Los residentes comparten habitaciones diseñadas para personas con problemas de movilidad. También hay baños privados, algo muy importante para aquellos que lidian con la incontinencia.

A diferencia del MVP, la mayoría de los refugios para personas sin hogar no están preparados para ayudar a adultos mayores, especialmente a quienes tienen 65 años o más. Se trata del grupo que más rápido está creciendo dentro de la población sin hogar en Estados Unidos, explicó , investigador de la Universidad de Pennsylvania.

No solo están envejeciendo quienes han vivido por años en situación de desamparo, sino que muchas personas mayores están perdiendo su vivienda por primera vez en sus vidas.

Subir y bajar de literas, tomar los medicamentos correctamente y llegar a tiempo a un baño compartido son algunos de los principales retos que enfrentan estas personas en los refugios. En algunos tradicionales, el personal les pide que se vayan si no pueden cuidarse por sí mismas.

MVP es un refugio inusual porque ofrece atención médica en el mismo lugar para poder atender mejor a sus residentes a medida que envejecen.

La primavera pasada, Jamie Mangum, de poco más de 50 años y con cáncer de pulmón, tropezó y se cayó en su habitación. Para ver a una técnica en emergencias médicas, solo tuvo que bajar la escalera. Le vendaron rápidamente la muñeca inflamada y pudo regresar a su cuarto. Dijo que eso no habría sido posible en otros refugios donde ha estado.

“En otros lados, tendría que esperar horas. Aquí solo entro y me atienden”, dijo Mangum.

Agregó que en otros refugios probablemente habría tenido que buscar por su cuenta una clínica de urgencias o pedir una ambulancia. En MVP, además, trabajadoras sociales especializadas la han ayudado a recibir tratamiento para el cáncer.

“Tenemos clientes que necesitan cuidados de memoria. Tal vez antes vivían de manera independiente, pero ya no pueden y fueron desalojados debido a la demencia u otras razones”, explicó Baleigh Dellos, quien administra el refugio MVP para , una organización local sin fines de lucro.

En el refugio trabajan gestores de casos médicos especializados. También hay doctores de atención primaria y terapeutas que visitan semanalmente. Los residentes incluso pueden recibir fisioterapia en espacios privados dentro del mismo refugio.

Un camino hacia la estabilidad

MVP se asoció con para ofrecer atención médica.

Lo primero que la mayoría de las personas nuevas necesitan es ayuda con sus medicamentos, explicó Matt Haroldsen, de Fourth Street Clinic, que brinda servicios de salud dentro del refugio.

Para quienes viven en la calle, simplemente conservar sus medicamentos ya es un gran desafío. “Cuando están en los campamentos, les roban las medicinas”, dijo.

Las personas con diabetes que no tienen vivienda muchas veces entierran su insulina para mantenerla fría. Según Haroldsen, pueden olvidar dónde la enterraron o las ampollas se pueden calentar demasiado y echarse a perder.

Ayudar a las personas del refugio a recuperar sus medicamentos permite estabilizar sus afecciones de salud, lo que a su vez les permite concentrarse en otras prioridades, como obtener una identificación u otros documentos necesarios para solicitar discapacidad, Seguro Social y diversos programas que pueden ayudarlas a conseguir vivienda.

Gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro han abierto refugios similares en Florida, California y Arizona para responder a las necesidades de adultos mayores sin hogar.

Tener acceso a refugios especializados puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, señaló , subdirectora del National Health Care for the Homeless Council.

En estados con climas fríos, negar una cama a personas mayores debido a problemas de movilidad u otras condiciones médicas puede ser especialmente riesgoso. En 2022, un hombre mayor sin hogar , Montana, después de que lo sacaran de un refugio por incontinencia.

Las necesidades médicas complejas también pueden representar un riesgo para otras personas en los refugios, quienes muchas veces no están preparados para manejar esas situaciones.

“Un refugio típico no permite que alguien entre con oxígeno porque representa un riesgo de incendio”, explicó.

Synovec dijo que brindar acceso a la atención médica dentro de los refugios es la mejor forma de ayudar a las personas mayores a mantenerse estables una vez que logren obtener una vivienda. Según explicó, los problemas de salud son una causa común por la que muchas personas mayores no pueden pagar o mantener una vivienda.

Modelo en expansión

El modelo MVP está mostrando resultados prometedores, tanto en Utah como en otros lugares.

“Más del 80% de las personas que pasaron por nuestro programa el año pasado lograron mudarse a una vivienda estable o permanente”, dijo , vicepresidente de programas del Task Force for Ending Homelessness en Fort Lauderdale, Florida. Esta organización sin fines de lucro administra un refugio llamado .

El refugio MVP, ubicado cerca de Salt Lake City, también ha tenido éxito. Hasta finales del año pasado, había logrado ubicar de forma permanente a 36 personas mayores.

Sin embargo, hay más personas que necesitan refugio de las que el lugar puede recibir. Dellos, la encargada del lugar, dijo que la lista de espera del MVP se mantiene en unas 200 personas. Agregó que se prioriza a quienes tienen más necesidad médica, no por el tiempo que llevan esperando.

Para quienes logran obtener una habitación, la experiencia puede cambiarles la vida.

La primavera pasada, Jeff Gregg, de 62 años, jugaba a lanzar la pelota con su perro Ruffy, justo más allá del jardín frente al refugio MVP.

Una antigua lesión en la espalda lo obliga a encorvarse al lanzar la pelota. También lo llevó a una adicción a los opioides que duró décadas. Dijo que romper ese ciclo fue muy difícil.

“Luchando con eso, teniendo un trabajo, seguro médico, luego perdiendo el trabajo, sin seguro, terminando en la calle y otra vez en ese infierno. Y volvía al mismo lugar”, contó.

Gregg dijo que mantenerse sobrio pasaba a segundo plano frente a necesidades más urgentes como encontrar comida o una cama donde dormir. Afirmó que el MVP fue el primer lugar donde pudo relajarse y concentrarse en su recuperación.

“Pude dejar las drogas. Me tomó un par de meses, pero fui avanzando poco a poco”, contó.

Dijo que esa experiencia le abrió el camino para operarse de la espalda. Espera que, con menos dolor, eventualmente pueda conseguir un trabajo y pagar un apartamento.

Este artículo es parte de una colaboración con   y .

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Pero por dentro, el lugar es un oasis acogedor. Luces colgantes decoran los estantes de ropa donada. Hay repisas y contenedores llenos de libros infantiles, medicamentos para la alergia y artículos de higiene personal. Separado por cortinas, hay un salón con un escenario para músicos y un letrero de neón con patines, para las noches gratuitas de patinaje que se organizan cada semana.

El espacio es en parte tienda gratuita de segunda mano, en parte farmacia de medicamentos de venta libre, sede de conciertos punk y en su totalidad “un centro comunitario radical”, explicó Dan Bingler, quien lo administra.

Bingler es mesero y bartender en la ciudad, y fundó una organización de ayuda mutua llamada . Contó que los dueños del edificio le permiten usar el espacio siempre y cuando él pague el agua, la luz y la recolección de basura.

Los lunes por la tarde, se presentan voluntarios de otras organizaciones comunitarias —algunos de ellos solían instalarse en el estacionamiento antes de que Bingler abriera el local—. Ofrecen pruebas gratuitas de infecciones de transmisión sexual, atención médica básica, comidas calientes, jeringas estériles y otros suministros para personas que utilizan drogas.

El propósito del lugar es simple, dijo Bingler: “Vamos a asegurarnos de brindar apoyo a la comunidad”.

Aunque lleva varios años en funcionamiento, el espacio se ha vuelto aún más crucial en los últimos meses, con la administración Trump recortando fondos a muchas organizaciones de servicios sociales y adoptando una postura agresiva frente a las personas sin hogar y el consumo de drogas.

En Washington D.C., su administración ha de tiendas para obligar a quienes viven en la calle a . A nivel nacional, ha pedido que se que consumen drogas a iniciar un tratamiento. Ha rechazado la —estrategias que, según expertos en salud pública, protegen a las personas que usan drogas y salvan vidas, pero que sus críticos dicen fomentan el consumo de sustancias ilegales—.

El espacio comunitario en Nueva Orleans —llamado Fred Hampton Free Store, en honor al , conocido por unir a grupos diversos para luchar por reformas sociales— busca ser un refugio frente a todos estos cambios.

Bingler dijo que no recibe fondos federales, ni subvenciones estatales o locales, ni dinero de fundaciones. Simplemente son vecinos ayudando a vecinos, dijo con la voz entrecortada, y agregó: “Es algo realmente hermoso poder compartir este espacio”.

Todos los artículos del lugar provienen de personas u organizaciones de la comunidad. En una ocasión, contó Bingler, un hotel local que estaba en remodelación donó 50 televisores de pantalla plana.

En las noches que el local está abierto, suelen llegar más de 100 personas, agregó.

Una noche de otoño, decenas de personas buscaban ropa gratuita y medicamentos de venta libre. Otros estaban sentados sobre el césped, conversando mientras vigilaban sus bicicletas o carritos de supermercado llenos de pertenencias.

James Beshears pasó por el grupo de reducción de daños en el estacionamiento para recibir suministros estériles que usa para inyectarse heroína y fentanilo. Dijo que estuvo en tratamiento durante años, pero recayó cuando su doctor se mudó y lo derivaron a una clínica que cobraba $250 por día. Las drogas callejeras eran más baratas que el tratamiento, comentó.

Quiere dejar de consumir. Pero hasta que encuentre atención médica accesible, lugares como esta tienda gratuita lo ayudan a seguir adelante. Sin ella, dijo, ya tendría “un pie en la tumba”.

Otro hombre en el estacionamiento esperaba la llegada de Aquil Bey, un paramédico y ex miembro de las fuerzas especiales del ejército, conocido por ayudar a personas a superar obstáculos para acceder a atención médica. Apenas vio la camioneta negra de Bey, corrió a encontrarlo.

“Tengo enfermedad renal en etapa 4”, le dijo, y añadió que tenía citas programadas en el hospital, pero que le costaba llegar.

“Hazme un favor”, le respondió Bey mientras bajaba mesas plegables y equipo médico de su auto. “Cuando llegue nuestro equipo, ven a vernos. Tal vez podamos conseguirte transporte”.

Bey es fundador de , una organización dirigida por voluntarios que ofrece atención médica básica gratuita y derivaciones a personas sin hogar, que usan drogas o pertenecen a otras comunidades vulnerables. El grupo tiene presencia constante en la tienda gratuita.

Ese día, Bey y su equipo conectaron al hombre que necesitaba tratamiento para su enfermedad renal con programas de transporte de bajo costo. También hicieron controles de presión arterial y azúcar en sangre, trataron heridas infectadas y llamaron a clínicas para pedir citas para pacientes que no tienen teléfono.

Un hombre con una lesión en la pierna mencionó que dormía en el piso de concreto de una base naval abandonada. Bey notó que en la sección de muebles del local había un colchón. Junto con otro voluntario, lo cargó, lo amarró al techo de un auto y lo llevó hasta donde dormía el hombre.

“Estamos tratando de identificar todas estas barreras” que enfrenta la gente y “buscar formas de resolverlas”, dijo Bey.

La clínica en la tienda gratuita ayudó a Stephen Wiltz a conectarse con tratamiento para su adicción. Nació y creció en el Lower 9th Ward, y había estado consumiendo drogas desde los 10 años.

Cansado de la discriminación por parte de doctores que lo culpaban por su adicción, Wiltz dijo que evitaba ir a cualquier centro de tratamiento. Pero después de años de conocer a los voluntarios de la tienda gratuita, confió en ellos para que lo orientaran.

A sus 56, estaba en recuperación sostenida por primera vez en su vida, dijo en una entrevista telefónica en otoño.

Esos voluntarios “cuidaron de personas que no tenían a nadie que los cuidara”, afirmó.

Cuando cayó el sol esa noche en la tienda, una banda punk empezó a preparar su presentación al otro lado del salón, donde estaba la clínica médica. Las luces se atenuaron y la música comenzó a sonar a todo volumen, un recordatorio de que no se trata de una clínica ni de un centro comunitario convencional.

Bey seguía atendiendo a un paciente con gota.

“Ya me acostumbré al sonido”, dijo sobre los golpes rápidos de la batería y los acordes potentes. “A veces hasta me gusta”.

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Cuando cae la noche y bajan las temperaturas, arma una tienda de campaña y enciende una fogata bajo un grupo de pinos, abetos y cedros.

Evita a las autoridades rotando el uso de tres tiendas de distintos colores en tres campamentos diferentes. Al amanecer, desmonta su refugio, enrolla sus pertenencias y las esconde para la noche siguiente. “No te ven si estás en el bosque”, dijo este hombre de 32 años. “Pero asegúrate de tener todo desmontado por la mañana o te van a encontrar”.

Durante el día, deambula, haciendo paradas en una biblioteca pública para calentarse o en un comedor comunitario para comer. Lo importante es no llamar la atención por no tener hogar.

“La policía quiere que no estorbemos”, dijo, vestido con una chaqueta gris y sin cargar ninguna de sus pertenencias. “Fuera de la vista, fuera de sus mentes”.

Ibrahim ha buscado intencionalmente pasar desapercibido desde agosto, cuando el presidente Donald Trump puso a la policía del distrito y ordenó que soldados de la Guardia Nacional patrullaran las calles. También ordenó el de las personas sin hogar. “No habrá ningún señor amable”, .

La administración Trump argumenta que los operativos para desmantelar campamentos han reducido la visibilidad del problema de personas sin hogar, mejorando así la ciudad. “Es innegable que Washington, D.C., es una ciudad más segura, limpia y hermosa gracias a las acciones históricas del presidente Trump para restaurar la capital del país”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Aunque puede parecer que hay menos personas sin hogar en la capital del país, no han desaparecido.

En entrevistas, personas sin hogar dijeron que cambian de lugar constantemente, escondiéndose a plena vista.

Durante el día, se mantienen en movimiento, comen en comedores comunitarios y descansan de vez en cuando en bibliotecas públicas, bancos de parques o paradas de autobús. Por la noche, muchos duermen en entradas de negocios, aceras de parques y escalinatas de iglesias. Algunos pasan la noche en el autobús, otras se refugian en salas de emergencia, y algunas buscan cobijo en áreas boscosas o se van a suburbios en Virginia o Maryland.

Hay aproximadamente 5.100 personas sin hogar en Washington, D.C., incluyendo aquellas en albergues temporales, según realizado a inicios de 2025. Después de que Trump ordenara la ofensiva contra la falta de vivienda en espacios públicos, las personas que vivían en comunidades improvisadas se dispersaron y ahora viven en las sombras. En agosto, funcionarios de la ciudad estimaron que cerca de 700 personas vivían al aire libre sin tiendas ni ningún tipo de refugio.

Con la llegada del invierno, estas personas están expuestas al clima extremo y se enferman más, ya que afecciones crónicas como la diabetes o enfermedades cardíacas no se tratan. Proveedores de atención médica en la calle afirman que, desde el despliegue de la Guardia Nacional, ha sido sumamente difícil localizar a sus pacientes.

Muchos afectados por los operativos han perdido medicamentos esenciales y son más propensos a faltar a citas médicas porque viven en constante desplazamiento.

Los equipos médicos no logran entregar medicamentos ni transportar a pacientes a sus consultas. Este caos permanente también puede hundir aún más a quienes padecen enfermedades mentales o adicciones, aumentando el riesgo de sobredosis.

Trabajadores sociales reportan las mismas dificultades: cuando pierden el rastro de sus clientes, se rompe la conexión esencial para conseguir documentos clave como identificaciones oficiales o tarjetas del Seguro Social.

Funcionarios del distrito y proveedores de salud advierten que esta cadena de efectos puede empeorar la situación de las personas sin hogar, poner en riesgo la salud pública y la seguridad, y generar costos enormes para el sistema de salud.

“Ya era difícil encontrar a las personas, pero la presencia federal lo empeoró”, dijo la doctora Tobie Smith, médica de atención en la calle y directora ejecutiva de Street Health D.C.

El ir y venir de los sin techo

Chris Jones nació y creció en Washington, D.C., pero ahora vive en la calle, luego de ser desplazado de su tienda de campaña cerca de la Casa Blanca en los primeros días de la ofensiva federal.

Dijo que durante los operativos le confiscaron dos tiendas. Ahora duerme en una acera frente a una iglesia y ya no intenta conseguir otra. “¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Igual la van a tirar a la basura”.

Jones, de 57 años, tiene una lesión grave en la rodilla que a veces le impide caminar y tiene programada una cirugía de reemplazo de rodilla en diciembre. Dice que necesita quedarse en esa zona porque depende de una farmacia cercana para surtir sus medicamentos para el trastorno bipolar, la diabetes y la presión alta. Cuando tiene hambre, va al comedor comunitario o trata de conseguir una hamburguesa con refresco en un local de comida rápida enfrente de donde está.

También se mantiene en ese lugar para que su trabajadora social lo pueda encontrar si se libera una plaza de vivienda permanente. Si hace demasiado frío, cruza la calle y duerme en la entrada de un negocio, que le da un poco más de protección. Quiere estar bajo techo, pero por ahora espera.

Desde que tomó el control de la policía del distrito, la administración Trump sobre ciudades y condados en todo el país para desmantelar campamentos de personas sin hogar, bajo amenaza de arresto, citaciones o detenciones. Ha ordenado o amenazado con desplegar la Guardia Nacional en ciudades con grandes poblaciones sin hogar como Los Ángeles y .

Rogers, la vocera de la Casa Blanca, dijo que el presidente mantiene la presencia de la Guardia Nacional y fuerzas federales del orden en la capital para “garantizar el éxito a largo plazo de la operación federal”.

Desde marzo, funcionarios federales y del distrito han eliminado más de 130 campamentos, según dijo. Sin embargo, algunos expertos en temas de personas sin hogar creen que esa cifra está inflada.

La Corte Suprema facilitó el año pasado que funcionarios y agentes del orden impusieran multas o arrestaran a personas sin hogar por vivir en la calle. Luego, en julio de este año, el presidente emitió una orden ejecutiva que exige una ofensiva nacional contra los campamentos urbanos, incluyendo el desalojo masivo de personas que viven al aire libre y tratamientos forzados para la salud mental o adicciones.

Trump también lidera una reforma de la política federal de vivienda, con planes de para vivienda permanente y servicios para personas sin hogar.

Esta medida limitaría el uso de una política federal conocida como “Primero la Vivienda” (Housing First), que ofrece vivienda sin exigir tratamiento para salud mental o adicciones.

La Alianza Nacional para Terminar con la Falta de Vivienda (National Alliance to End Homelessness) advierte que este cambio podría dejar sin hogar a por lo menos actualmente en viviendas de apoyo permanente. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) suspendió el plan el 8 de diciembre para hacer revisiones, que “piensan” implementar.

Funcionarios del distrito dicen que están cumpliendo con la exigente campaña federal contra las personas sin hogar en espacios públicos. Bajo presión de la Casa Blanca, reconocen haber intensificado la disolución de campamentos. Defensores de personas sin hogar señalan que algunos operativos se han realizado de noche o sin previo aviso.

Líderes locales creen que se podrían hacer de manera más compasiva, ofreciendo servicios y refugio.

“Hemos pasado de permitir campamentos si no afectaban la salud o la seguridad pública, a decir: ‘No los queremos en la calle’”, dijo Wayne Turnage, vicealcalde para Salud y Servicios Humanos del distrito, quien supervisa el desmantelamiento de campamentos. “Es inseguro, insalubre y peligroso”. Sin embargo, reconoce que los operativos pueden desperdiciar recursos públicos, ya que los trabajadores sociales y equipos médicos deben volver a buscar a sus pacientes y clientes.

Defensores afirman que la administración Trump está generando miedo y desconfianza entre personas sin hogar y quienes tratan de ayudarlas, a la vez que malgasta fondos públicos que podrían utilizarse para brindar atención o ubicar a estas personas en viviendas. Eso sí, ahora hay muchas menos tiendas de campaña y campamentos visibles para turistas y residentes.

“Las personas encontraban seguridad en esas comunidades, y los proveedores de servicios podían localizarlas. Ahora hay gente armada y luces que destellan sacando a la fuerza a personas sin hogar sin previo aviso y tirando sus cosas”, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del Centro Nacional de Leyes sobre Personas sin Hogar (National Homelessness Law Center).

Funcionarios del distrito dicen que algunas personas han aceptado ir a refugios de emergencia. Pero incluso mientras la ciudad trata de ampliar la capacidad de albergues y conectar a la gente con servicios, reconoce que no hay suficientes camas ni viviendas permanentes para todos.

Y habrá menos lugares disponibles para quienes viven en la calle.

El presupuesto del distrito para el año fiscal 2026 concentró los fondos para personas sin hogar en las familias, con 336 nuevos vales para viviendas de apoyo permanente.

Sin embargo, se recortó el financiamiento para albergues temporales tanto para familias como para personas solas, y no se asignaron nuevos vales de vivienda permanente para individuos.

Eso significa menos espacios disponibles para adultos solos, que representan la mayoría de quienes deambulan por las calles. No obstante, las autoridades locales señalaron que han incluido 260 nuevas unidades de vivienda permanente para personas sin hogar, ya sean familias o individuos, en sus planes de construcción.

Empeorando la atención médica

La situación ha saturado los comedores comunitarios, como Miriam’s Kitchen en Foggy Bottom. Esta institución local ofrece comidas calientes, asistencia para vivienda y cobijas a personas en situación de necesidad.

Trabajadores sociales dicen que cada vez es más difícil ayudar a los clientes a obtener identificaciones y otros documentos necesarios para servicios sociales y de vivienda.

“Estoy buscando por todos lados, pero no puedo encontrarlos”, dijo Cyria Knight, trabajadora social de Miriam’s Kitchen. “La mayoría de mis clientes se fue a Virginia”.

No está claro cuántas personas se han trasladado a comunidades vecinas en Virginia o Maryland. En enero, antes de la ofensiva de Trump, se estimaba que había unas en la región. Cuatro de los seis condados que rodean Washington vieron un aumento en la falta de vivienda desde 2024, mientras que en el distrito .

“No veo a mis pacientes por un mes o más, y cuando los encuentro, sus enfermedades crónicas están fuera de control. Han entrado y salido de la sala de emergencia, y tienen más probabilidades de ser hospitalizados”, dijo Anna Graham, enfermera especializada en medicina callejera de , una red de clínicas en Washington. “Esto nos hace retroceder”.

El equipo de Graham estaciona su unidad médica móvil afuera de Miriam’s Kitchen durante la hora de la cena para tener más probabilidades de encontrar pacientes.

Willie Taylor, de 63 años, buscaba dónde dormir esa noche tras recibir la cena. Vio a Graham para recibir medicamentos para una enfermedad pulmonar avanzada, convulsiones, dolor crónico y otros padecimientos.

Le cuesta caminar y necesita una silla de ruedas, lo cual es complicado porque no tiene una dirección fija. Sus proveedores médicos dicen que le han robado sillas de ruedas antes mientras dormía en la calle.

Taylor usa un carrito de compras para mantenerse en pie durante el día, caminando sin rumbo hasta que cae la noche.

En una fría noche de noviembre, Graham lo ayudó a organizar sus medicamentos y revisó sus signos vitales. El equipo le dio un abrigo y calentadores de manos antes de que volviera a irse.

Después de caminar unos 45 minutos, encontró un rincón de pavimento en un parque donde pudo armar su cama con lonas y sacos de dormir.

“Mi cuerpo ya no aguanta esto”, dijo Taylor mientras se preparaba para dormir. “Hay hielo en el concreto. Me duele muchísimo más cuando hace frío”.

Las personas sin hogar  y les cuesta más al sistema de salud que quienes tienen vivienda, en gran parte porque no reciben tratamiento en la calle y, cuando buscan atención, suelen ir a la sala de emergencia.

Se estima que, entre las personas inscritas en Medicaid, quienes no tienen hogar generan un gasto anual de $18.764, frente a $7.561 de otros beneficiarios.

Más temprano ese día, en el comedor comunitario So Others Might Eat, Tyree Kelley terminaba su desayuno: un sándwich de salchicha y huevos duros. Estaba considerando ir a un refugio. Dijo que las calles se estaban volviendo demasiado peligrosas, en referencia a la presencia policial y de la Guardia Nacional. Extrañaba la comunidad de su antiguo campamento, que lo ayudaba a mantenerse seguro.

Este año ha ido al hospital al menos siete veces por una fractura en el tobillo tras caer de un scooter eléctrico. El accidente le hizo perder su trabajo y su seguro médico como recolector de basura, contó. Dijo que su situación lo ha hundido en una depresión que comenzó hace tres años, cuando murió su madre.

Después, este año murieron su padre y su hermana. Para adormecer el dolor, comenzó a beber.

“Uno se deprime mucho estando aquí”, dijo Kelley, de 42 años. “Se vuelve adictivo. Empiezas a no preocuparte ni por cambiarte de ropa”.

Esa depresión lo llevó a buscar marihuana. Luego fumó un cigarro mezclado con fentanilo. La sobredosis lo mantuvo en el hospital durante varios días.

“En realidad morí y volví”, dijo, agradeciendo a otras personas sin hogar que le administraron naloxona y le salvaron la vida. “Necesito salir de esto, pero me siento atrapado”.

A unas cuadras al oeste de la Casa Blanca hay un terreno baldío en donde hasta hace poco había más de una docena de tiendas de campaña. Quienes trabajan en la zona perciben lo que ya no se ve.

“Estuve aquí cuando limpiaron todo. Llegó una topadora y tiraron todo a un camión de basura”, dijo Ray Szemborski, quien trabaja frente a ese lote. “Las personas siguen sin hogar. Las sigo viendo debajo del puente. A veces están en las paradas de bus, otras solo caminando. Las tiendas ya no están, pero ellos siguen aquí”.

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Expertos en salud pública y defensores locales señalan que el brote se agravó por una combinación de factores: la reducción y el cierre de programas que distribuían jeringas estériles a personas que consumen drogas, la escasez de proveedores médicos especializados en VIH y el desalojo del mayor campamento de personas sin hogar de la ciudad.

Tras el desalojo, se interrumpió la atención de quienes habían sido diagnosticados recientemente y vivían allí.

Estos problemas podrían dejar de ser un asunto exclusivamente local.

La administración Trump está promoviendo políticas similares en todo el país. En una reciente, Trump dispuso que se retiraran los fondos a los programas que se dedican a la reducción de daños. Es decir, desfinanció muchas intervenciones de salud pública como la distribución de jeringas estériles, destinadas a proteger la vida de las personas que consumen drogas.

Es cierto que estas iniciativas a veces son controversiales y sus detractores afirman que fomentan las actividades ilegales.

La orden ejecutiva también promueve la expulsión de las personas sin hogar de las calles e indica que se las obligue a recibir tratamiento. Esto se produce después de que la administración recortara o retrasara la financiación de varios programas relacionados con las adicciones y el VIH, y las agencias federales .

La administración sostiene que su enfoque aumentará la seguridad pública, pero sugieren lo contrario. Muchos líderes comunitarios y expertos advierten que estas medidas podrían provocar más brotes como el de Bangor.

“Parece inevitable”, afirmó Laura Pegram, directora de en NASTAD, una asociación de funcionarios de salud pública que administran programas contra el VIH y la hepatitis.

Según Pegram, las personas que consumen drogas se enfrentan a un triple riesgo: VIH, hepatitis C y sobredosis. “Creo que empezaremos a ver cómo esas tres cosas vuelven a aumentar en todo el país”.

“Eso tendrá un costo altísimo”, agregó, tanto en lo económico como “en términos humanos”.

Además, los brotes que empiezan entre personas que usan drogas pueden fácilmente extenderse a quienes no lo hacen.

Brote de VIH

El primer caso de VIH en el brote actual de Bangor apareció en , mucho antes de que Trump volviera a la presidencia.

Puthiery Va, directora del , atribuyó este aumento de casos a la epidemia de opioides, la escasez de vivienda y los limitados servicios de salud en el área de Bangor.

Activistas locales señalaron un importante factor adicional: la falta de suministros en el principal programa de jeringas de la región, y su cierre posterior.

Una organización sin fines de lucro que daba atención médica y servicios sociales a personas que usan drogas, la Health Equity Alliance, o HEAL, al año.

Como en otros programas similares, buscaba prevenir la transmisión de enfermedades que puede ocurrir cuando se comparten jeringas.

Sin embargo, dificultades financieras y de gestión provocaron importantes carencias en los últimos años.

El ex director ejecutivo de HEAL, Josh D’Alessio, reconoció estos problemas y respondió a ºÚÁϳԹÏÍø News: “Sí, en ocasiones nos quedamos sin jeringas” o se debe limitar cuántas podían llevarse los participantes.

En otoño de 2023, varias de estas faltas se hicieron sentir, y el personal de HEAL las relacionó con el primer caso de VIH.

El futuro de la reducción de daños

Las investigaciones sugieren que existe una fuerte conexión entre los brotes de VIH que se han producido en el pasado en personas que consumen drogas y la falta de acceso a agujas estériles, explicó , epidemiólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad Tufts.

Un brote que se produjo en 2015 en el condado de Scott, en Indiana, y otro en el , en Massachusetts, unos años después, solo se pudo frenar con el , dijo Stopka.

Según , si esos programas hubieran existido antes en el condado de Scott, se podrían haber evitado más de un centenar de infecciones.

Va, quien dirige el Maine Center for Disease Control and Prevention, dijo que considera la escasez de servicios de jeringas en el área de Bangor como un factor en el brote actual, aunque no la causa principal.

Por su parte, Stopka asegura que la acción más eficaz para aliviar un brote “es aumentar el acceso a jeringas estériles”.

Pero la reciente orden ejecutiva de Trump vincula los programas de reducción de daños con el crimen y afirma que estos esfuerzos “solo facilitan el consumo ilegal de drogas y los daños que conlleva”. La orden no menciona directamente los programas de jeringas —que, en el pasado, han sido respaldados tanto por demócratas como por republicanos—, pero apunta a los sitios de “consumo seguro”, donde las personas pueden usar drogas bajo supervisión.

Muchos defensores temen que .

La principal agencia nacional de adicciones aclaró en un comunicado que, según la orden ejecutiva de Trump, los fondos federales para comprar jeringas ni pipas para drogas. Esta restricción, sin embargo, ya existía desde hace décadas. El comunicado no mencionó si los programas de distribución de jeringas pueden recibir apoyo para sus gastos operativos generales.

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News que la administración está comprometida con “abordar la crisis de adicciones y sobredosis que afecta a comunidades de todo el país”. Pero ni él ni otros portavoces de la Casa Blanca respondieron preguntas específicas sobre la postura de la administración con respecto a los servicios de jeringas.

En Bangor, algunos vecinos expresaron preocupaciones parecidas a las del presidente en relación con la reducción de daños.

En una reunión del Concejo Municipal que se realizó —poco después de que el estado certificara un nuevo programa de intercambio de jeringas para la ciudad—, residentes y comerciantes dijeron que se sentían inseguros por el aumento de personas sin hogar que usaban drogas. Temían que los programas de jeringas fomentaran ese comportamiento.

Pero las investigaciones indican que los programas de jeringas hacen disminuir el número de en lugares públicos y . Pueden los nuevos casos de VIH y hepatitis C, el ingreso a tratamientos por adicción y .

También son los de medicamentos para revertir sobredosis, cuyo uso ha sido apoyado por muchas comunidades e incluso por la administración Trump.

Finalmente, la ciudad decidió que el programa certificado no podría operar en parques o plazas públicas importantes.

En los meses siguientes, Needlepoint ofreció sus servicios de jeringas únicamente en el campamento de personas sin hogar más grande de la ciudad, donde varios residentes habían dado positivo para VIH, según contó su director ejecutivo, William “Willie” Hurley. Eso terminó en febrero, cuando la ciudad desalojó el campamento.

Este verano, Needlepoint consiguió un local privado para su programa de intercambio de jeringas, pero lo tuvo que cerrar cinco días después, cuando las autoridades municipales plantearon .

, directora del Departamento de Salud de Bangor, dijo que la ciudad intenta encontrar un equilibrio entre “ofrecer servicios y lo que quiere la comunidad”.

“Lograr que la mayoría de la comunidad esté de acuerdo con los programas de reducción de daños es fundamental para su continuidad”, señaló.

Otras ciudades, en , han visto reacciones similares que derivaron en nuevas leyes que restringen o eliminan estos programas.

Gunderman  espera evitar que eso ocurra en Bangor.

Desalojos de campamentos

La orden ejecutiva de Trump también busca sacar a las personas sin hogar de la calle y mandarlas a centros de tratamiento aunque no quieran.

La administración ya está aplicando esta política en Washington, D.C., donde y amenazado a personas sin hogar con si no abandonan las calles.

Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, dijo que estas personas tienen la opción de ir a un albergue o recibir servicios de salud mental y adicciones.

Políticas similares se han implementado en años recientes en todo el país, incluso en áreas consideradas progresistas como y .

En Bangor el año pasado, cuando un campamento de personas sin hogar creció hasta alcanzar casi un centenar de residentes, empresarios y vecinos pidieron su desalojo.

Algunos defensores y proveedores de servicios sociales advirtieron que la expulsión podría empeorar el brote de VIH y la crisis de sobredosis.

En dos reuniones del Concejo Municipal, en noviembre pasado, a las personas después de un desalojo y que dispersar a quienes acababan de recibir un diagnóstico podría en otros lugares.

“Varios señalaron que se perdería el seguimiento de estas personas”, comentó , integrante de la junta directiva de la Bangor Area Recovery Network, a ºÚÁϳԹÏÍø News. “Pero de todos modos lo hicieron”, se lamentó.

“Aún sigo vivo”

Dos meses después de desalojar el campamento, que desconocía el paradero de más de un tercio de quienes habían vivido allí.

Clark explicó que no es sorprendente que la ciudad no haya logrado que todas las personas sin hogar accedan a vivienda o a servicios de tratamiento. Muchos desconfían de estos servicios, los refugios suelen estar llenos y los servicios de tratamiento son escasos. “¿A dónde se supone que deben ir estas personas?”, se preguntó.

Los autoridades dijeron en las reuniones del Concejo y en sus informes que estaban actuando de manera humana. En los meses previos al desalojo, reforzaron los servicios sociales, vinculando a las personas con todo tipo de apoyos, desde vivienda hasta espacios para guardar sus pertenencias y lavanderías.

Gunderman, directora de salud de la ciudad, dijo que sabía que el desalojo no fue lo ideal, pero que tampoco lo era mantener a la gente amontonada en un campamento insalubre. “Era una situación sin opciones buenas”, explicó.

Para ayudar a ubicar a las personas del campamento y mantenerlas comprometidas con el tratamiento del VIH, la ciudad está empleando ahora unos de los fondos del acuerdo sobre los opioides, con los que contrató a dos gestores de casos. (El otro programa local de gestión de casos médicos de VIH ).

“Lo que sabemos por el trabajo que hemos estado haciendo es que dedicamos mucho tiempo a buscar a las personas”, dijo Gunderman.

Jason, quien ha estado sin hogar la mayor parte de la última década y dio positivo para VIH este año, ha visto ese trabajo en acción.

Integrantes de lo que él llama su equipo médico han recorrido las calles durante horas para encontrar su carpa, y recordarle que debe aplicarse las inyecciones contra el VIH, contó. Algunos incluso fueron a buscar sus recetas y se las llevaron.

“Se han asegurado de que esté bien”, dijo Jason. (ºÚÁϳԹÏÍø News acordó usar solo su primer nombre para proteger su privacidad).

Jason cree que contrajo el virus el año pasado en el campamento, al usar drogas que otra persona preparó. Había intentado evitar ese campamento durante meses, pero dijo que cada vez que instalaba su tienda en otro lugar, la policía le pedía que se moviera.

Cuando recibió el diagnóstico pensó en su tío, quien murió de sida en los años 80.

“Duele hablar de eso, pero sigo con vida”, dijo Jason.

Después de varios meses de tratamiento, su carga viral es ahora . Durante el verano, el equipo lo ayudó a encontrar una vivienda.

Pero Jason aún tiene dificultades para conseguir jeringas estériles de manera regular. Le preocupa que a otros también les falten.

“Así es como este brote se ha seguido propagando”, dijo Jason. “Cada vez que nos damos cuenta, hay otro caso”.

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Es un cambio agresivo en la principal política nacional contra el desamparo, que durante décadas ha dado prioridad al acceso a una vivienda como la forma más eficaz de combatir esta crisis.

“Nuestras grandes ciudades se han convertido en pesadillas insalubres e inhabitables”, dijo Trump en un . “A los que padecen enfermedades mentales graves y trastornos profundos los llevaremos a instituciones psiquiátricas, que es donde deben estar, con el objetivo de reintegrarlos a la sociedad una vez que mejoren y puedan controlarse”.

Ahora que está en el cargo, ha comenzado el asalto al programa (Vivienda Primero).

Los funcionarios de la Casa Blanca no han anunciado una política formal, pero están abriendo la puerta a un programa de tratamiento, al tiempo que diseñan una intensa revisión de los programas de vivienda y servicios sociales que son la columna vertebral del sistema de respuesta a la crisis de las personas sin hogar, del que dependen ciudades y condados de todo el país.

Casi . Pero ahora, Scott Turner, que dirige el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Trump, la agencia responsable de administrar los fondos para la vivienda y para los que no la tienen, ha propuesta recortes masivos y ha pedido una .

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, ya no estamos en una postura de seguir como siempre y el grupo de trabajo DOGE desempeñará un papel fundamental para ayudar a identificar y eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso y, en última instancia, servir mejor al pueblo estadounidense”, en un comunicado.

Los recortes de personal especialmente a la parte de la agencia que supervisa el gasto en personas sin hogar y las iniciativas de Vivienda Primero. Trump habló de este tema durante su campaña, pidiendo que se abrieran nuevos centros de tratamiento en extensas parcelas de terrenos gubernamentales: “Grandes campamentos donde se pueda reubicar a las personas sin hogar y se identifiquen sus problemas”. Allí podrían recibir tratamiento y rehabilitación y si no lo hacen podrían ser arrestados.

Ahora como presidente, centra su atención en las personas sin hogar que viven en la calle, y en marzo ordenó a Washington D.C. urbanos, lo que podría separar a las personas sin hogar de sus gestores de casos y proveedores de servicios sociales, interrumpiendo su camino hacia la vivienda.

La administración no recomienda a los gobiernos locales seguir la política federal, diciéndoles que los contratos de personas sin hogar “si se requiere que el proyecto utilice un modelo como el programa de Vivienda Primero”. Y, para “reducir el alcance de la burocracia federal”, Trump recortó el Consejo Interagencial de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar, reduciendo la agencia responsable de coordinar la financiación y las iniciativas entre el gobierno federal, los estados y las agencias locales, conocidas como .

“Queda claro que los ataques imprudentes de Trump en todo el gobierno federal potenciarán la crisis de la vivienda y de las personas sin hogar en comunidades de todo el país”, declaró la legisladora demócrata Maxine Waters, de Los Angeles, en respuesta a la orden.

Apoyo sin tratamiento forzoso

se implementó a nivel nacional en 2004 bajo la administración de George W. Bush para combatir la falta de vivienda crónica, haber vivido en la calle con una condición discapacitante durante un largo período de tiempo.

El programa se amplió bajo el presidente Barack Obama como el plan de ataque de Estados Unidos contra la falta de vivienda y bajo el presidente Joe Biden, quien argumentó que la vivienda era una necesidad básica, fundamental para la salud.

La política tiene como objetivo estabilizar a las personas sin hogar en viviendas permanentes y proporcionarles apoyo y servicios sociales sin forzar el tratamiento, imponer requisitos laborales o exigir la sobriedad. Una vez alojadas, en teoría, las personas sin hogar escapan del caos de las calles y pueden entonces centrarse en la búsqueda de un empleo, cuidar de sus enfermedades crónicas o lograr la sobriedad.

“Cuando estás en la calle, lo único que haces cada día es pensar en cómo sobrevivir”, explicó Ann Oliva, CEO de la National Alliance to End Homelessness. “La vivienda es la intervención más importante que aporta una sensación de seguridad y estabilidad, en la que no estás constantemente tratando de encontrar comida o un lugar seguro para dormir”.

Pero Trump quiere eliminar las iniciativas de viviendas subvencionadas por los contribuyentes. Está impulsando un enfoque punitivo que impondría multas y posiblemente penas de cárcel a las personas sin hogar. Y quiere imponer la sobriedad y el tratamiento de salud mental como la principal intervención contra la falta de vivienda, un cambio radical con respecto a Housing First.

El cambio ha provocado miedo y pánico entre los expertos en personas sin hogar y los proveedores de servicios de primera línea, que sostienen que forzar el tratamiento y criminalizar a las personas sin hogar mediante multas y penas de cárcel simplemente no funciona.

“Solo va a empeorar las cosas”, señaló Donald Whitehead Jr., director ejecutivo de la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar. “Meter a todo el mundo en programas de tratamiento no es una estrategia eficaz. El verdadero problema es que no tenemos suficientes viviendas asequibles”.

Trump estuvo a punto de acabar con Housing First durante su primer mandato, cuando nombró a Robert Marbut para dirigir el Consejo Interagencial de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar . Pero covid-19 paralizó esos planes. Ahora Marbut cree que el presidente terminará el trabajo.

“Trump sabe que lo que tenemos que hacer es devolver los fondos para el tratamiento y la recuperación”, dijo Marbut. “La administración Trump está muy centrada en acabar con Housing First. Se dieron cuenta de que estaba mal la primera vez y por eso me eligieron a mí para cambiarlo. Seguimos pensando que no funciona”.

Bajo ataque

A Housing First no solo lo atacan los republicanos, también los demócratas, que responden a la frustración pública por la multiplicación de los campamentos urbanos de personas sin hogar en todo el país.

El año pasado, el gobierno federal estimó que personas en Estados Unidos no tenían hogar, una cifra récord. Un aumento del 18% con respecto a 2023. Y mientras la vivienda se vuelve cada vez más inalcanzable, los campamentos de personas sin hogar se han disparado, tomando los parques de las ciudades, abarrotando las veredas y contaminando las vías fluviales a pesar de un gasto público sin precedentes.

Ya hay ciudades y estados, liberales y conservadores, que están tomando medidas enérgicas contra las personas sin hogar y abordando la crisis de salud mental y adicciones.

Esto ocurre incluso en estados demócratas como California, donde el gobernador Gavin Newsom ha creado una iniciativa de “” que puede ordenar el tratamiento aunque no siempre haya viviendas disponibles, y ha amenazado con retirar la financiación a las ciudades y condados que no acaben con los campamentos de forma enérgica.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, ha propuesto para los que padecen de adicciones. La alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, está dando prioridad a los desalojos de campamentos, aunque la promesa de vivienda o refugio es incierta. Y el alcalde de San José, Matt Mahan, para los planes de que se nieguen a ser acogidas tres veces en 18 meses y para pagar la ampliación de los refugios.

Mahan cree que los liberales y los activistas han sido demasiado “puristas” porque no se están construyendo viviendas con la suficiente rapidez, mientras que las inversiones en refugios y tratamientos han sido inadecuadas. “No puede tratarse solo de Housing First”, dijo.

Las medidas enérgicas contra las personas sin hogar se han disparado desde que la Corte Suprema de Estados Unidos hizo más fácil que los funcionarios electos y las fuerzas del orden multaran y arrestaran a las personas por vivir en la calle.

Desde junio, se han aprobado unas 150 leyes que imponen multas o penas de cárcel, unas 45 solo en California, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del National Homelessness Law Center.

Rabinowitz y otros expertos afirman que tanto los republicanos como los demócratas están socavando el programa Housing First al criminalizar la falta de vivienda y llevar a cabo redadas en campamentos que dificultan la capacidad de los trabajadores de primera línea.

Sin embargo, hay desacuerdo sobre si desmantelar por completo esta política.

Los líderes liberales quieren mantener las corrientes existentes de financiación para la vivienda y las personas sin hogar, al tiempo que se amplían los refugios y sacan a la gente de las calles. Los conservadores culpan a Housing First del aumento de personas sin techo, y presionan para que se imponga el tratamiento obligatorio y se recorten los subsidios a la vivienda.

Evidencia muestra que Housing First ha tenido éxito en trasladar a personas vulnerables y sin hogar a viviendas permanentes. de 26 estudios indicó que, en comparación con el tratamiento primero, “los programas de Housing First disminuyeron el número de personas sin hogar en un 88%”. Y el enfoque ha mostrado en la salud, reduciendo los costosos de atención hospitalaria y urgencias.

Los expertos afirman que el programa Housing First ha estado y se ha aplicado de manera desigual, ya que algunas agencias para personas sin hogar reciben dinero federal pero no proporcionan servicios adecuados ni reubicaciones en viviendas.

“Convertirlo en la política general para todas las personas sin hogar lo deja vulnerable a ser atacado de la manera en que está siendo atacado actualmente”, afirmó Philip Mangano, un republicano que encabezó el desarrollo de Housing First como asesor principal sobre personas sin hogar de George W. Bush. “La verdad es que es una mezcla de cosas. Para algunas personas, como las que consumen drogas, todavía no hay resultados”.

Otros dicen que ha sido ineficaz en algunos lugares debido al despilfarro desenfrenado, el abuso y la .

“Esto funciona cuando se hace bien”, señaló Marc Dones, director de políticas para iniciativas sobre personas sin hogar en la Universidad de California-San Francisco, argumentando que la vivienda puede salvar vidas y reducir el gasto en costosos cuidados de salud. “Pero creo que hemos sido demasiado blandos durante demasiado tiempo con una incompetencia real”.

Jeff Olivet, que sucedió a Marbut en la Interagency Council on Homelessness de Estados Unidos bajo la presidencia de Biden, dijo que las posiciones de Marbut y Trump están equivocadas. Sostiene que el programa Housing First ha funcionado para aquellos que han conseguido un hogar, pero el número de personas que se quedan sin hogar supera al que las consiguen. Y dice que nunca ha habido suficiente dinero para proporcionar vivienda y servicios de apoyo a todos los necesitados.

“El programa Housing First no consiste solo en meter a alguien en un apartamento y esperar lo mejor”, explicó Olivet. “Se trata realmente de proporcionar una vivienda estable y acceso a la atención médica, a la salud mental y al tratamiento de adicciones, y de apoyar a las personas, pero sin obligarlas”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Más de un millón de residentes de California que viven en Estados Unidos sin papeles ahora califican para Medi-Cal, la versión estatal de Medicaid: ha sido uno de los primeros en independientemente de su estatus migratorio.

El estado también está experimentando con fondos de Medicaid para pagar servicios sociales como asistencia para vivienda y alimentos, especialmente para aquellos que viven en las calles o tienen enfermedades crónicas. Además, está obligando a la industria de la salud a mientras impone a médicos, hospitales y aseguradoras para ofrecer una atención de mejor calidad y más accesible.

Sin embargo, hasta ahora, Newsom no ha logrado cumplir por completo con sus políticas de salud más ambiciosas, y muchos cambios aún no son visibles para el público: los costos de la salud , la y muchos californianos todavía luchan por obtener atención médica básica.

Ahora, algunas de las iniciativas emblemáticas de Newsom en materia de salud, que podrían definir su perfil en el escenario nacional, están en peligro con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Según expertos en políticas sanitarias, California podría perder miles de millones de dólares en financiamiento para la atención médica si la nueva administración Trump altera los programas de Medicaid, algo que los republicanos . Tal movimiento podría obligar al estado a recortar drásticamente beneficios, e incluso la elegibilidad.

Y aunque la inscripción para que inmigrantes indocumentados obtengan atención médica gratuita se ha financiado casi completamente con dinero estatal, esto convierte a California en un blanco político.

“Eso es combustible para alimentar el argumento de la republicana MAGA de que estamos tomando dólares de impuestos de buenos estadounidenses y proporcionando atención médica a los inmigrantes”, dijo Mark Peterson, experto en atención médica de UCLA, en referencia al movimiento “Make America Great Again”.

Newsom rechazó una entrevista con ºÚÁϳԹÏÍø News. En un comunicado, reconoció que muchas de sus iniciativas todavía están en proceso de implementarse. Pero, aunque intentará trabajar con Trump, el gobernador prometió proteger su agenda de atención médica en sus dos últimos años en el cargo.

“Nos estamos acercando a la administración entrante con una mano abierta, no con un puño cerrado”, dijo Newsom. “Es una prioridad principal de mi administración asegurar que la atención médica de calidad esté disponible y sea asequible para todos los californianos”.

Mark Ghaly, ex secretario de Salud y Servicios Humanos bajo Newsom, dijo que transformar la forma en que se paga y ofrece la atención médica puede ser complicado. “No lo hicimos perfectamente”, dijo Ghaly. “La implementación siempre es complicada en un estado de 40 millones de personas”.

Antes de la inauguración de Trump el 20 de enero, Newsom propuso para desafiar a Trump en atención reproductiva, ayuda para desastres y otros servicios. Su solicitud está pendiente en la Legislatura estatal controlada por demócratas.

Estas son las principales iniciativas que conformarán el legado de Newsom en salud:

Medicaid

Se avecinan posibles recortes federales en el estado más poblado de Estados Unidos. De los asombrosos que California gasta anualmente en atención médica y servicios sociales, casi $116 mil millones provienen del gobierno federal. La mayor parte de eso va a Medicaid, que cubre a más de . Líderes republicanos en Washington han planteado ideas para , lo que podría reducir beneficios o disminuir la inscripción.

Además, la expansión de Medi-Cal en California para se proyecta que costará al estado aproximadamente $6.4 mil millones para el año fiscal que termina el 30 de junio.

A principios de diciembre, Newsom sugirió que el estado continuaría financiando la expansión de atención médica para inmigrantes en el próximo año fiscal, pero si mantendría la cobertura en años futuros.

Grupos de defensa están listos para proteger estos beneficios si Trump hace de California su blanco. “Queremos continuar protegiendo el acceso a la atención y no ver un retroceso”, dijo Amanda McAllister-Wallner, directora ejecutiva interina de Health Access California.

Medicamentos genéricos

Citando el alto costo de los medicamentos recetados, a su plan para producir insulina genérica para California y de fabricación para producir una gama de medicamentos genéricos.

Tres años después, California no ha logrado ninguno de los dos. Sin embargo, un acuerdo para comprar al por mayor naloxona, el medicamento para revertir las sobredosis de opioides, que el estado puso a disposición de escuelas, clínicas de salud y otras instituciones .

“Es ciertamente decepcionante que no haya mucho más progreso”, dijo el ex senador estatal Richard Pan, quien redactó la legislación original de medicamentos genéricos.

Sobre la insulina genérica, Newsom reconoció “que ha tomado más tiempo del que esperábamos llevar insulina al mercado, pero seguimos comprometidos a ofrecer insulina a $30 disponible para todos los que la necesiten lo antes posible”.

Aborto

El gobernador ayudó a liderar la exitosa campaña de 2022 para en la constitución estatal. Firmó leyes para garantizar que los abortos, espontáneos o no, , para permitir que médicos de otros estados realicen abortos en California, almacenar cuando mifepristona enfrentó una prohibición nacional, y para ayudar a los californianos que no pueden pagar el cuidado del aborto.

Newsom, quien ha hecho de los derechos reproductivos un pilar central de su agenda política, también y recorrió el país atacando a Trump y a otros republicanos en estados conservadores que han restringido el acceso al aborto.

Después de la victoria electoral de Trump, Newsom convocó a una sesión legislativa especial para prepararse para posibles batallas legales con el gobierno federal. Dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News que el estado se está preparando “de todas las maneras posibles para proteger los derechos garantizados en la constitución de California y asegurar la autonomía para todos los que están en nuestro estado”.

Costos crecientes de la atención médica

En 2022, Newsom creó la para establecer límites al gasto en salud e imponer sanciones a las aseguradoras y proveedores de atención médica que no cumplieran con los objetivos. Para 2029, California limitará los aumentos anuales de precios para aseguradoras, médicos y hospitales al 3%.

Si bien Trump ha expresado preocupación por el aumento constante de los costos de la atención médica a nivel nacional y la calidad de la atención, sus ideas se han centrado en la desregulación y en (ACA), lo que, según expertos, y aumentar los gastos de los pacientes.

California podría perder subsidios federales que han ayudado a para la mayoría de los aproximadamente que compran su cobertura de salud a través de Covered California, el mercado estatal de ACA, lo que aumentaría los gastos de bolsillo de los pacientes.

El estado podría usar el dinero que recauda de por no tener seguro de salud, adoptada por Newsom después que el Congreso eliminara el mandato individual de Obamacare en 2017. Según el Departamento de Finanzas del estado, esos ingresos estatales están proyectados en . Eso es una fracción de los aproximadamente $ en subsidios federales para seguros de salud que recibe California.

Salud y falta de vivienda

Bajo el liderazgo de Newsom, California de dinero público para abordar la crisis de personas sin hogar, pero la situación ha empeorado bajo su mandato.

Desde 2019, cuando Newsom asumió el cargo, hasta 2023, la falta de vivienda aumentó un 20%: no tienen techo, a pesar que el estado destinó más de $20 mil millones para tratar de sacar a las personas de las calles, incluido un programa para convertir hoteles y moteles .

Además, se han invertido aproximadamente $12 mil millones en CalAIM, un para , como asistencia para alquilar y para prevenir desalojos.

El año pasado, una auditoría estatal encontró que el estado no estaba haciendo un buen trabajo en el seguimiento de la efectividad del dinero de los contribuyentes. CalAIM no está sirviendo a tantos californianos como se esperaba, y los pacientes enfrentan dificultades para recibir los de los aseguradores de salud.

“La crisis de personas sin hogar en nuestras calles es inaceptable”, reconoció Newsom. “Pero estamos comenzando a ver avances”.

Se espera que la administración Trump revierta las políticas liberales que han permitido el uso de dinero de Medicaid para experimentos de atención médica a través de exenciones .

Notablemente, Trump ha criticado a Newsom por su manejo de la crisis de personas sin hogar y ha prometido con más fuerza. La exención de CalAIM en California termina a finales de 2026.

Por ejemplo, en lugar de expandir la asistencia de vivienda y alimentos, el estado podría enfrentarse a movimientos federales para terminar los beneficios de CalAIM y hacer que .

Salud mental y adicciones

Newsom ha lanzado la reforma más extensa del sistema de salud conductual de California en décadas, destinando miles de millones en fondos estatales a una nueva red de instalaciones de tratamiento y programas de prevención.

Dos de sus iniciativas emblemáticas más controvertidas, la y , inyectan dinero en el tratamiento y la vivienda para californianos con afecciones de salud conductual, especialmente personas sin hogar que viven en crisis. CARE Court permite a los jueces ordenar tratamiento para quienes sufren enfermedades mentales debilitantes y trastornos por adicciones.

Ambas iniciativas han enfrentado desafíos de financiamiento, dependen de los condados para su implementación y podrían tardar años en producir resultados visibles.

Mientras que Newsom ha buscado expandir el tratamiento en las comunidades, Trump ha sugerido un regreso a la institucionalización y propuso trasladar a personas sin hogar y a aquellos con graves afecciones de salud conductual a .

Newsom dijo que espera que sus enfoques “innovadores” transformen la atención de salud conductual con “un enfoque en las personas con enfermedades más graves y adicciones”.

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Estos médicos, enfermeros y trabajadores sociales se están desplegando en las calles de Los Ángeles para ofrecer atención médica y servicios sociales a las personas sin hogar: soldados de un nuevo modelo de negocio que está arraigándose en comunidades de toda California.

Su estrategia: construir confianza con las personas sin hogar para darles medicinas dondequiera que estén… y ganar dinero haciéndolo.

“La mayor población de personas sin hogar en este país está aquí en el sur de California”, dijo Sachin Jain, ex funcionario de salud de la administración Obama que es CEO de SCAN Group, que dirige un plan de Medicare Advantage que cubre a unas 300,000 personas en California, Arizona, Nevada, Texas y Nuevo México.

“El segmento de más rápido crecimiento de personas que experimentan la falta de vivienda son en realidad los adultos mayores”, dijo. “Dije, ‘Tenemos que hacer algo al respecto'”.

La organización de Jain Healthcare in Action, un grupo médico que envía a los practicantes a las calles de California exclusivamente para atender a personas sin hogar. Ha crecido rápidamente, estableciendo operaciones en 17 comunidades, incluyendo Long Beach, West Hollywood y el condado de San Bernardino.

Desde su lanzamiento, Healthcare in Action ha atendido a unos 6,700 pacientes sin techo y ha realizado aproximadamente 77,000 diagnósticos, desde esquizofrenia hasta diabetes. Ha puesto a unas 300 personas en viviendas permanentes o temporales.

En la mayor parte del país, la medicina de calle o callejera se practica como una labor caritativa, dirigida a servir a una población de pacientes compleja que ha sido desatendida por la medicina tradicional, dicen sus defensores.

Llevando vidas nómades y caóticas, las personas sin hogar sufren desproporcionadamente de afecciones mentales, adicciones y enfermedades crónicas, y a menudo no tienen seguro médico o si lo tienen no lo usan.

Eso hace que diseñar un negocio alrededor de atenderlos sea un riesgo, dicen ejecutivos de seguros y economistas de la salud.

“Es realmente innovador y emprendedor tomar toda esta energía y coraje para tratar de mejorar las cosas para una población a la que generalmente se ignora”, dijo Mark Duggan, profesor de economía en la Universidad de Stanford que se especializa en política de falta de vivienda y Medicaid. “Los incentivos financieros importan muchísimo en la atención médica. Son todo”.

Se estima que 181,000 personas en California en 2023, aproximadamente el 30% del total nacional. El número de personas viviendo en la calle, más de dos tercios del total del estado, aumentó 6.9% con respecto al año anterior.

A los líderes estatales, incluido el gobernador demócrata Gavin Newsom, contra la creciente crisis de salud pública y política, a pesar de reunir recursos sin precedentes de los contribuyentes.

“Tenemos un gran problema entre manos, y tenemos muchos planes de salud y municipios diciendo, ‘Te necesitamos'”, dijo Jain.

En las calles

Una mañana nublada de abril, en Long Beach, Daniel Speller manejaba su furgoneta médica móvil entre las tiendas de campaña y lonas que llenaban las calles residenciales, buscando a un par de pacientes sin hogar. Speller, que es asistente médico de Healthcare in Action, dijo que estaba particularmente preocupado por las heridas gravemente infectadas que habían desarrollado en sus extremidades después de usar la droga callejera xilazina, un tranquilizante para animales que a menudo se mezcla con fentanilo.

“Estas heridas están en todas partes. Es realmente malo”, dijo Speller. Si las infecciones avanzan, pueden requerir amputaciones de dedos, pies o brazos.

“Hombre, ésta todavía está muy profunda”, dijo Speller mientras despegaba los jeans de la pierna hinchada de Robert Smith, de 66 años.

Después de limpiar y vendar la pierna de Smith, Speller le preguntó si necesitaba algo más. “Perdí mis cupones de alimentos”, respondió Smith.

En menos de una hora, el equipo de trabajadores sociales y enfermeros de Speller habían llamado a un Uber para llevar a Smith a una oficina estatal, donde recibió una nueva tarjeta CalFresh.

Después, Speller dobló hacia una calle lateral llena de más tiendas de campaña y autos convertidos en refugios. Nick Destry Anderson, de 46 años, estaba durmiendo en la acera y necesitaba con urgencia que le curaran su herida.

“Tenía tanto miedo. Antes de conocerlos pensé que iba a perder mi pierna”, dijo Anderson, haciendo un gesto mientras Speller rociaba su pierna con un aerosol antibiótico. “Estas personas salvaron mi vida”.

Anderson dijo que se sentía mareado, así que Speller pidió a otro miembro del equipo que usara la tarjeta de crédito de la empresa para comprarle una hamburguesa con queso y una Sprite.

Muchas personas sin hogar languidecen en las calles, tan arraigadas en crisis de salud mental o adicciones que no les importa mucho ver a un médico o tomar su medicación. Las enfermedades crónicas empeoran. Las heridas se infectan. Las personas sufren sobredosis o mueren por afecciones tratables.

Parte de la medicina callejera consiste en vendar heridas infectadas, administrar inyecciones de antipsicóticos y tratar enfermedades crónicas. Los proveedores de la calle a menudo reparten parafernalia de drogas como agujas limpias y pipas de vidrio para prevenir que se compartan y prevenir infecciones. Quizás más importante, estos trabajadores construyen confianza.

Que los pacientes sin hogar s conecten con médicos y enfermeros de atención primaria, que los visitan en las calles, en los parques o dondequiera que estén, puede prevenir visitas frecuentes y costosas a salas de emergencia y hospitalizaciones, potencialmente ahorrando dinero a las aseguradoras y a los contribuyentes, argumenta Jain.

Aunque los refugios y la vivienda son escasos, el objetivo de Healthcare in Action es lograr que los pacientes estén lo suficientemente saludables como para vivir vidas estables e independientes, dijo.

Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. En West Hollywood esa semana de abril, Isabelle Peng, coordinadora clínica de Healthcare in Action, encontró a Lisa Vernon, una mujer sin hogar, desplomada en su silla de ruedas en una parada de autobús concurrida. Vernon es una habitual del cercano Centro Médico Cedars-Sinai, dijeron Peng y su colega, David Wong.

Cuando Peng y Wong intentaron examinar su pierna hinchada, Vernon les gritó y rechazó la ayuda. “¡Los antibióticos no van a salvar mi vida!”, gritó Vernon mientras un ratón corría hacia las migajas de patatas fritas que estaban a sus pies.

Pasaron a su siguiente paciente, un hombre que estaban rastreando con un dispositivo GPS que a veces colocan en las pertenencias de las personas sin hogar. El uso de los dispositivos es voluntario. Funcionan mejor que los teléfonos móviles porque es menos probable que la policía los confisque durante redadas de campamentos, o que se los roben.

“Nuestros pacientes realmente cambian mucho de ubicación, así que esto nos ayuda a encontrarlos cuando tenemos que darles medicación o hacer seguimiento”, dijo Wong. “Ya hemos desarrollado un vínculo con estos pacientes y ellos quieren que los veamos”.

Aumento de ingresos

Los equipos de medicina de calle están en demanda, en gran parte debido a la creciente frustración pública con la falta de vivienda. Por ejemplo, La ciudad de West Hollywood otorgó a Healthcare in Action un contrato de tres años que paga $47,000 al mes. La organización sin fines de lucro también puede facturar por sus servicios a Medi-Cal, el programa de Medicaid de California.

Mari Cantwell, que se desempeñó como directora del Medicaid de California desde 2015 hasta principios de 2020, dijo que los reembolsos de Medicaid por sí solos no son suficientes para financiar a los proveedores de medicina de calle. Para seguir siendo viables, dijo, deben dar pasos financieros creativos, como hace Healthcare in Action.

“Medicaid nunca va a pagar altos márgenes, así que tienes que pensar en cómo sostener las cosas”, dijo.

Healthcare in Action generó unos $2 millones en ingresos en su primer año, $6 millones en 2022 y $15,4 millones en 2023, según Michael Plumb, director financiero de SCAN Group.

Healthcare in Action y el plan de seguro Medicare Advantage de SCAN generan ingresos sirviendo a pacientes sin hogar de múltiples maneras:

• Ambos están aprovechando miles de millones de dólares en fondos de Medicaid que los estados y el gobierno federal están gastando para tratar a personas sin hogar y para proporcionar como asistencia de vivienda y alimentos. Por ejemplo, Healthcare in Action ha recibido $3,8 millones de la iniciativa de Medicaid de Newsom de $12 mil millones llamada CalAIM, que le permite contratar trabajadores sociales, médicos y proveedores para los equipos de medicina callejera, según el estado. También contrata con aseguradoras de salud, incluidas L.A. Care y Molina Healthcare en el sur de California, para identificar viviendas para pacientes sin hogar, negociar con propietarios, y proporcionar ayuda financiera como cubrir depósitos de seguridad.
• Healthcare in Action recibe donaciones caritativas de algunos hospitales y aseguradoras, incluidas CalOptima en el condado de Orange y su propio plan Medicare Advantage, SCAN Health Plan.
• Healthcare in Action se asocia con ciudades y hospitales para proporcionar tratamiento y servicios. En 2022, inició un contrato con Cedars-Sinai para atender a pacientes que deambulan fuera del hospital.
• También inscribe a pacientes sin hogar elegibles en SCAN Health Plan porque muchas personas mayores de bajos ingresos califican tanto para la cobertura de Medicaid como para Medicare. El plan tuvo ingresos de $4,9 mil millones en 2023, frente a los $3,5 mil millones de 2021.

“Ha habido un ajuste de mercado increíble, desafortunadamente”, dijo Jain. “No puedes caminar o conducir por una calle en Los Ángeles, ya sea rica o pobre, y no encontrarte con este problema”.

Jim Withers, quien acuñó el término “medicina de calle” hace décadas y atiende a personas sin hogar en Pittsburgh, dio la bienvenida a la entrada de más proveedores dada la enorme necesidad. Pero advirtió sobre un modelo con motivos financieros.

“Me preocupa la corporativización de la medicina de calle y el capitalismo invadiendo lo que hemos estado construyendo, en gran parte como una misión de justicia social fuera del sistema tradicional de atención médica”, dijo. “Pero nadie posee las calles, y tenemos que encontrar la manera de trabajar juntos”.

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California está liderando esta tendencia, destinando gran parte de un presupuesto de $12 mil millones a una ambiciosa iniciativa de Medicaid para ayudar a los pacientes sin hogar a encontrar vivienda, y a pagarla para evitar el desalojo.

Arizona está asignando $550 millones de fondos de Medicaid que se usarán para cubrir seis meses de alquiler para personas sin hogar. Oregon está gastando más de $1,000 millones en servicios como asistencia de alquiler de emergencia para pacientes que no tienen un techo.

Incluso Arkansas, un estado predominantemente conservador, destinará parte de unos $100 millones para ofrecer vivienda a sus más necesitados.

Al menos 19 estados están redireccionando dinero de Medicaid —el programa estatal-federal de salud para personas con bajos ingresos— para abordar la creciente epidemia de falta de vivienda en el país, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Aunque no hay consenso sobre si esta estrategia proporcionará una solución a largo plazo para la salud o la vivienda de los pacientes vulnerables, la administración Biden está alentando a otros estados a unirse. Varios están en proceso, incluyendo Tennessee, West Virginia y Montana, y obtuvo luz verde del gobierno federal en enero.

El uso de fondos de atención médica para proporcionar vivienda a las personas es “un gran debate filosófico”, dijo Alex Demyan, director asistente de la agencia de Medicaid de Arizona. “Sabemos que la atención de salud no puede resolver todos los problemas, pero también sabemos que las agencias de vivienda están saturadas y que tenemos una enorme necesidad de ayudar a que las personas se estabilicen”.

La falta de vivienda aumentó un 12% en el país el año pasado, con un estimado de , el nivel más alto registrado, incluso cuando aumentó drásticamente el inventario de viviendas permanentes y camas de refugio temporal.

A medida que las personas languidecen en las calles, luchando a menudo con la adicción, afecciones mentales graves y enfermedades crónicas no tratadas, funcionarios de salud y líderes políticos recurren a fondos de salud en busca de alivio. Argumentan que la ayuda para la vivienda mejorará la salud y le ahorrará dinero a los contribuyentes al mantener a las personas fuera de instituciones como hogares de adultos mayores, hospitales y cárceles.

Pero las pruebas que respaldan este argumento son mixtas.

Por ejemplo, en un realizado por investigadores de la Universidad de California-San Francisco, las personas sin hogar del condado de Santa Clara, California, que fueron asignadas al azar para recibir vivienda a largo plazo y servicios, utilizaron el departamento de emergencias psiquiátricas un 38% menos que un grupo de control en un período de cuatro años, al tiempo que aumentó el uso de servicios de salud mental de rutina. Pero aún hubo altas tasas de hospitalización entre los participantes, quienes continuaron dependiendo de la sala de emergencias para atención médica de rutina o para descansar.

Los programas estatales de Medicaid han estado incursionado en el área de vivienda durante mucho tiempo, pero de la administración Biden, están lanzando más servicios para más personas con nuevas y grandes cantidades de fondos estatales y federales.

La tendencia es parte de que alienta a los directores de Medicaid a ofrecer servicios sociales junto con la atención médica tradicional, con el objetivo de hacer que sus residentes sean más saludables.

“Un dólar de atención médica puede hacer más que simplemente pagar una visita al médico o una estadía en el hospital”, dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). “Deberíamos estar utilizando el dólar federal de atención médica para la atención preventiva: obtenerla antes de que se enfermen, y mantenerlos saludables. ¿Quién puede negar que alguien que no tiene hogar tendrá más dificultades para mantenerse saludable que alguien que tiene vivienda con agua corriente y calefacción?”, dijo.

Becerra reconoció estas iniciativas como experimentos. Pero dijo que el gobierno federal ya no puede ignorar la muerte y enfermedad que están afectando de manera creciente a las poblaciones sin hogar a lo largo del país.

“Simplemente estamos diciendo, ‘Estado, si puedes demostrarnos que con este dólar de Medicaid mejorarás la salud o el resultado de salud de alguien, entonces has servido efectivamente al propósito del programa Medicaid y le estás ahorrando más dinero a los contribuyentes'”, dijo.

Pero no todos los líderes de atención médica, ni siquiera los expertos en falta de vivienda, creen que esta es la mejor utilización del dinero de Medicaid, especialmente porque el programa enfrenta críticas constantes por no proporcionar atención médica básica a muchos beneficiarios.

“Si estás en Medicaid, a menudo tienes que esperar meses y meses para una visita especializada, incluso si es una preocupación que amenaza la vida, así que me preocupa lo que la gente no podrá obtener debido a esto”, dijo , investigadora de falta de vivienda y médica de atención primaria en el Hospital General y Centro de Trauma Zuckerberg de San Francisco, que trata principalmente a pacientes de bajos ingresos.

“No es que no quiera que se gaste el dinero, pero ¿se gasta mejor en atención médica?”, se preguntó. “Es mucho mejor que nada, pero está lejos de proporcionar la vivienda a largo plazo y la estabilidad que las personas realmente necesitan”.

Kushel dijo que el peligro es que la mayor parte de la asistencia de vivienda de Medicaid se puede utilizar sólo una vez o tiene un límite de tiempo, como los pagos de alquiler, que normalmente finalizan después de seis meses.

“Cuando la gente llega a una vivienda, ya está muy, muy enferma”, dijo. “¿Qué sucede al final de esos seis meses cuando se termina el alquiler gratuito?”.

En todo el país, los programas estatales de Medicaid están ampliando la definición de atención médica y entrando en el negocio de los servicios sociales, brindando una variedad de beneficios no tradicionales, como comidas saludables a domicilio para pacientes con diabetes y filtros de aire para personas con asma.

Si bien históricamente el gobierno federal de Medicaid para pagos directos de alquiler, eso ha cambiado.

En 2022, Arizona recibió la para una iniciativa llamada , que dará prioridad a las personas sin hogar y a aquellas en riesgo de perder su vivienda que tienen una condición de salud mental y una enfermedad crónica. Cuando se lance en octubre, ofrecerá principalmente dos servicios: pagos de alquiler por hasta seis meses; y viviendas de transición, que pueden incluir refugios con servicios intensivos.

Arizona experimentó un aumento del 5% en el número de personas sin hogar en 2023 con respecto al año anterior. Su programa complementará una iniciativa independiente de Medicaid financiada por el estado que proporciona 3,000 bonos de alquiler para personas del sur de Arizona que padecen una afección mental grave y no tienen hogar, o están en riesgo de quedarse sin hogar. Unas 5,000 personas están en lista de espera para recibir estos bonos.

“Hemos visto resultados de salud muy positivos, y por ende reducciones de costos, por lo que para nosotros tuvo mucho sentido ampliar nuestro trabajo a ese espacio”, dijo Demyan. Ese programa redujo las visitas a emergencias en un 45% y las admisiones en hospitales en un 53% a los seis meses después de que los pacientes comenzaron a recibir servicios, al tiempo que aumentó la atención preventiva menos costosa en un 56% y se ahorró $4,300 por miembro, por mes, según .

California, hogar de casi el 30% de la población sin techo del país, experimentó un aumento de casi el 6% en el número de personas sin hogar en 2023, llegando a cerca de 181,000 personas.

El estado lanzó su enorme iniciativa CalAIM en 2022 para ofrecer una amplia variedad de servicios sociales a una pequeña porción de los aproximadamente 15 millones de del estado. Una gran parte de los recursos se destina a servicios de vivienda para personas sin hogar o que enfrentan un desalojo, como cubrir depósitos de seguridad y contratar administradores de casos para buscar apartamentos disponibles.

Líderes estatales también están pidiendo permiso a la administración Biden para proporcionar seis meses de alquiler.

“Si uno carga con una gran cantidad de problemas de salud física o conductual, ya sea diabetes o VIH, presión arterial alta o esquizofrenia, y no tiene vivienda, es realmente difícil estabilizar esas condiciones”, dijo , secretario de la California Health and Human Services Agency.

Pero advirtió que el enfoque central de Medicaid debe seguir siendo lograr que las personas estén sanas, incluso si viven al aire libre, lo cual es un desafío monumental y costoso porque afecciones como la diabetes, las enfermedades cardíacas y el VIH requieren un tratamiento continuo y, a menudo, múltiples medicamentos.

“No creo que la atención médica sea responsable de resolver la situación de las personas sin hogar en California ni en ningún otro lugar”, dijo Ghaly. “Pero si la inestabilidad o la falta de vivienda es uno de los factores clave que obstaculizan la salud, entonces es absolutamente necesario que le prestemos atención”.

Las aseguradoras de salud que brindan cobertura de Medicaid en California pueden elegir si ofrecen servicios de vivienda, pero Oregon exige que las aseguradoras de Medicaid lo hagan.

La falta de vivienda aumentó un 12% en el estado entre 2022 y 2023, pero Oregon se centra en los pacientes en riesgo de quedarse sin hogar. Los participantes serán elegibles para seis meses de alquiler y otros servicios cuando el programa se lance en noviembre, dijo Dave Baden, subdirector de la Oregon Health Authority. “Realmente estamos tratando de centrarnos en las personas que están al borde del abismo”, dijo Baden. “Si ya no tienes hogar, realmente necesitas más dinero, y por más tiempo, para mantener a esa persona con vivienda”.

No sólo los estados están experimentando con este enfoque. El sistema de salud Kaiser Permanente ha invertido sus propios fondos en vivienda. En los últimos años, el gigante de la atención médica ha comprometido cientos de millones de dólares para ayudar a mantener o construir miles de unidades de vivienda asequibles, además de brindar a sus miembros beneficios de Medicaid relacionados con la vivienda.

“Tenemos que hacer algo. La crisis está fuera de control”, afirmó , su director de salud. , profesora de la Universidad de Nueva York y ex funcionaria de la administración Obama, experta en economía de la atención médica, advirtió que el de instituciones de atención médica al negocio de los servicios sociales podría ser una “distracción peligrosa”.

Glied señaló que al menos 57 sistemas de salud y 917 hospitales en todo el país han lanzado iniciativas de servicios sociales, la mayoría centrándose en la vivienda. Debido a que muchas instituciones luchan por cumplir con los estándares de seguridad del paciente y atención de calidad, Glied argumentó que deberían mejorar la atención básica y dejar la vivienda a organizaciones de servicios sociales “que se especializan en este trabajo”.

Peter Lee, otro ex funcionario de la administración Obama y director ejecutivo fundador del mercado de seguros del Obamacare en California, dijo que los proveedores de atención médica deberían considerar ofrecer algunos servicios sociales y de vivienda, pero teme que tales iniciativas puedan desviar dinero de la medicina tradicional e impedir que los pacientes reciban una atención adecuada.

“En los últimos cinco a 10 años, se ha reconocido ampliamente que la salud es mucho más que la atención médica real. Es muy cierto”, dijo Lee. “La pregunta es cómo abordar esos problemas mientras la atención médica en sí no está funcionando demasiado bien. El objetivo principal de esto es garantizar que las personas con diabetes reciban una excelente atención, y que puedan tener los chequeos regulares que necesitan”.

Los programas estatales de Medicaid, que brindan atención a cerca de , a menudo tienen dificultades para , como visitas pediátricas al dentista y exámenes de detección de cáncer de mama.

En California, el estado que gasta más en servicios de vivienda, los niños con Medicaid no tuvieron acceso oportuno a atención de salud mental o de adicciones en 2022, según una publicada en noviembre.

A pesar de estas deficiencias, la mayoría de los estados que han recibido el visto bueno federal para experimentar con servicios de vivienda han obtenido financiación para cinco años. California se encuentra entre los estados que esperan que los beneficios sean permanentes.

Aunque una presidencia republicana podría interrumpir esta tendencia, los estados dicen que están comprometidos, incluso si sus iniciativas no pasan un .

“El enfoque particular en el retorno financiero de la inversión no es tan claro como lo era antes”, dijo , directora federal de Medicaid durante la presidencia de Obama.

“Los estados simplemente están viendo el poco sentido que tiene tratar a las personas y luego devolverlas a las calles sin el apoyo que necesitan”.

Esta historia fue producida por ºÚÁϳԹÏÍø News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Florida

Gobernador Ron DeSantis
Edad: 45
Población de Florida: 22.2 million

California

Gobernador Gavin Newsom
Edad: 56
Población de California: 39 million

El candidato presidencial republicano Ron DeSantis y el gobernador demócrata Gavin Newsom —rivales políticos y representantes de la América roja y azul— se enfrentarán en un debate sin precedentes el 30 de noviembre en Georgia.

Newsom, un agitador liberal en su segundo mandato como gobernador de California, no se presenta a las elecciones presidenciales de 2024. Pero incitó a DeSantis, en su segundo mandato como gobernador de Florida, a un cara a cara. “Yo llevaré mi gomina. Tú trae tu laca”, bromeó .

El enfrentamiento promete ser una acalorada pelea entre estrellas políticas en ascenso que lideran dos de los estados más poblados y diversos del país. Y será la primera vez que los políticos se vean las caras, a pesar de que en las últimas semanas han intercambiado insultos en y .

Los temas principales serán la falta de vivienda y la salud, prioridades de los votantes y cuestiones que han definido, en gran medida, las políticas y los estilos de liderazgo de los gobernadores. Desde el aborto hasta las vacunas contra covid-19, Newsom y DeSantis no podrían ser más opuestos.

A principios de este año, DeSantis criticó a California por ser demasiado generosa con los programas públicos como Medicaid, que el Estado Dorado ha ampliado a todos los residentes elegibles, independientemente de su estatus migratorio. Esa política de gran alcance entra en vigencia en enero y va mucho más allá de la expansión opcional de Medicaid que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) ofreció a los estados. En Florida, bajo ACA o Obamacare, DeSantis alardea de la tasa de residentes del estado sin seguro de salud, que es , como si fuera una medalla de honor.

“No vamos a ser como California y tener un número masivo de personas en programas gubernamentales sin requisitos de trabajo”, dijo DeSantis en un presidenciales en el sur de California a principios de este año.

DeSantis ha llevado a su estado a restringir el aborto y la atención médica de afirmación de género, y a prohibir las máscaras relacionadas con covid y los mandatos de vacunación.

Newsom, un hábil e impetuoso sustituto del presidente demócrata Joe Biden, ha arremetido contra DeSantis por poner a los floridanos en peligro y despojarlos de sus derechos.

“Únete a nosotros en California, donde todavía creemos en la libertad”, expresó Newsom en un a principios de este año.

Newsom se ha ganado el apodo de “gobernador de la atención de salud” al catapultar este asunto a lo más alto de sus prioridades políticas. Ha hecho de California un santuario del aborto y está ampliando drásticamente las prestaciones de salud. Durante su primera campaña, prometió estabecer el sistema de salud de al estado más poblado del país, pero esa idea encontró una dura oposición política al principio de su mandato. Y ahora Newsom se jacta de haber conseguido que la tasa de personas sin seguro en el estado haya alcanzado un al ampliar la cobertura de otras maneras.

Se espera que estas cuestiones sean el centro del debate de 90 minutos televisado a todo el país por Fox News. Un debate que podría tener importantes repercusiones en la contienda presidencial del próximo año, e incluso ayudar a conformar el grupo de aspirantes a la Casa Blanca en 2028.

Con miras al debate, ºÚÁϳԹÏÍø News analizó 10 de las principales posiciones de los gobernadores en materia de salud y cómo sus políticas han mejorado —o perjudicado— la salud de los residentes a los que representan.

Obamacare

Aborto

Atención transgénero

Vivienda

Salud mental

Addicciones

Medicamentos recetados

Cuidado de salud asequible

Salud Pública

Atención de salud del inmigrante

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El primer proyecto de ley, el , está diseñado para transformar la Ley de Servicios de Salud Mental del estado en la Ley de Servicios de Salud Conductual, al utilizar un impuesto existente a los millonarios para tratar a los enfermos mentales más graves y aumentar los programas para los trastornos por consumo de drogas.

La segunda, la , autoriza al estado a emitir bonos por valor de $6,380 millones para construir más viviendas para personas sin hogar y camas para tratamiento para los más necesitados.

Newsom pedirá ahora a los votantes que aprueben los cambios en las boletas de las primarias de marzo.

“Esta reforma aportará la tan necesaria rendición de cuentas que actualmente falta a nivel local y estatal, una mayor transparencia y visibilidad en todo el sistema de salud mental y tratamiento de adicciones, y un enfoque modernizado para hacer frente a las crisis actuales”, dijo Newsom en un comunicado.

Según un realizado en junio por la Universidad de California-San Francisco, más de 171,000 californianos sufren diariamente la falta de vivienda, lo que representa el 30% de la población sin hogar del país.

La mayoría de los participantes en el estudio declaró haber padecido a lo largo de su vida problemas de salud mental y de consumo de drogas; el 82% dijo haber sufrido algún trastorno mental grave en algún momento de su vida, y casi dos tercios indicó haber usado drogas ilícitas o haber bebido en exceso.

La ley de salud mental fue aprobada como Proposición 63 por los votantes en 2004 e imponía un impuesto del 1% sobre los ingresos superiores a un millón de dólares, conocido como el “impuesto de los millonarios”. Ese dinero pasaba del estado a los condados para su uso en , entre ellas el apoyo comunitario, la prevención y las instalaciones. La financiación cambia año a año, pero el impuesto generó $3,300 millones en el año fiscal 2022-23, según la Oficina del Analista Legislativo, que no es partidista.

Sin embargo, el programa ha sido criticado a lo largo de los años por no cumplir su promesa inicial. El año pasado, Los Angeles Times, incluidos los cambios en los ingresos, la subfinanciación constante de los programas sociales y de salud mental, la tensión entre los funcionarios estatales y del condado, y la escasez de médicos de salud mental.

Newsom prometió que la recién rebautizada Ley de Servicios de Salud Mental construiría 10,000 nuevas camas y viviendas para personas sin hogar con necesidades de salud mental. También se centraría en diversificar la mano de obra y mejorar la rendición de cuentas —mediante un seguimiento más detallado de los resultados—, para que el gobierno pueda saber qué funciona y qué no.

Sin embargo, los condados que administran este dinero a nivel local han expresado su preocupación. En una carta de la Asociación de Condados del Estado de California y otras organizaciones que representan los intereses de los gobiernos locales, expresaron el temor de que la propuesta de Newsom diera lugar a que los condados recibieran muchos menos fondos para servicios básicos, poca protección frente a la fluctuación de los fondos y menos flexibilidad en el gasto.

La oficina del gobernador hizo hincapié en que los nuevos requisitos siguen siendo flexibles.

La asambleísta Jacqui Irwin (demócrata de Thousand Oaks), autora principal del proyecto de ley de bonos y presidenta durante siete años de la Comisión de Asuntos Militares y de Veteranos, está especialmente orgullosa de una disposición que reservará $1,070 millones a viviendas para veteranos. California tiene el mayor número de veteranos sin hogar —el 31% de la población de veteranos sin hogar del país—, según del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.

“Sacar de las calles a los veteranos sin hogar ha sido durante mucho tiempo una prioridad para California, pero conseguir que algunos de nuestros veteranos más vulnerables reciban el tratamiento necesario para los problemas de salud conductual será transformador”, dijo Irwin.

La senadora estatal Susan Talamantes Eggman (demócrata de Stockton), quien es coautora del proyecto de ley de bonos, y fue la autora principal del otro proyecto de ley, dijo que estas propuestas legislativas son fundamentales para la continuidad de la asistencia que provee el estado. “Juntos construirán viviendas, reasignarán los recursos a los más necesitados y proporcionarán una verdadera red de seguridad para evitar que muchas personas caigan en las fisuras que vemos hoy en día”, afirmó.

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Los residentes comparten habitaciones diseñadas para personas con problemas de movilidad. También hay baños privados, algo muy importante para aquellos que lidian con la incontinencia.

A diferencia del MVP, la mayoría de los refugios para personas sin hogar no están preparados para ayudar a adultos mayores, especialmente a quienes tienen 65 años o más. Se trata del grupo que más rápido está creciendo dentro de la población sin hogar en Estados Unidos, explicó , investigador de la Universidad de Pennsylvania.

No solo están envejeciendo quienes han vivido por años en situación de desamparo, sino que muchas personas mayores están perdiendo su vivienda por primera vez en sus vidas.

Subir y bajar de literas, tomar los medicamentos correctamente y llegar a tiempo a un baño compartido son algunos de los principales retos que enfrentan estas personas en los refugios. En algunos tradicionales, el personal les pide que se vayan si no pueden cuidarse por sí mismas.

MVP es un refugio inusual porque ofrece atención médica en el mismo lugar para poder atender mejor a sus residentes a medida que envejecen.

La primavera pasada, Jamie Mangum, de poco más de 50 años y con cáncer de pulmón, tropezó y se cayó en su habitación. Para ver a una técnica en emergencias médicas, solo tuvo que bajar la escalera. Le vendaron rápidamente la muñeca inflamada y pudo regresar a su cuarto. Dijo que eso no habría sido posible en otros refugios donde ha estado.

“En otros lados, tendría que esperar horas. Aquí solo entro y me atienden”, dijo Mangum.

Agregó que en otros refugios probablemente habría tenido que buscar por su cuenta una clínica de urgencias o pedir una ambulancia. En MVP, además, trabajadoras sociales especializadas la han ayudado a recibir tratamiento para el cáncer.

“Tenemos clientes que necesitan cuidados de memoria. Tal vez antes vivían de manera independiente, pero ya no pueden y fueron desalojados debido a la demencia u otras razones”, explicó Baleigh Dellos, quien administra el refugio MVP para , una organización local sin fines de lucro.

En el refugio trabajan gestores de casos médicos especializados. También hay doctores de atención primaria y terapeutas que visitan semanalmente. Los residentes incluso pueden recibir fisioterapia en espacios privados dentro del mismo refugio.

Un camino hacia la estabilidad

MVP se asoció con para ofrecer atención médica.

Lo primero que la mayoría de las personas nuevas necesitan es ayuda con sus medicamentos, explicó Matt Haroldsen, de Fourth Street Clinic, que brinda servicios de salud dentro del refugio.

Para quienes viven en la calle, simplemente conservar sus medicamentos ya es un gran desafío. “Cuando están en los campamentos, les roban las medicinas”, dijo.

Las personas con diabetes que no tienen vivienda muchas veces entierran su insulina para mantenerla fría. Según Haroldsen, pueden olvidar dónde la enterraron o las ampollas se pueden calentar demasiado y echarse a perder.

Ayudar a las personas del refugio a recuperar sus medicamentos permite estabilizar sus afecciones de salud, lo que a su vez les permite concentrarse en otras prioridades, como obtener una identificación u otros documentos necesarios para solicitar discapacidad, Seguro Social y diversos programas que pueden ayudarlas a conseguir vivienda.

Gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro han abierto refugios similares en Florida, California y Arizona para responder a las necesidades de adultos mayores sin hogar.

Tener acceso a refugios especializados puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, señaló , subdirectora del National Health Care for the Homeless Council.

En estados con climas fríos, negar una cama a personas mayores debido a problemas de movilidad u otras condiciones médicas puede ser especialmente riesgoso. En 2022, un hombre mayor sin hogar , Montana, después de que lo sacaran de un refugio por incontinencia.

Las necesidades médicas complejas también pueden representar un riesgo para otras personas en los refugios, quienes muchas veces no están preparados para manejar esas situaciones.

“Un refugio típico no permite que alguien entre con oxígeno porque representa un riesgo de incendio”, explicó.

Synovec dijo que brindar acceso a la atención médica dentro de los refugios es la mejor forma de ayudar a las personas mayores a mantenerse estables una vez que logren obtener una vivienda. Según explicó, los problemas de salud son una causa común por la que muchas personas mayores no pueden pagar o mantener una vivienda.

Modelo en expansión

El modelo MVP está mostrando resultados prometedores, tanto en Utah como en otros lugares.

“Más del 80% de las personas que pasaron por nuestro programa el año pasado lograron mudarse a una vivienda estable o permanente”, dijo , vicepresidente de programas del Task Force for Ending Homelessness en Fort Lauderdale, Florida. Esta organización sin fines de lucro administra un refugio llamado .

El refugio MVP, ubicado cerca de Salt Lake City, también ha tenido éxito. Hasta finales del año pasado, había logrado ubicar de forma permanente a 36 personas mayores.

Sin embargo, hay más personas que necesitan refugio de las que el lugar puede recibir. Dellos, la encargada del lugar, dijo que la lista de espera del MVP se mantiene en unas 200 personas. Agregó que se prioriza a quienes tienen más necesidad médica, no por el tiempo que llevan esperando.

Para quienes logran obtener una habitación, la experiencia puede cambiarles la vida.

La primavera pasada, Jeff Gregg, de 62 años, jugaba a lanzar la pelota con su perro Ruffy, justo más allá del jardín frente al refugio MVP.

Una antigua lesión en la espalda lo obliga a encorvarse al lanzar la pelota. También lo llevó a una adicción a los opioides que duró décadas. Dijo que romper ese ciclo fue muy difícil.

“Luchando con eso, teniendo un trabajo, seguro médico, luego perdiendo el trabajo, sin seguro, terminando en la calle y otra vez en ese infierno. Y volvía al mismo lugar”, contó.

Gregg dijo que mantenerse sobrio pasaba a segundo plano frente a necesidades más urgentes como encontrar comida o una cama donde dormir. Afirmó que el MVP fue el primer lugar donde pudo relajarse y concentrarse en su recuperación.

“Pude dejar las drogas. Me tomó un par de meses, pero fui avanzando poco a poco”, contó.

Dijo que esa experiencia le abrió el camino para operarse de la espalda. Espera que, con menos dolor, eventualmente pueda conseguir un trabajo y pagar un apartamento.

Este artículo es parte de una colaboración con   y .

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Pero por dentro, el lugar es un oasis acogedor. Luces colgantes decoran los estantes de ropa donada. Hay repisas y contenedores llenos de libros infantiles, medicamentos para la alergia y artículos de higiene personal. Separado por cortinas, hay un salón con un escenario para músicos y un letrero de neón con patines, para las noches gratuitas de patinaje que se organizan cada semana.

El espacio es en parte tienda gratuita de segunda mano, en parte farmacia de medicamentos de venta libre, sede de conciertos punk y en su totalidad “un centro comunitario radical”, explicó Dan Bingler, quien lo administra.

Bingler es mesero y bartender en la ciudad, y fundó una organización de ayuda mutua llamada . Contó que los dueños del edificio le permiten usar el espacio siempre y cuando él pague el agua, la luz y la recolección de basura.

Los lunes por la tarde, se presentan voluntarios de otras organizaciones comunitarias —algunos de ellos solían instalarse en el estacionamiento antes de que Bingler abriera el local—. Ofrecen pruebas gratuitas de infecciones de transmisión sexual, atención médica básica, comidas calientes, jeringas estériles y otros suministros para personas que utilizan drogas.

El propósito del lugar es simple, dijo Bingler: “Vamos a asegurarnos de brindar apoyo a la comunidad”.

Aunque lleva varios años en funcionamiento, el espacio se ha vuelto aún más crucial en los últimos meses, con la administración Trump recortando fondos a muchas organizaciones de servicios sociales y adoptando una postura agresiva frente a las personas sin hogar y el consumo de drogas.

En Washington D.C., su administración ha de tiendas para obligar a quienes viven en la calle a . A nivel nacional, ha pedido que se que consumen drogas a iniciar un tratamiento. Ha rechazado la —estrategias que, según expertos en salud pública, protegen a las personas que usan drogas y salvan vidas, pero que sus críticos dicen fomentan el consumo de sustancias ilegales—.

El espacio comunitario en Nueva Orleans —llamado Fred Hampton Free Store, en honor al , conocido por unir a grupos diversos para luchar por reformas sociales— busca ser un refugio frente a todos estos cambios.

Bingler dijo que no recibe fondos federales, ni subvenciones estatales o locales, ni dinero de fundaciones. Simplemente son vecinos ayudando a vecinos, dijo con la voz entrecortada, y agregó: “Es algo realmente hermoso poder compartir este espacio”.

Todos los artículos del lugar provienen de personas u organizaciones de la comunidad. En una ocasión, contó Bingler, un hotel local que estaba en remodelación donó 50 televisores de pantalla plana.

En las noches que el local está abierto, suelen llegar más de 100 personas, agregó.

Una noche de otoño, decenas de personas buscaban ropa gratuita y medicamentos de venta libre. Otros estaban sentados sobre el césped, conversando mientras vigilaban sus bicicletas o carritos de supermercado llenos de pertenencias.

James Beshears pasó por el grupo de reducción de daños en el estacionamiento para recibir suministros estériles que usa para inyectarse heroína y fentanilo. Dijo que estuvo en tratamiento durante años, pero recayó cuando su doctor se mudó y lo derivaron a una clínica que cobraba $250 por día. Las drogas callejeras eran más baratas que el tratamiento, comentó.

Quiere dejar de consumir. Pero hasta que encuentre atención médica accesible, lugares como esta tienda gratuita lo ayudan a seguir adelante. Sin ella, dijo, ya tendría “un pie en la tumba”.

Otro hombre en el estacionamiento esperaba la llegada de Aquil Bey, un paramédico y ex miembro de las fuerzas especiales del ejército, conocido por ayudar a personas a superar obstáculos para acceder a atención médica. Apenas vio la camioneta negra de Bey, corrió a encontrarlo.

“Tengo enfermedad renal en etapa 4”, le dijo, y añadió que tenía citas programadas en el hospital, pero que le costaba llegar.

“Hazme un favor”, le respondió Bey mientras bajaba mesas plegables y equipo médico de su auto. “Cuando llegue nuestro equipo, ven a vernos. Tal vez podamos conseguirte transporte”.

Bey es fundador de , una organización dirigida por voluntarios que ofrece atención médica básica gratuita y derivaciones a personas sin hogar, que usan drogas o pertenecen a otras comunidades vulnerables. El grupo tiene presencia constante en la tienda gratuita.

Ese día, Bey y su equipo conectaron al hombre que necesitaba tratamiento para su enfermedad renal con programas de transporte de bajo costo. También hicieron controles de presión arterial y azúcar en sangre, trataron heridas infectadas y llamaron a clínicas para pedir citas para pacientes que no tienen teléfono.

Un hombre con una lesión en la pierna mencionó que dormía en el piso de concreto de una base naval abandonada. Bey notó que en la sección de muebles del local había un colchón. Junto con otro voluntario, lo cargó, lo amarró al techo de un auto y lo llevó hasta donde dormía el hombre.

“Estamos tratando de identificar todas estas barreras” que enfrenta la gente y “buscar formas de resolverlas”, dijo Bey.

La clínica en la tienda gratuita ayudó a Stephen Wiltz a conectarse con tratamiento para su adicción. Nació y creció en el Lower 9th Ward, y había estado consumiendo drogas desde los 10 años.

Cansado de la discriminación por parte de doctores que lo culpaban por su adicción, Wiltz dijo que evitaba ir a cualquier centro de tratamiento. Pero después de años de conocer a los voluntarios de la tienda gratuita, confió en ellos para que lo orientaran.

A sus 56, estaba en recuperación sostenida por primera vez en su vida, dijo en una entrevista telefónica en otoño.

Esos voluntarios “cuidaron de personas que no tenían a nadie que los cuidara”, afirmó.

Cuando cayó el sol esa noche en la tienda, una banda punk empezó a preparar su presentación al otro lado del salón, donde estaba la clínica médica. Las luces se atenuaron y la música comenzó a sonar a todo volumen, un recordatorio de que no se trata de una clínica ni de un centro comunitario convencional.

Bey seguía atendiendo a un paciente con gota.

“Ya me acostumbré al sonido”, dijo sobre los golpes rápidos de la batería y los acordes potentes. “A veces hasta me gusta”.

This <a target="_blank" href="/es/noticias-en-espanol/tienda-de-segunda-mano-clinica-pista-de-patinaje-centro-se-convierte-en-un-espacio-que-salva-vidas-ante-las-crisis-de-personas-sin-hogar-y-drogas/">article</a&gt; first appeared on <a target="_blank" href="">KFF Health News</a> and is republished here under a <a target="_blank" href=" Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.<img src="/wp-content/uploads/sites/8/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=150&quot; style="width:1em;height:1em;margin-left:10px;">

Cuando cae la noche y bajan las temperaturas, arma una tienda de campaña y enciende una fogata bajo un grupo de pinos, abetos y cedros.

Evita a las autoridades rotando el uso de tres tiendas de distintos colores en tres campamentos diferentes. Al amanecer, desmonta su refugio, enrolla sus pertenencias y las esconde para la noche siguiente. “No te ven si estás en el bosque”, dijo este hombre de 32 años. “Pero asegúrate de tener todo desmontado por la mañana o te van a encontrar”.

Durante el día, deambula, haciendo paradas en una biblioteca pública para calentarse o en un comedor comunitario para comer. Lo importante es no llamar la atención por no tener hogar.

“La policía quiere que no estorbemos”, dijo, vestido con una chaqueta gris y sin cargar ninguna de sus pertenencias. “Fuera de la vista, fuera de sus mentes”.

Ibrahim ha buscado intencionalmente pasar desapercibido desde agosto, cuando el presidente Donald Trump puso a la policía del distrito y ordenó que soldados de la Guardia Nacional patrullaran las calles. También ordenó el de las personas sin hogar. “No habrá ningún señor amable”, .

La administración Trump argumenta que los operativos para desmantelar campamentos han reducido la visibilidad del problema de personas sin hogar, mejorando así la ciudad. “Es innegable que Washington, D.C., es una ciudad más segura, limpia y hermosa gracias a las acciones históricas del presidente Trump para restaurar la capital del país”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Aunque puede parecer que hay menos personas sin hogar en la capital del país, no han desaparecido.

En entrevistas, personas sin hogar dijeron que cambian de lugar constantemente, escondiéndose a plena vista.

Durante el día, se mantienen en movimiento, comen en comedores comunitarios y descansan de vez en cuando en bibliotecas públicas, bancos de parques o paradas de autobús. Por la noche, muchos duermen en entradas de negocios, aceras de parques y escalinatas de iglesias. Algunos pasan la noche en el autobús, otras se refugian en salas de emergencia, y algunas buscan cobijo en áreas boscosas o se van a suburbios en Virginia o Maryland.

Hay aproximadamente 5.100 personas sin hogar en Washington, D.C., incluyendo aquellas en albergues temporales, según realizado a inicios de 2025. Después de que Trump ordenara la ofensiva contra la falta de vivienda en espacios públicos, las personas que vivían en comunidades improvisadas se dispersaron y ahora viven en las sombras. En agosto, funcionarios de la ciudad estimaron que cerca de 700 personas vivían al aire libre sin tiendas ni ningún tipo de refugio.

Con la llegada del invierno, estas personas están expuestas al clima extremo y se enferman más, ya que afecciones crónicas como la diabetes o enfermedades cardíacas no se tratan. Proveedores de atención médica en la calle afirman que, desde el despliegue de la Guardia Nacional, ha sido sumamente difícil localizar a sus pacientes.

Muchos afectados por los operativos han perdido medicamentos esenciales y son más propensos a faltar a citas médicas porque viven en constante desplazamiento.

Los equipos médicos no logran entregar medicamentos ni transportar a pacientes a sus consultas. Este caos permanente también puede hundir aún más a quienes padecen enfermedades mentales o adicciones, aumentando el riesgo de sobredosis.

Trabajadores sociales reportan las mismas dificultades: cuando pierden el rastro de sus clientes, se rompe la conexión esencial para conseguir documentos clave como identificaciones oficiales o tarjetas del Seguro Social.

Funcionarios del distrito y proveedores de salud advierten que esta cadena de efectos puede empeorar la situación de las personas sin hogar, poner en riesgo la salud pública y la seguridad, y generar costos enormes para el sistema de salud.

“Ya era difícil encontrar a las personas, pero la presencia federal lo empeoró”, dijo la doctora Tobie Smith, médica de atención en la calle y directora ejecutiva de Street Health D.C.

El ir y venir de los sin techo

Chris Jones nació y creció en Washington, D.C., pero ahora vive en la calle, luego de ser desplazado de su tienda de campaña cerca de la Casa Blanca en los primeros días de la ofensiva federal.

Dijo que durante los operativos le confiscaron dos tiendas. Ahora duerme en una acera frente a una iglesia y ya no intenta conseguir otra. “¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Igual la van a tirar a la basura”.

Jones, de 57 años, tiene una lesión grave en la rodilla que a veces le impide caminar y tiene programada una cirugía de reemplazo de rodilla en diciembre. Dice que necesita quedarse en esa zona porque depende de una farmacia cercana para surtir sus medicamentos para el trastorno bipolar, la diabetes y la presión alta. Cuando tiene hambre, va al comedor comunitario o trata de conseguir una hamburguesa con refresco en un local de comida rápida enfrente de donde está.

También se mantiene en ese lugar para que su trabajadora social lo pueda encontrar si se libera una plaza de vivienda permanente. Si hace demasiado frío, cruza la calle y duerme en la entrada de un negocio, que le da un poco más de protección. Quiere estar bajo techo, pero por ahora espera.

Desde que tomó el control de la policía del distrito, la administración Trump sobre ciudades y condados en todo el país para desmantelar campamentos de personas sin hogar, bajo amenaza de arresto, citaciones o detenciones. Ha ordenado o amenazado con desplegar la Guardia Nacional en ciudades con grandes poblaciones sin hogar como Los Ángeles y .

Rogers, la vocera de la Casa Blanca, dijo que el presidente mantiene la presencia de la Guardia Nacional y fuerzas federales del orden en la capital para “garantizar el éxito a largo plazo de la operación federal”.

Desde marzo, funcionarios federales y del distrito han eliminado más de 130 campamentos, según dijo. Sin embargo, algunos expertos en temas de personas sin hogar creen que esa cifra está inflada.

La Corte Suprema facilitó el año pasado que funcionarios y agentes del orden impusieran multas o arrestaran a personas sin hogar por vivir en la calle. Luego, en julio de este año, el presidente emitió una orden ejecutiva que exige una ofensiva nacional contra los campamentos urbanos, incluyendo el desalojo masivo de personas que viven al aire libre y tratamientos forzados para la salud mental o adicciones.

Trump también lidera una reforma de la política federal de vivienda, con planes de para vivienda permanente y servicios para personas sin hogar.

Esta medida limitaría el uso de una política federal conocida como “Primero la Vivienda” (Housing First), que ofrece vivienda sin exigir tratamiento para salud mental o adicciones.

La Alianza Nacional para Terminar con la Falta de Vivienda (National Alliance to End Homelessness) advierte que este cambio podría dejar sin hogar a por lo menos actualmente en viviendas de apoyo permanente. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) suspendió el plan el 8 de diciembre para hacer revisiones, que “piensan” implementar.

Funcionarios del distrito dicen que están cumpliendo con la exigente campaña federal contra las personas sin hogar en espacios públicos. Bajo presión de la Casa Blanca, reconocen haber intensificado la disolución de campamentos. Defensores de personas sin hogar señalan que algunos operativos se han realizado de noche o sin previo aviso.

Líderes locales creen que se podrían hacer de manera más compasiva, ofreciendo servicios y refugio.

“Hemos pasado de permitir campamentos si no afectaban la salud o la seguridad pública, a decir: ‘No los queremos en la calle’”, dijo Wayne Turnage, vicealcalde para Salud y Servicios Humanos del distrito, quien supervisa el desmantelamiento de campamentos. “Es inseguro, insalubre y peligroso”. Sin embargo, reconoce que los operativos pueden desperdiciar recursos públicos, ya que los trabajadores sociales y equipos médicos deben volver a buscar a sus pacientes y clientes.

Defensores afirman que la administración Trump está generando miedo y desconfianza entre personas sin hogar y quienes tratan de ayudarlas, a la vez que malgasta fondos públicos que podrían utilizarse para brindar atención o ubicar a estas personas en viviendas. Eso sí, ahora hay muchas menos tiendas de campaña y campamentos visibles para turistas y residentes.

“Las personas encontraban seguridad en esas comunidades, y los proveedores de servicios podían localizarlas. Ahora hay gente armada y luces que destellan sacando a la fuerza a personas sin hogar sin previo aviso y tirando sus cosas”, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del Centro Nacional de Leyes sobre Personas sin Hogar (National Homelessness Law Center).

Funcionarios del distrito dicen que algunas personas han aceptado ir a refugios de emergencia. Pero incluso mientras la ciudad trata de ampliar la capacidad de albergues y conectar a la gente con servicios, reconoce que no hay suficientes camas ni viviendas permanentes para todos.

Y habrá menos lugares disponibles para quienes viven en la calle.

El presupuesto del distrito para el año fiscal 2026 concentró los fondos para personas sin hogar en las familias, con 336 nuevos vales para viviendas de apoyo permanente.

Sin embargo, se recortó el financiamiento para albergues temporales tanto para familias como para personas solas, y no se asignaron nuevos vales de vivienda permanente para individuos.

Eso significa menos espacios disponibles para adultos solos, que representan la mayoría de quienes deambulan por las calles. No obstante, las autoridades locales señalaron que han incluido 260 nuevas unidades de vivienda permanente para personas sin hogar, ya sean familias o individuos, en sus planes de construcción.

Empeorando la atención médica

La situación ha saturado los comedores comunitarios, como Miriam’s Kitchen en Foggy Bottom. Esta institución local ofrece comidas calientes, asistencia para vivienda y cobijas a personas en situación de necesidad.

Trabajadores sociales dicen que cada vez es más difícil ayudar a los clientes a obtener identificaciones y otros documentos necesarios para servicios sociales y de vivienda.

“Estoy buscando por todos lados, pero no puedo encontrarlos”, dijo Cyria Knight, trabajadora social de Miriam’s Kitchen. “La mayoría de mis clientes se fue a Virginia”.

No está claro cuántas personas se han trasladado a comunidades vecinas en Virginia o Maryland. En enero, antes de la ofensiva de Trump, se estimaba que había unas en la región. Cuatro de los seis condados que rodean Washington vieron un aumento en la falta de vivienda desde 2024, mientras que en el distrito .

“No veo a mis pacientes por un mes o más, y cuando los encuentro, sus enfermedades crónicas están fuera de control. Han entrado y salido de la sala de emergencia, y tienen más probabilidades de ser hospitalizados”, dijo Anna Graham, enfermera especializada en medicina callejera de , una red de clínicas en Washington. “Esto nos hace retroceder”.

El equipo de Graham estaciona su unidad médica móvil afuera de Miriam’s Kitchen durante la hora de la cena para tener más probabilidades de encontrar pacientes.

Willie Taylor, de 63 años, buscaba dónde dormir esa noche tras recibir la cena. Vio a Graham para recibir medicamentos para una enfermedad pulmonar avanzada, convulsiones, dolor crónico y otros padecimientos.

Le cuesta caminar y necesita una silla de ruedas, lo cual es complicado porque no tiene una dirección fija. Sus proveedores médicos dicen que le han robado sillas de ruedas antes mientras dormía en la calle.

Taylor usa un carrito de compras para mantenerse en pie durante el día, caminando sin rumbo hasta que cae la noche.

En una fría noche de noviembre, Graham lo ayudó a organizar sus medicamentos y revisó sus signos vitales. El equipo le dio un abrigo y calentadores de manos antes de que volviera a irse.

Después de caminar unos 45 minutos, encontró un rincón de pavimento en un parque donde pudo armar su cama con lonas y sacos de dormir.

“Mi cuerpo ya no aguanta esto”, dijo Taylor mientras se preparaba para dormir. “Hay hielo en el concreto. Me duele muchísimo más cuando hace frío”.

Las personas sin hogar  y les cuesta más al sistema de salud que quienes tienen vivienda, en gran parte porque no reciben tratamiento en la calle y, cuando buscan atención, suelen ir a la sala de emergencia.

Se estima que, entre las personas inscritas en Medicaid, quienes no tienen hogar generan un gasto anual de $18.764, frente a $7.561 de otros beneficiarios.

Más temprano ese día, en el comedor comunitario So Others Might Eat, Tyree Kelley terminaba su desayuno: un sándwich de salchicha y huevos duros. Estaba considerando ir a un refugio. Dijo que las calles se estaban volviendo demasiado peligrosas, en referencia a la presencia policial y de la Guardia Nacional. Extrañaba la comunidad de su antiguo campamento, que lo ayudaba a mantenerse seguro.

Este año ha ido al hospital al menos siete veces por una fractura en el tobillo tras caer de un scooter eléctrico. El accidente le hizo perder su trabajo y su seguro médico como recolector de basura, contó. Dijo que su situación lo ha hundido en una depresión que comenzó hace tres años, cuando murió su madre.

Después, este año murieron su padre y su hermana. Para adormecer el dolor, comenzó a beber.

“Uno se deprime mucho estando aquí”, dijo Kelley, de 42 años. “Se vuelve adictivo. Empiezas a no preocuparte ni por cambiarte de ropa”.

Esa depresión lo llevó a buscar marihuana. Luego fumó un cigarro mezclado con fentanilo. La sobredosis lo mantuvo en el hospital durante varios días.

“En realidad morí y volví”, dijo, agradeciendo a otras personas sin hogar que le administraron naloxona y le salvaron la vida. “Necesito salir de esto, pero me siento atrapado”.

A unas cuadras al oeste de la Casa Blanca hay un terreno baldío en donde hasta hace poco había más de una docena de tiendas de campaña. Quienes trabajan en la zona perciben lo que ya no se ve.

“Estuve aquí cuando limpiaron todo. Llegó una topadora y tiraron todo a un camión de basura”, dijo Ray Szemborski, quien trabaja frente a ese lote. “Las personas siguen sin hogar. Las sigo viendo debajo del puente. A veces están en las paradas de bus, otras solo caminando. Las tiendas ya no están, pero ellos siguen aquí”.

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Expertos en salud pública y defensores locales señalan que el brote se agravó por una combinación de factores: la reducción y el cierre de programas que distribuían jeringas estériles a personas que consumen drogas, la escasez de proveedores médicos especializados en VIH y el desalojo del mayor campamento de personas sin hogar de la ciudad.

Tras el desalojo, se interrumpió la atención de quienes habían sido diagnosticados recientemente y vivían allí.

Estos problemas podrían dejar de ser un asunto exclusivamente local.

La administración Trump está promoviendo políticas similares en todo el país. En una reciente, Trump dispuso que se retiraran los fondos a los programas que se dedican a la reducción de daños. Es decir, desfinanció muchas intervenciones de salud pública como la distribución de jeringas estériles, destinadas a proteger la vida de las personas que consumen drogas.

Es cierto que estas iniciativas a veces son controversiales y sus detractores afirman que fomentan las actividades ilegales.

La orden ejecutiva también promueve la expulsión de las personas sin hogar de las calles e indica que se las obligue a recibir tratamiento. Esto se produce después de que la administración recortara o retrasara la financiación de varios programas relacionados con las adicciones y el VIH, y las agencias federales .

La administración sostiene que su enfoque aumentará la seguridad pública, pero sugieren lo contrario. Muchos líderes comunitarios y expertos advierten que estas medidas podrían provocar más brotes como el de Bangor.

“Parece inevitable”, afirmó Laura Pegram, directora de en NASTAD, una asociación de funcionarios de salud pública que administran programas contra el VIH y la hepatitis.

Según Pegram, las personas que consumen drogas se enfrentan a un triple riesgo: VIH, hepatitis C y sobredosis. “Creo que empezaremos a ver cómo esas tres cosas vuelven a aumentar en todo el país”.

“Eso tendrá un costo altísimo”, agregó, tanto en lo económico como “en términos humanos”.

Además, los brotes que empiezan entre personas que usan drogas pueden fácilmente extenderse a quienes no lo hacen.

Brote de VIH

El primer caso de VIH en el brote actual de Bangor apareció en , mucho antes de que Trump volviera a la presidencia.

Puthiery Va, directora del , atribuyó este aumento de casos a la epidemia de opioides, la escasez de vivienda y los limitados servicios de salud en el área de Bangor.

Activistas locales señalaron un importante factor adicional: la falta de suministros en el principal programa de jeringas de la región, y su cierre posterior.

Una organización sin fines de lucro que daba atención médica y servicios sociales a personas que usan drogas, la Health Equity Alliance, o HEAL, al año.

Como en otros programas similares, buscaba prevenir la transmisión de enfermedades que puede ocurrir cuando se comparten jeringas.

Sin embargo, dificultades financieras y de gestión provocaron importantes carencias en los últimos años.

El ex director ejecutivo de HEAL, Josh D’Alessio, reconoció estos problemas y respondió a ºÚÁϳԹÏÍø News: “Sí, en ocasiones nos quedamos sin jeringas” o se debe limitar cuántas podían llevarse los participantes.

En otoño de 2023, varias de estas faltas se hicieron sentir, y el personal de HEAL las relacionó con el primer caso de VIH.

El futuro de la reducción de daños

Las investigaciones sugieren que existe una fuerte conexión entre los brotes de VIH que se han producido en el pasado en personas que consumen drogas y la falta de acceso a agujas estériles, explicó , epidemiólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad Tufts.

Un brote que se produjo en 2015 en el condado de Scott, en Indiana, y otro en el , en Massachusetts, unos años después, solo se pudo frenar con el , dijo Stopka.

Según , si esos programas hubieran existido antes en el condado de Scott, se podrían haber evitado más de un centenar de infecciones.

Va, quien dirige el Maine Center for Disease Control and Prevention, dijo que considera la escasez de servicios de jeringas en el área de Bangor como un factor en el brote actual, aunque no la causa principal.

Por su parte, Stopka asegura que la acción más eficaz para aliviar un brote “es aumentar el acceso a jeringas estériles”.

Pero la reciente orden ejecutiva de Trump vincula los programas de reducción de daños con el crimen y afirma que estos esfuerzos “solo facilitan el consumo ilegal de drogas y los daños que conlleva”. La orden no menciona directamente los programas de jeringas —que, en el pasado, han sido respaldados tanto por demócratas como por republicanos—, pero apunta a los sitios de “consumo seguro”, donde las personas pueden usar drogas bajo supervisión.

Muchos defensores temen que .

La principal agencia nacional de adicciones aclaró en un comunicado que, según la orden ejecutiva de Trump, los fondos federales para comprar jeringas ni pipas para drogas. Esta restricción, sin embargo, ya existía desde hace décadas. El comunicado no mencionó si los programas de distribución de jeringas pueden recibir apoyo para sus gastos operativos generales.

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News que la administración está comprometida con “abordar la crisis de adicciones y sobredosis que afecta a comunidades de todo el país”. Pero ni él ni otros portavoces de la Casa Blanca respondieron preguntas específicas sobre la postura de la administración con respecto a los servicios de jeringas.

En Bangor, algunos vecinos expresaron preocupaciones parecidas a las del presidente en relación con la reducción de daños.

En una reunión del Concejo Municipal que se realizó —poco después de que el estado certificara un nuevo programa de intercambio de jeringas para la ciudad—, residentes y comerciantes dijeron que se sentían inseguros por el aumento de personas sin hogar que usaban drogas. Temían que los programas de jeringas fomentaran ese comportamiento.

Pero las investigaciones indican que los programas de jeringas hacen disminuir el número de en lugares públicos y . Pueden los nuevos casos de VIH y hepatitis C, el ingreso a tratamientos por adicción y .

También son los de medicamentos para revertir sobredosis, cuyo uso ha sido apoyado por muchas comunidades e incluso por la administración Trump.

Finalmente, la ciudad decidió que el programa certificado no podría operar en parques o plazas públicas importantes.

En los meses siguientes, Needlepoint ofreció sus servicios de jeringas únicamente en el campamento de personas sin hogar más grande de la ciudad, donde varios residentes habían dado positivo para VIH, según contó su director ejecutivo, William “Willie” Hurley. Eso terminó en febrero, cuando la ciudad desalojó el campamento.

Este verano, Needlepoint consiguió un local privado para su programa de intercambio de jeringas, pero lo tuvo que cerrar cinco días después, cuando las autoridades municipales plantearon .

, directora del Departamento de Salud de Bangor, dijo que la ciudad intenta encontrar un equilibrio entre “ofrecer servicios y lo que quiere la comunidad”.

“Lograr que la mayoría de la comunidad esté de acuerdo con los programas de reducción de daños es fundamental para su continuidad”, señaló.

Otras ciudades, en , han visto reacciones similares que derivaron en nuevas leyes que restringen o eliminan estos programas.

Gunderman  espera evitar que eso ocurra en Bangor.

Desalojos de campamentos

La orden ejecutiva de Trump también busca sacar a las personas sin hogar de la calle y mandarlas a centros de tratamiento aunque no quieran.

La administración ya está aplicando esta política en Washington, D.C., donde y amenazado a personas sin hogar con si no abandonan las calles.

Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, dijo que estas personas tienen la opción de ir a un albergue o recibir servicios de salud mental y adicciones.

Políticas similares se han implementado en años recientes en todo el país, incluso en áreas consideradas progresistas como y .

En Bangor el año pasado, cuando un campamento de personas sin hogar creció hasta alcanzar casi un centenar de residentes, empresarios y vecinos pidieron su desalojo.

Algunos defensores y proveedores de servicios sociales advirtieron que la expulsión podría empeorar el brote de VIH y la crisis de sobredosis.

En dos reuniones del Concejo Municipal, en noviembre pasado, a las personas después de un desalojo y que dispersar a quienes acababan de recibir un diagnóstico podría en otros lugares.

“Varios señalaron que se perdería el seguimiento de estas personas”, comentó , integrante de la junta directiva de la Bangor Area Recovery Network, a ºÚÁϳԹÏÍø News. “Pero de todos modos lo hicieron”, se lamentó.

“Aún sigo vivo”

Dos meses después de desalojar el campamento, que desconocía el paradero de más de un tercio de quienes habían vivido allí.

Clark explicó que no es sorprendente que la ciudad no haya logrado que todas las personas sin hogar accedan a vivienda o a servicios de tratamiento. Muchos desconfían de estos servicios, los refugios suelen estar llenos y los servicios de tratamiento son escasos. “¿A dónde se supone que deben ir estas personas?”, se preguntó.

Los autoridades dijeron en las reuniones del Concejo y en sus informes que estaban actuando de manera humana. En los meses previos al desalojo, reforzaron los servicios sociales, vinculando a las personas con todo tipo de apoyos, desde vivienda hasta espacios para guardar sus pertenencias y lavanderías.

Gunderman, directora de salud de la ciudad, dijo que sabía que el desalojo no fue lo ideal, pero que tampoco lo era mantener a la gente amontonada en un campamento insalubre. “Era una situación sin opciones buenas”, explicó.

Para ayudar a ubicar a las personas del campamento y mantenerlas comprometidas con el tratamiento del VIH, la ciudad está empleando ahora unos de los fondos del acuerdo sobre los opioides, con los que contrató a dos gestores de casos. (El otro programa local de gestión de casos médicos de VIH ).

“Lo que sabemos por el trabajo que hemos estado haciendo es que dedicamos mucho tiempo a buscar a las personas”, dijo Gunderman.

Jason, quien ha estado sin hogar la mayor parte de la última década y dio positivo para VIH este año, ha visto ese trabajo en acción.

Integrantes de lo que él llama su equipo médico han recorrido las calles durante horas para encontrar su carpa, y recordarle que debe aplicarse las inyecciones contra el VIH, contó. Algunos incluso fueron a buscar sus recetas y se las llevaron.

“Se han asegurado de que esté bien”, dijo Jason. (ºÚÁϳԹÏÍø News acordó usar solo su primer nombre para proteger su privacidad).

Jason cree que contrajo el virus el año pasado en el campamento, al usar drogas que otra persona preparó. Había intentado evitar ese campamento durante meses, pero dijo que cada vez que instalaba su tienda en otro lugar, la policía le pedía que se moviera.

Cuando recibió el diagnóstico pensó en su tío, quien murió de sida en los años 80.

“Duele hablar de eso, pero sigo con vida”, dijo Jason.

Después de varios meses de tratamiento, su carga viral es ahora . Durante el verano, el equipo lo ayudó a encontrar una vivienda.

Pero Jason aún tiene dificultades para conseguir jeringas estériles de manera regular. Le preocupa que a otros también les falten.

“Así es como este brote se ha seguido propagando”, dijo Jason. “Cada vez que nos damos cuenta, hay otro caso”.

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Es un cambio agresivo en la principal política nacional contra el desamparo, que durante décadas ha dado prioridad al acceso a una vivienda como la forma más eficaz de combatir esta crisis.

“Nuestras grandes ciudades se han convertido en pesadillas insalubres e inhabitables”, dijo Trump en un . “A los que padecen enfermedades mentales graves y trastornos profundos los llevaremos a instituciones psiquiátricas, que es donde deben estar, con el objetivo de reintegrarlos a la sociedad una vez que mejoren y puedan controlarse”.

Ahora que está en el cargo, ha comenzado el asalto al programa (Vivienda Primero).

Los funcionarios de la Casa Blanca no han anunciado una política formal, pero están abriendo la puerta a un programa de tratamiento, al tiempo que diseñan una intensa revisión de los programas de vivienda y servicios sociales que son la columna vertebral del sistema de respuesta a la crisis de las personas sin hogar, del que dependen ciudades y condados de todo el país.

Casi . Pero ahora, Scott Turner, que dirige el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Trump, la agencia responsable de administrar los fondos para la vivienda y para los que no la tienen, ha propuesta recortes masivos y ha pedido una .

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, ya no estamos en una postura de seguir como siempre y el grupo de trabajo DOGE desempeñará un papel fundamental para ayudar a identificar y eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso y, en última instancia, servir mejor al pueblo estadounidense”, en un comunicado.

Los recortes de personal especialmente a la parte de la agencia que supervisa el gasto en personas sin hogar y las iniciativas de Vivienda Primero. Trump habló de este tema durante su campaña, pidiendo que se abrieran nuevos centros de tratamiento en extensas parcelas de terrenos gubernamentales: “Grandes campamentos donde se pueda reubicar a las personas sin hogar y se identifiquen sus problemas”. Allí podrían recibir tratamiento y rehabilitación y si no lo hacen podrían ser arrestados.

Ahora como presidente, centra su atención en las personas sin hogar que viven en la calle, y en marzo ordenó a Washington D.C. urbanos, lo que podría separar a las personas sin hogar de sus gestores de casos y proveedores de servicios sociales, interrumpiendo su camino hacia la vivienda.

La administración no recomienda a los gobiernos locales seguir la política federal, diciéndoles que los contratos de personas sin hogar “si se requiere que el proyecto utilice un modelo como el programa de Vivienda Primero”. Y, para “reducir el alcance de la burocracia federal”, Trump recortó el Consejo Interagencial de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar, reduciendo la agencia responsable de coordinar la financiación y las iniciativas entre el gobierno federal, los estados y las agencias locales, conocidas como .

“Queda claro que los ataques imprudentes de Trump en todo el gobierno federal potenciarán la crisis de la vivienda y de las personas sin hogar en comunidades de todo el país”, declaró la legisladora demócrata Maxine Waters, de Los Angeles, en respuesta a la orden.

Apoyo sin tratamiento forzoso

se implementó a nivel nacional en 2004 bajo la administración de George W. Bush para combatir la falta de vivienda crónica, haber vivido en la calle con una condición discapacitante durante un largo período de tiempo.

El programa se amplió bajo el presidente Barack Obama como el plan de ataque de Estados Unidos contra la falta de vivienda y bajo el presidente Joe Biden, quien argumentó que la vivienda era una necesidad básica, fundamental para la salud.

La política tiene como objetivo estabilizar a las personas sin hogar en viviendas permanentes y proporcionarles apoyo y servicios sociales sin forzar el tratamiento, imponer requisitos laborales o exigir la sobriedad. Una vez alojadas, en teoría, las personas sin hogar escapan del caos de las calles y pueden entonces centrarse en la búsqueda de un empleo, cuidar de sus enfermedades crónicas o lograr la sobriedad.

“Cuando estás en la calle, lo único que haces cada día es pensar en cómo sobrevivir”, explicó Ann Oliva, CEO de la National Alliance to End Homelessness. “La vivienda es la intervención más importante que aporta una sensación de seguridad y estabilidad, en la que no estás constantemente tratando de encontrar comida o un lugar seguro para dormir”.

Pero Trump quiere eliminar las iniciativas de viviendas subvencionadas por los contribuyentes. Está impulsando un enfoque punitivo que impondría multas y posiblemente penas de cárcel a las personas sin hogar. Y quiere imponer la sobriedad y el tratamiento de salud mental como la principal intervención contra la falta de vivienda, un cambio radical con respecto a Housing First.

El cambio ha provocado miedo y pánico entre los expertos en personas sin hogar y los proveedores de servicios de primera línea, que sostienen que forzar el tratamiento y criminalizar a las personas sin hogar mediante multas y penas de cárcel simplemente no funciona.

“Solo va a empeorar las cosas”, señaló Donald Whitehead Jr., director ejecutivo de la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar. “Meter a todo el mundo en programas de tratamiento no es una estrategia eficaz. El verdadero problema es que no tenemos suficientes viviendas asequibles”.

Trump estuvo a punto de acabar con Housing First durante su primer mandato, cuando nombró a Robert Marbut para dirigir el Consejo Interagencial de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar . Pero covid-19 paralizó esos planes. Ahora Marbut cree que el presidente terminará el trabajo.

“Trump sabe que lo que tenemos que hacer es devolver los fondos para el tratamiento y la recuperación”, dijo Marbut. “La administración Trump está muy centrada en acabar con Housing First. Se dieron cuenta de que estaba mal la primera vez y por eso me eligieron a mí para cambiarlo. Seguimos pensando que no funciona”.

Bajo ataque

A Housing First no solo lo atacan los republicanos, también los demócratas, que responden a la frustración pública por la multiplicación de los campamentos urbanos de personas sin hogar en todo el país.

El año pasado, el gobierno federal estimó que personas en Estados Unidos no tenían hogar, una cifra récord. Un aumento del 18% con respecto a 2023. Y mientras la vivienda se vuelve cada vez más inalcanzable, los campamentos de personas sin hogar se han disparado, tomando los parques de las ciudades, abarrotando las veredas y contaminando las vías fluviales a pesar de un gasto público sin precedentes.

Ya hay ciudades y estados, liberales y conservadores, que están tomando medidas enérgicas contra las personas sin hogar y abordando la crisis de salud mental y adicciones.

Esto ocurre incluso en estados demócratas como California, donde el gobernador Gavin Newsom ha creado una iniciativa de “” que puede ordenar el tratamiento aunque no siempre haya viviendas disponibles, y ha amenazado con retirar la financiación a las ciudades y condados que no acaben con los campamentos de forma enérgica.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, ha propuesto para los que padecen de adicciones. La alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, está dando prioridad a los desalojos de campamentos, aunque la promesa de vivienda o refugio es incierta. Y el alcalde de San José, Matt Mahan, para los planes de que se nieguen a ser acogidas tres veces en 18 meses y para pagar la ampliación de los refugios.

Mahan cree que los liberales y los activistas han sido demasiado “puristas” porque no se están construyendo viviendas con la suficiente rapidez, mientras que las inversiones en refugios y tratamientos han sido inadecuadas. “No puede tratarse solo de Housing First”, dijo.

Las medidas enérgicas contra las personas sin hogar se han disparado desde que la Corte Suprema de Estados Unidos hizo más fácil que los funcionarios electos y las fuerzas del orden multaran y arrestaran a las personas por vivir en la calle.

Desde junio, se han aprobado unas 150 leyes que imponen multas o penas de cárcel, unas 45 solo en California, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del National Homelessness Law Center.

Rabinowitz y otros expertos afirman que tanto los republicanos como los demócratas están socavando el programa Housing First al criminalizar la falta de vivienda y llevar a cabo redadas en campamentos que dificultan la capacidad de los trabajadores de primera línea.

Sin embargo, hay desacuerdo sobre si desmantelar por completo esta política.

Los líderes liberales quieren mantener las corrientes existentes de financiación para la vivienda y las personas sin hogar, al tiempo que se amplían los refugios y sacan a la gente de las calles. Los conservadores culpan a Housing First del aumento de personas sin techo, y presionan para que se imponga el tratamiento obligatorio y se recorten los subsidios a la vivienda.

Evidencia muestra que Housing First ha tenido éxito en trasladar a personas vulnerables y sin hogar a viviendas permanentes. de 26 estudios indicó que, en comparación con el tratamiento primero, “los programas de Housing First disminuyeron el número de personas sin hogar en un 88%”. Y el enfoque ha mostrado en la salud, reduciendo los costosos de atención hospitalaria y urgencias.

Los expertos afirman que el programa Housing First ha estado y se ha aplicado de manera desigual, ya que algunas agencias para personas sin hogar reciben dinero federal pero no proporcionan servicios adecuados ni reubicaciones en viviendas.

“Convertirlo en la política general para todas las personas sin hogar lo deja vulnerable a ser atacado de la manera en que está siendo atacado actualmente”, afirmó Philip Mangano, un republicano que encabezó el desarrollo de Housing First como asesor principal sobre personas sin hogar de George W. Bush. “La verdad es que es una mezcla de cosas. Para algunas personas, como las que consumen drogas, todavía no hay resultados”.

Otros dicen que ha sido ineficaz en algunos lugares debido al despilfarro desenfrenado, el abuso y la .

“Esto funciona cuando se hace bien”, señaló Marc Dones, director de políticas para iniciativas sobre personas sin hogar en la Universidad de California-San Francisco, argumentando que la vivienda puede salvar vidas y reducir el gasto en costosos cuidados de salud. “Pero creo que hemos sido demasiado blandos durante demasiado tiempo con una incompetencia real”.

Jeff Olivet, que sucedió a Marbut en la Interagency Council on Homelessness de Estados Unidos bajo la presidencia de Biden, dijo que las posiciones de Marbut y Trump están equivocadas. Sostiene que el programa Housing First ha funcionado para aquellos que han conseguido un hogar, pero el número de personas que se quedan sin hogar supera al que las consiguen. Y dice que nunca ha habido suficiente dinero para proporcionar vivienda y servicios de apoyo a todos los necesitados.

“El programa Housing First no consiste solo en meter a alguien en un apartamento y esperar lo mejor”, explicó Olivet. “Se trata realmente de proporcionar una vivienda estable y acceso a la atención médica, a la salud mental y al tratamiento de adicciones, y de apoyar a las personas, pero sin obligarlas”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Más de un millón de residentes de California que viven en Estados Unidos sin papeles ahora califican para Medi-Cal, la versión estatal de Medicaid: ha sido uno de los primeros en independientemente de su estatus migratorio.

El estado también está experimentando con fondos de Medicaid para pagar servicios sociales como asistencia para vivienda y alimentos, especialmente para aquellos que viven en las calles o tienen enfermedades crónicas. Además, está obligando a la industria de la salud a mientras impone a médicos, hospitales y aseguradoras para ofrecer una atención de mejor calidad y más accesible.

Sin embargo, hasta ahora, Newsom no ha logrado cumplir por completo con sus políticas de salud más ambiciosas, y muchos cambios aún no son visibles para el público: los costos de la salud , la y muchos californianos todavía luchan por obtener atención médica básica.

Ahora, algunas de las iniciativas emblemáticas de Newsom en materia de salud, que podrían definir su perfil en el escenario nacional, están en peligro con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Según expertos en políticas sanitarias, California podría perder miles de millones de dólares en financiamiento para la atención médica si la nueva administración Trump altera los programas de Medicaid, algo que los republicanos . Tal movimiento podría obligar al estado a recortar drásticamente beneficios, e incluso la elegibilidad.

Y aunque la inscripción para que inmigrantes indocumentados obtengan atención médica gratuita se ha financiado casi completamente con dinero estatal, esto convierte a California en un blanco político.

“Eso es combustible para alimentar el argumento de la republicana MAGA de que estamos tomando dólares de impuestos de buenos estadounidenses y proporcionando atención médica a los inmigrantes”, dijo Mark Peterson, experto en atención médica de UCLA, en referencia al movimiento “Make America Great Again”.

Newsom rechazó una entrevista con ºÚÁϳԹÏÍø News. En un comunicado, reconoció que muchas de sus iniciativas todavía están en proceso de implementarse. Pero, aunque intentará trabajar con Trump, el gobernador prometió proteger su agenda de atención médica en sus dos últimos años en el cargo.

“Nos estamos acercando a la administración entrante con una mano abierta, no con un puño cerrado”, dijo Newsom. “Es una prioridad principal de mi administración asegurar que la atención médica de calidad esté disponible y sea asequible para todos los californianos”.

Mark Ghaly, ex secretario de Salud y Servicios Humanos bajo Newsom, dijo que transformar la forma en que se paga y ofrece la atención médica puede ser complicado. “No lo hicimos perfectamente”, dijo Ghaly. “La implementación siempre es complicada en un estado de 40 millones de personas”.

Antes de la inauguración de Trump el 20 de enero, Newsom propuso para desafiar a Trump en atención reproductiva, ayuda para desastres y otros servicios. Su solicitud está pendiente en la Legislatura estatal controlada por demócratas.

Estas son las principales iniciativas que conformarán el legado de Newsom en salud:

Medicaid

Se avecinan posibles recortes federales en el estado más poblado de Estados Unidos. De los asombrosos que California gasta anualmente en atención médica y servicios sociales, casi $116 mil millones provienen del gobierno federal. La mayor parte de eso va a Medicaid, que cubre a más de . Líderes republicanos en Washington han planteado ideas para , lo que podría reducir beneficios o disminuir la inscripción.

Además, la expansión de Medi-Cal en California para se proyecta que costará al estado aproximadamente $6.4 mil millones para el año fiscal que termina el 30 de junio.

A principios de diciembre, Newsom sugirió que el estado continuaría financiando la expansión de atención médica para inmigrantes en el próximo año fiscal, pero si mantendría la cobertura en años futuros.

Grupos de defensa están listos para proteger estos beneficios si Trump hace de California su blanco. “Queremos continuar protegiendo el acceso a la atención y no ver un retroceso”, dijo Amanda McAllister-Wallner, directora ejecutiva interina de Health Access California.

Medicamentos genéricos

Citando el alto costo de los medicamentos recetados, a su plan para producir insulina genérica para California y de fabricación para producir una gama de medicamentos genéricos.

Tres años después, California no ha logrado ninguno de los dos. Sin embargo, un acuerdo para comprar al por mayor naloxona, el medicamento para revertir las sobredosis de opioides, que el estado puso a disposición de escuelas, clínicas de salud y otras instituciones .

“Es ciertamente decepcionante que no haya mucho más progreso”, dijo el ex senador estatal Richard Pan, quien redactó la legislación original de medicamentos genéricos.

Sobre la insulina genérica, Newsom reconoció “que ha tomado más tiempo del que esperábamos llevar insulina al mercado, pero seguimos comprometidos a ofrecer insulina a $30 disponible para todos los que la necesiten lo antes posible”.

Aborto

El gobernador ayudó a liderar la exitosa campaña de 2022 para en la constitución estatal. Firmó leyes para garantizar que los abortos, espontáneos o no, , para permitir que médicos de otros estados realicen abortos en California, almacenar cuando mifepristona enfrentó una prohibición nacional, y para ayudar a los californianos que no pueden pagar el cuidado del aborto.

Newsom, quien ha hecho de los derechos reproductivos un pilar central de su agenda política, también y recorrió el país atacando a Trump y a otros republicanos en estados conservadores que han restringido el acceso al aborto.

Después de la victoria electoral de Trump, Newsom convocó a una sesión legislativa especial para prepararse para posibles batallas legales con el gobierno federal. Dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News que el estado se está preparando “de todas las maneras posibles para proteger los derechos garantizados en la constitución de California y asegurar la autonomía para todos los que están en nuestro estado”.

Costos crecientes de la atención médica

En 2022, Newsom creó la para establecer límites al gasto en salud e imponer sanciones a las aseguradoras y proveedores de atención médica que no cumplieran con los objetivos. Para 2029, California limitará los aumentos anuales de precios para aseguradoras, médicos y hospitales al 3%.

Si bien Trump ha expresado preocupación por el aumento constante de los costos de la atención médica a nivel nacional y la calidad de la atención, sus ideas se han centrado en la desregulación y en (ACA), lo que, según expertos, y aumentar los gastos de los pacientes.

California podría perder subsidios federales que han ayudado a para la mayoría de los aproximadamente que compran su cobertura de salud a través de Covered California, el mercado estatal de ACA, lo que aumentaría los gastos de bolsillo de los pacientes.

El estado podría usar el dinero que recauda de por no tener seguro de salud, adoptada por Newsom después que el Congreso eliminara el mandato individual de Obamacare en 2017. Según el Departamento de Finanzas del estado, esos ingresos estatales están proyectados en . Eso es una fracción de los aproximadamente $ en subsidios federales para seguros de salud que recibe California.

Salud y falta de vivienda

Bajo el liderazgo de Newsom, California de dinero público para abordar la crisis de personas sin hogar, pero la situación ha empeorado bajo su mandato.

Desde 2019, cuando Newsom asumió el cargo, hasta 2023, la falta de vivienda aumentó un 20%: no tienen techo, a pesar que el estado destinó más de $20 mil millones para tratar de sacar a las personas de las calles, incluido un programa para convertir hoteles y moteles .

Además, se han invertido aproximadamente $12 mil millones en CalAIM, un para , como asistencia para alquilar y para prevenir desalojos.

El año pasado, una auditoría estatal encontró que el estado no estaba haciendo un buen trabajo en el seguimiento de la efectividad del dinero de los contribuyentes. CalAIM no está sirviendo a tantos californianos como se esperaba, y los pacientes enfrentan dificultades para recibir los de los aseguradores de salud.

“La crisis de personas sin hogar en nuestras calles es inaceptable”, reconoció Newsom. “Pero estamos comenzando a ver avances”.

Se espera que la administración Trump revierta las políticas liberales que han permitido el uso de dinero de Medicaid para experimentos de atención médica a través de exenciones .

Notablemente, Trump ha criticado a Newsom por su manejo de la crisis de personas sin hogar y ha prometido con más fuerza. La exención de CalAIM en California termina a finales de 2026.

Por ejemplo, en lugar de expandir la asistencia de vivienda y alimentos, el estado podría enfrentarse a movimientos federales para terminar los beneficios de CalAIM y hacer que .

Salud mental y adicciones

Newsom ha lanzado la reforma más extensa del sistema de salud conductual de California en décadas, destinando miles de millones en fondos estatales a una nueva red de instalaciones de tratamiento y programas de prevención.

Dos de sus iniciativas emblemáticas más controvertidas, la y , inyectan dinero en el tratamiento y la vivienda para californianos con afecciones de salud conductual, especialmente personas sin hogar que viven en crisis. CARE Court permite a los jueces ordenar tratamiento para quienes sufren enfermedades mentales debilitantes y trastornos por adicciones.

Ambas iniciativas han enfrentado desafíos de financiamiento, dependen de los condados para su implementación y podrían tardar años en producir resultados visibles.

Mientras que Newsom ha buscado expandir el tratamiento en las comunidades, Trump ha sugerido un regreso a la institucionalización y propuso trasladar a personas sin hogar y a aquellos con graves afecciones de salud conductual a .

Newsom dijo que espera que sus enfoques “innovadores” transformen la atención de salud conductual con “un enfoque en las personas con enfermedades más graves y adicciones”.

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Estos médicos, enfermeros y trabajadores sociales se están desplegando en las calles de Los Ángeles para ofrecer atención médica y servicios sociales a las personas sin hogar: soldados de un nuevo modelo de negocio que está arraigándose en comunidades de toda California.

Su estrategia: construir confianza con las personas sin hogar para darles medicinas dondequiera que estén… y ganar dinero haciéndolo.

“La mayor población de personas sin hogar en este país está aquí en el sur de California”, dijo Sachin Jain, ex funcionario de salud de la administración Obama que es CEO de SCAN Group, que dirige un plan de Medicare Advantage que cubre a unas 300,000 personas en California, Arizona, Nevada, Texas y Nuevo México.

“El segmento de más rápido crecimiento de personas que experimentan la falta de vivienda son en realidad los adultos mayores”, dijo. “Dije, ‘Tenemos que hacer algo al respecto'”.

La organización de Jain Healthcare in Action, un grupo médico que envía a los practicantes a las calles de California exclusivamente para atender a personas sin hogar. Ha crecido rápidamente, estableciendo operaciones en 17 comunidades, incluyendo Long Beach, West Hollywood y el condado de San Bernardino.

Desde su lanzamiento, Healthcare in Action ha atendido a unos 6,700 pacientes sin techo y ha realizado aproximadamente 77,000 diagnósticos, desde esquizofrenia hasta diabetes. Ha puesto a unas 300 personas en viviendas permanentes o temporales.

En la mayor parte del país, la medicina de calle o callejera se practica como una labor caritativa, dirigida a servir a una población de pacientes compleja que ha sido desatendida por la medicina tradicional, dicen sus defensores.

Llevando vidas nómades y caóticas, las personas sin hogar sufren desproporcionadamente de afecciones mentales, adicciones y enfermedades crónicas, y a menudo no tienen seguro médico o si lo tienen no lo usan.

Eso hace que diseñar un negocio alrededor de atenderlos sea un riesgo, dicen ejecutivos de seguros y economistas de la salud.

“Es realmente innovador y emprendedor tomar toda esta energía y coraje para tratar de mejorar las cosas para una población a la que generalmente se ignora”, dijo Mark Duggan, profesor de economía en la Universidad de Stanford que se especializa en política de falta de vivienda y Medicaid. “Los incentivos financieros importan muchísimo en la atención médica. Son todo”.

Se estima que 181,000 personas en California en 2023, aproximadamente el 30% del total nacional. El número de personas viviendo en la calle, más de dos tercios del total del estado, aumentó 6.9% con respecto al año anterior.

A los líderes estatales, incluido el gobernador demócrata Gavin Newsom, contra la creciente crisis de salud pública y política, a pesar de reunir recursos sin precedentes de los contribuyentes.

“Tenemos un gran problema entre manos, y tenemos muchos planes de salud y municipios diciendo, ‘Te necesitamos'”, dijo Jain.

En las calles

Una mañana nublada de abril, en Long Beach, Daniel Speller manejaba su furgoneta médica móvil entre las tiendas de campaña y lonas que llenaban las calles residenciales, buscando a un par de pacientes sin hogar. Speller, que es asistente médico de Healthcare in Action, dijo que estaba particularmente preocupado por las heridas gravemente infectadas que habían desarrollado en sus extremidades después de usar la droga callejera xilazina, un tranquilizante para animales que a menudo se mezcla con fentanilo.

“Estas heridas están en todas partes. Es realmente malo”, dijo Speller. Si las infecciones avanzan, pueden requerir amputaciones de dedos, pies o brazos.

“Hombre, ésta todavía está muy profunda”, dijo Speller mientras despegaba los jeans de la pierna hinchada de Robert Smith, de 66 años.

Después de limpiar y vendar la pierna de Smith, Speller le preguntó si necesitaba algo más. “Perdí mis cupones de alimentos”, respondió Smith.

En menos de una hora, el equipo de trabajadores sociales y enfermeros de Speller habían llamado a un Uber para llevar a Smith a una oficina estatal, donde recibió una nueva tarjeta CalFresh.

Después, Speller dobló hacia una calle lateral llena de más tiendas de campaña y autos convertidos en refugios. Nick Destry Anderson, de 46 años, estaba durmiendo en la acera y necesitaba con urgencia que le curaran su herida.

“Tenía tanto miedo. Antes de conocerlos pensé que iba a perder mi pierna”, dijo Anderson, haciendo un gesto mientras Speller rociaba su pierna con un aerosol antibiótico. “Estas personas salvaron mi vida”.

Anderson dijo que se sentía mareado, así que Speller pidió a otro miembro del equipo que usara la tarjeta de crédito de la empresa para comprarle una hamburguesa con queso y una Sprite.

Muchas personas sin hogar languidecen en las calles, tan arraigadas en crisis de salud mental o adicciones que no les importa mucho ver a un médico o tomar su medicación. Las enfermedades crónicas empeoran. Las heridas se infectan. Las personas sufren sobredosis o mueren por afecciones tratables.

Parte de la medicina callejera consiste en vendar heridas infectadas, administrar inyecciones de antipsicóticos y tratar enfermedades crónicas. Los proveedores de la calle a menudo reparten parafernalia de drogas como agujas limpias y pipas de vidrio para prevenir que se compartan y prevenir infecciones. Quizás más importante, estos trabajadores construyen confianza.

Que los pacientes sin hogar s conecten con médicos y enfermeros de atención primaria, que los visitan en las calles, en los parques o dondequiera que estén, puede prevenir visitas frecuentes y costosas a salas de emergencia y hospitalizaciones, potencialmente ahorrando dinero a las aseguradoras y a los contribuyentes, argumenta Jain.

Aunque los refugios y la vivienda son escasos, el objetivo de Healthcare in Action es lograr que los pacientes estén lo suficientemente saludables como para vivir vidas estables e independientes, dijo.

Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. En West Hollywood esa semana de abril, Isabelle Peng, coordinadora clínica de Healthcare in Action, encontró a Lisa Vernon, una mujer sin hogar, desplomada en su silla de ruedas en una parada de autobús concurrida. Vernon es una habitual del cercano Centro Médico Cedars-Sinai, dijeron Peng y su colega, David Wong.

Cuando Peng y Wong intentaron examinar su pierna hinchada, Vernon les gritó y rechazó la ayuda. “¡Los antibióticos no van a salvar mi vida!”, gritó Vernon mientras un ratón corría hacia las migajas de patatas fritas que estaban a sus pies.

Pasaron a su siguiente paciente, un hombre que estaban rastreando con un dispositivo GPS que a veces colocan en las pertenencias de las personas sin hogar. El uso de los dispositivos es voluntario. Funcionan mejor que los teléfonos móviles porque es menos probable que la policía los confisque durante redadas de campamentos, o que se los roben.

“Nuestros pacientes realmente cambian mucho de ubicación, así que esto nos ayuda a encontrarlos cuando tenemos que darles medicación o hacer seguimiento”, dijo Wong. “Ya hemos desarrollado un vínculo con estos pacientes y ellos quieren que los veamos”.

Aumento de ingresos

Los equipos de medicina de calle están en demanda, en gran parte debido a la creciente frustración pública con la falta de vivienda. Por ejemplo, La ciudad de West Hollywood otorgó a Healthcare in Action un contrato de tres años que paga $47,000 al mes. La organización sin fines de lucro también puede facturar por sus servicios a Medi-Cal, el programa de Medicaid de California.

Mari Cantwell, que se desempeñó como directora del Medicaid de California desde 2015 hasta principios de 2020, dijo que los reembolsos de Medicaid por sí solos no son suficientes para financiar a los proveedores de medicina de calle. Para seguir siendo viables, dijo, deben dar pasos financieros creativos, como hace Healthcare in Action.

“Medicaid nunca va a pagar altos márgenes, así que tienes que pensar en cómo sostener las cosas”, dijo.

Healthcare in Action generó unos $2 millones en ingresos en su primer año, $6 millones en 2022 y $15,4 millones en 2023, según Michael Plumb, director financiero de SCAN Group.

Healthcare in Action y el plan de seguro Medicare Advantage de SCAN generan ingresos sirviendo a pacientes sin hogar de múltiples maneras:

• Ambos están aprovechando miles de millones de dólares en fondos de Medicaid que los estados y el gobierno federal están gastando para tratar a personas sin hogar y para proporcionar como asistencia de vivienda y alimentos. Por ejemplo, Healthcare in Action ha recibido $3,8 millones de la iniciativa de Medicaid de Newsom de $12 mil millones llamada CalAIM, que le permite contratar trabajadores sociales, médicos y proveedores para los equipos de medicina callejera, según el estado. También contrata con aseguradoras de salud, incluidas L.A. Care y Molina Healthcare en el sur de California, para identificar viviendas para pacientes sin hogar, negociar con propietarios, y proporcionar ayuda financiera como cubrir depósitos de seguridad.
• Healthcare in Action recibe donaciones caritativas de algunos hospitales y aseguradoras, incluidas CalOptima en el condado de Orange y su propio plan Medicare Advantage, SCAN Health Plan.
• Healthcare in Action se asocia con ciudades y hospitales para proporcionar tratamiento y servicios. En 2022, inició un contrato con Cedars-Sinai para atender a pacientes que deambulan fuera del hospital.
• También inscribe a pacientes sin hogar elegibles en SCAN Health Plan porque muchas personas mayores de bajos ingresos califican tanto para la cobertura de Medicaid como para Medicare. El plan tuvo ingresos de $4,9 mil millones en 2023, frente a los $3,5 mil millones de 2021.

“Ha habido un ajuste de mercado increíble, desafortunadamente”, dijo Jain. “No puedes caminar o conducir por una calle en Los Ángeles, ya sea rica o pobre, y no encontrarte con este problema”.

Jim Withers, quien acuñó el término “medicina de calle” hace décadas y atiende a personas sin hogar en Pittsburgh, dio la bienvenida a la entrada de más proveedores dada la enorme necesidad. Pero advirtió sobre un modelo con motivos financieros.

“Me preocupa la corporativización de la medicina de calle y el capitalismo invadiendo lo que hemos estado construyendo, en gran parte como una misión de justicia social fuera del sistema tradicional de atención médica”, dijo. “Pero nadie posee las calles, y tenemos que encontrar la manera de trabajar juntos”.

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California está liderando esta tendencia, destinando gran parte de un presupuesto de $12 mil millones a una ambiciosa iniciativa de Medicaid para ayudar a los pacientes sin hogar a encontrar vivienda, y a pagarla para evitar el desalojo.

Arizona está asignando $550 millones de fondos de Medicaid que se usarán para cubrir seis meses de alquiler para personas sin hogar. Oregon está gastando más de $1,000 millones en servicios como asistencia de alquiler de emergencia para pacientes que no tienen un techo.

Incluso Arkansas, un estado predominantemente conservador, destinará parte de unos $100 millones para ofrecer vivienda a sus más necesitados.

Al menos 19 estados están redireccionando dinero de Medicaid —el programa estatal-federal de salud para personas con bajos ingresos— para abordar la creciente epidemia de falta de vivienda en el país, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Aunque no hay consenso sobre si esta estrategia proporcionará una solución a largo plazo para la salud o la vivienda de los pacientes vulnerables, la administración Biden está alentando a otros estados a unirse. Varios están en proceso, incluyendo Tennessee, West Virginia y Montana, y obtuvo luz verde del gobierno federal en enero.

El uso de fondos de atención médica para proporcionar vivienda a las personas es “un gran debate filosófico”, dijo Alex Demyan, director asistente de la agencia de Medicaid de Arizona. “Sabemos que la atención de salud no puede resolver todos los problemas, pero también sabemos que las agencias de vivienda están saturadas y que tenemos una enorme necesidad de ayudar a que las personas se estabilicen”.

La falta de vivienda aumentó un 12% en el país el año pasado, con un estimado de , el nivel más alto registrado, incluso cuando aumentó drásticamente el inventario de viviendas permanentes y camas de refugio temporal.

A medida que las personas languidecen en las calles, luchando a menudo con la adicción, afecciones mentales graves y enfermedades crónicas no tratadas, funcionarios de salud y líderes políticos recurren a fondos de salud en busca de alivio. Argumentan que la ayuda para la vivienda mejorará la salud y le ahorrará dinero a los contribuyentes al mantener a las personas fuera de instituciones como hogares de adultos mayores, hospitales y cárceles.

Pero las pruebas que respaldan este argumento son mixtas.

Por ejemplo, en un realizado por investigadores de la Universidad de California-San Francisco, las personas sin hogar del condado de Santa Clara, California, que fueron asignadas al azar para recibir vivienda a largo plazo y servicios, utilizaron el departamento de emergencias psiquiátricas un 38% menos que un grupo de control en un período de cuatro años, al tiempo que aumentó el uso de servicios de salud mental de rutina. Pero aún hubo altas tasas de hospitalización entre los participantes, quienes continuaron dependiendo de la sala de emergencias para atención médica de rutina o para descansar.

Los programas estatales de Medicaid han estado incursionado en el área de vivienda durante mucho tiempo, pero de la administración Biden, están lanzando más servicios para más personas con nuevas y grandes cantidades de fondos estatales y federales.

La tendencia es parte de que alienta a los directores de Medicaid a ofrecer servicios sociales junto con la atención médica tradicional, con el objetivo de hacer que sus residentes sean más saludables.

“Un dólar de atención médica puede hacer más que simplemente pagar una visita al médico o una estadía en el hospital”, dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). “Deberíamos estar utilizando el dólar federal de atención médica para la atención preventiva: obtenerla antes de que se enfermen, y mantenerlos saludables. ¿Quién puede negar que alguien que no tiene hogar tendrá más dificultades para mantenerse saludable que alguien que tiene vivienda con agua corriente y calefacción?”, dijo.

Becerra reconoció estas iniciativas como experimentos. Pero dijo que el gobierno federal ya no puede ignorar la muerte y enfermedad que están afectando de manera creciente a las poblaciones sin hogar a lo largo del país.

“Simplemente estamos diciendo, ‘Estado, si puedes demostrarnos que con este dólar de Medicaid mejorarás la salud o el resultado de salud de alguien, entonces has servido efectivamente al propósito del programa Medicaid y le estás ahorrando más dinero a los contribuyentes'”, dijo.

Pero no todos los líderes de atención médica, ni siquiera los expertos en falta de vivienda, creen que esta es la mejor utilización del dinero de Medicaid, especialmente porque el programa enfrenta críticas constantes por no proporcionar atención médica básica a muchos beneficiarios.

“Si estás en Medicaid, a menudo tienes que esperar meses y meses para una visita especializada, incluso si es una preocupación que amenaza la vida, así que me preocupa lo que la gente no podrá obtener debido a esto”, dijo , investigadora de falta de vivienda y médica de atención primaria en el Hospital General y Centro de Trauma Zuckerberg de San Francisco, que trata principalmente a pacientes de bajos ingresos.

“No es que no quiera que se gaste el dinero, pero ¿se gasta mejor en atención médica?”, se preguntó. “Es mucho mejor que nada, pero está lejos de proporcionar la vivienda a largo plazo y la estabilidad que las personas realmente necesitan”.

Kushel dijo que el peligro es que la mayor parte de la asistencia de vivienda de Medicaid se puede utilizar sólo una vez o tiene un límite de tiempo, como los pagos de alquiler, que normalmente finalizan después de seis meses.

“Cuando la gente llega a una vivienda, ya está muy, muy enferma”, dijo. “¿Qué sucede al final de esos seis meses cuando se termina el alquiler gratuito?”.

En todo el país, los programas estatales de Medicaid están ampliando la definición de atención médica y entrando en el negocio de los servicios sociales, brindando una variedad de beneficios no tradicionales, como comidas saludables a domicilio para pacientes con diabetes y filtros de aire para personas con asma.

Si bien históricamente el gobierno federal de Medicaid para pagos directos de alquiler, eso ha cambiado.

En 2022, Arizona recibió la para una iniciativa llamada , que dará prioridad a las personas sin hogar y a aquellas en riesgo de perder su vivienda que tienen una condición de salud mental y una enfermedad crónica. Cuando se lance en octubre, ofrecerá principalmente dos servicios: pagos de alquiler por hasta seis meses; y viviendas de transición, que pueden incluir refugios con servicios intensivos.

Arizona experimentó un aumento del 5% en el número de personas sin hogar en 2023 con respecto al año anterior. Su programa complementará una iniciativa independiente de Medicaid financiada por el estado que proporciona 3,000 bonos de alquiler para personas del sur de Arizona que padecen una afección mental grave y no tienen hogar, o están en riesgo de quedarse sin hogar. Unas 5,000 personas están en lista de espera para recibir estos bonos.

“Hemos visto resultados de salud muy positivos, y por ende reducciones de costos, por lo que para nosotros tuvo mucho sentido ampliar nuestro trabajo a ese espacio”, dijo Demyan. Ese programa redujo las visitas a emergencias en un 45% y las admisiones en hospitales en un 53% a los seis meses después de que los pacientes comenzaron a recibir servicios, al tiempo que aumentó la atención preventiva menos costosa en un 56% y se ahorró $4,300 por miembro, por mes, según .

California, hogar de casi el 30% de la población sin techo del país, experimentó un aumento de casi el 6% en el número de personas sin hogar en 2023, llegando a cerca de 181,000 personas.

El estado lanzó su enorme iniciativa CalAIM en 2022 para ofrecer una amplia variedad de servicios sociales a una pequeña porción de los aproximadamente 15 millones de del estado. Una gran parte de los recursos se destina a servicios de vivienda para personas sin hogar o que enfrentan un desalojo, como cubrir depósitos de seguridad y contratar administradores de casos para buscar apartamentos disponibles.

Líderes estatales también están pidiendo permiso a la administración Biden para proporcionar seis meses de alquiler.

“Si uno carga con una gran cantidad de problemas de salud física o conductual, ya sea diabetes o VIH, presión arterial alta o esquizofrenia, y no tiene vivienda, es realmente difícil estabilizar esas condiciones”, dijo , secretario de la California Health and Human Services Agency.

Pero advirtió que el enfoque central de Medicaid debe seguir siendo lograr que las personas estén sanas, incluso si viven al aire libre, lo cual es un desafío monumental y costoso porque afecciones como la diabetes, las enfermedades cardíacas y el VIH requieren un tratamiento continuo y, a menudo, múltiples medicamentos.

“No creo que la atención médica sea responsable de resolver la situación de las personas sin hogar en California ni en ningún otro lugar”, dijo Ghaly. “Pero si la inestabilidad o la falta de vivienda es uno de los factores clave que obstaculizan la salud, entonces es absolutamente necesario que le prestemos atención”.

Las aseguradoras de salud que brindan cobertura de Medicaid en California pueden elegir si ofrecen servicios de vivienda, pero Oregon exige que las aseguradoras de Medicaid lo hagan.

La falta de vivienda aumentó un 12% en el estado entre 2022 y 2023, pero Oregon se centra en los pacientes en riesgo de quedarse sin hogar. Los participantes serán elegibles para seis meses de alquiler y otros servicios cuando el programa se lance en noviembre, dijo Dave Baden, subdirector de la Oregon Health Authority. “Realmente estamos tratando de centrarnos en las personas que están al borde del abismo”, dijo Baden. “Si ya no tienes hogar, realmente necesitas más dinero, y por más tiempo, para mantener a esa persona con vivienda”.

No sólo los estados están experimentando con este enfoque. El sistema de salud Kaiser Permanente ha invertido sus propios fondos en vivienda. En los últimos años, el gigante de la atención médica ha comprometido cientos de millones de dólares para ayudar a mantener o construir miles de unidades de vivienda asequibles, además de brindar a sus miembros beneficios de Medicaid relacionados con la vivienda.

“Tenemos que hacer algo. La crisis está fuera de control”, afirmó , su director de salud. , profesora de la Universidad de Nueva York y ex funcionaria de la administración Obama, experta en economía de la atención médica, advirtió que el de instituciones de atención médica al negocio de los servicios sociales podría ser una “distracción peligrosa”.

Glied señaló que al menos 57 sistemas de salud y 917 hospitales en todo el país han lanzado iniciativas de servicios sociales, la mayoría centrándose en la vivienda. Debido a que muchas instituciones luchan por cumplir con los estándares de seguridad del paciente y atención de calidad, Glied argumentó que deberían mejorar la atención básica y dejar la vivienda a organizaciones de servicios sociales “que se especializan en este trabajo”.

Peter Lee, otro ex funcionario de la administración Obama y director ejecutivo fundador del mercado de seguros del Obamacare en California, dijo que los proveedores de atención médica deberían considerar ofrecer algunos servicios sociales y de vivienda, pero teme que tales iniciativas puedan desviar dinero de la medicina tradicional e impedir que los pacientes reciban una atención adecuada.

“En los últimos cinco a 10 años, se ha reconocido ampliamente que la salud es mucho más que la atención médica real. Es muy cierto”, dijo Lee. “La pregunta es cómo abordar esos problemas mientras la atención médica en sí no está funcionando demasiado bien. El objetivo principal de esto es garantizar que las personas con diabetes reciban una excelente atención, y que puedan tener los chequeos regulares que necesitan”.

Los programas estatales de Medicaid, que brindan atención a cerca de , a menudo tienen dificultades para , como visitas pediátricas al dentista y exámenes de detección de cáncer de mama.

En California, el estado que gasta más en servicios de vivienda, los niños con Medicaid no tuvieron acceso oportuno a atención de salud mental o de adicciones en 2022, según una publicada en noviembre.

A pesar de estas deficiencias, la mayoría de los estados que han recibido el visto bueno federal para experimentar con servicios de vivienda han obtenido financiación para cinco años. California se encuentra entre los estados que esperan que los beneficios sean permanentes.

Aunque una presidencia republicana podría interrumpir esta tendencia, los estados dicen que están comprometidos, incluso si sus iniciativas no pasan un .

“El enfoque particular en el retorno financiero de la inversión no es tan claro como lo era antes”, dijo , directora federal de Medicaid durante la presidencia de Obama.

“Los estados simplemente están viendo el poco sentido que tiene tratar a las personas y luego devolverlas a las calles sin el apoyo que necesitan”.

Esta historia fue producida por ºÚÁϳԹÏÍø News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Florida

Gobernador Ron DeSantis
Edad: 45
Población de Florida: 22.2 million

California

Gobernador Gavin Newsom
Edad: 56
Población de California: 39 million

El candidato presidencial republicano Ron DeSantis y el gobernador demócrata Gavin Newsom —rivales políticos y representantes de la América roja y azul— se enfrentarán en un debate sin precedentes el 30 de noviembre en Georgia.

Newsom, un agitador liberal en su segundo mandato como gobernador de California, no se presenta a las elecciones presidenciales de 2024. Pero incitó a DeSantis, en su segundo mandato como gobernador de Florida, a un cara a cara. “Yo llevaré mi gomina. Tú trae tu laca”, bromeó .

El enfrentamiento promete ser una acalorada pelea entre estrellas políticas en ascenso que lideran dos de los estados más poblados y diversos del país. Y será la primera vez que los políticos se vean las caras, a pesar de que en las últimas semanas han intercambiado insultos en y .

Los temas principales serán la falta de vivienda y la salud, prioridades de los votantes y cuestiones que han definido, en gran medida, las políticas y los estilos de liderazgo de los gobernadores. Desde el aborto hasta las vacunas contra covid-19, Newsom y DeSantis no podrían ser más opuestos.

A principios de este año, DeSantis criticó a California por ser demasiado generosa con los programas públicos como Medicaid, que el Estado Dorado ha ampliado a todos los residentes elegibles, independientemente de su estatus migratorio. Esa política de gran alcance entra en vigencia en enero y va mucho más allá de la expansión opcional de Medicaid que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) ofreció a los estados. En Florida, bajo ACA o Obamacare, DeSantis alardea de la tasa de residentes del estado sin seguro de salud, que es , como si fuera una medalla de honor.

“No vamos a ser como California y tener un número masivo de personas en programas gubernamentales sin requisitos de trabajo”, dijo DeSantis en un presidenciales en el sur de California a principios de este año.

DeSantis ha llevado a su estado a restringir el aborto y la atención médica de afirmación de género, y a prohibir las máscaras relacionadas con covid y los mandatos de vacunación.

Newsom, un hábil e impetuoso sustituto del presidente demócrata Joe Biden, ha arremetido contra DeSantis por poner a los floridanos en peligro y despojarlos de sus derechos.

“Únete a nosotros en California, donde todavía creemos en la libertad”, expresó Newsom en un a principios de este año.

Newsom se ha ganado el apodo de “gobernador de la atención de salud” al catapultar este asunto a lo más alto de sus prioridades políticas. Ha hecho de California un santuario del aborto y está ampliando drásticamente las prestaciones de salud. Durante su primera campaña, prometió estabecer el sistema de salud de al estado más poblado del país, pero esa idea encontró una dura oposición política al principio de su mandato. Y ahora Newsom se jacta de haber conseguido que la tasa de personas sin seguro en el estado haya alcanzado un al ampliar la cobertura de otras maneras.

Se espera que estas cuestiones sean el centro del debate de 90 minutos televisado a todo el país por Fox News. Un debate que podría tener importantes repercusiones en la contienda presidencial del próximo año, e incluso ayudar a conformar el grupo de aspirantes a la Casa Blanca en 2028.

Con miras al debate, ºÚÁϳԹÏÍø News analizó 10 de las principales posiciones de los gobernadores en materia de salud y cómo sus políticas han mejorado —o perjudicado— la salud de los residentes a los que representan.

Obamacare

Aborto

Atención transgénero

Vivienda

Salud mental

Addicciones

Medicamentos recetados

Cuidado de salud asequible

Salud Pública

Atención de salud del inmigrante

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El primer proyecto de ley, el , está diseñado para transformar la Ley de Servicios de Salud Mental del estado en la Ley de Servicios de Salud Conductual, al utilizar un impuesto existente a los millonarios para tratar a los enfermos mentales más graves y aumentar los programas para los trastornos por consumo de drogas.

La segunda, la , autoriza al estado a emitir bonos por valor de $6,380 millones para construir más viviendas para personas sin hogar y camas para tratamiento para los más necesitados.

Newsom pedirá ahora a los votantes que aprueben los cambios en las boletas de las primarias de marzo.

“Esta reforma aportará la tan necesaria rendición de cuentas que actualmente falta a nivel local y estatal, una mayor transparencia y visibilidad en todo el sistema de salud mental y tratamiento de adicciones, y un enfoque modernizado para hacer frente a las crisis actuales”, dijo Newsom en un comunicado.

Según un realizado en junio por la Universidad de California-San Francisco, más de 171,000 californianos sufren diariamente la falta de vivienda, lo que representa el 30% de la población sin hogar del país.

La mayoría de los participantes en el estudio declaró haber padecido a lo largo de su vida problemas de salud mental y de consumo de drogas; el 82% dijo haber sufrido algún trastorno mental grave en algún momento de su vida, y casi dos tercios indicó haber usado drogas ilícitas o haber bebido en exceso.

La ley de salud mental fue aprobada como Proposición 63 por los votantes en 2004 e imponía un impuesto del 1% sobre los ingresos superiores a un millón de dólares, conocido como el “impuesto de los millonarios”. Ese dinero pasaba del estado a los condados para su uso en , entre ellas el apoyo comunitario, la prevención y las instalaciones. La financiación cambia año a año, pero el impuesto generó $3,300 millones en el año fiscal 2022-23, según la Oficina del Analista Legislativo, que no es partidista.

Sin embargo, el programa ha sido criticado a lo largo de los años por no cumplir su promesa inicial. El año pasado, Los Angeles Times, incluidos los cambios en los ingresos, la subfinanciación constante de los programas sociales y de salud mental, la tensión entre los funcionarios estatales y del condado, y la escasez de médicos de salud mental.

Newsom prometió que la recién rebautizada Ley de Servicios de Salud Mental construiría 10,000 nuevas camas y viviendas para personas sin hogar con necesidades de salud mental. También se centraría en diversificar la mano de obra y mejorar la rendición de cuentas —mediante un seguimiento más detallado de los resultados—, para que el gobierno pueda saber qué funciona y qué no.

Sin embargo, los condados que administran este dinero a nivel local han expresado su preocupación. En una carta de la Asociación de Condados del Estado de California y otras organizaciones que representan los intereses de los gobiernos locales, expresaron el temor de que la propuesta de Newsom diera lugar a que los condados recibieran muchos menos fondos para servicios básicos, poca protección frente a la fluctuación de los fondos y menos flexibilidad en el gasto.

La oficina del gobernador hizo hincapié en que los nuevos requisitos siguen siendo flexibles.

La asambleísta Jacqui Irwin (demócrata de Thousand Oaks), autora principal del proyecto de ley de bonos y presidenta durante siete años de la Comisión de Asuntos Militares y de Veteranos, está especialmente orgullosa de una disposición que reservará $1,070 millones a viviendas para veteranos. California tiene el mayor número de veteranos sin hogar —el 31% de la población de veteranos sin hogar del país—, según del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.

“Sacar de las calles a los veteranos sin hogar ha sido durante mucho tiempo una prioridad para California, pero conseguir que algunos de nuestros veteranos más vulnerables reciban el tratamiento necesario para los problemas de salud conductual será transformador”, dijo Irwin.

La senadora estatal Susan Talamantes Eggman (demócrata de Stockton), quien es coautora del proyecto de ley de bonos, y fue la autora principal del otro proyecto de ley, dijo que estas propuestas legislativas son fundamentales para la continuidad de la asistencia que provee el estado. “Juntos construirán viviendas, reasignarán los recursos a los más necesitados y proporcionarán una verdadera red de seguridad para evitar que muchas personas caigan en las fisuras que vemos hoy en día”, afirmó.

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