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Dos proyectos de ley que avanzan en el Senado estatal buscan impedir que agentes de inmigración aíslen a pacientes de sus seres queridos e interfieran con su capacidad de obtener ayuda legal.
Más de 5 millones de personas son admitidas cada año en terapias intensivas en unos 5.000 hospitales en Estados Unidos, y las investigaciones muestran que más de la mitad experimenta estos efectos secundarios. La edad avanzada aumenta las probabilidades.
La inflación médica ha superado de manera constante la inflación general durante años, y las facturas de muchos procedimientos breves y de rutina llegan a decenas de miles de dólares.
En particular llegan a British Columbia, donde más de 1.000 enfermeros y enfermeras formados en Estados Unidos han recibido autorización para trabajar desde abril pasado.
En 2024, el año más reciente con datos disponibles, la tasa de mortalidad infantil en Alabama fue de 7,1 muertes por cada 1.000 partos con recién nacidos vivos.
Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en el Medicaid de Emergencia, que ofrece atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.
Enfrentan grandes barreras para localizar a los pacientes, saber cómo están de salud y brindarles apoyo legal y emocional.
Drones que entregan medicamentos y telesalud en bibliotecas locales son algunas de las ideas que líderes estatales acaban de presentar para gastar su parte de un programa federal de salud rural de $50.000 millones.
Expertos legales explican que los agentes del ICE pueden estar en áreas públicas de un hospital y pueden acompañar a pacientes que ya están detenidos mientras reciben atención médica, lo que refleja el alcance de la autoridad federal.
En todo el país, las disputas contractuales son comunes, con más de 650 hospitales involucrados en conflictos públicos con aseguradoras desde 2021.
El gobernador demócrata Gavin Newsom promulgó el mes pasado la ley SB 81, que prohíbe a los centros médicos permitir el acceso de agentes federales a áreas privadas sin una orden judicial o de registro válidas.
Según datos estatales, casi el 60% de los condados de California —que se extienden entre las fronteras con México y Oregon— enfrentan una falta importante de enfermeras.
Detrás del cobro de esas deudas hay todo tipo de proveedores médicos: grandes cadenas de salud, hospitales rurales pequeños, grupos de médicos, servicios públicos de ambulancia, entre otros.
Muchos pacientes están utilizando programas como ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Gemini de Google, para interpretar sus datos médicos
El 18% de los hospitales no federales experimentaron al menos un caso documentado de enfrentamiento público con una aseguradora entre junio de 2021 y mayo de 2025. Lo sufren los pacientes.
La región es una de las más pobres del estado. En el condado de Alamosa, 2 de cada 5 residentes están inscritos en Health First Colorado, el programa estatal de Medicaid.
Más de un centenar de hospitales rurales han dejado de atender partos desde 2021, según el Center for Healthcare Quality and Payment Reform. El cierre de los servicios de obstetricia se suele achacar a la falta de personal y la falta de presupuesto.
Adolescentes en transición y sus familias cuentan la incertidumbre que sienten ante la decisión de algunos hospitales de pausar cirugías.
El objetivo de estos programas es identificar los factores sociales y económicos que contribuyeron a que una persona terminara en una sala de emergencias.
Mientras Trump inicia la "operación de deportación más grande" en la historia de la nación, estados han emitido pautas marcadamente diferentes a los hospitales, clínicas comunitarias y otros centros de salud, sobre cómo actuar con pacientes inmigrantes.
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