Dos proyectos de ley que avanzan en el Senado estatal buscan impedir que agentes de inmigración aíslen a pacientes de sus seres queridos e interfieran con su capacidad de obtener ayuda legal.

Los análisis de ambas propuestas citan un artículo de ���ϳԹ��� News que reveló que familiares y abogados enfrentaban dificultades extremas para localizar y apoyar a pacientes hospitalizados mientras estaban bajo custodia migratoria.

���ϳԹ��� News encontró que algunos hospitales han facilitado aislar a pacientes mediante lo que se conoce como políticas de ocultamiento, que pueden incluir registrar a personas bajo seudónimos, ocultar sus nombres del directorio del hospital e impedir que el personal contacte a familiares para informarles su ubicación y condición.

Un proyecto de ley, , de la senadora estatal demócrata Caroline Menjivar, del Valle de San Fernando prohibiría en gran medida el uso de estas políticas para pacientes bajo custodia migratoria y garantizaría que mantengan el derecho a que se notifique a sus familias y a otras personas sobre su paradero y estado de salud.

Estas políticas solo se permitirían cuando el proveedor de salud determine que el paciente representa un riesgo creíble para sí mismo o para otros, y ese riesgo quede documentado en el expediente médico. Los pacientes también podrían recibir visitas.

La propuesta busca responder a informes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vigilando a pacientes en sus habitaciones mientras se les hace exámenes médicos o hablan con doctores, interfiriendo en decisiones médicas y presionando para que sean dados de alta antes de tiempo y enviados a centros de detención que no cuentan con capacidad para dar seguimiento a la atención.

“Estas son acciones que no tienen lugar en la atención médica, y son una clara violación de los derechos de los pacientes”, dijo Menjivar.

Según la propuesta de Menjivar, no se permitiría el ingreso de agentes a las habitaciones de pacientes que trasladan para recibir atención, a menos que demuestren autorización legal para estar allí. Si los agentes permanecen en la habitación, el personal tendría que pedirles que salgan durante exámenes médicos y conversaciones sobre la atención del paciente. Si se niegan, el personal tendría que documentarlo.

El proyecto de ley , presentado por la senadora estatal Susan Rubio, demócrata del Valle de San Gabriel, requeriría que los proveedores de salud informen al personal y a voluntarios pertinentes cómo responder cuando pacientes quieren que sus familias sepan dónde están, y que coloquen avisos en las entradas con información sobre visitas y políticas de acceso.

Esta ley ya establece que los pacientes pueden autorizar que se informe a sus seres queridos que están en el hospital, y la propuesta de Rubio busca asegurar que el personal y otras personas sepan que pueden hacerlo también en casos de pacientes bajo custodia migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), que supervisa la aplicación de leyes migratorias, no respondió a una solicitud de comentarios.

Ambos proyectos fueron aprobados por los comités de Salud y Judicial del Senado siguiendo líneas partidistas, y ahora serán considerados por el Comité de Asignaciones del Senado.

Más de 20 defensores de los derechos de inmigrantes y trabajadores de salud expresaron apoyo a mayores protecciones para pacientes durante una audiencia la semana del 6 de abril.

“Este estado debe hacer todo lo posible para proteger contra estos abusos y garantizar que las personas detenidas tengan derecho a contactar a sus seres queridos cuando están hospitalizadas y en condiciones críticas”, dijo Hector Pereyra, gerente político de Inland Coalition for Immigrant Justice.

Sin embargo, representantes de la Asociación de Hospitales de California y la Asociación Médica de California dijeron a legisladores que les preocupa que instruir a trabajadores de salud a documentar números de placa de agentes y pedirles que salgan de habitaciones pueda generar conflictos y representar riesgos de seguridad.

“Aunque entendemos que este es un tema importante, queremos asegurarnos de que el proyecto logre el equilibrio adecuado y no cree obligaciones conflictivas o poco claras para hospitales, su personal y sus médicos, particularmente en interacciones en tiempo real con agentes federales”, dijo Vanessa Gonzalez, vicepresidenta de defensa estatal de la asociación hospitalaria.

���ϳԹ��� News reportó que un hombre, Julio César Peña, de 43 años, estuvo retenido en un hospital en Victorville durante casi dos semanas antes de que su abogado y su familia supieran dónde estaba.

Peña, que tenía enfermedad renal terminal, estuvo encadenado a su cama de hospital, vigilado por agentes migratorios, y le dijeron que no podía revelar su ubicación, según su esposa. Después sufrió una convulsión que lo dejó intubado e inconsciente, pero nadie notificó a su familia. Peña murió el 25 de febrero, menos de dos meses después de ser liberado y regresar a casa.

Defensores de inmigrantes y trabajadores de salud, así como legisladores, temen que incidentes similares estén ocurriendo en todo el estado.

Menjivar dijo que su proyecto “busca cerrar la brecha entre la ley vigente y la práctica, dando a entidades proveedoras de salud las herramientas para defender los derechos de privacidad, salud y visitas de un paciente llevado bajo custodia migratoria”.

El SB 915 prohibiría que hospitales y clínicas permitan que agentes migratorios tomen decisiones médicas por el paciente o actúen como intérpretes. También requeriría que centros de salud documenten y verifiquen, “en la medida de lo posible”, la identidad de los agentes; proporcionen a pacientes acceso a herramientas de comunicación; e informen a pacientes sobre sus derechos. Además, tendrían que completar planes de alta que incluyan intentos de coordinación con cualquier centro receptor, como un centro de detención, para asegurar atención de seguimiento.

Los proyectos llegan después de una ley aprobada el año pasado que buscó limitar la aplicación de leyes migratorias en centros de salud, incluso prohibiendo que establecimientos médicos permitan el ingreso de agentes federales sin una orden judicial válida a áreas privadas. Sin embargo, esa ley no abordó situaciones en las que pacientes ya están bajo custodia migratoria.

“El ICE ha sembrado miedo en nuestros hospitales y nos ha impedido hacer nuestro trabajo”, dijo SatKartar Khalsa, residente de medicina de emergencia en un hospital de red de seguridad en San Francisco que ha atendido a pacientes detenidos y testificó en apoyo del SB 915. “Todo esto ha llevado a peor atención para nuestros pacientes y ha agregado otra capa de miedo entre los trabajadores de salud”.

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Otros conductores se detuvieron, rompieron la ventana del auto y lo llevaron a un lugar seguro. Un bombero voluntario que pasaba por allí le practicó reanimación cardiopulmonar hasta que llegó una ambulancia que trasladó a Masterson al hospital UPMC Mercy.

Pasó 18 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 14 de ellos conectado a un ventilador. Desarrolló delirio, una condición común en terapia intensiva, y necesitó medicamentos antisicóticos. A pesar de tener una sonda de alimentación, perdió peso. “Sinceramente, no estábamos seguros de que fuera a sobrevivir”, dijo Ron Dedes, su cuñado.

Pero sobrevivió. Masterson fue dado de alta el 1 de febrero y regresó a casa con apoyo familiar casi constante. Trabajando con varios tipos de terapeutas, ha recuperado la capacidad de caminar, aunque aún tiene debilidad, y puede ocuparse de su cuidado personal. Su habla, que antes era confusa, ha mejorado notablemente. Puede prepararse un sándwich.

Ahora, “nuestra mayor preocupación es su memoria”, dijo Dedes. Masterson, quien hasta hace poco manejaba asuntos legales complejos, olvida conversaciones y eventos que ocurrieron unas horas antes, explicó Patti Dedes, su hermana. Aún no puede usar un microondas ni hacer una llamada telefónica.

En una entrevista, se describió a sí mismo, con precisión, como “mucho, mucho mejor de lo que estaba”, pero se equivocó al decir su edad. Las pruebas de evaluación tras el alta indicaron deterioro cognitivo y depresión.

Entre los médicos de cuidados críticos, los síntomas prolongados como los suyos se conocen como “síndrome post-cuidados intensivos” o PICS (por sus siglas en inglés). Las secuelas pueden ser físicas o psicológicas, además de cognitivas, y pueden durar meses o años.

son admitidas cada año en terapias intensivas en unos 5.000 hospitales en Estados Unidos, y las investigaciones muestran que secundarios. La edad avanzada aumenta las probabilidades.

Los pacientes y sus familias suelen sorprenderse por estas dificultades persistentes. “La creencia es que saldrán del hospital y en dos o tres semanas volverán a la normalidad”, dijo Brad Butcher, quien fue el doctor de Masterson y en la revista médica JAMA. “Eso no se corresponde con la realidad”.

De hecho, con un mayor uso de las UCI y mejores tratamientos, la población que puede enfrentar este síndrome está creciendo. La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (Society of Critical Care Medicine, SCCM) estima que a la terapia intensiva.

“Todos están agradecidos de que el paciente haya sobrevivido”, dijo Lauren Ferrante, doctora en cuidados críticos pulmonares e investigadora en la Facultad de Medicina de Yale (Yale School of Medicine). “Pero ese es solo el comienzo de un largo camino de recuperación”. En un estudio de pacientes de 70 años o más, del que fue coautora, dentro de los seis meses posteriores al alta solo alrededor de la mitad .

Los pacientes de cuidados intensivos enfrentan . Los síntomas del PICS van —debilidad, dolor, neuropatía (hormigueo en brazos y piernas) y desnutrición— , principalmente ansiedad y depresión. Las como las de Masterson son comunes, incluidos problemas de memoria, atención y concentración, y lenguaje.

“Para muchas personas, sobrevivir a una enfermedad crítica es una experiencia que cambia la vida”, afirmó Butcher. Los pacientes en cuidados intensivos después de cirugías de emergencia o programadas también presentan físicos, mentales y cognitivos un año después.

Los mismos tratamientos intensivos que salvan vidas contribuyen al síndrome. Los pacientes en cuidados intensivos “tienen algún tipo de falla grave de órganos que requiere atención inmediata” y monitoreo constante, explicó Carla Sevin, doctora en cuidados críticos pulmonares que dirige el Centro de Recuperación de UCI en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Eso puede implicar un tubo de respiración conectado a un ventilador, lo que a su vez suele requerir medicamentos sedantes. La sedación “puede provocar delirio, y el delirio es el factor clave en los síntomas cognitivos”, dijo Butcher.

Tampoco ayuda que los pitidos constantes de los monitores y la iluminación brillante las 24 horas interrumpan el sueño, ni que las restricciones en las visitas familiares priven a los pacientes de rostros y voces tranquilizadoras.

Gregory Matthews, un contador jubilado en St. Petersburg, Florida, pasó casi un mes en una UCI tras un trasplante de pulmón en 2014. Aún recuerda con claridad sus alucinaciones, incluidas imágenes de ratones corriendo por la pared y alguien intentando incriminarlo por tráfico de drogas.

“Un día, pensé que un doctor era un asesino; podía ver el rifle”, dijo Matthews, ahora de 80 años. “Así que salté de la cama”, contó, y se arrancó las vías intravenosas. El personal tuvo que sujetarle los brazos durante varios días.

Pero la inmovilización también tiene consecuencias, ya que los pacientes pierden rápidamente masa muscular y fuerza. “Nuestros cuerpos no están hechos para estar acostados todo el día”, señaló Ferrante.

En el plano psicológico, “el trastorno de estrés postraumático es bastante común, similar al que se observa en veteranos de combate o sobrevivientes de agresión sexual”, dijo Sevin. Las familias también pueden sufrir ansiedad y depresión junto con los pacientes.

Alarmados por estos hallazgos, médicos y administradores de unos 35 hospitales en Estados Unidos han establecido , donde equipos de doctores, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas (físicos, ocupacionales, cognitivos, del habla) y trabajadores sociales evalúan múltiples condiciones y ayudan a los pacientes a enfrentarlas.

La clínica de Vanderbilt atendió a su primer paciente en 2012. El Centro de Recuperación de Enfermedades Críticas del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh —fundado por Butcher en 2018— trabaja con unos 100 pacientes al año, incluido Masterson. Yale abrió su clínica en 2022.

Estas clínicas aplican seis prácticas recomendadas por la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos que han demostrado reducir de forma significativa los . Las medidas incluyen usar sedación más ligera, hacer que los pacientes se levanten y se muevan antes, evaluar su respiración diariamente para retirar el ventilador más pronto y eliminar restricciones en las visitas familiares.

Las clínicas suelen ofrecer grupos de apoyo para pacientes y familias. Hay evidencia de que llevar un diario de la UCI, en el que pacientes y cuidadores registran sus experiencias, y participar en ejercicio y rehabilitación física después del alta.

También se abordan conversaciones sobre qué otras opciones preferirían los pacientes si enfrentan otra enfermedad crítica, como ocurre con muchos. ¿Aceptarían nuevamente cuidados intensivos y el riesgo de sus secuelas? ¿O elegirían cuidados paliativos, que priorizan la comodidad en lugar de la curación? Algunos pacientes quedan con discapacidades permanentes después de la UCI.

Butcher, aunque señaló que estas nuevas prácticas deben ampliarse mucho más, se mostró optimista sobre el futuro de los cuidados críticos. “Vamos a encontrar mejores herramientas de diagnóstico, mejores estrategias de prevención y mejores tratamientos”, dijo.

Por ahora, sin embargo, la experiencia en la UCI sigue siendo desorientadora y a veces traumática. Cuando Butcher preguntó a 117 pacientes en su clínica post-UCI sobre qué harían en el futuro, muchos querían poner límites a las intervenciones médicas.

Alrededor de un tercio preferiría reducir el nivel de atención agresiva. De ellos, cerca de una cuarta parte optaría por órdenes de “no resucitar” y “no intubar”, y casi el 7% dijo que no querría volver nunca a una UCI.

Masterson sigue trabajando en su recuperación. “No he salido mucho”, dijo. “He estado más bien en casa”. Espera recuperar la fuerza suficiente para volver a correr; antes solía correr entre 3 y 4 millas varias veces por semana.

El futuro de los pacientes con síndrome post-UCI suele depender de su estado físico, mental y cognitivo antes de la hospitalización. La buena condición física previa de Masterson y su trabajo exigente a nivel cognitivo son factores positivos para su recuperación, señaló Butcher.

Su familia oscila entre la esperanza y la preocupación. “Quién sabe cómo estará más adelante”, dijo Dede, su cuñado. “Vamos día a día”.

“The New Old Age” se produce en colaboración con .

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Jamie Estrada, de Albuquerque, Nuevo México, recibió en dos ocasiones inyecciones de lidocaína en la parte superior de la columna vertebral para probar si una ablación permanente del nervio trataría su dolor crónico de cuello.

El dolor desapareció hasta que el anestésico dejó de hacer efecto unas seis horas después. Lo más impactante: a su aseguradora le facturaron $28.000 por cada procedimiento de 10 minutos.

A Mark McCullick, de Longmont, Colorado, lo mandaron a hacerse una tomografía por emisión de positrones (PET) de cuerpo completo para averiguar si su cáncer de próstata había regresado. El estudio, de dos horas, no mostró evidencia de cáncer, pero la factura de $77.000 enviada a la empresa que administra su seguro lo alarmó.

La inflación médica la inflación general durante años, y las facturas de muchos procedimientos breves y de rutina llegan a decenas de miles de dólares.

Estos casos destacan las preguntas que afectan al sistema de salud estadounidense y a los pacientes atrapados en él: ¿Cuál es un precio razonable para cualquier consulta o procedimiento médico y cómo se determina? ¿Qué tanto luchan las aseguradoras, supuestas administradoras del dinero de salud que los pacientes ganan con esfuerzo, para reducir los cargos y qué tan de cerca revisan las facturas para verificar su exactitud?

Los casos de Smith, Estrada y McCullick son facturas del “chargemaster”, calculadas a partir de la lista madre de precios que los proveedores de salud asignan a los servicios.

Los pacientes que tienen seguro generalmente no las pagan. Pero son importantes porque a menudo son el punto de partida para el precio negociado que la aseguradora acepta como razonable por los servicios.

Por lo general, los pacientes son responsables de entre el 10 % y el 20 % del precio negociado, su coseguro, y cuando los precios son tan altos, esa puede ser una cifra muy grande. Además, esas tarifas negociadas son difíciles de conocer para los pacientes (hasta que reciben la factura) y parecen arbitrarias.

Además, como las aseguradoras pueden compensar gastos altos en un año aumentando las primas y los deducibles al siguiente, tienen poco incentivo para negociar con firmeza buenos acuerdos para los pacientes que cubren. Así, de forma indirecta, todos los pacientes pagan sin saberlo.

En los casos de Smith y Estrada, sus aseguradoras pagaron la mayor parte sin cuestionamientos. El Centro Médico Hershey de Penn State, que trató a Smith, recibió $61.000, o el 62% de lo que facturó. New Mexico Surgery Center Orthopaedics, que trató a Estrada, recibió $46.000, o el 82%.

La aseguradora de McCullick, en cambio, dijo que pagaría a Intermountain Health solo el 28 % de su factura de $77.000. Luego hubo otro giro: el hospital, que dijo que había obtenido una preautorización, descubrió después que el estudio no estaba cubierto. Entonces le facturó a McCullick la tarifa completa del chargemaster de $77.000 o le ofreció que podía pagar la tarifa en efectivo de $14.259.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Chris Bond, vocero de AHIP, el principal grupo comercial de las aseguradoras de salud, responsabilizó a los hospitales por el problema y dijo que los planes están “enfocados en hacer que los beneficios y la cobertura sean lo más asequibles posible para sus miembros”.

Agregó que: “como la categoría más grande por cada dólar de prima gastado, los aumentos en el costo de la atención hospitalaria tienen un impacto desproporcionado en las primas”.

En un sistema de salud en el que los precios pueden variar de manera exponencial con poca transparencia, ¿cómo pueden los pacientes permitirse enfermarse?

“No tiene sentido”

Los estadounidenses como una de las principales prioridades para el gobierno en 2026, según una encuesta de The Associated Press-NORC, y expresaron especial preocupación por el costo, el acceso y la cobertura.

La primera administración Trump exigió a aseguradoras y hospitales que publicaran archivos con precios en efectivo, brutos y negociados para diversos artículos y servicios. Estas listas de precios sin procesar —a menudo cientos de páginas llenas de códigos de facturación médica— para los pacientes.

Cinco años después, han sido recopiladas, analizadas y ampliadas por académicos y empresas emergentes, lo que ha arrojado luz sobre las disparidades en los precios y cómo han surgido.

“Cuando miramos los datos, ya sea del chargemaster o de lo que pagaron las aseguradoras, están por todos lados; no tienen sentido”, dijo Marcus Dorstel, vicepresidente senior de operaciones de Turquoise Health, una empresa emergente de transparencia de precios con pagadores y proveedores como clientes. “La variación es enorme, incluso en una zona específica”.

Cuando investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins analizaron los datos, descubrieron que el precio que distintas aseguradoras pagan por los mismos cargos facturados “puede ser tres o más veces diferente en el mismo hospital”, dijo Ge Bai, profesora de contabilidad en salud que participó en la investigación.

Los precios que pagan las aseguradoras se determinan por numerosos factores, incluidos los que establecen sus contratos con los sistemas de salud. Algunos planes, como el de Smith, pagan automáticamente un porcentaje de los cargos facturados por el hospital, lo que incentiva a los hospitales a aumentar sus tarifas.

 El Centro Médico Hershey aumentó sus precios para 11 códigos comunes de facturación hospitalaria en un promedio de alrededor de 30% entre 2023 y 2025, calculó para este artículo Dan Snow, científico de datos de Turquoise Health. Pero esos precios no eran muy diferentes de los de otros hospitales en Pennsylvania.

En otros casos, una aseguradora puede acordar pagar a un sistema de salud una tarifa por caso, una tarifa estándar para un tipo de atención, como una colonoscopía o una hospitalización por neumonía.

Pero hay un elemento adicional lucrativo, llamado “carve-out”, que se refiere a un beneficio específico que se negocia y se paga por separado. Por ejemplo, si el hospital utilizó medicamentos o dispositivos costosos, pueden facturarse además de la tarifa global por caso, sin límites en los recargos del hospital.

Ese fue el caso de la tomografía PET de McCullick; alrededor del 80% del cargo no fue por el estudio en sí, sino por un nuevo tipo de medicamento inyectado antes del estudio para detectar el cáncer.

La mayoría de las veces, los precios finales dependen del poder de negociación relativo de la aseguradora y el sistema de salud: ¿Cuál de las partes tiene suficiente influencia en el mercado como para retirarse si la otra no cumple con sus exigencias?

Esos factores “pueden explicar las variaciones y patrones de precios que vemos”, dijo Dorstel. “En algunos mercados, las aseguradoras fijan los precios y, en otros, los aceptan”.

Para las aseguradoras, pagar más es rentable

Las aseguradoras no tienen incentivos para bajar los precios porque los precios altos significan que “reciben una parte del pastel más grande”, dijo Bai.

Por ley, las aseguradoras deben gastar el 80 % u 85% de las primas en la atención de los pacientes. Pero cuando los precios suben, pueden trasladar el aumento a los clientes en forma de primas más altas y aun así cumplir con su obligación legal.

Así, primas más altas significan menos dinero para el paciente y más ganancias para la aseguradora.

Por cada inyección espinal que recibió Estrada, la tarifa contratada por su compañía de seguros fue de $23.237,50. El coseguro de Estrada fue de $5.166,20. Con un plan con deducible alto, se le pidió que pagara la totalidad de esa factura de más de $5.000.

Cuando llamó para cuestionar la factura, dijo que el administrador del centro quirúrgico le explicó que los cargos eran resultado de un “contrato heredado” con la aseguradora que es “ventajoso” y “favorable” para el centro.

Los cargos de New Mexico Surgery Center Orthopaedics son muchas veces mayores que los del hospital donde los médicos del centro admiten pacientes; allí, la tarifa contratada por la aseguradora de Estrada para la misma inyección es de solo $2.058,67. Y en comparación con los cerca de $20.000 que la aseguradora pagó por cada inyección de Estrada, otras aseguradoras pagan al centro alrededor de $700 por el mismo procedimiento, encontró Snow.

El centro quirúrgico forma parte de un grupo nacional que tiene más de 535 instalaciones quirúrgicas, United Surgical Partners International, que a su vez es propiedad de Tenet Healthcare, un conglomerado de salud con fines de lucro. Ese tipo de dominio del mercado puede dar a las empresas el poder de negociación para cobrar —y recibir— lo que quieran, explicó Bai.

El centro quirúrgico, United Surgical Partners International y Tenet Healthcare no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios de ���ϳԹ��� News.

Con cargos prenegociados, las aseguradoras tienen pocos incentivos para revisar facturas cuestionables. Cuando Smith pidió una factura detallada de su cirugía, descubrió que le habían facturado dos intervenciones: una por la extracción del embarazo ectópico y otra porque el cirujano notó signos de endometriosis y realizó una biopsia. Ambas fueron facturadas a la tarifa contratada de $37.923.

Se indignó por los cargos, que a su juicio parecían un cobro duplicado. “Fue una sola cirugía”, dijo. “Hubo una sola incisión”.

Abogada formada en la Universidad de Yale, Smith consultó las pautas federales de codificación correcta de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que señalan que los dos códigos de facturación utilizados para su cirugía por lo general no pueden “facturarse juntos para el mismo encuentro con el paciente” porque uno está incluido en el otro.

Smith dijo que se comunicó con el hospital de Penn State, la aseguradora e incluso con el fiscal general del estado sin lograr una resolución. Por eso espera que, a regañadientes, tendrá que pagar el coseguro de $5.250 que el hospital y la aseguradora dicen que debe.

En respuesta a preguntas de ���ϳԹ��� News, Scott Gilbert, vocero del sistema de salud, no respondió a los detalles específicos de este caso, pero escribió: “Penn State Health reconoce que la facturación de la atención médica puede ser confusa y a menudo abrumadora para los pacientes. El proceso implica muchos factores, incluidos el tipo de atención brindada, dónde se presta y los detalles de la cobertura de seguro del paciente”.

¿Un precio “razonable”?

Después de que un reportero envió múltiples consultas a Intermountain Health, McCullick dijo que un representante le preguntó cuál sería “una cantidad razonable para resolver la situación”.

Sara Quale, portavoz del Hospital Good Samaritan, afiliado de Intermountain donde se realizó la tomografía PET, escribió: “Lamentamos sinceramente la frustración que esta situación ha causado al señor McCullick”, y señaló que “hemos estado en contacto constante con él y continuaremos dando seguimiento según sea necesario”.

McCullick dijo que quiere pagar la parte que le corresponde, pero aún intenta determinar cuál es, sin duda menos que los distintos precios de pago directo que le han ofrecido, todos superiores a $10.000. “La naturaleza cambiante de estas cifras es sorprendente”, escribió en un correo electrónico.

En cuanto a Estrada, estaba tan molesto que decidió no seguir adelante con la ablación del nervio. Mientras lo preparaban para el procedimiento, recordó, el médico dijo que había “escuchado que podría demandar” y lo regañó por ser problemático. El hospital no respondió a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones y Estrada dijo que nunca había amenazado con emprender acciones legales.

Estrada se bajó de la camilla y se volvió a poner la camisa. “No voy a dejar que esta persona me introduzca una aguja grande en la espalda”.

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Los Miller se establecieron en Vancouver Island, su refugio rodeado de paisajes naturales y accesible solo por ferry o avión. Justin comenzó a trabajar en la sala de emergencias del Nanaimo Regional General Hospital, donde se convirtió en uno más de los 20 enfermeros formados en Estados Unidos contratados desde abril.

El temor a Trump, dijeron algunos de los enfermeros, fue la razón por la que se fueron.

“Somos muchos los que pensamos igual”, dijo Justin, quien ahora trabaja codo con codo con otros estadounidenses en Canadá. “No estás atrapado. No tienes que quedarte. A los trabajadores de salud los reciben con los brazos abiertos en todo el mundo”.

Los Miller forman parte de un nuevo y creciente número de enfermeros, doctores y otros trabajadores de salud estadounidenses que se mudan a Canadá, y en particular a British Columbia, donde más de 1.000 enfermeros y enfermeras formados en Estados Unidos han recibido autorización para trabajar desde abril pasado.

Mientras el gobierno de Trump implementa políticas de extrema derecha, cada vez más autoritarias, y reduce el financiamiento para la , los seguros y la investigación médica, muchos profesionales de enfermería se han sentido atraídos por la política progresista de Canadá, su reputación de país acogedor y su sistema de salud universal.

Además, algunos enfermeros se indignaron el año pasado cuando el gobierno de Trump dijo que reclasificaría la enfermería como , lo que impondría límites federales estrictos a los préstamos que los estudiantes de enfermería podrían recibir.

Canadá está listo para sacar partido de esta situación. Dos de sus provincias más pobladas, Ontario y British Columbia, han simplificado el proceso de obtención de licencias para enfermeros estadounidenses desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

British Columbia también lanzó —“aprovechando la oportunidad” creada por el “caos e incertidumbre que ocurren en Estados Unidos”— para contratar enfermeros de California, Oregon y Washington.

Temores hechos realidad

Amy Miller, enfermera practicante, dijo que ella y su esposo estaban decididos a sacar a sus hijos del país porque sentían que el segundo mandato de Trump inevitablemente derivaría en violencia.

Primero, los Miller obtuvieron licencias de enfermería en Nueva Zelanda, pero cuando la búsqueda de empleo tomó demasiado tiempo, cambiaron su plan hacia Canadá.

A Justin le ofrecieron un trabajo en cuestión de semanas.

Amy encontró uno en tres meses.

Así que se mudaron. Y solo unos días después, los Miller observaron con horror desde la distancia cómo sus temores se hacían realidad. Mientras fuerzas federales de inmigración se enfrentaban con manifestantes en Minneapolis el 24 de enero, agentes federales dispararon y mataron a un enfermero de cuidados intensivos, Alex Pretti, cuando filmaba un enfrentamiento y parecía intentar proteger a una mujer que había sido empujada al piso.

El video del asesinato mostró a los agentes fronterizos inmovilizando a Pretti en el suelo antes de confiscarle su pistola oculta, para la cual tenía licencia, y dispararle.

El gobierno de Trump calificó rápidamente a Pretti como un “terrorista doméstico”. Esa acusación fue cuestionada por videos de testigos que circularon en redes sociales y generaron indignación, incluso entre enfermeros y organizaciones de enfermería, algunos de los cuales mencionaron el deber de la profesión de cuidar a las personas vulnerables.

“No quiero decir que era algo esperado, pero por eso estamos aquí”, dijo Amy Miller. “Incluso nuestra hija mayor dijo: ‘Está bien, mamá, porque ya no estamos allá. Aquí estamos seguros’. Ella lo entiende y ni siquiera está en la escuela media”.

Tanto Estados Unidos como Canadá tienen una gran necesidad de enfermeros. Se proyecta que Estados Unidos tendrá un déficit de unos 270.000 enfermeros registrados, además de al menos 120.000 enfermeros practicantes con licencia, para 2028, según de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés).

En Canadá, las vacantes de empleo en enfermería se triplicaron entre 2018 y 2023, cuando alcanzaron casi 42.000, según un del Montreal Economic Institute, un centro de análisis canadiense.

Consultada para comentar, la Casa Blanca señaló que muestran que el número de enfermeros con licencia en Estados Unidos aumentó en 2025. Y desestimó los relatos de enfermeros que se mudan a Canadá como “anécdotas de personas con casos graves del síndrome de trastorno por Trump”.

“La fuerza laboral de salud estadounidense es la mejor del mundo y sigue creciendo bajo el presidente Trump”, dijo Blanca Kush Desai, vocera de la Casa. “Las oportunidades de empleo en el sistema de salud estadounidense siguen siendo sólidas, con posibilidades de avance profesional y salarios que superan ampliamente a los de otras naciones desarrolladas”.

“Una sensación de alivio”

No se sabe con precisión cuántos enfermeros estadounidenses se han mudado al norte desde que Trump regresó al cargo, porque algunas provincias canadienses no registran o no publican esas estadísticas.

Desde que el proceso simplificado entró en vigencia en abril de 2025 hasta enero, la provincia de British Columbia, que ha hecho más esfuerzos para contratar estadounidenses, había aprobado las solicitudes de licencia de 1.028 enfermeros formados en Estados Unidos, según el British Columbia College of Nurses and Midwives. En todo 2023 y 2024, solo se habían aprobado 112 y 127 solicitudes de estadounidenses, respectivamente, informó la agencia.

El aumento del interés de enfermeros estadounidenses también fue confirmado por asociaciones de enfermería en Ontario y Alberta, así como por la Canadian Nurses Association a nivel nacional.

Angela Wignall, CEO de Nurses and Nurse Practitioners of British Columbia, dijo que antes los enfermeros estadounidenses se mudaban al norte porque se habían enamorado de Canadá (o de un canadiense). Pero más recientemente, afirmó, ha conocido a enfermeros que temían que la Casa Blanca fomentara la violencia y la vigilancia, en particular contra familias que incluyen parejas del mismo sexo.

“Algunos vivían con miedo al gobierno y compartieron una sensación de alivio al cruzar la frontera”, dijo Wignall. “Como canadiense, es desgarrador. Y también es una alegría darles la bienvenida”.

Vancouver Island, que tiene una población de unas 860.000 personas, ha incorporado a 64 enfermeros formados en Estados Unidos desde abril, incluidos los del Nanaimo Regional, dijo Andrew Leyne, vocero de la autoridad de salud de la isla.

Una de las enfermeras fue Susan Fleishman, una canadiense que se mudó a Estados Unidos cuando era niña y luego trabajó durante 23 años en salas de emergencias antes de dejar el país en noviembre.

Fleishman dijo que la retórica de odio de Trump ha alimentado una división que ha permeado y deteriorado la vida en el país.

“No fue una mudanza fácil; eso es seguro. Pero creo que definitivamente vale la pena”, dijo, ya de regreso en Canadá. “Siento que aquí hay mucha más amabilidad. Y creo que eso hará que me quede”.

Brandy Frye, quien también trabajó durante décadas en salas de emergencias estadounidenses, contó que se mudó a Vancouver Island el año pasado tras esperar a ver si Mark Carney se convertiría en primer ministro de Canadá. El ascenso de Carney fue ampliamente visto como un rechazo al trumpismo.

Mientras tanto, dijo Frye, el hospital de California donde trabajaba había estado eliminando de sus documentos palabras asociadas con diversidad y equidad para complacer al gobierno de Trump. No pudo tolerarlo.

“Lo vi como un paso en contra de todo en lo que creo”, señaló Frye. “Y ya no me sentía parte de ese lugar”.

Como muchos de los enfermeros estadounidenses que se han mudado a Vancouver Island, Frye se sintió atraída por primera vez a la zona gracias a un video viral que estaba destinado al turismo, pero que terminó logrando mucho más.

Hace aproximadamente un año, Tod Maffin, y ex presentador de CBC Radio, invitó a estadounidenses a la ciudad portuaria de Nanaimo para un fin de semana de “infusión” diseñado para compensar el impacto de los aranceles de Trump en la economía local.

Maffin dijo que alrededor de al evento en abril.

“Muchos eran trabajadores de salud que buscaban una ruta de escape”, dijo Maffin. “Estaban allí para apoyar nuestra economía, pero también para explorar Canadá”.

Maffin vio una oportunidad. Reutilizó el sitio web del evento como herramienta de reclutamiento y lanzó una sala de chat en Discord para ayudar a estadounidenses a mudarse.

Maffin dijo que cree que la campaña ayudó a unos 35 trabajadores de salud a mudarse a Vancouver Island. Voluntarios en han replicado su sitio web para atraer a sus propios enfermeros y doctores estadounidenses.

“Hay comunidades en todo Canadá donde la sala de emergencias cierra por la noche porque falta un enfermero. Así de apretado está el personal”, dijo Maffin.

“Un nuevo enfermero en un pueblo pequeño, o en una ciudad mediana como Nanaimo hace la diferencia”, agregó.

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Durante una mesa redonda en la Casa Blanca en enero, en la que se anunciaron los primeros fondos del nuevo programa federal de salud rural de $50.000 millones, Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), calificó la idea como “genial”.

Ese mismo día, el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, dijo que no tenía . Obstetras y otros profesionales de salud también expresaron su preocupación en redes sociales, y un activista político llegó a llamarlo

Las reacciones encontradas reflejan el choque entre el entusiasmo por las propuestas tecnológicas que presentaron los estados en sus solicitudes al Programa de Transformación de la Salud Rural y la realidad: simplemente no hay suficientes trabajadores de salud para atender a los pacientes en muchas comunidades rurales. Ahora que los estados comienzan a invertir los fondos asignados para el primer año, la tensión va en aumento, especialmente en Alabama.

Oz elogió la propuesta del estado de invertir en la relativamente nueva tecnología de ecografías robóticas.

“Muchos condados de Alabama no tienen ginecólogos obstetras”, dijo Oz en una reunión junto al presidente Donald Trump y otros miembros del gabinete. La falta de atención, , fue lo que motivó la propuesta de usar robots para hacer ecografías a mujeres embarazadas.

Britta Cedergren, directora de la (Alabama Perinatal Quality Collaborative), tiene claro lo que ocurre: “Nadie usa robots autónomos”.

Aunque considera que las ecografías robóticas son “una tecnología muy interesante”, explicó que todavía no se utilizan en el estado. En cambio, los profesionales de salud se apoyan en las consultas telefónicas para brindar atención obstétrica y, cuando hay equipos e internet disponibles, en la telemedicina.

El objetivo, señaló, es “apoyar a los lugares donde no hay atención médica”.

Cedergren participa en varios grupos estatales de salud materna y fetal, y trabaja diariamente con doctores, hospitales y personal de emergencia. Aunque reconoce la importancia de mejorar la tecnología, insiste en que no reemplaza la necesidad de una fuerza laboral bien capacitada ni de un sistema de atención y datos bien coordinado.

En 2024, el año más reciente con datos disponibles, la tasa de mortalidad infantil en Alabama fue de por cada 1.000 partos con recién nacidos vivos. A nivel nacional, la tasa fue de 5,5 por cada 1.000 nacimientos vivos, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El cierre de unidades obstétricas en hospitales —que suele implicar la pérdida de proveedores capacitados para atender a mujeres embarazadas y a sus bebés— es una tendencia de larga data en zonas rurales de Estados Unidos. Pero en Alabama, las pérdidas han sido especialmente graves.

En 1980, 45 de los 55 condados rurales del estado tenían servicios obstétricos en hospitales. Para 2025, ofrecen ese tipo de atención, según datos estatales. Y la tendencia no se detiene: cinco unidades obstétricas cerraron entre 2023 y 2024, incluyendo las de tres condados rurales: Monroe, Marengo y Clarke.

, profesora en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, descubrió que los cierres en zonas remotas están relacionados con un , una de las principales causas de mortalidad infantil.

“Seguirá habiendo embarazos y partos en nuestras comunidades”, dijo. “Necesitamos lugares donde proporcionar atención médica”.

Casi todos los estados incluyeron en sus solicitudes para el Programa de Transformación de la Salud Rural la falta de personal médico y la salud materna como prioridades. Pero solo Alabama propuso usar robots para cubrir esa necesidad. El fondo rural, creado por el Congreso como incentivo de último minuto dentro de la ley One Big Beautiful Bill Act del presidente Trump, alentó a los estados a ser creativos, innovadores y presentar soluciones tecnológicas.

A Alabama se le asignaron $203 millones para el primer año de este programa que durará cinco años. Entre casi , la solicitud del estado incluye el fortalecimiento de su fuerza laboral rural y la mejora de la salud materna y fetal.

Mike Presley, vocero del —agencia encargada del plan—, dijo que no había nadie disponible para hablar sobre las ecografías telerobóticas.

LoRissia Autery, gineco-obstetra en una zona rural al noroeste de Birmingham, dijo que los robots no van a reducir la mortalidad materna e infantil. Hacer una ecografía tiene matices, señaló.

Muchas de sus pacientes tienen embarazos de alto riesgo, con condiciones como diabetes, presión arterial alta y hepatitis C. Le preocupa el tipo de atención que recibirán estas mujeres —que muchas veces conducen más de una hora para verla— si se reemplaza a un especialista capacitado por un robot.

“Se pierde el tipo de atención que necesitamos brindar a estas mujeres”, afirmó Autery, quien cofundó . La clínica tiene tres doctores, atiende pacientes de cinco condados y necesita otro médico para poder responder a la demanda, agregó.

“Desde hace unos seis o siete años, hemos estado buscando un cuarto socio”, dijo. “Es difícil por muchas razones”.

En redes sociales, el senador Sanders respondió a Oz afirmando que la falta de proveedores de salud en zonas rurales de Estados Unidos es una “vergüenza internacional”.

“En el país más rico del mundo, necesitamos más doctores, enfermeros, dentistas y consejeros de salud mental, no más robots”, escribió Sanders en la plataforma X.

Hay al menos un país que ya usa robots junto con personal capacitado para reducir las muertes.

En La Loche, un pueblo remoto de Canadá, Julie Fontaine opera un robot de ecografía en una clínica con dos enfermeros practicantes y doctores rotativos. Fontaine dijo que a los pacientes les gusta el robot porque les ahorra tiempo y el costo de viajar seis o siete horas hasta un centro médico regional.

“Cuando la gente llega, dice: ‘Guau, qué increíble la tecnología hoy en día’”, comentó Fontaine, miembro de la del norte de Saskatchewan. “Es algo que nunca habían visto ni usado”.

Cuando trabaja con pacientes, Fontaine conecta el robot de ecografía con un técnico en imágenes a distancia, ubicado en Saskatoon. Ese profesional maneja el brazo robótico de la máquina. Luego, un radiólogo —que puede estar en cualquier parte— analiza las imágenes y envía el reporte al médico de familia en La Loche, explicó Ivar Mendez, neurocirujano y director del . En ese país, la mayoría de los bebés nacen con la atención de médicos de familia o parteras, no especialistas.

“Lo más importante es identificar un embarazo de alto riesgo con suficiente anticipación para poder intervenir”, dijo Mendez, quien aseguró que la ecografía robótica “es tan buena como la presencial”, aunque no puede usarse en casos que requieran una ecografía vaginal más invasiva. La tasa de mortalidad materna e infantil en el norte de Canadá, donde está ubicada La Loche, es de 20 a 25 veces más alta que en el resto del país, agregó.

“Una de las razones es que no hay disponibilidad de ecografías prenatales en esas comunidades, por lo que las embarazadas deben viajar a las ciudades y alojarse en hoteles”, explicó.

En , Mendez y su equipo de la Universidad de Saskatchewan analizaron 87 ecografías telerobóticas y encontraron que, en el 70% de los casos, no fue necesario viajar para recibir atención. Casi todos los pacientes dijeron que volverían a usar el robot.

Esta misma tecnología de ecografía robótica fue aprobada para su uso en Estados Unidos .

Nicolas Lefebvre, presidente y director ejecutivo de AdEchoTech —empresa que creó y fabrica el robot—, dijo que tienen “proyectos específicos para maternidad en Estados Unidos que están en preparación”. Según el consultor de desarrollo comercial de la empresa, el precio promedio de uno de estos robots es de entre $250.000 y $350.000.

El uso de ecografías robóticas es solo una parte de la iniciativa de salud materna y fetal propuesta por Alabama, . Reconociendo el cierre de unidades obstétricas, los funcionarios plantearon conectar a proveedores más pequeños y centros de salud rurales —que no tienen servicios de calidad en salud materna y fetal— con centros regionales que pueden brindar esos servicios de forma digital, incluyendo mediante ecografías telerobóticas.

Para su iniciativa de fuerza laboral, el estado propuso programas de capacitación para doctores, servicios de emergencia y enfermeros obstétricos.

El financiamiento estimado necesario para la iniciativa de salud materna y fetal es de . Para la iniciativa de fuerza laboral, los funcionarios de Alabama propusieron .

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Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el gobierno reembolsa a los hospitales el costo de la atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.

Pero si los hospitales no revelan que la información personal de los pacientes se comparte con las autoridades migratorias federales, estos podrían no saber que su cobertura médica los expone al riesgo de ser localizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los hospitales le dicen a la gente que sus datos de Medicaid de Emergencia se compartirán con el ICE, es previsible que muchos inmigrantes simplemente dejen de buscar tratamiento médico de emergencia”, afirmó , profesor investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia son partos de bebés ciudadanos estadounidenses. ¿Queremos que esas madres eviten ir al hospital cuando comienzan el trabajo de parto?”, agregó.

Durante más de una década, hospitales y estados aseguraron a los pacientes que su información personal, incluyendo su estatus migratorio y la dirección de su casa, no sería compartida con funcionarios de inmigración cuando solicitaban cobertura médica federal.

Un garantizaba que la agencia no usaría información de solicitudes de cobertura médica para actividades de control migratorio.

Pero eso cambió el año pasado, luego de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca y ordenara una de las campañas de represión migratoria más agresivas de la historia reciente. Su administración empezó a canalizar datos de varias agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluida enviada al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aceptaron en la primavera pasada darle a ICE acceso directo a una base de datos de Medicaid que incluye las direcciones y el estatus migratorio de las personas inscritas.

Veintidós estados, todos gobernados por demócratas excepto uno, presentaron demandas para de intercambio de datos de Medicaid, que no había sido anunciado formalmente por el gobierno hasta que un juez federal ordenó hacerlo el verano pasado. El juez que, en esos estados, ICE solo podría acceder a la información de la base de datos de Medicaid correspondiente a personas que están en el país de forma irregular.

���ϳԹ��� News contactó a más de una docena de hospitales y asociaciones hospitalarias en estados y ciudades que han sido objeto de operativos del ICE. Muchos se negaron a comentar si, luego del fallo judicial, habían actualizado sus políticas de divulgación.

De los que respondieron, ninguno dijo que estuviera advirtiendo directamente a los pacientes que su información personal podía ser compartida con el ICE si solicitaban cobertura de Medicaid.

“No ofrecemos asesoramiento legal sobre el intercambio de datos entre agencias del gobierno federal”, escribió por correo electrónico Aimee Jordon, vocera del sistema hospitalario M Health Fairview, con sede en Minneapolis. “Recomendamos a los pacientes que tengan preguntas sobre prestaciones o inquietudes relacionadas con temas migratorios que busquen orientación en los recursos estatales adecuados y con asesores legales calificados”.

Información sobre las solicitudes

En algunos estados, las solicitudes de Medicaid de Emergencia  preguntan específicamente por el estatus migratorio del paciente, pero aseguran a las personas que su información se mantendrá protegida y fuera del alcance de los funcionarios de inmigración.

Por ejemplo, hasta el 3 de febrero, la solicitud de California aún incluía un texto en el que se informaba a los solicitantes que su información migratoria era “confidencial”.

“Solo la usamos para determinar si califica para un seguro médico”, explica el formulario de 44 páginas que el programa estatal de Medicaid, conocido como Medi-Cal, publicó en .

Anthony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, dijo en una declaración que la agencia, que supervisa Medi-Cal, se asegurará de que los californianos tengan información precisa sobre la privacidad de sus datos, “incluyendo, si es necesario, la revisión de otras publicaciones”.

Hasta finales de enero, el sitio web de Medicaid en Utah también aseguraba que el programa de Medicaid de Emergencia no compartía información con funcionarios migratorios. Después de que ���ϳԹ��� News contactara a la agencia estatal, la vocera Kolbi Young anunció el 23 de enero que esa información sería retirada de inmediato. Fue eliminada ese mismo día.

El sistema hospitalario Oregon Health & Science University, con sede en Portland, ofrece a pacientes inmigrantes un documento de desarrollado por el programa estatal de Medicaid para quienes tienen dudas sobre el uso de su información. El documento no indica de manera explícita que la información de quienes se inscriben en Medicaid será compartida con el ICE.

Los hospitales dependen del Medicaid de Emergencia para que les reembolsen el tratamiento de personas que cumplirían con los requisitos para Medicaid si no fuera por su estatus migratorio, ya sea que estén en el país sin papeles o dispongan de una presencia legal temporal, como visas de estudiante o de trabajo. Esta cobertura solo paga por atención médica de urgencia y servicios relacionados con el embarazo. Por lo general, representantes del hospital ayudan a los pacientes a presentar la solicitud mientras están en el hospital.

El programa principal de Medicaid, que cubre una gama mucho más amplia de servicios para más de 77 millones de personas con bajos ingresos o discapacidades, no cubre a quienes están en el país sin autorización.

Por lo tanto, examinar los registros de inscripción en el Medicaid de Emergencia es la forma más efectiva que tienen los funcionarios de deportación para identificar a los inmigrantes, incluidos aquellos que podrían no residir legalmente en los Estados Unidos.

Rich Danker, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo por correo electrónico que los CMS —que supervisa Medicaid, un programa conjunto federal y estatal— están compartiendo datos con el ICE tras la decisión del juez. Pero no explicó cómo se asegura de compartir solo información sobre personas sin residencia legal, como exige el fallo judicial.

Dado que el ICE ahora tiene acceso directo a la información personal de millones de personas inscritas en Medicaid, los hospitales —aunque “están en una posición muy difícil”— deberían ser transparentes sobre los cambios, dijo Sarah Grusin, , un grupo de defensa legal.

“Deben decirle a la gente que el juez ha autorizado compartir la información —incluida sus direcciones— en el caso de quienes no residen legalmente en el país”, afirmó. “Una vez enviada, esa información ya no puede protegerse para evitar que sea divulgada”.

Grusin dijo que recomienda a las familias que midan la importancia de buscar atención médica frente al riesgo de que sus datos sean compartidos con el ICE.

“Queremos dar información sincera y honesta, incluso si eso significa que las personas se vayan a ver obligadas a tomar decisiones muy difíciles”, destacó.

Quienes se hayan inscrito anteriormente en Medicaid o cuya dirección pueda encontrarse fácilmente en internet deben asumir que los funcionarios de inmigración ya conocen esos datos, agregó.

Medicaid de Emergencia

La cobertura de Medicaid de Emergencia se estableció a mediados de la década de 1980, cuando una ley federal comenzó a exigir que los hospitales atendieran y estabilizaran a cualquier persona que llegara con una condición que pusiera en riesgo su vida.

En 2023, el gasto del gobierno federal en Medicaid de Emergencia fue de casi $4.000 millones, lo que representa aproximadamente federal en Medicaid.

Los estados envían informes mensuales al gobierno federal con información detallada sobre quiénes se inscriben en Medicaid y qué servicios reciben.

El fallo judicial de diciembre limitó lo que los CMS pueden compartir con el ICE a datos básicos, incluyendo direcciones, de los afiliados a Medicaid en los 22 estados que llevaron a la Justicia el acuerdo de intercambio de datos. El ICE no tiene permitido acceder a información sobre los servicios médicos que reciben las personas, según la orden del juez.

El juez también prohibió a la agencia compartir los datos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con residencia legal en esos estados.

En los otros 28 estados, los funcionarios de deportación tienen acceso a la información personal de los inscritos en Medicaid.

La agencia federal de salud no ha aclarado cómo garantiza que la información sobre ciudadanos y residentes legales de ciertos estados no sea compartida con el ICE. Pero expertos en Medicaid dicen que sería casi imposible separar esos datos, lo que genera dudas sobre si el gobierno de Trump está cumpliendo con la orden judicial.

Los esfuerzos de la administración Trump por deportar a inmigrantes que viven en el país sin autorización han afectado a familias inmigrantes que buscan atención de salud.

Cerca de un tercio de los adultos nacidos fuera de los Estados Unidos dijeron haber evitado o pospuesto atención médica en el último año, según una encuesta de publicada en noviembre. (KFF es una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud, que incluye a ���ϳԹ��� News).

Bethany Pray, directora legal y de políticas del Colorado Center on Law and Policy, advirtió que el hecho de compartir datos de Medicaid con funcionarios de deportación obligará a muchas familias a tomar decisiones aún más difíciles.

“Esto es muy preocupante”, opinó Pray. “La gente no debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y preguntarse si eso significa correr el riesgo de enfrentar la deportación”.

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Una semana antes, agentes de inmigración apresaron a Julio César Peña delante de su casa en Glendale, California, y se lo llevaron. Ahora estaba en un hospital, después de haber sufrido un mini derrame cerebral. Le dijo a Romero que lo tenían esposado a la cama, de una mano y un pie, y que había agentes en la habitación escuchando la llamada. Tenía miedo de morir y quería que su esposa estuviera con él.

“¿En qué hospital estás?”, le preguntó Romero.

“No te puedo decir”, respondió él.

Viridiana Chabolla, abogada de Peña, tampoco pudo obtener una respuesta. El oficial de deportación asignado al caso y la empresa médica contratada en el Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto se negaron a decirle dónde estaba internado. Frustrada, intentó llamar a un hospital cercano, el Providence St. Mary Medical Center.

“Me dijeron que aunque tuvieran bajo su cuidado a una persona detenida por el ICE, no podrían confirmar si estaba allí o no, que solo el ICE puede darme esa información”, contó Chabolla. El hospital confirmó esa política a ���ϳԹ��� News.

Familiares y abogados de personas internadas tras ser detenidas por autoridades federales de inmigración dijeron que enfrentan grandes obstáculos para localizar a los pacientes, saber cómo están de salud y brindarles apoyo legal y emocional.

Aseguran que muchos hospitales se niegan a dar información o permitir el contacto con las personas detenidas. En cambio, dejan que los agentes de inmigración decidan cuánto contacto se permite, si es que se permite alguno. Esto, según los abogados, les arrebata a los pacientes su derecho constitucional a recibir asesoría legal, y los deja vulnerables a abusos.

Los hospitales dicen que buscan proteger la seguridad y privacidad de los pacientes, el personal y las autoridades, aunque empleados de centros de salud en , y —ciudades donde el ICE ha realizado redadas— afirman que eso les ha dificultado su trabajo.

Algunos hospitales aplican lo que llaman “procedimientos de apagón” o blackout —a veces llamado “código negro”— que pueden incluir registrar al paciente con un seudónimo, eliminar su nombre del directorio del hospital o prohibir al personal confirmar si la persona está hospitalizada.

“Sabemos de varios casos en los que se usó este procedimiento de apagón en hospitales del estado, y es muy preocupante”, dijo Shiu-Ming Cheer, subdirectora de justicia migratoria y racial en el California Immigrant Policy Center, una organización de defensa de los inmigrantes.

Estados gobernados por demócratas, como California, Colorado y Maryland, han aprobado leyes para proteger a pacientes de operativos de inmigración dentro de hospitales. Sin embargo, esas leyes no cubren a quienes ya están bajo custodia del ICE.

Más detenidos hospitalizados

Peña es una de las por autoridades migratorias desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

A medida que aumentan los arrestos y detenciones, también lo hacen los reportes de personas trasladadas a hospitales por agentes de inmigración debido a enfermedades o lesiones, ya sea por condiciones preexistentes o derivadas del arresto o la detención.

El ICE ha recibido por utilizar tácticas y , y por y en sus centros de detención. El senador Adam Schiff, demócrata de California, dijo el 20 de enero, en una conferencia de prensa, frente a un centro de detención en California City, que habló con una mujer con diabetes detenida allí que .

No hay estadísticas públicas sobre cuántas personas enferman o se lesionan bajo custodia del ICE, pero comunicados de prensa de la agencia indican que murieron bajo custodia migratoria en 2025.

En lo que va del año, han muerto seis más.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no respondió a solicitudes de información sobre sus políticas ni sobre el caso de Peña.

Según las propias , las personas bajo su custodia deben tener acceso a un teléfono, visitas de familiares y amigos, y consultas privadas con sus abogados.

La agencia puede tomar decisiones administrativas, incluyendo el tema de las visitas,  cuando un detenido está hospitalizado; pero, según las directrices, debe respetar las políticas del hospital para contactar a familiares si la persona está gravemente enferma.

Consultado sobre las prácticas hospitalarias con personas bajo custodia migratoria, y sobre si existen protocolos recomendados, Ben Teicher, vocero de la Asociación Estadounidense de Hospitales, no quiso comentar.

David Simon, vocero de la Asociación de Hospitales de California, expresó que “en algunos casos, a pedido de las autoridades, los hospitales mantienen la confidencialidad de los nombres de los pacientes y otra información que los identifique”.

Aunque las políticas varían, por lo general cualquier persona puede llamar a un hospital y preguntar por un paciente dando su nombre, y con frecuencia se le transfiere la llamada a la habitación, dijo William Weber, médico de emergencias en Minneapolis y director médico de Medical Justice Alliance, una organización que defiende los derechos médicos de personas bajo custodia.

Los familiares y personas autorizadas por el paciente pueden visitarlo. El personal médico también suele llamar a los familiares para informarles que alguien está hospitalizado o para pedir información que ayude en su atención.

Pero cuando se trata de personas bajo custodia de autoridades, los hospitales frecuentemente acceden a restringir el acceso y dar información, señaló Weber.

El argumento es que estas medidas evitan que personas no autorizadas amenacen al paciente o al personal, ya que los hospitales no tienen la infraestructura de seguridad de una cárcel. Algunos pacientes famosos también solicitan este tipo de medidas.

Abogados y trabajadores de salud cuestionan que esas restricciones sean realmente necesarias. La detención migratoria es una detención civil, no criminal. Aunque el gobierno de Trump afirma que su prioridad es , la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales, según datos del centro y varios medios de comunicación.

Detenido delante de su casa

Según su esposa, Peña no tiene antecedentes penales. Llegó a Estados Unidos desde México cuando cursaba sexto grado, y tiene un hijo adulto en el ejército estadounidense. Tiene 43 años, padece enfermedad renal terminal y sobrevivió a un infarto en noviembre. Camina con dificultad y tiene pérdida parcial de la vista, explicó Romero. Fue detenido el 8 de diciembre, mientras descansaba en el exterior de su casa tras un tratamiento de diálisis.

Al principio, Romero logró ubicar a su esposo con el . Lo visitó en un lugar de detención temporal en el centro de Los Ángeles, donde le llevó sus medicinas y un suéter. Luego vio que lo trasladaron al centro de detención en Adelanto. Pero después de que fue hospitalizado, ya no apareció en la base de datos.

Cuando ella y otros familiares fueron al centro de detención para preguntar por él, les negaron el acceso. Romero recibía llamadas ocasionales de su esposo desde el hospital, pero duraban menos de 10 minutos y estaban monitoreadas por el ICE. Ella quería saber en qué hospital estaba para poder estar con él, tomarle la mano, asegurarse de que lo atendieran bien y darle ánimos.

Dijo que mantenerlo esposado y sin ver a su familia era injusto e innecesario.
“Está débil”, dijo Romero. “No existe riesgo de que pueda escaparse”.

indican que debe permitirse el contacto y las visitas de familiares “dentro de las limitaciones de seguridad y operativas”. Las personas detenidas tienen derecho constitucional a hablar en privado con su abogado. Weber explicó que las autoridades migratorias deben informar a los abogados dónde están sus clientes y permitirles hablar con ellos en persona o mediante una línea telefónica sin vigilancia.

Sin embargo, los hospitales están en una zona gris respecto a cómo hacer cumplir estos derechos, ya que su enfoque principal es la atención médica, dijo Weber. Aun así, agregó, deben asegurarse de que sus políticas estén alineadas con la ley.

Familia sin acceso

Varios abogados de inmigración han pasado semanas intentando localizar a clientes detenidos por el ICE, y en ocasiones sus esfuerzos han sido frustrados por los hospitales.

Nicolas Thompson-Lleras, abogado de Los Ángeles  que representa a personas en proceso de deportación, contó que, el año pasado, dos de sus clientes fueron registrados con nombres falsos en distintos hospitales del condado de Los Ángeles. Inicialmente, los hospitales negaron que los pacientes estuvieran ahí y no permitieron que el abogado los viera. También se les negó el acceso a los familiares.

Uno de esos clientes fue , trabajador de un negocio de lavado de autos, que resultó herido durante una redada en agosto. Agentes migratorios lo vigilaron por más de un mes en el hospital Harbor-UCLA, un centro público, sin presentar cargos.

En noviembre, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó a favor de el uso de políticas de apagón en hospitales públicos para pacientes bajo custodia civil de inmigración. En un comunicado, Arun Patel, director de seguridad del paciente y gestión de riesgos clínicos del Departamento de Servicios de Salud del condado, dijo que estas políticas buscan reducir riesgos para pacientes, médicos, enfermeros y agentes.

“En algunos casos, puede haber preocupaciones sobre amenazas al paciente, intentos de interferir con la atención médica, visitantes no autorizados o el ingreso de objetos prohibidos”, dijo Patel. “Nuestro objetivo no es restringir la atención, sino permitir que se brinde de forma segura y sin interrupciones”.

Pacientes más vulnerables

Thompson-Lleras expresó preocupación de que los hospitales estén colaborando con autoridades migratorias a costa de los pacientes y sus familias, lo que los deja vulnerables a abusos.

“Permite que las personas reciban atención deficiente”, dijo. “Permite que los traten de forma acelerada, sin supervisión, sin intervención familiar y sin defensa alguna. Estas personas están solas, desorientadas, siendo interrogadas —al menos en el caso de Bayron— bajo dolor y efectos de medicamentos”.

Estas situaciones también alarman al personal de salud. En Los Ángeles, dos trabajadores de hospitales —que pidieron no ser identificados por temor a sufrir represalias— dijeron a ���ϳԹ��� News que el ICE y administradores de hospitales públicos y privados bloquean con frecuencia el contacto entre el personal médico y los familiares de personas detenidas, incluso para obtener información médica necesaria. Eso, afirmaron, va contra la ética médica.

Los procedimientos de apagón son otra preocupación.

“Facilitan, aunque no sea intencionalmente, la desaparición de pacientes”, dijo una de las personas, médica en el Departamento de Servicios de Salud del condado y parte de una coalición de trabajadores preocupados en la región.

En el Legacy Emanuel Medical Center, en Portland, enfermeras expresaron públicamente su indignación por lo que vieron como cooperación con el ICE y violaciones de los derechos de los pacientes. La red Legacy Health envió una al sindicato de enfermeras para que frenara esto, acusándolo de hacer declaraciones falsas o engañosas.

“Me dio asco”, dijo Blaire Glennon, una enfermera que renunció en diciembre. Afirmó que muchos pacientes fueron llevados por el ICE al hospital con lesiones graves sufridas durante la detención. “Sentí que Legacy estaba cometiendo enormes violaciones a los derechos humanos”.

Esposado estando inconsciente

Dos días antes de Navidad, Chabolla, la abogada de Peña, recibió una llamada de ICE con la información que ella y Romero llevaban semanas esperando. Peña estaba en el hospital Victor Valley Global Medical Center, a unas 10 millas de Adelanto, y estaba a punto de ser dado de alta.

Emocionados, Romero y su familia manejaron más de dos horas desde Glendale hasta el hospital para recogerlo.

Pero al llegar, encontraron a Peña intubado e inconsciente, todavía esposado de un brazo y una pierna a la cama. Había tenido una fuerte convulsión el 20 de diciembre, pero nadie informó a su familia ni a su abogada, dijo Chabolla.

Tim Lineberger, vocero del grupo KPC Health —propietario del hospital—, dijo que no podía comentar sobre casos específicos por razones de privacidad. Afirmó que las políticas del hospital sobre divulgación de información cumplen con las leyes estatales y federales.

Peña fue dado de alta finalmente el 5 de enero. Aún no tiene fecha de audiencia y su familia presentó una petición para modificar su estatus migratorio en función del servicio militar de su hijo. Por ahora, sigue en proceso de deportación.

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El gobierno de Trump, que ha prometido “transparencia radical”, afirmó en un documento de que planea publicar el “resumen de proyectos” de los estados que obtengan fondos. Siguiendo el ejemplo de los reguladores federales, muchos estados ocultan sus solicitudes completas, y algunos se han negado a revelar cualquier detalle.

“Seamos claros”, dijo Alan Morgan, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Salud Rural (NRHA, por sus siglas en inglés). “Los directores de hospitales, los administradores de clínicas, los líderes comunitarios: todos van a querer saber qué están haciendo sus estados”.

Entre los miembros de la NRHA se incluyen hospitales y clínicas rurales con dificultades económicas, a los que prometieron beneficiar con el Programa de Transformación de la Salud Rural del gobierno de Trump.

Morgan señaló que sus miembros están interesados en saber qué proponen los estados, qué ideas son aprobadas o rechazadas y cuáles son sus justificaciones presupuestarias, que explican cómo podría gastarse el dinero.

Mejorar la atención médica rural es una “tarea increíblemente complicada y difícil”, afirmó Morgan.

El Programa de Transformación de la Salud Rural, con una duración de cinco años, fue aprobado por el Congreso en una ley —la llamada One Big Beautiful Bill Act— que también reduce drásticamente el gasto de Medicaid, del cual dependen en gran medida los proveedores de salud en zonas rurales. Este programa está siendo observado con atención porque representa una inyección muy necesaria de fondos, aunque con la condición impuesta por el gobierno de Trump de que el dinero se utilice en ideas transformadoras y no simplemente para mantener a flote a hospitales rurales en crisis.

La ley indica que la mitad de los $50.000 millones se dividirá en partes iguales entre todos los estados con una solicitud aprobada. El resto se distribuirá en base a un sistema de puntos. , $12.500 millones se asignarán en función del nivel de “ruralidad” de cada estado. Los otros $12.500 millones se otorgarán a estados que obtengan en iniciativas y políticas alineadas, en parte, con los objetivos del gobierno de Trump bajo el lema “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” ().

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha prometido en repetidas ocasiones abrir el gobierno al pueblo estadounidense. Su agencia tiene una dedicada a la “transparencia radical”.

“Estamos trabajando para que este sea el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) más transparente en sus 70 años de historia”, en un testimonio escrito al Congreso en septiembre.

Lawrence Gostin, profesor de derecho en salud pública en la Universidad Georgetown, dijo que el HHS está actuando “de manera totalmente opaca” y que el público tiene derecho a exigir “mayor apertura y claridad”. Sin transparencia, agregó, la población no puede evaluar las responsabilidades de esa agencia.

Catherine Howden, vocera de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo que la agencia seguirá las regulaciones federales que rigen los al publicar información sobre el programa de salud rural.

Las solicitudes de subvención “no se hacen públicas durante el proceso de evaluación por méritos”, dijo Howden, y agregó: “El propósito de esta política es proteger la integridad de las evaluaciones, la confidencialidad de los solicitantes y la naturaleza competitiva del proceso”.

Demócratas y algunos defensores de la atención de salud temen que las decisiones sobre la distribución del dinero tengan motivaciones políticas.

“Me preocupan las represalias políticas”, dijo la representante Nikki Budzinski, demócrata de Illinois. Como los demócratas controlan la política de nuestro estado, “nuestra solicitud podría no ser tomada tan en serio como la de otros estados liderados por republicanos”, agregó.

En noviembre, los legisladores demócratas de Illinois en la Cámara de Representantes enviaron al administrador de los CMS, Mehmet Oz, solicitando una “evaluación justa e integral” de la solicitud estatal. Las autoridades de Illinois aún no han comunicado su propuesta a ���ϳԹ��� News, que presentó una solicitud de registros públicos.

Heather Howard, profesora en la Universidad de Princeton, dijo que le “sorprende gratamente la transparencia de muchos estados”.

Howard dirige el programa State Health and Value Strategies de la universidad, que el fondo de salud rural, y elogió a la mayoría de los estados por publicar sus resúmenes del proyecto.

“Esto demuestra el enorme interés que despierta el programa”, dijo Howard.

Su equipo, que revisó cerca de dos docenas de resúmenes estatales, identificó temas comunes como la expansión de servicios móviles y a domicilio, mayor uso de tecnología, y desarrollo de la fuerza laboral con becas, bonos por contratación y ayuda para cuidado infantil en puestos de alta demanda.

“Creo que es emocionante”, dijo Howard. “Considero muy valioso lo que podemos aprender de estas propuestas”.

Howard señaló que las solicitudes de Georgia y Alabama incluían el uso de telerrobótica: una propuesta para utilizar robots para realizar ecografías remotas.

Otro tema que “me entusiasma”, dijo, es el esfuerzo de los estados por crear grupos o comités asesores, como en Idaho, donde se espera que los grupos de trabajo se enfoquen en tecnología, desarrollo de fuerza laboral, colaboración con comunidades indígenas, y salud mental y conductual.

Los 50 estados presentaron sus solicitudes a los reguladores federales antes de la fecha límite del 5 de noviembre, y las resoluciones se anunciarán antes de que termine el año, según los CMS.

Hasta finales de noviembre, casi 40 estados habían hecho público su resumen del proyecto, que es la parte principal de la solicitud donde se describen las iniciativas propuestas, según un seguimiento de ���ϳԹ��� News. Más de una docena de estados también publicaron sus presupuestos.

Un pequeño grupo de estados —Idaho, Iowa, Kansas, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Wyoming— publicó todos los componentes de la solicitud.

���ϳԹ��� News presentó solicitudes de registros públicos para obtener las peticiones completas de los estados. Algunos se negaron a entregar cualquier parte de sus materiales.

Nebraska, por ejemplo, rechazó la solicitud argumentando que su contenido es “información comercial o propietaria” que “podría beneficiar a competidores comerciales”.

Kentucky compartió el resumen de su solicitud, pero indicó que el resto es un “borrador preliminar” no sujeto a divulgación bajo las leyes estatales.

Erika Engle, vocera del gobernador de Hawaii, Josh Green, dijo que el gobernador “está comprometido con la transparencia”, pero se negó a compartir la propuesta del estado.

Hawaii y otros estados aún están procesando solicitudes formales de registros públicos.

Este programa de salud rural forma parte de la ley aprobada en julio que se prevé que reducirá el gasto federal de Medicaid en zonas rurales en durante los próximos 10 años.

Se espera que estos recortes afecten las finanzas de centros rurales, poniendo en riesgo su capacidad para seguir operando. Un informe reciente de Commonwealth Fund reveló que muchas áreas rurales siguen a atención primaria. Pero las normas del programa de salud rural indican que solo el 15% de los nuevos fondos puede utilizarse para pagar atención directa a los pacientes.

Entre los recortes a Medicaid y la nueva inversión del programa, “hay una verdadera oportunidad para que las políticas nacionales tengan un impacto en las zonas rurales, tanto de forma negativa como positiva”, señaló Celli Horstman, investigadora principal de la fundación en Nueva York y coautora del informe.

Entre las propuestas disponibles al público, los estados con gobiernos demócratas muestran disposición para apoyar algunos de los objetivos del gobierno, aunque también rechazan otros, lo cual podría restarles puntos.

Por ejemplo, Nuevo México indicó que presentará una ley para que los estudiantes tomen la Prueba Presidencial de Aptitud Física (Presidential Fitness Test) y que los médicos realicen cursos de educación continua sobre nutrición. Pero no impedirá que las personas usen sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar productos “no nutritivos” como sodas o dulces.

Muchos estados planean invertir en tecnología, como telesalud, ciberseguridad y equipos para monitoreo remoto de pacientes. Otros temas incluyen mejorar el acceso a alimentos saludables, fortalecer los servicios de emergencia, prevenir y tratar enfermedades crónicas, y recurrir a trabajadores comunitarios de salud y paramédicos para visitas domiciliarias.

Algunas propuestas específicas incluyen:

• Arkansas quiere gastar $5 millones en su programa “FAITH” —Acceso, Transporte y Salud Basados en la Fe— para que instituciones religiosas rurales organicen eventos de educación y pruebas preventivas. También se instalarían circuitos para caminar y equipos de ejercicio en las congregaciones.
• Alaska, que históricamente ha usado trineos de perros para entregar medicamentos en zonas remotas, quiere probar el uso de “sistemas aéreos no tripulados” para agilizar la entrega de medicinas.
• Tennessee quiere aumentar el acceso a actividades saludables con inversiones en parques, senderos y mercados agrícolas.
• Maryland propone abrir mercados móviles e instalar refrigeradores y congeladores para facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables que suelen dañarse en zonas rurales con pocos supermercados.

El senador estatal Stephen Meredith, un republicano que representa una parte del oeste de Kentucky, dijo que espera que los hospitales rurales sigan cerrando, pese al programa estatal.

“Creo que estamos tratando los síntomas sin curar la enfermedad”, señaló después de escuchar una .

Morgan, cuya organización representa a hospitales rurales que probablemente cerrarán, dijo que las ideas del estado pueden sonar bien.

“Uno puede escribir una narrativa que suene maravillosa”, afirmó. “Pero traducir esas metas aspiracionales en un programa funcional, eso es más difícil”.

Los reporteros de ���ϳԹ��� News, Phil Galewitz, Katheryn Houghton, Tony Leys, Jazmin Orozco Rodriguez, Maia Rosenfeld, Bram Sable-Smith y Lauren Sausser contribuyeron con este artículo.

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Durante dos semanas, contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hicieron guardia en el vestíbulo del hospital las 24 horas del día. Se tomaron turnos para vigilar sus movimientos, contó Ming Tanigawa-Lau, la abogada de Solís-Portillo.

Luego, el ICE trasladó a la mujer salvadoreña al Anaheim Global Medical Center, en contra de las indicaciones médicas y sin dar ninguna explicación, según dijo la abogada.

Tanigawa-Lau contó que allí les permitieron a los agentes del ICE quedarse dentro de la habitación de Solís-Portillo todo el tiempo, escuchando conversaciones entre la paciente y el personal médico que deberían haber sido privadas.

Solís-Portillo le dijo a su abogada que los agentes la presionaron para que dijera que estaba lo suficientemente bien como para salir del hospital, advirtiéndole que no podría comunicarse ni con su familia ni con su abogada hasta que aceptara irse.

“Me lo describió como una situación en la que sentía que la estaban torturando”, enfatizó Tanigawa-Lau.

Expertos legales explican que los agentes del ICE pueden estar en áreas públicas de un hospital, como el vestíbulo, y pueden acompañar a pacientes que ya están detenidos mientras reciben atención médica, lo que refleja el alcance de la autoridad federal.

Sin embargo, los pacientes detenidos tienen derechos y pueden tratar de defenderse por sí mismos o buscar ayuda legal.

Este año, California destinó para financiar servicios legales para inmigrantes, y algunas jurisdicciones locales —incluidos el condado de , y — también han asignado fondos para iniciativas de ayuda legal. El Departamento de Servicios Sociales de California enumera algunas que han recibido estos fondos.

, abogada supervisora y profesora clínica en la Facultad de Derecho de Georgetown, explicó que los agentes del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, pueden custodiar e incluso mantener esposada a una persona bajo su custodia mientras recibe atención médica.

Pero deben cumplir con las leyes constitucionales y de , sin importar el estatus migratorio del paciente. Según esas normas, los pacientes pueden pedir hablar en privado con los proveedores médicos y tener acceso confidencial a asesoría legal, explicó Genovese.

“ICE debe ubicarse fuera de la habitación o fuera del alcance auditivo durante cualquier conversación entre el paciente y su doctor o proveedor de salud”, dijo Genovese, y agregó que lo mismo aplica a las comunicaciones con abogados. “Eso es lo que se supone que deben hacer”.

Guías de ICE

En cuanto a la comunicación y las visitas, las normas del ICE establecen que los detenidos deben tener y poder recibir visitas de familiares y amigos, “dentro de las limitaciones operativas y de seguridad”. Sin embargo, Genovese dijo que esas pautas no se exigen por ley.

Si los agentes de inmigración arrestan a una persona , deben informarle el motivo de la detención y, por lo general, no pueden retenerla más de 48 horas sin tomar una decisión formal sobre su custodia.

Un juez federal concedió recientemente en un caso en el que un hombre llamado Bayron Rovidio Marín de inmigración en un hospital de Los Ángeles durante 37 días sin que se le presentaran cargos.

En el pasado, si se percibían violaciones por parte de los agentes, se podían reportar a las oficinas locales del ICE, a la sede de la agencia o a organismos de supervisión, explicó Genovese.

Pero este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de las oficinas del ombudsman que investigan denuncias por violaciones a los derechos civiles, argumentando que esas oficinas “obstruían la aplicación de las leyes migratorias al agregar trabas burocráticas”.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de asuntos públicos del DHS, dijo que los agentes arrestaron a Marín por estar en el país ilegalmente y que él mismo admitió su estatus migratorio ante los agentes del ICE. McLaughlin dijo que lo llevaron al hospital luego de que se lastimara una pierna mientras intentaba escapar de los oficiales federales durante una redada.

McLaughlin señaló que los agentes no le impidieron comunicarse con su familia ni usar el teléfono.

“Todos los detenidos tienen acceso a teléfonos que pueden usar para comunicarse con sus familias y abogados”, agregó.

McLaughlin calificó como “activista” a la jueza que emitió la orden de restricción temporal. No respondió a preguntas sobre los recortes de personal en las oficinas del ombudsman.

El DHS también dijo que Solís-Portillo estaba en el país sin autorización. Según el departamento, había sido expulsada de Estados Unidos en dos ocasiones y había sido arrestada por los delitos de uso de identificación falsa, robo y entrada en una vivienda ilegalmente.

“El ICE se toma muy en serio su compromiso de ofrecer entornos seguros, protegidos y humanos para quienes están bajo nuestra custodia”, dijo McLaughlin. “Desde que una persona entra bajo custodia del ICE, es práctica de larga data proveer atención médica integral, lo que incluye acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas”.

Protecciones en California

El Anaheim Global Medical Center no respondió a un pedido de comentarios.

En , Dignity Health, que opera el Glendale Memorial Hospital, afirmó que “legalmente no puede restringir la presencia de personal de seguridad o agentes del orden en áreas públicas, lo que incluye el vestíbulo o las salas de espera del hospital”.

En septiembre, California que prohíbe a los establecimientos médicos permitir la entrada de agentes federales a áreas privadas —incluyendo espacios donde los pacientes reciben atención o discuten temas de salud— si no presentan una orden de cateo o un mandato judicial válido.

Sin embargo, muchas de las noticias más destacadas sobre la presencia de agentes de migración en centros de salud han involucrado a pacientes detenidos que fueron trasladados para recibir atención.

Erika Frank, vicepresidenta de asesoría legal de la California Hospital Association, dijo que los hospitales siempre han recibido personas detenidas que necesitan atención médica por parte de las autoridades, incluidos agentes federales.

Según Jan Emerson-Shea, vocera de la asociación, son las autoridades quienes deciden si un paciente necesita ser vigilado todo el tiempo. Si un agente del orden escucha información médica mientras está presente en el hospital, eso no constituye una violación de la privacidad del paciente, agregó.

“Legalmente, no es diferente de que otro paciente o visitante escuche información sobre alguien en una cama cercana o en una sala de emergencias”, dijo Emerson-Shea en un comunicado.

No respondió si los pacientes pueden exigir privacidad con el personal médico o con sus abogados, y señaló que los hospitales no informan a familiares o amigos sobre la ubicación del paciente detenido, por razones de seguridad.

Sandy Reding, presidenta de la California Nurses Association, visitó las instalaciones de Glendale cuando Solís-Portillo estuvo internada. Contó que tanto enfermeras como pacientes se sintieron intimidados al ver agentes de inmigración con máscaras en el vestíbulo del hospital. Dijo que los vio sentados detrás del escritorio donde se registran los pacientes, desde donde podían escuchar conversaciones sobre información médica privada.

“Los hospitales solían ser un lugar seguro, y ahora ya no lo son”, dijo. “Y parece que el ICE actúa sin restricciones”.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles tiene previsto votar el 18 de noviembre para brindar mayor protección a las personas detenidas en centros de salud administrados por el condado. Estas medidas incluyen limitar la capacidad de los funcionarios de inmigración para ocultar la identidad de los pacientes, permitir que estos den su consentimiento para la divulgación de información a familiares y abogados, e instruir al personal para que exija que los agentes de inmigración abandonen la habitación en determinados momentos para proteger la privacidad de los pacientes. El condado también defenderá a los empleados que intenten hacer cumplir sus políticas.

La abogada de Solís-Portillo, Tanigawa-Lau, dijo que su clienta finalmente decidió regresar voluntariamente a El Salvador en lugar de pelear su caso, porque sentía que no podía recibir la atención médica que necesitaba mientras estuviera bajo la custodia del ICE.

“Aunque el caso de Milagro es realmente terrible, me alegra que ahora haya más conciencia sobre este tema”, afirmó Tanigawa-Lau.

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MU Health Care, donde practican la mayoría de los médicos que utiliza su familia, estaba inmerso en una disputa contractual con Anthem, la aseguradora de salud de Wingler. El contrato vigente estaba a punto de expirar.

Entonces, el 31 de marzo, la mujer recibió un correo electrónico alertándola de que al día siguiente el hospital ya no estaría en la red de Anthem.

La noticia la dejó atónita.

“Sé que negocian contratos todo el tiempo… pero parecía un simple trámite burocrático que no nos afectaría. Nunca antes me habían excluido de la red de una aseguradora de esa manera”, comentó. El momento no pudo ser menos oportuno.

La consulta: Cuando la aseguradora de salud de una madre de Missouri no pudo llegar a un acuerdo con su hospital, la mayoría de sus médicos quedaron repentinamente fuera de la red. Se preguntaba cómo conseguiría que se cubriera la atención médica de sus hijos o cómo encontraría nuevos médicos. “Para una familia de cinco… ¿por dónde empezamos?” — Amber Wingler, 42 años, de Columbia, Missouri

La hija de Wingler, Cora, de 8 años, había estado teniendo problemas intestinales sin razón aparente. Las listas de espera para ver a varios especialistas pediátricos y tener un diagnóstico, desde gastroenterología hasta terapia ocupacional, eran largas: iban de semanas hasta más de un año.

(En un comunicado, el vocero de MU Health Care, Eric Maze, afirmó que el sistema de salud trabaja para garantizar que los niños con las necesidades más urgentes sean atendidos lo antes posible).

De repente, las consultas con los especialistas para Cora estaban fuera de la red de su seguro. A varios cientos de dólares cada una, el costo se habría disparado rápidamente. Los únicos otros especialistas pediátricos dentro de la red que Wingler encontró estaban en St. Louis y Kansas City, ambos a más de 120 millas de distancia.

Así que Wingler pospuso las citas médicas de su hija durante meses mientras intentaba decidir qué hacer.

En todo el país, las disputas contractuales son comunes, con más de 650 hospitales involucrados en conflictos públicos con aseguradoras desde 2021.

Y podrían volverse aún más frecuentes a medida que los hospitales se preparan para recortes de aproximadamente $1.000 millones en el gasto federal en salud, según lo estipulado por la ley insignia del presidente Donald Trump, promulgada en julio.

Los pacientes atrapados en una disputa contractual tienen pocas opciones viables.

“Existe un antiguo proverbio africano que dice: cuando dos elefantes pelean, la hierba se aplasta. Y, lamentablemente, en estas situaciones, a menudo los pacientes son la hierba”, afirmó Caitlin Donovan, directora de la Patient Advocate Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas con dificultades para acceder a la atención médica.

Si te sientes aplastado bajo una disputa contractual entre un hospital y tu aseguradora, esto es lo que necesitas saber para protegerte financieramente:

1. “Fuera de la red” significa que probablemente pagarás más.

Las aseguradoras negocian contratos con hospitales y otros proveedores médicos para establecer las tarifas que pagarán por distintos servicios. Cuando llegan a un acuerdo, el hospital y la mayoría de los proveedores que trabajan allí pasan a formar parte de la red de la aseguradora.

La mayoría de los pacientes prefieren consultar con proveedores “dentro de la red” porque su seguro cubre parte, la mayor parte o incluso la totalidad de la factura, que podría ascender a cientos o miles de dólares. Si consultas con un proveedor fuera de la red, podrías tener que pagar la factura completa.

Si decides seguir con tus médicos habituales aunque estén fuera de la red, puedes consultar sobre la posibilidad de obtener un descuento por pago en efectivo y sobre el programa de asistencia financiera del hospital.

2. Las disputas entre hospitales y aseguradoras suelen resolverse.

, investigador de políticas de salud de la Universidad Brown, examinó 3.714 hospitales no federales en Estados Unidos y halló que, entre junio de 2021 y mayo de 2025, un 18% de ellos tuvo una disputa pública con una compañía de seguros de salud.

Cerca de la mitad de esos hospitales finalmente se retiraron de la red de la aseguradora, según los datos preliminares de Buxbaum. Sin embargo, la mayoría de estas rupturas se resuelven en uno o dos meses, agregó. Por lo tanto, es muy probable que tus médicos vuelvan a formar parte de la red, incluso después de una separación.

3. Podrías calificar para una extensión que te permita reducir costos.

Ciertos pacientes podrían calificar para una extensión de la cobertura dentro de la red, lo que se llama continuidad de la atención.

Puedes pedir esta extensión llamando a tu aseguradora, pero el proceso puede ser largo. Algunos hospitales han habilitado recursos para ayudar a los pacientes a solicitarla.

Wingler pasó por todo ese calvario por su hija: horas al teléfono, llenando formularios y enviando faxes.

Pero dijo que no tenía el tiempo ni la energía para hacerlo para todos los miembros de su familia.

“Mi hijo estaba en fisioterapia”, dijo. “Pero lo siento mucho, hijo, tú sigue con los ejercicios que tienes que hacer. No voy a pelearme para que tú también tengas cobertura, cuando ya estoy peleando por tu hermana”, se dijo.

También es importante tener en cuenta si se trata de una emergencia médica: en la mayoría de los servicios de urgencias, los hospitales de las tarifas de su red.

4. Puede que tengas que esperar para cambiar de aseguradora.

Quizás estés pensando en cambiarte a una aseguradora que cubra a tus médicos favoritos. Pero ten en cuenta que muchas personas que eligen sus planes de salud durante el período anual de inscripción abierta quedan atadas a su plan durante un año. Los contratos entre las aseguradoras y los hospitales no necesariamente coinciden con el año de tu plan.

Ciertos , como casarse, tener un hijo o perder el trabajo, pueden permitirte cambiar de seguro fuera del período anual de inscripción abierta, pero que tus médicos dejen de pertenecer a la red de tu seguro no se considera un acontecimiento de vida que te permita hacerlo.

5. Buscar un nuevo médico puede llevar mucho tiempo.

Si la ruptura entre tu aseguradora y el hospital parece definitiva, podrías considerar buscar una nueva lista de médicos y otros proveedores que estén dentro de la red de tu plan. ¿Por dónde empezar? Tu plan probablemente tenga una herramienta en línea para buscar proveedores dentro de la red cerca de donde vives.

Pero ten en cuenta que cambiar de médico podría significar esperar para establecerte como paciente de uno nuevo y, en algunos casos, tener que ir más lejos.

6. Vale la pena guardar los recibos.

Incluso si tu seguro y el hospital no llegan a un acuerdo antes de que expire su contrato, existe la probabilidad de que lleguen a un nuevo acuerdo.

Algunos pacientes deciden posponer sus citas mientras esperan. Otros mantienen sus citas y pagan de su propio bolsillo. Si es tu caso, guarda los recibos. Cuando las aseguradoras y los hospitales llegan a un acuerdo, este suele aplicarse retroactivamente, por lo que las citas que pagaste de tu bolsillo podrían estar cubiertas después de todo.

Fin de un suplicio

Tres meses después de que expirara el contrato entre la aseguradora de Wingler y el hospital, ambas partes anunciaron un nuevo acuerdo. Wingler se unió a la multitud de pacientes que programaron las citas que habían pospuesto durante la crisis.

En un comunicado, Jim Turner, vocero de Elevance Health, la empresa matriz de Anthem, escribió: “Abordamos las negociaciones enfocados en la equidad, la transparencia y el respeto por todos los afectados”.

Maze, de MU Health Care, dijo: “Comprendemos la importancia del acceso puntual a la atención pediátrica especializada para las familias y lamentamos profundamente la frustración que algunos padres han experimentado al intentar programar citas tras la resolución de las negociaciones de nuestro contrato con Anthem”.

Wingler se alegró de que su familia pudiera volver a ver a sus médicos, pero su alivio se vio atenuado por la determinación de no volver a encontrarse en la misma situación.

“Creo que seremos un poco más precavidos cuando llegue el período de inscripción abierta”, dijo Wingler. “Nunca nos habíamos preocupado por revisar nuestra cobertura de gastos de bolsillo porque no la necesitábamos”.

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Dos proyectos de ley que avanzan en el Senado estatal buscan impedir que agentes de inmigración aíslen a pacientes de sus seres queridos e interfieran con su capacidad de obtener ayuda legal.

Los análisis de ambas propuestas citan un artículo de ���ϳԹ��� News que reveló que familiares y abogados enfrentaban dificultades extremas para localizar y apoyar a pacientes hospitalizados mientras estaban bajo custodia migratoria.

���ϳԹ��� News encontró que algunos hospitales han facilitado aislar a pacientes mediante lo que se conoce como políticas de ocultamiento, que pueden incluir registrar a personas bajo seudónimos, ocultar sus nombres del directorio del hospital e impedir que el personal contacte a familiares para informarles su ubicación y condición.

Un proyecto de ley, , de la senadora estatal demócrata Caroline Menjivar, del Valle de San Fernando prohibiría en gran medida el uso de estas políticas para pacientes bajo custodia migratoria y garantizaría que mantengan el derecho a que se notifique a sus familias y a otras personas sobre su paradero y estado de salud.

Estas políticas solo se permitirían cuando el proveedor de salud determine que el paciente representa un riesgo creíble para sí mismo o para otros, y ese riesgo quede documentado en el expediente médico. Los pacientes también podrían recibir visitas.

La propuesta busca responder a informes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vigilando a pacientes en sus habitaciones mientras se les hace exámenes médicos o hablan con doctores, interfiriendo en decisiones médicas y presionando para que sean dados de alta antes de tiempo y enviados a centros de detención que no cuentan con capacidad para dar seguimiento a la atención.

“Estas son acciones que no tienen lugar en la atención médica, y son una clara violación de los derechos de los pacientes”, dijo Menjivar.

Según la propuesta de Menjivar, no se permitiría el ingreso de agentes a las habitaciones de pacientes que trasladan para recibir atención, a menos que demuestren autorización legal para estar allí. Si los agentes permanecen en la habitación, el personal tendría que pedirles que salgan durante exámenes médicos y conversaciones sobre la atención del paciente. Si se niegan, el personal tendría que documentarlo.

El proyecto de ley , presentado por la senadora estatal Susan Rubio, demócrata del Valle de San Gabriel, requeriría que los proveedores de salud informen al personal y a voluntarios pertinentes cómo responder cuando pacientes quieren que sus familias sepan dónde están, y que coloquen avisos en las entradas con información sobre visitas y políticas de acceso.

Esta ley ya establece que los pacientes pueden autorizar que se informe a sus seres queridos que están en el hospital, y la propuesta de Rubio busca asegurar que el personal y otras personas sepan que pueden hacerlo también en casos de pacientes bajo custodia migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), que supervisa la aplicación de leyes migratorias, no respondió a una solicitud de comentarios.

Ambos proyectos fueron aprobados por los comités de Salud y Judicial del Senado siguiendo líneas partidistas, y ahora serán considerados por el Comité de Asignaciones del Senado.

Más de 20 defensores de los derechos de inmigrantes y trabajadores de salud expresaron apoyo a mayores protecciones para pacientes durante una audiencia la semana del 6 de abril.

“Este estado debe hacer todo lo posible para proteger contra estos abusos y garantizar que las personas detenidas tengan derecho a contactar a sus seres queridos cuando están hospitalizadas y en condiciones críticas”, dijo Hector Pereyra, gerente político de Inland Coalition for Immigrant Justice.

Sin embargo, representantes de la Asociación de Hospitales de California y la Asociación Médica de California dijeron a legisladores que les preocupa que instruir a trabajadores de salud a documentar números de placa de agentes y pedirles que salgan de habitaciones pueda generar conflictos y representar riesgos de seguridad.

“Aunque entendemos que este es un tema importante, queremos asegurarnos de que el proyecto logre el equilibrio adecuado y no cree obligaciones conflictivas o poco claras para hospitales, su personal y sus médicos, particularmente en interacciones en tiempo real con agentes federales”, dijo Vanessa Gonzalez, vicepresidenta de defensa estatal de la asociación hospitalaria.

���ϳԹ��� News reportó que un hombre, Julio César Peña, de 43 años, estuvo retenido en un hospital en Victorville durante casi dos semanas antes de que su abogado y su familia supieran dónde estaba.

Peña, que tenía enfermedad renal terminal, estuvo encadenado a su cama de hospital, vigilado por agentes migratorios, y le dijeron que no podía revelar su ubicación, según su esposa. Después sufrió una convulsión que lo dejó intubado e inconsciente, pero nadie notificó a su familia. Peña murió el 25 de febrero, menos de dos meses después de ser liberado y regresar a casa.

Defensores de inmigrantes y trabajadores de salud, así como legisladores, temen que incidentes similares estén ocurriendo en todo el estado.

Menjivar dijo que su proyecto “busca cerrar la brecha entre la ley vigente y la práctica, dando a entidades proveedoras de salud las herramientas para defender los derechos de privacidad, salud y visitas de un paciente llevado bajo custodia migratoria”.

El SB 915 prohibiría que hospitales y clínicas permitan que agentes migratorios tomen decisiones médicas por el paciente o actúen como intérpretes. También requeriría que centros de salud documenten y verifiquen, “en la medida de lo posible”, la identidad de los agentes; proporcionen a pacientes acceso a herramientas de comunicación; e informen a pacientes sobre sus derechos. Además, tendrían que completar planes de alta que incluyan intentos de coordinación con cualquier centro receptor, como un centro de detención, para asegurar atención de seguimiento.

Los proyectos llegan después de una ley aprobada el año pasado que buscó limitar la aplicación de leyes migratorias en centros de salud, incluso prohibiendo que establecimientos médicos permitan el ingreso de agentes federales sin una orden judicial válida a áreas privadas. Sin embargo, esa ley no abordó situaciones en las que pacientes ya están bajo custodia migratoria.

“El ICE ha sembrado miedo en nuestros hospitales y nos ha impedido hacer nuestro trabajo”, dijo SatKartar Khalsa, residente de medicina de emergencia en un hospital de red de seguridad en San Francisco que ha atendido a pacientes detenidos y testificó en apoyo del SB 915. “Todo esto ha llevado a peor atención para nuestros pacientes y ha agregado otra capa de miedo entre los trabajadores de salud”.

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Otros conductores se detuvieron, rompieron la ventana del auto y lo llevaron a un lugar seguro. Un bombero voluntario que pasaba por allí le practicó reanimación cardiopulmonar hasta que llegó una ambulancia que trasladó a Masterson al hospital UPMC Mercy.

Pasó 18 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 14 de ellos conectado a un ventilador. Desarrolló delirio, una condición común en terapia intensiva, y necesitó medicamentos antisicóticos. A pesar de tener una sonda de alimentación, perdió peso. “Sinceramente, no estábamos seguros de que fuera a sobrevivir”, dijo Ron Dedes, su cuñado.

Pero sobrevivió. Masterson fue dado de alta el 1 de febrero y regresó a casa con apoyo familiar casi constante. Trabajando con varios tipos de terapeutas, ha recuperado la capacidad de caminar, aunque aún tiene debilidad, y puede ocuparse de su cuidado personal. Su habla, que antes era confusa, ha mejorado notablemente. Puede prepararse un sándwich.

Ahora, “nuestra mayor preocupación es su memoria”, dijo Dedes. Masterson, quien hasta hace poco manejaba asuntos legales complejos, olvida conversaciones y eventos que ocurrieron unas horas antes, explicó Patti Dedes, su hermana. Aún no puede usar un microondas ni hacer una llamada telefónica.

En una entrevista, se describió a sí mismo, con precisión, como “mucho, mucho mejor de lo que estaba”, pero se equivocó al decir su edad. Las pruebas de evaluación tras el alta indicaron deterioro cognitivo y depresión.

Entre los médicos de cuidados críticos, los síntomas prolongados como los suyos se conocen como “síndrome post-cuidados intensivos” o PICS (por sus siglas en inglés). Las secuelas pueden ser físicas o psicológicas, además de cognitivas, y pueden durar meses o años.

son admitidas cada año en terapias intensivas en unos 5.000 hospitales en Estados Unidos, y las investigaciones muestran que secundarios. La edad avanzada aumenta las probabilidades.

Los pacientes y sus familias suelen sorprenderse por estas dificultades persistentes. “La creencia es que saldrán del hospital y en dos o tres semanas volverán a la normalidad”, dijo Brad Butcher, quien fue el doctor de Masterson y en la revista médica JAMA. “Eso no se corresponde con la realidad”.

De hecho, con un mayor uso de las UCI y mejores tratamientos, la población que puede enfrentar este síndrome está creciendo. La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (Society of Critical Care Medicine, SCCM) estima que a la terapia intensiva.

“Todos están agradecidos de que el paciente haya sobrevivido”, dijo Lauren Ferrante, doctora en cuidados críticos pulmonares e investigadora en la Facultad de Medicina de Yale (Yale School of Medicine). “Pero ese es solo el comienzo de un largo camino de recuperación”. En un estudio de pacientes de 70 años o más, del que fue coautora, dentro de los seis meses posteriores al alta solo alrededor de la mitad .

Los pacientes de cuidados intensivos enfrentan . Los síntomas del PICS van —debilidad, dolor, neuropatía (hormigueo en brazos y piernas) y desnutrición— , principalmente ansiedad y depresión. Las como las de Masterson son comunes, incluidos problemas de memoria, atención y concentración, y lenguaje.

“Para muchas personas, sobrevivir a una enfermedad crítica es una experiencia que cambia la vida”, afirmó Butcher. Los pacientes en cuidados intensivos después de cirugías de emergencia o programadas también presentan físicos, mentales y cognitivos un año después.

Los mismos tratamientos intensivos que salvan vidas contribuyen al síndrome. Los pacientes en cuidados intensivos “tienen algún tipo de falla grave de órganos que requiere atención inmediata” y monitoreo constante, explicó Carla Sevin, doctora en cuidados críticos pulmonares que dirige el Centro de Recuperación de UCI en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Eso puede implicar un tubo de respiración conectado a un ventilador, lo que a su vez suele requerir medicamentos sedantes. La sedación “puede provocar delirio, y el delirio es el factor clave en los síntomas cognitivos”, dijo Butcher.

Tampoco ayuda que los pitidos constantes de los monitores y la iluminación brillante las 24 horas interrumpan el sueño, ni que las restricciones en las visitas familiares priven a los pacientes de rostros y voces tranquilizadoras.

Gregory Matthews, un contador jubilado en St. Petersburg, Florida, pasó casi un mes en una UCI tras un trasplante de pulmón en 2014. Aún recuerda con claridad sus alucinaciones, incluidas imágenes de ratones corriendo por la pared y alguien intentando incriminarlo por tráfico de drogas.

“Un día, pensé que un doctor era un asesino; podía ver el rifle”, dijo Matthews, ahora de 80 años. “Así que salté de la cama”, contó, y se arrancó las vías intravenosas. El personal tuvo que sujetarle los brazos durante varios días.

Pero la inmovilización también tiene consecuencias, ya que los pacientes pierden rápidamente masa muscular y fuerza. “Nuestros cuerpos no están hechos para estar acostados todo el día”, señaló Ferrante.

En el plano psicológico, “el trastorno de estrés postraumático es bastante común, similar al que se observa en veteranos de combate o sobrevivientes de agresión sexual”, dijo Sevin. Las familias también pueden sufrir ansiedad y depresión junto con los pacientes.

Alarmados por estos hallazgos, médicos y administradores de unos 35 hospitales en Estados Unidos han establecido , donde equipos de doctores, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas (físicos, ocupacionales, cognitivos, del habla) y trabajadores sociales evalúan múltiples condiciones y ayudan a los pacientes a enfrentarlas.

La clínica de Vanderbilt atendió a su primer paciente en 2012. El Centro de Recuperación de Enfermedades Críticas del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh —fundado por Butcher en 2018— trabaja con unos 100 pacientes al año, incluido Masterson. Yale abrió su clínica en 2022.

Estas clínicas aplican seis prácticas recomendadas por la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos que han demostrado reducir de forma significativa los . Las medidas incluyen usar sedación más ligera, hacer que los pacientes se levanten y se muevan antes, evaluar su respiración diariamente para retirar el ventilador más pronto y eliminar restricciones en las visitas familiares.

Las clínicas suelen ofrecer grupos de apoyo para pacientes y familias. Hay evidencia de que llevar un diario de la UCI, en el que pacientes y cuidadores registran sus experiencias, y participar en ejercicio y rehabilitación física después del alta.

También se abordan conversaciones sobre qué otras opciones preferirían los pacientes si enfrentan otra enfermedad crítica, como ocurre con muchos. ¿Aceptarían nuevamente cuidados intensivos y el riesgo de sus secuelas? ¿O elegirían cuidados paliativos, que priorizan la comodidad en lugar de la curación? Algunos pacientes quedan con discapacidades permanentes después de la UCI.

Butcher, aunque señaló que estas nuevas prácticas deben ampliarse mucho más, se mostró optimista sobre el futuro de los cuidados críticos. “Vamos a encontrar mejores herramientas de diagnóstico, mejores estrategias de prevención y mejores tratamientos”, dijo.

Por ahora, sin embargo, la experiencia en la UCI sigue siendo desorientadora y a veces traumática. Cuando Butcher preguntó a 117 pacientes en su clínica post-UCI sobre qué harían en el futuro, muchos querían poner límites a las intervenciones médicas.

Alrededor de un tercio preferiría reducir el nivel de atención agresiva. De ellos, cerca de una cuarta parte optaría por órdenes de “no resucitar” y “no intubar”, y casi el 7% dijo que no querría volver nunca a una UCI.

Masterson sigue trabajando en su recuperación. “No he salido mucho”, dijo. “He estado más bien en casa”. Espera recuperar la fuerza suficiente para volver a correr; antes solía correr entre 3 y 4 millas varias veces por semana.

El futuro de los pacientes con síndrome post-UCI suele depender de su estado físico, mental y cognitivo antes de la hospitalización. La buena condición física previa de Masterson y su trabajo exigente a nivel cognitivo son factores positivos para su recuperación, señaló Butcher.

Su familia oscila entre la esperanza y la preocupación. “Quién sabe cómo estará más adelante”, dijo Dede, su cuñado. “Vamos día a día”.

“The New Old Age” se produce en colaboración con .

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Jamie Estrada, de Albuquerque, Nuevo México, recibió en dos ocasiones inyecciones de lidocaína en la parte superior de la columna vertebral para probar si una ablación permanente del nervio trataría su dolor crónico de cuello.

El dolor desapareció hasta que el anestésico dejó de hacer efecto unas seis horas después. Lo más impactante: a su aseguradora le facturaron $28.000 por cada procedimiento de 10 minutos.

A Mark McCullick, de Longmont, Colorado, lo mandaron a hacerse una tomografía por emisión de positrones (PET) de cuerpo completo para averiguar si su cáncer de próstata había regresado. El estudio, de dos horas, no mostró evidencia de cáncer, pero la factura de $77.000 enviada a la empresa que administra su seguro lo alarmó.

La inflación médica la inflación general durante años, y las facturas de muchos procedimientos breves y de rutina llegan a decenas de miles de dólares.

Estos casos destacan las preguntas que afectan al sistema de salud estadounidense y a los pacientes atrapados en él: ¿Cuál es un precio razonable para cualquier consulta o procedimiento médico y cómo se determina? ¿Qué tanto luchan las aseguradoras, supuestas administradoras del dinero de salud que los pacientes ganan con esfuerzo, para reducir los cargos y qué tan de cerca revisan las facturas para verificar su exactitud?

Los casos de Smith, Estrada y McCullick son facturas del “chargemaster”, calculadas a partir de la lista madre de precios que los proveedores de salud asignan a los servicios.

Los pacientes que tienen seguro generalmente no las pagan. Pero son importantes porque a menudo son el punto de partida para el precio negociado que la aseguradora acepta como razonable por los servicios.

Por lo general, los pacientes son responsables de entre el 10 % y el 20 % del precio negociado, su coseguro, y cuando los precios son tan altos, esa puede ser una cifra muy grande. Además, esas tarifas negociadas son difíciles de conocer para los pacientes (hasta que reciben la factura) y parecen arbitrarias.

Además, como las aseguradoras pueden compensar gastos altos en un año aumentando las primas y los deducibles al siguiente, tienen poco incentivo para negociar con firmeza buenos acuerdos para los pacientes que cubren. Así, de forma indirecta, todos los pacientes pagan sin saberlo.

En los casos de Smith y Estrada, sus aseguradoras pagaron la mayor parte sin cuestionamientos. El Centro Médico Hershey de Penn State, que trató a Smith, recibió $61.000, o el 62% de lo que facturó. New Mexico Surgery Center Orthopaedics, que trató a Estrada, recibió $46.000, o el 82%.

La aseguradora de McCullick, en cambio, dijo que pagaría a Intermountain Health solo el 28 % de su factura de $77.000. Luego hubo otro giro: el hospital, que dijo que había obtenido una preautorización, descubrió después que el estudio no estaba cubierto. Entonces le facturó a McCullick la tarifa completa del chargemaster de $77.000 o le ofreció que podía pagar la tarifa en efectivo de $14.259.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Chris Bond, vocero de AHIP, el principal grupo comercial de las aseguradoras de salud, responsabilizó a los hospitales por el problema y dijo que los planes están “enfocados en hacer que los beneficios y la cobertura sean lo más asequibles posible para sus miembros”.

Agregó que: “como la categoría más grande por cada dólar de prima gastado, los aumentos en el costo de la atención hospitalaria tienen un impacto desproporcionado en las primas”.

En un sistema de salud en el que los precios pueden variar de manera exponencial con poca transparencia, ¿cómo pueden los pacientes permitirse enfermarse?

“No tiene sentido”

Los estadounidenses como una de las principales prioridades para el gobierno en 2026, según una encuesta de The Associated Press-NORC, y expresaron especial preocupación por el costo, el acceso y la cobertura.

La primera administración Trump exigió a aseguradoras y hospitales que publicaran archivos con precios en efectivo, brutos y negociados para diversos artículos y servicios. Estas listas de precios sin procesar —a menudo cientos de páginas llenas de códigos de facturación médica— para los pacientes.

Cinco años después, han sido recopiladas, analizadas y ampliadas por académicos y empresas emergentes, lo que ha arrojado luz sobre las disparidades en los precios y cómo han surgido.

“Cuando miramos los datos, ya sea del chargemaster o de lo que pagaron las aseguradoras, están por todos lados; no tienen sentido”, dijo Marcus Dorstel, vicepresidente senior de operaciones de Turquoise Health, una empresa emergente de transparencia de precios con pagadores y proveedores como clientes. “La variación es enorme, incluso en una zona específica”.

Cuando investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins analizaron los datos, descubrieron que el precio que distintas aseguradoras pagan por los mismos cargos facturados “puede ser tres o más veces diferente en el mismo hospital”, dijo Ge Bai, profesora de contabilidad en salud que participó en la investigación.

Los precios que pagan las aseguradoras se determinan por numerosos factores, incluidos los que establecen sus contratos con los sistemas de salud. Algunos planes, como el de Smith, pagan automáticamente un porcentaje de los cargos facturados por el hospital, lo que incentiva a los hospitales a aumentar sus tarifas.

 El Centro Médico Hershey aumentó sus precios para 11 códigos comunes de facturación hospitalaria en un promedio de alrededor de 30% entre 2023 y 2025, calculó para este artículo Dan Snow, científico de datos de Turquoise Health. Pero esos precios no eran muy diferentes de los de otros hospitales en Pennsylvania.

En otros casos, una aseguradora puede acordar pagar a un sistema de salud una tarifa por caso, una tarifa estándar para un tipo de atención, como una colonoscopía o una hospitalización por neumonía.

Pero hay un elemento adicional lucrativo, llamado “carve-out”, que se refiere a un beneficio específico que se negocia y se paga por separado. Por ejemplo, si el hospital utilizó medicamentos o dispositivos costosos, pueden facturarse además de la tarifa global por caso, sin límites en los recargos del hospital.

Ese fue el caso de la tomografía PET de McCullick; alrededor del 80% del cargo no fue por el estudio en sí, sino por un nuevo tipo de medicamento inyectado antes del estudio para detectar el cáncer.

La mayoría de las veces, los precios finales dependen del poder de negociación relativo de la aseguradora y el sistema de salud: ¿Cuál de las partes tiene suficiente influencia en el mercado como para retirarse si la otra no cumple con sus exigencias?

Esos factores “pueden explicar las variaciones y patrones de precios que vemos”, dijo Dorstel. “En algunos mercados, las aseguradoras fijan los precios y, en otros, los aceptan”.

Para las aseguradoras, pagar más es rentable

Las aseguradoras no tienen incentivos para bajar los precios porque los precios altos significan que “reciben una parte del pastel más grande”, dijo Bai.

Por ley, las aseguradoras deben gastar el 80 % u 85% de las primas en la atención de los pacientes. Pero cuando los precios suben, pueden trasladar el aumento a los clientes en forma de primas más altas y aun así cumplir con su obligación legal.

Así, primas más altas significan menos dinero para el paciente y más ganancias para la aseguradora.

Por cada inyección espinal que recibió Estrada, la tarifa contratada por su compañía de seguros fue de $23.237,50. El coseguro de Estrada fue de $5.166,20. Con un plan con deducible alto, se le pidió que pagara la totalidad de esa factura de más de $5.000.

Cuando llamó para cuestionar la factura, dijo que el administrador del centro quirúrgico le explicó que los cargos eran resultado de un “contrato heredado” con la aseguradora que es “ventajoso” y “favorable” para el centro.

Los cargos de New Mexico Surgery Center Orthopaedics son muchas veces mayores que los del hospital donde los médicos del centro admiten pacientes; allí, la tarifa contratada por la aseguradora de Estrada para la misma inyección es de solo $2.058,67. Y en comparación con los cerca de $20.000 que la aseguradora pagó por cada inyección de Estrada, otras aseguradoras pagan al centro alrededor de $700 por el mismo procedimiento, encontró Snow.

El centro quirúrgico forma parte de un grupo nacional que tiene más de 535 instalaciones quirúrgicas, United Surgical Partners International, que a su vez es propiedad de Tenet Healthcare, un conglomerado de salud con fines de lucro. Ese tipo de dominio del mercado puede dar a las empresas el poder de negociación para cobrar —y recibir— lo que quieran, explicó Bai.

El centro quirúrgico, United Surgical Partners International y Tenet Healthcare no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios de ���ϳԹ��� News.

Con cargos prenegociados, las aseguradoras tienen pocos incentivos para revisar facturas cuestionables. Cuando Smith pidió una factura detallada de su cirugía, descubrió que le habían facturado dos intervenciones: una por la extracción del embarazo ectópico y otra porque el cirujano notó signos de endometriosis y realizó una biopsia. Ambas fueron facturadas a la tarifa contratada de $37.923.

Se indignó por los cargos, que a su juicio parecían un cobro duplicado. “Fue una sola cirugía”, dijo. “Hubo una sola incisión”.

Abogada formada en la Universidad de Yale, Smith consultó las pautas federales de codificación correcta de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que señalan que los dos códigos de facturación utilizados para su cirugía por lo general no pueden “facturarse juntos para el mismo encuentro con el paciente” porque uno está incluido en el otro.

Smith dijo que se comunicó con el hospital de Penn State, la aseguradora e incluso con el fiscal general del estado sin lograr una resolución. Por eso espera que, a regañadientes, tendrá que pagar el coseguro de $5.250 que el hospital y la aseguradora dicen que debe.

En respuesta a preguntas de ���ϳԹ��� News, Scott Gilbert, vocero del sistema de salud, no respondió a los detalles específicos de este caso, pero escribió: “Penn State Health reconoce que la facturación de la atención médica puede ser confusa y a menudo abrumadora para los pacientes. El proceso implica muchos factores, incluidos el tipo de atención brindada, dónde se presta y los detalles de la cobertura de seguro del paciente”.

¿Un precio “razonable”?

Después de que un reportero envió múltiples consultas a Intermountain Health, McCullick dijo que un representante le preguntó cuál sería “una cantidad razonable para resolver la situación”.

Sara Quale, portavoz del Hospital Good Samaritan, afiliado de Intermountain donde se realizó la tomografía PET, escribió: “Lamentamos sinceramente la frustración que esta situación ha causado al señor McCullick”, y señaló que “hemos estado en contacto constante con él y continuaremos dando seguimiento según sea necesario”.

McCullick dijo que quiere pagar la parte que le corresponde, pero aún intenta determinar cuál es, sin duda menos que los distintos precios de pago directo que le han ofrecido, todos superiores a $10.000. “La naturaleza cambiante de estas cifras es sorprendente”, escribió en un correo electrónico.

En cuanto a Estrada, estaba tan molesto que decidió no seguir adelante con la ablación del nervio. Mientras lo preparaban para el procedimiento, recordó, el médico dijo que había “escuchado que podría demandar” y lo regañó por ser problemático. El hospital no respondió a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones y Estrada dijo que nunca había amenazado con emprender acciones legales.

Estrada se bajó de la camilla y se volvió a poner la camisa. “No voy a dejar que esta persona me introduzca una aguja grande en la espalda”.

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Los Miller se establecieron en Vancouver Island, su refugio rodeado de paisajes naturales y accesible solo por ferry o avión. Justin comenzó a trabajar en la sala de emergencias del Nanaimo Regional General Hospital, donde se convirtió en uno más de los 20 enfermeros formados en Estados Unidos contratados desde abril.

El temor a Trump, dijeron algunos de los enfermeros, fue la razón por la que se fueron.

“Somos muchos los que pensamos igual”, dijo Justin, quien ahora trabaja codo con codo con otros estadounidenses en Canadá. “No estás atrapado. No tienes que quedarte. A los trabajadores de salud los reciben con los brazos abiertos en todo el mundo”.

Los Miller forman parte de un nuevo y creciente número de enfermeros, doctores y otros trabajadores de salud estadounidenses que se mudan a Canadá, y en particular a British Columbia, donde más de 1.000 enfermeros y enfermeras formados en Estados Unidos han recibido autorización para trabajar desde abril pasado.

Mientras el gobierno de Trump implementa políticas de extrema derecha, cada vez más autoritarias, y reduce el financiamiento para la , los seguros y la investigación médica, muchos profesionales de enfermería se han sentido atraídos por la política progresista de Canadá, su reputación de país acogedor y su sistema de salud universal.

Además, algunos enfermeros se indignaron el año pasado cuando el gobierno de Trump dijo que reclasificaría la enfermería como , lo que impondría límites federales estrictos a los préstamos que los estudiantes de enfermería podrían recibir.

Canadá está listo para sacar partido de esta situación. Dos de sus provincias más pobladas, Ontario y British Columbia, han simplificado el proceso de obtención de licencias para enfermeros estadounidenses desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

British Columbia también lanzó —“aprovechando la oportunidad” creada por el “caos e incertidumbre que ocurren en Estados Unidos”— para contratar enfermeros de California, Oregon y Washington.

Temores hechos realidad

Amy Miller, enfermera practicante, dijo que ella y su esposo estaban decididos a sacar a sus hijos del país porque sentían que el segundo mandato de Trump inevitablemente derivaría en violencia.

Primero, los Miller obtuvieron licencias de enfermería en Nueva Zelanda, pero cuando la búsqueda de empleo tomó demasiado tiempo, cambiaron su plan hacia Canadá.

A Justin le ofrecieron un trabajo en cuestión de semanas.

Amy encontró uno en tres meses.

Así que se mudaron. Y solo unos días después, los Miller observaron con horror desde la distancia cómo sus temores se hacían realidad. Mientras fuerzas federales de inmigración se enfrentaban con manifestantes en Minneapolis el 24 de enero, agentes federales dispararon y mataron a un enfermero de cuidados intensivos, Alex Pretti, cuando filmaba un enfrentamiento y parecía intentar proteger a una mujer que había sido empujada al piso.

El video del asesinato mostró a los agentes fronterizos inmovilizando a Pretti en el suelo antes de confiscarle su pistola oculta, para la cual tenía licencia, y dispararle.

El gobierno de Trump calificó rápidamente a Pretti como un “terrorista doméstico”. Esa acusación fue cuestionada por videos de testigos que circularon en redes sociales y generaron indignación, incluso entre enfermeros y organizaciones de enfermería, algunos de los cuales mencionaron el deber de la profesión de cuidar a las personas vulnerables.

“No quiero decir que era algo esperado, pero por eso estamos aquí”, dijo Amy Miller. “Incluso nuestra hija mayor dijo: ‘Está bien, mamá, porque ya no estamos allá. Aquí estamos seguros’. Ella lo entiende y ni siquiera está en la escuela media”.

Tanto Estados Unidos como Canadá tienen una gran necesidad de enfermeros. Se proyecta que Estados Unidos tendrá un déficit de unos 270.000 enfermeros registrados, además de al menos 120.000 enfermeros practicantes con licencia, para 2028, según de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés).

En Canadá, las vacantes de empleo en enfermería se triplicaron entre 2018 y 2023, cuando alcanzaron casi 42.000, según un del Montreal Economic Institute, un centro de análisis canadiense.

Consultada para comentar, la Casa Blanca señaló que muestran que el número de enfermeros con licencia en Estados Unidos aumentó en 2025. Y desestimó los relatos de enfermeros que se mudan a Canadá como “anécdotas de personas con casos graves del síndrome de trastorno por Trump”.

“La fuerza laboral de salud estadounidense es la mejor del mundo y sigue creciendo bajo el presidente Trump”, dijo Blanca Kush Desai, vocera de la Casa. “Las oportunidades de empleo en el sistema de salud estadounidense siguen siendo sólidas, con posibilidades de avance profesional y salarios que superan ampliamente a los de otras naciones desarrolladas”.

“Una sensación de alivio”

No se sabe con precisión cuántos enfermeros estadounidenses se han mudado al norte desde que Trump regresó al cargo, porque algunas provincias canadienses no registran o no publican esas estadísticas.

Desde que el proceso simplificado entró en vigencia en abril de 2025 hasta enero, la provincia de British Columbia, que ha hecho más esfuerzos para contratar estadounidenses, había aprobado las solicitudes de licencia de 1.028 enfermeros formados en Estados Unidos, según el British Columbia College of Nurses and Midwives. En todo 2023 y 2024, solo se habían aprobado 112 y 127 solicitudes de estadounidenses, respectivamente, informó la agencia.

El aumento del interés de enfermeros estadounidenses también fue confirmado por asociaciones de enfermería en Ontario y Alberta, así como por la Canadian Nurses Association a nivel nacional.

Angela Wignall, CEO de Nurses and Nurse Practitioners of British Columbia, dijo que antes los enfermeros estadounidenses se mudaban al norte porque se habían enamorado de Canadá (o de un canadiense). Pero más recientemente, afirmó, ha conocido a enfermeros que temían que la Casa Blanca fomentara la violencia y la vigilancia, en particular contra familias que incluyen parejas del mismo sexo.

“Algunos vivían con miedo al gobierno y compartieron una sensación de alivio al cruzar la frontera”, dijo Wignall. “Como canadiense, es desgarrador. Y también es una alegría darles la bienvenida”.

Vancouver Island, que tiene una población de unas 860.000 personas, ha incorporado a 64 enfermeros formados en Estados Unidos desde abril, incluidos los del Nanaimo Regional, dijo Andrew Leyne, vocero de la autoridad de salud de la isla.

Una de las enfermeras fue Susan Fleishman, una canadiense que se mudó a Estados Unidos cuando era niña y luego trabajó durante 23 años en salas de emergencias antes de dejar el país en noviembre.

Fleishman dijo que la retórica de odio de Trump ha alimentado una división que ha permeado y deteriorado la vida en el país.

“No fue una mudanza fácil; eso es seguro. Pero creo que definitivamente vale la pena”, dijo, ya de regreso en Canadá. “Siento que aquí hay mucha más amabilidad. Y creo que eso hará que me quede”.

Brandy Frye, quien también trabajó durante décadas en salas de emergencias estadounidenses, contó que se mudó a Vancouver Island el año pasado tras esperar a ver si Mark Carney se convertiría en primer ministro de Canadá. El ascenso de Carney fue ampliamente visto como un rechazo al trumpismo.

Mientras tanto, dijo Frye, el hospital de California donde trabajaba había estado eliminando de sus documentos palabras asociadas con diversidad y equidad para complacer al gobierno de Trump. No pudo tolerarlo.

“Lo vi como un paso en contra de todo en lo que creo”, señaló Frye. “Y ya no me sentía parte de ese lugar”.

Como muchos de los enfermeros estadounidenses que se han mudado a Vancouver Island, Frye se sintió atraída por primera vez a la zona gracias a un video viral que estaba destinado al turismo, pero que terminó logrando mucho más.

Hace aproximadamente un año, Tod Maffin, y ex presentador de CBC Radio, invitó a estadounidenses a la ciudad portuaria de Nanaimo para un fin de semana de “infusión” diseñado para compensar el impacto de los aranceles de Trump en la economía local.

Maffin dijo que alrededor de al evento en abril.

“Muchos eran trabajadores de salud que buscaban una ruta de escape”, dijo Maffin. “Estaban allí para apoyar nuestra economía, pero también para explorar Canadá”.

Maffin vio una oportunidad. Reutilizó el sitio web del evento como herramienta de reclutamiento y lanzó una sala de chat en Discord para ayudar a estadounidenses a mudarse.

Maffin dijo que cree que la campaña ayudó a unos 35 trabajadores de salud a mudarse a Vancouver Island. Voluntarios en han replicado su sitio web para atraer a sus propios enfermeros y doctores estadounidenses.

“Hay comunidades en todo Canadá donde la sala de emergencias cierra por la noche porque falta un enfermero. Así de apretado está el personal”, dijo Maffin.

“Un nuevo enfermero en un pueblo pequeño, o en una ciudad mediana como Nanaimo hace la diferencia”, agregó.

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Durante una mesa redonda en la Casa Blanca en enero, en la que se anunciaron los primeros fondos del nuevo programa federal de salud rural de $50.000 millones, Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), calificó la idea como “genial”.

Ese mismo día, el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, dijo que no tenía . Obstetras y otros profesionales de salud también expresaron su preocupación en redes sociales, y un activista político llegó a llamarlo

Las reacciones encontradas reflejan el choque entre el entusiasmo por las propuestas tecnológicas que presentaron los estados en sus solicitudes al Programa de Transformación de la Salud Rural y la realidad: simplemente no hay suficientes trabajadores de salud para atender a los pacientes en muchas comunidades rurales. Ahora que los estados comienzan a invertir los fondos asignados para el primer año, la tensión va en aumento, especialmente en Alabama.

Oz elogió la propuesta del estado de invertir en la relativamente nueva tecnología de ecografías robóticas.

“Muchos condados de Alabama no tienen ginecólogos obstetras”, dijo Oz en una reunión junto al presidente Donald Trump y otros miembros del gabinete. La falta de atención, , fue lo que motivó la propuesta de usar robots para hacer ecografías a mujeres embarazadas.

Britta Cedergren, directora de la (Alabama Perinatal Quality Collaborative), tiene claro lo que ocurre: “Nadie usa robots autónomos”.

Aunque considera que las ecografías robóticas son “una tecnología muy interesante”, explicó que todavía no se utilizan en el estado. En cambio, los profesionales de salud se apoyan en las consultas telefónicas para brindar atención obstétrica y, cuando hay equipos e internet disponibles, en la telemedicina.

El objetivo, señaló, es “apoyar a los lugares donde no hay atención médica”.

Cedergren participa en varios grupos estatales de salud materna y fetal, y trabaja diariamente con doctores, hospitales y personal de emergencia. Aunque reconoce la importancia de mejorar la tecnología, insiste en que no reemplaza la necesidad de una fuerza laboral bien capacitada ni de un sistema de atención y datos bien coordinado.

En 2024, el año más reciente con datos disponibles, la tasa de mortalidad infantil en Alabama fue de por cada 1.000 partos con recién nacidos vivos. A nivel nacional, la tasa fue de 5,5 por cada 1.000 nacimientos vivos, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El cierre de unidades obstétricas en hospitales —que suele implicar la pérdida de proveedores capacitados para atender a mujeres embarazadas y a sus bebés— es una tendencia de larga data en zonas rurales de Estados Unidos. Pero en Alabama, las pérdidas han sido especialmente graves.

En 1980, 45 de los 55 condados rurales del estado tenían servicios obstétricos en hospitales. Para 2025, ofrecen ese tipo de atención, según datos estatales. Y la tendencia no se detiene: cinco unidades obstétricas cerraron entre 2023 y 2024, incluyendo las de tres condados rurales: Monroe, Marengo y Clarke.

, profesora en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, descubrió que los cierres en zonas remotas están relacionados con un , una de las principales causas de mortalidad infantil.

“Seguirá habiendo embarazos y partos en nuestras comunidades”, dijo. “Necesitamos lugares donde proporcionar atención médica”.

Casi todos los estados incluyeron en sus solicitudes para el Programa de Transformación de la Salud Rural la falta de personal médico y la salud materna como prioridades. Pero solo Alabama propuso usar robots para cubrir esa necesidad. El fondo rural, creado por el Congreso como incentivo de último minuto dentro de la ley One Big Beautiful Bill Act del presidente Trump, alentó a los estados a ser creativos, innovadores y presentar soluciones tecnológicas.

A Alabama se le asignaron $203 millones para el primer año de este programa que durará cinco años. Entre casi , la solicitud del estado incluye el fortalecimiento de su fuerza laboral rural y la mejora de la salud materna y fetal.

Mike Presley, vocero del —agencia encargada del plan—, dijo que no había nadie disponible para hablar sobre las ecografías telerobóticas.

LoRissia Autery, gineco-obstetra en una zona rural al noroeste de Birmingham, dijo que los robots no van a reducir la mortalidad materna e infantil. Hacer una ecografía tiene matices, señaló.

Muchas de sus pacientes tienen embarazos de alto riesgo, con condiciones como diabetes, presión arterial alta y hepatitis C. Le preocupa el tipo de atención que recibirán estas mujeres —que muchas veces conducen más de una hora para verla— si se reemplaza a un especialista capacitado por un robot.

“Se pierde el tipo de atención que necesitamos brindar a estas mujeres”, afirmó Autery, quien cofundó . La clínica tiene tres doctores, atiende pacientes de cinco condados y necesita otro médico para poder responder a la demanda, agregó.

“Desde hace unos seis o siete años, hemos estado buscando un cuarto socio”, dijo. “Es difícil por muchas razones”.

En redes sociales, el senador Sanders respondió a Oz afirmando que la falta de proveedores de salud en zonas rurales de Estados Unidos es una “vergüenza internacional”.

“En el país más rico del mundo, necesitamos más doctores, enfermeros, dentistas y consejeros de salud mental, no más robots”, escribió Sanders en la plataforma X.

Hay al menos un país que ya usa robots junto con personal capacitado para reducir las muertes.

En La Loche, un pueblo remoto de Canadá, Julie Fontaine opera un robot de ecografía en una clínica con dos enfermeros practicantes y doctores rotativos. Fontaine dijo que a los pacientes les gusta el robot porque les ahorra tiempo y el costo de viajar seis o siete horas hasta un centro médico regional.

“Cuando la gente llega, dice: ‘Guau, qué increíble la tecnología hoy en día’”, comentó Fontaine, miembro de la del norte de Saskatchewan. “Es algo que nunca habían visto ni usado”.

Cuando trabaja con pacientes, Fontaine conecta el robot de ecografía con un técnico en imágenes a distancia, ubicado en Saskatoon. Ese profesional maneja el brazo robótico de la máquina. Luego, un radiólogo —que puede estar en cualquier parte— analiza las imágenes y envía el reporte al médico de familia en La Loche, explicó Ivar Mendez, neurocirujano y director del . En ese país, la mayoría de los bebés nacen con la atención de médicos de familia o parteras, no especialistas.

“Lo más importante es identificar un embarazo de alto riesgo con suficiente anticipación para poder intervenir”, dijo Mendez, quien aseguró que la ecografía robótica “es tan buena como la presencial”, aunque no puede usarse en casos que requieran una ecografía vaginal más invasiva. La tasa de mortalidad materna e infantil en el norte de Canadá, donde está ubicada La Loche, es de 20 a 25 veces más alta que en el resto del país, agregó.

“Una de las razones es que no hay disponibilidad de ecografías prenatales en esas comunidades, por lo que las embarazadas deben viajar a las ciudades y alojarse en hoteles”, explicó.

En , Mendez y su equipo de la Universidad de Saskatchewan analizaron 87 ecografías telerobóticas y encontraron que, en el 70% de los casos, no fue necesario viajar para recibir atención. Casi todos los pacientes dijeron que volverían a usar el robot.

Esta misma tecnología de ecografía robótica fue aprobada para su uso en Estados Unidos .

Nicolas Lefebvre, presidente y director ejecutivo de AdEchoTech —empresa que creó y fabrica el robot—, dijo que tienen “proyectos específicos para maternidad en Estados Unidos que están en preparación”. Según el consultor de desarrollo comercial de la empresa, el precio promedio de uno de estos robots es de entre $250.000 y $350.000.

El uso de ecografías robóticas es solo una parte de la iniciativa de salud materna y fetal propuesta por Alabama, . Reconociendo el cierre de unidades obstétricas, los funcionarios plantearon conectar a proveedores más pequeños y centros de salud rurales —que no tienen servicios de calidad en salud materna y fetal— con centros regionales que pueden brindar esos servicios de forma digital, incluyendo mediante ecografías telerobóticas.

Para su iniciativa de fuerza laboral, el estado propuso programas de capacitación para doctores, servicios de emergencia y enfermeros obstétricos.

El financiamiento estimado necesario para la iniciativa de salud materna y fetal es de . Para la iniciativa de fuerza laboral, los funcionarios de Alabama propusieron .

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Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el gobierno reembolsa a los hospitales el costo de la atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.

Pero si los hospitales no revelan que la información personal de los pacientes se comparte con las autoridades migratorias federales, estos podrían no saber que su cobertura médica los expone al riesgo de ser localizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los hospitales le dicen a la gente que sus datos de Medicaid de Emergencia se compartirán con el ICE, es previsible que muchos inmigrantes simplemente dejen de buscar tratamiento médico de emergencia”, afirmó , profesor investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia son partos de bebés ciudadanos estadounidenses. ¿Queremos que esas madres eviten ir al hospital cuando comienzan el trabajo de parto?”, agregó.

Durante más de una década, hospitales y estados aseguraron a los pacientes que su información personal, incluyendo su estatus migratorio y la dirección de su casa, no sería compartida con funcionarios de inmigración cuando solicitaban cobertura médica federal.

Un garantizaba que la agencia no usaría información de solicitudes de cobertura médica para actividades de control migratorio.

Pero eso cambió el año pasado, luego de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca y ordenara una de las campañas de represión migratoria más agresivas de la historia reciente. Su administración empezó a canalizar datos de varias agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluida enviada al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aceptaron en la primavera pasada darle a ICE acceso directo a una base de datos de Medicaid que incluye las direcciones y el estatus migratorio de las personas inscritas.

Veintidós estados, todos gobernados por demócratas excepto uno, presentaron demandas para de intercambio de datos de Medicaid, que no había sido anunciado formalmente por el gobierno hasta que un juez federal ordenó hacerlo el verano pasado. El juez que, en esos estados, ICE solo podría acceder a la información de la base de datos de Medicaid correspondiente a personas que están en el país de forma irregular.

���ϳԹ��� News contactó a más de una docena de hospitales y asociaciones hospitalarias en estados y ciudades que han sido objeto de operativos del ICE. Muchos se negaron a comentar si, luego del fallo judicial, habían actualizado sus políticas de divulgación.

De los que respondieron, ninguno dijo que estuviera advirtiendo directamente a los pacientes que su información personal podía ser compartida con el ICE si solicitaban cobertura de Medicaid.

“No ofrecemos asesoramiento legal sobre el intercambio de datos entre agencias del gobierno federal”, escribió por correo electrónico Aimee Jordon, vocera del sistema hospitalario M Health Fairview, con sede en Minneapolis. “Recomendamos a los pacientes que tengan preguntas sobre prestaciones o inquietudes relacionadas con temas migratorios que busquen orientación en los recursos estatales adecuados y con asesores legales calificados”.

Información sobre las solicitudes

En algunos estados, las solicitudes de Medicaid de Emergencia  preguntan específicamente por el estatus migratorio del paciente, pero aseguran a las personas que su información se mantendrá protegida y fuera del alcance de los funcionarios de inmigración.

Por ejemplo, hasta el 3 de febrero, la solicitud de California aún incluía un texto en el que se informaba a los solicitantes que su información migratoria era “confidencial”.

“Solo la usamos para determinar si califica para un seguro médico”, explica el formulario de 44 páginas que el programa estatal de Medicaid, conocido como Medi-Cal, publicó en .

Anthony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, dijo en una declaración que la agencia, que supervisa Medi-Cal, se asegurará de que los californianos tengan información precisa sobre la privacidad de sus datos, “incluyendo, si es necesario, la revisión de otras publicaciones”.

Hasta finales de enero, el sitio web de Medicaid en Utah también aseguraba que el programa de Medicaid de Emergencia no compartía información con funcionarios migratorios. Después de que ���ϳԹ��� News contactara a la agencia estatal, la vocera Kolbi Young anunció el 23 de enero que esa información sería retirada de inmediato. Fue eliminada ese mismo día.

El sistema hospitalario Oregon Health & Science University, con sede en Portland, ofrece a pacientes inmigrantes un documento de desarrollado por el programa estatal de Medicaid para quienes tienen dudas sobre el uso de su información. El documento no indica de manera explícita que la información de quienes se inscriben en Medicaid será compartida con el ICE.

Los hospitales dependen del Medicaid de Emergencia para que les reembolsen el tratamiento de personas que cumplirían con los requisitos para Medicaid si no fuera por su estatus migratorio, ya sea que estén en el país sin papeles o dispongan de una presencia legal temporal, como visas de estudiante o de trabajo. Esta cobertura solo paga por atención médica de urgencia y servicios relacionados con el embarazo. Por lo general, representantes del hospital ayudan a los pacientes a presentar la solicitud mientras están en el hospital.

El programa principal de Medicaid, que cubre una gama mucho más amplia de servicios para más de 77 millones de personas con bajos ingresos o discapacidades, no cubre a quienes están en el país sin autorización.

Por lo tanto, examinar los registros de inscripción en el Medicaid de Emergencia es la forma más efectiva que tienen los funcionarios de deportación para identificar a los inmigrantes, incluidos aquellos que podrían no residir legalmente en los Estados Unidos.

Rich Danker, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo por correo electrónico que los CMS —que supervisa Medicaid, un programa conjunto federal y estatal— están compartiendo datos con el ICE tras la decisión del juez. Pero no explicó cómo se asegura de compartir solo información sobre personas sin residencia legal, como exige el fallo judicial.

Dado que el ICE ahora tiene acceso directo a la información personal de millones de personas inscritas en Medicaid, los hospitales —aunque “están en una posición muy difícil”— deberían ser transparentes sobre los cambios, dijo Sarah Grusin, , un grupo de defensa legal.

“Deben decirle a la gente que el juez ha autorizado compartir la información —incluida sus direcciones— en el caso de quienes no residen legalmente en el país”, afirmó. “Una vez enviada, esa información ya no puede protegerse para evitar que sea divulgada”.

Grusin dijo que recomienda a las familias que midan la importancia de buscar atención médica frente al riesgo de que sus datos sean compartidos con el ICE.

“Queremos dar información sincera y honesta, incluso si eso significa que las personas se vayan a ver obligadas a tomar decisiones muy difíciles”, destacó.

Quienes se hayan inscrito anteriormente en Medicaid o cuya dirección pueda encontrarse fácilmente en internet deben asumir que los funcionarios de inmigración ya conocen esos datos, agregó.

Medicaid de Emergencia

La cobertura de Medicaid de Emergencia se estableció a mediados de la década de 1980, cuando una ley federal comenzó a exigir que los hospitales atendieran y estabilizaran a cualquier persona que llegara con una condición que pusiera en riesgo su vida.

En 2023, el gasto del gobierno federal en Medicaid de Emergencia fue de casi $4.000 millones, lo que representa aproximadamente federal en Medicaid.

Los estados envían informes mensuales al gobierno federal con información detallada sobre quiénes se inscriben en Medicaid y qué servicios reciben.

El fallo judicial de diciembre limitó lo que los CMS pueden compartir con el ICE a datos básicos, incluyendo direcciones, de los afiliados a Medicaid en los 22 estados que llevaron a la Justicia el acuerdo de intercambio de datos. El ICE no tiene permitido acceder a información sobre los servicios médicos que reciben las personas, según la orden del juez.

El juez también prohibió a la agencia compartir los datos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con residencia legal en esos estados.

En los otros 28 estados, los funcionarios de deportación tienen acceso a la información personal de los inscritos en Medicaid.

La agencia federal de salud no ha aclarado cómo garantiza que la información sobre ciudadanos y residentes legales de ciertos estados no sea compartida con el ICE. Pero expertos en Medicaid dicen que sería casi imposible separar esos datos, lo que genera dudas sobre si el gobierno de Trump está cumpliendo con la orden judicial.

Los esfuerzos de la administración Trump por deportar a inmigrantes que viven en el país sin autorización han afectado a familias inmigrantes que buscan atención de salud.

Cerca de un tercio de los adultos nacidos fuera de los Estados Unidos dijeron haber evitado o pospuesto atención médica en el último año, según una encuesta de publicada en noviembre. (KFF es una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud, que incluye a ���ϳԹ��� News).

Bethany Pray, directora legal y de políticas del Colorado Center on Law and Policy, advirtió que el hecho de compartir datos de Medicaid con funcionarios de deportación obligará a muchas familias a tomar decisiones aún más difíciles.

“Esto es muy preocupante”, opinó Pray. “La gente no debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y preguntarse si eso significa correr el riesgo de enfrentar la deportación”.

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Una semana antes, agentes de inmigración apresaron a Julio César Peña delante de su casa en Glendale, California, y se lo llevaron. Ahora estaba en un hospital, después de haber sufrido un mini derrame cerebral. Le dijo a Romero que lo tenían esposado a la cama, de una mano y un pie, y que había agentes en la habitación escuchando la llamada. Tenía miedo de morir y quería que su esposa estuviera con él.

“¿En qué hospital estás?”, le preguntó Romero.

“No te puedo decir”, respondió él.

Viridiana Chabolla, abogada de Peña, tampoco pudo obtener una respuesta. El oficial de deportación asignado al caso y la empresa médica contratada en el Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto se negaron a decirle dónde estaba internado. Frustrada, intentó llamar a un hospital cercano, el Providence St. Mary Medical Center.

“Me dijeron que aunque tuvieran bajo su cuidado a una persona detenida por el ICE, no podrían confirmar si estaba allí o no, que solo el ICE puede darme esa información”, contó Chabolla. El hospital confirmó esa política a ���ϳԹ��� News.

Familiares y abogados de personas internadas tras ser detenidas por autoridades federales de inmigración dijeron que enfrentan grandes obstáculos para localizar a los pacientes, saber cómo están de salud y brindarles apoyo legal y emocional.

Aseguran que muchos hospitales se niegan a dar información o permitir el contacto con las personas detenidas. En cambio, dejan que los agentes de inmigración decidan cuánto contacto se permite, si es que se permite alguno. Esto, según los abogados, les arrebata a los pacientes su derecho constitucional a recibir asesoría legal, y los deja vulnerables a abusos.

Los hospitales dicen que buscan proteger la seguridad y privacidad de los pacientes, el personal y las autoridades, aunque empleados de centros de salud en , y —ciudades donde el ICE ha realizado redadas— afirman que eso les ha dificultado su trabajo.

Algunos hospitales aplican lo que llaman “procedimientos de apagón” o blackout —a veces llamado “código negro”— que pueden incluir registrar al paciente con un seudónimo, eliminar su nombre del directorio del hospital o prohibir al personal confirmar si la persona está hospitalizada.

“Sabemos de varios casos en los que se usó este procedimiento de apagón en hospitales del estado, y es muy preocupante”, dijo Shiu-Ming Cheer, subdirectora de justicia migratoria y racial en el California Immigrant Policy Center, una organización de defensa de los inmigrantes.

Estados gobernados por demócratas, como California, Colorado y Maryland, han aprobado leyes para proteger a pacientes de operativos de inmigración dentro de hospitales. Sin embargo, esas leyes no cubren a quienes ya están bajo custodia del ICE.

Más detenidos hospitalizados

Peña es una de las por autoridades migratorias desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

A medida que aumentan los arrestos y detenciones, también lo hacen los reportes de personas trasladadas a hospitales por agentes de inmigración debido a enfermedades o lesiones, ya sea por condiciones preexistentes o derivadas del arresto o la detención.

El ICE ha recibido por utilizar tácticas y , y por y en sus centros de detención. El senador Adam Schiff, demócrata de California, dijo el 20 de enero, en una conferencia de prensa, frente a un centro de detención en California City, que habló con una mujer con diabetes detenida allí que .

No hay estadísticas públicas sobre cuántas personas enferman o se lesionan bajo custodia del ICE, pero comunicados de prensa de la agencia indican que murieron bajo custodia migratoria en 2025.

En lo que va del año, han muerto seis más.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no respondió a solicitudes de información sobre sus políticas ni sobre el caso de Peña.

Según las propias , las personas bajo su custodia deben tener acceso a un teléfono, visitas de familiares y amigos, y consultas privadas con sus abogados.

La agencia puede tomar decisiones administrativas, incluyendo el tema de las visitas,  cuando un detenido está hospitalizado; pero, según las directrices, debe respetar las políticas del hospital para contactar a familiares si la persona está gravemente enferma.

Consultado sobre las prácticas hospitalarias con personas bajo custodia migratoria, y sobre si existen protocolos recomendados, Ben Teicher, vocero de la Asociación Estadounidense de Hospitales, no quiso comentar.

David Simon, vocero de la Asociación de Hospitales de California, expresó que “en algunos casos, a pedido de las autoridades, los hospitales mantienen la confidencialidad de los nombres de los pacientes y otra información que los identifique”.

Aunque las políticas varían, por lo general cualquier persona puede llamar a un hospital y preguntar por un paciente dando su nombre, y con frecuencia se le transfiere la llamada a la habitación, dijo William Weber, médico de emergencias en Minneapolis y director médico de Medical Justice Alliance, una organización que defiende los derechos médicos de personas bajo custodia.

Los familiares y personas autorizadas por el paciente pueden visitarlo. El personal médico también suele llamar a los familiares para informarles que alguien está hospitalizado o para pedir información que ayude en su atención.

Pero cuando se trata de personas bajo custodia de autoridades, los hospitales frecuentemente acceden a restringir el acceso y dar información, señaló Weber.

El argumento es que estas medidas evitan que personas no autorizadas amenacen al paciente o al personal, ya que los hospitales no tienen la infraestructura de seguridad de una cárcel. Algunos pacientes famosos también solicitan este tipo de medidas.

Abogados y trabajadores de salud cuestionan que esas restricciones sean realmente necesarias. La detención migratoria es una detención civil, no criminal. Aunque el gobierno de Trump afirma que su prioridad es , la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales, según datos del centro y varios medios de comunicación.

Detenido delante de su casa

Según su esposa, Peña no tiene antecedentes penales. Llegó a Estados Unidos desde México cuando cursaba sexto grado, y tiene un hijo adulto en el ejército estadounidense. Tiene 43 años, padece enfermedad renal terminal y sobrevivió a un infarto en noviembre. Camina con dificultad y tiene pérdida parcial de la vista, explicó Romero. Fue detenido el 8 de diciembre, mientras descansaba en el exterior de su casa tras un tratamiento de diálisis.

Al principio, Romero logró ubicar a su esposo con el . Lo visitó en un lugar de detención temporal en el centro de Los Ángeles, donde le llevó sus medicinas y un suéter. Luego vio que lo trasladaron al centro de detención en Adelanto. Pero después de que fue hospitalizado, ya no apareció en la base de datos.

Cuando ella y otros familiares fueron al centro de detención para preguntar por él, les negaron el acceso. Romero recibía llamadas ocasionales de su esposo desde el hospital, pero duraban menos de 10 minutos y estaban monitoreadas por el ICE. Ella quería saber en qué hospital estaba para poder estar con él, tomarle la mano, asegurarse de que lo atendieran bien y darle ánimos.

Dijo que mantenerlo esposado y sin ver a su familia era injusto e innecesario.
“Está débil”, dijo Romero. “No existe riesgo de que pueda escaparse”.

indican que debe permitirse el contacto y las visitas de familiares “dentro de las limitaciones de seguridad y operativas”. Las personas detenidas tienen derecho constitucional a hablar en privado con su abogado. Weber explicó que las autoridades migratorias deben informar a los abogados dónde están sus clientes y permitirles hablar con ellos en persona o mediante una línea telefónica sin vigilancia.

Sin embargo, los hospitales están en una zona gris respecto a cómo hacer cumplir estos derechos, ya que su enfoque principal es la atención médica, dijo Weber. Aun así, agregó, deben asegurarse de que sus políticas estén alineadas con la ley.

Familia sin acceso

Varios abogados de inmigración han pasado semanas intentando localizar a clientes detenidos por el ICE, y en ocasiones sus esfuerzos han sido frustrados por los hospitales.

Nicolas Thompson-Lleras, abogado de Los Ángeles  que representa a personas en proceso de deportación, contó que, el año pasado, dos de sus clientes fueron registrados con nombres falsos en distintos hospitales del condado de Los Ángeles. Inicialmente, los hospitales negaron que los pacientes estuvieran ahí y no permitieron que el abogado los viera. También se les negó el acceso a los familiares.

Uno de esos clientes fue , trabajador de un negocio de lavado de autos, que resultó herido durante una redada en agosto. Agentes migratorios lo vigilaron por más de un mes en el hospital Harbor-UCLA, un centro público, sin presentar cargos.

En noviembre, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó a favor de el uso de políticas de apagón en hospitales públicos para pacientes bajo custodia civil de inmigración. En un comunicado, Arun Patel, director de seguridad del paciente y gestión de riesgos clínicos del Departamento de Servicios de Salud del condado, dijo que estas políticas buscan reducir riesgos para pacientes, médicos, enfermeros y agentes.

“En algunos casos, puede haber preocupaciones sobre amenazas al paciente, intentos de interferir con la atención médica, visitantes no autorizados o el ingreso de objetos prohibidos”, dijo Patel. “Nuestro objetivo no es restringir la atención, sino permitir que se brinde de forma segura y sin interrupciones”.

Pacientes más vulnerables

Thompson-Lleras expresó preocupación de que los hospitales estén colaborando con autoridades migratorias a costa de los pacientes y sus familias, lo que los deja vulnerables a abusos.

“Permite que las personas reciban atención deficiente”, dijo. “Permite que los traten de forma acelerada, sin supervisión, sin intervención familiar y sin defensa alguna. Estas personas están solas, desorientadas, siendo interrogadas —al menos en el caso de Bayron— bajo dolor y efectos de medicamentos”.

Estas situaciones también alarman al personal de salud. En Los Ángeles, dos trabajadores de hospitales —que pidieron no ser identificados por temor a sufrir represalias— dijeron a ���ϳԹ��� News que el ICE y administradores de hospitales públicos y privados bloquean con frecuencia el contacto entre el personal médico y los familiares de personas detenidas, incluso para obtener información médica necesaria. Eso, afirmaron, va contra la ética médica.

Los procedimientos de apagón son otra preocupación.

“Facilitan, aunque no sea intencionalmente, la desaparición de pacientes”, dijo una de las personas, médica en el Departamento de Servicios de Salud del condado y parte de una coalición de trabajadores preocupados en la región.

En el Legacy Emanuel Medical Center, en Portland, enfermeras expresaron públicamente su indignación por lo que vieron como cooperación con el ICE y violaciones de los derechos de los pacientes. La red Legacy Health envió una al sindicato de enfermeras para que frenara esto, acusándolo de hacer declaraciones falsas o engañosas.

“Me dio asco”, dijo Blaire Glennon, una enfermera que renunció en diciembre. Afirmó que muchos pacientes fueron llevados por el ICE al hospital con lesiones graves sufridas durante la detención. “Sentí que Legacy estaba cometiendo enormes violaciones a los derechos humanos”.

Esposado estando inconsciente

Dos días antes de Navidad, Chabolla, la abogada de Peña, recibió una llamada de ICE con la información que ella y Romero llevaban semanas esperando. Peña estaba en el hospital Victor Valley Global Medical Center, a unas 10 millas de Adelanto, y estaba a punto de ser dado de alta.

Emocionados, Romero y su familia manejaron más de dos horas desde Glendale hasta el hospital para recogerlo.

Pero al llegar, encontraron a Peña intubado e inconsciente, todavía esposado de un brazo y una pierna a la cama. Había tenido una fuerte convulsión el 20 de diciembre, pero nadie informó a su familia ni a su abogada, dijo Chabolla.

Tim Lineberger, vocero del grupo KPC Health —propietario del hospital—, dijo que no podía comentar sobre casos específicos por razones de privacidad. Afirmó que las políticas del hospital sobre divulgación de información cumplen con las leyes estatales y federales.

Peña fue dado de alta finalmente el 5 de enero. Aún no tiene fecha de audiencia y su familia presentó una petición para modificar su estatus migratorio en función del servicio militar de su hijo. Por ahora, sigue en proceso de deportación.

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El gobierno de Trump, que ha prometido “transparencia radical”, afirmó en un documento de que planea publicar el “resumen de proyectos” de los estados que obtengan fondos. Siguiendo el ejemplo de los reguladores federales, muchos estados ocultan sus solicitudes completas, y algunos se han negado a revelar cualquier detalle.

“Seamos claros”, dijo Alan Morgan, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Salud Rural (NRHA, por sus siglas en inglés). “Los directores de hospitales, los administradores de clínicas, los líderes comunitarios: todos van a querer saber qué están haciendo sus estados”.

Entre los miembros de la NRHA se incluyen hospitales y clínicas rurales con dificultades económicas, a los que prometieron beneficiar con el Programa de Transformación de la Salud Rural del gobierno de Trump.

Morgan señaló que sus miembros están interesados en saber qué proponen los estados, qué ideas son aprobadas o rechazadas y cuáles son sus justificaciones presupuestarias, que explican cómo podría gastarse el dinero.

Mejorar la atención médica rural es una “tarea increíblemente complicada y difícil”, afirmó Morgan.

El Programa de Transformación de la Salud Rural, con una duración de cinco años, fue aprobado por el Congreso en una ley —la llamada One Big Beautiful Bill Act— que también reduce drásticamente el gasto de Medicaid, del cual dependen en gran medida los proveedores de salud en zonas rurales. Este programa está siendo observado con atención porque representa una inyección muy necesaria de fondos, aunque con la condición impuesta por el gobierno de Trump de que el dinero se utilice en ideas transformadoras y no simplemente para mantener a flote a hospitales rurales en crisis.

La ley indica que la mitad de los $50.000 millones se dividirá en partes iguales entre todos los estados con una solicitud aprobada. El resto se distribuirá en base a un sistema de puntos. , $12.500 millones se asignarán en función del nivel de “ruralidad” de cada estado. Los otros $12.500 millones se otorgarán a estados que obtengan en iniciativas y políticas alineadas, en parte, con los objetivos del gobierno de Trump bajo el lema “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” ().

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha prometido en repetidas ocasiones abrir el gobierno al pueblo estadounidense. Su agencia tiene una dedicada a la “transparencia radical”.

“Estamos trabajando para que este sea el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) más transparente en sus 70 años de historia”, en un testimonio escrito al Congreso en septiembre.

Lawrence Gostin, profesor de derecho en salud pública en la Universidad Georgetown, dijo que el HHS está actuando “de manera totalmente opaca” y que el público tiene derecho a exigir “mayor apertura y claridad”. Sin transparencia, agregó, la población no puede evaluar las responsabilidades de esa agencia.

Catherine Howden, vocera de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo que la agencia seguirá las regulaciones federales que rigen los al publicar información sobre el programa de salud rural.

Las solicitudes de subvención “no se hacen públicas durante el proceso de evaluación por méritos”, dijo Howden, y agregó: “El propósito de esta política es proteger la integridad de las evaluaciones, la confidencialidad de los solicitantes y la naturaleza competitiva del proceso”.

Demócratas y algunos defensores de la atención de salud temen que las decisiones sobre la distribución del dinero tengan motivaciones políticas.

“Me preocupan las represalias políticas”, dijo la representante Nikki Budzinski, demócrata de Illinois. Como los demócratas controlan la política de nuestro estado, “nuestra solicitud podría no ser tomada tan en serio como la de otros estados liderados por republicanos”, agregó.

En noviembre, los legisladores demócratas de Illinois en la Cámara de Representantes enviaron al administrador de los CMS, Mehmet Oz, solicitando una “evaluación justa e integral” de la solicitud estatal. Las autoridades de Illinois aún no han comunicado su propuesta a ���ϳԹ��� News, que presentó una solicitud de registros públicos.

Heather Howard, profesora en la Universidad de Princeton, dijo que le “sorprende gratamente la transparencia de muchos estados”.

Howard dirige el programa State Health and Value Strategies de la universidad, que el fondo de salud rural, y elogió a la mayoría de los estados por publicar sus resúmenes del proyecto.

“Esto demuestra el enorme interés que despierta el programa”, dijo Howard.

Su equipo, que revisó cerca de dos docenas de resúmenes estatales, identificó temas comunes como la expansión de servicios móviles y a domicilio, mayor uso de tecnología, y desarrollo de la fuerza laboral con becas, bonos por contratación y ayuda para cuidado infantil en puestos de alta demanda.

“Creo que es emocionante”, dijo Howard. “Considero muy valioso lo que podemos aprender de estas propuestas”.

Howard señaló que las solicitudes de Georgia y Alabama incluían el uso de telerrobótica: una propuesta para utilizar robots para realizar ecografías remotas.

Otro tema que “me entusiasma”, dijo, es el esfuerzo de los estados por crear grupos o comités asesores, como en Idaho, donde se espera que los grupos de trabajo se enfoquen en tecnología, desarrollo de fuerza laboral, colaboración con comunidades indígenas, y salud mental y conductual.

Los 50 estados presentaron sus solicitudes a los reguladores federales antes de la fecha límite del 5 de noviembre, y las resoluciones se anunciarán antes de que termine el año, según los CMS.

Hasta finales de noviembre, casi 40 estados habían hecho público su resumen del proyecto, que es la parte principal de la solicitud donde se describen las iniciativas propuestas, según un seguimiento de ���ϳԹ��� News. Más de una docena de estados también publicaron sus presupuestos.

Un pequeño grupo de estados —Idaho, Iowa, Kansas, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Wyoming— publicó todos los componentes de la solicitud.

���ϳԹ��� News presentó solicitudes de registros públicos para obtener las peticiones completas de los estados. Algunos se negaron a entregar cualquier parte de sus materiales.

Nebraska, por ejemplo, rechazó la solicitud argumentando que su contenido es “información comercial o propietaria” que “podría beneficiar a competidores comerciales”.

Kentucky compartió el resumen de su solicitud, pero indicó que el resto es un “borrador preliminar” no sujeto a divulgación bajo las leyes estatales.

Erika Engle, vocera del gobernador de Hawaii, Josh Green, dijo que el gobernador “está comprometido con la transparencia”, pero se negó a compartir la propuesta del estado.

Hawaii y otros estados aún están procesando solicitudes formales de registros públicos.

Este programa de salud rural forma parte de la ley aprobada en julio que se prevé que reducirá el gasto federal de Medicaid en zonas rurales en durante los próximos 10 años.

Se espera que estos recortes afecten las finanzas de centros rurales, poniendo en riesgo su capacidad para seguir operando. Un informe reciente de Commonwealth Fund reveló que muchas áreas rurales siguen a atención primaria. Pero las normas del programa de salud rural indican que solo el 15% de los nuevos fondos puede utilizarse para pagar atención directa a los pacientes.

Entre los recortes a Medicaid y la nueva inversión del programa, “hay una verdadera oportunidad para que las políticas nacionales tengan un impacto en las zonas rurales, tanto de forma negativa como positiva”, señaló Celli Horstman, investigadora principal de la fundación en Nueva York y coautora del informe.

Entre las propuestas disponibles al público, los estados con gobiernos demócratas muestran disposición para apoyar algunos de los objetivos del gobierno, aunque también rechazan otros, lo cual podría restarles puntos.

Por ejemplo, Nuevo México indicó que presentará una ley para que los estudiantes tomen la Prueba Presidencial de Aptitud Física (Presidential Fitness Test) y que los médicos realicen cursos de educación continua sobre nutrición. Pero no impedirá que las personas usen sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar productos “no nutritivos” como sodas o dulces.

Muchos estados planean invertir en tecnología, como telesalud, ciberseguridad y equipos para monitoreo remoto de pacientes. Otros temas incluyen mejorar el acceso a alimentos saludables, fortalecer los servicios de emergencia, prevenir y tratar enfermedades crónicas, y recurrir a trabajadores comunitarios de salud y paramédicos para visitas domiciliarias.

Algunas propuestas específicas incluyen:

• Arkansas quiere gastar $5 millones en su programa “FAITH” —Acceso, Transporte y Salud Basados en la Fe— para que instituciones religiosas rurales organicen eventos de educación y pruebas preventivas. También se instalarían circuitos para caminar y equipos de ejercicio en las congregaciones.
• Alaska, que históricamente ha usado trineos de perros para entregar medicamentos en zonas remotas, quiere probar el uso de “sistemas aéreos no tripulados” para agilizar la entrega de medicinas.
• Tennessee quiere aumentar el acceso a actividades saludables con inversiones en parques, senderos y mercados agrícolas.
• Maryland propone abrir mercados móviles e instalar refrigeradores y congeladores para facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables que suelen dañarse en zonas rurales con pocos supermercados.

El senador estatal Stephen Meredith, un republicano que representa una parte del oeste de Kentucky, dijo que espera que los hospitales rurales sigan cerrando, pese al programa estatal.

“Creo que estamos tratando los síntomas sin curar la enfermedad”, señaló después de escuchar una .

Morgan, cuya organización representa a hospitales rurales que probablemente cerrarán, dijo que las ideas del estado pueden sonar bien.

“Uno puede escribir una narrativa que suene maravillosa”, afirmó. “Pero traducir esas metas aspiracionales en un programa funcional, eso es más difícil”.

Los reporteros de ���ϳԹ��� News, Phil Galewitz, Katheryn Houghton, Tony Leys, Jazmin Orozco Rodriguez, Maia Rosenfeld, Bram Sable-Smith y Lauren Sausser contribuyeron con este artículo.

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Durante dos semanas, contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hicieron guardia en el vestíbulo del hospital las 24 horas del día. Se tomaron turnos para vigilar sus movimientos, contó Ming Tanigawa-Lau, la abogada de Solís-Portillo.

Luego, el ICE trasladó a la mujer salvadoreña al Anaheim Global Medical Center, en contra de las indicaciones médicas y sin dar ninguna explicación, según dijo la abogada.

Tanigawa-Lau contó que allí les permitieron a los agentes del ICE quedarse dentro de la habitación de Solís-Portillo todo el tiempo, escuchando conversaciones entre la paciente y el personal médico que deberían haber sido privadas.

Solís-Portillo le dijo a su abogada que los agentes la presionaron para que dijera que estaba lo suficientemente bien como para salir del hospital, advirtiéndole que no podría comunicarse ni con su familia ni con su abogada hasta que aceptara irse.

“Me lo describió como una situación en la que sentía que la estaban torturando”, enfatizó Tanigawa-Lau.

Expertos legales explican que los agentes del ICE pueden estar en áreas públicas de un hospital, como el vestíbulo, y pueden acompañar a pacientes que ya están detenidos mientras reciben atención médica, lo que refleja el alcance de la autoridad federal.

Sin embargo, los pacientes detenidos tienen derechos y pueden tratar de defenderse por sí mismos o buscar ayuda legal.

Este año, California destinó para financiar servicios legales para inmigrantes, y algunas jurisdicciones locales —incluidos el condado de , y — también han asignado fondos para iniciativas de ayuda legal. El Departamento de Servicios Sociales de California enumera algunas que han recibido estos fondos.

, abogada supervisora y profesora clínica en la Facultad de Derecho de Georgetown, explicó que los agentes del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, pueden custodiar e incluso mantener esposada a una persona bajo su custodia mientras recibe atención médica.

Pero deben cumplir con las leyes constitucionales y de , sin importar el estatus migratorio del paciente. Según esas normas, los pacientes pueden pedir hablar en privado con los proveedores médicos y tener acceso confidencial a asesoría legal, explicó Genovese.

“ICE debe ubicarse fuera de la habitación o fuera del alcance auditivo durante cualquier conversación entre el paciente y su doctor o proveedor de salud”, dijo Genovese, y agregó que lo mismo aplica a las comunicaciones con abogados. “Eso es lo que se supone que deben hacer”.

Guías de ICE

En cuanto a la comunicación y las visitas, las normas del ICE establecen que los detenidos deben tener y poder recibir visitas de familiares y amigos, “dentro de las limitaciones operativas y de seguridad”. Sin embargo, Genovese dijo que esas pautas no se exigen por ley.

Si los agentes de inmigración arrestan a una persona , deben informarle el motivo de la detención y, por lo general, no pueden retenerla más de 48 horas sin tomar una decisión formal sobre su custodia.

Un juez federal concedió recientemente en un caso en el que un hombre llamado Bayron Rovidio Marín de inmigración en un hospital de Los Ángeles durante 37 días sin que se le presentaran cargos.

En el pasado, si se percibían violaciones por parte de los agentes, se podían reportar a las oficinas locales del ICE, a la sede de la agencia o a organismos de supervisión, explicó Genovese.

Pero este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de las oficinas del ombudsman que investigan denuncias por violaciones a los derechos civiles, argumentando que esas oficinas “obstruían la aplicación de las leyes migratorias al agregar trabas burocráticas”.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de asuntos públicos del DHS, dijo que los agentes arrestaron a Marín por estar en el país ilegalmente y que él mismo admitió su estatus migratorio ante los agentes del ICE. McLaughlin dijo que lo llevaron al hospital luego de que se lastimara una pierna mientras intentaba escapar de los oficiales federales durante una redada.

McLaughlin señaló que los agentes no le impidieron comunicarse con su familia ni usar el teléfono.

“Todos los detenidos tienen acceso a teléfonos que pueden usar para comunicarse con sus familias y abogados”, agregó.

McLaughlin calificó como “activista” a la jueza que emitió la orden de restricción temporal. No respondió a preguntas sobre los recortes de personal en las oficinas del ombudsman.

El DHS también dijo que Solís-Portillo estaba en el país sin autorización. Según el departamento, había sido expulsada de Estados Unidos en dos ocasiones y había sido arrestada por los delitos de uso de identificación falsa, robo y entrada en una vivienda ilegalmente.

“El ICE se toma muy en serio su compromiso de ofrecer entornos seguros, protegidos y humanos para quienes están bajo nuestra custodia”, dijo McLaughlin. “Desde que una persona entra bajo custodia del ICE, es práctica de larga data proveer atención médica integral, lo que incluye acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas”.

Protecciones en California

El Anaheim Global Medical Center no respondió a un pedido de comentarios.

En , Dignity Health, que opera el Glendale Memorial Hospital, afirmó que “legalmente no puede restringir la presencia de personal de seguridad o agentes del orden en áreas públicas, lo que incluye el vestíbulo o las salas de espera del hospital”.

En septiembre, California que prohíbe a los establecimientos médicos permitir la entrada de agentes federales a áreas privadas —incluyendo espacios donde los pacientes reciben atención o discuten temas de salud— si no presentan una orden de cateo o un mandato judicial válido.

Sin embargo, muchas de las noticias más destacadas sobre la presencia de agentes de migración en centros de salud han involucrado a pacientes detenidos que fueron trasladados para recibir atención.

Erika Frank, vicepresidenta de asesoría legal de la California Hospital Association, dijo que los hospitales siempre han recibido personas detenidas que necesitan atención médica por parte de las autoridades, incluidos agentes federales.

Según Jan Emerson-Shea, vocera de la asociación, son las autoridades quienes deciden si un paciente necesita ser vigilado todo el tiempo. Si un agente del orden escucha información médica mientras está presente en el hospital, eso no constituye una violación de la privacidad del paciente, agregó.

“Legalmente, no es diferente de que otro paciente o visitante escuche información sobre alguien en una cama cercana o en una sala de emergencias”, dijo Emerson-Shea en un comunicado.

No respondió si los pacientes pueden exigir privacidad con el personal médico o con sus abogados, y señaló que los hospitales no informan a familiares o amigos sobre la ubicación del paciente detenido, por razones de seguridad.

Sandy Reding, presidenta de la California Nurses Association, visitó las instalaciones de Glendale cuando Solís-Portillo estuvo internada. Contó que tanto enfermeras como pacientes se sintieron intimidados al ver agentes de inmigración con máscaras en el vestíbulo del hospital. Dijo que los vio sentados detrás del escritorio donde se registran los pacientes, desde donde podían escuchar conversaciones sobre información médica privada.

“Los hospitales solían ser un lugar seguro, y ahora ya no lo son”, dijo. “Y parece que el ICE actúa sin restricciones”.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles tiene previsto votar el 18 de noviembre para brindar mayor protección a las personas detenidas en centros de salud administrados por el condado. Estas medidas incluyen limitar la capacidad de los funcionarios de inmigración para ocultar la identidad de los pacientes, permitir que estos den su consentimiento para la divulgación de información a familiares y abogados, e instruir al personal para que exija que los agentes de inmigración abandonen la habitación en determinados momentos para proteger la privacidad de los pacientes. El condado también defenderá a los empleados que intenten hacer cumplir sus políticas.

La abogada de Solís-Portillo, Tanigawa-Lau, dijo que su clienta finalmente decidió regresar voluntariamente a El Salvador en lugar de pelear su caso, porque sentía que no podía recibir la atención médica que necesitaba mientras estuviera bajo la custodia del ICE.

“Aunque el caso de Milagro es realmente terrible, me alegra que ahora haya más conciencia sobre este tema”, afirmó Tanigawa-Lau.

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MU Health Care, donde practican la mayoría de los médicos que utiliza su familia, estaba inmerso en una disputa contractual con Anthem, la aseguradora de salud de Wingler. El contrato vigente estaba a punto de expirar.

Entonces, el 31 de marzo, la mujer recibió un correo electrónico alertándola de que al día siguiente el hospital ya no estaría en la red de Anthem.

La noticia la dejó atónita.

“Sé que negocian contratos todo el tiempo… pero parecía un simple trámite burocrático que no nos afectaría. Nunca antes me habían excluido de la red de una aseguradora de esa manera”, comentó. El momento no pudo ser menos oportuno.

La consulta: Cuando la aseguradora de salud de una madre de Missouri no pudo llegar a un acuerdo con su hospital, la mayoría de sus médicos quedaron repentinamente fuera de la red. Se preguntaba cómo conseguiría que se cubriera la atención médica de sus hijos o cómo encontraría nuevos médicos. “Para una familia de cinco… ¿por dónde empezamos?” — Amber Wingler, 42 años, de Columbia, Missouri

La hija de Wingler, Cora, de 8 años, había estado teniendo problemas intestinales sin razón aparente. Las listas de espera para ver a varios especialistas pediátricos y tener un diagnóstico, desde gastroenterología hasta terapia ocupacional, eran largas: iban de semanas hasta más de un año.

(En un comunicado, el vocero de MU Health Care, Eric Maze, afirmó que el sistema de salud trabaja para garantizar que los niños con las necesidades más urgentes sean atendidos lo antes posible).

De repente, las consultas con los especialistas para Cora estaban fuera de la red de su seguro. A varios cientos de dólares cada una, el costo se habría disparado rápidamente. Los únicos otros especialistas pediátricos dentro de la red que Wingler encontró estaban en St. Louis y Kansas City, ambos a más de 120 millas de distancia.

Así que Wingler pospuso las citas médicas de su hija durante meses mientras intentaba decidir qué hacer.

En todo el país, las disputas contractuales son comunes, con más de 650 hospitales involucrados en conflictos públicos con aseguradoras desde 2021.

Y podrían volverse aún más frecuentes a medida que los hospitales se preparan para recortes de aproximadamente $1.000 millones en el gasto federal en salud, según lo estipulado por la ley insignia del presidente Donald Trump, promulgada en julio.

Los pacientes atrapados en una disputa contractual tienen pocas opciones viables.

“Existe un antiguo proverbio africano que dice: cuando dos elefantes pelean, la hierba se aplasta. Y, lamentablemente, en estas situaciones, a menudo los pacientes son la hierba”, afirmó Caitlin Donovan, directora de la Patient Advocate Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas con dificultades para acceder a la atención médica.

Si te sientes aplastado bajo una disputa contractual entre un hospital y tu aseguradora, esto es lo que necesitas saber para protegerte financieramente:

1. “Fuera de la red” significa que probablemente pagarás más.

Las aseguradoras negocian contratos con hospitales y otros proveedores médicos para establecer las tarifas que pagarán por distintos servicios. Cuando llegan a un acuerdo, el hospital y la mayoría de los proveedores que trabajan allí pasan a formar parte de la red de la aseguradora.

La mayoría de los pacientes prefieren consultar con proveedores “dentro de la red” porque su seguro cubre parte, la mayor parte o incluso la totalidad de la factura, que podría ascender a cientos o miles de dólares. Si consultas con un proveedor fuera de la red, podrías tener que pagar la factura completa.

Si decides seguir con tus médicos habituales aunque estén fuera de la red, puedes consultar sobre la posibilidad de obtener un descuento por pago en efectivo y sobre el programa de asistencia financiera del hospital.

2. Las disputas entre hospitales y aseguradoras suelen resolverse.

, investigador de políticas de salud de la Universidad Brown, examinó 3.714 hospitales no federales en Estados Unidos y halló que, entre junio de 2021 y mayo de 2025, un 18% de ellos tuvo una disputa pública con una compañía de seguros de salud.

Cerca de la mitad de esos hospitales finalmente se retiraron de la red de la aseguradora, según los datos preliminares de Buxbaum. Sin embargo, la mayoría de estas rupturas se resuelven en uno o dos meses, agregó. Por lo tanto, es muy probable que tus médicos vuelvan a formar parte de la red, incluso después de una separación.

3. Podrías calificar para una extensión que te permita reducir costos.

Ciertos pacientes podrían calificar para una extensión de la cobertura dentro de la red, lo que se llama continuidad de la atención.

Puedes pedir esta extensión llamando a tu aseguradora, pero el proceso puede ser largo. Algunos hospitales han habilitado recursos para ayudar a los pacientes a solicitarla.

Wingler pasó por todo ese calvario por su hija: horas al teléfono, llenando formularios y enviando faxes.

Pero dijo que no tenía el tiempo ni la energía para hacerlo para todos los miembros de su familia.

“Mi hijo estaba en fisioterapia”, dijo. “Pero lo siento mucho, hijo, tú sigue con los ejercicios que tienes que hacer. No voy a pelearme para que tú también tengas cobertura, cuando ya estoy peleando por tu hermana”, se dijo.

También es importante tener en cuenta si se trata de una emergencia médica: en la mayoría de los servicios de urgencias, los hospitales de las tarifas de su red.

4. Puede que tengas que esperar para cambiar de aseguradora.

Quizás estés pensando en cambiarte a una aseguradora que cubra a tus médicos favoritos. Pero ten en cuenta que muchas personas que eligen sus planes de salud durante el período anual de inscripción abierta quedan atadas a su plan durante un año. Los contratos entre las aseguradoras y los hospitales no necesariamente coinciden con el año de tu plan.

Ciertos , como casarse, tener un hijo o perder el trabajo, pueden permitirte cambiar de seguro fuera del período anual de inscripción abierta, pero que tus médicos dejen de pertenecer a la red de tu seguro no se considera un acontecimiento de vida que te permita hacerlo.

5. Buscar un nuevo médico puede llevar mucho tiempo.

Si la ruptura entre tu aseguradora y el hospital parece definitiva, podrías considerar buscar una nueva lista de médicos y otros proveedores que estén dentro de la red de tu plan. ¿Por dónde empezar? Tu plan probablemente tenga una herramienta en línea para buscar proveedores dentro de la red cerca de donde vives.

Pero ten en cuenta que cambiar de médico podría significar esperar para establecerte como paciente de uno nuevo y, en algunos casos, tener que ir más lejos.

6. Vale la pena guardar los recibos.

Incluso si tu seguro y el hospital no llegan a un acuerdo antes de que expire su contrato, existe la probabilidad de que lleguen a un nuevo acuerdo.

Algunos pacientes deciden posponer sus citas mientras esperan. Otros mantienen sus citas y pagan de su propio bolsillo. Si es tu caso, guarda los recibos. Cuando las aseguradoras y los hospitales llegan a un acuerdo, este suele aplicarse retroactivamente, por lo que las citas que pagaste de tu bolsillo podrían estar cubiertas después de todo.

Fin de un suplicio

Tres meses después de que expirara el contrato entre la aseguradora de Wingler y el hospital, ambas partes anunciaron un nuevo acuerdo. Wingler se unió a la multitud de pacientes que programaron las citas que habían pospuesto durante la crisis.

En un comunicado, Jim Turner, vocero de Elevance Health, la empresa matriz de Anthem, escribió: “Abordamos las negociaciones enfocados en la equidad, la transparencia y el respeto por todos los afectados”.

Maze, de MU Health Care, dijo: “Comprendemos la importancia del acceso puntual a la atención pediátrica especializada para las familias y lamentamos profundamente la frustración que algunos padres han experimentado al intentar programar citas tras la resolución de las negociaciones de nuestro contrato con Anthem”.

Wingler se alegró de que su familia pudiera volver a ver a sus médicos, pero su alivio se vio atenuado por la determinación de no volver a encontrarse en la misma situación.

“Creo que seremos un poco más precavidos cuando llegue el período de inscripción abierta”, dijo Wingler. “Nunca nos habíamos preocupado por revisar nuestra cobertura de gastos de bolsillo porque no la necesitábamos”.

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