En una , la administración también anunció que está planeando exigir a las aseguradoras que especifiquen de antemano el costo de bolsillo para los pacientes de todos los servicios médicos. Esta propuesta ahora está en el período abierto en el que se reciben comentarios del público.

“¿Qué es más claro y sensato que los estadounidenses sepan cuánto costará su atención antes de ir al médico?”, dijo Joe Grogan, director del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca.

La regla sobre los hospitales entrará en vigencia en enero de 2021. Es parte de un esfuerzo de la administración Trump por aumentar la transparencia de los precios con la esperanza de reducir los costos de atención médica a todo nivel: desde servicios hospitalarios hasta medicamentos recetados. Pero es controversial y es probable que enfrente desafíos en los tribunales.

Cuando esa regla se propuso por primera vez en julio, los hospitales y las aseguradoras se opusieron. Argumentaron que requeriría la divulgación de información privada, y que también podría obstaculizar las negociaciones y ser contraproducente si algunos proveedores médicos se dieran cuenta que tienen un precio bajo en comparación con sus pares y elevaran sus costos.

Poco después de la publicación de la regla final (el viernes 15), cuatro grandes organizaciones hospitalarias dijeron que la desafiarían en los tribunales.

Según una declaración conjunta de estas organizaciones, “esta regla generará una confusión generalizada, aumentará el comportamiento anticompetitivo entre las aseguradoras de salud y obstaculizará las innovaciones”. En el texto el grupo dejó en claro su intención de “presentar un desafío legal a la regla sobre la base de que excede la autoridad de la administración”.

La declaración fue firmada por la Asociación Americana de Hospitales, la Asociación de Colegios Médicos Americanos, la Asociación de Hospitales de Niños y la Federación de Hospitales Estadounidenses.

Las aseguradoras también reaccionaron. “La regla que la administración lanzó no ayudará a los consumidores a comprender mejor por cuáles servicios de salud tendrán que pagar, y puede no avanzar en el objetivo más amplio de reducir los costos de la atención médica”, dijo en una declaración Scott Serota, presidente y CEO de la Asociación Blue Cross Blue Shield.

Exigir que se revelen las tarifas negociadas, dijo, podría llevar a aumentos de precios “ya que los médicos y las instalaciones médicas podrían ver en los pagos negociados una hoja de ruta para aumentar los precios en lugar de bajarlos”. Agregó que la regla podría confundir a los consumidores.

Para un consumidor, puede ser una cantidad de datos abrumadora. Sin embargo, la administración dijo que espera que estos datos también estimulen a los investigadores, empleadores o empresarios a encontrar formas adicionales de hacer que sean accesibles y útiles.

La cantidad de información que la norma requiere que se divulgue será masiva, incluidos los cargos brutos, las tarifas negociadas y los precios en efectivo, para cada uno de los miles de servicios ofrecidos por cada hospital, un paquete de información que deberán actualizar anualmente.

En un guiño a lo difícil que podría ser para un consumidor encontrar artículos de una lista de precios a la carta, la regla también requiere que cada hospital incluya una lista de 300 servicios, descritos en lenguaje sencillo, con todos los gastos extra incluidos. De esta forma, un paciente podría consultar el costo total de un reemplazo de rodilla, reparación de hernia u otro tratamiento.

Las aseguradoras, según la regla propuesta, tendrían que revelar las tarifas que negocian con proveedores, como los hospitales. También se les requeriría crear herramientas en línea para que los consumidores pudieran calcular la parte de un servicio que tienen que pagar, incluido cualquier deducible que puedan deber, y poner esa información a disposición antes que el consumidor vaya a la cita médica o al hospital.

No se sabe todavía cuándo entraría en vigencia esta parte de la norma propuesta.

A principios de este año, la administración ordenó a las farmacéuticas que incluyeran sus precios en los anuncios de televisión, pero la industria demandó y ganó un fallo judicial que bloquea la medida. La administración ha apelado esa decisión.

No obstante, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo que la administración tiene confianza.

En una conferencia telefónica con reporteros, Azar y otros funcionarios admitieron que no tienen estimaciones sobre cuánto ayudaría la propuesta a bajar los costos, porque nunca antes se había probado un esfuerzo tan amplio en los Estados Unidos.

Aun así, “señáleme un sector de la economía estadounidense en el que tener información sobre precios realmente conduzca a precios más altos”, dijo Azar.

Azar citó algunos estudios que muestran que cuando se revelan los precios, el gasto general puede bajar porque los pacientes eligen servicios más baratos. Sin embargo, generalmente estos esfuerzos también requieren incentivos financieros para el paciente, como compartir ciertos costos.

La norma propuesta para las aseguradoras los insta a crear tales incentivos, dijo Seema Verma, quien supervisa los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS)

George Nation, profesor de negocios en la Universidad Lehigh de Pennsylvania, quien estudia los precios en los hospitales, calificó la regla final y la propuesta sobre las aseguradoras como “un movimiento en la dirección correcta”.

Dijo que, entre otras cosas, la información sobre precios puede resultar útil para los empleadores al comparar si su aseguradora o administradora está haciendo un buen trabajo cuando negocia con los proveedores locales.

Hoy, “solo ven una factura y un descuento. ¿Pero es un buen descuento? Ahora todo esto será transparente”, completó Nation.

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Como secretario, Price tendrá una autoridad significativa para reescribir las reglas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), popularmente conocida como Obamacare, algunas de las cuales ya están casi .

Pero ahora, Price tiene una influencia de muy largo alcance, como jefe de una agencia con un presupuesto de para el año fiscal actual. Puede interpretar las leyes de formas diferentes a las de sus predecesores y reescribir las regulaciones y las guías, que definen cómo se ponen en marcha legislaciones importantes.

“Virtualmente, la forma en que se administra el HHS afecta todo lo que la gente hace todos los días”, dijo Matt Myers, presidente de la Campaign for Tobacco-Free Kids. Las responsabilidades del departamento de salud incluyen: seguridad de alimentos y medicamentos, investigación biomédica, prevención y control de enfermedades, así como supervisión de todo, desde laboratorios médicos hasta hogares de ancianos.

Price, un médico de Georgia que se opone a ACA, al aborto y a la financiación de Planned Parenthood, entre otras cosas, podría tener un impacto rápido, incluso sin una orden presidencial o un acto del Congreso

Algunos que lo apoyan están entusiasmados con esa posibilidad. “Con el doctor Price tomando el timón de la política de salud de los Estados Unidos, los médicos y los pacientes tienen razones sólidas para esperar un cambio bienvenido y esperado desde hace mucho tiempo”, dijo Robert Moffit, miembro de la Heritage Foundation, en un comunicado, cuando se anunció la nominación de Price.

Otros son menos entusiastas. Cuando se le preguntó sobre qué políticas podría promulgar, Topher Spiro, del Center for American Progress, dijo en ese momento: “No sé si quiero pensar en las malas ideas que podría llevar a cabo”.

Las siguientes son cinco acciones que el nuevo secretario del HHS podría tomar, según los defensores de ambas partes, que perturbarían las políticas de salud actualmente vigentes:

Cobertura de métodos de control de la natalidad: bajo ACA, la mayoría de los planes de las aseguradoras deben proporcionar a las mujeres cualquier forma de anticoncepción aprobada por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) . Esto ha sido particularmente polémico en lo que respecta a los empleadores religiosos quienes se oponen a la anticoncepción artificial, lo que ha llevado a alteraciones en las reglas, y ha resultado en dos decisiones separadas de la Corte Suprema, una sobre y otra sobre los .

Como secretario, Price tendría dos opciones principales. Podría ampliar la exención de este requisito a todo empleador con objeciones religiosas. O, porque la inclusión específica del control de la natalidad se estableció a través de una regulación y no por la ley en sí, podría simplemente eliminar la cobertura anticonceptiva sin copago de la lista de beneficios que los planes de seguro deben ofrecer. (Esto supone la continuación de la existencia de la ley de salud, al menos en el corto plazo.)

Cambios en el pago de Medicare: la ley de salud creó una agencia dentro del Medicare, llamada el , cuya tarea es explorar nuevas formas de pagar a médicos y hospitales, que reducirían los costos y mantendrían la calidad. El secretario del HHS puede obligar a que los médicos y los hospitales participen en los experimentos y en los nuevos modelos de pago. Algunos de ellos han demostrado ser poco populares, en particular la idea de pagar a los proveedores por paquetes de atención, en lugar de permitirles facturar artículo por artículo.

Uno de estos paquetes cubre reemplazos de cadera y rodilla, desde el momento de la cirugía hasta la rehabilitación postquirúrgica. Price, como ex cirujano ortopédico, probablemente actuaría para reducir, retrasar o cancelar ese proyecto, ya que “ha sido un crítico en el pasado”, dijo Dan Mendelson, CEO de Avalere Health, una firma consultora con sede en Washington.

Financiamiento de Planned Parenthood: los republicanos han estado movilizándose para sacarle a Planned Parenthood su financiamiento federal. El Congreso tendría que cambiar la ley del Medicaid para quitarle este financiamiento de manera permanente al grupo de salud de la mujer, que también realiza abortos (con fondos no federales) en muchos de sus sitios. Pero un secretario del HHS tiene muchas herramientas a su disposición para hacerle la vida miserable a la organización.

Por ejemplo, durante las administraciones de Ronald Reagan y George H.W. Bush, se impusieron reglas, eventualmente , que prohibían al personal de clínicas de planificación familiar financiadas por el gobierno federal ofrecer consejería o referir a mujeres con un embarazos no deseados que buscaran un aborto. La subsiguiente administración de Bill Clinton abolió las reglas, pero podrían regresar bajo el liderazgo del nuevo secretario.

Price también podría arrojar el peso del departamento en las sobre los vínculos de Planned Parenthood con firmas que supuestamente vendían tejido fetal con fines de lucro.

Regulación del tabaco: después de años de discordia, el Congreso finalmente acordó, en 2009, otorgar a la FDA una autoridad (limitada) para regular los productos de tabaco. “La autoridad central está permitida”, dijo Matt Myers de la Campaign for Tobacco-Free Kids, quien abogó por la ley. Eso significa que el Congreso tendría que actuar para eliminar muchos de sus cambios. Pero una Secretaría que se oponga a la ley (Price de ella en ese momento) podría debilitar su aplicación, dice Myers. O podría reescribir y anular algunas reglas, incluyendo las recientes que afectan a los cigarros y a los cigarrillos electrónicos.

“El secretario tiene una autoridad discrecional muy amplia para no aplicar, o implementar vigorosamente el estatuto de una manera agresiva”, dijo Myers.

Protecciones de conciencia: al final del gobierno de George W. Bush, el HHS publicó reglas destinadas a aclarar que los profesionales de la salud no tenían que participar en la realización de abortos, esterilizaciones u otros procedimientos que violaran una “creencia religiosa o convicción moral”.

Los opositores a las reglas se quejaron, sin embargo, de que eran tan vagas y extensas que podían aplicarse no sólo a los opositores al aborto, sino también a aquéllos que no quieren proporcionar control de la natalidad a las mujeres solteras, o tratamiento del VIH a los homosexuales.

El gobierno de Barack Obama revisó exhaustivamente las reglas, ante la continua consternación de los conservadores. Estaban entre los pocos artículos relacionados con el tema incluidos en la sección de salud del sitio web del presidente electo antes de que la página fuera retirada. Decía: “La Administración actuará para proteger la conciencia individual en el cuidado de la salud”. Muchos esperan que las reglas vuelvan a su forma original.

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Según una revisión de sus récords, Price ha sido el congresista a quien los grupos de intereses especiales médicos recurren cuando están enfrentado nuevas regulaciones o recortes presupuestarios. Durante la última década, Price se ha ocupado de cuestiones relacionadas con medicamentos y dispositivos médicos específicos, haciendo 38 consultas con la Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA), según registros federales obtenidos a través de la ley de libertad de información. Price cuestionó a la FDA en nombre de sus electores acerca de asuntos tan diminutos como un dispositivo para el tratamiento de la fertilidad y el ingrediente de una crema para el dolor.

En otros casos, Price ha defendido a las empresas cuyos ejecutivos y empleados han contribuido generosamente a sus campañas y comités de acción política (PAC, por sus siglas en inglés).

“Parece que es alguien que podría abrir la tienda a un montón de intereses especiales”, dijo Ross Baker, profesor de ciencias políticas de la Universidad Rutgers, quien se especializa en temas del Congreso. “Estas cosas ocurren por debajo del radar. Si uno le diera un hachazo al Medicare, por ejemplo, todo el mundo lo sabría. Pero este tipo de cosas se hacen en la oscuridad de la noche”.

Apenas unas semanas antes de que Trump convocara a Price para dirigir el HHS, en noviembre, el congresista habló en una conferencia en Atlanta para vendedores de bastones, camas de hospital y sillas de ruedas eléctricas. Price fue la estrella del espectáculo, un encuentro con 5.000 asistentes. Habló ante la multitud acerca de los recortes del Medicare que asolaban a la industria y se comprometió a luchar contra ellos. Los líderes de la conferencia de Medtrade honraron a Price con un premio por su firme defensa y convocaron a una recaudación de fondos de $100 por persona en su honor.

Price, de 62 años, cirujano ortopédico de los suburbios del norte de Atlanta, fue elegido al Congreso en 2004 después de cuatro mandatos en la legislatura estatal de Georgia. Médico de tercera generación, dijo que entró en la política en búsqueda de límites a la intromisión del gobierno en la atención de salud. A través de los años, ha ganado un apoyo significativo para su campaña por parte de firmas de drogas y grupos médicos.

La información obtenida a través de una solicitud de registros públicos muestra que Price se ha interesado en los conflictos de sus electores con la FDA. En 2005, firmó una carta de preocupación sobre la disponibilidad de válvulas cardíacas utilizadas en cirugías pediátricas. Cuatro años después, instó a revisar el dispositivo de análisis de esperma de una compañía local. Price llamó a la compañía un “pilar de la comunidad” diciendo que debía ser eximida de un ensayo clínico que sería “imposible pasar”. A principios de este año, uno de sus asistentes presionó a la FDA en nombre de un elector intentando conseguir palmitate de capsaicina, el ingrediente de una crema para el dolor.

Como firme opositor de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) del presidente Barack Obama, a la que considera como la causante de la destrucción “de la sagrada relación médico-paciente”, Price ha ofrecido varios planes para reemplazarla, incluyendo el Empowering Patients First Act. En lugar del ACA, Price prefiere ofrecer a los pacientes cuentas de ahorros de salud que puedan usar para pagar por cobertura y atención, y créditos fiscales para ayudar a la gente a comprar un seguro de salud por cuenta propia.

La oficina de Price no respondió a las solicitudes de entrevista ni a las preguntas detalladas por escrito sobre sus relaciones con los contribuyentes o su registro legislativo. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que Price está entre los principales objetivos de los demócratas, cuya nominación están tratando de descarrilar. La oficina de ética gubernamental revisará el informe de divulgación financiera de Price, el cual contiene información sobre sus activos, ingresos y otra información financiera personal y luego aconsejará al comité de finanzas del senado si necesita tomar medidas para evitar conflictos de intereses.

En las últimas semanas, Price ha sido objeto de críticas por su negociación de acciones en compañías farmacéuticas, incluyendo una firma australiana que planea buscar la aprobación de EE.UU. para un medicamento “prometedor”.

Phil Blando, vocero del equipo de transición de Trump, dijo que Price cumplió con la ley y las reglas éticas. “Price toma su obligación de mantener la confianza pública muy en serio” y, si es confirmado por el Senado, trabajará con los funcionarios de ética para “asegurar su continuo cumplimiento y transparencia”, agregó.

Campeón de equipos médicos

Cuando miles se reunieron en la convención de Medtrade en el otoño para conocer los últimos equipos médicos para uso en el hogar, Price se comprometió a ayudarlos.

La industria ha combatido los cambios generalizados en pagos del gobierno aprobados por el Congreso en 2003 e implementados por la administración de Obama. Las reformas se produjeron después de una década de procesamientos contra estafadores que compraban sillas de ruedas a precios al por mayor, dándoselas presuntamente a personas mayores que no las necesitaban o que no las querían, y cobrándoselas luego al Medicare.

Las reformas más recientes han incluido recortes presupuestarios y un programa de licitación competitiva destinado a limitar la rentabilidad de la oferta de equipos médicos, incluyendo las sillas de ruedas. Los proveedores de equipos médicos para el hogar se han clasificado como los patrocinadores clave de Price, contribuyendo con $52.600 a su campaña desde 2013, de acuerdo con un análisis de Kaiser Health News, que revisó las contribuciones federales.

A pesar de su postura como un vigilante del presupuesto, Price ha tomado partido por líderes de la industria que dicen que los recortes perjudican a los proveedores médicos rurales que enfrentan mayores costos en la entrega de equipos. Price dijo en un comunicado de prensa que los recortes comprometen el acceso de los ancianos a equipos médicos que salvan vidas, incluyendo scooters eléctricos y tanques de oxígeno. “Las personas mayores de Georgia deberían tener acceso a atención médica de calidad”, dijo Price en un comunicado en mayo.

Price introdujo el mismo mes para retrasar los recortes en el gasto del Medicare para equipos médicos duraderos, como camas de hospital y sillas de ruedas motorizadas. El proyecto de ley fue aprobado por la cámara en julio, pero fue rechazado por el Senado.

Líderes de la industria de equipos médicos le dan crédito a Price por haber ayudado a revertir o retrasar algunos recortes a través de la reciente aprobación del 21st Century Cures Act, de acuerdo con Group con base en Iowa, que “la principal organización de compras del país” y un “socio silencioso” de miles de proveedores independientes de equipos médicos para el hogar. La compañía y sus ejecutivos han contribuido con más de $17.000 a las campañas de Price. Un líder emitió su agradecimiento al congresista en otra publicación del blog, llamando a la demora de los recortes un “día memorable” para los proveedores de equipos médicos duraderos.

Price también ha protegido a las compañías que proporcionan asistentes de salud en el hogar y cuidado de enfermería a las personas mayores, una industria lucrativa que los fiscales han identificado . Alarmados por un plan del Medicare para revisar dichos reclamos antes del pago, los líderes de la industria buscaron a Price y a otro congresista para obtener ayuda, la Partnership for Quality Home Healthcare, que elogió a ambos hombres por escuchar sus preocupaciones.

Las compañías de salud en el hogar también contribuyeron con Price en más de $24.000 desde 2013 hasta principios de este año.

Criticando el plan de ahorro como demasiado amplio e impidiendo el acceso de los pacientes a la atención médica, Price presentó un en septiembre que retrasaría la revisión de los reclamos por un año. Este proyecto, copatrocinado por el representante Jim McGovern (demócrata de Massachusetts), se estancó en un subcomité en octubre.

Apoyo a los médicos que viajan

En el Congreso, Price ha sido un crítico clave del sistema de negligencia médica de Estados Unidos, una pesadilla para muchos cirujanos, pero también para una compañía con sede en su distrito que ha proporcionado donaciones confiables para la campaña. Esa firma, Jackson Healthcare, administra hospitales y prácticas con médicos temporales, llamados locum tenens.

Uno de los contribuidores más grandes de Price es Richard L. Jackson, presidente y CEO de la compañía. Los dos presentaron juntos en 2009 a limitar las demandas por mala praxis. Ambos han afirmado que los intentos de los médicos de evitar tales demandas han llevado a una costosa y excesiva atención médica. En una entrevista en 2010, Jackson mencionó que había hablado sobre la “medicina defensiva” con Price, y otros miembros del Congreso. Price, por su parte, ha hecho referencia al estudio de Jackson Healthcare sobre el alto costo de este tipo de atención médica.

Price ha introducido repetidamente legislación para reducir los casos de mala praxis y, en otro frente, para proteger el estatus fiscal de las compañías ambulantes. En septiembre, introdujo una versión para la cámara de un proyecto de ley que ayudaría a cambiar el código de impuestos del IRS para clasificar a los médicos que viajan como contratistas, y no como empleados, de modo que la compañía que los proporciona no sería legalmente vulnerable a los impuestos en estados lejanos. Una fue presentada antes por el senador republicano de Georgia, Johnny Isakson. Los proyectos de ley fueron rechazados en comités el año pasado.

Jackson y su hijo, Shane, el presidente de la compañía, han apoyado a Price con donaciones a su campaña y a su comité de recaudación de fondos, que contribuye a las campañas republicanas. Desde 2011, han contribuido al menos con $43.000 a la campaña de Price y con $35.000 al comité conjunto de recaudación de fondos.

Una portavoz de Jackson dijo que el proyecto de ley de Price no habría afectado a su compañía ya que, en la práctica, ya consideraba a sus médicos como contratistas, al igual que el gobierno.

Influencia en la FDA

Si fuera confirmado como secretario del HHS, Price supervisaría muchas de las reglas, regulaciones y “embotellamientos” que regularmente generan aullidos en la industria médica. También tendría autoridad sobre la FDA, que regula los productos farmacéuticos. La agencia pronto podría estar dentro del ámbito de control sobre una compañía en la que Price ha invertido personalmente.

La empresa australiana Innate Immunotherapeutics declaró en un informe anual que planea presentar su droga clave contra la esclerosis múltiple a la FDA para su aprobación. Hace varios meses, Price compró entre $50.000 y $100.000 en acciones de la compañía, de acuerdo con una divulgación financiera rutinaria requerida para los miembros del Congreso.

La FDA también está discutiendo otro problema de regulación que podría afectar la compañía de otro contribuyente importante. Parker H. “Pete” Petit, junto con su familia, han contribuido con $35.900 a la campaña de Price y a su PAC desde 2010. Petit también fue jefe de finanzas para Trump en Georgia y, con su familia, contribuyó con $125.000 al PAC del presidente electo.

Petit es el CEO de MiMedx, una empresa de biotecnología de Georgia en el distrito de Price, que ha impugnado una decisión de la FDA sobre algunos productos para ayudar a la cicatrización de heridas.

En agosto de 2013, la FDA concluyó que los productos, que consisten en placentas descartadas y líquido amniótico, deberían ser regulados ya que su fabricación implica manipulación de tejidos humanos. La carta de la FDA provocó la caída de las acciones de MiMedx y estimuló a una demanda de valores presentada en una corte federal en Georgia. La fiscalía acusó a MiMedx de inducir erróneamente a los inversionistas al minimizar la gravedad del escrutinio de la FDA. En abril se llegó a un acuerdo de casi $3 millones.

Petit reconoció que buscó ayuda del Congreso acerca del tema, sin ser específico. La FDA dijo que no podía comentar sobre el asunto. MiMedx no regresó las llamadas.

Elizabeth Lucas contribuyó a esta historia.

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