones si tenían programas DEI, y dijo que la agencia podría “recuperar todos los fondos” de aquellos que no cumplan.

“En el HHS, nos dedicamos a restaurar en nuestras agencias su tradición de ciencia de referencia basada en la evidencia, no una impulsada por ideologías políticas”, dijo Rodríguez Feliciano. “No escatimaremos esfuerzos para identificar las causas fundamentales de la epidemia de enfermedades crónicas como parte de nuestra misión de “Make America Healthy Again” (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable).

Muchos científicos de MOSAIC se enfocan en las enfermedades crónicas. Tovar, por ejemplo, investiga genes específicos que aumentan la susceptibilidad de las personas a la diabetes, que afecta a .

“Contamos con numerosos tratamientos para la diabetes que son excelentes para aquellos en quienes funcionan”, afirmó Tovar. “En mi investigación, utilizo la genética para encontrar mejores blancos farmacológicos, y así poder hallar medicamentos para quienes aún no cuentan con terapias eficaces”.

En entrevistas, Tovar y los demás beneficiarios de MOSAIC describieron cómo la repentina pérdida de financiación trastocará sus investigaciones y sus carreras: algunos investigadores posdoctorales podrían perder sus empleos actuales cuando la financiación se agote en unos meses; los becarios que compiten por puestos de profesores perderán la financiación de investigaciones que los convertirían en candidatos más sólidos; y quienes ya están contratados tendrán menos dinero para salarios y suministros en sus laboratorios.

Ashley Albright, de 32 años, quien creció en una zona rural pobre de Carolina del Norte, ahora es científica en la Universidad de California-San Francisco, donde estudia el Stentor coeruleus, un gran organismo unicelular con capacidad regenerativa. Planea presentarse para puestos de profesora este otoño.

Albright afirmó que la financiación de MOSAIC le habría dado una “mejor oportunidad para alcanzar mi sueño”, que era brindar a otros científicos de orígenes diversos la oportunidad de trabajar en su laboratorio de investigación.

“Me siento destrozada”, dijo. “Siento que alguien me está pisoteando la mitad de mi vida… He pasado los últimos 10 años en la escuela de posgrado y mi posdoctorado trabajando en esto para poder dedicarme a la ciencia, pero también para ayudar a otros a practicarla”.

Hannah Grunwald, de 33 años, becaria en Harvard que estudia los tetra mexicanos (peces sin ojos) para comprender mejor los rasgos genéticos complejos, dijo que uno de sus peores temores era que las universidades no contrataran a los becarios de MOSAIC en un momento en que la Casa Blanca les está ordenando que abandonen los programas de DEI, y removiendo miles de millones de dólares a quienes no se sometan a la agenda de Trump.

“Ha habido un enorme debate en nuestra comunidad sobre qué deberíamos decir en nuestros currículums”, dijo Grunwald. “Simplemente no sé si la cancelación de mi beca por estar relacionada con la diversidad limitará mi capacidad para obtener financiación en el futuro”.

La cancelación de MOSAIC provocó una rápida condena por parte de varias organizaciones científicas que reciben becas para colaborar estrechamente con los científicos premiados. Algunos la calificaron de “poco realista” y “un retroceso significativo”.

Mary Munson, presidenta de la Sociedad Americana de Biología Celular, quien ha asesorado a los premiados desde el inicio de MOSAIC, se emocionó y se cubrió la cara con las manos al considerar la posibilidad de que la beca pudiera frenar su progreso.

“Retirarles la beca ahora no les quita el hecho de que ganaron este premio tan competitivo. No les quita que son científicos increíbles”, dijo Munson. “Espero que las instituciones lo reconozcan”.

Stefano Bertuzzi, director ejecutivo de la Sociedad Americana de Microbiología, que también asesora a los beneficiarios de estas becas, afirmó que la cancelación masiva de MOSAIC y otras becas de los NIH podría tener un efecto acumulativo que frenará la innovación científica durante décadas.

Bertuzzi, quien emigró de Italia en la década de 1990 debido a la sólida financiación estadounidense para la ciencia, afirmó que los científicos no se quedarán ni se trasladarán en masa a un país donde la financiación de la investigación desaparece por capricho político.

“Vamos a perder una generación entera de científicos”, declaró Bertuzzi. “Otros países del mundo prosperarán”.

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Es un cambio agresivo en la principal política nacional contra el desamparo, que durante décadas ha dado prioridad al acceso a una vivienda como la forma más eficaz de combatir esta crisis.

“Nuestras grandes ciudades se han convertido en pesadillas insalubres e inhabitables”, dijo Trump en un . “A los que padecen enfermedades mentales graves y trastornos profundos los llevaremos a instituciones psiquiátricas, que es donde deben estar, con el objetivo de reintegrarlos a la sociedad una vez que mejoren y puedan controlarse”.

Ahora que está en el cargo, ha comenzado el asalto al programa (Vivienda Primero).

Los funcionarios de la Casa Blanca no han anunciado una política formal, pero están abriendo la puerta a un programa de tratamiento, al tiempo que diseñan una intensa revisión de los programas de vivienda y servicios sociales que son la columna vertebral del sistema de respuesta a la crisis de las personas sin hogar, del que dependen ciudades y condados de todo el país.

Casi . Pero ahora, Scott Turner, que dirige el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Trump, la agencia responsable de administrar los fondos para la vivienda y para los que no la tienen, ha propuesta recortes masivos y ha pedido una .

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, ya no estamos en una postura de seguir como siempre y el grupo de trabajo DOGE desempeñará un papel fundamental para ayudar a identificar y eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso y, en última instancia, servir mejor al pueblo estadounidense”, en un comunicado.

Los recortes de personal especialmente a la parte de la agencia que supervisa el gasto en personas sin hogar y las iniciativas de Vivienda Primero. Trump habló de este tema durante su campaña, pidiendo que se abrieran nuevos centros de tratamiento en extensas parcelas de terrenos gubernamentales: “Grandes campamentos donde se pueda reubicar a las personas sin hogar y se identifiquen sus problemas”. Allí podrían recibir tratamiento y rehabilitación y si no lo hacen podrían ser arrestados.

Ahora como presidente, centra su atención en las personas sin hogar que viven en la calle, y en marzo ordenó a Washington D.C. urbanos, lo que podría separar a las personas sin hogar de sus gestores de casos y proveedores de servicios sociales, interrumpiendo su camino hacia la vivienda.

La administración no recomienda a los gobiernos locales seguir la política federal, diciéndoles que los contratos de personas sin hogar “si se requiere que el proyecto utilice un modelo como el programa de Vivienda Primero”. Y, para “reducir el alcance de la burocracia federal”, Trump recortó el Consejo Interagencial de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar, reduciendo la agencia responsable de coordinar la financiación y las iniciativas entre el gobierno federal, los estados y las agencias locales, conocidas como .

“Queda claro que los ataques imprudentes de Trump en todo el gobierno federal potenciarán la crisis de la vivienda y de las personas sin hogar en comunidades de todo el país”, declaró la legisladora demócrata Maxine Waters, de Los Angeles, en respuesta a la orden.

Apoyo sin tratamiento forzoso

se implementó a nivel nacional en 2004 bajo la administración de George W. Bush para combatir la falta de vivienda crónica, haber vivido en la calle con una condición discapacitante durante un largo período de tiempo.

El programa se amplió bajo el presidente Barack Obama como el plan de ataque de Estados Unidos contra la falta de vivienda y bajo el presidente Joe Biden, quien argumentó que la vivienda era una necesidad básica, fundamental para la salud.

La política tiene como objetivo estabilizar a las personas sin hogar en viviendas permanentes y proporcionarles apoyo y servicios sociales sin forzar el tratamiento, imponer requisitos laborales o exigir la sobriedad. Una vez alojadas, en teoría, las personas sin hogar escapan del caos de las calles y pueden entonces centrarse en la búsqueda de un empleo, cuidar de sus enfermedades crónicas o lograr la sobriedad.

“Cuando estás en la calle, lo único que haces cada día es pensar en cómo sobrevivir”, explicó Ann Oliva, CEO de la National Alliance to End Homelessness. “La vivienda es la intervención más importante que aporta una sensación de seguridad y estabilidad, en la que no estás constantemente tratando de encontrar comida o un lugar seguro para dormir”.

Pero Trump quiere eliminar las iniciativas de viviendas subvencionadas por los contribuyentes. Está impulsando un enfoque punitivo que impondría multas y posiblemente penas de cárcel a las personas sin hogar. Y quiere imponer la sobriedad y el tratamiento de salud mental como la principal intervención contra la falta de vivienda, un cambio radical con respecto a Housing First.

El cambio ha provocado miedo y pánico entre los expertos en personas sin hogar y los proveedores de servicios de primera línea, que sostienen que forzar el tratamiento y criminalizar a las personas sin hogar mediante multas y penas de cárcel simplemente no funciona.

“Solo va a empeorar las cosas”, señaló Donald Whitehead Jr., director ejecutivo de la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar. “Meter a todo el mundo en programas de tratamiento no es una estrategia eficaz. El verdadero problema es que no tenemos suficientes viviendas asequibles”.

Trump estuvo a punto de acabar con Housing First durante su primer mandato, cuando nombró a Robert Marbut para dirigir el Consejo Interagencial de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar . Pero covid-19 paralizó esos planes. Ahora Marbut cree que el presidente terminará el trabajo.

“Trump sabe que lo que tenemos que hacer es devolver los fondos para el tratamiento y la recuperación”, dijo Marbut. “La administración Trump está muy centrada en acabar con Housing First. Se dieron cuenta de que estaba mal la primera vez y por eso me eligieron a mí para cambiarlo. Seguimos pensando que no funciona”.

Bajo ataque

A Housing First no solo lo atacan los republicanos, también los demócratas, que responden a la frustración pública por la multiplicación de los campamentos urbanos de personas sin hogar en todo el país.

El año pasado, el gobierno federal estimó que personas en Estados Unidos no tenían hogar, una cifra récord. Un aumento del 18% con respecto a 2023. Y mientras la vivienda se vuelve cada vez más inalcanzable, los campamentos de personas sin hogar se han disparado, tomando los parques de las ciudades, abarrotando las veredas y contaminando las vías fluviales a pesar de un gasto público sin precedentes.

Ya hay ciudades y estados, liberales y conservadores, que están tomando medidas enérgicas contra las personas sin hogar y abordando la crisis de salud mental y adicciones.

Esto ocurre incluso en estados demócratas como California, donde el gobernador Gavin Newsom ha creado una iniciativa de “” que puede ordenar el tratamiento aunque no siempre haya viviendas disponibles, y ha amenazado con retirar la financiación a las ciudades y condados que no acaben con los campamentos de forma enérgica.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, ha propuesto para los que padecen de adicciones. La alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, está dando prioridad a los desalojos de campamentos, aunque la promesa de vivienda o refugio es incierta. Y el alcalde de San José, Matt Mahan, para los planes de que se nieguen a ser acogidas tres veces en 18 meses y para pagar la ampliación de los refugios.

Mahan cree que los liberales y los activistas han sido demasiado “puristas” porque no se están construyendo viviendas con la suficiente rapidez, mientras que las inversiones en refugios y tratamientos han sido inadecuadas. “No puede tratarse solo de Housing First”, dijo.

Las medidas enérgicas contra las personas sin hogar se han disparado desde que la Corte Suprema de Estados Unidos hizo más fácil que los funcionarios electos y las fuerzas del orden multaran y arrestaran a las personas por vivir en la calle.

Desde junio, se han aprobado unas 150 leyes que imponen multas o penas de cárcel, unas 45 solo en California, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del National Homelessness Law Center.

Rabinowitz y otros expertos afirman que tanto los republicanos como los demócratas están socavando el programa Housing First al criminalizar la falta de vivienda y llevar a cabo redadas en campamentos que dificultan la capacidad de los trabajadores de primera línea.

Sin embargo, hay desacuerdo sobre si desmantelar por completo esta política.

Los líderes liberales quieren mantener las corrientes existentes de financiación para la vivienda y las personas sin hogar, al tiempo que se amplían los refugios y sacan a la gente de las calles. Los conservadores culpan a Housing First del aumento de personas sin techo, y presionan para que se imponga el tratamiento obligatorio y se recorten los subsidios a la vivienda.

Evidencia muestra que Housing First ha tenido éxito en trasladar a personas vulnerables y sin hogar a viviendas permanentes. de 26 estudios indicó que, en comparación con el tratamiento primero, “los programas de Housing First disminuyeron el número de personas sin hogar en un 88%”. Y el enfoque ha mostrado en la salud, reduciendo los costosos de atención hospitalaria y urgencias.

Los expertos afirman que el programa Housing First ha estado y se ha aplicado de manera desigual, ya que algunas agencias para personas sin hogar reciben dinero federal pero no proporcionan servicios adecuados ni reubicaciones en viviendas.

“Convertirlo en la política general para todas las personas sin hogar lo deja vulnerable a ser atacado de la manera en que está siendo atacado actualmente”, afirmó Philip Mangano, un republicano que encabezó el desarrollo de Housing First como asesor principal sobre personas sin hogar de George W. Bush. “La verdad es que es una mezcla de cosas. Para algunas personas, como las que consumen drogas, todavía no hay resultados”.

Otros dicen que ha sido ineficaz en algunos lugares debido al despilfarro desenfrenado, el abuso y la .

“Esto funciona cuando se hace bien”, señaló Marc Dones, director de políticas para iniciativas sobre personas sin hogar en la Universidad de California-San Francisco, argumentando que la vivienda puede salvar vidas y reducir el gasto en costosos cuidados de salud. “Pero creo que hemos sido demasiado blandos durante demasiado tiempo con una incompetencia real”.

Jeff Olivet, que sucedió a Marbut en la Interagency Council on Homelessness de Estados Unidos bajo la presidencia de Biden, dijo que las posiciones de Marbut y Trump están equivocadas. Sostiene que el programa Housing First ha funcionado para aquellos que han conseguido un hogar, pero el número de personas que se quedan sin hogar supera al que las consiguen. Y dice que nunca ha habido suficiente dinero para proporcionar vivienda y servicios de apoyo a todos los necesitados.

“El programa Housing First no consiste solo en meter a alguien en un apartamento y esperar lo mejor”, explicó Olivet. “Se trata realmente de proporcionar una vivienda estable y acceso a la atención médica, a la salud mental y al tratamiento de adicciones, y de apoyar a las personas, pero sin obligarlas”.

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Becerra venía a hablar de los esfuerzos de la administración Biden para proteger a los trabajadores agrícolas del calor extremo y del humo de los incendios forestales, dos problemas de salud pública emergentes en primera línea de la crisis climática.

“Todavía no existen suficientes protecciones para los trabajadores que cosechan los alimentos que comemos”, dijo Becerra a un grupo de periodistas locales y funcionarios del gobierno, que superaban en número a los trabajadores agrícolas presentes en la audiencia.

Becerra, cuyo padre trabajó en el campo, venía de visitar a unas mujeres que recogen uvas y se protegen del sol vistiéndose con jerséis, pantalones largos y pañuelos que les cubren la nariz y la boca.

Los veranos son largos e intensos en Clarksburg, un pueblo de unos 300 habitantes a orillas del río Sacramento, que abastece a la industria vitivinícola de California con uvas petite sirah, sauvignon blanc y otras, cosechadas por cientos de trabajadores.

“Va a ser un día caluroso”, añadió Becerra. “Pero siguen vestidos como si fuera invierno”.

El máximo responsable de salud del país, que está barajando la posibilidad de , se ha convertido en una de las voces principales de la administración Biden sobre el cambio climático.

Becerra centra su atención en los trabajadores de bajos ingresos y , que son los que sufren con mayor intensidad los efectos de las condiciones meteorológicas extremas.

En marzo, el HHS publicó voluntarias y materiales educativos que los establecimientos agrícolas pueden usar para proteger a sus trabajadores del humo y del calor.

La presencia de Becerra ante los periodistas frente a la biblioteca fue breve y se programó con motivo del Día de Apreciación de los  Trabajadores Agrícolas, no lejos de su casa de Sacramento, donde su esposa, médica especializada en embarazos de alto riesgo, sigue trabajando.

El funcionario anunció que han publicado materiales educativos sobre los riesgos de las enfermedades relacionadas con el calor excesivo, que señalan cuándo las temperaturas pueden ser demasiado altas para trabajar. Pero admitió que el HHS tiene límites para poder intervenir porque los controles en los lugares de trabajo están bajo la supervisión del Departamento de Trabajo.

“En general, la jurisdicción de nuestra secretaría no abarca directamente a los trabajadores del campo”, reconoció Becerra tras reunirse con los recolectores de uva. “Sin embargo, les debemos a todas las personas que trabajan para poner los alimentos sobre nuestra mesa el mayor esfuerzo posible para que realicen sus tareas en las condiciones más seguras”, agregó.

Los asistentes de Becerra distribuyeron un comunicado de prensa en el que se enumeraba una serie de recursos disponibles, como inspecciones gratuitas sobre salud en el lugar de trabajo, por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). También la capacitación sobre los peligros del calor y el humo que imparte el Programa de Capacitación para Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Medioambiental.

También que la Administración de Recursos y Servicios de Salud tiene previsto otorgar premios por valor a 77 proveedores de salud en áreas de alta necesidad.

El cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad del calor extremo, que ya es la primera causa de muerte por razones meteorológicas en el país, sin contar que la temperatura aviva los incendios forestales en todo el país.

Si bien no existe un recuento oficial de las muertes de trabajadores agrícolas por causas vinculadas al clima, los fallecimientos relacionadas con el calor en los últimos años, pasando de 1,722 en 2022 a cerca de 2,300 el año pasado.

En julio, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó una en los lugares de trabajo que que los empleadores proporcionen descansos, agua y sombra o aire acondicionado a los trabajadores que están expuestos al calor excesivo.

Sin embargo, es probable que la norma definitiva tarde años en aprobarse. Tampoco está claro si reemplazaría a las regulaciones estatales.

Cinco estados tienen protecciones de seguridad contra el calor para los trabajadores que trabajan al aire libre o en interiores. En California, por ejemplo, los empleadores deben brindar agua, áreas para refrescarse y descansos a los trabajadores cuando las temperaturas alcanzan los 82 grados Fahrenheit en interiores y 80 en exteriores.

Los otros estados son Colorado, Minnesota, Oregon y Washington, y se espera que este año Maryland apruebe una norma de seguridad similar.

Aunque Becerra mencionó que los estados pueden crear sus propias regulaciones, una norma de seguridad federal contra el calor ofrecería protecciones a nivel nacional.

Y obligaría a estados como Florida y Texas, cuyos gobernadores republicanos han aprobado leyes que prohíben las regulaciones de seguridad contra el calor, a cumplir con estándares mínimos.

Becerra espera que los estados se acojan a los programas que ofrece el HSS, aunque sean opcionales. Incluso en California, que tiene una de las normas de protección contra el calor más estrictas del país, los trabajadores podrían beneficiarse.

La trabajadora agrícola Lizbeth Mastache, que se reunió en privado con Becerra antes de la presentación, dijo que los días que pasa en los campos recogiendo uvas envuelta en el humo de los incendios forestales y el calor extremo no sólo son cada vez más frecuentes, sino que también la están enfermando.

Ha sufrido dolores de cabeza, fatiga y náuseas debido al calor, y tuvo que ir a la sala de emergencias después de que el cielo lleno de humo le provocara un ataque de asma. Ella y otros trabajadores agrícolas le dijeron a Becerra que necesitan tener licencia por enfermedad garantizada para cuidarse cuando el humo y el calor los enferman, además de un seguro médico accesible.

“Tuve que trabajar recogiendo uvas durante los incendios forestales y no nos dieron máscaras”, dijo Mastache, que es trabajadora agrícola desde hace 14 años.

La mujer también dijo que algunas granjas no han permitido el ingreso de los agentes comunitarios que hacen tareas de prevención. Su propósito era informar a los trabajadores acerca de cómo prevenir las enfermedades causadas por el calor extremo.

Eso es un problema porque muchos trabajadores estacionales, que se desplazan por trabajo entre distintos estados, no saben que California exige a los empleadores que les proporcionen a sus empleados agua, descansos y formación.

Hace unos tres años, investigadores del Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California-Merced hallaron que el 15% de los trabajadores agrícolas de California no recibían los , y más del 40% dijo que la empresa nunca le había brindado un plan de prevención de enfermedades causadas por el calor extremo.

Sin embargo, más de un tercio de los trabajadores agrícolas entrevistados dijeron que no presentarían una denuncia contra su empleador, la mayoría de ellos por temor a represalias.

El California Farm Bureau, que representa a unos , ha refutado las conclusiones del Centro Comunitario y Laboral. Afirman que entre los trabajadores empleados por sus socios se produjeron pocos casos de enfermedades causadas por el calor excesivo.

Bryan Little, director de políticas de empleo del Bureau, afirmó que su organización ha capacitado a cientos de agricultores y ganaderos sobre cómo proteger a los trabajadores de las enfermedades causadas por el calor extremo, por ejemplo, garantizando la provisión de agua e instalando espacios portátiles con sombra en el campo, para que los empleados se refresquen.

“Están actuando todos los días para tratar de evitar que las personas se expongan a estos riesgos, en la medida de lo posible”, dijo Little.

Aunque defensores de los trabajadores agrícolas agradecen a Becerra que resalte los impactos dañinos y a veces fatales del calor y el humo que generan los incendios forestales, también les preocupa que los fondos federales no lleguen a los más necesitados.

Por ejemplo, no existen garantías de que gran parte de los $50 millones destinados a los proveedores de atención médica vayan a los centros de salud que atienden a los trabajadores agrícolas, dijo Amy Liebman, directora de programas de la Red de Médicos Clínicos Migrantes, que ha trabajado en la seguridad y la salud de los migrantes durante más de dos décadas.

“Necesitamos asegurarnos de que nuestros centros de salud y nuestros médicos estén preparados”, dijo Liebman. “Eso significa que tiene que haber un cambio no solo en el enfoque sino también en parte de la financiación destinada a ello”.

Cuando Becerra dejó la tarima, cubierto con el cartel “Proteger a las comunidades del calor extremo”, entró en la biblioteca y minutos después partió hacia Stockton para ocuparse del siguiente tema: que bajen los precios de los medicamentos recetados. Lo acompañaba el congresista demócrata Josh Harder, que representa a un competitivo distrito del Congreso del Valle Central.

Healthbeat es una redacción sin fines de lucro que cubre temas de salud pública, y que publica y ºÚÁϳԹÏÍø News. Suscríbete a sus boletines .

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“Yo dije, ¿Qué voy a hacer? …. “, recordó emocionada. Inmediatamente le preocupó que pudiera tener cáncer. “Iba y venía: tengo [cáncer], no tengo, sí tengo, no tengo”. Y si estaba enferma, agregó, no podría trabajar ni pagar el alquiler. Al no tener seguro de salud, Pantoja Toribio no podía pagar para averiguar si tenía una enfermedad grave.

A partir de este año, , se amplió para incluir a los inmigrantes que no tienen residencia legal, algo que podría haber funcionado perfectamente para Pantoja Toribio, que ha vivido en la ciudad de Brentwood, en el Área de la Bahía, durante tres años. Pero su solicitud de Medi-Cal fue rechazada rápidamente porque, como trabajadora agrícola que gana $16 la hora, sus ingresos anuales de unos $24,000 eran demasiado altos para calificar para el programa.

California es el primer estado en ampliar Medicaid a todos los adultos que reúnan los requisitos, independientemente de su estatus migratorio, una medida celebrada por los activistas de la salud y por líderes políticos de todo el estado. Pero muchos inmigrantes sin estatus legal permanente, especialmente los que viven en zonas de California donde el costo de vida es más alto, ganan demasiado dinero como para calificar para Medi-Cal.

El estado paga la factura de la expansión de Medi-Cal, pero la ley federal prohíbe a los que llama “indocumentados” recibir subsidios de seguros u otros beneficios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dejando a muchos empleados, sin opciones viables médico.

Ahora, los mismos activistas de salud que lucharon por la dicen que el siguiente paso para lograr la equidad en salud es ampliar Covered California, el mercado estatal de ACA, a todos los inmigrantes adultos mediante la aprobación de la AB 4.

“Hay personas en este estado que trabajan y son la columna vertebral de tantos sectores de nuestra economía y contribuyen con su trabajo e incluso con sus impuestos … pero están excluidos de nuestra red de seguridad social”, dijo Sarah Dar, directora del Centro de Política de Inmigración de California, una de las dos organizaciones que patrocinan el proyecto de ley, denominado .

Para calificar para Medi-Cal, una persona no puede ganar más del 138% del nivel federal de pobreza, que actualmente es de cerca de $21,000 al año para un individuo. Una familia de tres miembros tendría que ganar menos de $35,632 al año.

Para las personas que superan esos umbrales, el mercado de Covered California ofrece varios planes de salud, a menudo con subsidios federales y estatales, con primas tan bajas como $10 al mes. La esperanza es crear lo que los activistas llaman un “mercado espejo” en el sitio web de Covered California para que a los inmigrantes, independientemente de su estatus, se les pueda ofrecer los mismos planes de salud que serían subvencionados sólo por el estado.

A pesar de la mayoría demócrata en la Legislatura, el proyecto de ley podría tener dificultades para ser aprobado, ya que el estado se enfrenta a un déficit presupuestario previsto para el próximo año de entre $38 mil millones y $73 mil millones. El gobernador Gavin Newsom y líderes legislativos anunciaron un para empezar a reducir la brecha, pero parece inevitable que se produzcan recortes significativos en el gasto.

No está claro cuánto costaría extender Covered California a todos los inmigrantes, según el miembro de la Asamblea Joaquín Arambula, demócrata de Fresno que presentó el proyecto de ley.

El Centro de Política de Inmigración estima que la creación del mercado costaría al menos $15 millones. Si el proyecto de ley se aprueba, los patrocinadores tendrían que asegurar la financiación de los subsidios, que podrían ascender a miles de millones de dólares anuales.

“Es un momento difícil para pedir nuevos gastos”, señaló Dar. “El costo de la puesta en marcha del mercado espejo es una cifra relativamente baja. Así que tenemos esperanzas de que aún esté dentro de lo posible”.

Arambula dijo que es optimista en cuanto a que el estado continuará liderando en la mejora del acceso a la salud para los inmigrantes que no tienen residencia legal.

“Creo que seguiremos adelante, ya que estamos trabajando para hacer de ésta una California para todos”, expresó.

El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea en julio pasado en una votación de 64-9 y ahora falta la acción del Comité de Asignaciones del Senado, según la oficina de Arambula.

Se calcula que unas 520,000 personas en California podrían optar por un plan de Covered California si tuvieran un estatus legal, según el centro de investigación laboral de la Universidad de California-Berkeley. Pantoja Toribio, que emigró sola desde México huyendo de una relación abusiva, dijo que tuvo suerte. Se enteró de las opciones alternativas de atención médica cuando hizo su visita semanal a un banco de alimentos en Hijas del Campo, una organización de defensa de los trabajadores agrícolas del condado de Contra Costa, donde le dijeron que podría calificar para un plan que ayuda a personas de bajos ingresos a través de Kaiser Permanente.

Pantoja Toribio aplicó, justo antes que se cerrara el plazo de inscripción a finales de enero. Gracias al plan, supo que el bulto que tenía en el pecho no era canceroso.

“Diosito me oyó”, exclamó. “Gracias a Dios”.

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Desde entonces, estas leyes se han expandido a nivel nacional para abarcar más tipos de maltrato, incluido el abandono, que ahora representa la mayoría de los informes, y han aumentado el número de profesiones obligadas a informar. En algunos estados, se requiere que informen lo que sospechan que pueda ser un caso de abuso o negligencia.

Pero ahora hay esfuerzos en Colorado y otros estados para revertir estas leyes, argumentando que el resultado ha sido demasiados informes infundados, que perjudican desproporcionadamente a las familias que son pobres, negras, indígenas o tienen miembros con discapacidades.

“Hay una larga y deprimente historia basada en el enfoque de que nuestra respuesta principal a una familia en dificultades es reportar”, dijo Mical Raz, médica e historiadora de la Universidad de Rochester en Nueva York. “Ahora hay una gran cantidad de evidencia que demuestra que más informes no están asociados con mejores resultados para los niños”.

Stephanie Villafuerte, defensora del pueblo para la protección infantil de Colorado, supervisa un grupo de trabajo para reexaminar las leyes de informes obligatorios del estado. Dijo que el grupo busca equilibrar la necesidad de informar casos legítimos de abuso y negligencia con el deseo de eliminar informes inapropiados.

“Esto está diseñado para ayudar a las personas que se ven afectadas de manera desproporcionada”, dijo Villafuerte. “Espero que la combinación de estos esfuerzos pueda marcar la diferencia”.

A algunos críticos les preocupa que los cambios a la ley pueda dar lugar a que se pasen por alto casos de abuso. Los trabajadores médicos y de cuidado infantil que forman parte del grupo de trabajo han expresado preocupación sobre la responsabilidad legal.

Aunque es raro que las personas sean acusadas penalmente por no informar, también pueden enfrentar responsabilidad civil o repercusiones profesionales, incluidas amenazas a sus licencias.

El ser reportado a los servicios de protección infantil se está volviendo cada vez más común. Más de 1 de cada 3 niños en el país será objeto de una investigación de abuso y negligencia infantil para cuando cumplan 18 años, según una estimación que se cita con frecuencia, un financiado por la Oficina de Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

A las familias negras y nativas americanas, las familias pobres y los o con discapacidades se las mira con lupa. La investigación ha encontrado que, entre estos grupos, los padres tienen más probabilidades de perder los derechos parentales y los niños tienen más probabilidades de terminar en hogares temporales.

En una de investigaciones, no se confirma ningún abuso o negligencia. Sin embargo, los que estudian a las familias las describen como aterradoras y aislantes.

En Colorado, el número de informes de abuso y negligencia infantil ha aumentado un 42% en la última década, y alcanzó un récord de 117,762 el año pasado, según . Aproximadamente, otras 100,000 llamadas a la línea directa no se contaron como informes porque eran solicitudes de información o se referían a asuntos como la manutención de los hijos o la protección de adultos, dijeron oficiales del Departamento de Servicios Humanos de Colorado.

El aumento de los informes se puede rastrear hasta una política que alienta a una amplia gama de profesionales —incluidos el personal escolar y médico, terapeutas, entrenadores, miembros del clero, bomberos, veterinarios, dentistas y trabajadores sociales— a llamar a una línea directa cada vez que tengan una preocupación.   

Estas llamadas no reflejan un aumento en el maltrato. Más de dos tercios de los informes que reciben las agencias en Colorado se desestiman porque no cumplen con el umbral para la investigación. De los niños cuyos casos se evalúan, se comprueba que el 21% ha sufrido abuso o negligencia. El de casos confirmados no ha aumentado en la última década.

Si bien los estudios no demuestran que las leyes que obligan a informar mantengan seguros a los niños, de trabajo de Colorado en enero, hay evidencia de daño. “El informe obligatorio impacta desproporcionadamente a las familias de color”, iniciando el contacto entre los servicios de protección infantil y familias que no presentan preocupaciones por abuso o negligencia, dijo el grupo de trabajo.

Este grupo también está analizando si una mejor selección podría mitigar “el impacto desproporcionado del informe obligatorio en comunidades con recursos limitados, comunidades de color y personas con discapacidades”.

También señaló que la única forma de informar preocupaciones sobre un niño es con un informe formal a una línea directa. Sin embargo, muchas de esas llamadas no son para informar sobre abuso en absoluto, sino intentos de conectar a niños y familias con recursos como alimentos o asistencia para la vivienda.

Los que llaman a la línea directa pueden querer ayudar, pero las familias que son objeto de informes erróneos de abuso y negligencia rara vez lo ven de esa manera.

Esto incluye a Meighen Lovelace, que vive en una zona rural de Colorado y que pidió a ºÚÁϳԹÏÍø News que no revelara su ciudad natal por temor a atraer la atención no deseada de funcionarios locales. Para la hija de Lovelace, que es neurodivergente y tiene discapacidades físicas, los informes comenzaron en 2015, cuando empezó el preescolar a los 4 años.

Los maestros y proveedores médicos que hacían los informes a menudo sugerían que la agencia de servicios humanos del condado podría ayudar a la familia de Lovelace. Pero las investigaciones que siguieron fueron invasivas y traumáticas.

“Nuestro mayor temor latente es, ‘¿van a llevarse a nuestros hijos?'”, dijo Lovelace, quien es defensora de la Colorado Cross-Disability Coalition, una organización que aboga por los derechos civiles de las personas con discapacidades.

“Tenemos miedo de pedir ayuda. Nos está impidiendo ingresar a los servicios debido al miedo al bienestar infantil”, expresó.

Funcionarios de servicios humanos, estatales y del condado, dijeron que no podían comentar sobre casos específicos.

El grupo de trabajo de Colorado planea sugerir aclarar las definiciones de abuso y negligencia bajo la ley de informe obligatorio del estado. Los que tienen que informar no deben “hacer un informe únicamente debido a la raza, clase o género de una familia/niño”, ni debido a una vivienda, muebles, ingresos o ropa inadecuados. Además, no debe haber un informe basado únicamente en el “estado de discapacidad del menor, padre o tutor”, según la recomendación preliminar del grupo.

También planean recomendar capacitación adicional para los que tienen la obligación de informar, ayuda para profesionales que están decidiendo si hacer una llamada o no, y un número de teléfono alternativo, o “línea directa cálida”, para casos en los que los que llaman creen que una familia necesita ayuda material, en lugar de vigilancia.

Los críticos dicen que estos cambios podrían dejar a más niños vulnerables a abusos no denunciados.

“Me preocupa que agregando sistemas como la línea directa cálida, se nos escabullan los casos en lo que los niños están en verdadero peligro, y que no reciban ayuda”, dijo Hollynd Hoskins, abogada que representa a víctimas de abuso infantil.

Hoskins ha demandado a profesionales que no informan sus sospechas.

El grupo de trabajo de Colorado incluye a funcionarios de salud y educación, fiscales, defensores de las víctimas, representantes del bienestar infantil del condado y abogados, así como a cinco personas que tienen experiencia en el sistema de bienestar infantil. Planea finalizar sus recomendaciones a principios del próximo año con la esperanza de que los legisladores estatales consideren cambios en la política en 2025. La implementación de cualquier nueva ley podría llevar varios años.

Colorado es uno de varios estados, incluidos y , que han considerado recientemente cambios para restringir, en lugar de expandir, el informe sobre supuestos abusos.

En la ciudad de Nueva York, se está capacitando a los maestros para que antes de hacer un informe, mientras que el estado de Nueva York para ayudar a conectar a las familias con recursos como vivienda y cuidado infantil.

En California, destinado a cambiar del “informe obligatorio al apoyo comunitario” está planeando similares a las de Colorado.

Entre los que abogan por el cambio están las personas con experiencia en el sistema de bienestar infantil. Incluyen a , quien lidera la Coalición MJCF con sede en Denver, que aboga por la abolición del informe obligatorio junto con el resto del sistema de bienestar infantil, citando su daño a las comunidades negras, nativas americanas y latinas.

“El informe obligatorio es otra forma de mantenernos vigilados por blancos [no hispanos]”, dijo Jihad. A él mismo cuando era niño lo arrebataron del cuidado de un padre amoroso y lo colocaron en el sistema temporal.

La reforma no es suficiente, dijo. “Sabemos lo que necesitamos, y generalmente son fondos y recursos”. Algunos de estos recursos —como vivienda asequible y cuidado infantil— no existen a un nivel suficiente para todas las familias de Colorado que los necesitan, dijo Jihad.  

Otros servicios están disponibles, pero hay que encontrarlos. Lovelace dijo que los informes disminuyeron después que la familia obtuvo la ayuda que necesitaba, en forma de una exención de Medicaid que pagaba por atención especializada para las discapacidades de su hija.

Ahora, la niña está en séptimo grado y le va bien. Ninguno de los trabajadores sociales que visitaron a la familia mencionó la exención, dijo Lovelace. “Realmente creo que no sabían nada al respecto”.

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Un hombre de mediana edad abrió, con mirada cautelosa.

“Hola, señor, ¿cómo está hoy?”, le preguntó Elie, que tenía puesta una chaqueta con el logo de la Campana de la Libertad, del gobierno de la ciudad. “Mi nombre es Marsella. Estoy trabajando con la ciudad. ¿Ha oído hablar de las sobredosis que están ocurriendo en el vecindario, verdad?”.

El hombre asintió. Elie señaló los folletos que tenía sobre sobredosis de drogas y programas de tratamiento para la adicción. Levantó una caja de Narcan, una marca de naloxona, que puede revertir una sobredosis de opioides.

“Lo que estamos tratando de hacer es que esto llegue a todos los hogares. ¿Alguna vez ha oído hablar de esto antes?”, preguntó Elie antes de entregarle al hombre una bolsa de tela llena de folletos, tiras de prueba de fentanilo y la caja de Narcan.

Elie y otros trabajadores de medio tiempo de la ciudad y voluntarios forman parte de una campaña puerta a puerta a gran escala en Philadelphia que tiene como objetivo equipar los hogares con naloxona y otros suministros para prevenir sobredosis de drogas.

Los funcionarios de la ciudad esperan que este enfoque proactivo transforme a la naloxona en un artículo que esté en los botiquines, para evitar que las personas mueran por sobredosis, especialmente los residentes negros.

En Philadelphia, en 2022, según datos de la ciudad, un récord de murieron por sobredosis de drogas. Entre los residentes negros, las muertes aumentaron un 20% respecto al año anterior, y muchas ocurrieron en casas.

“Lo mejor que podemos hacer para que estos productos sean más accesibles es simplemente dárselos a las personas”, dijo , subdirectora de la de la ciudad, hablando sobre la bolsa de tela con naloxona y otros suministros.

“No le estamos preguntando si está usando drogas. El objetivo aquí es realmente construir una responsabilidad colectiva. Como personas de comunidades minoritarias, como vimos durante la epidemia de covid, nadie viene a salvarnos. Para nosotros, esta es una herramienta que podemos usar para salvarnos a nosotros mismos”.

Esta iniciativa de distribución tiene como objetivo llevar suministros de prevención directamente a personas que de otro modo no los buscarían por sí mismas, y concientizar sobre las sobredosis más allá de Kensington, el epicentro de la epidemia de adicción de la ciudad.

Los encuestadores planean golpear más de 100,000 puertas en los “puntos calientes” de Philadelphia, con tasas crecientes de sobredosis de opioides, muchos en comunidades minoritarias.

El aumento de las disparidades raciales en las muertes por sobredosis es una de las consecuencias a largo plazo de la , dijo McLoyd. Las políticas de esa campaña nacional llevaron a décadas de tácticas policiales agresivas, perfil racial y largas condenas de prisión, afectando de manera desproporcionada a personas de color y a sus comunidades.

La investigación muestra que los afroamericanos siguen representando por drogas y servicios de protección infantil.

“Por eso, está muy claro por qué las personas de minorías podrían ser reacias a levantar la mano y decir: ‘Soy una persona que usa drogas, necesito esos recursos'”, dijo McLoyd.

Otras comunidades han distribuido naloxona y otros suministros, aunque . Lo que está haciendo Philadelphia podría convertirse en un modelo para otros lugares densamente poblados, dijo , vicepresidenta de iniciativas sobre el uso de drogas en , una organización de salud pública que trabaja con gobiernos locales en siete estados para abordar la epidemia de opioides.

“Hay algo intensamente personal en un compromiso humano”, dijo Heller. “Y que alguien toque a tu puerta para hablar sobre el uso de drogas y el riesgo de sobredosis y que haya algo que se pueda hacer, creo que es realmente poderoso”.

A lo largo de los años, la naloxona se ha vuelto más accesible que nunca, apuntó Heller. Ahora se puede y se puede recibir por correo, está disponible en especializadas y algunas farmacias ahora venden el spray nasal de Narcan sin receta.

Pero siguen muriendo por sobredosis de opioides cada año.

Eso significa que los esfuerzos de prevención y los mensajes sobre la crisis aún no llegan a algunas personas, dijo Heller. Y para Heller, llegar a las personas significa ir donde están. “Tenemos que pensar así cuando pensamos en la distribución de naloxona”.

El proyecto de divulgación en Philadelphia está financiado en parte por los pagos de acuerdos de demandas nacionales contra fabricantes y distribuidores de opioides, .

Se espera que la ciudad reciba alrededor de $200 millones en aproximadamente 18 años de acuerdos con AmerisourceBergen, Cardinal Health, McKesson y Johnson & Johnson.

De la iniciativa forman parte muchas de las mismas personas que comenzaron a hacer divulgación como parte del censo de 2020.

No todos responden a la puerta. Algunos no están en casa. En esos casos, los trabajadores dejan un volante en el picaporte de la puerta que ofrece información sobre los riesgos de las sobredosis, y contactos para obtener más recursos.

Los equipos de encuestadores, a menudo con intérpretes de idiomas, hacen una segunda ronda de visitas en el vecindario para llegar a las personas que no vieron la primera vez.

En un jueves reciente, los encuestadores de Philadelphia estaban tocando puertas en los vecindarios de Franklinville y Hunting Park. Según datos de la ciudad, en este código postal, aproximadamente 85 personas murieron por sobredosis de drogas en 2022. Eso es menos que las 193 personas que murieron por sobredosis en Kensington el mismo año, pero mucho más que las pocas muertes vistas en los vecindarios más ricos de la ciudad.

Los encuestadores se acercaron a una residente, Katherine Camacho, en la acera, cuando salía de su garage. Camacho les dijo que estaba al tanto del problema de las sobredosis en su comunidad y luego aceptó con entusiasmo una caja de Narcan. “Voy a llevar esto conmigo, porque, como dije, a veces estás en la calle conduciendo a algún lugar y podrías salvar una vida”, les dijo Camacho.

En cuanto al esfuerzo de divulgación de Philadelphia, Camacho dijo que cree que “Dios está poniendo a estas personas para ayudar”. Mientras entraba en su casa llevando la caja de Narcan, agregó que quería hacer su parte para ayudar.

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La , que se realizó con casi 6,300 pacientes que han estado recibiendo atención en los últimos tres años, encontró que alrededor del 55% de los adultos de raza negra sienten que deben tener mucho cuidado con su apariencia para ser tratados de manera justa por los médicos y otros proveedores de atención de salud.

Casi la mitad de los pacientes hispanos, los Indio americanos y los nativos de Alaska sienten lo mismo, al igual que aproximadamente 4 de cada 10 pacientes asiáticos.

En comparación, el 29% de los blancos no hispanos encuestados dijeron que se preocupaban por su apariencia antes de las citas.

“En 2023, la noción de que cualquier persona debe prepararse para sufrir discriminación es triste por un lado y enojoso por el otro”, dijo , director ejecutivo de la National Minority Health Association, en un correo electrónico . “El estrés que causa, además de cualquier problema de salud involucrado… es una locura”.

La discriminación ha sido durante mucho tiempo una preocupación tanto para los pacientes como para los proveedores de atención médica, en un país en donde las disparidades raciales en los resultados de salud son enormes y .

Un hombre hispano de 30 años de Illinois, que respondió a la encuesta de KFF, dijo a los investigadores que cuando va a sus citas médicas usa ropa con el logo de la universidad en donde trabaja. Se dio cuenta que cuando los proveedores se enteran que es profesor, lo escuchan más atentamente y lo involucran más en las decisiones médicas, dijo.

Una mujer asiática de 44 años de California dijo que sus médicos varones, blancos no hispanos, ignoraron sus preocupaciones sobre sus problemas respiratorios y le dijeron que “probablemente estaba pensando demasiado en respirar”. Más tarde le diagnosticaron asma.

Los dos encuestados no fueron identificados con nombre y apellido en el estudio.

La encuesta ofrece “una manera de cuantificar realmente cuáles son esas experiencias con el racismo y la discriminación, y las múltiples formas en las que luego impactan en la vida de las personas”, dijo , directora del programa de políticas de salud y equidad racial de KFF.

“Para las personas que han estado siguiendo estos temas durante mucho tiempo, los hallazgos no son inesperados”, agregó. Otros hallazgos del sondeo fueron:

• Un tercio de los adultos informaron al menos una de varias experiencias negativas con un proveedor de atención médica en los últimos tres años, como que un profesional asumiera algo sobre ellos sin preguntar, o sugiriera que ellos eran los responsables de su problema de salud.
• Casi una cuarta parte de los adultos negros, el 19% de los adultos nativos de Alaska y nativos americanos, el 15% de los adultos hispanos y el 11% de los adultos asiáticos dijeron que creían que habían sufrido un trato negativo debido a su raza u origen étnico.
• El 22% de las embarazadas o que dieron a luz en los últimos 10 años, de raza negra, dijeron que les negaron los analgésicos que pensaban necesitaban. Sólo el 10% de los adultos blancos no hispanos en circunstancias similares informaron la misma queja.

Cuando las personas no se sienten respetadas o bienvenidas por sus proveedores de salud, es posible que eso los desanime a buscar ayuda médica o que cambien de proveedor con más frecuencia, dijo Artiga. Los pacientes de poblaciones minoritarias “experimentan peor salud como resultado de un trato injusto en el sistema de atención médica”, agregó.

La encuesta también encontró que la discriminación fuera del sistema de atención médica tenía consecuencias para la salud. Las personas que dijeron haber experimentado discriminación en su vida cotidiana informaron dos veces más seguido que a menudo se sentían ansiosas, solas o deprimidas en comparación con aquellas que rara vez o nunca habían enfrentado discriminación.

La encuesta encontró que las personas negras que reportaron tonos de piel más oscuros tenían más probabilidades de haber sufrido discriminación que aquellos con piel más clara. También reveló “cómo persisten y prevalecen las experiencias de racismo y discriminación hoy en día, en la vida diaria y también en la atención médica, a pesar del aumento de las alertas y el abordaje sobre el racismo”, dijo , directora de investigación de encuestas y opinión pública de KFF.

La diversidad entre los proveedores de atención médica es importante, según la encuesta. La mayoría de las personas de minorías que participaron en la encuesta dijeron que menos de la mitad de sus visitas médicas en los últimos tres años fueron con un proveedor de su misma raza u origen étnico. Los que sí vieron a un médico de su misma raza o etnia tuvieron más probabilidades de informar mejores experiencias, como que su médico les explicara las cosas “de una manera que pudieran entender” o les preguntara sobre otros factores de salud como su empleo, vivienda y acceso a alimentos y transporte.

El 40% de los adultos negros que vieron a proveedores de su mi raza reportaron haber discutido temas sociales y económicos, mientras que solo el 24% dijo haber charlado sobre estos temas con proveedores de otras razas.

​Harrison, de la National Minority Health Association, escribió que “es vital un énfasis renovado en reclutar más personas de color en el campo de la atención médica”.

Agregó que la encuesta “ilustra dolorosamente que el prejuicio racial en la atención sanitaria es tan dañino como cualquier enfermedad”.

La “Encuesta sobre racismo, discriminación y salud” de KFF se realizó del 6 de junio al 14 de agosto en línea y por teléfono entre una muestra representativa a nivel nacional de adultos estadounidenses en inglés, español, chino, coreano y vietnamita.

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En dos ocasiones, intentó usar la línea de ayuda de Montana para completar una entrevista requerida para recertificar sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, conocido antes como Food Stamps o estampillas de alimentos). Cada vez, la llamada se cortó después de más de una hora en espera.

“Estaba lista para llorar”, dijo Brost, parada en la larga fila, esperando que la oficina abriera en una mañana reciente de noviembre. “Tengo a un niño de 13 años que está hambriento”.

Las familias de bajos ingresos que necesitan servicios como ayuda alimentaria y dinero en efectivo, se han convertido en daños colaterales en la carrera burocrática para determinar si decenas de millones de personas aún . Esto después que finalizara en la primavera el período de gracia durante la pandemia, en el que se prohibió anular inscripciones.

Estas son personas cuyas solicitudes y formularios de renovación se han retrasado o perdido, o que, como Brost, no pueden comunicarse con los abrumados trabajadores del centro de llamadas del gobierno.

El impacto para las familias de bajos ingresos es una consecuencia que el proceso para expulsar a beneficiarios de Medicaid pasó por alto. Desde abril, millones han perdido la cobertura, y millones más están en camino de perderla.

“Este desmantelamiento de Medicaid ha creado enormes problemas para el personal administrativo”, dijo Leighton Ku, director del Centro de Investigación de Políticas de Salud en la Escuela de Salud Pública Milken de la Universidad George Washington.

La mayoría de los estados dependen de los mismos trabajadores y sistemas informáticos para analizar la elegibilidad para Medicaid y SNAP, según el Centro de Prioridades y Políticas Presupuestarias.

La dificultad para inscribirse en otros beneficios de asistencia públicos varía, dependiendo de cómo cada estado configure sus programas y cuán bien estén dotadas las agencias para manejar el trabajo adicional causado por las recalificaciones de Medicaid.

Históricamente, las personas que buscan ayuda pública han enfrentado largos períodos de espera en los centros de llamadas y opciones limitadas de apoyo en persona. Estos problemas de larga data se han agravado a medida que un número récord de beneficiarios de Medicaid buscan asistencia con la inscripción.

Por ejemplo, abogados y organizaciones que ayudan a los que solicitan beneficios de alimentos en Montana, Missouri y Virginia, dijeron que las solicitudes han desaparecido sin respuesta, y a menudo los trabajadores que determinan la elegibilidad no responden.

“Nuestros clientes ya están viviendo al límite, y esto simplemente los puede terminar de demoler”, dijo Megan Dishong, directora adjunta de la Asociación de Servicios Legales de Montana.

La inscripción en el programa SNAP es aproximadamente la mitad que la de Medicaid. En abril, casi recibieron asistencia alimentaria, en comparación con los inscritos en el programa de salud.

SNAP en sí ha experimentado cambios importantes este año; una norma que aumentó los beneficios durante la pandemia expiró y se reinstauraron los requisitos de trabajo. Según los datos federales más recientes, la inscripción , mucho menos que la disminución en la inscripción de Medicaid que comenzó en abril.

Sin embargo, las fuentes oficiales de datos no capturan los retrasos y otras dificultades que enfrentan las personas para obtener beneficios.

En Virginia, donde las oficinas locales del Departamento de Servicios Sociales del estado manejan las solicitudes de Medicaid y SNAP, “he tenido varios clientes que han presentado solicitudes y simplemente se han perdido”, dijo Majesta-Doré Legnini, de Equal Justice Works en el Legal Aid Justice Center que trabaja en temas de SNAP.

Un cliente que solicitó ayuda por primera vez no recibió noticias durante tres meses y tuvo que volver a presentar la solicitud. Otro obtuvo beneficios después de dos meses y medio, luego de haber sufrido retrasos en el procesamiento de la solicitud, una carta de denegación y una apelación.

Una familia con estatus migratorio mixto, donde los niños calificaban para recibir beneficios, no los obtuvo por ocho meses, después que fueran expulsados erróneamente del programa y experimentaran retrasos después de volver a presentar la solicitud.

Virginia debería procesar cada solicitud en un plazo de 30 días. “La mayoría de mis clientes tienen niños menores de 15 años”, dijo Legnini, “y muchos dicen que tienen problemas para conseguir suficiente comida para alimentar a sus hijos”.

En Missouri, una demanda federal presentada antes que comenzara el proceso de expulsiones de Medicaid alega que un sistema disfuncional impide que los residentes de bajos ingresos obtengan ayuda alimentaria. A más de la mitad de los solicitantes del estado se les denegó ayuda en julio porque no pudieron completar una entrevista, no porque no fueran elegibles, según un documento presentado en el caso.

Ahora, con Missouri reevaluando la inscripción de Medicaid de más de 1 millón de beneficiarios, defensores dicen que esas fallas sistémicas se han convertido en una grave crisis para los más vulnerables.

Por su parte, oficiales de Montana han dicho que el proceso de revisar la elegibilidad se suma a un sistema ya problemático.

En septiembre, Charlie Brereton, director del Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos de Montana, que el estado estaba trabajando para mejorar su línea de ayuda de asistencia pública, “que, francamente, ha estado plagada de algunos desafíos y problemas durante muchos, muchos años”.

Brereton dijo que se aumentaron los salarios de los coordinadores de clientes para cubrir trabajos en persona. El estado contrató a unos 50 trabajadores de agencias nacionales para fortalecer el personal del centro de llamadas, y creó una espera separada en su línea para las personas que solicitan ayuda temporal para alimentos o dinero en efectivo.

Jon Ebelt, vocero del Departamento de Salud de Montana, no respondió directamente sobre cuánto es la espera en línea para SNAP y asistencia de dinero en efectivo, pero dijo que las solicitudes “se están procesando de manera oportuna”.

Las personas que intentan utilizar el sistema del estado dijeron que las esperas largas persistían en noviembre.

Desde abril, están recibiendo menos beneficios de SNAP. Pero eso no necesariamente significa que menos personas califiquen, dijo Lorianne Burhop, directora de política del Montana Food Bank Network.

Los clientes sin acceso a Internet, con minutos de teléfono limitados o sin la capacidad de viajar a una oficina de asistencia pública pueden no poder sortear los obstáculos para mantener sus beneficios.

“Hemos visto números consistentemente altos en los bancos de alimentos, mientras que con SNAP, hemos visto una disminución gradual”, dijo Burhop. “Creo que hay que considerar el acceso como un factor que impulsa esa baja”.

En Missoula, DeAnna Marchand estaba en espera en la línea de ayuda de Montana cuando se acercaba una fecha límite en noviembre. Enfrentaba múltiples cortes: uno para recertificar la asistencia alimentaria para ella y su nieto, otro para demostrar que aún calificaba para el programa de Medicaid que paga por su cuidador en el hogar, y un tercero para mantener el Medicaid de su nieto.

“No sé lo que quieren”, dijo Marchand. “¿Cómo se supone que debo obtener todo eso si no puedo hablar con alguien?”.

Después de media hora, siguió las indicaciones para programar una devolución de llamada. Pero una voz automatizada dijo que los espacios estaban llenos y transfirió la llamada de nuevo a espera. Una hora después, la llamada se cortó.

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La Cruz Roja analiza la sangre donada para detectar una variedad de enfermedades, incluido el Chagas, que es causado por un parásito y puede desarrollarse silenciosamente durante décadas antes de causar síntomas. La prueba encontró Chagas en el cuerpo de Gutiérrez, y años después, en 2013, una tomografía confirmó que ya estaba en su corazón.

“Me mostraron la imagen con el rastro del parásito hacia mi corazón. Fue realmente aterrador”, dijo Gutiérrez, quien es oriunda de El Salvador. Ahora, a los 50 años, se mantiene saludable pero realiza una batería de pruebas anuales para monitorear si hay daño cardíaco.

El , el parásito que causa Chagas, se transmite a través de un insecto triatomino, popularmente llamado vinchuca o “insecto besador” (kissing bug), porque suele picar cerca de los labios. Estos insectos defecan en la piel, y las heces, que contienen el parásito, pueden entrar al organismo de una persona a través de la nariz o la boca, o por pequeñas heridas en la piel.

La enfermedad de Chagas afecta a personas principalmente en Latinoamérica, donde el insecto habita y se reproduce en techos de paja y paredes de barro. No se transmite de persona a persona, excepto cuando la madre lo transmite al bebé, o a través de transfusiones de sangre o transplantes de órganos.

Pero cada vez está más presente en Estados Unidos, donde a menudo pasa desapercibido: los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que que viven en el país tienen Chagas, aunque la falta de conocimiento y de pruebas de detección significa que de los casos han sido identificados.

Médicos, investigadores y defensores de pacientes dicen que Estados Unidos debería estar haciendo mucho más para combatir al Chagas, que causa enfermedades cardíacas graves en aproximadamente el que viven con el parásito, y también puede provocar problemas digestivos paralizantes como agrandamiento del estómago y el colon. Están presionando por un mayor acceso a las pruebas y los tratamientos, y son optimistas sobre una nueva droga que está programada para ensayos en humanos el próximo año. 

Un proyecto de ley en el Congreso para aumentar los fondos para luchar contra las enfermedades olvidadas, que los partidarios esperan que se debata en el otoño, también podría ayudar.

Aun así, en Estados Unidos, hay “una tremenda falta de conciencia sobre esta enfermedad”, dijo la , cardióloga y directora médica de la (LASOCHA), quien lleva adelante una clínica de pruebas para Chagas en el norte de Virginia. “Nos enseñaron que era algo que no se ve en Estados Unidos”.

Gran parte de las personas con Chagas son de Latinoamérica, y muchas de ellas no tienen papeles. Marcus apunta que aquellos en mayor riesgo de Chagas usan los centros comunitarios de salud, que podrían ser excelentes puntos de prueba, pero desafortunadamente tienen recursos limitados y tienden a enfocarse en afecciones más comunes como hipertensión o diabetes.

Al comienzo, el Chagas presenta síntomas similares a los de una gripe. Pero luego puede pasar desapercibido durante décadas mientras se reproduce en el cuerpo. Los tratamientos farmacológicos a veces pueden erradicar al parásito, especialmente en sus primeras etapas, pero la ventana de oportunidad para la detección temprana es corta: no permanece en el torrente sanguíneo por mucho tiempo, y migra a los tejidos y órganos en donde es más difícil detectarlo.

A menudo, cuando el paciente finalmente va al médico, ya ha desarrollado complicaciones graves, incluidas anomalías en el ritmo cardíaco o , cuando no bombea bien la sangre. Los pacientes pueden llegar a necesitar marcapasos o trasplantes de corazón.

“Es una enfermedad que es el resultado de fallas sistémicas en el sistema de salud”, dijo la escritora Daisy Hernández, autora de . En su libro, Hernández cuenta la historia de su tía Dora, a quien le diagnosticaron Chagas en Estados Unidos. Antes, en su país, Colombia, le hicieron una cirugía exploratoria porque tenía la barriga hinchada: los médicos le dijeron que “tenía el estómago de 10 personas” debido a la terrible inflamación. Nadie sospechó que la podría haber causado el parásito del Chagas.

Hernández dijo que sus entrevistas con más de 70 médicos y pacientes la convencieron de que la verdadera barrera para la atención del Chagas es la inacción.

“Mientras una persona que vive en Virginia y es originaria de Bolivia [donde el Chagas es endémico] sabe que si le diagnostican Chagas debe empezar a ahorrar para un marcapasos”, dijo Hernández, “aquí el gobierno no hace nada y ni siquiera sabe qué es la enfermedad”.

Entre en todo el mundo viven con el parásito. En los Estados Unidos, dos medicamentos de larga data han obtenido la aprobación de la FDA: y , que pueden combatir al parásito, pero no siempre lo erradican. Estos medicamentos pueden tener efectos secundarios graves y son más efectivos si se administran temprano: los bebés que nacen con Chagas tienen si reciben tratamiento dentro de su primer año de vida.

Para combatir la enfermedad, médicos familiarizados con el Chagas recomiendan realizar pruebas a las mujeres embarazadas de comunidades en riesgo y, eventualmente, iniciar tratamientos tempranos. También abogan por analizar para Chagas a todos los potenciales órganos para trasplantes. En 2018, después de recibir un corazón infectado con el parásito del Chagas, lo que provocó una demanda y reclamos para que la prueba de Chagas fuera mandatoria. La organización que emite las normas sobre los trasplantes en el país para exigir tales pruebas.

Pocos establecimientos en el país realizan pruebas de detección de Chagas. Defensores dicen que con mayor conciencia, muchos proveedores de atención médica podrían realizar las pruebas iniciales y, si resultan positivas, enviar los resultados a los CDC para su confirmación.

Sin embargo, crear conciencia ha sido una batalla cuesta arriba. El Center of Excellence for Chagas Disease, el único centro del país dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento del Chagas, suspendió recientemente sus operaciones después de que su directora, la , se retirara.

Meymandi, pionera en el diagnóstico y tratamiento del Chagas, dijo que todavía trabaja como voluntaria en el Olive View-UCLA Medical Center en Los Ángeles, donde se encontraba el centro, para garantizar que sus pacientes reciban atención. “El liderazgo político ha dejado de apoyar al centro y ya no realizamos pruebas activamente”, dijo Meymandi. Ahora, refiere a los pacientes de Chagas a la clínica de cardiología.

Una vocera del Departamento de Salud Pública del condado escribió en un comunicado que el centro técnicamente no está cerrado y que el departamento de cardiología del hospital de la UCLA se había hecho cargo del tratamiento de los pacientes de Chagas con afecciones cardíacas. Pero al menos por ahora no está ofreciendo pruebas al público en general. California es el estado con de Chagas.

Otra esperanza para vencer al Chagas radica en nuevos medicamentos. El doctor , jefe del Tarleton Research Group en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de Georgia, dijo que su grupo había colaborado con Anacor Pharmaceuticals para identificar y optimizar compuestos que pudieran matar a los parásitos T. cruzi. Y encontraron uno.

“Pudo erradicar por completo la infección en ratones y en primates no humanos”, dijo Tarleton.

El equipo probó el compuesto en 19 macacos en un centro de investigación en Texas, que habían adquirido el parásito de forma natural. La infección fue derrotada, los monos no tuvieron efectos secundarios significativos y todavía están clínicamente sanos después de más de cinco años.

El equipo de Tarleton también observó que algunos de los parásitos pueden volverse inactivos, lo que los vuelve resistentes al tratamiento farmacológico. Como resultado, Tarleton dijo que es fundamental no solo desarrollar medicamentos más efectivos, sino también optimizar el momento de los tratamientos.

Tarleton y esperan lanzar un ensayo clínico del compuesto el próximo año.

También hay algo de esperanza en el frente político. El Senador Cory Booker (demócrata de New Jersey) reintrodujo el en febrero para abordar el creciente problema de salud que plantean enfermedades como el Chagas que se propagan en las comunidades de bajos ingresos. La lista también incluye el dengue, la y el chikungunya.

“Cada vez que vamos a comunidades de bajos ingresos y buscamos estas enfermedades, generalmente las encontramos”, dijo el , quien trabajó con la oficina de Booker en la legislación y es decano de la National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine. “Trágicamente, con demasiada frecuencia nuestra nación ignora o descuida a estas comunidades, y fallamos en encontrarlas”.

Mientras tanto, Maira Gutiérrez, la paciente que tuvo la suerte de tener un diagnóstico y tratamiento consistente, tiene un consejo para ellos: “Donen sangre, por lo menos sabrán si tienen el parásito y no les costará nada”.

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