Otros conductores se detuvieron, rompieron la ventana del auto y lo llevaron a un lugar seguro. Un bombero voluntario que pasaba por allí le practicó reanimación cardiopulmonar hasta que llegó una ambulancia que trasladó a Masterson al hospital UPMC Mercy.

Pasó 18 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 14 de ellos conectado a un ventilador. Desarrolló delirio, una condición común en terapia intensiva, y necesitó medicamentos antisicóticos. A pesar de tener una sonda de alimentación, perdió peso. “Sinceramente, no estábamos seguros de que fuera a sobrevivir”, dijo Ron Dedes, su cuñado.

Pero sobrevivió. Masterson fue dado de alta el 1 de febrero y regresó a casa con apoyo familiar casi constante. Trabajando con varios tipos de terapeutas, ha recuperado la capacidad de caminar, aunque aún tiene debilidad, y puede ocuparse de su cuidado personal. Su habla, que antes era confusa, ha mejorado notablemente. Puede prepararse un sándwich.

Ahora, “nuestra mayor preocupación es su memoria”, dijo Dedes. Masterson, quien hasta hace poco manejaba asuntos legales complejos, olvida conversaciones y eventos que ocurrieron unas horas antes, explicó Patti Dedes, su hermana. Aún no puede usar un microondas ni hacer una llamada telefónica.

En una entrevista, se describió a sí mismo, con precisión, como “mucho, mucho mejor de lo que estaba”, pero se equivocó al decir su edad. Las pruebas de evaluación tras el alta indicaron deterioro cognitivo y depresión.

Entre los médicos de cuidados críticos, los síntomas prolongados como los suyos se conocen como “síndrome post-cuidados intensivos” o PICS (por sus siglas en inglés). Las secuelas pueden ser físicas o psicológicas, además de cognitivas, y pueden durar meses o años.

son admitidas cada año en terapias intensivas en unos 5.000 hospitales en Estados Unidos, y las investigaciones muestran que secundarios. La edad avanzada aumenta las probabilidades.

Los pacientes y sus familias suelen sorprenderse por estas dificultades persistentes. “La creencia es que saldrán del hospital y en dos o tres semanas volverán a la normalidad”, dijo Brad Butcher, quien fue el doctor de Masterson y en la revista médica JAMA. “Eso no se corresponde con la realidad”.

De hecho, con un mayor uso de las UCI y mejores tratamientos, la población que puede enfrentar este síndrome está creciendo. La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (Society of Critical Care Medicine, SCCM) estima que a la terapia intensiva.

“Todos están agradecidos de que el paciente haya sobrevivido”, dijo Lauren Ferrante, doctora en cuidados críticos pulmonares e investigadora en la Facultad de Medicina de Yale (Yale School of Medicine). “Pero ese es solo el comienzo de un largo camino de recuperación”. En un estudio de pacientes de 70 años o más, del que fue coautora, dentro de los seis meses posteriores al alta solo alrededor de la mitad .

Los pacientes de cuidados intensivos enfrentan . Los síntomas del PICS van —debilidad, dolor, neuropatía (hormigueo en brazos y piernas) y desnutrición— , principalmente ansiedad y depresión. Las como las de Masterson son comunes, incluidos problemas de memoria, atención y concentración, y lenguaje.

“Para muchas personas, sobrevivir a una enfermedad crítica es una experiencia que cambia la vida”, afirmó Butcher. Los pacientes en cuidados intensivos después de cirugías de emergencia o programadas también presentan físicos, mentales y cognitivos un año después.

Los mismos tratamientos intensivos que salvan vidas contribuyen al síndrome. Los pacientes en cuidados intensivos “tienen algún tipo de falla grave de órganos que requiere atención inmediata” y monitoreo constante, explicó Carla Sevin, doctora en cuidados críticos pulmonares que dirige el Centro de Recuperación de UCI en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Eso puede implicar un tubo de respiración conectado a un ventilador, lo que a su vez suele requerir medicamentos sedantes. La sedación “puede provocar delirio, y el delirio es el factor clave en los síntomas cognitivos”, dijo Butcher.

Tampoco ayuda que los pitidos constantes de los monitores y la iluminación brillante las 24 horas interrumpan el sueño, ni que las restricciones en las visitas familiares priven a los pacientes de rostros y voces tranquilizadoras.

Gregory Matthews, un contador jubilado en St. Petersburg, Florida, pasó casi un mes en una UCI tras un trasplante de pulmón en 2014. Aún recuerda con claridad sus alucinaciones, incluidas imágenes de ratones corriendo por la pared y alguien intentando incriminarlo por tráfico de drogas.

“Un día, pensé que un doctor era un asesino; podía ver el rifle”, dijo Matthews, ahora de 80 años. “Así que salté de la cama”, contó, y se arrancó las vías intravenosas. El personal tuvo que sujetarle los brazos durante varios días.

Pero la inmovilización también tiene consecuencias, ya que los pacientes pierden rápidamente masa muscular y fuerza. “Nuestros cuerpos no están hechos para estar acostados todo el día”, señaló Ferrante.

En el plano psicológico, “el trastorno de estrés postraumático es bastante común, similar al que se observa en veteranos de combate o sobrevivientes de agresión sexual”, dijo Sevin. Las familias también pueden sufrir ansiedad y depresión junto con los pacientes.

Alarmados por estos hallazgos, médicos y administradores de unos 35 hospitales en Estados Unidos han establecido , donde equipos de doctores, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas (físicos, ocupacionales, cognitivos, del habla) y trabajadores sociales evalúan múltiples condiciones y ayudan a los pacientes a enfrentarlas.

La clínica de Vanderbilt atendió a su primer paciente en 2012. El Centro de Recuperación de Enfermedades Críticas del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh —fundado por Butcher en 2018— trabaja con unos 100 pacientes al año, incluido Masterson. Yale abrió su clínica en 2022.

Estas clínicas aplican seis prácticas recomendadas por la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos que han demostrado reducir de forma significativa los . Las medidas incluyen usar sedación más ligera, hacer que los pacientes se levanten y se muevan antes, evaluar su respiración diariamente para retirar el ventilador más pronto y eliminar restricciones en las visitas familiares.

Las clínicas suelen ofrecer grupos de apoyo para pacientes y familias. Hay evidencia de que llevar un diario de la UCI, en el que pacientes y cuidadores registran sus experiencias, y participar en ejercicio y rehabilitación física después del alta.

También se abordan conversaciones sobre qué otras opciones preferirían los pacientes si enfrentan otra enfermedad crítica, como ocurre con muchos. ¿Aceptarían nuevamente cuidados intensivos y el riesgo de sus secuelas? ¿O elegirían cuidados paliativos, que priorizan la comodidad en lugar de la curación? Algunos pacientes quedan con discapacidades permanentes después de la UCI.

Butcher, aunque señaló que estas nuevas prácticas deben ampliarse mucho más, se mostró optimista sobre el futuro de los cuidados críticos. “Vamos a encontrar mejores herramientas de diagnóstico, mejores estrategias de prevención y mejores tratamientos”, dijo.

Por ahora, sin embargo, la experiencia en la UCI sigue siendo desorientadora y a veces traumática. Cuando Butcher preguntó a 117 pacientes en su clínica post-UCI sobre qué harían en el futuro, muchos querían poner límites a las intervenciones médicas.

Alrededor de un tercio preferiría reducir el nivel de atención agresiva. De ellos, cerca de una cuarta parte optaría por órdenes de “no resucitar” y “no intubar”, y casi el 7% dijo que no querría volver nunca a una UCI.

Masterson sigue trabajando en su recuperación. “No he salido mucho”, dijo. “He estado más bien en casa”. Espera recuperar la fuerza suficiente para volver a correr; antes solía correr entre 3 y 4 millas varias veces por semana.

El futuro de los pacientes con síndrome post-UCI suele depender de su estado físico, mental y cognitivo antes de la hospitalización. La buena condición física previa de Masterson y su trabajo exigente a nivel cognitivo son factores positivos para su recuperación, señaló Butcher.

Su familia oscila entre la esperanza y la preocupación. “Quién sabe cómo estará más adelante”, dijo Dede, su cuñado. “Vamos día a día”.

“The New Old Age” se produce en colaboración con .

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En pocos días, Reynolds estaba tan desesperada que ella y su esposo tuvieron que sujetar físicamente a Jonah para obligarlo a tomar el remedio, echándoselo en la garganta mientras él gritaba de dolor.

“Nos rompió el corazón”, contó Reynolds, que en ese momento vivía en Georgetown, Kentucky. “Y recuerdo que pensé que no debería tener que llegar a eso”.

Reynolds no pudo encontrar un dentista con una cita disponible que pudiera atender a Jonah, que es autista y a menudo se resiste a los exámenes dentales por hipersensibilidad y ansiedad. Durante cinco días, Reynolds llevó a Jonah dos veces a una sala de emergencias cercana, mientras el niño lidiaba con un dolor persistente y fiebre por lo que probablemente fuera un diente infectado con un nervio expuesto.

En la sala de emergencias no había dentistas; las dos veces la familia regresó a casa solo con analgésicos y una bolsa de hielo.

En todo el país, cada vez más niños llegan a las salas de emergencias por problemas dentales prevenibles. Dentistas, higienistas e investigadores atribuyen esa tendencia a la falta de profesionales de odontología pediátrica en zonas rurales y a un deterioro de la higiene bucal desde la pandemia de covid-19.

Decenas de miles de niños terminan en el hospital por emergencias dentales cada año, según Melissa Burroughs, directora sénior de políticas y defensa del paciente de la organización nacional sin fines de lucro CareQuest Institute for Oral Health.

Las visitas a salas de emergencias por problemas dentales no relacionados con lesiones físicas aumentaron en niños menores de 15 años entre 2019 y 2022, según un informe publicado a finales del año pasado por CareQuest.

Los datos locales reflejan esa tendencia nacional.

En el Hospital de Niños de Colorado, en el área de Denver, los casos dentales no traumáticos —como caries o infecciones de encías— atendidos en la sala de emergencias aumentaron un 175% entre 2010 y 2025, según Sarah Bonar, vocera del hospital.

En Kentucky, donde vive Jonah, las visitas de niños a salas de emergencia por problemas dentales aumentaron un 72 % entre 2020 y 2024, según los registros del estado.

Los cambios de política ejecutados por el gobierno de Donald Trump podrían empeorar la tendencia.

La ley de reconciliación presupuestaria federal de 2025 impulsada por el presidente, conocida como One Big Beautiful Bill Act, pidió recortes de miles de millones de dólares a Medicaid, lo que podría obligar a los estados a limitar o eliminar la cobertura dental del programa de salud pública para personas con bajos ingresos o con discapacidades.

Nuevos requisitos de elegibilidad de Medicaid en algunos estados podrían afectar el acceso de los niños a la atención dental, aunque el programa les garantiza esa cobertura. Investigaciones muestran que cuando los padres pierden Medicaid, incluso los niños que mantienen su cobertura tienen más probabilidades de tener y de ir al dentista.

La administración Trump también ha promovido el escepticismo sobre el flúor. muestran que el flúor en el agua potable y los tratamientos tópicos con flúor previenen y reducen de forma importante la caries dental.

En meses recientes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) contra el uso de suplementos de flúor y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) sobre “posibles riesgos para la salud del flúor en el agua potable”.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha llamado al flúor un “” y un “”. Un estudio de 2025 en JAMA Pediatrics vinculó niveles altos de flúor con un coeficiente intelectual más bajo en niños, pero solo con concentraciones del nivel recomendado en el agua potable pública.

, un dentista pediátrico en la University of Washington que estudia la reticencia al flúor, teme que las posturas anti flúor erosionen aún más la confianza en los tratamientos con flúor.

Desde el comienzo de 2026, legisladores en por lo menos 15 estados han presentado proyectos de ley para prohibir o limitar el flúor en el agua potable pública. Utah y Florida se convirtieron en 2025 en los primeros estados en aprobar esas prohibiciones.

“¿Eso va a tener un efecto en las tasas de caries? Absolutamente”, sostuvo Chi.

Aumentan los casos dentales graves

Las dentistas pediátricas Katherine Chin y Chaitanya Puranik dijeron que están atendiendo a más pacientes como Jonah en el hospital infantil de Colorado. Los casos graves también se han vuelto más frecuentes. Puranik agregó que antes, por lo general, veía pacientes con una sola caries, pero ahora a menudo llegan con caries en toda la boca.

Durante la pandemia, muchos consultorios dentales . Además, estudios muestran que los niños también , un factor de riesgo importante para los problemas dentales.

Las caries graves que llevan a la extracción de dientes pueden afectar el y, a veces, causar problemas a largo plazo para o .

Millones de personas viven en zonas de Estados Unidos donde , con pocos dentistas a una distancia razonable en auto. Además, según la American Dental Association, solo atiende a pacientes de Medicaid, debido a las bajas tasas de reembolso, que en promedio son de lo que cobran habitualmente.

Los niños con discapacidades intelectuales o del desarrollo pueden tener aun más dificultades para acceder a atención dental de calidad.

Pocos dentistas generales tienen suficiente formación pediátrica para atender a niños con discapacidades como Jonah, que se agobian con facilidad o necesitan sedación para un examen, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a ���ϳԹ��� News.

tienen necesidades especiales de atención médica, y esos niños tienen de no tener cubiertas sus necesidades dentales. Sus padres también de tener problemas para .

Cuando era más pequeño, Jonah no dejaba que sus papás le cepillaran los dientes. Esto le generó caries en sus dientes de leche, explicó su mamá.

Después de la primera visita de Jonah a la sala de emergencias, Reynolds encontró un dentista general que tenía una cita disponible. Pero, a diferencia de un dentista pediátrico capacitado, dijo, el dentista no supo cómo examinar a Jonah de una forma que él pudiera tolerar y no estaba preparado para sedarlo. Jonah se fue sin tratamiento y pronto, cuando volvió la fiebre, regresó a la sala de emergencias.

Las salas de emergencias rara vez ofrecen soluciones

, pediatra en el condado de Washington, en Maine, aseguró que está viendo “las caries más horribles” en Down East Community Hospital.

Las salas de emergencia a menudo no están preparadas para tratar problemas dentales, explicó Weitz. Como a la que fue Jonah en Kentucky, Down East no tiene dentistas entre su personal. Weitz a menudo termina recetando antibióticos como medida temporal. “Pero un mes después, los pacientes regresan porque la situación vuelve a agravarse”, dijo Weitz.

Como posible solución, estados como Maine y Alaska están proponiendo usar fondos del , dotado con $50.000 millones, para desarrollar la fuerza laboral de salud bucal o crear centros especializados de atención dental que puedan atender mejor y más rápido a niños con necesidades especiales de atención médica.

Pero esas iniciativas no resolverán la pérdida de cobertura que se anticipa por  los recortes a Medicaid.

El año pasado, California otorgó $47 millones en subvenciones estatales para desarrollar o ampliar más de 120 centros odontológicos destinados a atender a pacientes con necesidades especiales de atención médica.

La emergencia dental de Jonah le costó a Reynolds una semana sin trabajar en su empleo como peluquera de perros y a Jonah tres días de tercer grado, además de los cientos de dólares que tuvieron que pagar de su propio bolsillo.

Finalmente, Reynolds encontró a un especialista en cirugía oral que le extrajo el diente. Pero incluso eso salió mal. Cuando Jonah se alteró por el pinchazo de una aguja, el cirujano amenazó con sujetarlo por la fuerza, contó Reynolds. Agregó que el profesional se fue rápidamente después del procedimiento sin darle un diagnóstico claro de qué había causado el dolor de Jonah.

La extracción terminó con el dolor de muelas, pero Reynolds opinó que más profesionales deberían saber cómo manejar casos como el de Jonah, con más sensibilidad hacia las familias.

Cuatro años después, todavía sigue fresco en su memoria el momento en que tuvo que obligar a Jonah a tomar el medicamento para el dolor. “Eso nunca se me va a olvidar”, concluyó Reynolds.

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La inquilina guatemalteca de su amiga, quien no sabía que estaba embarazada, acababa de dar a luz a un bebé prematuro en una casa en Nueva Orleans. Los padres no tenían residencia legal, y la madre se negó a ir al hospital por miedo a ser detenida por agentes de inmigración federales.

“Hay sangre por todos lados, y el bebé está muerto”, recuerda Rosales-Fajardo que le dijo su amiga.

Rosales-Fajardo se puso las sandalias, agarró guantes quirúrgicos y corrió hacia la casa.

Inmigrante de Brasil, Rosales-Fajardo es organizadora comunitaria en Nueva Orleans Este, que concentra una gran comunidad inmigrante. No tiene formación médica formal, pero tiene experiencia asistiendo partos.

Al llegar, observó la habitación. Un niño de 3 años estaba de pie a un lado mientras la madre se sentaba al borde de la cama. El padre sostenía a su hijo recién nacido envuelto en toallas empapadas de sangre; el bebé no respiraba.

“El bebé estaba completamente gris”, dijo después Rosales-Fajardo.

Le limpió la boca y le frotó la espalda antes de hacerle pequeñas compresiones en el pecho y darle respiración boca a boca.

Le dijo a los padres que debía llamar al 911 para que la madre y el bebé recibieran atención en un hospital. El bebé ya había nacido, pero el parto aún no había terminado.

“Le aseguré que iba a estar a salvo, se lo prometí”, dijo Rosales-Fajardo.

El miedo se sentía en la habitación. Aun así, hizo la llamada y continuó con la reanimación. Finalmente, el bebé reaccionó y se movió en brazos de Rosales-Fajardo. Cuando llegó la ambulancia, la madre intentó evitar que su esposo la acompañara, aterrada de que arrestaran a ambos. Él fue de todos modos.

Poniendo la seguridad sobre la salud

“Estas son personas trabajadoras”, dijo Rosales-Fajardo. “Todo lo que hacen es trabajar para mantener a su familia. Pero estuvieron a punto de perder a su hijo por no llamar al 911”.

A casi dos semanas de iniciada la operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) llamada Catahoula Crunch, que comenzó el 3 de diciembre, profesionales de salud y defensores comunitarios en Louisiana y Mississippi reportan un aumento inusual de pacientes inmigrantes que se han salteado citas médicas y muestran altos niveles de estrés.

Según , el DHS había arrestado a más de 250 personas hasta el 11 de diciembre. Aunque las autoridades federales aseguran que están enfocadas en detener a personas con antecedentes penales, la agencia (AP) informó que la mayoría de las 38 personas detenidas en los primeros dos días del operativo en Nueva Orleans no tenían historial criminal.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, las familias inmigrantes en todo el país son más proclives a evitar o posponer la atención médica, en parte por preocupaciones relacionadas con su estatus migratorio, según de KFF y The New York Times.

La encuesta reveló que casi 8 de cada 10 inmigrantes que probablemente estén viviendo en Estados Unidos sin autorización legal dijeron haber experimentado efectos negativos en su salud este año, desde ansiedad y problemas de sueño hasta el empeoramiento de afecciones como presión arterial alta o diabetes.

Las redadas migratorias federales en California, Illinois, Carolina del Norte y ahora en Louisiana y Mississippi agravan las dificultades que estas familias ya enfrentan, como el acceso limitado a servicios, barreras lingüísticas, falta de seguro médico y altos costos.

Esa renuencia a recibir atención, incluso en casos de emergencia, parece justificada en medio de las redadas.

Según la (ACLU, por sus siglas en inglés), los hospitales y centros de salud generalmente deben permitir el acceso de agentes federales a las áreas abiertas al público. En California, este año, agentes federales se han apostado  en , se han presentado en clínicas comunitarias y han custodiado a personas detenidas en .

Incluso ir o volver de una cita médica implica un riesgo, ya que las detenciones durante controles de tránsito son una práctica común de los agentes de migración.

La enfermera Terry Mogilles, del University Medical Center (UMC), dijo que los inmigrantes suelen representar al menos la mitad de los pacientes en su clínica de traumatología ortopédica en Nueva Orleans, muchos con lesiones graves relacionadas con el trabajo en la construcción que requieren cirugía. Pero ahora, Mogilles dijo que muchos de esos pacientes no van a sus citas de seguimiento, a pesar del riesgo de infecciones.

“Llamamos y no logramos comunicarnos”, dijo Mogilles. “Es muy angustiante porque no sabemos qué les está pasando después de la operación”.

El miedo se extiende en el sur

Las autoridades federales informaron que la operación Catahoula Crunch también se lleva a cabo en el sur de Mississippi, aunque la mayoría de los arrestos iniciales ocurrieron en el área metropolitana de Nueva Orleans. Las familias inmigrantes en todo Mississippi se están preparando para lo que se avecina.

Michael Oropeza, director ejecutivo de la organización El Pueblo, que presta servicios a comunidades inmigrantes de bajos ingresos en Biloxi y Forest, dijo que han visto a familias postergar atención médica, cancelar chequeos infantiles y dejar de surtir recetas.

“No es que no valoren su salud; es que no se sienten seguros”, afirmó Oropeza. “Cuando los hospitales y clínicas dejan de ser un lugar seguro, se pierde la confianza que tomó años construir. Puede desaparecer de la noche a la mañana”.

María, una residente de Biloxi originaria de Honduras, contó en español que ella y sus dos hijos han perdido citas médicas rutinarias porque están “aterrados” de salir de casa ante el aumento de la presencia de agentes federales de migración. Su esposo, quien tiene autorización para trabajar en Estados Unidos, fue detenido durante dos meses este año.

Sus hijos son ciudadanos estadounidenses. Antes tenían cobertura de Medicaid, pero María decidió darlos de baja hace tres años por miedo a que el uso de beneficios públicos afectara las solicitudes de residencia de su familia. Ahora pagan la atención médica de sus hijos de su propio bolsillo.

Cuando se sientan seguros de volver a salir, María dijo que su prioridad será buscar atención en salud mental para abordar el estrés que ha vivido su familia.

“Yo necesito visitar un médico definitivamente para que me chequee porque no me siento bien”, dijo, al describir su ansiedad, depresión e insomnio.

En Louisiana, Marcela Hernández, de , una organización sin fines de lucro que brinda ayuda directa a inmigrantes, dijo que muchas de las familias con las que trabaja . Refugiarse en casa y perder días de trabajo solo aumenta el estrés. Hernández contó que recibió 800 llamadas pidiendo comida en solo dos días, de familias que tenían miedo de salir a la calle.

Según la agencia AP, la operación federal en Louisiana y Mississippi . Cuanto más se prolongue, más teme Hernández que comience a haber desalojos, ya que las personas no podrán pagar el alquiler, lo que traumatizaría aún más a una comunidad que a menudo ha tenido que emprender viajes peligrosos para llegar a Estados Unidos, huyendo de situaciones difíciles en sus países de origen.

“No abandonas tu país sabiendo que vas a ser violada en el camino solo porque quieres venir a conocer a Mickey Mouse”, dijo.

Rosales-Fajardo, quien dirige una organización sin fines de lucro llamada El Pueblo NOLA, comentó que muchas familias le cuentan que sus hijos han comenzado a hacerse pis encima por el miedo y el estrés.

A nivel nacional, inmigrantes en situación migratoria irregular han reportado que algunos de sus hijos tienen problemas para dormir o cambios en el rendimiento escolar o en su conducta, según la .

Grupos comunitarios esperan que personas de la comunidad se movilicen para llevar alimentos y productos de higiene a los hogares de inmigrantes, y que profesionales de salud ofrezcan más visitas domiciliarias o por telemedicina.

Como en otros hospitales, las salas de espera del UMC son consideradas espacios públicos, explicó Mogilles. Pero el sindicato de enfermeras pide que el hospital establezca áreas seguras a las que los agentes federales no tengan acceso y políticas claras para proteger al personal de salud que a su vez cuida a los pacientes.

Las citas postoperatorias no pueden realizarse de forma virtual, por lo que los pacientes necesitan sentirse lo suficientemente seguros para venir, explicó Mogilles.

El cuidado prenatal y postnatal también es difícil de ofrecer de forma virtual, lo que pone en riesgo la salud de embarazadas o mujeres que han parido recientemente, explicó Latona Giwa, directora ejecutiva de Repro TLC, una organización nacional de capacitación en salud sexual y reproductiva.

Desde que en septiembre, Giwa dijo que las clínicas y proveedores con los que trabaja reportaron que el 30% de sus pacientes no habían ido a sus citas médicas. Las farmacias reportaron una caída del 40% en la recolección de medicamentos.

“Sabemos que en el manejo de afecciones crónicas, especialmente durante el embarazo, pero también en general, incluso faltar a una sola cita puede afectar el desarrollo de la afección y empeorar los resultados del paciente”, dijo Giwa.

En Louisiana, donde los resultados de salud materna , el temor al arresto podría agravar una crisis que ya se intensificó con la anulación de Roe v. Wade y poner vidas en riesgo. Giwa está especialmente preocupada por las familias con bebés prematuros en la unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU, por sus siglas en inglés).

“Imagínate que tu bebé está en el hospital, tan vulnerable, y tú tienes miedo de ir a verlo y cuidarlo porque temes ser deportada”, dijo, señalando que la salud de un recién nacido depende en parte de la presencia de sus padres.

Esa es la situación que enfrenta la familia guatemalteca en Nueva Orleans.

En un día reciente de diciembre, Rosales-Fajardo actuó como traductora y defensora de la familia durante su primera visita para ver a su hijo en la NICU, en un hospital en la zona norte del lago Pontchartrain. El personal les dijo a los padres que necesitarían hacer ese viaje largo y riesgoso varias veces durante al menos un mes, para brindar contacto piel con piel y leche materna.

Rosales-Fajardo condujo a los padres, quienes tenían miedo de cruzar el puente por su cuenta por temor a ser detenidos. Dijo que seguirá llevándolos las veces que sea necesario.

“Cuando ven a alguien hispano manejando o algo así, ya les parece sospechoso”, dijo sobre los agentes federales.

Pero el bebé está a salvo y saludable. Y los padres nombraron a Rosales-Fajardo como su madrina.

Gwen Dilworth de Mississippi Today y Christiana Botic de Verite News colaboraron con este artículo.

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El gobierno de Trump, que ha prometido “transparencia radical”, afirmó en un documento de que planea publicar el “resumen de proyectos” de los estados que obtengan fondos. Siguiendo el ejemplo de los reguladores federales, muchos estados ocultan sus solicitudes completas, y algunos se han negado a revelar cualquier detalle.

“Seamos claros”, dijo Alan Morgan, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Salud Rural (NRHA, por sus siglas en inglés). “Los directores de hospitales, los administradores de clínicas, los líderes comunitarios: todos van a querer saber qué están haciendo sus estados”.

Entre los miembros de la NRHA se incluyen hospitales y clínicas rurales con dificultades económicas, a los que prometieron beneficiar con el Programa de Transformación de la Salud Rural del gobierno de Trump.

Morgan señaló que sus miembros están interesados en saber qué proponen los estados, qué ideas son aprobadas o rechazadas y cuáles son sus justificaciones presupuestarias, que explican cómo podría gastarse el dinero.

Mejorar la atención médica rural es una “tarea increíblemente complicada y difícil”, afirmó Morgan.

El Programa de Transformación de la Salud Rural, con una duración de cinco años, fue aprobado por el Congreso en una ley —la llamada One Big Beautiful Bill Act— que también reduce drásticamente el gasto de Medicaid, del cual dependen en gran medida los proveedores de salud en zonas rurales. Este programa está siendo observado con atención porque representa una inyección muy necesaria de fondos, aunque con la condición impuesta por el gobierno de Trump de que el dinero se utilice en ideas transformadoras y no simplemente para mantener a flote a hospitales rurales en crisis.

La ley indica que la mitad de los $50.000 millones se dividirá en partes iguales entre todos los estados con una solicitud aprobada. El resto se distribuirá en base a un sistema de puntos. , $12.500 millones se asignarán en función del nivel de “ruralidad” de cada estado. Los otros $12.500 millones se otorgarán a estados que obtengan en iniciativas y políticas alineadas, en parte, con los objetivos del gobierno de Trump bajo el lema “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” ().

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha prometido en repetidas ocasiones abrir el gobierno al pueblo estadounidense. Su agencia tiene una dedicada a la “transparencia radical”.

“Estamos trabajando para que este sea el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) más transparente en sus 70 años de historia”, en un testimonio escrito al Congreso en septiembre.

Lawrence Gostin, profesor de derecho en salud pública en la Universidad Georgetown, dijo que el HHS está actuando “de manera totalmente opaca” y que el público tiene derecho a exigir “mayor apertura y claridad”. Sin transparencia, agregó, la población no puede evaluar las responsabilidades de esa agencia.

Catherine Howden, vocera de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo que la agencia seguirá las regulaciones federales que rigen los al publicar información sobre el programa de salud rural.

Las solicitudes de subvención “no se hacen públicas durante el proceso de evaluación por méritos”, dijo Howden, y agregó: “El propósito de esta política es proteger la integridad de las evaluaciones, la confidencialidad de los solicitantes y la naturaleza competitiva del proceso”.

Demócratas y algunos defensores de la atención de salud temen que las decisiones sobre la distribución del dinero tengan motivaciones políticas.

“Me preocupan las represalias políticas”, dijo la representante Nikki Budzinski, demócrata de Illinois. Como los demócratas controlan la política de nuestro estado, “nuestra solicitud podría no ser tomada tan en serio como la de otros estados liderados por republicanos”, agregó.

En noviembre, los legisladores demócratas de Illinois en la Cámara de Representantes enviaron al administrador de los CMS, Mehmet Oz, solicitando una “evaluación justa e integral” de la solicitud estatal. Las autoridades de Illinois aún no han comunicado su propuesta a ���ϳԹ��� News, que presentó una solicitud de registros públicos.

Heather Howard, profesora en la Universidad de Princeton, dijo que le “sorprende gratamente la transparencia de muchos estados”.

Howard dirige el programa State Health and Value Strategies de la universidad, que el fondo de salud rural, y elogió a la mayoría de los estados por publicar sus resúmenes del proyecto.

“Esto demuestra el enorme interés que despierta el programa”, dijo Howard.

Su equipo, que revisó cerca de dos docenas de resúmenes estatales, identificó temas comunes como la expansión de servicios móviles y a domicilio, mayor uso de tecnología, y desarrollo de la fuerza laboral con becas, bonos por contratación y ayuda para cuidado infantil en puestos de alta demanda.

“Creo que es emocionante”, dijo Howard. “Considero muy valioso lo que podemos aprender de estas propuestas”.

Howard señaló que las solicitudes de Georgia y Alabama incluían el uso de telerrobótica: una propuesta para utilizar robots para realizar ecografías remotas.

Otro tema que “me entusiasma”, dijo, es el esfuerzo de los estados por crear grupos o comités asesores, como en Idaho, donde se espera que los grupos de trabajo se enfoquen en tecnología, desarrollo de fuerza laboral, colaboración con comunidades indígenas, y salud mental y conductual.

Los 50 estados presentaron sus solicitudes a los reguladores federales antes de la fecha límite del 5 de noviembre, y las resoluciones se anunciarán antes de que termine el año, según los CMS.

Hasta finales de noviembre, casi 40 estados habían hecho público su resumen del proyecto, que es la parte principal de la solicitud donde se describen las iniciativas propuestas, según un seguimiento de ���ϳԹ��� News. Más de una docena de estados también publicaron sus presupuestos.

Un pequeño grupo de estados —Idaho, Iowa, Kansas, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Wyoming— publicó todos los componentes de la solicitud.

���ϳԹ��� News presentó solicitudes de registros públicos para obtener las peticiones completas de los estados. Algunos se negaron a entregar cualquier parte de sus materiales.

Nebraska, por ejemplo, rechazó la solicitud argumentando que su contenido es “información comercial o propietaria” que “podría beneficiar a competidores comerciales”.

Kentucky compartió el resumen de su solicitud, pero indicó que el resto es un “borrador preliminar” no sujeto a divulgación bajo las leyes estatales.

Erika Engle, vocera del gobernador de Hawaii, Josh Green, dijo que el gobernador “está comprometido con la transparencia”, pero se negó a compartir la propuesta del estado.

Hawaii y otros estados aún están procesando solicitudes formales de registros públicos.

Este programa de salud rural forma parte de la ley aprobada en julio que se prevé que reducirá el gasto federal de Medicaid en zonas rurales en durante los próximos 10 años.

Se espera que estos recortes afecten las finanzas de centros rurales, poniendo en riesgo su capacidad para seguir operando. Un informe reciente de Commonwealth Fund reveló que muchas áreas rurales siguen a atención primaria. Pero las normas del programa de salud rural indican que solo el 15% de los nuevos fondos puede utilizarse para pagar atención directa a los pacientes.

Entre los recortes a Medicaid y la nueva inversión del programa, “hay una verdadera oportunidad para que las políticas nacionales tengan un impacto en las zonas rurales, tanto de forma negativa como positiva”, señaló Celli Horstman, investigadora principal de la fundación en Nueva York y coautora del informe.

Entre las propuestas disponibles al público, los estados con gobiernos demócratas muestran disposición para apoyar algunos de los objetivos del gobierno, aunque también rechazan otros, lo cual podría restarles puntos.

Por ejemplo, Nuevo México indicó que presentará una ley para que los estudiantes tomen la Prueba Presidencial de Aptitud Física (Presidential Fitness Test) y que los médicos realicen cursos de educación continua sobre nutrición. Pero no impedirá que las personas usen sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar productos “no nutritivos” como sodas o dulces.

Muchos estados planean invertir en tecnología, como telesalud, ciberseguridad y equipos para monitoreo remoto de pacientes. Otros temas incluyen mejorar el acceso a alimentos saludables, fortalecer los servicios de emergencia, prevenir y tratar enfermedades crónicas, y recurrir a trabajadores comunitarios de salud y paramédicos para visitas domiciliarias.

Algunas propuestas específicas incluyen:

• Arkansas quiere gastar $5 millones en su programa “FAITH” —Acceso, Transporte y Salud Basados en la Fe— para que instituciones religiosas rurales organicen eventos de educación y pruebas preventivas. También se instalarían circuitos para caminar y equipos de ejercicio en las congregaciones.
• Alaska, que históricamente ha usado trineos de perros para entregar medicamentos en zonas remotas, quiere probar el uso de “sistemas aéreos no tripulados” para agilizar la entrega de medicinas.
• Tennessee quiere aumentar el acceso a actividades saludables con inversiones en parques, senderos y mercados agrícolas.
• Maryland propone abrir mercados móviles e instalar refrigeradores y congeladores para facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables que suelen dañarse en zonas rurales con pocos supermercados.

El senador estatal Stephen Meredith, un republicano que representa una parte del oeste de Kentucky, dijo que espera que los hospitales rurales sigan cerrando, pese al programa estatal.

“Creo que estamos tratando los síntomas sin curar la enfermedad”, señaló después de escuchar una .

Morgan, cuya organización representa a hospitales rurales que probablemente cerrarán, dijo que las ideas del estado pueden sonar bien.

“Uno puede escribir una narrativa que suene maravillosa”, afirmó. “Pero traducir esas metas aspiracionales en un programa funcional, eso es más difícil”.

Los reporteros de ���ϳԹ��� News, Phil Galewitz, Katheryn Houghton, Tony Leys, Jazmin Orozco Rodriguez, Maia Rosenfeld, Bram Sable-Smith y Lauren Sausser contribuyeron con este artículo.

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La hija de Silva tenía Medicaid, que supuestamente cubría el costo de las ambulancias. Pero una de las tres compañías que operaron ese día, Northglenn Ambulance, una empresa pública que había sido adquirida por , envió la factura de Silva a un cobrador de deudas. Era de $2.181,60, pero con los costos judiciales y los intereses aumentó a más de $3.000, según consta en los registros judiciales.

La maestra de preescolar no pudo pagar, y el cobrador embargó el salario de Silva.

“Nos atrasó muchísimo con las facturas: la casa, la luz, el teléfono, la comida de los niños”, contó Silva, cuya hija se recuperó completamente del accidente de 2015. “Nos quitó todo”.

Algunos legisladores estatales buscan reducir facturas como la que recibió Silva: cuentas sorpresa por traslados terrestres en ambulancia.

Cuando una compañía de ambulancias cobra más de lo que una aseguradora está dispuesta a pagar, los pacientes pueden terminar con una factura enorme de la que no tienen escapatoria.

Los estados intentan cubrir el vacío dejado por la ley federal , que cubre las ambulancias aéreas, pero no los servicios terrestres, incluyendo las ambulancias que viajan por carretera y agua.

Este año, Utah y Dakota del Norte se unieron a que han aprobado protecciones contra las facturas sorpresa por este tipo de traslados.

Esas protecciones suelen incluir el establecimiento de un mínimo que las aseguradoras deben pagar si alguno de sus afiliados necesita transporte. Pero el punto de fricción es dónde establecer ese límite. La legislación en Colorado y Montana se estancó este año debido a la preocupación de los legisladores de que obligar a las aseguradoras a pagar más resultaría en mayores costos de cobertura médica para todos.

Las facturas sorpresa de ambulancias son un componente más de un sistema de salud que sistemáticamente endeuda a los estadounidenses, agobiando sus finanzas, impidiéndoles acceder a la atención médica y aumentando las disparidades raciales, como informó ���ϳԹ��� News.

“Si las personas dudan en llamar a la ambulancia por temor a sufrir una gran carga financiera para su familia, significa que tendremos víctimas de accidentes cerebrovasculares que no llegarán al hospital a tiempo”, expresó , directora de campañas de atención médica en PIRG, un grupo nacional de defensa del consumidor. “Significa que esa persona que teme un ataque cardíaco no llamará”.

El No Surprises Act, promulgado por el presidente Donald Trump en 2020, establece que, para la mayoría de los servicios de emergencia, a los pacientes se les puede facturar por la atención fuera de la red solo el mismo monto que se les habría facturado si estuvieran dentro de ella. Al igual que los médicos u hospitales, las compañías de ambulancias pueden tener contratos con aseguradoras, lo que las convierte en parte de la red. Las que no lo hacen, permanecen fuera de la red.

Pero a diferencia de cuando se programa una cita con un médico o se planifica una cirugía, un paciente generalmente no puede elegir la compañía de ambulancias que responderá a su llamada al 911. Esto significa que puede recibir grandes facturas fuera de la red.

Los legisladores federales postergaron la inclusión de las ambulancias terrestres, en parte debido a la variedad de modelos de negocio —desde empresas privadas hasta departamentos de bomberos voluntarios— y a la falta de datos sobre el costo de los traslados.

En cambio, el Congreso creó que emitió recomendaciones el año pasado. Su conclusión general —que los pacientes no deberían verse atrapados en el fuego cruzado entre proveedores y aseguradoras— no fue controvertida ni partidista. En Colorado, destinada a ampliar las protecciones contra facturas sorpresa de ambulancias recibió el visto bueno unánime de ambas cámaras legislativas.

Colorado ya había aprobado que protegía a las personas de facturas sorpresa de compañías privadas de ambulancias. Esta nueva medida buscaba brindar protecciones similares contra las facturas de los servicios públicos de ambulancia y para los traslados entre hospitales.

“Sabíamos que contaba con apoyo bipartidista, pero hay quienes votan en contra de todo”, dijo gratamente sorprendida , representante estatal demócrata.

Una sorpresa menos agradable llegó después, cuando el gobernador Jared Polis, también demócrata, la vetó, alegando temor a que aumentaran las primas.

Los estados tienen un margen de maniobra limitado en este tema, ya que las leyes estatales solo se aplican a los planes de salud regulados por el estado.

Esto deja fuera a muchos trabajadores. Según una de 2024 realizada por KFF, el 63% de las personas que trabajan para empleadores privados y obtienen seguro médico a través de sus empleos tienen , que no están regulados por el estado.

“Por eso necesitamos una ley federal de protección de ambulancias, incluso si aprobáramos 50 leyes estatales”, dijo Kelmar.

Según datos de la oficina del secretario de estado de Colorado, los únicos grupos de presión al proyecto de ley fueron Anthem y UnitedHealth Group, además de las subsidiarias de UnitedHealth, Optum y UnitedHealthcare.

En mayo, tan pronto como finalizó la sesión legislativa, , director ejecutivo de la Colorado Association of Health Plans, un grupo comercial que representa a las compañías de seguros médicos del estado, envió solicitando su veto, con una estimación de que la legislación provocaría un aumento del 0,4% en las primas.

El proyecto de ley de Colorado establecía que los gobiernos locales, como ciudades, condados o distritos especiales, fijarían las tarifas.

“Estamos en una situación mucho mejor al no tener entidades locales que fijen sus propias tarifas”, declaró McFatridge a ���ϳԹ��� News.

Jack Hoadley, profesor emérito de investigación de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown, afirmó que no está claro si las leyes estatales aprobadas en otros estados están aumentando las primas, o en qué medida. Hoadley agregó que se espera que el estado de Washington presente un análisis del impacto de su ley en un par de años.

La asociación nacional de compañías de seguros se negó a comentar para este artículo. En su lugar, la Association of Health Insurance Plans (AHIP) remitió cartas que sus líderes presentaron a legisladores de , y este año, oponiéndose a las medidas de cada estado para establecer tarifas base para ambulancias.

Los líderes de la AHIP describieron las propuestas como precios inflados, impuestos por el gobierno, que reducirían la posibilidad de que las aseguradoras negocien precios justos. En última instancia, advirtió la asociación, los mínimos propuestos aumentarían los costos de la atención médica.

En Montana, los legisladores un reembolso mínimo para ambulancias terrestres del 400% de lo que paga Medicare, o una tarifa local fija, si hay alguna. La propuesta fue patrocinada por dos republicanos y respaldada por las compañías de ambulancias. Las aseguradoras de salud presionaron con éxito en contra, argumentando que el precio era demasiado alto.

Sarah Clerget, lobista que representa a la AHIP, declaró a los legisladores de Montana en una audiencia legislativa que ya es difícil lograr que las compañías de ambulancias se integren a la red de las aseguradoras, “porque la gente va a necesitar atención de ambulancia independientemente de si su compañía de seguros la cubre”.

Agregó que la propuesta estatal dejaría a quienes pagan la cobertura médica con la carga del nuevo precio.

“A nadie le gusta que nuestras tarifas de seguro se modifiquen”, declaró el senador estatal republicano durante una reunión legislativa mientras un comité archivaba el proyecto de ley. Comparó el mínimo propuesto con un mandato que podría llevar a que las personas tengan que pagar más por la cobertura médica de un servicio importante, pero a la vez especializado.

El gobernador de Colorado se centró de forma similar en las primas. Polis afirmó en su que la legislación habría aumentado las primas entre 73 centavos y $2,15 por miembro al mes.

“Estoy de acuerdo en que subsanar esta deficiencia en la aplicación de la ley es crucial para que la gente ahorre dinero en atención médica”, escribió. “Sin embargo, en mi opinión, esos ahorros van a compensarse con el aumento de las primas”.

, directora de políticas de la Colorado Consumer Health Initiative, que apoyó el proyecto de ley, afirmó que incluso si las primas aumentaran, los habitantes de Colorado podrían aceptar el cambio. Después de todo, remarcó, estarían cambiando la amenaza de una gran factura de ambulancia por el precio de media taza de café al mes.

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Él y otro transeúnte la colocaron boca arriba y le revisaron el pulso (débil) y la respiración (superficial y errática). Luego la mujer dejó de respirar por completo. Al darse cuenta de que podría estar sufriendo un paro cardíaco, Clough comenzó de inmediato a realizar compresiones torácicas, presionando con fuerza y ​​rapidez en el centro del pecho, mientras otras personas llamaban al 911 y corrían a buscar un desfibrilador externo automático (DEA).

A los pocos segundos de recibir la descarga del DEA, la mujer abrió los ojos. Para cuando llegó el equipo de rescate del aeropuerto, unos minutos después, estaba consciente y pudo hablar con los rescatistas.

“No quiero sentirme indefenso nunca”, dijo Clough, quien había volado a Buffalo esa noche en un viaje de trabajo por su puesto de ingeniería en Denver. Tras un incidente varios años antes, en el que no estuvo seguro de cómo ayudar a una mujer que se desmayó en su gimnasio, hizo un curso universitario para certificarse como , alguien que puede brindar intervenciones de soporte vital básico.

La mujer que se desplomó tuvo suerte: perdió el conocimiento en un lugar público donde los transeúntes supieron cómo ayudarla. La mayoría de las personas no tienen tanta suerte. En Estados Unidos, la falta de capacitación y preparación para abordar esta emergencia médica relativamente común contribuye a miles de muertes al año.

Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), en Estados Unidos ocurren más de 350.000 paros cardíacos cada año fuera del ámbito hospitalario. En 9 de cada 10 casos, la persona muere porque la ayuda no llega con la suficiente rapidez.

Cada minuto que pasa sin intervención reduce las probabilidades de supervivencia en un 10%. Pero si alguien recibe inmediatamente reanimación cardiopulmonar y una descarga de DEA, si es necesario, sus probabilidades de supervivencia pueden .

Según la entidad del corazón, menos de la mitad de las personas reciben esa ayuda inmediata. Un paro cardíaco ocurre cuando el corazón se detiene repentinamente, en general debido a un mal funcionamiento del sistema eléctrico cardíaco.

Alrededor del 70% de los paros cardíacos ocurren en el hogar. Pero incluso si alguien se desmaya en un lugar público y se llama a una ambulancia al instante, el personal de emergencia tarda , en promedio, en llegar. En zonas rurales, puede ser mucho más.

Cuando alguien sufre un paro cardíaco, a menudo necesita una descarga eléctrica de un DEA para que su corazón vuelva a latir. Estos dispositivos portátiles analizan el ritmo cardíaco e indican al usuario que administre una descarga, si es necesario, a través de parches colocados en el pecho de la víctima.

Pero aunque muchos estados exigen la disponibilidad de DEA en lugares públicos, como aeropuertos, centros comerciales y escuelas, muchas veces no son fáciles de encontrar.

Un estudio con datos de 2019 a 2022 reveló que, luego de un paro cardíaco en un lugar público, los transeúntes utilizaron un DEA y realizaron resucitación cardiopulmonar (RCP) el 42% de las veces.

El recurso más completo para identificar un DEA es una fundación sin fines de lucro llamada PulsePoint, que ha registrado en el país, según Shannon Smith, su vicepresidenta de comunicaciones. Si se solicita, la organización ayudará a una comunidad a crear su registro de DEA y a conectarlo al servicio de emergencias de la zona en forma gratuita.

PulsePoint lanzó recientemente de DEA para impulsar esta iniciativa.

A través de una , los usuarios con formación en RCP pueden ofrecerse como voluntarios para recibir alertas sobre posibles paros cardíacos en un radio de aproximadamente 400 metros cuando se reciben llamadas del servicio de respuesta a emergencias de la comunidad. La aplicación también identifica los DEA registrados en las cercanías.

“PulsePoint es lo más parecido a un registro nacional que tenemos”, dijo Elijah White, presidente de la división de tecnología de cuidados intensivos de Zoll, un fabricante líder de DEA. La empresa ha proporcionado a PulsePoint la información de ubicación de todos sus DEA. Aun así, PulsePoint solo ha registrado una pequeña parte de los DEA en el país.

“Es solo el comienzo”, expresó White. Otros factores también pueden impedir que los transeúntes intervengan para ayudar. Pueden no tener formación o confianza en la RCP, o temer responsabilidades si algo sale mal.

En general, la responsabilidad no debería ser una preocupación. Los 50 estados y Washington, D.C., cuentan con leyes de “buen samaritano” que si intervienen de buena fe en una emergencia médica.

Sin embargo, la formación puede ser . Un estudio reveló que solo el 18% de las personas informaron haber recibido formación en RCP en los dos años anteriores, un período clave para el mantenimiento de las habilidades. Dos tercios de las personas informaron haber recibido formación en algún momento.

Una forma de impulsar la formación es , y muchos estados exigen que los estudiantes reciban formación en RCP para graduarse.

Sin embargo, aunque el 86% de los estudiantes de secundaria informaron haber recibido algún tipo de entrenamiento, solo el 58% dijo saber cómo aplicar sus habilidades, y una proporción similar afirmó saber usar un DEA.

“Tenemos trabajo por hacer”, dijo Dianne Atkins, cardióloga pediátrica y voluntaria de la AHA desde hace mucho tiempo, quien dijo que garantizar la capacitación en la escuela secundaria es una prioridad absoluta para la entidad.

Otros países han priorizado la capacitación de sus residentes en el uso de DEA y RCP durante muchos años, con cierto éxito.

En Dinamarca, desde la década del 2000, esta capacitación es obligatoria para obtener la licencia de conducir, y los estudiantes de secundaria también deben recibirla. En una encuesta, el 45% de la población declaró haber recibido capacitación en su lugar de trabajo. En el estudio, el 81% de los encuestados del público general declaró haber recibido capacitación en RCP y el 54% en el uso de un DEA.

Noruega entrena en primeros auxilios en escuelas primarias desde 1961 y exige la capacitación en RCP para obtener la licencia de conducir. El declaró haber recibido capacitación en RCP.

En Estados Unidos, hay disponibles, por internet y presenciales, que se completan en solo unas horas. Para alguien que nunca ha aprendido habilidades básicas de soporte vital, la capacitación puede ser reveladora.

Esta reportera, sin formación previa, se sorprendió al descubrir la fuerza y ​​rapidez con la que se debe presionar el pecho de un maniquí para realizar la RCP correctamente: de 100 a 120 compresiones por minuto a una profundidad de al menos 5 cm.

Lo más importante es que la gente común conozca los fundamentos lo suficiente como para “sentirse segura de llamar al 911, y presionar fuerte y rápido el pecho de alguien”, afirmó Audrey Blewer, profesora adjunta de medicina familiar y salud comunitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, quien ha publicado numerosos estudios sobre la RCP por parte de samaritanos, y el uso del DEA. “Eso no requiere una tarjeta de certificación ni formación reciente”.

Durante una emergencia, los operadores del 911 también pueden desempeñar un papel crucial al guiar a las personas en la RCP y el manejo del DEA, explicó David Hiltz, director del programa de voluntarios HeartSafe Communities de la , una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la supervivencia tras un paro cardíaco mediante la formación y la educación.

Phil Clough se ha mantenido en contacto con Rebecca Sada, la mujer que se desplomó en el aeropuerto de Buffalo ese día de junio mientras regresaba a casa de visitar a su hija. Sada, quien no tenía antecedentes de problemas cardíacos antes de sufrir un paro, ahora tiene un desfibrilador automático implantado en el pecho para estabilizar un problema eléctrico en su corazón que no se le había diagnosticado previamente. Ella y su esposo han invitado a Clough a cenar y son amigos para toda la vida, dijo.

Otro cambio que se produjo a raíz del paro cardíaco de Sada: ella y su esposo se certificaron en RCP y DEA.

“Ahora, si necesitáramos ayudar a alguien en el futuro, podríamos hacerlo”, aseguró.

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“La idea es que el dron llegue varios minutos antes que los primeros socorristas”, como un técnico en emergencias médicas o una ambulancia, dijo Daniel Crews, vocero de la oficina del sheriff en el condado de Forsyth, donde se encuentra Clemmons.

La oficina del sheriff está llevando adelante este proyecto en alianza con los servicios de emergencia locales, con el Instituto de Investigación Clínica de la Universidad de Duke y con Hovecon, una empresa de consultoría en drones. “El objetivo final es evitar muertes y aumentar la esperanza de vida de quienes sufren un episodio cardíaco”, dijo Crews.

Cada vez con más frecuencia, en todo el país, las organizaciones de emergencias médicas y  las de seguridad pública están utilizando drones para acelerar la intervención en situaciones en las que cada segundo es importante para salvar vidas. El es una de esas iniciativas.

En Estados Unidos cada año más de personas sufren un paro cardíaco fuera de un hospital, según la Asociación Americana del Corazón (AHA). La mayoría se descompensa estando en su casa y alrededor del 90% muere porque no recibe ayuda inmediata del personal de emergencias médicas o de los transeúntes. Cada minuto que pasa sin intervención médica disminuye las probabilidades de supervivencia en un 10%.

“Nunca hemos podido alcanzar una mejora significativa en el tiempo de atención de los accidentes cardiológicos cuando se producen en entornos privados, y esta tecnología podría ayudarnos a lograr ese objetivo”, dijo Monique Anderson Starks, cardióloga y profesora asociada de Medicina en la Universidad de Duke.

Starks lidera estudios piloto en los condados de Forsyth y James City, en Virginia, que están midiendo si efectivamente la entrega de DEA con drones puede mejorar los tiempos de respuesta al tratamiento. El trabajo está financiado por una subvención de cuatro años de la AHA.

Según un trabajo de 2017, después de una llamada al 911 una unidad de servicios médicos de emergencia necesita un promedio de siete minutos para llegar al lugar. Sin embargo, los tiempos de respuesta varían considerablemente según la región. Y en el caso de las áreas rurales pueden ser muchísimo más largos.

Starks dijo que cree que los DEA entregados por drones podrían reducir el tiempo de intervención en cuatro minutos respecto de lo que tardan los primeros socorristas.

A diferencia de un ataque cardíaco, que ocurre cuando está bloqueado el flujo sanguíneo al corazón, un paro cardíaco sucede cuando este órgano deja de latir, generalmente debido a una arritmia o a un problema eléctrico. El 80% de los paros cardíacos comienzan como ataques cardíacos. La es con resucitación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador.

En el condado de Forsyth, un piloto de drones de la oficina del sheriff escuchará las llamadas al 911. Si sospecha que se está ante un paro cardíaco, el piloto puede despachar el dron incluso antes de que se contacten los servicios de emergencia médica.

El dron, que pesa 22 libras y puede viajar a 60 mph, volará hasta el lugar y se mantendrá a 125 pies de altura antes de bajar un DEA al suelo, ayudado por un dispositivo mecánico.

El DEA imparte instrucciones verbales simples y, desde su puesto, también el operador de la línea 911 podrá ayudar a usar el desfibrilador a cualquier persona sin experiencia que esté cerca. Con el tiempo se espera que haya seis bases de drones en los condados de Forsyth y James City, dijo Starks.

Sin embargo, aunque la tecnología es prometedora y la investigación a menudo ha comprobado que los drones llegan más rápido que los primeros equipos de emergencia, existe poca evidencia concluyente de que mejoren los resultados de los socorristas.

Un y publicado en 2023 por The Lancet comparó los tiempos de respuesta entre drones y ambulancias para casos sospechosos de paros cardíacos en 58 intervenciones que abarcaron una población de alrededor de 200,000 personas.

El estudio llegó a la conclusión de que en el 66,67% de las ocasiones analizadas, los drones llegaron antes que las ambulancias y que esto significó que, en promedio, se anticiparon 3 minutos y 14 segundos.

En Estados Unidos, la mayoría de los programas recién están comenzando. Se está explorando el uso de drones para intervenir en casos de sobredosis de drogas, de traumas mayores y en los rescates a personas que estuvieron en riesgo de ahogarse.

En Florida, el Hospital General de Tampa, el condado de Manatee y los o AFRS, iniciaron un programa en mayo para entregar DEA, torniquetes y que puede revertir la sobredosis de opioides.

El programa inicialmente cubre un área de 7 millas cuadradas y los operadores de los servicios médicos de emergencia (EMS) despliegan los drones, que son monitoreados por pilotos especializados. En 2022, hubo casi 108,000 muertes por sobredosis de drogas en el país, según el .

Hasta principios de julio, el programa de Tampa aún no había enviado ningún dron, explicó Gordon Folkes, fundador y director ejecutivo de AFRS, que desarrolla y despliega sistemas de logística de drones de emergencia.

Una solicitud recibida en junio para que enviaran un dron en un caso por sobredosis no pudo cumplirse por razones climáticas, lo impidió una tormenta violenta, dijo Folkes. En el área de prueba, que cubre aproximadamente a 7,000 residentes, Folkes estima que se podrían desplegar de 10 a 15 drones cada año.

“El punto fuerte de estos sistemas son las áreas suburbanas muy pobladas, como el condado de Manatee, porque los drones tienen la ventaja de poder evitar las congestiones de tráfico”, agregó Folkes.

Hay otros usos para los drones en emergencias médicas. El Departamento de Policía de Nueva York de emergencia a los nadadores que se encuentren en problemas en las playas locales. Además, en Chula Vista, California, un dron de la policía pudo , y eso permitió que los oficiales sacaran al conductor, dijo el sargento Tony Molina.

El personal de rescate ha utilizado drones para localizar a personas que se alejan de los hogares de adultos mayores, dijo James Augustine, vocero del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, quien es el director médico de la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos.

En Estados Unidos, un obstáculo para los programas de drones es que la Administración Federal de Aviación (FAA) generalmente requiere que los drones sean manejados dentro de la línea de visión de los operadores. En mayo, cuando el Congreso aprobó la ley de reautorización de la FAA, se le otorgó un plazo de cuatro meses para emitir una propuesta de reglamentación sobre las más allá de la línea de visión.

“La FAA se está concentrando en desarrollar reglas estándar para hacer que las operaciones (más allá del campo visual) sean rutinarias, y económicamente viables”, dijo Rick Breitenfeldt, vocero de la FAA.

Por otro lado, algunos grupos de libertades civiles están preocupados porque las nuevas reglas de la FAA no proporcionen suficiente protección contra las cámaras de los drones para las personas en tierra.

Jay Stanley, analista de políticas senior de la Unión Americana de Libertades Civiles, reconoció los beneficios de usar drones en situaciones de emergencia pero consideró que aún hay problemas que deben abordarse.

“La preocupación es que la FAA va a flexibilizar significativamente las restricciones a los drones sin ninguna protección significativa de la privacidad”, expresó.

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Fue cuando comenzó una carrera para manejar la crisis.

La policía envió mensajes de texto con números alternativos al que las personas podían llamar, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, habló sobre la interrupción del 911 en una conferencia de prensa por el desfile de campeonato de los Celtics, y funcionarios locales instaron a las personas a pedir ayuda activando las alarmas rojas contra incendios.

Unas 7 millones de personas estuvieron por cerca de dos horas sin el servicio del 911. Estas fallas ya no son una excepción sino una constante en un sistema de respuesta a emergencias quebrado.

Este año, las interrupciones han afectado al menos a ocho estados. Y son emblemáticas de los problemas que aquejan a las comunicaciones de emergencia, en parte debido a las grandes disparidades en la antigüedad y las capacidades de los sistemas, y en la financiación también dispar que recibe el sistema del 911 a lo largo del país.

Mientras que algunos estados, ciudades y condados ya han modernizado sus sistemas o han hecho planes para actualizarlos, muchos otros están rezagados.

El 911 suele financiarse a través de tarifas agregadas a las facturas telefónicas, pero los gobiernos estatales y locales también recurren a fondos generales u otros recursos.

“Ahora hay quienes tienen y quienes no tienen”, dijo Jonathan Gilad, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Asociación Nacional de Números de Emergencia (NENA), que representa a los trabajadores de primeros auxilios del 911. “El 911 de próxima generación no debería ser solo para las personas que tienen una emergencia en un buen lugar”.

Mientras tanto, la legislación federal que podría dirigir miles de millones de dólares para modernizar el sistema fragmentado del 911 sigue estancada en el Congreso.

“Esto es algo imperativo para la seguridad nacional”, dijo George Kelemen, director ejecutivo del Consejo de la Industria para Tecnologías de Respuesta a Emergencias, una asociación comercial que representa a empresas que proveen hardware y software a la industria de respuesta a emergencias.

“En una crisis, un tiroteo en una escuela o un incendio en una casa o, Dios no lo quiera, un ataque terrorista, la gente llama al 911 primero”, dijo. “El sistema no puede fallar”.

Estados Unidos inauguró un número de emergencia universal único, el 911, en febrero de 1968 para simplificar la respuesta a las crisis.

Pero en lugar de un programa nacional sin fisuras, la red de respuesta del 911 se ha convertido en un enorme rompecabezas de muchas piezas interconectadas. Hay más de 6,000 centros de llamadas del 911 para manejar un estimado de 240 millones de llamadas de emergencia cada año, según datos federales.

Más de tres cuartos de los centros de llamadas experimentaron interrupciones en los últimos 12 meses, según una encuesta realizada en febrero por NENA, que establece estándares y aboga por el 911, y Carbyne, un proveedor de soluciones tecnológicas de seguridad pública.

En abril, las interrupciones generalizadas del 911 afectaron a millones en Nebraska, Nevada, Dakota del Sur y Texas. La interrupción se atribuyó a trabajadores que cortaron una línea de fibra mientras instalaban un poste de luz.

En febrero, decenas de miles de personas en áreas de California, Georgia, Illinois, Texas y otros estados perdieron el servicio de telefonía móvil, incluidos algunos servicios del 911, debido a una interrupción.

Y en junio, Verizon acordó pagar una multa de $1.05 millones para resolver una investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre una interrupción en diciembre de 2022 que afectó las llamadas al 911 en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee.

Los incendios que arrasaron la isla hawaiana de Maui en agosto pasado destacaron la importancia crítica de los sistemas del 911. Los despachadores atendieron más de 4,500 contactos, es decir, llamadas y mensajes de texto, el 8 de agosto, el día en que se desataron los incendios, en comparación con unos 400 en un día típico, dijo Davlynn Racadio, coordinadora de despachos de servicios de emergencia en el condado de Maui.

“Nos estamos muriendo”, dijo una persona a los operadores del 911.

Pero algunas torres de telefonía móvil fallaron debido a interrupciones generalizadas del servicio, según funcionarios del condado. El condado de Maui presentó en mayo una demanda contra cuatro compañías de telecomunicaciones, alegando que no informaron a los despachadores sobre las interrupciones.

“Si las llamadas al 911 llegaban sin voz, enviábamos mensajes de texto”, dijo Racadio. “El estado está considerando actualizar nuestro sistema. El 911 de próxima generación nos lanzaría al futuro”.

En 2023, Florida, Illinois, Montana y Oklahoma aprobaron legislaciones para impulsar o financiar sistemas de 911 modernizados, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Las actualizaciones incluyen reemplazar la infraestructura analógica del 911 con sistemas digitales basados en Internet.

En lugar de solo atender llamadas, los sistemas de próxima generación pueden localizar la ubicación del que llama, aceptar mensajes de texto y permitir que los residentes en una crisis envíen videos e imágenes a los despachadores.

Aunque aún pueden ocurrir interrupciones, los sistemas modernizados a menudo incluyen más componentes para minimizar las probabilidades de una interrupción, dijo Gilad.

Los legisladores han considerado modernizar los sistemas del 911 aprovechando los ingresos que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) obtiene de subastar los derechos para transmitir señales sobre bandas específicas del espectro electromagnético.

Pero, en marzo de 2023, el Senado de Estados Unidos, permitió por primera vez la expiración de la autoridad de la FCC para subastar bandas de espectro.

La legislación que asignaría casi $15 mil millones en subvenciones de los ingresos de las subastas para acelerar el desarrollo del 911 de próxima generación en cada estado fue aprobada por unanimidad por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en mayo de 2023. El proyecto de ley, HR 3565, patrocinado por la representante Cathy McMorris Rodgers (republicana de Washington), también extendería la autoridad de la FCC para subastar.

Otros legisladores han presentado proyectos, incluyendo uno en marzo del senador Ted Cruz (republicano de Texas) y de la senadora Maria Cantwell (demócrata de Washington) para extender la autoridad de subasta. Por ahora, ninguno de los esfuerzos ha avanzado.

Nueve ex presidentes de la FCC escribieron a los legisladores en febrero, instándolos a hacer de las actualizaciones del 911 una prioridad nacional. Sugirieron que el Congreso utilizara el dinero federal para covid-19 que no se gastó.

“Cualquiera que sea la fuente de financiamiento, la necesidad es urgente y el momento de actuar es ahora”, escribieron.

Ajit Pai, quien se desempeñó como presidente de la FCC de 2017 a 2021, dijo que las interrupciones a menudo ocurren en sistemas de computación obsoletos.

“El hecho de que ahora la FCC no tenga autoridad para subastar espectro es un verdadero obstáculo”, dijo Pai a ���ϳԹ��� News. “Es posible que nunca necesites llamar al 911, pero puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Necesitamos un esfuerzo más organizado a nivel federal porque el 911 está demasiado descentralizado”.

Mientras tanto, algunos líderes de seguridad están haciendo planes de respaldo para las interrupciones del 911 o realizando investigaciones sobre sus causas. En Massachusetts, un firewall diseñado para prevenir piratería provocó la reciente interrupción de dos horas, según el departamento del 911 del estado.

“Las interrupciones llaman la atención de todos sobre el hecho de que dependemos del 911 y no pensamos en cómo realmente dependemos de este número hasta que ocurre algo”, dijo April Heinze, directora de operaciones del 911 en NENA.

Mass General Brigham, un sistema de salud en el área de Boston, envió alertas de emergencia cuando ocurrió la interrupción, informando a las clínicas y prácticas más pequeñas sobre cómo encontrar sus números de emergencia de 10 dígitos. A raíz de la interrupción, planea mantener los números de respaldo junto a los teléfonos en esas instalaciones.

“Dos horas pueden ser mucho tiempo”, dijo Paul Biddinger, director de preparación y continuidad del sistema de salud.

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Chris Rosson, presidente y CEO de United Way of Greater Kansas City, dijo que los pagos ayudarán a estos sobrevivientes, reconociendo al mismo tiempo que la violencia con armas de fuego, como el tiroteo del 14 de febrero, ocurre todos los días en Kansas City, en general en comunidades de bajos ingresos que ya están desprovistas de recursos.

“Al lanzar el fondo, era importante para nosotros apoyar en primer lugar a las víctimas directas de la violencia de ese día, pero también proporcionar recursos financieros críticos a las organizaciones de prevención y respuesta a la violencia, de apoyo de salud mental y a los que proporcionan primeros auxilios”, dijo.

El tiroteo cerca de Union Station, hacia el final de desfile, dejó 24 personas heridas y una muerta: Lisa López-Galván, de 43 años, madre de dos hijos y popular DJ de música tejana.

Desde el tiroteo, han recibido facturas médicas por miles de dólares, por tratamientos en salas de emergencia, viajes en ambulancia, atención médica continua por las heridas de bala o consejería de salud mental.

Algunas todavía están luchando por volver al trabajo y dependen de una confusa red de asistencia de cuentas de GoFundMe y un grupo de iglesias locales.

Erika Nelson, cuya hija de 15 años, Mireya, recibió , dijo que el dinero de United Way es una bendición, pero que su hija todavía lucha con las heridas físicas y emocionales de la violencia.

“No me importa cuánto dinero sea. Podría ser un millón de dólares. Podrían ser mil millones. Nunca va a cambiar lo que mi hija vive todos los días”, dijo Nelson. El fondo #KCStrong fue lanzado por United Way el 15 de febrero, impulsado por una primera donación de $200,000 hecha por los Chiefs, la NFL y la familia Hunt, dueña del equipo. La Kauffman Foundation y una persona anónima fueron listados como los principales donantes, con $250,000 cada uno.

Los fondos no tienen restricciones, por lo que pueden usarse para facturas médicas, fondos universitarios para los niños heridos durante el desfile por la victoria de los Chiefs, o cualquier otra cosa que las familias necesiten.

Rosson dijo que el grupo creía que las víctimas y las personas más cercanas a ellas deberían decidir cómo gastar mejor el dinero. “Dar fondos sin restricciones directamente a esas víctimas de disparos verificadas les permite tomar las decisiones que son adecuadas para ellos y su familia, y el camino que seguirán”, dijo.

Kera Mashek, directora de comunicaciones del United Way local, dijo que el dinero cae bajo el paraguas de asistencia basada en necesidades y no estará sujeto a impuestos.

United Way trabajó con la Oficina del Fiscal del condado de Jackson, Missouri, para verificar a las víctimas. Veinte de las 24 víctimas recibieron compensaciones porque dos no aplicaron y un tercero rechazó la donación, dijeron funcionarios de United Way. A una cuarta víctima, no identificada, se le negaron los fondos porque está conectada al caso criminal, según Jean Peters Baker, fiscal del condado de Jackson.

No se nombró a ninguna de las víctimas en el anuncio del 27 de junio.

Emily Tavis dijo que se sentía “más que bendecida y abrumada por el agradecimiento” al recibir la asistencia. Tavis, su pareja, Jacob Gooch Sr., y su hijastro Jacob Gooch Jr. recibieron disparos en el desfile.

“Es un gran alivio poner las facturas al día”, dijo Tavis. Ella ya había comenzado a pagar cuentas de tarjetas de crédito con su parte del pago.

Antonio Arellano, cuyo hijo de 11 años, Samuel, recibió un disparo en el costado, dijo que el dinero fue una “gran ayuda” para la familia. Dijo que Samuel espera unas vacaciones en Florida y boletos de temporada para ver jugar a los Chiefs. Pero estar en grandes multitudes aún es difícil para Samuel, por lo que Arellano dijo que intentarán ir a un juego primero para ver cómo va.

James Lemons, a quien recientemente le extrajeron la bala alojada en su pierna, dijo que agradecía la ayuda y que se siente bendecido, pero también siente que el dinero ya se ha ido. Quiere devolver la ayuda que la familia recibió tras el tiroteo, incluido el dinero que pidió prestado para ayudarlos a mudarse luego que el dueño de la casa que alquilaban la vendiera poco después del desfile.

Hasta ahora, han sido acusados por el tiroteo, junto con de tráfico de armas o de mentir a agentes del FBI.

Más de 80 personas fueron pisoteadas en el caos generado tras los tiroteos, dijo Baker, agregando que también están entre las muchas víctimas del ataque. Sin embargo, no recibirán dinero del fondo.

Las campañas como #KCStrong que surgen tras tiroteos masivos deben equilibrar la distribución del dinero de manera lo suficientemente amplia como para incluir a las personas directamente afectadas sin disipar los recursos disponibles, según Jeff Dion del . Esta organización sin fines de lucro ha ayudado a comunidades de todo el país a distribuir este tipo de fondos.

Por ejemplo, OneOrlando Fund, que surgió tras el tiroteo en el club nocturno Pulse en 2016, hizo , incluyendo $350,000 a las familias de cada una de las 49 personas asesinadas, pero también $25,000 a cada una de las 182 personas que estaban en la discoteca pero no resultaron físicamente heridas.

Ese fondo recaudó $29.5 millones en comparación con los $2 millones recaudados en Kansas City.

El fondo de $31.4 millones que se recolectó en Las Vegas en 2017 tras el tiroteo masivo en un concierto con 22,000 asistentes no incluyó pagos a personas que no habían sido heridas.

Cerca de un millón de personas fueron al desfile del Super Bowl en febrero. “Cuando estás manejando dólares reales, tienes que encontrar una manera de poder servir al mayor número de personas con la mayor cantidad de dinero”, dijo Baker.

“Así que creo que esas fueron probablemente algunas de las decisiones que tuvieron que tomarse en este caso, lo cual es difícil, duro, pero también necesario”.

Los grupos comunitarios que recibieron cada uno $59,410, son: AdHoc Group Against Crime; Boys & Girls Clubs of Greater Kansas City; Center for Conflict Resolution; Guadalupe Centers; Kansas City Metropolitan Crime Commission; KC Common Good; KC Mothers in Charge; Lyrik’s Institution; Newhouse Domestic Violence Shelter; Rose Brooks Center; Transition Zone; The Battle Within; Uncornered, y University Health.

Otros esfuerzos también han destinado dinero a los sobrevivientes del tiroteo del desfile del Super Bowl. Las cuentas de GoFundMe han recaudado $667,785. Un grupo basado en la fe, llamado “The Church Loves Kansas City”, recaudó $184,500 y hasta ahora ha destinado más de $50,000 a gastos funerarios, procedimientos médicos, asesoramiento y gastos domésticos, dijo Gary Kendall, uno de sus líderes.

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Hay una de $1,040 por el traslado en ambulancia al hospital aquella tarde de febrero. Otra de $2,841,17 por una visita a la sala de emergencias tres días después del tiroteo porque la herida de bala parecía infectada. En marzo, más seguimientos y consejería agregaron otros $1,500.

“Creo que me faltan algunas”, dijo Arellano mientras hojeaba las páginas.

Los Arellano no tienen seguro y están contando con la asistencia del fondo que recaudó casi $2 millones después del tiroteo que dejó un muerto y al menos 24 personas con heridas de bala. También guarda esa solicitud en la carpeta azul.

Los costos médicos para los sobrevivientes del tiroteo son muy altos y no terminarán pronto. Según un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, el gasto médico promedio para alguien que recibió un disparo se eleva a casi . Otro análisis halló que esa cifra sube a $35,000 en el caso de los niños. Diez menores fueron heridos por balas en el desfile.

Luego están las facturas regulares que forman parte de la vida —alquiler, servicios públicos, reparaciones del auto— que no dejan de llegar solo porque alguien sobrevivió a un tiroteo masivo, incluso si sus lesiones les impiden trabajar o mandar a los niños a la escuela.

La carga financiera que conlleva la supervivencia es tan común que tiene un nombre, según Aswad Thomas de la organización sin fines de lucro Alliance for Safety and Justice: deuda por victimización. Algunos la pagan de su bolsillo. Otros solicitan una nueva tarjeta de crédito. Algunos reciben ayuda de desconocidos generosos. Otros no pueden llegar a fin de mes.

“Ahora mismo estamos realmente en bancarrota”, dijo Jacob Gooch Sr., otro sobreviviente, quien fue herido en el pie y aún no ha podido volver a trabajar.

“Estamos, como, agotando nuestra tercera tarjeta de crédito”.

Como es común después de tiroteos masivos, en esta ciudad de Missouri surgió un abanico de recursos nuevos y establecidos prometiendo ayuda. Entre ellos, el fondo #KCStrong creado por United Way of Greater Kansas City, que se espera comience a pagar a las víctimas a finales de junio.

Los sobrevivientes deben navegar cada oportunidad para solicitar ayuda lo mejor que puedan, y esperar que el dinero llegue.

GoFundMe, desconocidos generosos y una nueva línea de crédito

Tradicionalmente, son las mamás quienes mantienen las facturas organizadas. Apiladas sobre el microondas. En una cartera. En capturas de pantalla guardadas en el celular. Y luego hay un laberinto de papeleo: el formulario de compensación para víctimas del estado de Missouri tiene cinco páginas, incluidas las instrucciones. Son otras seis páginas para la ayuda de United Way.

Emily Tavis mantiene pilas de papeleo con diferentes clips de colores en su sótano: negro para su pareja, Gooch Sr.; azul para su hijastro, Jacob Gooch Jr.; rosa para ella misma. Los tres fueron heridos de bala en el desfile.

Tavis pudo volver a caminar después que una bala atravesara su pierna y consideró rechazar el viaje en ambulancia porque estaba preocupada por el costo; en ese momento no tenía seguro.

Gooch Sr. no podía caminar porque le habían disparado en el pie. Así que compartieron una ambulancia al hospital con dos de sus hijos.

“No voy a pagar por esta m…. No pedí esta vida”, recordó Tavis, riendo. Pronto se dieron cuenta que el joven Gooch Jr., de 14 años, también tenía una bala en el pie.

Tavis y Gooch Sr. recibieron facturas separadas de $1,145 por la ambulancia. Gooch Jr. no, posiblemente porque tiene cobertura de salud a través de Medicaid, dijo Tavis.

Ella envía las facturas médicas a la compensación para víctimas, un programa para ayudar con las pérdidas económicas derivadas de un crimen, como los gastos médicos y los salarios perdidos. Aunque Tavis y Gooch viven en Leavenworth, Kansas, su compensación proviene del programa en Missouri, donde ocurrió el tiroteo.

El programa paga solo por pérdidas económicas no cubiertas por como el seguro de salud, donaciones y recaudaciones de fondos colectivas. Gooch Sr. y Jr. tenían cobertura médica al momento del desfile, por lo que la familia ha estado enviando solo la porción no cubierta a la compensación para víctimas.

Al principio, la familia recibió mucho apoyo. Amigos y familiares se aseguraron de que tuvieran siempre comida. El fundador de un grupo en línea de fanáticos de los Kansas City Chiefs envió $1,000 y regalos para la familia. Una página de recaudó $9,500. Y su reembolso de impuestos ayudó.

Con Gooch Sr. sin poder trabajar sabían que el dinero podía comenzar a faltar, así que pagaron tres meses de alquiler por adelantado. También gastaron en el arreglo de su Ford Escape para que eventualmente pudiera volver a trabajar y compraron un Honda Accord usado para que Tavis pudiera conducir al trabajo, al que volvió 12 días después del desfile.

Y como las donaciones estaban destinadas a toda la familia, decidieron comprar pases de verano para el parque de diversiones Worlds of Fun para los niños.

Pero recientemente, han estado apretados. Los pagos por discapacidad a corto plazo de Gooch Sr. dejaron de llegar abruptamente en mayo cuando su seguro de salud le pidió que viera a un médico de la red. Dijo que el plan de discapacidad a corto plazo inicialmente no aprobó el papeleo de su nuevo médico y comenzó una investigación. El problema se resolvió en junio y espera recibir pagos retroactivos pronto. Mientras tanto, la pareja solicitó una nueva tarjeta de crédito para cubrir sus facturas.

“Definitivamente hemos estado robando a Pedro para pagar a Pablo”, dijo Tavis.

Idealmente, el dinero que llegue de United Way, la compensación para víctimas y, esperan, el pago retroactivo por discapacidad a corto plazo, será suficiente para pagar sus deudas.

Pero, dijo Tavis, “tienes que hacer lo que tienes que hacer. No vamos a quedarnos sin luz”.

En espera del pago de United Way a fines de junio

Con cada tiroteo masivo, inevitablemente fluyen donaciones para los sobrevivientes, “como la mantequilla con la mermelada, porque la gente quiere ayudar”, dijo Jeff Dion, director ejecutivo del , una organización sin fines de lucro que ha ayudado a muchas comunidades a gestionar esos fondos.

Dijo que, típicamente, se tarda unos cinco meses en distribuir el dinero de estos grandes fondos comunitarios. Las víctimas pueden recibir dinero antes si su comunidad tiene un plan para estos tipos de fondos antes de un tiroteo masivo.

Los fondos también pueden adelantar dinero a personas con necesidades financieras urgentes que seguramente calificarán.

United Way colgó pancartas con los colores de los Chiefs en la Union Station de Kansas City con su campaña #KCStrong en los días posteriores al tiroteo. Impulsado por grandes donaciones del equipo, la NFL, el mariscal de campo Patrick Mahomes, otros individuos y empresas locales, finalmente recaudó más de $1.8 millones.

La promesa de un gran pago ha mantenido la esperanza de los heridos, incluso cuando a muchos los confundió el proceso. Algunas personas entrevistadas para esta historia no quisieron decir nada negativo, temiendo que pudiera afectar su asignación.

Los funcionarios de United Way anunciaron en abril que las donaciones se cerrarían a fin de mes. El 1 de mayo, la organización publicó un aviso diciendo que emitiría “formularios de reclamación” y que la Oficina del Fiscal del condado de Jackson estaba ayudando a verificar a las víctimas del tiroteo. La junta de fideicomisarios de la filial de United Way planea reunirse el 26 de junio para determinar las asignaciones, con los pagos llegando tan pronto como el 27 de junio.

Kera Mashek, vocera de United Way of Greater Kansas City, dijo que los pagos se harán a 20 de los 24 sobrevivientes del tiroteo. Los otros cuatro no pudieron ser verificados como víctimas o rechazaron los fondos, dijo. Agregó que los solicitantes no incluyen a las 67 personas que los fiscales dicen fueron pisoteadas en el tumulto.

Pendiente de la aprobación de la junta, el dinero también se distribuirá a 14 grupos comunitarios que apoyan iniciativas de no violencia, preocupaciones de salud mental y socorristas, dijo Mashek.

Ante las críticas de que United Way no se comunicó bien con las víctimas, Mashek dijo que intentaron responder de manera oportuna.

“Hemos tratado de mantener esta línea de comunicación abierta lo más rápido posible y la mayoría de la gente ha sido muy paciente”, dijo. “Creo que estarán muy agradecidos y, creo, gratamente sorprendidos con la cantidad de fondos que recibirán”.

Otros recursos disponibles

Abigail Arellano no había oído hablar de la compensación para víctimas, lo cual es común. Una de la Alliance for Safety and Justice encontró que el 96% de las víctimas no recibían ese apoyo y muchas no sabían que existía.

Arellano y su esposo, Antonio, no fueron al desfile, pero también han tenido gastos médicos. Antonio ha estado yendo a terapia en un centro de salud local para ayudar con la tarea estresante de guiar a su hijo a través del trauma. Ha sido útil. Pero ha estado pagando unos $125 de su bolsillo por cada sesión, dijo, y las facturas se están acumulando.

Una de las hermanas de Samuel creó un que recaudó $12,500, y Abigail dijo que ayudó que la familia compartiera su historia públicamente y que Abigail se pusiera en contacto para ayudar a otros en la comunidad latina afectada por el tiroteo.

De hecho, fue Abigail quien conectó a Sarai Holguín, de 71 años, con el consulado de México en Kansas City. El consulado, a su vez, ayudó a Holguín a registrarse como víctima oficial del tiroteo, lo que le permitirá recibir asistencia de United Way. Las facturas de Holguín ahora incluyen una cuarta cirugía, para quitar la bala alojada cerca de su rodilla con la que había hecho las paces de “vivir para siempre”, hasta que comenzó a sobresalir a través de su piel.

Alivio “generoso y rápido” para las víctimas

Varios sobrevivientes se sintieron aliviados y agradecidos de recibir fondos de un grupo menos conocido y no confesional llamado “”.

El día después del tiroteo, Gary Kendall, quien dirigía una organización cristiana sin fines de lucro llamada “Love KC”, comenzó una cadena de mensajes de texto a las 6 am con líderes de la ciudad y grupos de fe, y eventualmente recibió promesas de $184,500. (Love KC ahora se ha fusionado con otra organización sin fines de lucro, “Unite KC”, que está distribuyendo sus fondos).

El primer pago fue para la familia de la popular DJ Lisa López-Galván, de 43 años y con dos hijos, quien fue la única fatalidad durante el tiroteo del desfile. Unite KC pagó $15,000 en sus gastos de entierro.

Unite KC gastó $2,800 para que James y Brandie Lemons pudieran recuperar su seguro de salud porque James no podía trabajar. Unite KC también pagó $2,200 de su bolsillo por los costos quirúrgicos cuando James decidió que le quitaran la bala de su pierna.

“Lo aprecio”, dijo un emocional James Lemons. “No tienen que hacer esto, abrir sus corazones sin razón”.

Erika Nelson estaba luchando para pagar los gastos de su casa, y tuvo que tomarse tiempo libre de su trabajo de atención médica a domicilio para llevar a su hija herida, Mireya, de 15 años, a las citas médicas. Mireya recibió , y se está recuperando.

Una página de creada por la mejor amiga de Nelson recaudó alrededor de $11,000, pero fue congelada después que Nelson intentara ingresar a la cuenta y GoFundMe pensó que estaba siendo hackeada. Temía que cortaran la luz en su apartamento por las facturas de electricidad no pagas y estaba desesperada.

“Estoy luchando con, ya sabes, comestibles”, dijo Nelson. “La gente decía, ‘Oh, ve a los bancos de alimentos’. Bueno, los bancos de alimentos no están abiertos en los momentos que puedo salir. No puedo simplemente irme del trabajo para ir a un banco de alimentos”.

Después de reunirse con Gary Kendall, Nelson recibió dinero para pagar tres meses de renta y servicios públicos, alrededor de $3,500.

“Un peso menos sobre mis hombros. Quiero decir, sí. De una gran forma”, susurró. “Porque nunca sabes. Nunca sabes qué puede pasar en dos días, cinco días, dos semanas, dos meses”.

Recientemente, la familia de Samuel Arellano se conectó con Unite KC, que pagará su factura de ambulancia, una de las cuentas del hospital y algo de terapia, por un valor de unos $6,000. La factura por el traslado inicial a la sala de emergencias era de aproximadamente $20,000, dijeron sus padres, pero el hospital se mostró reacio a enviarla y finalmente cubrió el costo.

Y Unite KC también tiene la intención de pagar una factura de tarjeta de crédito de $1,300 para Emily Tavis y Jacob Gooch Sr.

Hasta ahora, Unite KC ha distribuido $40,000, y espera conectarse con más de las familias heridas, con la esperanza de ser tan “generosos y rápidos como podamos”, dijo Kendall. United Way será como un “ráfaga” de alivio para las víctimas, agregó, pero su grupo apunta a algo diferente, más como una fogata que arda durante el próximo año.

“Estamos de acuerdo en que esto es algo horrible que sucedió. Es un triste estado de la humanidad pero es una parte real”, dijo. “Así que queremos recordarles que Dios no los ha olvidado. Y que aunque permitió esto, no los ha abandonado. Creemos que podemos ser como una extensión de su amor para estas personas”.

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Otros conductores se detuvieron, rompieron la ventana del auto y lo llevaron a un lugar seguro. Un bombero voluntario que pasaba por allí le practicó reanimación cardiopulmonar hasta que llegó una ambulancia que trasladó a Masterson al hospital UPMC Mercy.

Pasó 18 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 14 de ellos conectado a un ventilador. Desarrolló delirio, una condición común en terapia intensiva, y necesitó medicamentos antisicóticos. A pesar de tener una sonda de alimentación, perdió peso. “Sinceramente, no estábamos seguros de que fuera a sobrevivir”, dijo Ron Dedes, su cuñado.

Pero sobrevivió. Masterson fue dado de alta el 1 de febrero y regresó a casa con apoyo familiar casi constante. Trabajando con varios tipos de terapeutas, ha recuperado la capacidad de caminar, aunque aún tiene debilidad, y puede ocuparse de su cuidado personal. Su habla, que antes era confusa, ha mejorado notablemente. Puede prepararse un sándwich.

Ahora, “nuestra mayor preocupación es su memoria”, dijo Dedes. Masterson, quien hasta hace poco manejaba asuntos legales complejos, olvida conversaciones y eventos que ocurrieron unas horas antes, explicó Patti Dedes, su hermana. Aún no puede usar un microondas ni hacer una llamada telefónica.

En una entrevista, se describió a sí mismo, con precisión, como “mucho, mucho mejor de lo que estaba”, pero se equivocó al decir su edad. Las pruebas de evaluación tras el alta indicaron deterioro cognitivo y depresión.

Entre los médicos de cuidados críticos, los síntomas prolongados como los suyos se conocen como “síndrome post-cuidados intensivos” o PICS (por sus siglas en inglés). Las secuelas pueden ser físicas o psicológicas, además de cognitivas, y pueden durar meses o años.

son admitidas cada año en terapias intensivas en unos 5.000 hospitales en Estados Unidos, y las investigaciones muestran que secundarios. La edad avanzada aumenta las probabilidades.

Los pacientes y sus familias suelen sorprenderse por estas dificultades persistentes. “La creencia es que saldrán del hospital y en dos o tres semanas volverán a la normalidad”, dijo Brad Butcher, quien fue el doctor de Masterson y en la revista médica JAMA. “Eso no se corresponde con la realidad”.

De hecho, con un mayor uso de las UCI y mejores tratamientos, la población que puede enfrentar este síndrome está creciendo. La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (Society of Critical Care Medicine, SCCM) estima que a la terapia intensiva.

“Todos están agradecidos de que el paciente haya sobrevivido”, dijo Lauren Ferrante, doctora en cuidados críticos pulmonares e investigadora en la Facultad de Medicina de Yale (Yale School of Medicine). “Pero ese es solo el comienzo de un largo camino de recuperación”. En un estudio de pacientes de 70 años o más, del que fue coautora, dentro de los seis meses posteriores al alta solo alrededor de la mitad .

Los pacientes de cuidados intensivos enfrentan . Los síntomas del PICS van —debilidad, dolor, neuropatía (hormigueo en brazos y piernas) y desnutrición— , principalmente ansiedad y depresión. Las como las de Masterson son comunes, incluidos problemas de memoria, atención y concentración, y lenguaje.

“Para muchas personas, sobrevivir a una enfermedad crítica es una experiencia que cambia la vida”, afirmó Butcher. Los pacientes en cuidados intensivos después de cirugías de emergencia o programadas también presentan físicos, mentales y cognitivos un año después.

Los mismos tratamientos intensivos que salvan vidas contribuyen al síndrome. Los pacientes en cuidados intensivos “tienen algún tipo de falla grave de órganos que requiere atención inmediata” y monitoreo constante, explicó Carla Sevin, doctora en cuidados críticos pulmonares que dirige el Centro de Recuperación de UCI en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Eso puede implicar un tubo de respiración conectado a un ventilador, lo que a su vez suele requerir medicamentos sedantes. La sedación “puede provocar delirio, y el delirio es el factor clave en los síntomas cognitivos”, dijo Butcher.

Tampoco ayuda que los pitidos constantes de los monitores y la iluminación brillante las 24 horas interrumpan el sueño, ni que las restricciones en las visitas familiares priven a los pacientes de rostros y voces tranquilizadoras.

Gregory Matthews, un contador jubilado en St. Petersburg, Florida, pasó casi un mes en una UCI tras un trasplante de pulmón en 2014. Aún recuerda con claridad sus alucinaciones, incluidas imágenes de ratones corriendo por la pared y alguien intentando incriminarlo por tráfico de drogas.

“Un día, pensé que un doctor era un asesino; podía ver el rifle”, dijo Matthews, ahora de 80 años. “Así que salté de la cama”, contó, y se arrancó las vías intravenosas. El personal tuvo que sujetarle los brazos durante varios días.

Pero la inmovilización también tiene consecuencias, ya que los pacientes pierden rápidamente masa muscular y fuerza. “Nuestros cuerpos no están hechos para estar acostados todo el día”, señaló Ferrante.

En el plano psicológico, “el trastorno de estrés postraumático es bastante común, similar al que se observa en veteranos de combate o sobrevivientes de agresión sexual”, dijo Sevin. Las familias también pueden sufrir ansiedad y depresión junto con los pacientes.

Alarmados por estos hallazgos, médicos y administradores de unos 35 hospitales en Estados Unidos han establecido , donde equipos de doctores, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas (físicos, ocupacionales, cognitivos, del habla) y trabajadores sociales evalúan múltiples condiciones y ayudan a los pacientes a enfrentarlas.

La clínica de Vanderbilt atendió a su primer paciente en 2012. El Centro de Recuperación de Enfermedades Críticas del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh —fundado por Butcher en 2018— trabaja con unos 100 pacientes al año, incluido Masterson. Yale abrió su clínica en 2022.

Estas clínicas aplican seis prácticas recomendadas por la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos que han demostrado reducir de forma significativa los . Las medidas incluyen usar sedación más ligera, hacer que los pacientes se levanten y se muevan antes, evaluar su respiración diariamente para retirar el ventilador más pronto y eliminar restricciones en las visitas familiares.

Las clínicas suelen ofrecer grupos de apoyo para pacientes y familias. Hay evidencia de que llevar un diario de la UCI, en el que pacientes y cuidadores registran sus experiencias, y participar en ejercicio y rehabilitación física después del alta.

También se abordan conversaciones sobre qué otras opciones preferirían los pacientes si enfrentan otra enfermedad crítica, como ocurre con muchos. ¿Aceptarían nuevamente cuidados intensivos y el riesgo de sus secuelas? ¿O elegirían cuidados paliativos, que priorizan la comodidad en lugar de la curación? Algunos pacientes quedan con discapacidades permanentes después de la UCI.

Butcher, aunque señaló que estas nuevas prácticas deben ampliarse mucho más, se mostró optimista sobre el futuro de los cuidados críticos. “Vamos a encontrar mejores herramientas de diagnóstico, mejores estrategias de prevención y mejores tratamientos”, dijo.

Por ahora, sin embargo, la experiencia en la UCI sigue siendo desorientadora y a veces traumática. Cuando Butcher preguntó a 117 pacientes en su clínica post-UCI sobre qué harían en el futuro, muchos querían poner límites a las intervenciones médicas.

Alrededor de un tercio preferiría reducir el nivel de atención agresiva. De ellos, cerca de una cuarta parte optaría por órdenes de “no resucitar” y “no intubar”, y casi el 7% dijo que no querría volver nunca a una UCI.

Masterson sigue trabajando en su recuperación. “No he salido mucho”, dijo. “He estado más bien en casa”. Espera recuperar la fuerza suficiente para volver a correr; antes solía correr entre 3 y 4 millas varias veces por semana.

El futuro de los pacientes con síndrome post-UCI suele depender de su estado físico, mental y cognitivo antes de la hospitalización. La buena condición física previa de Masterson y su trabajo exigente a nivel cognitivo son factores positivos para su recuperación, señaló Butcher.

Su familia oscila entre la esperanza y la preocupación. “Quién sabe cómo estará más adelante”, dijo Dede, su cuñado. “Vamos día a día”.

“The New Old Age” se produce en colaboración con .

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En pocos días, Reynolds estaba tan desesperada que ella y su esposo tuvieron que sujetar físicamente a Jonah para obligarlo a tomar el remedio, echándoselo en la garganta mientras él gritaba de dolor.

“Nos rompió el corazón”, contó Reynolds, que en ese momento vivía en Georgetown, Kentucky. “Y recuerdo que pensé que no debería tener que llegar a eso”.

Reynolds no pudo encontrar un dentista con una cita disponible que pudiera atender a Jonah, que es autista y a menudo se resiste a los exámenes dentales por hipersensibilidad y ansiedad. Durante cinco días, Reynolds llevó a Jonah dos veces a una sala de emergencias cercana, mientras el niño lidiaba con un dolor persistente y fiebre por lo que probablemente fuera un diente infectado con un nervio expuesto.

En la sala de emergencias no había dentistas; las dos veces la familia regresó a casa solo con analgésicos y una bolsa de hielo.

En todo el país, cada vez más niños llegan a las salas de emergencias por problemas dentales prevenibles. Dentistas, higienistas e investigadores atribuyen esa tendencia a la falta de profesionales de odontología pediátrica en zonas rurales y a un deterioro de la higiene bucal desde la pandemia de covid-19.

Decenas de miles de niños terminan en el hospital por emergencias dentales cada año, según Melissa Burroughs, directora sénior de políticas y defensa del paciente de la organización nacional sin fines de lucro CareQuest Institute for Oral Health.

Las visitas a salas de emergencias por problemas dentales no relacionados con lesiones físicas aumentaron en niños menores de 15 años entre 2019 y 2022, según un informe publicado a finales del año pasado por CareQuest.

Los datos locales reflejan esa tendencia nacional.

En el Hospital de Niños de Colorado, en el área de Denver, los casos dentales no traumáticos —como caries o infecciones de encías— atendidos en la sala de emergencias aumentaron un 175% entre 2010 y 2025, según Sarah Bonar, vocera del hospital.

En Kentucky, donde vive Jonah, las visitas de niños a salas de emergencia por problemas dentales aumentaron un 72 % entre 2020 y 2024, según los registros del estado.

Los cambios de política ejecutados por el gobierno de Donald Trump podrían empeorar la tendencia.

La ley de reconciliación presupuestaria federal de 2025 impulsada por el presidente, conocida como One Big Beautiful Bill Act, pidió recortes de miles de millones de dólares a Medicaid, lo que podría obligar a los estados a limitar o eliminar la cobertura dental del programa de salud pública para personas con bajos ingresos o con discapacidades.

Nuevos requisitos de elegibilidad de Medicaid en algunos estados podrían afectar el acceso de los niños a la atención dental, aunque el programa les garantiza esa cobertura. Investigaciones muestran que cuando los padres pierden Medicaid, incluso los niños que mantienen su cobertura tienen más probabilidades de tener y de ir al dentista.

La administración Trump también ha promovido el escepticismo sobre el flúor. muestran que el flúor en el agua potable y los tratamientos tópicos con flúor previenen y reducen de forma importante la caries dental.

En meses recientes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) contra el uso de suplementos de flúor y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) sobre “posibles riesgos para la salud del flúor en el agua potable”.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha llamado al flúor un “” y un “”. Un estudio de 2025 en JAMA Pediatrics vinculó niveles altos de flúor con un coeficiente intelectual más bajo en niños, pero solo con concentraciones del nivel recomendado en el agua potable pública.

, un dentista pediátrico en la University of Washington que estudia la reticencia al flúor, teme que las posturas anti flúor erosionen aún más la confianza en los tratamientos con flúor.

Desde el comienzo de 2026, legisladores en por lo menos 15 estados han presentado proyectos de ley para prohibir o limitar el flúor en el agua potable pública. Utah y Florida se convirtieron en 2025 en los primeros estados en aprobar esas prohibiciones.

“¿Eso va a tener un efecto en las tasas de caries? Absolutamente”, sostuvo Chi.

Aumentan los casos dentales graves

Las dentistas pediátricas Katherine Chin y Chaitanya Puranik dijeron que están atendiendo a más pacientes como Jonah en el hospital infantil de Colorado. Los casos graves también se han vuelto más frecuentes. Puranik agregó que antes, por lo general, veía pacientes con una sola caries, pero ahora a menudo llegan con caries en toda la boca.

Durante la pandemia, muchos consultorios dentales . Además, estudios muestran que los niños también , un factor de riesgo importante para los problemas dentales.

Las caries graves que llevan a la extracción de dientes pueden afectar el y, a veces, causar problemas a largo plazo para o .

Millones de personas viven en zonas de Estados Unidos donde , con pocos dentistas a una distancia razonable en auto. Además, según la American Dental Association, solo atiende a pacientes de Medicaid, debido a las bajas tasas de reembolso, que en promedio son de lo que cobran habitualmente.

Los niños con discapacidades intelectuales o del desarrollo pueden tener aun más dificultades para acceder a atención dental de calidad.

Pocos dentistas generales tienen suficiente formación pediátrica para atender a niños con discapacidades como Jonah, que se agobian con facilidad o necesitan sedación para un examen, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a ���ϳԹ��� News.

tienen necesidades especiales de atención médica, y esos niños tienen de no tener cubiertas sus necesidades dentales. Sus padres también de tener problemas para .

Cuando era más pequeño, Jonah no dejaba que sus papás le cepillaran los dientes. Esto le generó caries en sus dientes de leche, explicó su mamá.

Después de la primera visita de Jonah a la sala de emergencias, Reynolds encontró un dentista general que tenía una cita disponible. Pero, a diferencia de un dentista pediátrico capacitado, dijo, el dentista no supo cómo examinar a Jonah de una forma que él pudiera tolerar y no estaba preparado para sedarlo. Jonah se fue sin tratamiento y pronto, cuando volvió la fiebre, regresó a la sala de emergencias.

Las salas de emergencias rara vez ofrecen soluciones

, pediatra en el condado de Washington, en Maine, aseguró que está viendo “las caries más horribles” en Down East Community Hospital.

Las salas de emergencia a menudo no están preparadas para tratar problemas dentales, explicó Weitz. Como a la que fue Jonah en Kentucky, Down East no tiene dentistas entre su personal. Weitz a menudo termina recetando antibióticos como medida temporal. “Pero un mes después, los pacientes regresan porque la situación vuelve a agravarse”, dijo Weitz.

Como posible solución, estados como Maine y Alaska están proponiendo usar fondos del , dotado con $50.000 millones, para desarrollar la fuerza laboral de salud bucal o crear centros especializados de atención dental que puedan atender mejor y más rápido a niños con necesidades especiales de atención médica.

Pero esas iniciativas no resolverán la pérdida de cobertura que se anticipa por  los recortes a Medicaid.

El año pasado, California otorgó $47 millones en subvenciones estatales para desarrollar o ampliar más de 120 centros odontológicos destinados a atender a pacientes con necesidades especiales de atención médica.

La emergencia dental de Jonah le costó a Reynolds una semana sin trabajar en su empleo como peluquera de perros y a Jonah tres días de tercer grado, además de los cientos de dólares que tuvieron que pagar de su propio bolsillo.

Finalmente, Reynolds encontró a un especialista en cirugía oral que le extrajo el diente. Pero incluso eso salió mal. Cuando Jonah se alteró por el pinchazo de una aguja, el cirujano amenazó con sujetarlo por la fuerza, contó Reynolds. Agregó que el profesional se fue rápidamente después del procedimiento sin darle un diagnóstico claro de qué había causado el dolor de Jonah.

La extracción terminó con el dolor de muelas, pero Reynolds opinó que más profesionales deberían saber cómo manejar casos como el de Jonah, con más sensibilidad hacia las familias.

Cuatro años después, todavía sigue fresco en su memoria el momento en que tuvo que obligar a Jonah a tomar el medicamento para el dolor. “Eso nunca se me va a olvidar”, concluyó Reynolds.

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La inquilina guatemalteca de su amiga, quien no sabía que estaba embarazada, acababa de dar a luz a un bebé prematuro en una casa en Nueva Orleans. Los padres no tenían residencia legal, y la madre se negó a ir al hospital por miedo a ser detenida por agentes de inmigración federales.

“Hay sangre por todos lados, y el bebé está muerto”, recuerda Rosales-Fajardo que le dijo su amiga.

Rosales-Fajardo se puso las sandalias, agarró guantes quirúrgicos y corrió hacia la casa.

Inmigrante de Brasil, Rosales-Fajardo es organizadora comunitaria en Nueva Orleans Este, que concentra una gran comunidad inmigrante. No tiene formación médica formal, pero tiene experiencia asistiendo partos.

Al llegar, observó la habitación. Un niño de 3 años estaba de pie a un lado mientras la madre se sentaba al borde de la cama. El padre sostenía a su hijo recién nacido envuelto en toallas empapadas de sangre; el bebé no respiraba.

“El bebé estaba completamente gris”, dijo después Rosales-Fajardo.

Le limpió la boca y le frotó la espalda antes de hacerle pequeñas compresiones en el pecho y darle respiración boca a boca.

Le dijo a los padres que debía llamar al 911 para que la madre y el bebé recibieran atención en un hospital. El bebé ya había nacido, pero el parto aún no había terminado.

“Le aseguré que iba a estar a salvo, se lo prometí”, dijo Rosales-Fajardo.

El miedo se sentía en la habitación. Aun así, hizo la llamada y continuó con la reanimación. Finalmente, el bebé reaccionó y se movió en brazos de Rosales-Fajardo. Cuando llegó la ambulancia, la madre intentó evitar que su esposo la acompañara, aterrada de que arrestaran a ambos. Él fue de todos modos.

Poniendo la seguridad sobre la salud

“Estas son personas trabajadoras”, dijo Rosales-Fajardo. “Todo lo que hacen es trabajar para mantener a su familia. Pero estuvieron a punto de perder a su hijo por no llamar al 911”.

A casi dos semanas de iniciada la operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) llamada Catahoula Crunch, que comenzó el 3 de diciembre, profesionales de salud y defensores comunitarios en Louisiana y Mississippi reportan un aumento inusual de pacientes inmigrantes que se han salteado citas médicas y muestran altos niveles de estrés.

Según , el DHS había arrestado a más de 250 personas hasta el 11 de diciembre. Aunque las autoridades federales aseguran que están enfocadas en detener a personas con antecedentes penales, la agencia (AP) informó que la mayoría de las 38 personas detenidas en los primeros dos días del operativo en Nueva Orleans no tenían historial criminal.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, las familias inmigrantes en todo el país son más proclives a evitar o posponer la atención médica, en parte por preocupaciones relacionadas con su estatus migratorio, según de KFF y The New York Times.

La encuesta reveló que casi 8 de cada 10 inmigrantes que probablemente estén viviendo en Estados Unidos sin autorización legal dijeron haber experimentado efectos negativos en su salud este año, desde ansiedad y problemas de sueño hasta el empeoramiento de afecciones como presión arterial alta o diabetes.

Las redadas migratorias federales en California, Illinois, Carolina del Norte y ahora en Louisiana y Mississippi agravan las dificultades que estas familias ya enfrentan, como el acceso limitado a servicios, barreras lingüísticas, falta de seguro médico y altos costos.

Esa renuencia a recibir atención, incluso en casos de emergencia, parece justificada en medio de las redadas.

Según la (ACLU, por sus siglas en inglés), los hospitales y centros de salud generalmente deben permitir el acceso de agentes federales a las áreas abiertas al público. En California, este año, agentes federales se han apostado  en , se han presentado en clínicas comunitarias y han custodiado a personas detenidas en .

Incluso ir o volver de una cita médica implica un riesgo, ya que las detenciones durante controles de tránsito son una práctica común de los agentes de migración.

La enfermera Terry Mogilles, del University Medical Center (UMC), dijo que los inmigrantes suelen representar al menos la mitad de los pacientes en su clínica de traumatología ortopédica en Nueva Orleans, muchos con lesiones graves relacionadas con el trabajo en la construcción que requieren cirugía. Pero ahora, Mogilles dijo que muchos de esos pacientes no van a sus citas de seguimiento, a pesar del riesgo de infecciones.

“Llamamos y no logramos comunicarnos”, dijo Mogilles. “Es muy angustiante porque no sabemos qué les está pasando después de la operación”.

El miedo se extiende en el sur

Las autoridades federales informaron que la operación Catahoula Crunch también se lleva a cabo en el sur de Mississippi, aunque la mayoría de los arrestos iniciales ocurrieron en el área metropolitana de Nueva Orleans. Las familias inmigrantes en todo Mississippi se están preparando para lo que se avecina.

Michael Oropeza, director ejecutivo de la organización El Pueblo, que presta servicios a comunidades inmigrantes de bajos ingresos en Biloxi y Forest, dijo que han visto a familias postergar atención médica, cancelar chequeos infantiles y dejar de surtir recetas.

“No es que no valoren su salud; es que no se sienten seguros”, afirmó Oropeza. “Cuando los hospitales y clínicas dejan de ser un lugar seguro, se pierde la confianza que tomó años construir. Puede desaparecer de la noche a la mañana”.

María, una residente de Biloxi originaria de Honduras, contó en español que ella y sus dos hijos han perdido citas médicas rutinarias porque están “aterrados” de salir de casa ante el aumento de la presencia de agentes federales de migración. Su esposo, quien tiene autorización para trabajar en Estados Unidos, fue detenido durante dos meses este año.

Sus hijos son ciudadanos estadounidenses. Antes tenían cobertura de Medicaid, pero María decidió darlos de baja hace tres años por miedo a que el uso de beneficios públicos afectara las solicitudes de residencia de su familia. Ahora pagan la atención médica de sus hijos de su propio bolsillo.

Cuando se sientan seguros de volver a salir, María dijo que su prioridad será buscar atención en salud mental para abordar el estrés que ha vivido su familia.

“Yo necesito visitar un médico definitivamente para que me chequee porque no me siento bien”, dijo, al describir su ansiedad, depresión e insomnio.

En Louisiana, Marcela Hernández, de , una organización sin fines de lucro que brinda ayuda directa a inmigrantes, dijo que muchas de las familias con las que trabaja . Refugiarse en casa y perder días de trabajo solo aumenta el estrés. Hernández contó que recibió 800 llamadas pidiendo comida en solo dos días, de familias que tenían miedo de salir a la calle.

Según la agencia AP, la operación federal en Louisiana y Mississippi . Cuanto más se prolongue, más teme Hernández que comience a haber desalojos, ya que las personas no podrán pagar el alquiler, lo que traumatizaría aún más a una comunidad que a menudo ha tenido que emprender viajes peligrosos para llegar a Estados Unidos, huyendo de situaciones difíciles en sus países de origen.

“No abandonas tu país sabiendo que vas a ser violada en el camino solo porque quieres venir a conocer a Mickey Mouse”, dijo.

Rosales-Fajardo, quien dirige una organización sin fines de lucro llamada El Pueblo NOLA, comentó que muchas familias le cuentan que sus hijos han comenzado a hacerse pis encima por el miedo y el estrés.

A nivel nacional, inmigrantes en situación migratoria irregular han reportado que algunos de sus hijos tienen problemas para dormir o cambios en el rendimiento escolar o en su conducta, según la .

Grupos comunitarios esperan que personas de la comunidad se movilicen para llevar alimentos y productos de higiene a los hogares de inmigrantes, y que profesionales de salud ofrezcan más visitas domiciliarias o por telemedicina.

Como en otros hospitales, las salas de espera del UMC son consideradas espacios públicos, explicó Mogilles. Pero el sindicato de enfermeras pide que el hospital establezca áreas seguras a las que los agentes federales no tengan acceso y políticas claras para proteger al personal de salud que a su vez cuida a los pacientes.

Las citas postoperatorias no pueden realizarse de forma virtual, por lo que los pacientes necesitan sentirse lo suficientemente seguros para venir, explicó Mogilles.

El cuidado prenatal y postnatal también es difícil de ofrecer de forma virtual, lo que pone en riesgo la salud de embarazadas o mujeres que han parido recientemente, explicó Latona Giwa, directora ejecutiva de Repro TLC, una organización nacional de capacitación en salud sexual y reproductiva.

Desde que en septiembre, Giwa dijo que las clínicas y proveedores con los que trabaja reportaron que el 30% de sus pacientes no habían ido a sus citas médicas. Las farmacias reportaron una caída del 40% en la recolección de medicamentos.

“Sabemos que en el manejo de afecciones crónicas, especialmente durante el embarazo, pero también en general, incluso faltar a una sola cita puede afectar el desarrollo de la afección y empeorar los resultados del paciente”, dijo Giwa.

En Louisiana, donde los resultados de salud materna , el temor al arresto podría agravar una crisis que ya se intensificó con la anulación de Roe v. Wade y poner vidas en riesgo. Giwa está especialmente preocupada por las familias con bebés prematuros en la unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU, por sus siglas en inglés).

“Imagínate que tu bebé está en el hospital, tan vulnerable, y tú tienes miedo de ir a verlo y cuidarlo porque temes ser deportada”, dijo, señalando que la salud de un recién nacido depende en parte de la presencia de sus padres.

Esa es la situación que enfrenta la familia guatemalteca en Nueva Orleans.

En un día reciente de diciembre, Rosales-Fajardo actuó como traductora y defensora de la familia durante su primera visita para ver a su hijo en la NICU, en un hospital en la zona norte del lago Pontchartrain. El personal les dijo a los padres que necesitarían hacer ese viaje largo y riesgoso varias veces durante al menos un mes, para brindar contacto piel con piel y leche materna.

Rosales-Fajardo condujo a los padres, quienes tenían miedo de cruzar el puente por su cuenta por temor a ser detenidos. Dijo que seguirá llevándolos las veces que sea necesario.

“Cuando ven a alguien hispano manejando o algo así, ya les parece sospechoso”, dijo sobre los agentes federales.

Pero el bebé está a salvo y saludable. Y los padres nombraron a Rosales-Fajardo como su madrina.

Gwen Dilworth de Mississippi Today y Christiana Botic de Verite News colaboraron con este artículo.

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El gobierno de Trump, que ha prometido “transparencia radical”, afirmó en un documento de que planea publicar el “resumen de proyectos” de los estados que obtengan fondos. Siguiendo el ejemplo de los reguladores federales, muchos estados ocultan sus solicitudes completas, y algunos se han negado a revelar cualquier detalle.

“Seamos claros”, dijo Alan Morgan, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Salud Rural (NRHA, por sus siglas en inglés). “Los directores de hospitales, los administradores de clínicas, los líderes comunitarios: todos van a querer saber qué están haciendo sus estados”.

Entre los miembros de la NRHA se incluyen hospitales y clínicas rurales con dificultades económicas, a los que prometieron beneficiar con el Programa de Transformación de la Salud Rural del gobierno de Trump.

Morgan señaló que sus miembros están interesados en saber qué proponen los estados, qué ideas son aprobadas o rechazadas y cuáles son sus justificaciones presupuestarias, que explican cómo podría gastarse el dinero.

Mejorar la atención médica rural es una “tarea increíblemente complicada y difícil”, afirmó Morgan.

El Programa de Transformación de la Salud Rural, con una duración de cinco años, fue aprobado por el Congreso en una ley —la llamada One Big Beautiful Bill Act— que también reduce drásticamente el gasto de Medicaid, del cual dependen en gran medida los proveedores de salud en zonas rurales. Este programa está siendo observado con atención porque representa una inyección muy necesaria de fondos, aunque con la condición impuesta por el gobierno de Trump de que el dinero se utilice en ideas transformadoras y no simplemente para mantener a flote a hospitales rurales en crisis.

La ley indica que la mitad de los $50.000 millones se dividirá en partes iguales entre todos los estados con una solicitud aprobada. El resto se distribuirá en base a un sistema de puntos. , $12.500 millones se asignarán en función del nivel de “ruralidad” de cada estado. Los otros $12.500 millones se otorgarán a estados que obtengan en iniciativas y políticas alineadas, en parte, con los objetivos del gobierno de Trump bajo el lema “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” ().

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha prometido en repetidas ocasiones abrir el gobierno al pueblo estadounidense. Su agencia tiene una dedicada a la “transparencia radical”.

“Estamos trabajando para que este sea el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) más transparente en sus 70 años de historia”, en un testimonio escrito al Congreso en septiembre.

Lawrence Gostin, profesor de derecho en salud pública en la Universidad Georgetown, dijo que el HHS está actuando “de manera totalmente opaca” y que el público tiene derecho a exigir “mayor apertura y claridad”. Sin transparencia, agregó, la población no puede evaluar las responsabilidades de esa agencia.

Catherine Howden, vocera de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo que la agencia seguirá las regulaciones federales que rigen los al publicar información sobre el programa de salud rural.

Las solicitudes de subvención “no se hacen públicas durante el proceso de evaluación por méritos”, dijo Howden, y agregó: “El propósito de esta política es proteger la integridad de las evaluaciones, la confidencialidad de los solicitantes y la naturaleza competitiva del proceso”.

Demócratas y algunos defensores de la atención de salud temen que las decisiones sobre la distribución del dinero tengan motivaciones políticas.

“Me preocupan las represalias políticas”, dijo la representante Nikki Budzinski, demócrata de Illinois. Como los demócratas controlan la política de nuestro estado, “nuestra solicitud podría no ser tomada tan en serio como la de otros estados liderados por republicanos”, agregó.

En noviembre, los legisladores demócratas de Illinois en la Cámara de Representantes enviaron al administrador de los CMS, Mehmet Oz, solicitando una “evaluación justa e integral” de la solicitud estatal. Las autoridades de Illinois aún no han comunicado su propuesta a ���ϳԹ��� News, que presentó una solicitud de registros públicos.

Heather Howard, profesora en la Universidad de Princeton, dijo que le “sorprende gratamente la transparencia de muchos estados”.

Howard dirige el programa State Health and Value Strategies de la universidad, que el fondo de salud rural, y elogió a la mayoría de los estados por publicar sus resúmenes del proyecto.

“Esto demuestra el enorme interés que despierta el programa”, dijo Howard.

Su equipo, que revisó cerca de dos docenas de resúmenes estatales, identificó temas comunes como la expansión de servicios móviles y a domicilio, mayor uso de tecnología, y desarrollo de la fuerza laboral con becas, bonos por contratación y ayuda para cuidado infantil en puestos de alta demanda.

“Creo que es emocionante”, dijo Howard. “Considero muy valioso lo que podemos aprender de estas propuestas”.

Howard señaló que las solicitudes de Georgia y Alabama incluían el uso de telerrobótica: una propuesta para utilizar robots para realizar ecografías remotas.

Otro tema que “me entusiasma”, dijo, es el esfuerzo de los estados por crear grupos o comités asesores, como en Idaho, donde se espera que los grupos de trabajo se enfoquen en tecnología, desarrollo de fuerza laboral, colaboración con comunidades indígenas, y salud mental y conductual.

Los 50 estados presentaron sus solicitudes a los reguladores federales antes de la fecha límite del 5 de noviembre, y las resoluciones se anunciarán antes de que termine el año, según los CMS.

Hasta finales de noviembre, casi 40 estados habían hecho público su resumen del proyecto, que es la parte principal de la solicitud donde se describen las iniciativas propuestas, según un seguimiento de ���ϳԹ��� News. Más de una docena de estados también publicaron sus presupuestos.

Un pequeño grupo de estados —Idaho, Iowa, Kansas, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Wyoming— publicó todos los componentes de la solicitud.

���ϳԹ��� News presentó solicitudes de registros públicos para obtener las peticiones completas de los estados. Algunos se negaron a entregar cualquier parte de sus materiales.

Nebraska, por ejemplo, rechazó la solicitud argumentando que su contenido es “información comercial o propietaria” que “podría beneficiar a competidores comerciales”.

Kentucky compartió el resumen de su solicitud, pero indicó que el resto es un “borrador preliminar” no sujeto a divulgación bajo las leyes estatales.

Erika Engle, vocera del gobernador de Hawaii, Josh Green, dijo que el gobernador “está comprometido con la transparencia”, pero se negó a compartir la propuesta del estado.

Hawaii y otros estados aún están procesando solicitudes formales de registros públicos.

Este programa de salud rural forma parte de la ley aprobada en julio que se prevé que reducirá el gasto federal de Medicaid en zonas rurales en durante los próximos 10 años.

Se espera que estos recortes afecten las finanzas de centros rurales, poniendo en riesgo su capacidad para seguir operando. Un informe reciente de Commonwealth Fund reveló que muchas áreas rurales siguen a atención primaria. Pero las normas del programa de salud rural indican que solo el 15% de los nuevos fondos puede utilizarse para pagar atención directa a los pacientes.

Entre los recortes a Medicaid y la nueva inversión del programa, “hay una verdadera oportunidad para que las políticas nacionales tengan un impacto en las zonas rurales, tanto de forma negativa como positiva”, señaló Celli Horstman, investigadora principal de la fundación en Nueva York y coautora del informe.

Entre las propuestas disponibles al público, los estados con gobiernos demócratas muestran disposición para apoyar algunos de los objetivos del gobierno, aunque también rechazan otros, lo cual podría restarles puntos.

Por ejemplo, Nuevo México indicó que presentará una ley para que los estudiantes tomen la Prueba Presidencial de Aptitud Física (Presidential Fitness Test) y que los médicos realicen cursos de educación continua sobre nutrición. Pero no impedirá que las personas usen sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar productos “no nutritivos” como sodas o dulces.

Muchos estados planean invertir en tecnología, como telesalud, ciberseguridad y equipos para monitoreo remoto de pacientes. Otros temas incluyen mejorar el acceso a alimentos saludables, fortalecer los servicios de emergencia, prevenir y tratar enfermedades crónicas, y recurrir a trabajadores comunitarios de salud y paramédicos para visitas domiciliarias.

Algunas propuestas específicas incluyen:

• Arkansas quiere gastar $5 millones en su programa “FAITH” —Acceso, Transporte y Salud Basados en la Fe— para que instituciones religiosas rurales organicen eventos de educación y pruebas preventivas. También se instalarían circuitos para caminar y equipos de ejercicio en las congregaciones.
• Alaska, que históricamente ha usado trineos de perros para entregar medicamentos en zonas remotas, quiere probar el uso de “sistemas aéreos no tripulados” para agilizar la entrega de medicinas.
• Tennessee quiere aumentar el acceso a actividades saludables con inversiones en parques, senderos y mercados agrícolas.
• Maryland propone abrir mercados móviles e instalar refrigeradores y congeladores para facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables que suelen dañarse en zonas rurales con pocos supermercados.

El senador estatal Stephen Meredith, un republicano que representa una parte del oeste de Kentucky, dijo que espera que los hospitales rurales sigan cerrando, pese al programa estatal.

“Creo que estamos tratando los síntomas sin curar la enfermedad”, señaló después de escuchar una .

Morgan, cuya organización representa a hospitales rurales que probablemente cerrarán, dijo que las ideas del estado pueden sonar bien.

“Uno puede escribir una narrativa que suene maravillosa”, afirmó. “Pero traducir esas metas aspiracionales en un programa funcional, eso es más difícil”.

Los reporteros de ���ϳԹ��� News, Phil Galewitz, Katheryn Houghton, Tony Leys, Jazmin Orozco Rodriguez, Maia Rosenfeld, Bram Sable-Smith y Lauren Sausser contribuyeron con este artículo.

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La hija de Silva tenía Medicaid, que supuestamente cubría el costo de las ambulancias. Pero una de las tres compañías que operaron ese día, Northglenn Ambulance, una empresa pública que había sido adquirida por , envió la factura de Silva a un cobrador de deudas. Era de $2.181,60, pero con los costos judiciales y los intereses aumentó a más de $3.000, según consta en los registros judiciales.

La maestra de preescolar no pudo pagar, y el cobrador embargó el salario de Silva.

“Nos atrasó muchísimo con las facturas: la casa, la luz, el teléfono, la comida de los niños”, contó Silva, cuya hija se recuperó completamente del accidente de 2015. “Nos quitó todo”.

Algunos legisladores estatales buscan reducir facturas como la que recibió Silva: cuentas sorpresa por traslados terrestres en ambulancia.

Cuando una compañía de ambulancias cobra más de lo que una aseguradora está dispuesta a pagar, los pacientes pueden terminar con una factura enorme de la que no tienen escapatoria.

Los estados intentan cubrir el vacío dejado por la ley federal , que cubre las ambulancias aéreas, pero no los servicios terrestres, incluyendo las ambulancias que viajan por carretera y agua.

Este año, Utah y Dakota del Norte se unieron a que han aprobado protecciones contra las facturas sorpresa por este tipo de traslados.

Esas protecciones suelen incluir el establecimiento de un mínimo que las aseguradoras deben pagar si alguno de sus afiliados necesita transporte. Pero el punto de fricción es dónde establecer ese límite. La legislación en Colorado y Montana se estancó este año debido a la preocupación de los legisladores de que obligar a las aseguradoras a pagar más resultaría en mayores costos de cobertura médica para todos.

Las facturas sorpresa de ambulancias son un componente más de un sistema de salud que sistemáticamente endeuda a los estadounidenses, agobiando sus finanzas, impidiéndoles acceder a la atención médica y aumentando las disparidades raciales, como informó ���ϳԹ��� News.

“Si las personas dudan en llamar a la ambulancia por temor a sufrir una gran carga financiera para su familia, significa que tendremos víctimas de accidentes cerebrovasculares que no llegarán al hospital a tiempo”, expresó , directora de campañas de atención médica en PIRG, un grupo nacional de defensa del consumidor. “Significa que esa persona que teme un ataque cardíaco no llamará”.

El No Surprises Act, promulgado por el presidente Donald Trump en 2020, establece que, para la mayoría de los servicios de emergencia, a los pacientes se les puede facturar por la atención fuera de la red solo el mismo monto que se les habría facturado si estuvieran dentro de ella. Al igual que los médicos u hospitales, las compañías de ambulancias pueden tener contratos con aseguradoras, lo que las convierte en parte de la red. Las que no lo hacen, permanecen fuera de la red.

Pero a diferencia de cuando se programa una cita con un médico o se planifica una cirugía, un paciente generalmente no puede elegir la compañía de ambulancias que responderá a su llamada al 911. Esto significa que puede recibir grandes facturas fuera de la red.

Los legisladores federales postergaron la inclusión de las ambulancias terrestres, en parte debido a la variedad de modelos de negocio —desde empresas privadas hasta departamentos de bomberos voluntarios— y a la falta de datos sobre el costo de los traslados.

En cambio, el Congreso creó que emitió recomendaciones el año pasado. Su conclusión general —que los pacientes no deberían verse atrapados en el fuego cruzado entre proveedores y aseguradoras— no fue controvertida ni partidista. En Colorado, destinada a ampliar las protecciones contra facturas sorpresa de ambulancias recibió el visto bueno unánime de ambas cámaras legislativas.

Colorado ya había aprobado que protegía a las personas de facturas sorpresa de compañías privadas de ambulancias. Esta nueva medida buscaba brindar protecciones similares contra las facturas de los servicios públicos de ambulancia y para los traslados entre hospitales.

“Sabíamos que contaba con apoyo bipartidista, pero hay quienes votan en contra de todo”, dijo gratamente sorprendida , representante estatal demócrata.

Una sorpresa menos agradable llegó después, cuando el gobernador Jared Polis, también demócrata, la vetó, alegando temor a que aumentaran las primas.

Los estados tienen un margen de maniobra limitado en este tema, ya que las leyes estatales solo se aplican a los planes de salud regulados por el estado.

Esto deja fuera a muchos trabajadores. Según una de 2024 realizada por KFF, el 63% de las personas que trabajan para empleadores privados y obtienen seguro médico a través de sus empleos tienen , que no están regulados por el estado.

“Por eso necesitamos una ley federal de protección de ambulancias, incluso si aprobáramos 50 leyes estatales”, dijo Kelmar.

Según datos de la oficina del secretario de estado de Colorado, los únicos grupos de presión al proyecto de ley fueron Anthem y UnitedHealth Group, además de las subsidiarias de UnitedHealth, Optum y UnitedHealthcare.

En mayo, tan pronto como finalizó la sesión legislativa, , director ejecutivo de la Colorado Association of Health Plans, un grupo comercial que representa a las compañías de seguros médicos del estado, envió solicitando su veto, con una estimación de que la legislación provocaría un aumento del 0,4% en las primas.

El proyecto de ley de Colorado establecía que los gobiernos locales, como ciudades, condados o distritos especiales, fijarían las tarifas.

“Estamos en una situación mucho mejor al no tener entidades locales que fijen sus propias tarifas”, declaró McFatridge a ���ϳԹ��� News.

Jack Hoadley, profesor emérito de investigación de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown, afirmó que no está claro si las leyes estatales aprobadas en otros estados están aumentando las primas, o en qué medida. Hoadley agregó que se espera que el estado de Washington presente un análisis del impacto de su ley en un par de años.

La asociación nacional de compañías de seguros se negó a comentar para este artículo. En su lugar, la Association of Health Insurance Plans (AHIP) remitió cartas que sus líderes presentaron a legisladores de , y este año, oponiéndose a las medidas de cada estado para establecer tarifas base para ambulancias.

Los líderes de la AHIP describieron las propuestas como precios inflados, impuestos por el gobierno, que reducirían la posibilidad de que las aseguradoras negocien precios justos. En última instancia, advirtió la asociación, los mínimos propuestos aumentarían los costos de la atención médica.

En Montana, los legisladores un reembolso mínimo para ambulancias terrestres del 400% de lo que paga Medicare, o una tarifa local fija, si hay alguna. La propuesta fue patrocinada por dos republicanos y respaldada por las compañías de ambulancias. Las aseguradoras de salud presionaron con éxito en contra, argumentando que el precio era demasiado alto.

Sarah Clerget, lobista que representa a la AHIP, declaró a los legisladores de Montana en una audiencia legislativa que ya es difícil lograr que las compañías de ambulancias se integren a la red de las aseguradoras, “porque la gente va a necesitar atención de ambulancia independientemente de si su compañía de seguros la cubre”.

Agregó que la propuesta estatal dejaría a quienes pagan la cobertura médica con la carga del nuevo precio.

“A nadie le gusta que nuestras tarifas de seguro se modifiquen”, declaró el senador estatal republicano durante una reunión legislativa mientras un comité archivaba el proyecto de ley. Comparó el mínimo propuesto con un mandato que podría llevar a que las personas tengan que pagar más por la cobertura médica de un servicio importante, pero a la vez especializado.

El gobernador de Colorado se centró de forma similar en las primas. Polis afirmó en su que la legislación habría aumentado las primas entre 73 centavos y $2,15 por miembro al mes.

“Estoy de acuerdo en que subsanar esta deficiencia en la aplicación de la ley es crucial para que la gente ahorre dinero en atención médica”, escribió. “Sin embargo, en mi opinión, esos ahorros van a compensarse con el aumento de las primas”.

, directora de políticas de la Colorado Consumer Health Initiative, que apoyó el proyecto de ley, afirmó que incluso si las primas aumentaran, los habitantes de Colorado podrían aceptar el cambio. Después de todo, remarcó, estarían cambiando la amenaza de una gran factura de ambulancia por el precio de media taza de café al mes.

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Él y otro transeúnte la colocaron boca arriba y le revisaron el pulso (débil) y la respiración (superficial y errática). Luego la mujer dejó de respirar por completo. Al darse cuenta de que podría estar sufriendo un paro cardíaco, Clough comenzó de inmediato a realizar compresiones torácicas, presionando con fuerza y ​​rapidez en el centro del pecho, mientras otras personas llamaban al 911 y corrían a buscar un desfibrilador externo automático (DEA).

A los pocos segundos de recibir la descarga del DEA, la mujer abrió los ojos. Para cuando llegó el equipo de rescate del aeropuerto, unos minutos después, estaba consciente y pudo hablar con los rescatistas.

“No quiero sentirme indefenso nunca”, dijo Clough, quien había volado a Buffalo esa noche en un viaje de trabajo por su puesto de ingeniería en Denver. Tras un incidente varios años antes, en el que no estuvo seguro de cómo ayudar a una mujer que se desmayó en su gimnasio, hizo un curso universitario para certificarse como , alguien que puede brindar intervenciones de soporte vital básico.

La mujer que se desplomó tuvo suerte: perdió el conocimiento en un lugar público donde los transeúntes supieron cómo ayudarla. La mayoría de las personas no tienen tanta suerte. En Estados Unidos, la falta de capacitación y preparación para abordar esta emergencia médica relativamente común contribuye a miles de muertes al año.

Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), en Estados Unidos ocurren más de 350.000 paros cardíacos cada año fuera del ámbito hospitalario. En 9 de cada 10 casos, la persona muere porque la ayuda no llega con la suficiente rapidez.

Cada minuto que pasa sin intervención reduce las probabilidades de supervivencia en un 10%. Pero si alguien recibe inmediatamente reanimación cardiopulmonar y una descarga de DEA, si es necesario, sus probabilidades de supervivencia pueden .

Según la entidad del corazón, menos de la mitad de las personas reciben esa ayuda inmediata. Un paro cardíaco ocurre cuando el corazón se detiene repentinamente, en general debido a un mal funcionamiento del sistema eléctrico cardíaco.

Alrededor del 70% de los paros cardíacos ocurren en el hogar. Pero incluso si alguien se desmaya en un lugar público y se llama a una ambulancia al instante, el personal de emergencia tarda , en promedio, en llegar. En zonas rurales, puede ser mucho más.

Cuando alguien sufre un paro cardíaco, a menudo necesita una descarga eléctrica de un DEA para que su corazón vuelva a latir. Estos dispositivos portátiles analizan el ritmo cardíaco e indican al usuario que administre una descarga, si es necesario, a través de parches colocados en el pecho de la víctima.

Pero aunque muchos estados exigen la disponibilidad de DEA en lugares públicos, como aeropuertos, centros comerciales y escuelas, muchas veces no son fáciles de encontrar.

Un estudio con datos de 2019 a 2022 reveló que, luego de un paro cardíaco en un lugar público, los transeúntes utilizaron un DEA y realizaron resucitación cardiopulmonar (RCP) el 42% de las veces.

El recurso más completo para identificar un DEA es una fundación sin fines de lucro llamada PulsePoint, que ha registrado en el país, según Shannon Smith, su vicepresidenta de comunicaciones. Si se solicita, la organización ayudará a una comunidad a crear su registro de DEA y a conectarlo al servicio de emergencias de la zona en forma gratuita.

PulsePoint lanzó recientemente de DEA para impulsar esta iniciativa.

A través de una , los usuarios con formación en RCP pueden ofrecerse como voluntarios para recibir alertas sobre posibles paros cardíacos en un radio de aproximadamente 400 metros cuando se reciben llamadas del servicio de respuesta a emergencias de la comunidad. La aplicación también identifica los DEA registrados en las cercanías.

“PulsePoint es lo más parecido a un registro nacional que tenemos”, dijo Elijah White, presidente de la división de tecnología de cuidados intensivos de Zoll, un fabricante líder de DEA. La empresa ha proporcionado a PulsePoint la información de ubicación de todos sus DEA. Aun así, PulsePoint solo ha registrado una pequeña parte de los DEA en el país.

“Es solo el comienzo”, expresó White. Otros factores también pueden impedir que los transeúntes intervengan para ayudar. Pueden no tener formación o confianza en la RCP, o temer responsabilidades si algo sale mal.

En general, la responsabilidad no debería ser una preocupación. Los 50 estados y Washington, D.C., cuentan con leyes de “buen samaritano” que si intervienen de buena fe en una emergencia médica.

Sin embargo, la formación puede ser . Un estudio reveló que solo el 18% de las personas informaron haber recibido formación en RCP en los dos años anteriores, un período clave para el mantenimiento de las habilidades. Dos tercios de las personas informaron haber recibido formación en algún momento.

Una forma de impulsar la formación es , y muchos estados exigen que los estudiantes reciban formación en RCP para graduarse.

Sin embargo, aunque el 86% de los estudiantes de secundaria informaron haber recibido algún tipo de entrenamiento, solo el 58% dijo saber cómo aplicar sus habilidades, y una proporción similar afirmó saber usar un DEA.

“Tenemos trabajo por hacer”, dijo Dianne Atkins, cardióloga pediátrica y voluntaria de la AHA desde hace mucho tiempo, quien dijo que garantizar la capacitación en la escuela secundaria es una prioridad absoluta para la entidad.

Otros países han priorizado la capacitación de sus residentes en el uso de DEA y RCP durante muchos años, con cierto éxito.

En Dinamarca, desde la década del 2000, esta capacitación es obligatoria para obtener la licencia de conducir, y los estudiantes de secundaria también deben recibirla. En una encuesta, el 45% de la población declaró haber recibido capacitación en su lugar de trabajo. En el estudio, el 81% de los encuestados del público general declaró haber recibido capacitación en RCP y el 54% en el uso de un DEA.

Noruega entrena en primeros auxilios en escuelas primarias desde 1961 y exige la capacitación en RCP para obtener la licencia de conducir. El declaró haber recibido capacitación en RCP.

En Estados Unidos, hay disponibles, por internet y presenciales, que se completan en solo unas horas. Para alguien que nunca ha aprendido habilidades básicas de soporte vital, la capacitación puede ser reveladora.

Esta reportera, sin formación previa, se sorprendió al descubrir la fuerza y ​​rapidez con la que se debe presionar el pecho de un maniquí para realizar la RCP correctamente: de 100 a 120 compresiones por minuto a una profundidad de al menos 5 cm.

Lo más importante es que la gente común conozca los fundamentos lo suficiente como para “sentirse segura de llamar al 911, y presionar fuerte y rápido el pecho de alguien”, afirmó Audrey Blewer, profesora adjunta de medicina familiar y salud comunitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, quien ha publicado numerosos estudios sobre la RCP por parte de samaritanos, y el uso del DEA. “Eso no requiere una tarjeta de certificación ni formación reciente”.

Durante una emergencia, los operadores del 911 también pueden desempeñar un papel crucial al guiar a las personas en la RCP y el manejo del DEA, explicó David Hiltz, director del programa de voluntarios HeartSafe Communities de la , una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la supervivencia tras un paro cardíaco mediante la formación y la educación.

Phil Clough se ha mantenido en contacto con Rebecca Sada, la mujer que se desplomó en el aeropuerto de Buffalo ese día de junio mientras regresaba a casa de visitar a su hija. Sada, quien no tenía antecedentes de problemas cardíacos antes de sufrir un paro, ahora tiene un desfibrilador automático implantado en el pecho para estabilizar un problema eléctrico en su corazón que no se le había diagnosticado previamente. Ella y su esposo han invitado a Clough a cenar y son amigos para toda la vida, dijo.

Otro cambio que se produjo a raíz del paro cardíaco de Sada: ella y su esposo se certificaron en RCP y DEA.

“Ahora, si necesitáramos ayudar a alguien en el futuro, podríamos hacerlo”, aseguró.

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“La idea es que el dron llegue varios minutos antes que los primeros socorristas”, como un técnico en emergencias médicas o una ambulancia, dijo Daniel Crews, vocero de la oficina del sheriff en el condado de Forsyth, donde se encuentra Clemmons.

La oficina del sheriff está llevando adelante este proyecto en alianza con los servicios de emergencia locales, con el Instituto de Investigación Clínica de la Universidad de Duke y con Hovecon, una empresa de consultoría en drones. “El objetivo final es evitar muertes y aumentar la esperanza de vida de quienes sufren un episodio cardíaco”, dijo Crews.

Cada vez con más frecuencia, en todo el país, las organizaciones de emergencias médicas y  las de seguridad pública están utilizando drones para acelerar la intervención en situaciones en las que cada segundo es importante para salvar vidas. El es una de esas iniciativas.

En Estados Unidos cada año más de personas sufren un paro cardíaco fuera de un hospital, según la Asociación Americana del Corazón (AHA). La mayoría se descompensa estando en su casa y alrededor del 90% muere porque no recibe ayuda inmediata del personal de emergencias médicas o de los transeúntes. Cada minuto que pasa sin intervención médica disminuye las probabilidades de supervivencia en un 10%.

“Nunca hemos podido alcanzar una mejora significativa en el tiempo de atención de los accidentes cardiológicos cuando se producen en entornos privados, y esta tecnología podría ayudarnos a lograr ese objetivo”, dijo Monique Anderson Starks, cardióloga y profesora asociada de Medicina en la Universidad de Duke.

Starks lidera estudios piloto en los condados de Forsyth y James City, en Virginia, que están midiendo si efectivamente la entrega de DEA con drones puede mejorar los tiempos de respuesta al tratamiento. El trabajo está financiado por una subvención de cuatro años de la AHA.

Según un trabajo de 2017, después de una llamada al 911 una unidad de servicios médicos de emergencia necesita un promedio de siete minutos para llegar al lugar. Sin embargo, los tiempos de respuesta varían considerablemente según la región. Y en el caso de las áreas rurales pueden ser muchísimo más largos.

Starks dijo que cree que los DEA entregados por drones podrían reducir el tiempo de intervención en cuatro minutos respecto de lo que tardan los primeros socorristas.

A diferencia de un ataque cardíaco, que ocurre cuando está bloqueado el flujo sanguíneo al corazón, un paro cardíaco sucede cuando este órgano deja de latir, generalmente debido a una arritmia o a un problema eléctrico. El 80% de los paros cardíacos comienzan como ataques cardíacos. La es con resucitación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador.

En el condado de Forsyth, un piloto de drones de la oficina del sheriff escuchará las llamadas al 911. Si sospecha que se está ante un paro cardíaco, el piloto puede despachar el dron incluso antes de que se contacten los servicios de emergencia médica.

El dron, que pesa 22 libras y puede viajar a 60 mph, volará hasta el lugar y se mantendrá a 125 pies de altura antes de bajar un DEA al suelo, ayudado por un dispositivo mecánico.

El DEA imparte instrucciones verbales simples y, desde su puesto, también el operador de la línea 911 podrá ayudar a usar el desfibrilador a cualquier persona sin experiencia que esté cerca. Con el tiempo se espera que haya seis bases de drones en los condados de Forsyth y James City, dijo Starks.

Sin embargo, aunque la tecnología es prometedora y la investigación a menudo ha comprobado que los drones llegan más rápido que los primeros equipos de emergencia, existe poca evidencia concluyente de que mejoren los resultados de los socorristas.

Un y publicado en 2023 por The Lancet comparó los tiempos de respuesta entre drones y ambulancias para casos sospechosos de paros cardíacos en 58 intervenciones que abarcaron una población de alrededor de 200,000 personas.

El estudio llegó a la conclusión de que en el 66,67% de las ocasiones analizadas, los drones llegaron antes que las ambulancias y que esto significó que, en promedio, se anticiparon 3 minutos y 14 segundos.

En Estados Unidos, la mayoría de los programas recién están comenzando. Se está explorando el uso de drones para intervenir en casos de sobredosis de drogas, de traumas mayores y en los rescates a personas que estuvieron en riesgo de ahogarse.

En Florida, el Hospital General de Tampa, el condado de Manatee y los o AFRS, iniciaron un programa en mayo para entregar DEA, torniquetes y que puede revertir la sobredosis de opioides.

El programa inicialmente cubre un área de 7 millas cuadradas y los operadores de los servicios médicos de emergencia (EMS) despliegan los drones, que son monitoreados por pilotos especializados. En 2022, hubo casi 108,000 muertes por sobredosis de drogas en el país, según el .

Hasta principios de julio, el programa de Tampa aún no había enviado ningún dron, explicó Gordon Folkes, fundador y director ejecutivo de AFRS, que desarrolla y despliega sistemas de logística de drones de emergencia.

Una solicitud recibida en junio para que enviaran un dron en un caso por sobredosis no pudo cumplirse por razones climáticas, lo impidió una tormenta violenta, dijo Folkes. En el área de prueba, que cubre aproximadamente a 7,000 residentes, Folkes estima que se podrían desplegar de 10 a 15 drones cada año.

“El punto fuerte de estos sistemas son las áreas suburbanas muy pobladas, como el condado de Manatee, porque los drones tienen la ventaja de poder evitar las congestiones de tráfico”, agregó Folkes.

Hay otros usos para los drones en emergencias médicas. El Departamento de Policía de Nueva York de emergencia a los nadadores que se encuentren en problemas en las playas locales. Además, en Chula Vista, California, un dron de la policía pudo , y eso permitió que los oficiales sacaran al conductor, dijo el sargento Tony Molina.

El personal de rescate ha utilizado drones para localizar a personas que se alejan de los hogares de adultos mayores, dijo James Augustine, vocero del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, quien es el director médico de la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos.

En Estados Unidos, un obstáculo para los programas de drones es que la Administración Federal de Aviación (FAA) generalmente requiere que los drones sean manejados dentro de la línea de visión de los operadores. En mayo, cuando el Congreso aprobó la ley de reautorización de la FAA, se le otorgó un plazo de cuatro meses para emitir una propuesta de reglamentación sobre las más allá de la línea de visión.

“La FAA se está concentrando en desarrollar reglas estándar para hacer que las operaciones (más allá del campo visual) sean rutinarias, y económicamente viables”, dijo Rick Breitenfeldt, vocero de la FAA.

Por otro lado, algunos grupos de libertades civiles están preocupados porque las nuevas reglas de la FAA no proporcionen suficiente protección contra las cámaras de los drones para las personas en tierra.

Jay Stanley, analista de políticas senior de la Unión Americana de Libertades Civiles, reconoció los beneficios de usar drones en situaciones de emergencia pero consideró que aún hay problemas que deben abordarse.

“La preocupación es que la FAA va a flexibilizar significativamente las restricciones a los drones sin ninguna protección significativa de la privacidad”, expresó.

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Fue cuando comenzó una carrera para manejar la crisis.

La policía envió mensajes de texto con números alternativos al que las personas podían llamar, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, habló sobre la interrupción del 911 en una conferencia de prensa por el desfile de campeonato de los Celtics, y funcionarios locales instaron a las personas a pedir ayuda activando las alarmas rojas contra incendios.

Unas 7 millones de personas estuvieron por cerca de dos horas sin el servicio del 911. Estas fallas ya no son una excepción sino una constante en un sistema de respuesta a emergencias quebrado.

Este año, las interrupciones han afectado al menos a ocho estados. Y son emblemáticas de los problemas que aquejan a las comunicaciones de emergencia, en parte debido a las grandes disparidades en la antigüedad y las capacidades de los sistemas, y en la financiación también dispar que recibe el sistema del 911 a lo largo del país.

Mientras que algunos estados, ciudades y condados ya han modernizado sus sistemas o han hecho planes para actualizarlos, muchos otros están rezagados.

El 911 suele financiarse a través de tarifas agregadas a las facturas telefónicas, pero los gobiernos estatales y locales también recurren a fondos generales u otros recursos.

“Ahora hay quienes tienen y quienes no tienen”, dijo Jonathan Gilad, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Asociación Nacional de Números de Emergencia (NENA), que representa a los trabajadores de primeros auxilios del 911. “El 911 de próxima generación no debería ser solo para las personas que tienen una emergencia en un buen lugar”.

Mientras tanto, la legislación federal que podría dirigir miles de millones de dólares para modernizar el sistema fragmentado del 911 sigue estancada en el Congreso.

“Esto es algo imperativo para la seguridad nacional”, dijo George Kelemen, director ejecutivo del Consejo de la Industria para Tecnologías de Respuesta a Emergencias, una asociación comercial que representa a empresas que proveen hardware y software a la industria de respuesta a emergencias.

“En una crisis, un tiroteo en una escuela o un incendio en una casa o, Dios no lo quiera, un ataque terrorista, la gente llama al 911 primero”, dijo. “El sistema no puede fallar”.

Estados Unidos inauguró un número de emergencia universal único, el 911, en febrero de 1968 para simplificar la respuesta a las crisis.

Pero en lugar de un programa nacional sin fisuras, la red de respuesta del 911 se ha convertido en un enorme rompecabezas de muchas piezas interconectadas. Hay más de 6,000 centros de llamadas del 911 para manejar un estimado de 240 millones de llamadas de emergencia cada año, según datos federales.

Más de tres cuartos de los centros de llamadas experimentaron interrupciones en los últimos 12 meses, según una encuesta realizada en febrero por NENA, que establece estándares y aboga por el 911, y Carbyne, un proveedor de soluciones tecnológicas de seguridad pública.

En abril, las interrupciones generalizadas del 911 afectaron a millones en Nebraska, Nevada, Dakota del Sur y Texas. La interrupción se atribuyó a trabajadores que cortaron una línea de fibra mientras instalaban un poste de luz.

En febrero, decenas de miles de personas en áreas de California, Georgia, Illinois, Texas y otros estados perdieron el servicio de telefonía móvil, incluidos algunos servicios del 911, debido a una interrupción.

Y en junio, Verizon acordó pagar una multa de $1.05 millones para resolver una investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre una interrupción en diciembre de 2022 que afectó las llamadas al 911 en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee.

Los incendios que arrasaron la isla hawaiana de Maui en agosto pasado destacaron la importancia crítica de los sistemas del 911. Los despachadores atendieron más de 4,500 contactos, es decir, llamadas y mensajes de texto, el 8 de agosto, el día en que se desataron los incendios, en comparación con unos 400 en un día típico, dijo Davlynn Racadio, coordinadora de despachos de servicios de emergencia en el condado de Maui.

“Nos estamos muriendo”, dijo una persona a los operadores del 911.

Pero algunas torres de telefonía móvil fallaron debido a interrupciones generalizadas del servicio, según funcionarios del condado. El condado de Maui presentó en mayo una demanda contra cuatro compañías de telecomunicaciones, alegando que no informaron a los despachadores sobre las interrupciones.

“Si las llamadas al 911 llegaban sin voz, enviábamos mensajes de texto”, dijo Racadio. “El estado está considerando actualizar nuestro sistema. El 911 de próxima generación nos lanzaría al futuro”.

En 2023, Florida, Illinois, Montana y Oklahoma aprobaron legislaciones para impulsar o financiar sistemas de 911 modernizados, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Las actualizaciones incluyen reemplazar la infraestructura analógica del 911 con sistemas digitales basados en Internet.

En lugar de solo atender llamadas, los sistemas de próxima generación pueden localizar la ubicación del que llama, aceptar mensajes de texto y permitir que los residentes en una crisis envíen videos e imágenes a los despachadores.

Aunque aún pueden ocurrir interrupciones, los sistemas modernizados a menudo incluyen más componentes para minimizar las probabilidades de una interrupción, dijo Gilad.

Los legisladores han considerado modernizar los sistemas del 911 aprovechando los ingresos que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) obtiene de subastar los derechos para transmitir señales sobre bandas específicas del espectro electromagnético.

Pero, en marzo de 2023, el Senado de Estados Unidos, permitió por primera vez la expiración de la autoridad de la FCC para subastar bandas de espectro.

La legislación que asignaría casi $15 mil millones en subvenciones de los ingresos de las subastas para acelerar el desarrollo del 911 de próxima generación en cada estado fue aprobada por unanimidad por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en mayo de 2023. El proyecto de ley, HR 3565, patrocinado por la representante Cathy McMorris Rodgers (republicana de Washington), también extendería la autoridad de la FCC para subastar.

Otros legisladores han presentado proyectos, incluyendo uno en marzo del senador Ted Cruz (republicano de Texas) y de la senadora Maria Cantwell (demócrata de Washington) para extender la autoridad de subasta. Por ahora, ninguno de los esfuerzos ha avanzado.

Nueve ex presidentes de la FCC escribieron a los legisladores en febrero, instándolos a hacer de las actualizaciones del 911 una prioridad nacional. Sugirieron que el Congreso utilizara el dinero federal para covid-19 que no se gastó.

“Cualquiera que sea la fuente de financiamiento, la necesidad es urgente y el momento de actuar es ahora”, escribieron.

Ajit Pai, quien se desempeñó como presidente de la FCC de 2017 a 2021, dijo que las interrupciones a menudo ocurren en sistemas de computación obsoletos.

“El hecho de que ahora la FCC no tenga autoridad para subastar espectro es un verdadero obstáculo”, dijo Pai a ���ϳԹ��� News. “Es posible que nunca necesites llamar al 911, pero puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Necesitamos un esfuerzo más organizado a nivel federal porque el 911 está demasiado descentralizado”.

Mientras tanto, algunos líderes de seguridad están haciendo planes de respaldo para las interrupciones del 911 o realizando investigaciones sobre sus causas. En Massachusetts, un firewall diseñado para prevenir piratería provocó la reciente interrupción de dos horas, según el departamento del 911 del estado.

“Las interrupciones llaman la atención de todos sobre el hecho de que dependemos del 911 y no pensamos en cómo realmente dependemos de este número hasta que ocurre algo”, dijo April Heinze, directora de operaciones del 911 en NENA.

Mass General Brigham, un sistema de salud en el área de Boston, envió alertas de emergencia cuando ocurrió la interrupción, informando a las clínicas y prácticas más pequeñas sobre cómo encontrar sus números de emergencia de 10 dígitos. A raíz de la interrupción, planea mantener los números de respaldo junto a los teléfonos en esas instalaciones.

“Dos horas pueden ser mucho tiempo”, dijo Paul Biddinger, director de preparación y continuidad del sistema de salud.

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Chris Rosson, presidente y CEO de United Way of Greater Kansas City, dijo que los pagos ayudarán a estos sobrevivientes, reconociendo al mismo tiempo que la violencia con armas de fuego, como el tiroteo del 14 de febrero, ocurre todos los días en Kansas City, en general en comunidades de bajos ingresos que ya están desprovistas de recursos.

“Al lanzar el fondo, era importante para nosotros apoyar en primer lugar a las víctimas directas de la violencia de ese día, pero también proporcionar recursos financieros críticos a las organizaciones de prevención y respuesta a la violencia, de apoyo de salud mental y a los que proporcionan primeros auxilios”, dijo.

El tiroteo cerca de Union Station, hacia el final de desfile, dejó 24 personas heridas y una muerta: Lisa López-Galván, de 43 años, madre de dos hijos y popular DJ de música tejana.

Desde el tiroteo, han recibido facturas médicas por miles de dólares, por tratamientos en salas de emergencia, viajes en ambulancia, atención médica continua por las heridas de bala o consejería de salud mental.

Algunas todavía están luchando por volver al trabajo y dependen de una confusa red de asistencia de cuentas de GoFundMe y un grupo de iglesias locales.

Erika Nelson, cuya hija de 15 años, Mireya, recibió , dijo que el dinero de United Way es una bendición, pero que su hija todavía lucha con las heridas físicas y emocionales de la violencia.

“No me importa cuánto dinero sea. Podría ser un millón de dólares. Podrían ser mil millones. Nunca va a cambiar lo que mi hija vive todos los días”, dijo Nelson. El fondo #KCStrong fue lanzado por United Way el 15 de febrero, impulsado por una primera donación de $200,000 hecha por los Chiefs, la NFL y la familia Hunt, dueña del equipo. La Kauffman Foundation y una persona anónima fueron listados como los principales donantes, con $250,000 cada uno.

Los fondos no tienen restricciones, por lo que pueden usarse para facturas médicas, fondos universitarios para los niños heridos durante el desfile por la victoria de los Chiefs, o cualquier otra cosa que las familias necesiten.

Rosson dijo que el grupo creía que las víctimas y las personas más cercanas a ellas deberían decidir cómo gastar mejor el dinero. “Dar fondos sin restricciones directamente a esas víctimas de disparos verificadas les permite tomar las decisiones que son adecuadas para ellos y su familia, y el camino que seguirán”, dijo.

Kera Mashek, directora de comunicaciones del United Way local, dijo que el dinero cae bajo el paraguas de asistencia basada en necesidades y no estará sujeto a impuestos.

United Way trabajó con la Oficina del Fiscal del condado de Jackson, Missouri, para verificar a las víctimas. Veinte de las 24 víctimas recibieron compensaciones porque dos no aplicaron y un tercero rechazó la donación, dijeron funcionarios de United Way. A una cuarta víctima, no identificada, se le negaron los fondos porque está conectada al caso criminal, según Jean Peters Baker, fiscal del condado de Jackson.

No se nombró a ninguna de las víctimas en el anuncio del 27 de junio.

Emily Tavis dijo que se sentía “más que bendecida y abrumada por el agradecimiento” al recibir la asistencia. Tavis, su pareja, Jacob Gooch Sr., y su hijastro Jacob Gooch Jr. recibieron disparos en el desfile.

“Es un gran alivio poner las facturas al día”, dijo Tavis. Ella ya había comenzado a pagar cuentas de tarjetas de crédito con su parte del pago.

Antonio Arellano, cuyo hijo de 11 años, Samuel, recibió un disparo en el costado, dijo que el dinero fue una “gran ayuda” para la familia. Dijo que Samuel espera unas vacaciones en Florida y boletos de temporada para ver jugar a los Chiefs. Pero estar en grandes multitudes aún es difícil para Samuel, por lo que Arellano dijo que intentarán ir a un juego primero para ver cómo va.

James Lemons, a quien recientemente le extrajeron la bala alojada en su pierna, dijo que agradecía la ayuda y que se siente bendecido, pero también siente que el dinero ya se ha ido. Quiere devolver la ayuda que la familia recibió tras el tiroteo, incluido el dinero que pidió prestado para ayudarlos a mudarse luego que el dueño de la casa que alquilaban la vendiera poco después del desfile.

Hasta ahora, han sido acusados por el tiroteo, junto con de tráfico de armas o de mentir a agentes del FBI.

Más de 80 personas fueron pisoteadas en el caos generado tras los tiroteos, dijo Baker, agregando que también están entre las muchas víctimas del ataque. Sin embargo, no recibirán dinero del fondo.

Las campañas como #KCStrong que surgen tras tiroteos masivos deben equilibrar la distribución del dinero de manera lo suficientemente amplia como para incluir a las personas directamente afectadas sin disipar los recursos disponibles, según Jeff Dion del . Esta organización sin fines de lucro ha ayudado a comunidades de todo el país a distribuir este tipo de fondos.

Por ejemplo, OneOrlando Fund, que surgió tras el tiroteo en el club nocturno Pulse en 2016, hizo , incluyendo $350,000 a las familias de cada una de las 49 personas asesinadas, pero también $25,000 a cada una de las 182 personas que estaban en la discoteca pero no resultaron físicamente heridas.

Ese fondo recaudó $29.5 millones en comparación con los $2 millones recaudados en Kansas City.

El fondo de $31.4 millones que se recolectó en Las Vegas en 2017 tras el tiroteo masivo en un concierto con 22,000 asistentes no incluyó pagos a personas que no habían sido heridas.

Cerca de un millón de personas fueron al desfile del Super Bowl en febrero. “Cuando estás manejando dólares reales, tienes que encontrar una manera de poder servir al mayor número de personas con la mayor cantidad de dinero”, dijo Baker.

“Así que creo que esas fueron probablemente algunas de las decisiones que tuvieron que tomarse en este caso, lo cual es difícil, duro, pero también necesario”.

Los grupos comunitarios que recibieron cada uno $59,410, son: AdHoc Group Against Crime; Boys & Girls Clubs of Greater Kansas City; Center for Conflict Resolution; Guadalupe Centers; Kansas City Metropolitan Crime Commission; KC Common Good; KC Mothers in Charge; Lyrik’s Institution; Newhouse Domestic Violence Shelter; Rose Brooks Center; Transition Zone; The Battle Within; Uncornered, y University Health.

Otros esfuerzos también han destinado dinero a los sobrevivientes del tiroteo del desfile del Super Bowl. Las cuentas de GoFundMe han recaudado $667,785. Un grupo basado en la fe, llamado “The Church Loves Kansas City”, recaudó $184,500 y hasta ahora ha destinado más de $50,000 a gastos funerarios, procedimientos médicos, asesoramiento y gastos domésticos, dijo Gary Kendall, uno de sus líderes.

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Hay una de $1,040 por el traslado en ambulancia al hospital aquella tarde de febrero. Otra de $2,841,17 por una visita a la sala de emergencias tres días después del tiroteo porque la herida de bala parecía infectada. En marzo, más seguimientos y consejería agregaron otros $1,500.

“Creo que me faltan algunas”, dijo Arellano mientras hojeaba las páginas.

Los Arellano no tienen seguro y están contando con la asistencia del fondo que recaudó casi $2 millones después del tiroteo que dejó un muerto y al menos 24 personas con heridas de bala. También guarda esa solicitud en la carpeta azul.

Los costos médicos para los sobrevivientes del tiroteo son muy altos y no terminarán pronto. Según un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, el gasto médico promedio para alguien que recibió un disparo se eleva a casi . Otro análisis halló que esa cifra sube a $35,000 en el caso de los niños. Diez menores fueron heridos por balas en el desfile.

Luego están las facturas regulares que forman parte de la vida —alquiler, servicios públicos, reparaciones del auto— que no dejan de llegar solo porque alguien sobrevivió a un tiroteo masivo, incluso si sus lesiones les impiden trabajar o mandar a los niños a la escuela.

La carga financiera que conlleva la supervivencia es tan común que tiene un nombre, según Aswad Thomas de la organización sin fines de lucro Alliance for Safety and Justice: deuda por victimización. Algunos la pagan de su bolsillo. Otros solicitan una nueva tarjeta de crédito. Algunos reciben ayuda de desconocidos generosos. Otros no pueden llegar a fin de mes.

“Ahora mismo estamos realmente en bancarrota”, dijo Jacob Gooch Sr., otro sobreviviente, quien fue herido en el pie y aún no ha podido volver a trabajar.

“Estamos, como, agotando nuestra tercera tarjeta de crédito”.

Como es común después de tiroteos masivos, en esta ciudad de Missouri surgió un abanico de recursos nuevos y establecidos prometiendo ayuda. Entre ellos, el fondo #KCStrong creado por United Way of Greater Kansas City, que se espera comience a pagar a las víctimas a finales de junio.

Los sobrevivientes deben navegar cada oportunidad para solicitar ayuda lo mejor que puedan, y esperar que el dinero llegue.

GoFundMe, desconocidos generosos y una nueva línea de crédito

Tradicionalmente, son las mamás quienes mantienen las facturas organizadas. Apiladas sobre el microondas. En una cartera. En capturas de pantalla guardadas en el celular. Y luego hay un laberinto de papeleo: el formulario de compensación para víctimas del estado de Missouri tiene cinco páginas, incluidas las instrucciones. Son otras seis páginas para la ayuda de United Way.

Emily Tavis mantiene pilas de papeleo con diferentes clips de colores en su sótano: negro para su pareja, Gooch Sr.; azul para su hijastro, Jacob Gooch Jr.; rosa para ella misma. Los tres fueron heridos de bala en el desfile.

Tavis pudo volver a caminar después que una bala atravesara su pierna y consideró rechazar el viaje en ambulancia porque estaba preocupada por el costo; en ese momento no tenía seguro.

Gooch Sr. no podía caminar porque le habían disparado en el pie. Así que compartieron una ambulancia al hospital con dos de sus hijos.

“No voy a pagar por esta m…. No pedí esta vida”, recordó Tavis, riendo. Pronto se dieron cuenta que el joven Gooch Jr., de 14 años, también tenía una bala en el pie.

Tavis y Gooch Sr. recibieron facturas separadas de $1,145 por la ambulancia. Gooch Jr. no, posiblemente porque tiene cobertura de salud a través de Medicaid, dijo Tavis.

Ella envía las facturas médicas a la compensación para víctimas, un programa para ayudar con las pérdidas económicas derivadas de un crimen, como los gastos médicos y los salarios perdidos. Aunque Tavis y Gooch viven en Leavenworth, Kansas, su compensación proviene del programa en Missouri, donde ocurrió el tiroteo.

El programa paga solo por pérdidas económicas no cubiertas por como el seguro de salud, donaciones y recaudaciones de fondos colectivas. Gooch Sr. y Jr. tenían cobertura médica al momento del desfile, por lo que la familia ha estado enviando solo la porción no cubierta a la compensación para víctimas.

Al principio, la familia recibió mucho apoyo. Amigos y familiares se aseguraron de que tuvieran siempre comida. El fundador de un grupo en línea de fanáticos de los Kansas City Chiefs envió $1,000 y regalos para la familia. Una página de recaudó $9,500. Y su reembolso de impuestos ayudó.

Con Gooch Sr. sin poder trabajar sabían que el dinero podía comenzar a faltar, así que pagaron tres meses de alquiler por adelantado. También gastaron en el arreglo de su Ford Escape para que eventualmente pudiera volver a trabajar y compraron un Honda Accord usado para que Tavis pudiera conducir al trabajo, al que volvió 12 días después del desfile.

Y como las donaciones estaban destinadas a toda la familia, decidieron comprar pases de verano para el parque de diversiones Worlds of Fun para los niños.

Pero recientemente, han estado apretados. Los pagos por discapacidad a corto plazo de Gooch Sr. dejaron de llegar abruptamente en mayo cuando su seguro de salud le pidió que viera a un médico de la red. Dijo que el plan de discapacidad a corto plazo inicialmente no aprobó el papeleo de su nuevo médico y comenzó una investigación. El problema se resolvió en junio y espera recibir pagos retroactivos pronto. Mientras tanto, la pareja solicitó una nueva tarjeta de crédito para cubrir sus facturas.

“Definitivamente hemos estado robando a Pedro para pagar a Pablo”, dijo Tavis.

Idealmente, el dinero que llegue de United Way, la compensación para víctimas y, esperan, el pago retroactivo por discapacidad a corto plazo, será suficiente para pagar sus deudas.

Pero, dijo Tavis, “tienes que hacer lo que tienes que hacer. No vamos a quedarnos sin luz”.

En espera del pago de United Way a fines de junio

Con cada tiroteo masivo, inevitablemente fluyen donaciones para los sobrevivientes, “como la mantequilla con la mermelada, porque la gente quiere ayudar”, dijo Jeff Dion, director ejecutivo del , una organización sin fines de lucro que ha ayudado a muchas comunidades a gestionar esos fondos.

Dijo que, típicamente, se tarda unos cinco meses en distribuir el dinero de estos grandes fondos comunitarios. Las víctimas pueden recibir dinero antes si su comunidad tiene un plan para estos tipos de fondos antes de un tiroteo masivo.

Los fondos también pueden adelantar dinero a personas con necesidades financieras urgentes que seguramente calificarán.

United Way colgó pancartas con los colores de los Chiefs en la Union Station de Kansas City con su campaña #KCStrong en los días posteriores al tiroteo. Impulsado por grandes donaciones del equipo, la NFL, el mariscal de campo Patrick Mahomes, otros individuos y empresas locales, finalmente recaudó más de $1.8 millones.

La promesa de un gran pago ha mantenido la esperanza de los heridos, incluso cuando a muchos los confundió el proceso. Algunas personas entrevistadas para esta historia no quisieron decir nada negativo, temiendo que pudiera afectar su asignación.

Los funcionarios de United Way anunciaron en abril que las donaciones se cerrarían a fin de mes. El 1 de mayo, la organización publicó un aviso diciendo que emitiría “formularios de reclamación” y que la Oficina del Fiscal del condado de Jackson estaba ayudando a verificar a las víctimas del tiroteo. La junta de fideicomisarios de la filial de United Way planea reunirse el 26 de junio para determinar las asignaciones, con los pagos llegando tan pronto como el 27 de junio.

Kera Mashek, vocera de United Way of Greater Kansas City, dijo que los pagos se harán a 20 de los 24 sobrevivientes del tiroteo. Los otros cuatro no pudieron ser verificados como víctimas o rechazaron los fondos, dijo. Agregó que los solicitantes no incluyen a las 67 personas que los fiscales dicen fueron pisoteadas en el tumulto.

Pendiente de la aprobación de la junta, el dinero también se distribuirá a 14 grupos comunitarios que apoyan iniciativas de no violencia, preocupaciones de salud mental y socorristas, dijo Mashek.

Ante las críticas de que United Way no se comunicó bien con las víctimas, Mashek dijo que intentaron responder de manera oportuna.

“Hemos tratado de mantener esta línea de comunicación abierta lo más rápido posible y la mayoría de la gente ha sido muy paciente”, dijo. “Creo que estarán muy agradecidos y, creo, gratamente sorprendidos con la cantidad de fondos que recibirán”.

Otros recursos disponibles

Abigail Arellano no había oído hablar de la compensación para víctimas, lo cual es común. Una de la Alliance for Safety and Justice encontró que el 96% de las víctimas no recibían ese apoyo y muchas no sabían que existía.

Arellano y su esposo, Antonio, no fueron al desfile, pero también han tenido gastos médicos. Antonio ha estado yendo a terapia en un centro de salud local para ayudar con la tarea estresante de guiar a su hijo a través del trauma. Ha sido útil. Pero ha estado pagando unos $125 de su bolsillo por cada sesión, dijo, y las facturas se están acumulando.

Una de las hermanas de Samuel creó un que recaudó $12,500, y Abigail dijo que ayudó que la familia compartiera su historia públicamente y que Abigail se pusiera en contacto para ayudar a otros en la comunidad latina afectada por el tiroteo.

De hecho, fue Abigail quien conectó a Sarai Holguín, de 71 años, con el consulado de México en Kansas City. El consulado, a su vez, ayudó a Holguín a registrarse como víctima oficial del tiroteo, lo que le permitirá recibir asistencia de United Way. Las facturas de Holguín ahora incluyen una cuarta cirugía, para quitar la bala alojada cerca de su rodilla con la que había hecho las paces de “vivir para siempre”, hasta que comenzó a sobresalir a través de su piel.

Alivio “generoso y rápido” para las víctimas

Varios sobrevivientes se sintieron aliviados y agradecidos de recibir fondos de un grupo menos conocido y no confesional llamado “”.

El día después del tiroteo, Gary Kendall, quien dirigía una organización cristiana sin fines de lucro llamada “Love KC”, comenzó una cadena de mensajes de texto a las 6 am con líderes de la ciudad y grupos de fe, y eventualmente recibió promesas de $184,500. (Love KC ahora se ha fusionado con otra organización sin fines de lucro, “Unite KC”, que está distribuyendo sus fondos).

El primer pago fue para la familia de la popular DJ Lisa López-Galván, de 43 años y con dos hijos, quien fue la única fatalidad durante el tiroteo del desfile. Unite KC pagó $15,000 en sus gastos de entierro.

Unite KC gastó $2,800 para que James y Brandie Lemons pudieran recuperar su seguro de salud porque James no podía trabajar. Unite KC también pagó $2,200 de su bolsillo por los costos quirúrgicos cuando James decidió que le quitaran la bala de su pierna.

“Lo aprecio”, dijo un emocional James Lemons. “No tienen que hacer esto, abrir sus corazones sin razón”.

Erika Nelson estaba luchando para pagar los gastos de su casa, y tuvo que tomarse tiempo libre de su trabajo de atención médica a domicilio para llevar a su hija herida, Mireya, de 15 años, a las citas médicas. Mireya recibió , y se está recuperando.

Una página de creada por la mejor amiga de Nelson recaudó alrededor de $11,000, pero fue congelada después que Nelson intentara ingresar a la cuenta y GoFundMe pensó que estaba siendo hackeada. Temía que cortaran la luz en su apartamento por las facturas de electricidad no pagas y estaba desesperada.

“Estoy luchando con, ya sabes, comestibles”, dijo Nelson. “La gente decía, ‘Oh, ve a los bancos de alimentos’. Bueno, los bancos de alimentos no están abiertos en los momentos que puedo salir. No puedo simplemente irme del trabajo para ir a un banco de alimentos”.

Después de reunirse con Gary Kendall, Nelson recibió dinero para pagar tres meses de renta y servicios públicos, alrededor de $3,500.

“Un peso menos sobre mis hombros. Quiero decir, sí. De una gran forma”, susurró. “Porque nunca sabes. Nunca sabes qué puede pasar en dos días, cinco días, dos semanas, dos meses”.

Recientemente, la familia de Samuel Arellano se conectó con Unite KC, que pagará su factura de ambulancia, una de las cuentas del hospital y algo de terapia, por un valor de unos $6,000. La factura por el traslado inicial a la sala de emergencias era de aproximadamente $20,000, dijeron sus padres, pero el hospital se mostró reacio a enviarla y finalmente cubrió el costo.

Y Unite KC también tiene la intención de pagar una factura de tarjeta de crédito de $1,300 para Emily Tavis y Jacob Gooch Sr.

Hasta ahora, Unite KC ha distribuido $40,000, y espera conectarse con más de las familias heridas, con la esperanza de ser tan “generosos y rápidos como podamos”, dijo Kendall. United Way será como un “ráfaga” de alivio para las víctimas, agregó, pero su grupo apunta a algo diferente, más como una fogata que arda durante el próximo año.

“Estamos de acuerdo en que esto es algo horrible que sucedió. Es un triste estado de la humanidad pero es una parte real”, dijo. “Así que queremos recordarles que Dios no los ha olvidado. Y que aunque permitió esto, no los ha abandonado. Creemos que podemos ser como una extensión de su amor para estas personas”.

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