Se trata de una gran preocupación para de trabajadores agrícolas que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, al entrar pronto en vigencia un nuevo requisito laboral para este programa federal y estatal que ofrece atención de salud a personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A partir del próximo año en la mayoría de los estados, muchos adultos inscritos en Medicaid tendrán que demostrar que trabajan, estudian en una universidad o programa vocacional, hacen voluntariado o realizan trabajo no remunerado durante al menos 80 horas al mes.

Defensores de los trabajadores dicen que esto podría representar un desafío importante para los trabajadores agrícolas que ya tienen Medicaid o son elegibles para el programa.

Muchos trabajan más de 80 horas al mes durante la temporada de cosecha, pero menos en otros meses. Además, fuera de estos meses, suelen tomar trabajos informales en construcción, jardinería o haciendo reparaciones en casas, por los que no reciben pagos en blanco que puedan demostrar su elegibilidad continua para Medicaid. (Aunque pueden establecerla si prueban que su ingreso mensual promedio durante seis meses equivale a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal).

“Tener un requisito laboral —tener que generar más papeleo y más pruebas— sin duda es extremadamente difícil para los trabajadores agrícolas y otras personas de bajos ingresos, especialmente quienes tienen empleos de temporada, no durante todo el año, y pasan por períodos” en los que no hay trabajo disponible, dijo , vicepresidenta de estrategia y programas de .

Nuevos requisitos, más obstáculos

La agricultura es una industria de , y Estados Unidos depende de unos agrícolas para llevar alimentos a la mesa. Casi el 60% de esos trabajadores son ciudadanos estadounidenses o tienen tarjeta de residencia (green card), según el . El 40% restante no tiene estatus legal o no es elegible para Medicaid por otras razones.

Incluso entre los trabajadores agrícolas con ciudadanía o estatus legal, la tasa de personas sin seguro médico es tres veces mayor que la de la población general. La mayoría de quienes sí tienen seguro son beneficiarios de Medicaid, aunque las tasas de participación varían según el estado. Según , entre el 71% y el 79% de los hogares agrícolas elegibles reportan tener Medicaid.

El nuevo requisito laboral de Medicaid fue una disposición clave de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump. Bajo esta ley federal, y el Distrito de Columbia deben implementar el requisito antes del 1 de enero. Algunos estados ya han tomado medidas para .

La regla de 80 horas se aplica en los estados que expandieron Medicaid, un proceso que comenzó en 2014 y estuvo vinculado a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare). Después de las primeras expansiones, los trabajadores agrícolas con documentación legal tuvieron un de tener seguro médico, según un análisis publicado en 2021 en el American Journal of Agricultural Economics.

Ansiedades migratorias

El requisito laboral es el obstáculo más reciente en una larga lista de barreras entre los trabajadores y la atención médica a la que tienen derecho legalmente, dijo Guild. “Medicaid sin duda ayuda porque reduce el problema del costo”, explicó. “Pero todavía hay otras barreras, como el transporte, pedir licencia por enfermedad y encontrar tiempo para ir a un centro de salud. Todos estos factores pueden impedir que realmente reciban atención médica”.

Para trabajadores agrícolas con tarjeta de residencia y ciudadanos estadounidenses naturalizados, existe otra fuente de estrés: el temor de que inscribirse en Medicaid pueda poner información personal en manos de autoridades migratorias.

Eso preocupa a Luis, de 45 años, quien tiene tarjeta de residencia, es beneficiario de Medicaid y sueña con convertirse en ciudadano estadounidense. Luis —quien pidió ser identificado solo por su segundo nombre— vive con su esposa y su hija en Carolina del Norte, donde ha trabajado en la agricultura durante casi una década.

Hablando en español, dijo que cuando se enteró del requisito laboral supo que sería difícil demostrar que trabaja 80 horas al mes.

“Solo trabajo en el campo durante seis o siete meses; el resto del año trabajo en lo que pueda encontrar”, contó.

Los republicanos en el Congreso sostienen que los requisitos de trabajo reducirán el gasto federal en atención médica, animarán a los adultos sin discapacidades a incorporarse a la fuerza laboral y preservarán los recursos de la red de seguridad social para las poblaciones más vulnerables.

Entre los adultos hispanos inscritos en Medicaid, el 67% ya trabaja, según un informe de KFF de 2025.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo. Pero en junio, cuando los CMS su “marco nacional” para implementar el nuevo requisito laboral de Medicaid, su administrador, el doctor Mehmet Oz, dijo que ayudaría a los beneficiarios a “desarrollar habilidades e independencia mediante el trabajo, la educación, la capacitación laboral o el servicio comunitario, creando nuevas oportunidades para ellos y sus familias”.

Funcionarios federales afirman que el nuevo requisito sacaría de la pobreza a “hasta 2.9 millones de personas”.

Enfermedades crónicas

El trabajo agrícola es una de las ocupaciones y está asociado con y , incluidas afecciones respiratorias. Una realizada en California en 2021-22 encontró que el 37% de los trabajadores agrícolas hombres y el 47% de las trabajadoras agrícolas mujeres del estado tenían al menos una afección crónica de salud.

Defensores dicen que el nuevo requisito laboral es una barrera más para quienes buscan atención médica.

“La gente se salta chequeos y pruebas de detección, y afecciones que podrían detectarse temprano y tratarse de manera rentable” no se atienden, dijo , directora ejecutiva de .

Las salas de emergencia a menudo se convierten en el lugar “natural” para buscar atención médica, agregó Cadena. “Esto aumenta los tiempos de espera y los costos para todos nosotros. Y cuando las personas están tan enfermas que faltan al trabajo, comienza un círculo vicioso de pérdida de productividad e inestabilidad económica familiar que, de nuevo, nos amenaza a todos”.

Pérdida para familias y niños

Las nuevas reglas federales también exigen que los beneficiarios verifiquen su elegibilidad al menos dos veces al año, el doble de veces que antes, lo que crea otro posible obstáculo.

“Las cartas pueden perderse fácilmente y los formularios pueden quedar sin completar. Si las personas se enredan en el papeleo, podrían perder la cobertura”, dijo , vicepresidenta asistente de , una organización sin fines de lucro que promueve un sistema de salud equitativo.

Para trabajadores agrícolas que viajan de un estado a otro, el proceso puede ser un laberinto sin salida.

“Tienes que encontrar el tiempo para transferir tu cobertura y probablemente encontrar a una persona u organización que pueda ayudarte, y eso puede ser muy difícil cuando te estás mudando constantemente”, dijo Cadena.

La situación pone de relieve lo difícil que puede ser navegar un sistema complejo para personas y familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“El resultado podría ser la pérdida de cobertura no solo para los trabajadores, sino también para sus familias y sus hijos”, expresó Cadena.

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Ahora, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton presentan a los votantes dos visiones claramente opuestas en la carrera por la gobernación, en un momento en que el respaldo público a la amplia red de protección social de California comienza a debilitarse.

Ambos candidatos presentan el tema como una cuestión económica.

Becerra, ex secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden, sostiene que más pobres de la atención médica preventiva y obligarlos a recurrir a costosas .

Hilton, comentarista conservador respaldado por el presidente Donald Trump, ha prometido eliminar esa cobertura y ha retomado los argumentos de los republicanos a nivel nacional, quienes afirman que la expansión del programa en California dentro de Medicaid.

Con votantes de todo el país preocupados por la inflación y el aumento del costo de vida, algunos californianos parecen menos dispuestos a respaldar una cobertura médica integral para personas sin estatus migratorio legal. Lo que decida hacer el estado podría tener profundas consecuencias para su sistema de salud y para una de las economías más grandes del mundo.

Durante la última década, los legisladores de California utilizaron recursos estatales para ampliar Medi-Cal y ofrecer cobertura médica integral a todos los residentes de bajos ingresos, independientemente de su situación migratoria.

Pero tanto la inscripción como los costos superaron ampliamente las proyecciones iniciales.

Según la Oficina del Analista Legislativo de California, la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal cuesta actualmente alrededor de , más del doble de lo estimado originalmente.

El gobernador demócrata Gavin Newsom y la Legislatura estatal, que , aprobaron recientemente importantes recortes para este grupo de beneficiarios al concluir que California ya no puede sostener el aumento del gasto en salud, especialmente tras los importantes recortes federales incluidos en la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act.

La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California estima que hasta 3.4 millones de afiliados a Medi-Cal y que el estado dejaría de recibir más de $30 mil millones anuales en fondos federales, lo que provocaría graves alteraciones en la red pública de atención médica.

El presupuesto de Medi-Cal para el año fiscal 2026-2027 asciende a $217 mil millones y el programa atiende a más de 14 millones de californianos.

Mientras tanto, muchos ciudadanos estadounidenses y residentes legales han visto aumentar considerablemente el costo de sus primas de seguro médico este año tras el vencimiento de subsidios federales ampliados.

Cuando California enfrentó un déficit presupuestario el año pasado, una mayoría de los votantes probables expresó, por primera vez en casi una década, su oposición a proporcionar seguro médico a inmigrantes sin estatus legal, del Public Policy Institute of California (PPIC).

“El estado enfrenta grandes desafíos y la atención médica representa uno de los gastos más importantes”, dijo Mark Baldassare, director de encuestas del PPIC. “La gente se ha vuelto más selectiva respecto a cómo quiere que se gasten esos recursos limitados”.

Hilton, cuya campaña se centra en reducir el costo de vida y los impuestos, ha aprovechado ese sentimiento, presentando la cobertura médica para inmigrantes sin documentos como una política que la capacidad del estado para atender a sus propios ciudadanos.

“Dejen de quitarles dinero a los contribuyentes californianos, que apenas pueden pagar su propia atención médica, para ofrecer atención gratuita a ciudadanos de otros países que ni siquiera deberían estar aquí”, dijo Hilton en la mañana de las elecciones primarias del 2 de junio.

Durante la campaña, utilizar los ahorros derivados de eliminar esa cobertura para del resto de los californianos, aunque no ha explicado cómo lo haría.

Hilton no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por ºÚÁϳԹÏÍø News.

“Su mensaje es muy simple: nosotros contra ellos”, afirmó Roger Salazar, consultor político demócrata que representa a una coalición de organizaciones defensoras de la cobertura médica para personas de bajos ingresos.

Esas organizaciones sostienen que brindar acceso a la atención médica fortalece la fuerza laboral y, por lo tanto, beneficia a toda la economía.

“La cuestión consiste en convencer al votante promedio de que, desde el punto de vista económico, es una mejor inversión”, señaló Salazar.

Hijo de inmigrantes, Becerra ha promovido durante décadas la . Como candidato a gobernador mantiene el mismo argumento.

No respondió a las solicitudes de entrevista de ºÚÁϳԹÏÍø News.

“Los inmigrantes, tengan o no documentos, trabajan duro. Pagan impuestos y, a veces, sufren accidentes laborales o sus hijos se enferman”, durante un debate celebrado el mes pasado.

“Sería una insensatez decirle a una familia que no puede acudir al pediatra o al médico de atención primaria”.

Becerra, quien podría convertirse en el primer gobernador latino elegido por voto popular en California, la decisión de Newsom y los líderes legislativos de de adultos sin estatus legal en Medi-Cal, reducir beneficios e imponer primas mensuales.

“Dejemos de tratar la cobertura médica como una variable presupuestaria que se expande cuando hay bonanza económica y se contrae cuando disminuyen los ingresos”, escribió Becerra el mes pasado en del Orange County Register.

También buscar nuevas fuentes permanentes de ingresos para financiar servicios básicos, incluyendo aumentos de impuestos a las corporaciones y a los residentes con mayores ingresos.

En 2023 vivían en California aproximadamente 2.3 millones de personas sin estatus migratorio legal, equivalentes a de la fuerza laboral estatal, según el

Además, vive en una familia donde al menos uno de sus integrantes carece de estatus migratorio legal, de acuerdo con el Departamento de Educación de California.

Economistas especializados en salud sostienen que ofrecer acceso a atención preventiva reduce los costos públicos, a largo plazo, al mantener y disminuir la presión sobre un sistema de salud ya sobrecargado.

Según Baldassare, ese argumento resultaba mucho más convincente durante la pandemia de covid-19, cuando los inmigrantes eran considerados y el vínculo entre la salud individual y la salud pública era .

Sin embargo, los costos de Medi-Cal para cubrir a aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes , según las estimaciones más recientes del Departamento de Servicios de Atención Médica de California.

Dado que solo algunos inmigrantes con presencia legal califican para Medicaid federal, los —como California— deben financiar completamente esos beneficios con recursos estatales.

Los expertos presupuestarios del estado que mantener la cobertura integral para inmigrantes sin obtener nuevas fuentes de ingresos podría poner en riesgo la estabilidad fiscal de California a largo plazo.

Durante una audiencia legislativa el año pasado, el legislador estatal republicano Carl DeMaio cuestionó si los contribuyentes considerarían prioritaria esa expansión.

“Dudo que la atención médica para inmigrantes indocumentados, financiada con el fondo general, ocupe los primeros lugares de sus prioridades”, dijo.

Después de que la Legislatura aprobara los recortes al programa, el apoyo ciudadano a esa cobertura disminuyó aún más, señaló Baldassare.

Actualmente, Newsom y los legisladores .

David Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de UCLA, ha dedicado su carrera a estudiar la contribución económica de los latinos y los inmigrantes.

Según explicó, las personas sin estatus migratorio legal presentan y suelen trabajar en sectores que no ofrecen .

Como consecuencia, muchos dependen de Medi-Cal y el estado termina asumiendo esos costos en lugar de las empresas.

“California tiene el cuarto producto interno bruto (PIB) más grande del mundo, y eso es posible gracias a los latinos”, afirmó Hayes-Bautista.

“Sin la contribución económica de los latinos —muchos de ellos sin estatus legal— California descendería al octavo lugar, con una economía .”

Las organizaciones defensoras de los inmigrantes esperan que, si llega a la gobernación, Becerra sea un aliado más firme en la defensa de la cobertura médica.

Es considerado el favorito en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos por casi dos a uno.

“Él luchará, responderá y hará todo lo que esté a su alcance”, dijo la senadora estatal María Elena Durazo, exdirigente sindical y una de las principales impulsoras de la expansión de la atención médica para inmigrantes.

“Eso es lo máximo que podemos esperar.”

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Alpizar’s daughter quickly got better, but her son didn’t. José had a fever and diarrhea and was throwing up. When the shelter nurses couldn’t help, Alpizar sought out a private doctor, who prescribed antibiotics.

In mid-June, Alpizar, her partner, kids, and brother moved to , a former factory that the Mexican government had converted to house migrants waiting to cross into the U.S. Weeks later, though, a doctor said her son still hadn’t improved. “He showed me the chart again and told me it was still the same,” Alpizar said in Spanish through an interpreter while at a shopping complex near the shelter. “He is still malnourished.”

Three years ago, Mexico had few shelters for migrants making their way to the U.S. People seeking asylum, like Alpizar and her family, presented themselves to U.S. authorities and were usually either detained in American facilities or released on parole while they awaited their proceedings. In either case, they had potential access to the U.S. health care system.

But a constellation of U.S. immigration policies, of asylum seekers and refugees, and the covid-19 pandemic have transformed Mexican border towns into holding areas for people who are waiting for policies to change and are hoping to cross and head north. And despite the Biden administration’s recent efforts to unwind some of those policies, little seems likely to change in the coming months. Alpizar and her family are now among thousands of people living in dozens of recently built Juárez shelters, just a few miles from El Paso, Texas.

The wait — — has led some migrants, like Alpizar’s children, to develop health problems; exacerbated people’s chronic ailments, like hypertension or diabetes; left some in dire conditions without care; and compounded the trauma experienced by those fleeing their homes.

Under Title 42, a public health emergency order that the Trump administration first invoked in March 2020 to stop the spread of covid, Alpizar and her family are not allowed to present themselves at a border checkpoint and claim political asylum — they would be immediately expelled back to Mexico without a screening.

The policy, just one of several that have kept migrants in Mexico, is actually “counterproductive” to protecting people from covid, according to .

The Leona Vicario shelter has experienced outbreaks of and since opening in 2019. It is still considered one of the better shelters because the Mexican government runs it. Nonprofit and private shelters operate with little oversight, and their quality varies.

Some migrants sleep in the streets. In general, conditions are making people sick, and care is limited, said Gabriela Muñoz, a project manager for Las Americas Immigrant Advocacy Center in Juárez.

Alpizar decided to travel to the border from Cuernavaca, a city south of Mexico City, she said, after an attempt to kidnap her children. The same day, her brother Angel and partner, Pablo Sandoval Arce, were beaten on their way home from a job painting an apartment. She told Pablo, José’s father, that it was not a coincidence.

Alpizar reported the incidents to the local police, she said, but was told that nothing could be done. A few days later, they arrived in Juárez with money from Alpizar’s aunt in South Carolina, who had helped raise Alpizar and her brother after their mother died. Alpizar is now trying to get an exemption to Title 42 that would allow her family to file an asylum application and join her aunt until their case is heard.

Las Americas gets about 4,000 calls a day, said Crystal Sandoval, director of strategic initiatives at the El Paso center. Only about 100 draw a response. About 70% of callers need medical attention — they require immediate cancer treatment, have a condition like diabetes that is out of control, or have developed anemia. Others have been sexually assaulted or have high-risk pregnancies. The group helps 60 to 90 people a week get exemptions, which allow them to apply for asylum and wait in the U.S. for their court dates.

Immigration advocates say that not only has Title 42 done more harm to public health than good, but the rule has been applied selectively. U.S. Customs and Border Protection have stopped migrants about 1.7 million times in the current federal fiscal year, which started Oct. 1. About half of those stops resulted in an expulsion under Title 42, . About 65% of those were people from Mexico, while the vast majority of other expulsions involved people from El Salvador, Guatemala, and Honduras. In April, however, to enter the U.S.

In many ways, the Alpizar family’s medical story isn’t the most extreme. Other migrants have immediate, life-threatening needs. In 2019, after five months waiting in a shelter, — the same week officials processed her asylum request. She died from sepsis, pneumonia, and tuberculosis, .

Alpizar’s situation reflects how U.S. immigration policy has outsourced migrant care to Mexico, said , an immigration researcher at the University of Texas-El Paso, who first met Alpizar during a weekly visit to Leona Vicario.

Federal courts have delayed or blocked the Biden administration’s attempts to lift some immigration policies. In May, days before Alpizar started her journey, .

Some nonprofits, meanwhile, seek to help migrants access care during their border waits. Hope Border Institute, a Catholic nonprofit, started a fund to assist them in seeing private doctors, paying for hospital stays, filling prescriptions, and covering transportation to appointments.

When a doctor advised Alpizar to put her son on a special diet, the family initially went shopping to buy him food not available in the shelter, which houses about 600 people. Later that day, however, when they checked a refrigerator that shelter residents share, the fruit and yogurt were gone. Pablo now shops three times a week, buying only small amounts to keep his son fed.

Then, in late July, a shelter doctor diagnosed José with conjunctivitis and gave him antibiotic eyedrops. Shortly afterward, his sister, Zoe, tested positive for covid, and the family was sent to the shelter’s isolation ward.

Gastrointestinal issues, respiratory illnesses like covid, and skin conditions are common in congregate facilities, like shelters, where people are packed into tight quarters, said Dr. Julie Linton, co-chair of the American Academy of Pediatrics’ Council on Immigrant Child and Family Health. She has treated many newly arrived kids who had multiple parasitic infections because they lacked clean water or access to sanitary conditions during their journey.

José could have something even more serious, but specialty care and testing are not available to migrants, said Dr. Bert Johansson, an El Paso pediatrician who volunteers in Mexican shelters.

Or José may just need a stable place to recover.

Chronic stress suppresses the immune system, which makes infections more likely and recovery harder, Linton said. The long waits are also causing or intensifying existing trauma, said Marisa Limón, senior director for advocacy and programming at the Hope Border Institute. Mental health ailments are among the most common health conditions for people in shelters and detention centers, said Linton.

In July, Las Americas officials told Alpizar that she would have to wait at least eight to 10 weeks before learning whether her family would be granted an exemption.

Alpizar has considered crossing illegally but doesn’t have the funds. A sense of desperation has led migrants to .

The lack of legal pathways to seek asylum “makes people take more risks, in more dangerous areas,” said Eddie Canales, director of the South Texas Human Rights Center. “The border is a graveyard.”

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El hijo de Luz es uno de los cerca de 190,000 niños que se han inscrito en el Medi-Cal desde que California lo habilitó para menores indocumentados el año pasado. Luz, su esposo y su hijo llegaron sin papeles a Merced, California, desde México hace unos 10 años. Luz pidió que no se usara el apellido de la familia, por miedo a ser identificada por las autoridades federales de inmigración.

En el clima político actual, los defensores de los inmigrantes y de la salud temen que niños, como el hijo de Luz, abandonen el Medi-Cal y que otros menores que califican no se inscriban debido a la preocupación de que la información personal pueda ser utilizada para deportar a las familias.

Luz tendría que renovar la cobertura de su hijo en octubre, pero sigue indecisa, aunque el programa pagó por su visita al hospital cuando se lesionó un pie. “Todavía lo estoy pensando”, dijo.

En mayo de 2016, el Departamento Estatal de Servicios de Salud (DHCS) implementó la nueva ley Health for All Kids (Salud para Todos los Niños) que permite a los menores de 19 años de California recibir beneficios completos del Medi-Cal, incluyendo atención dental y servicios de salud mental, independientemente de su estatus migratorio. Antes, los niños indocumentados sólo podían recibir a través del Medi-Cal atención de emergencia.

California siguió a Illinois, Massachusetts, Nueva York, Washington y el Distrito de Columbia ofreciendo cobertura de salud apoyada por el estado a niños que viven en el país sin papeles. El gobierno federal paga una porción significativa del programa de California, como lo hace con todos los estados. Pero California financia la cobertura para los niños indocumentados en su totalidad.

Desde su implementación hasta el 6 de abril de 2017, 189,434 niños indocumentados se inscribieron en el programa, según los datos estatales más recientes. El departamento de servicios de salud estima que otros 61,000 son elegibles, pero no están inscritos. Defensores dicen que ahora es el momento para un empujón para inscribir a estos niños “más difíciles de localizar” y para alentar a los que ya están en el programa a quedarse.

Las familias inmigrantes se han vuelto más reacias a compartir información personal con los programas gubernamentales por los cambios a las políticas migratorias y de salud que planea la administración Trump, según que trabajan con inmigrantes en prácticas pediátricas y clínicas comunitarias a lo largo del estado.

La encuesta, realizada en marzo por el grupo de abogacía Children Now, reveló que los inmigrantes también están evitando cada vez más las citas médicas debido a preocupaciones similares.

Kelly Hardy, directora y gerente de políticas de salud de Children Now, dijo que algunas familias incluso porque temen que su estatus migratorio pueda compartirse con oficiales de inmigración.

“Mantener [en el programa] a los niños que se han inscrito recientemente va a ser muy importante”, dijo Hardy. Agregó que espera que las familias vean que la cobertura es una bendición para su salud y que no se asusten.

En un correo electrónico reciente, el DHCS reiteró a California Healthline que el estatus migratorio de un solicitante “solo se usa con el propósito de determinar la elegibilidad para el Medi-Cal”.

Pero eso no evita la preocupación de algunos padres.

“Este miedo es horrible. No sabemos en quién confiar “, dijo Luz.

Antes de que la ley de cobertura para todos entrara en vigencia el año pasado, los niños indocumentados podían obtener atención en algunos condados de California a través del programa Healthy Kids. Sin embargo, muchos de esos niños han sido transferidos al Medi-Cal, y los programas Healthy Kids están cerrando.

Carlos Jiménez, abogado de políticas de salud en el Mixteco Community Organizing Project, en Oxnard, California, dijo que la organización sin fines de lucro duplicó sus esfuerzos para ayudar con las inscripciones después que se implementó la ley.

Los promotores de salud difundieron información sobre la nueva ley en campos agrícolas, en la entrada de iglesias y supermercados. El año pasado, los consejeros de inscripción vieron hasta a 400 personas al mes que tenían preguntas acerca del Medi-Cal, y la mayoría buscaba inscribir a sus hijos, dijo Jiménez.

Pero después de la elección presidencial de noviembre, los consejeros en Mixteco vieron como el número de personas que buscaba ayuda se reducía casi a la mitad, dijo Jiménez. A esta altura los consejeros esperaban más consultas sobre la inscripción, remarcó.

La mayoría de la gente pregunta si la inscripción de un niño indocumentado traería algún problema con Inmigración, dijo Jiménez. “Nosotros les decimos que su información está protegida. Pero aun así tienen miedo”.

La encuesta de Children Now mostró que los participantes tenían preguntas sobre el futuro del Medi-Cal para los niños indocumentados, en particular, si la cobertura continuaría si se reemplazaba la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

En con California Healthline en febrero, el senador Ricardo Lara (demócrata de Bell Gardens) y autor de la ley Health for All Kids, dijo que no había razón para preocuparse por la continuidad del programa.

El programa sigue siendo una prioridad para el gobernador demócrata Jerry Brown, dijo Lara, señalando que este año California está gastando para continuar los beneficios para los niños indocumentados. Esa suma está muy por encima de los $188 millones que proporcionó para el programa el año pasado.

Los defensores de la salud en California esperan ampliar el programa a los adultos jóvenes. A principios de este mes, el California Immigrant Policy Center y Health Access California, lanzaron solicitando que los beneficios completos del Medi-Cal estén disponibles para los jóvenes sin papeles de entre 19 y 26 años.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Ruiz, de Rosemead, California, dijo que se siente agradecida de que el personal del consultorio esté disponible para traducir. En el pasado, con otro médico, su hijo mayor, de 14 años, le traducía. “No era lo ideal, pero no tenía otra opción”, dijo la ama de casa de 33 años.

Los expertos en salud dicen que no es aconsejable usar intérpretes sin entrenamiento, ya sean personal del consultorio o miembros de la propia familia.

Ruiz dijo que la barrera del idioma no la ha disuadido de llevar a sus cuatro hijos, que tienen entre 2 y 14 años, a las citas médicas, pero desea poder comunicarse de manera más eficaz con el doctor de sus niños.

Los padres latinos que hablan sólo español tienen menos probabilidades de reportar una experiencia satisfactoria con los médicos de sus hijos que los latinos que hablan sólo inglés, o al menos algo de inglés, según un nuevo análisis de datos de California.

Según el , publicado en la revista a principios de febrero, los padres que hablaban sólo español tenían la mitad de probabilidad que los latinos que sólo hablaban inglés de pensar que el médico de sus hijos los escuchaba.

El estudio comparó las experiencias de los latinos divididos en tres grupos en base a la lengua que hablaban en casa: las personas que hablaban sólo español, las que hablaban sólo inglés y otras que hablaban una mezcla de ambos.

El estudio también mostró que los padres que sólo hablaban español eran un 70% menos propensos a comunicarse con los médicos por teléfono o por correo electrónico comparado con aquéllos que hablaban sólo inglés. Y los que hablaban una mezcla de los dos idiomas eran un 25% menos propensos que los que hablaban exclusivamente inglés a sentir que los proveedores de atención médica de sus hijos los escuchaban, según el análisis, que se basó en los datos de 2011-2012 de la .

Los hallazgos sugieren que una ley estatal de 2009 que establece el derecho de los pacientes a un intérprete médico no está siendo plenamente aplicada o no se promueve suficientemente, dijo Alex Ortega, profesor de la Escuela Dornsife de Salud Pública de la Universidad Drexel de Filadelfia, quien dirigió el estudio.

En California, el (el Acta de Asistencia de Lenguaje en Atención de Salud) requiere que los planes de salud proporcionen un intérprete calificado cuando se lo solicite, ya sea en persona, o por teléfono o videoconferencia.

A nivel federal, el establece como mandato que los proveedores médicos que reciben fondos federales a través del Medicaid y Medicare, incluyendo hospitales, provean asistencia lingüística para sus pacientes.

Ruiz, cuyos hijos están inscriptos en Medi-Cal, dijo que nunca había

llamado a su plan de salud pidiendo un intérprete porque ella no sabía que eso era una opción.

Ortega dijo que es importante evaluar la barrera de comunicación entre médicos y padres debido al impacto que podría tener sobre la salud de los niños.

“Si los padres no entienden a sus proveedores, son menos propensos a manejar adecuadamente los problemas en casa”, dijo Ortega. “Esto es particularmente problemático para los niños con enfermedades crónicas como obesidad, asma y diabetes, que son grandes problemas en las comunidades latinas”.

En 2016, alrededor de un tercio de los médicos en ejercicio en el estado informó tener dominio del español, de acuerdo con la .

Eso es realmente más alto que la proporción de hispanohablantes competentes en la población total de California. Pero los médicos de habla hispana pueden estar más concentrados en algunas áreas, o los pacientes no siempre saben dónde encontrarlos.

Ruiz, por ejemplo, dice que su prioridad es encontrar médicos que estén más cerca de su casa.

La experiencia de las familias latinas en ambientes médicos ha sido objeto de muchos estudios, pero el análisis publicado en Academic Pediatrics muestra serias disparidades en la comunicación de salud dentro de la misma comunidad étnica, señaló Ortega.

Sin embargo, el estudio no muestra retrasos en la atención a las familias que enfrentan barreras idiomáticas. “El acceso era casi el mismo para todos los niños latinos”, dijo Ortega. Esa es la buena noticia.

La doctora Alicia Fernández, profesora de medicina en la Universidad de California en San Francisco y médica en el Hospital General de San Francisco, explicó que el uso de intérpretes no entrenados -como los miembros de la familia o el personal de la oficina- puede llevar a errores clínicamente significativos.

Por ejemplo, el vocabulario médico puede ser difícil

de entender para una persona no experta, especialmente un niño, dijo.

Pedir que un niño traduzca para sus padres también distorsiona la dinámica familiar, agregó Fernández. “Cuando los padres no hablan inglés y el niño sí, el niño adquiere prematuramente un rol adulto dentro de la familia”.

Incluso con un intérprete calificado a la mano, la comunicación puede ser un desafío. Eso es porque los médicos no necesariamente están entrenados para trabajar a través de intérpretes, dijo Fernández. Cuando se utiliza un intérprete, generalmente los médicos dominan la conversación, lo que hace más difícil para el paciente plantear preguntas e inquietudes, dijo.

Fernández dijo que muchos de sus pacientes quieren aprender inglés, pero recibieron poca educación en sus países de origen, lo que podría dificultarles el aprendizaje de una segunda lengua. También pueden enfrentar obstáculos como largas jornadas de trabajo y la falta de dinero para pagar las clases.

“Mientras tanto, ellos o sus hijos se enferman y el sistema de salud tiene que lidiar con eso”, dijo Fernández.

En California, alrededor del 29% de los inmigrantes viven en hogares donde ninguno de los miembros de la familia mayor de 13 años habla inglés “muy bien”, según el . A nivel nacional, el porcentaje es similar, del 28%.

Ruiz sigue dependiendo de las enfermeras y las recepcionistas para asistencia con el idioma, y tiene que esperar hasta que el personal hispanohablante esté disponible para interpretar.

“A veces he tenido que esperar horas”, dijo. “Puede ser frustrante”.

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“No voy al doctor cuando estoy enferma, es demasiado costoso”, dijo.

A pesar que es vendedora en una agencia de seguros en Highlandtown, un vecindario del este de Baltimore que ha visto un influjo de inmigrantes hispanos en años recientes, Ramirez, de 23 años, no tiene seguro de salud.

Su predicamento lo comparten miles de inmigrantes hispanos en el este de Baltimore, y millones a nivel nacional, quienes no pueden solventar servicios médicos regulares y están sin seguro porque carecen de los beneficios derivados de la residencia legal y de la ciudadanía estadounidense.

Los padres de Ramirez vinieron ilegalmente a los Estados Unidos desde México cuando ella tenía 10 años. Ahora, su estatus migratorio —“legalmente”— le permite trabajar y estudiar aquí sin miedo a la deportación, pero no tiene un camino a la ciudadanía. No es elegible para cobertura de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible o cualquier programa de seguro de salud público.

(La reciente decisión de la Corte Suprema en un caso de inmigración relacionado no cambió esto).

Su ingreso anual de $23,000 la haría calificar fácilmente para el Medicaid, pero sólo lo pueden tener sus dos pequeñas hijas. El empleador de Ramirez tampoco puede permitirse ofrecerle seguro de salud privado, y aunque lo hubiera hecho, ella duda que pudiera pagarlo. Entonces, ¿cómo puede Ramirez lidiar con la sequedad de sus pulmones?

“Vicks VapoRub”, ofrece su jefe, David Rosario, dibujando una sonrisa irónica a Ramirez y a otros en la oficina.

Los latinos, con o sin seguro, enfrentan muchos desafíos cuando se trata de encontrar cuidado médico. Muchos tienen problemas para hablar y entender el inglés, son pobres y sin educación adecuada, o no tienen medio de transporte. Otros vienen de culturas donde el cuidado de salud es un lujo que no buscan con regularidad.

Pero la incapacidad de los no ciudadanos de unirse a planes de salud asequibles sigue siendo el principal obstáculo que separa a las personas de México, Centroamérica y Sudamérica de la atención. “Lo que vemos a lo largo del país es que los indocumentados son uno de los grupos más vulnerables cuando se trata de asegurabilidad”, dijo Steven Lopez, gerente del projecto de política de salud en el National Council of La Raza, el grupo más extenso de defensa de los latinos en Estados Unidos. “La oportunidad de tener cuidado de salud regular es la clave para encontrar mayor oportunidad. Si no tiene su salud, no va a progresar en la vida”.

A nivel nacional, más de 5 millones de personas viviendo ilegalmente en Estados Unidos están sin cobertura médica, con indicadores de que la mayoría son hispanos, de acuerdo con un informe del Urban Institute publicado en marzo.

Casi la mitad de todos los inmigrantes que viven aquí sin permiso no tienen seguro médico, en comparación con el 10,5 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos y aproximadamente el 15 por ciento de los no ciudadanos que viven aquí legalmente, según el informe. La tasa de adultos hispanos no asegurados cayó al 28 por ciento el año pasado —13 puntos porcentuales por debajo de 2013— pero sigue siendo muy superior a la de los blancos no hispanos, las personas de raza negra y los asiáticos, según estadísticas federales publicadas en mayo.

“Ésto es tramposo para nosotros”, dijo Leana Wen, comisionada de salud de Baltimore. “La Ley de Cuidado de Salud Asequible excluye a estos individuos” quienes carecen de autorización para vivir en los Estados Unidos. Lo han hecho incluso mientras la alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake trabaja para atraer a más inmigrantes con la esperanza de repoblar zonas abandonadas del centro de la ciudad.

Los latinos, quienes ocupan un lugar destacado en la unidad del alcalde para reclutar a 10.000 nuevas familias, continúan infiltrándose en varios de los vecindarios más antiguos del este de Baltimore, incluyendo Fells Point, Greektown, Highlandtown y Patterson Park.

La población de Baltimore incluye a cerca de 30.000 latinos, de los 9.000 que eran 15 años atrás, dicen oficiales. Los proveedores médicos y defensores de los latinos dicen que entre 40 y 60 por ciento de ellos viven en Estados Unidos ilegalmente, un rango cercano a los estimados nacionales del Urban Institute. La salud es la mayor preocupación. Los latinos de Baltimore tienen dos veces más probabilidades que los no latinos de decir que tienen una salud pobre o regular, de acuerdo con una encuesta del departamento de salud de la ciudad del 2011.

Hay información insuficiente para hacer juicios sobre la salud de los latinos de la ciudad o compararlos con otros grupos. Pero la muerte por enfermedad cardiovascular y cáncer fueron las dos principales causas de muerte entre los latinos de la ciudad en el 2012, de acuerdo con un reporte del departamento del 2014. Las lesiones no intencionales y la enfermedad hepática crónica o cirrosis empatan por la caurta causa principal de muerte entre los latinos de la ciudad, pero es mucho menos común entre los blancos no hispanos y las poblaciones de raza negra, halló el informe.

“Las personas pueden comenzar negocios y comprar casas, pero no pueden tener seguro médico”, dijo Rosario, quien ejerce como presidente de la junta para la Latino Providers Network, una organización que conecta a los hispanos con los servicios.

Como resultado, los proveedores de salud dicen que cuando ven personas llegar a sus oficinas o clínicas, están generalmente en estados avanzados de la enfermedad.

“Típicamente, vemos muchas enfermedades relacionadas con diabetes y obesidad, como presión arterial alta”, dijo Kathleen Page, una especialista en enfermedades infecciosas en el Johns Hopkins Hospital y cofundadora del Centro SOL, un programa de alcance de Bayview que trata a los clientes hispanos a precios reducidos. Los latinos de Baltimore sufren tasas más altas de estos trastornos, a pesar de ser más jóvenes como grupo que el resto de la población de la ciudad. Los problemas de infecciones crónicas y de salud mental como ansiedad y depresión aumentan de manera rampante, agregó Page.

Cerca del 95 por ciento de los pacientes hispanos que ella ve en la clínica de VIH están viviendo aquí ilegalmente y carecen de seguro de salud.

La habilidad de los latinos para encontrar tratamiento está ligada directamente a su estatus migratorio.

Algunas personas sin papeles en los Estados Unidos pueden recibir pagos por partos a través de la emergencia del Medicaid. Las clínicas de salud calificadas federalmente ofrecen cuidado médico básico a miles de no asegurados a tasas reducidas, sin preguntar sobre el estatus, pero el gobierno federal no ofrece opciones de seguros para aquéllos que viven en los Estados Unidos sin permiso.

El estatus de seguro puede variar incluso dentro de los hogares, reflejando estatus migratorios mixtos entre los miembros de la familia. La madre de Cecilia Ramirez, quien no tiene permiso para vivir en los Estados Unidos, permaneció sin seguro por mucho tiempo, dejando de lado el tratamiento para los fibroides uterinos por años porque estaba preocupada por el costo de la atención.

Mientras tanto, las hijas de Ramirez, Jenny de 7 años y Kimberly, de 3, reciben seguro a través del Medicaid. Porque nacieron en los Estados Unidos, lo que le da la ciudadanía, y cumplen con los estándares de elegibilidad del Medicaid, son capaces de ver a médicos de atención primaria y tener otro cuidado si lo necesitan.

Como una hija de inmigrantes nacida en el extranjero que entró a los Estados Unidos sin permiso, el acceso de Ramirez al cuidado de salud es problemático. Ella aplicó para, y recibió, el estatus de “presente legalmente” bajo una norma de la administración Obama del 2012 que permitió a las personas que llegaron a los Estados Unidos antes de los 16 años, y ahora tienen menos de 35, trabajar y estudiar en el país, sin temer la deportación. Otros 665.000 también han recibido tal estatus a nivel nacional, de acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security). Pero fueron excluidos para obtener seguro de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible por una norma relacionada del Departamento de Salud y Servicios Sociales (Department of Health and Human Services). Algunos estados, incluyendo California y Nueva York, han ablandado estos estándares y registraron a algunas personas que viven aquí ilegalmente en el Medicaid. Pero a nivel nacional, la mayoría permanece sin seguro.

Para ayudar a las personas como Ramirez y a otras personas de bajos ingresos sin permiso para vivir aquí, varias instituciones en el este de Baltimore han improvisado una variedad de servicios médicos fuera de los entornos típicos del hospital. Baltimore City, Johns Hopkins Bayview, dos clínicas subsidiadas federalmente y una clínica de caridad ofrecen intérpretes bilingües, proveedores de salud que hablan español y, tal vez lo más importante, tarifas bajas y escalas móviles para la atención.

El Access Partnership, o TAP, un programa caritativo de Johns Hopkins, ofrece pruebas diagnósticas y visitas a especialistas a muy bajo costo, usualmente no más de $20. El programa sirve a personas que no tienen seguro, que hacen 200 por ciento o menos del nivel federal de pobreza y que han sido residentes locales por seis meses.

Más del 90 por ciento son hispanos, y a ninguno se le ha preguntado si vive en los Estados Unidos ilegalmente, dijo Barbara Cook, directora médica del grupo.

Con ayuda de TAP, la madre de Cecilia Ramirez tuvo pruebas diagnósticas y la subsecuente cirugía poco más de un año atrás para remover el útero.

No obstante, Ramírez se pregunta si el resultado hubiera sido mejor si hubiera recibido ayuda antes.

“Si hubiera tenido seguro, podría haber buscado atención, en lugar de tener que esperar tanto tiempo que tuvieron que quitarle parte de su cuerpo”, dijo.

Esta historia fue apoyada en parte por una beca de la Annie E. Casey Foundation.

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