Cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no brindan atención médica adecuada, según una investigación de ºÚÁϳԹÏÍø News y The Associated Press.

Los detenidos exponen que no reciben sus medicamentos a tiempo —o no se los dan en absoluto— para tratar afecciones como hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de azúcar en sangre aumentaron. Las infecciones empeoraron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Los detenidos se desplomaron y sufrieron convulsiones.

Las cárceles y centros de detención migratoria de Estados Unidos han tenido durante mucho tiempo de las personas bajo su custodia. Pero el sistema está tambaleándose por el aumento de las detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Más de 75.000 inmigrantes permanecían detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) , frente a unos 40.000 del año anterior.

ºÚÁϳԹÏÍø News y AP analizaron miles de demandas presentadas desde la segunda investidura de Trump que utilizan una vía jurídica conocida como habeas corpus para argumentar que el ICE mantiene a personas detenidas de manera ilegal.

Estos registros ofrecen una visión excepcional de cómo los detenidos describen —a menudo bajo pena de perjurio— la forma en que el ICE maneja sus necesidades médicas. Además, los reporteros entrevistaron a más de 50 personas, entre detenidos, familiares y abogados.

La investigación reveló que se denuncian casos de negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, incluidas oficinas que no fueron construidas para alojar personas, cárceles locales y sitios improvisados conocidos con apodos como “Alligator Alcatraz” (“Alcatraz de los Caimanes”).

La detención por parte del ICE es más letal que en las últimas dos décadas, escribieron investigadores en la revista científica (JAMA) en abril. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo gobierno de Trump, con un aumento de suicidios .

ºÚÁϳԹÏÍø News y AP pidieron al DHS que respondiera a estos hallazgos seis días antes de la publicación, pero no ofreció comentarios. Sean Conley, director médico interino del DHS, que “es política y práctica de larga data que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan bajo custodia del ICE” y que la agencia contrata profesionales de salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.

Las instalaciones individuales y las empresas penitenciarias privadas contratadas por el DHS que respondieron a las solicitudes de comentarios dijeron que siguen los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica cuando se requiere. Algunas afirmaron no estar familiarizadas con las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otras responsabilizaron a algunos detenidos por interrupciones en su atención médica.

“Nunca he visto un desprecio o negligencia médica como ésta en ninguna parte”, escribió Vardan Gukasian, disidente político y ex paramédico que pasó años preso en Armenia, en presentada en marzo para impugnar su detención en Nevada, que se extendió durante 13 meses pese a sus problemas de salud.

Madeleine Skains, vocera de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en esa instalación y que el tribunal no había ordenado cambios en la atención de Gukasian.

En junio pasado, cuando Gukasian experimentaba síntomas de una hipertensión no controlada —mareos, hemorragia nasal y dolor de cabeza—, su compañero de celda golpeó la puerta para pedir ayuda.

“Cuando la ayuda no llegó, el resto del pabellón comenzó a golpear sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese mismo día.

“Indiferencia descarada ante problemas muy evidentes”

En su campaña de deportación masiva, el gobierno ha detenido a durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.

Alrededor del no tiene una condena criminal. Sus procesos migratorios son civiles, no penales.

“No podía entender por qué me trataban con tanta dureza”, dijo un padre de seis hijos en Georgia.

Dijo que resultó herido mientras estaba esposado bajo custodia cuando el vehículo que lo transportaba a una instalación en Atlanta se sacudió bruscamente, lanzándolo de su asiento contra un apoyabrazos metálico. La herida se infectó con E. coli porque tuvo que dormir en un piso de concreto sucio cerca de inodoros con pérdidas, aseguró.

Al igual que otros entrevistados, habló bajo condición de anonimato. Dicen que temen por su seguridad, por la de sus familias o porque creen que hablar podría perjudicar sus casos migratorios. AP y ºÚÁϳԹÏÍø News no identifican a las personas mencionadas en documentos judiciales sin su consentimiento.

Según , el personal del Centro de Detención Stewart, ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a sus reiterados pedidos de atención médica hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital a aproximadamente una hora de distancia. Allí, contó que un médico le dijo que estuvo cerca de perder la pierna izquierda por amputación. Brian Todd, vocero de CoreCivic, la empresa que administra la instalación, afirmó que el personal médico no encontró registros de un caso que coincidiera con esa descripción.

El hombre, de 48 años, llegó a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas. Fue liberado en octubre y ahora cuenta con residencia permanente legal. Sin embargo, teme no poder regresar a su trabajo en la construcción porque, según expuso, la lesión le impide levantar objetos pesados.

Algunos detenidos y sus abogados denunciaron que incluso se les negó atención médica básica: gasas para proteger una herida abierta en un pie, atención prenatal durante un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor de dormir con cáncer avanzado de estómago o compresas sanitarias para el sangrado posparto.

“Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de las personas que mantiene detenidas, sin importar cuánto tiempo permanezcan bajo su custodia”, dijo durante una audiencia en octubre la jueza federal Benita Pearson, de Ohio, en un caso relacionado con una mujer de 70 años que afirmó que el gobierno perdió sus anteojos durante su arresto. “Si una persona no puede ver porque perdió sus anteojos mientras está detenida, eso es algo que debería solucionarse”.

, quien trabajó para el ICE y ahora es asesora especial de la Asociación Americana de Abogados, dijo que la jurisprudencia exige que el gobierno brinde a las personas detenidas por motivos migratorios la misma atención que ofrece a quienes están en cárceles tradicionales esperando juicio. Sin embargo, los administradores tienen margen para tomar sus propias decisiones y los estándares de atención médica varían.

Con frecuencia, los detenidos son trasladados por todo el país, en muchos casos sin previo aviso, lo que interrumpe tratamientos médicos en curso. Una mujer de El Salvador dijo que pasó una semana sin recibir sus medicamentos para el VIH después de ser transferida desde Colorado a una cárcel local en Wyoming.

Un hombre ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó a un gastroenterólogo por dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano. “Desafortunadamente, nunca pude verlo porque me trasladaron por varios centros de detención”.

Defensores de inmigrantes afirman que incluso se ignoran discapacidades evidentes, como la ceguera legal.

Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma severo en el otro necesitaba gotas dos veces al día para conservar la visión que le quedaba. Sin embargo, dijo que algunos días las gotas nunca llegaban.

“Ahora solo puedo ver un poco hacia adelante. Con frecuencia parece que estuviera viendo a través de una gasa”, escribió en una declaración judicial. “Esto me da mucho miedo porque temo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.

Escribió que temía no poder ver crecer a su hijo pequeño.

“Es una especie de indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década habrían parecido absurdas, como el hecho de que no puedas ver”, dijo Brian Hoffman, abogado del detenido. “Antes se podía intentar trabajar con funcionarios del gobierno y quizá avergonzarlos para que hicieran lo correcto. Ahora parece que cualquier cosa que quieras lograr requiere ir a los tribunales y demandar”.

Y ni siquiera las órdenes judiciales siempre son suficientes. Un juez de California ordenó al gobierno llevar a un hombre con signos de cáncer de próstata a un especialista para diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron.

Los abogados que representaban al ICE dijeron al juez que la cita se perdió debido a un “error interno de programación”. CoreCivic, que administra la instalación, dijo que no podía comentar sobre litigios en curso.

Un aumento de casos

Cuando los inmigrantes presentan peticiones de habeas corpus, ejercen un derecho para impugnar una detención ilegal que se remonta a la .

Durante el segundo mandato de Trump se han presentado más de 40.000 peticiones de este tipo, impulsadas por decisiones tomadas el año pasado para negar fianza a muchas personas detenidas por cargos migratorios. Los jueces están divididos sobre la legalidad de esa medida y la cuestión parece encaminarse hacia la Corte Suprema.

Muchos de estos habeas corpus han tenido éxito, pero los jueces suelen citar razones no relacionadas con la negligencia médica descrita en ellos, como personas detenidas por períodos excesivamente largos de detención antes de ser deportadas.

Las más de 300 denuncias de negligencia médica identificadas en esta investigación representan solo una parte del problema.

Los detalles de los casos de habeas corpus suelen permanecer ocultos debido a una norma federal que impide al público ver estos documentos en línea. ºÚÁϳԹÏÍø News y AP obtuvieron algunos documentos en tribunales y recibieron registros de 4.400 casos de , un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative. Sin embargo, decenas de miles de casos siguen siendo en gran medida inaccesibles.

Algunos jueces han escrito que el proceso de habeas corpus no es la vía adecuada para presentar alegatos de negligencia médica, y se han negado a liberar a detenidos por tales alegatos. No todos los detenidos que creen haber sufrido negligencia médica presentan una petición de habeas corpus ni citan sus problemas médicos si lo hacen.

La petición de José-Antonio Segismundo no mencionaba que no pudo consultar a un oncólogo por el cáncer que tenía en el abdomen mientras estuvo detenido durante más de siete meses en la instalación de Florida conocida como Alligator Alcatraz y en el Centro de Procesamiento del ICE Folkston D Ray, en Georgia. Los registros médicos incluidos en documentos judiciales muestran que fue arrestado aproximadamente cinco semanas antes de una cita programada con un oncólogo.

Su esposa, María José González, dijo que no recibió tratamiento alguno aunque ella envió sus registros médicos y explicó su condición a funcionarios de Folkston. Dijo que cuando su esposo sufría intensos dolores de estómago le daban Tylenol.

Christopher Ferreira, vocero de GEO Group, que administra Folkston, dijo que la empresa sigue los estándares del ICE y proporciona atención médica y acceso a especialistas externos cuando es necesario.

Esta primavera, Segismundo, de 48 años, fue deportado a México, país que había dejado casi 30 años atrás, dijo González. Ahora tendrá que comenzar de nuevo la búsqueda de atención médica en la aldea de Oaxaca donde creció.

González siente que está viendo cómo se desmorona la vida que construyeron juntos. Vive en Wimauma, Florida, con sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses; el menor tiene 6 años.

Ver deteriorarse a los seres queridos

Los detenidos que reciben atención médica inadecuada tienen pocas opciones para buscar ayuda. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional redujo drásticamente la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes. A principios de mayo la cerró por completo, argumentando falta de financiamiento del Congreso.

Antes, el personal de la defensoría podía ayudar a facilitar atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, ya no hay a quién llamar, dijo.

Mientras tanto, las familias de los detenidos afirman sentirse impotentes. Hacen llamadas desesperadas a las instalaciones, al gobierno y a sus representantes mientras observan el deterioro de sus seres queridos.

Riya Khan vio cómo su madre se deterioraba en el Centro de Detención California City, propiedad de CoreCivic. Cuando la visitó una semana después de su llegada a la instalación ubicada en el desierto de Mojave, dijo que la mujer de 64 años llegó tambaleándose a su asiento. Temblaba y respiraba con dificultad.

Masuma Khan llegó al país desde Bangladesh en 1997. Según los registros, no tiene antecedentes penales y fue detenida en octubre cuando fue a su control rutinario con el ICE.

Según su hija, durante el mes que estuvo detenida recibió solo de manera intermitente medicamentos para problemas como presión arterial alta, hipotiroidismo y prediabetes. Todd afirmó que CoreCivic trata las afecciones crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables.

“Nada es más importante para CoreCivic que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, dijo Todd.

Khan afirmó que recibió su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de ser liberada y que nunca le dieron las gotas para el glaucoma. Según su hija, el personal le dijo que debía comprar algunos medicamentos en la tienda de la instalación, pero allí no estaban disponibles.

Antes de ser detenida por el ICE, Masuma Khan se hacía amiga de todos, contó su hija. Había trabajado durante años en Lucky Boy, un popular restaurante de comida rápida de Pasadena, y en su tiempo libre alimentaba aves y dejaba fruta para las abejas que visitaban el balcón de su apartamento.

Ahora tiene demasiado miedo para salir de casa. Aún debe presentarse regularmente ante el ICE, un momento que vive con terror.

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Un derrame cerebral durante una videollamada

Antes, las personas detenidas con necesidades médicas graves probablemente habrían sido liberadas por razones humanitarias, en parte para evitar el costo de su atención, dijo Andrew Pelcher, abogado de Vermont.

En el año fiscal 2023 —antes de que la población detenida se disparara— el ICE gastó más de $390 millones en atención médica para personas no ciudadanas detenidas, según su más reciente al Congreso. En mayo, Todd Lyons, entonces director interino del ICE, dijo en una conferencia que la agencia ya había gastado “casi $500 millones” en atención médica para detenidos ese año.

Ahora, bajo el sistema de “detención obligatoria”, las personas permanecen encarceladas incluso con enfermedades graves y costosas.

Un ciudadano rumano fue sometido a varias cirugías cardíacas, incluida una operación de bypass triple de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, debía tomar 16 medicamentos al día. Según documentos judiciales, mientras estuvo en una oficina del ICE en Baltimore, pasó dos días sin recibir ninguno antes de ser trasladado a una instalación en Nueva Jersey.

Fue hospitalizado tres veces luego de quejarse de dolores en el pecho mientras estuvo detenido. Los registros médicos y los documentos judiciales indican que, pese a “innumerables solicitudes”, el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos. Los documentos del alta hospitalaria citados por su abogado muestran que, luego de la segunda internación, solo recibió ocho de los 16 medicamentos.

“¿Por favor pueden hablar con la instalación del ICE para asegurarse de que le den sus medicamentos?”, escribieron sus proveedores médicos en registros incluidos en los documentos judiciales. “Fue hospitalizado la semana pasada por dolor de pecho y hoy volvió a ser admitido por dolor de pecho secundario al incumplimiento del tratamiento medicamentoso”.

Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral durante una videollamada con su hija, según los documentos judiciales.

“Tenía dificultades para respirar y señalaba su pecho, donde nuevamente sentía dolor, y de repente dejó de hablar”. Según la petición judicial, su hija gritó pidiendo ayuda a través del monitor de video. “Finalmente, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión”.

El hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días, según el documento. Fue devuelto al centro de detención, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.

Familias de detenidos enfrentan decisiones imposibles

Cassandra Amador espera cada mañana que suene el teléfono, desesperada por hacerle a su esposo la pregunta que la ha despertado cada noche durante meses: “¿Te dieron tu medicina?”.

Su esposo, Pedro Javier Amador Gutiérrez, de 36 años, tiene hipertensión y depende de que la instalación administrada por el estado en Florida, conocida como “Deportation Depot”, le suministre los medicamentos que le han permitido mantenerse con vida durante años. Muchas mañanas, le dice a su esposa que no se los dieron.

Cuando habla con él, asegura que cada día se lo escucha más débil y más asustado, muy distinto al hombre alegre que llevaba a sus hijos a comer helado.

“Se puede escuchar en su voz cómo se siente”, dijo la mujer.

Contó que su esposo está considerando regresar a Cuba, país del que huyó por persecución política, por temor a morir detenido sin sus medicamentos. Amador y sus hijos irían con él, dijo, aunque ella nació en Nueva Jersey, nunca ha estado en Cuba y apenas habla español.

Pero él ya se ha desmayado dos veces en la Institución Correccional Baker, en Sanderson, Florida, dijo su esposa. Y le aterroriza que la próxima vez no despierte.

Metodología

ºÚÁϳԹÏÍø News y The Associated Press revisaron miles de solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar denuncias de negligencia médica presentadas por personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) durante la segunda administración Trump.

Ante la ausencia de una base de datos pública y completa sobre quejas médicas de personas bajo custodia del ICE, utilizamos solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar las denuncias sobre atención médica presentadas por personas detenidas en tribunales federales. Aunque el propósito principal del habeas corpus es cuestionar la legalidad de la detención de una persona —y no las condiciones de su confinamiento—, estos documentos a veces incluyen denuncias de atención médica inadecuada.

Sin embargo, las solicitudes de habeas corpus no siempre están disponibles para el público. Las normas federales restringen el acceso del público a las peticiones de habeas corpus presentadas por personas en detención migratoria. En la mayoría de estos casos, los sitios web de los tribunales publican únicamente órdenes judiciales y registros del caso que describen otros documentos presentados. Las peticiones iniciales solo pueden consultarse mediante visitas presenciales a tribunales federales en todo el país. Habeas Dockets, un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative, coordina una red nacional de voluntarios para recopilar estas peticiones y ponerlas a disposición en internet.

ºÚÁϳԹÏÍø News y AP analizaron los registros de aproximadamente 33.000 casos presentados por personas detenidas entre el 20 de enero de 2025 y marzo de 2026. La gran mayoría de los casos contenía únicamente información procesal básica, como fechas de presentación de documentos y decisiones judiciales. Solo alrededor de 4.400 incluían las peticiones originales.

También obtuvimos varias decenas de expedientes de tribunales, de abogados y del sitio web del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, que publica la mayoría de las peticiones bajo una orden permanente especial.

Realizamos búsquedas por palabras clave y búsquedas semánticas en registros judiciales, incluidas peticiones, mociones y órdenes, utilizando términos y expresiones potencialmente relacionados con negligencia médica, como cirugía, medicamentos, atención médica inadecuada y tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Encontramos alrededor de 500 casos que posiblemente denunciaban negligencia médica. Al menos dos reporteros revisaron manualmente cada caso, lo que permitió identificar más de 300 que contenían denuncias específicas, presentadas bajo juramento, de atención médica retrasada, denegada o deficiente.

Para mantener un criterio conservador, excluimos decenas de casos que denunciaban atención médica inadecuada pero carecían de detalles específicos; por ejemplo, cuando una persona escribía: “He estado enfermo y no recibo el tratamiento adecuado”, o cuando un juez señalaba que una persona detenida “se queja de que el ICE está ignorando sus problemas médicos”. También excluimos casos en los que las personas afirmaban únicamente que se les habían negado dietas especiales, ejercicio u otras adaptaciones que consideraban fundamentales para controlar sus problemas de salud, como una persona que escribió: “Padezco Parkinson y no puedo hacer ejercicio adecuadamente”, o que alegaba que los alimentos proporcionados no eran adecuados para una persona con diabetes.

Los casos analizados no fueron seleccionados de manera aleatoria ni son representativos de las solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración a nivel nacional. Las denuncias no fueron verificadas de manera independiente. Muchos documentos no están disponibles públicamente y no todas las personas detenidas plantean preocupaciones médicas ante los tribunales, por lo que este recuento representa una visión limitada del panorama de denuncias y no una descripción completa.

Los periodistas de The Associated Press, Garance Burke, Valerie Gonzalez y Tim Sullivan, y la corresponsal de ºÚÁϳԹÏÍø News, Kate Wells, colaboraron en este artículo.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y ºÚÁϳԹÏÍø News.

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Pero ahora la comunidad se esfuerza por evitar una nueva identidad como “pueblo prisión” y lucha contra la apertura de lo que podría convertirse en el mayor centro de detención de inmigrantes del país, con capacidad para albergar hasta a 10.000 personas.

El condado de Walton, donde se encuentra este pueblo de unos 5.500 habitantes, votó de manera abrumadora por el presidente Donald Trump en 2024.

Pero, a medida que la estrategia de deportaciones masivas del gobierno se acerca más a casa — con planes para transformar un almacén de más de un millón de pies cuadrados en un centro de detención — los residentes dicen que la infraestructura de la ciudad simplemente no puede hacer frente a una llegada tan grande de personas.

Este mes, Social Circle presentó en una corte federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La demanda argumenta que la construcción de un centro de detención, al que llama un “megacentro”, dañaría la salud pública, y pondría presión sobre los sistemas locales de agua potable y tratamiento de aguas residuales.

También dice que sobrecargaría los servicios médicos de emergencia (EMS) “debido a la limitada capacidad de los EMS de Social Circle y al plan poco claro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el transporte de emergencias”, en referencia al departamento federal que supervisa al ICE.

“La comunidad está muy unida”, dijo Eric Taylor, administrador de la ciudad. “Queremos que se vayan”.

Social Circle es una de varias comunidades en todo el país que han quedado atrapadas en un intenso debate nacional sobre la estrategia de deportaciones masivas del gobierno.

Durante la campaña electoral, Trump dijo que los inmigrantes estaban . Pero líderes locales, , grupos defensores y otros en , , , y afirman que el gobierno está haciendo lo mismo al instalar centros de detención en comunidades sin capacidad para manejar un aumento tan grande de población.

El año pasado, Todd Lyons, quien se desempeña como director interino del ICE hasta , señaló que el objetivo era que las deportaciones masivas funcionaran con . Las deportaciones se moverían “como Prime, pero con seres humanos”, dijo en una exposición de seguridad fronteriza en Phoenix.

En estos momentos, el ICE detiene a todas las personas que busca deportar sin darles la posibilidad de salir bajo fianza, incluidas aquellas sin antecedentes penales. En enero, la agencia tenía casi el doble de personas detenidas que en el mismo mes de 2024 con el presidente Joe Biden.

Sin embargo, aunque muchos siguen apoyando la postura de Trump sobre inmigración, otros residentes temen que la estabilidad de la comunidad se vea afectada. “Social Circle no se puede decir que prospere, pero se mantiene”, dijo Gareth Fenley, trabajadora social retirada que se postuló para el Senado estatal en 2024, como demócrata, y no estuvo entre los residentes que votaron por Trump.

“Si Social Circle se convierte en un pueblo prisión”, dijo, “vamos a perder lo que tenemos”.

“Pensé que era una broma”

En febrero, el DHS compró el terreno de 235 acres en Social Circle por , casi cinco veces su valor estimado. El plan es albergar allí a más personas que en el Centro Correccional Rikers Island de Nueva York, y casi triplicar la cantidad de personas actualmente alojadas en el mayor centro de detención de inmigrantes del país, ubicado en El Paso, Texas.

“Pensé que era una broma”, dijo John Miller cuando, el año pasado, leyó por primera vez sobre los planes. Él y su esposa, Kathlene, han vivido en Social Circle durante 21 años. Cuando se encuentran con vecinos, Kathlene conoce los nombres de sus hijos y John se sabe las estadísticas de béisbol de los niños. Su granja de caballos de 50 acres está a menos de una milla de la escuela primaria y justo enfrente del terreno donde se construiría el centro de detención.

Los Miller apoyan la postura de Trump sobre inmigración, pero creen que convertir el almacén vacío en un centro de detención recrearía precisamente los problemas que el gobierno intenta resolver. Ya sea que las personas estén concentradas en un centro de detención o en la comunidad, “siguen estando aquí”, dijo John Miller.

El DHS calcula que el centro requeriría alrededor de un millón de galones de agua al día. Según la demanda de la ciudad, ese volumen dejaría sin agua a los residentes y contaminaría los arroyos locales con aguas residuales.

Las llamadas médicas de emergencia desde el centro de detención, afirma la demanda, sobrecargarían a los socorristas de la ciudad, que según Taylor cuentan con 14 bomberos, 15 policías y dos oficiales de recursos escolares. La ciudad depende del condado de Walton para los servicios de ambulancia.

Además, Social Circle viviría bajo la amenaza constante de un gran brote de enfermedades, según la demanda, que añade que el gobierno federal no realizó las revisiones ambientales necesarias ni solicitó comentarios de la comunidad previamente.

Taylor dijo que los funcionarios federales tuvieron solo una reunión con líderes locales y desestimaron las preocupaciones sobre el agua, las aguas residuales y la atención de emergencias, ya que funcionarios del gobierno afirmaron que el lugar no necesitaría usar esos servicios. “No me lo creo”, dijo Taylor. “Y ese es el problema”.

Aumento de las preocupaciones de salud

El actual secretario del DHS, Markwayne Mullin, ha dicho que se están revisando los , Kristi Noem, para transformar almacenes como este en centros de detención. Además, si el gobierno federal pagó de más por algunos edificios. Mullin también dijo que los funcionarios están revisando las políticas de la agencia y trabajan con líderes comunitarios. “Queremos ser buenos socios”, dijo Lauren Bis, vocera del DHS.

Aun así, el rápido aumento de la detención de inmigrantes por parte del gobierno ha agravado las antiguas acusaciones de negligencia médica hacia las personas detenidas en todo el país, y ha provocado en al menos dos décadas.

Tres centros de detención en Folkston, Georgia, aproximadamente a una hora al norte de Jacksonville, Florida, registraron 130 llamadas de emergencia entre el 4 de febrero de 2025 y el 3 de febrero de 2026, según reportes obtenidos por ºÚÁϳԹÏÍø News mediante una solicitud de registros públicos.

Las llamadas desde los centros, que albergan a unas 2.000 personas, fueron por razones muy diversas, incluidas anafilaxia (reacción alérgica potencialmente mortal), agresiones, intentos de suicidio, sobredosis, convulsiones, derrames cerebrales, lesiones en la cabeza por caídas y otros problemas de salud.

GEO Group, el mayor contratista del ICE y operador del centro de Folkston, ofrece “acceso a atención médica las 24 horas” y utiliza servicios médicos de emergencia cuando es necesario, aseguró Christopher Ferreira, director de relaciones corporativas.

ERO El Paso Camp East Montana, construido en una base militar de Texas, es actualmente el mayor centro de detención del país y alberga a unas 2.500 personas.

En los cinco meses entre el 17 de agosto de 2025 y el 20 de enero de 2026, se realizaron unas 130 llamadas médicas de emergencia desde el lugar, según registros de la ciudad. Varios detenidos han muerto en el centro; otros para tuberculosis, sarampión y covid-19.

Amentum Services, que recientemente asumió la administración del centro, no respondió preguntas sobre las llamadas de emergencia.

Centros de detención aún más grandes, como el “megacentro” planeado en Social Circle, solo aumentarían esos problemas de salud y los llevarían a nuevas comunidades, dijo , quien fue ombudsman (defensora del pueblo) para asuntos migratorios en el DHS bajo Biden. Los centros existentes ya sufren escasez de personal, mala ventilación e higiene y atención médica insuficiente, afirmó.

Las instalaciones propuestas son enormes y, en general, fueron construidas para almacenar objetos, no personas, dijo. “No hay forma, sin un costo extremo, tanto para la comunidad como económico, de hacer que estos lugares sean seguros para los seres humanos”, agregó Brané.

Mientras tanto, personas como Kathlene Miller piensan que Social Circle se ha convertido en un “daño colateral” dentro del debate más amplio sobre inmigración. “Somos como los hijos en un divorcio”, dijo.

Pero Social Circle podría enfrentar una batalla difícil. Taylor dijo que los líderes del condado de Walton y el estado de Georgia han guardado silencio sobre el centro.

“Dicen que son asuntos federales, que no tienen jurisdicción”, afirmó. “No tienen ningún interés en ayudarnos”.

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Carolina del Norte se convirtió a finales de abril en el miembro más reciente de un grupo creciente de estados liderados por republicanos que exigen a sus agencias de salud pública reportar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a los beneficiarios de Medicaid cuyo estatus legal esté en duda.

Es una tendencia que, según investigadores de políticas de salud, probablemente se extenderá a otros estados controlados por el Partido Republicano que buscan alinearse con Trump en la ofensiva federal contra el fraude en Medicaid y la inmigración sin papeles.

Hasta ahora, al menos cuatro estados —, , y — han aprobado leyes similares, y legisladores en otros estados, como y , evalúan medidas parecidas. En esos seis estados, los republicanos controlan tanto las dos cámaras legislativas como la oficina del gobernador.

“Este es un tema que está muy presente en la agenda política en este momento”, dijo , investigadora de políticas de salud de la Escuela de Derecho de Harvard.

Más de 75 millones de personas , el programa federal y estatal de salud pública para personas con discapacidades y bajos ingresos, y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), que ofrece cobertura de bajo costo para menores de 19 años.

Los inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para recibir beneficios de Medicaid, pero varios grupos que no son ciudadanos sí califican, como personas con residencia permanente, asilados y refugiados. Uno de cada cuatro niños en el país, la mayoría ciudadanos, vive con al menos un inmigrante.

Sin embargo, las nuevas leyes para reportar casos agregan un nivel adicional de riesgo para los inmigrantes que buscan atención médica, frente a que han utilizado para identificar y deportar personas.

Algunas de las leyes estatales aplican únicamente a las agencias de salud, como ocurre en Carolina del Norte. Pero el enviado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, sería más amplio y exigiría que todas las agencias estatales reporten a personas sospechosas de estar en el país sin papeles.

Las siete medidas estatales van más allá de lo que exige la ley federal, que únicamente obliga a cooperar con agentes de inmigración proporcionando información personal de beneficiarios cuando se solicite.

En Louisiana, familias con estatus migratorio mixto han reportado que la nueva ley estatal, aprobada el año pasado, las a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, en Medicaid.

“Anticipo que esta ley hará que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si la información puede compartirse con autoridades migratorias y si inscribir a un niño o buscar tratamiento podría exponerlos a consecuencias migratorias”, dijo , abogada de inmigración en Carolina del Norte.

Los legisladores republicanos de este estado incluyeron el mandato para el departamento estatal de salud como parte de un proyecto de ley que en fondos de Medicaid, que la Legislatura había recortado al no aprobar un presupuesto el año pasado.

A partir de octubre, empleados estatales pedirán a personas no ciudadanas que reciben Medicaid pruebas de su situación migratoria y reportarán a autoridades federales a quienes no tengan un estatus legal “satisfactorio”.

“Este proyecto de ley está diseñado no solo para financiar nuestras necesidades críticas actuales, sino también para comenzar a abordar problemas de fraude y abuso que sabemos existen dentro del sistema”, dijo el representante estatal republicano Donny Lambeth durante un debate en la Cámara estatal.

Los inmigrantes utilizan que las personas nacidas en Estados Unidos, según un análisis del Instituto Cato, un centro de estudios libertario, que también encontró que los no ciudadanos tienen muchas menos probabilidades de que los ciudadanos. Las agencias estatales de salud ya están obligadas a verificar si el estatus migratorio de los solicitantes los hace .

Varios líderes republicanos responsables del proyecto no respondieron a solicitudes de comentarios. Hannah Jones, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, dijo que la agencia todavía intenta entender el impacto de la nueva ley.

En de 2025, cerca de la mitad de los adultos que “probablemente” no tienen estatus legal dijeron que alguien en su familia evitó buscar atención médica por temor a que su información llamara la atención de autoridades migratorias.

, abogada de Carolina del Norte especializada en discriminación, dijo que los inmigrantes “en proceso”, o aquellos que esperan autorización legal, generalmente ya temen usar beneficios del gobierno para sí mismos.

“Lo que he aprendido al manejar miles de casos a lo largo de los años es que la mayoría de las personas que están en proceso pagan su tratamiento médico de su propio bolsillo”, dijo Rosa.

Este tipo de políticas obliga en la práctica a niños que son ciudadanos estadounidenses a quedarse sin cobertura médica o atención hospitalaria, dijo , investigador del Centro para Niños y Familias de Georgetown University.

“Cuando se implementan políticas dirigidas contra un inmigrante, se puede pensar que solo se está afectando a una persona de la familia, pero en realidad es una bomba imprecisa que termina afectando a todo el hogar”, dijo Cuello.

El uso de agencias estatales de salud pública para localizar inmigrantes sin estatus legal no es la única estrategia utilizada por los estados. Algunos han aprobado leyes que obligan a hospitales a recopilar y reportar esta información.

Una ley de Florida de 2023 que exige al personal de hospitales a preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes ha provocado que no ciudadanos duden en buscar atención médica, ha separado familias y ha causado angustia psicológica, según de la Universidad del Sur de la Florida.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, emitió en 2024 una orden ejecutiva similar a la ley de Florida.

Los estados demócratas han respondido a las políticas de la administración Trump que utilizan información médica privada para identificar inmigrantes. Veintiún estados se sumaron a el año pasado para intentar impedir que el DHS . dictaminó que las identidades de los beneficiarios podían compartirse, pero no su información médica. El litigio continúa.

La oficina de prensa del DHS no respondió al pedido de tener una declaración oficial.

Después de firmar el proyecto de ley, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, emitió exhortando a los legisladores republicanos a proteger la cobertura de Medicaid para casi 27.000 mujeres embarazadas y niños que están legalmente en el país. No respondió preguntas sobre la disposición que obliga al estado a reportar a inmigrantes sin papeles.

Polanco-Galdamez dijo que este tipo de leyes ha deteriorado aún más la confianza en los sistemas de salud entre familias con acceso limitado a servicios.

“Al final del día, los sistemas de salud pública funcionan mejor cuando las personas se sienten seguras al buscar atención médica”, dijo Polanco-Galdamez. “Las políticas que vuelven difusa la línea entre acceso a la atención médica y control migratorio corren el riesgo de empujar aún más a las familias vulnerables hacia las sombras”.

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Hoy, los principales demócratas en la contienda abierta para suceder a Newsom han adoptado el sistema de pagador único como una necesidad política, una respuesta para votantes cansados del aumento de las primas y de otros costos médicos que siguen subiendo.

Pero como no hay un claro favorito, los candidatos están enfrentándose entre sí en debates y anuncios políticos sobre quién está más comprometido con un modelo administrado por el gobierno.

Ningún candidato ha explicado cómo California financiaría una cobertura médica integral para sus 40 millones de residentes, lo que deja a los votantes sin poder distinguir cuál  candidato tiene un plan concreto para el estado más poblado del país.

Expertos en atención de salud y políticas dijeron que el concepto de pagador único pasó de ser una aspiración progresista hace una década a convertirse hoy en un tema común en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos casi dos a uno.

Los demócratas han prometido que este modelo es la mejor manera de reducir costos en un intento por atraer a votantes preocupados por el costo de vida mientras llegan las boletas para las primarias del 2 de junio. Mientras tanto, los dos principales republicanos han descrito el sistema de salud administrado por el gobierno como un “desastre” y “socialismo”.

“En muchos sentidos, el sistema de salud de pagador único se ha convertido en una prueba de pureza progresista”, dijo Larry Levitt, ex asesor de políticas de la Casa Blanca y experto en atención de salud de KFF.

Pocos votantes entienden completamente el término “pagador único”, y mucho menos esperan que el próximo gobernador logre implementarlo, dijo Levitt. Más bien, agregó, el término se ha convertido en una señal para los votantes sobre la manera en que un candidato aborda la reforma del sistema de salud.

Xavier Becerra, ex secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, quien durante décadas respaldó el sistema de pagador único en el Congreso, ha recibido críticas de sus rivales por un cambio matizado, pero claro, alejándose de esa propuesta. Esto ocurrió después de que Becerra recibiera el respaldo de la Asociación Médica de California, un influyente grupo que representa a médicos y que históricamente se ha opuesto a los proyectos de ley de pagador único en el estado.

En un debate el 5 de mayo organizado por CNN, Becerra a “Medicare para Todos”, una propuesta de que lleva años estancada, pero evitó decir si impulsaría un esfuerzo liderado por California.

Dijo que su prioridad inmediata sería mitigar los fuertes recortes federales que se espera afecten a personas de bajos ingresos y con discapacidades inscritas en Medi-Cal, el programa de Medicaid del estado, que cubre a más de un tercio de los residentes.

Becerra cuenta con que los votantes no distingan entre los términos “pagador único”, “Medicare para Todos” y “cobertura universal”, que a menudo se confunden. Durante el debate señaló que “a los californianos no les importa cómo se le llame, siempre y cuando tengan atención médica asequible”.

“Mucha gente no tiene claro qué es el pagador único y necesita una metáfora para entenderlo”, dijo Celinda Lake, estratega demócrata y una de las principales encuestadoras de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020.

El activista multimillonario Tom Steyer, quien ha promovido el hecho de financiar su propia campaña como prueba de que , se ha convertido en el defensor más visible del pagador único en esta contienda, después de haberse opuesto a la idea durante .

Steyer ha dicho que, como gobernador, aprobaría una legislación respaldada por la Asociación de Enfermeras de California que no logró concretarse durante el mandato de Newsom. Cuando se le preguntó cómo cubriría el costo estimado de , Steyer dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News que “Dios estará en los detalles”.

En , la ex representante federal Katie Porter dijo que no creía realista lograr un sistema así en el corto plazo, pero más tarde dijo a delegados del partido que ella . El ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa y el alcalde de San Jose, Matt Mahan, ambos demócratas rezagados en las encuestas, no apoyan el pagador único. Los dos candidatos más votados —sin importar el partido— avanzarán a las elecciones generales de noviembre.

Incluso algunos de los políticos más experimentados no han logrado implementar un sistema de pagador único. Newsom, quien hizo campaña con la promesa de ser un “gobernador de salud”, redujo sus ambiciones al llegar al cargo y optó por impulsar un a la cobertura médica mediante una serie de ampliaciones de Medi-Cal y esfuerzos para contener el gasto en salud.

Vermont, que sigue siendo el que aprobó una ley de salud de pagador único, cuando sus líderes no pudieron identificar una fuente de financiamiento.

Para implementar un sistema de pagador único, California del gobierno federal para redirigir miles de millones de dólares de Medicaid, Medicare y otros fondos que actualmente sostienen el sistema, una aprobación que probablemente no llegaría de la administración Trump.

Más de la mitad de los adultos en el país dicen que los costos de salud en su voto de noviembre, según una encuesta de KFF realizada en abril.

Danielle Cendejas, consultora demócrata en Los Ángeles que trabaja con candidatos legislativos estatales, dijo que el tema del pagador único aparece cada vez más en cuestionarios de grupos y , tanto en como en .

Cendejas dijo que lo que la mayoría de los votantes de California quiere escuchar es cómo los candidatos planean dar alivio inmediato frente al aumento de primas, los altos costos de los medicamentos y las largas esperas para recibir atención.

El alto costo no preocupa a Jennifer Easton, demócrata de Oakland de 63 años, quien dijo que otros países con modelos similares han demostrado que pueden reducir costos. Dijo que apoya un sistema de salud de pagador único porque considera evidente que los estadounidenses han llegado al límite de lo que se puede lograr dentro del sistema actual. Pero no espera que ninguno de los candidatos actuales logre implementarlo y aún no ha decidido a quién apoyar.

“Nadie puede hacerlo en cuatro años”, dijo. Ver a un candidato respaldar con entusiasmo el concepto le da una buena idea de su filosofía. “Es, si tenemos suerte, un plan de 20 o 25 años”.

Rob Stutzman, consultor político republicano que asesoró al ex gobernador Arnold Schwarzenegger, dijo que aunque las encuestas , los sugieren que ese apoyo cae rápidamente cuando los votantes entienden que podrían perder a su médico o a su actual plan de salud.

Durante el debate de CNN, Steve Hilton, el candidato republicano respaldado por el presidente Donald Trump, dijo que los californianos terminarían con una atención médica deficiente y “con impuestos altísimos para pagarla”, como ocurre, según él, en su país natal, el Reino Unido.

En cambio, Hilton sugirió que el estado deje de ofrecer “atención médica gratuita a inmigrantes indocumentados que ni siquiera deberían estar en el país”.

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El programa de exención, administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), permite que médicos que no son ciudadanos estadounidenses permanezcan en el país mientras pasan de la visa que usaron durante su formación a un estatus de trabajador temporal. A cambio, los médicos aceptan trabajar en áreas con escasez de servicios durante al menos tres años.

“Serán los pacientes quienes más sufrirán porque en unos tres meses habrá cientos de lugares que no tendrán un médico que deberían tener”, dijo un psiquiatra afectado por el retraso.

El médico —a quien ºÚÁϳԹÏÍø News aceptó no identificar por temor a represalias del gobierno— está entre los cientos que solicitaron este año una exención de la visa J-1 a través del Programa de Visitantes de Intercambio del HHS.

Si la recibe, el psiquiatra —quien estudió medicina en su país de origen, en Europa, antes de venir a Estados Unidos para su residencia y subespecialidad— trabajaría con pacientes vulnerables y desfavorecidos en Nueva York.

En los últimos años, el programa del HHS revisaba las solicitudes de exención en una a tres semanas, según dos abogados de inmigración.

Pero actualmente tiene un atraso de cientos de solicitudes, que aún deben ser revisadas por el Departamento de Estado y aprobadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), según cuatro abogados entrevistados por ºÚÁϳԹÏÍø News.

Dijeron que es probable que los médicos extranjeros tengan que regresar a sus países si sus solicitudes no avanzan al USCIS antes del 30 de julio.

Para poder volver a ingresar a Estados Unidos, sus empleadores tendrían que pagar una nueva tarifa de $100.000 asociada con la visa de trabajo H-1B. Es un costo que muchos hospitales y clínicas en áreas rurales y con escasos recursos dicen no poder asumir. “Ese es el precipicio hacia el que se dirige este tren”, señaló Charles Wintersteen, abogado en Chicago, especializado en inmigración relacionada con la fuerza laboral de salud.

Emily Hilliard, vocera del HHS, no respondió preguntas sobre el número de solicitudes pendientes ni explicó qué causó los retrasos. Pero dijo que el Programa de Visitantes de Intercambio ha revisado todas las solicitudes de exención clínica J-1 del año fiscal 2025, así como algunas del año fiscal 2026.

El departamento está “implementando mejoras clave en los procesos para evitar futuros retrasos” y “trabajando diligentemente” para evaluar las solicitudes restantes antes de la fecha límite del 30 de julio, agregó.

El psiquiatra en espera dijo que los empleadores que contratan médicos con exención J-1 deben demostrar que no pudieron cubrir los puestos con trabajadores estadounidenses. Si los médicos que planeaban contratar no pueden llegar a tiempo —o no llegan—, los pacientes tendrán que esperar aún más para que se cubran esas vacantes.

Wintersteen dijo que los puestos de educación médica de posgrado están financiados en gran parte a través de Medicare y que “los contribuyentes que pagan por esa formación no obtendrán el beneficio”.

Médicos y abogados de inmigración dijeron que el HHS no ha explicado los retrasos ni les ha informado qué esperar de sus solicitudes.

“¿Por qué el HHS querría ralentizar y hacer desaparecer un programa que funciona? Un programa que cada año coloca a cientos de médicos internacionales formados en Estados Unidos en zonas del país con gran escasez de servicios”, escribió Jennifer Minear, abogada en Virginia especializada en inmigración de la fuerza laboral de salud, en un correo electrónico. “¿Cómo beneficia eso a la salud pública? Es desconcertante”.

Exenciones retrasadas

El sistema de salud de Estados Unidos depende de profesionales nacidos en el extranjero para cubrir puestos de médicos, enfermeros, técnicos y otros proveedores, especialmente en centros con falta crónica de personal en comunidades rurales y urbanas de bajos ingresos.

Casi una cuarta parte de los médicos en Estados Unidos estudió medicina fuera del país o Canadá, según .

Una vez que los no ciudadanos completan su educación de posgrado en Estados Unidos, que normalmente termina el 30 de junio, deben regresar a su país de origen y esperar dos años antes de solicitar una visa de trabajo H-1B. O pueden solicitar , que les permite permanecer en el país con estatus H-1B a cambio de trabajar durante tres años en un área con escasez de proveedores.

Los abogados dijeron que están viendo retrasos solo en el Programa de Visitantes de Intercambio, no en otros programas federales o estatales de exención J-1.

El programa de atención clínica del HHS recibió 750 solicitudes de exención el año pasado, según Minear y Wintersteen, y está reservado para médicos que trabajan en pediatría, psiquiatría, medicina familiar e interna, o en obstetricia y ginecología.

El programa normalmente necesita enviar recomendaciones al Departamento de Estado a mediados de marzo, según , CEO de la Asociación Médica Estadounidense (AMA).

Minear dijo que el HHS dejó de procesar solicitudes a finales de septiembre o principios de octubre antes de comenzar a enviarlas nuevamente hace unos meses.

“Pero el ritmo es mucho más lento” de lo habitual, dijo.

Minear explicó que el Departamento de Estado suele tardar dos o tres meses en revisar las recomendaciones del HHS y debe enviarlas al USCIS antes del 30 de julio para que la mayoría de los médicos puedan permanecer en el país.

Si no se cumple ese plazo, señaló Wintersteen, los médicos tendrán que abandonar el país a menos que obtengan otro tipo de visa, consigan una exención J-1 a través de otro programa o extiendan su visa actual realizando exámenes de certificación o formación adicional.

El psiquiatra, que debe comenzar a trabajar el 1 de julio, dijo que solicitó la exención para permanecer en Estados Unidos con su pareja y porque le permitiría ayudar a los pacientes de salud mental más vulnerables. Dijo que sus futuros pacientes probablemente incluirían sobrevivientes de trata de personas, personas sin hogar, en prisión o centros de detención. “Esa es la población con la que quiero trabajar”, aseguró.

El retraso de exenciones y el dilema de la H-1B

El presidente Donald Trump emitió que criticaba el uso de visas de trabajo H-1B por parte de la industria tecnológica. La orden creó la tarifa de $100.000 que se aplica a trabajadores de todos los sectores —no solo tecnología— que viven fuera de Estados Unidos. El pago no se aplica a quienes ya están en el país.

Hasta el 15 de febrero, los empleadores habían pagado la tarifa por 85 trabajadores, del USCIS. No está claro si alguno de esos pagos fue para médicos u otros proveedores de salud.

El psiquiatra dijo que los responsables del hospital que planea contratarlo indicaron que no pueden costear traerlo de regreso a Estados Unidos si se ve obligado a salir del país.

“Muchos hospitales que contratan médicos con exención J-1 están en áreas con pocos recursos y atienden a pacientes de Medicare y Medicaid”, dijo. “Por definición, en su mayoría no son hospitales ricos”.

Barry Walker, abogado en Tupelo, Mississippi, enfocado en inmigración de la fuerza laboral de salud, dijo que los empleadores ya han gastado dinero en reclutadores y abogados para ayudar con el proceso de exención.

Sumar la tarifa de la visa H-1B es “simplemente un factor que hace inviable el acuerdo, especialmente para hospitales pequeños y rurales”, explicó.

Los abogados indicaron que la mayoría de los empleadores solo patrocinarán médicos que necesiten una visa H-1B si están en especialidades lucrativas, como la cardiología o la ortopedia, donde pueden recuperar el costo de la tarifa.

También indicaron que es mucho menos probable que los centros de salud paguen la tarifa para contratar enfermeros extranjeros, técnicos de laboratorio y otros profesionales de salud que, con más frecuencia que los médicos, completan su formación fuera de Estados Unidos.

Los empleadores , pero los abogados dijeron que no conocen hospitales o clínicas a los que se les haya concedido una.

Lucha en dos frentes

Médicos, el liderazgo de los hospitales, legisladores y expertos en inmigración tratan de alertar sobre los retrasos en las exenciones J-1 en el HHS, al tiempo que buscan eliminar o limitar la nueva tarifa H-1B.

La administración Trump no ha respondido a cartas de , y que solicitaron una excensión a la tarifa de $100.000 para médicos o para todos los trabajadores de salud.

En marzo, un grupo bipartidista de legisladores presentó un para crear una exención en el sector salud. Aún no ha tenido audiencia.

Al menos tres demandas buscan eliminar completamente la tarifa: una ., la de un grupo de y que incluye una empresa que recluta enfermeros extranjeros y un sindicato que representa a graduados de medicina.

En cuanto a los retrasos en las exenciones J-1, el CEO de AMA pidió al Programa de Visitantes de Intercambio utilizar un “procesamiento de emergencia en lote” para médicos con contratos que comienzan a trabajar este verano.

Efrén Manjarrez, presidente de la Society of Hospital Medicine, que representa a médicos que trabajan en unidades hospitalarias, también pidió medidas de emergencia.

“Cada día que este atraso persiste es un día en que los pacientes hospitalizados en estas comunidades enfrentan mayor riesgo”, al programa.

Mientras tanto, hospitales en Canadá reclutan médicos extranjeros que completan su formación en Estados Unidos, dijo el psiquiatra. Agregó que uno de sus amigos aceptó una oferta, retirando su solicitud de exención del HHS para irse al norte.

El psiquiatra dijo que si debe salir de Estados Unidos, estará alejado de su pareja y se quedará sin trabajo durante meses mientras obtiene la licencia en su país de origen.

Incluso si su empleador pudiera pagar la tarifa H-1B, no está seguro de querer regresar.

“Todo este proceso ha sido increíblemente doloroso y agotador”, dijo. “Preferiría ir a un país que valore mi motivación para trabajar con pacientes”.

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Dos proyectos de ley que avanzan en el Senado estatal buscan impedir que agentes de inmigración aíslen a pacientes de sus seres queridos e interfieran con su capacidad de obtener ayuda legal.

Los análisis de ambas propuestas citan un artículo de ºÚÁϳԹÏÍø News que reveló que familiares y abogados enfrentaban dificultades extremas para localizar y apoyar a pacientes hospitalizados mientras estaban bajo custodia migratoria.

ºÚÁϳԹÏÍø News encontró que algunos hospitales han facilitado aislar a pacientes mediante lo que se conoce como políticas de ocultamiento, que pueden incluir registrar a personas bajo seudónimos, ocultar sus nombres del directorio del hospital e impedir que el personal contacte a familiares para informarles su ubicación y condición.

Un proyecto de ley, , de la senadora estatal demócrata Caroline Menjivar, del Valle de San Fernando prohibiría en gran medida el uso de estas políticas para pacientes bajo custodia migratoria y garantizaría que mantengan el derecho a que se notifique a sus familias y a otras personas sobre su paradero y estado de salud.

Estas políticas solo se permitirían cuando el proveedor de salud determine que el paciente representa un riesgo creíble para sí mismo o para otros, y ese riesgo quede documentado en el expediente médico. Los pacientes también podrían recibir visitas.

La propuesta busca responder a informes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vigilando a pacientes en sus habitaciones mientras se les hace exámenes médicos o hablan con doctores, interfiriendo en decisiones médicas y presionando para que sean dados de alta antes de tiempo y enviados a centros de detención que no cuentan con capacidad para dar seguimiento a la atención.

“Estas son acciones que no tienen lugar en la atención médica, y son una clara violación de los derechos de los pacientes”, dijo Menjivar.

Según la propuesta de Menjivar, no se permitiría el ingreso de agentes a las habitaciones de pacientes que trasladan para recibir atención, a menos que demuestren autorización legal para estar allí. Si los agentes permanecen en la habitación, el personal tendría que pedirles que salgan durante exámenes médicos y conversaciones sobre la atención del paciente. Si se niegan, el personal tendría que documentarlo.

El proyecto de ley , presentado por la senadora estatal Susan Rubio, demócrata del Valle de San Gabriel, requeriría que los proveedores de salud informen al personal y a voluntarios pertinentes cómo responder cuando pacientes quieren que sus familias sepan dónde están, y que coloquen avisos en las entradas con información sobre visitas y políticas de acceso.

Esta ley ya establece que los pacientes pueden autorizar que se informe a sus seres queridos que están en el hospital, y la propuesta de Rubio busca asegurar que el personal y otras personas sepan que pueden hacerlo también en casos de pacientes bajo custodia migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), que supervisa la aplicación de leyes migratorias, no respondió a una solicitud de comentarios.

Ambos proyectos fueron aprobados por los comités de Salud y Judicial del Senado siguiendo líneas partidistas, y ahora serán considerados por el Comité de Asignaciones del Senado.

Más de 20 defensores de los derechos de inmigrantes y trabajadores de salud expresaron apoyo a mayores protecciones para pacientes durante una audiencia la semana del 6 de abril.

“Este estado debe hacer todo lo posible para proteger contra estos abusos y garantizar que las personas detenidas tengan derecho a contactar a sus seres queridos cuando están hospitalizadas y en condiciones críticas”, dijo Hector Pereyra, gerente político de Inland Coalition for Immigrant Justice.

Sin embargo, representantes de la Asociación de Hospitales de California y la Asociación Médica de California dijeron a legisladores que les preocupa que instruir a trabajadores de salud a documentar números de placa de agentes y pedirles que salgan de habitaciones pueda generar conflictos y representar riesgos de seguridad.

“Aunque entendemos que este es un tema importante, queremos asegurarnos de que el proyecto logre el equilibrio adecuado y no cree obligaciones conflictivas o poco claras para hospitales, su personal y sus médicos, particularmente en interacciones en tiempo real con agentes federales”, dijo Vanessa Gonzalez, vicepresidenta de defensa estatal de la asociación hospitalaria.

ºÚÁϳԹÏÍø News reportó que un hombre, Julio César Peña, de 43 años, estuvo retenido en un hospital en Victorville durante casi dos semanas antes de que su abogado y su familia supieran dónde estaba.

Peña, que tenía enfermedad renal terminal, estuvo encadenado a su cama de hospital, vigilado por agentes migratorios, y le dijeron que no podía revelar su ubicación, según su esposa. Después sufrió una convulsión que lo dejó intubado e inconsciente, pero nadie notificó a su familia. Peña murió el 25 de febrero, menos de dos meses después de ser liberado y regresar a casa.

Defensores de inmigrantes y trabajadores de salud, así como legisladores, temen que incidentes similares estén ocurriendo en todo el estado.

Menjivar dijo que su proyecto “busca cerrar la brecha entre la ley vigente y la práctica, dando a entidades proveedoras de salud las herramientas para defender los derechos de privacidad, salud y visitas de un paciente llevado bajo custodia migratoria”.

El SB 915 prohibiría que hospitales y clínicas permitan que agentes migratorios tomen decisiones médicas por el paciente o actúen como intérpretes. También requeriría que centros de salud documenten y verifiquen, “en la medida de lo posible”, la identidad de los agentes; proporcionen a pacientes acceso a herramientas de comunicación; e informen a pacientes sobre sus derechos. Además, tendrían que completar planes de alta que incluyan intentos de coordinación con cualquier centro receptor, como un centro de detención, para asegurar atención de seguimiento.

Los proyectos llegan después de una ley aprobada el año pasado que buscó limitar la aplicación de leyes migratorias en centros de salud, incluso prohibiendo que establecimientos médicos permitan el ingreso de agentes federales sin una orden judicial válida a áreas privadas. Sin embargo, esa ley no abordó situaciones en las que pacientes ya están bajo custodia migratoria.

“El ICE ha sembrado miedo en nuestros hospitales y nos ha impedido hacer nuestro trabajo”, dijo SatKartar Khalsa, residente de medicina de emergencia en un hospital de red de seguridad en San Francisco que ha atendido a pacientes detenidos y testificó en apoyo del SB 915. “Todo esto ha llevado a peor atención para nuestros pacientes y ha agregado otra capa de miedo entre los trabajadores de salud”.

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La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre  en todo el sur de California, los planes de la administración Trump de compartir  con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la aprobación de restricciones estatales y federales sobre el derecho de los inmigrantes a acceder a Medicaid.

Luego, en noviembre, el gobierno federal publicó una nueva propuesta sobre la  que, de aprobarse, podría impedir que determinados inmigrantes obtuvieran la residencia legal permanente si ellos o sus familiares han utilizado beneficios públicos, incluido Medicaid.

Muchos de los pacientes de González y sus hijos, que a menudo son ciudadanos estadounidenses, todavía califican para el programa Medicaid de California, conocido como Medi-Cal, que brinda cobertura de salud a más de 14 millones de residentes con bajos ingresos o discapacidades. Pero, cada vez más, esas personas prefieren no inscribirse ni renovar su cobertura.

“Muchos no quieren solicitar la cobertura”, afirmó González. “Hay quienes dicen que ni siquiera se atreven a salir a regar sus plantas”.

Datos de Medi-Cal sugieren que lo que algunos defensores de inmigrantes llaman una “pandemia de miedo” ha comenzado a reducir la inscripción en el programa de Medicaid más grande del país. Un análisis de ºÚÁϳԹÏÍø News encontró que, de junio a diciembre, el mes más reciente para el que hay datos disponibles, casi 100.000 inmigrantes sin estatus legal salieron del programa. Representan alrededor de una cuarta parte de todas las bajas de Medi-Cal, aunque este grupo constituye aproximadamente solo el 11% de los inscritos.

Esto marca un cambio de rumbo respecto del aumento constante en la inscripción de inmigrantes sin estatus legal en el estado. Hasta julio, las inscripciones de este sector habían aumentado cada mes desde que, en enero de 2024, el estado abrió Medi-Cal a todos los residentes de bajos ingresos sin que importara su estatus migratorio.

Tessa Outhyse, vocera del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS), que supervisa Medi-Cal, afirmó que no hay evidencia de que los inmigrantes se estén dando de baja del programa en mayor proporción que otros grupos. En general, la inscripción en Medi-Cal ha disminuido en alrededor de 1,6 millones desde su punto más alto en mayo de 2023.

Outhyse atribuyó la caída a la reanudación de las verificaciones anuales de elegibilidad, que se suspendieron durante la pandemia de covid-19. California es uno de los 14 estados que, junto con Washington, D.C., financian cobertura de salud para, al menos, algunos inmigrantes que no califican para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños bajo las reglas federales.

Pero dos investigadores, Leonardo Cuello, del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, y Susan Babey, del , cuestionaron esa explicación. Señalaron que California y la mayoría de los otros estados ya habían reanudado completamente las verificaciones de elegibilidad .

Sin embargo, Tony Cava, vocero del DHCS, aseguró que esas revisiones continuaron reduciendo la inscripción hasta 2025.

Cuello agregó que los cambios federales aprobados por los republicanos en la ley One Big Beautiful Bill Act, que se espera provoquen más bajas, no entran en vigor hasta dentro de algunos meses.

“Tenemos muchos factores importantes que aún no han ocurrido y que provocarán la pérdida de cobertura”, explicó Cuello. “Pero la pérdida de cobertura que está ocurriendo ahora parece estar en gran medida relacionada con el miedo de los inmigrantes”.

Encuestas dan algunas pistas

Una  encontró que, en todo el país, los adultos inmigrantes, especialmente los que son padres, están evitando cada vez más incluirse en programas gubernamentales que ayudan a pagar alimentos, vivienda o atención médica para no llamar la atención sobre su estatus migratorio o el de algún familiar. Esto incluye a residentes con estatus  y a ciudadanos naturalizados.

Cuello dijo que la tendencia a evitar estos programas por parte de los padres es especialmente preocupante porque aproximadamente 1 de cada 4 niños en EE.UU. tiene al menos un padre inmigrante. Aunque la mayoría de esos niños haya nacido en el país.

También opina que esa decisión de las familias puede explicar una disminución nacional de casi 3% en la inscripción en Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños durante los primeros 10 meses del año pasado, incluida una caída de 5,6% en la inscripción de niños en California, según datos recopilados por .

Los patrones de inscripción durante la primera administración Trump también ofrecen pistas. Por ejemplo, el presidente amplió los criterios de carga pública para incluir el uso de Medicaid y asistencia para alimentos y vivienda. Esto llevó a muchas familias inmigrantes, incluidos niños ciudadanos y personas no afectadas por la regla, a  para los que eran elegibles. Algunos  incluso después de que varios tribunales bloquearon su implementación y el presidente demócrata Joe Biden revocó la regla.

“La medida generó un alto nivel de confusión”, señaló Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del condado de Los Ángeles, que representa a unos 70 centros de salud en la zona. “El personal de los centros de salud comunitarios aún está trabajando para revertir los efectos de la primera regla”.

Ahorros estimados

Actualmente, solo las personas que dependen de programas de asistencia en efectivo o de atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno pueden ser consideradas un riesgo de carga pública cuando solicitan una visa para entrar al país o gestionan la residencia permanente legal.

Pero bajo la propuesta de la administración Trump, Medicaid y otros programas sin entrega directa de dinero, así como el uso de beneficios por parte de familiares, podrían usarse para evaluar si es posible que una persona termine dependiendo del estado. Los oficiales de inmigración también tendrían mayor autoridad para decidir cuáles factores convierten a alguien en carga pública.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que los cambios son necesarios porque las reglas actuales limitan la capacidad de la agencia para evaluar el riesgo de que un inmigrante dependa de recursos gubernamentales. El período de comentarios públicos terminó en diciembre.

El DHS no respondió a una pregunta respecto de cuándo tomará una decisión final sobre la norma. La propuesta indica que “estaría en línea con una política de larga data: según la cual los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y los beneficios estatales no deben incentivar la inmigración”.

La agencia calculó que esa modificación podría ahorrar a los gobiernos federal y estatales casi $9 mil millones al año gracias a personas que se den de baja o decidan no inscribirse en programas públicos.

En una carta en apoyo a esa iniciativa, el , una organización conservadora que promueve restricciones migratorias, describió la regla actual de carga pública como demasiado limitada y dijo que impide a los funcionarios de inmigración considerar “toda la información relevante”.

“El concepto de negar la entrada a personas que probablemente dependerán de la asistencia gubernamental no es nuevo”, escribió Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios del grupo, en una publicación de diciembre.

La propuesta federal también admite que estas modificaciones podrían  provocar una pérdida de ingresos para economías estatales y locales, incluidos proveedores de salud como hospitales, supermercados, agricultores y arrendadores que participan en programas de vivienda financiados por el gobierno federal.

Un  estimó que la norma que impulsa el gobierno podría llevar a que entre 1,3 y 4 millones de personas abandonen Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños, incluidos hasta 1,8 millones de niños ciudadanos.

“Claramente se está usando para generar miedo y ansiedad”, dijo Benyamin Chao, gerente supervisor de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center. El funcionario calificó la iniciativa como parte de un “ataque a inmigrantes con residencia legal, a ciudadanos estadounidenses que son familiares, y a la comunidad en general”.

Es posible que el temor a la carga pública también haga que menos personas participen en iniciativas contra el hambre, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en California como CalFresh. Mark Lowry, director del Banco de Alimentos del condado de Orange, dijo que esto — junto con las bajas relacionadas con la ley One Big Beautiful Bill Act — podría saturar los bancos de alimentos, ya que los programas federales de nutrición representan la mayor parte de la ayuda alimentaria.

“No hay forma de que el sistema de alimentos de emergencia tenga la capacidad ni los recursos para cubrir esas necesidades”, dijo.

Necesidades de atención médica

El temor a inscribirse en Medi-Cal no afecta a todos los inmigrantes. Juana Zaragoza dirige un programa en Oxnard que ayuda principalmente a trabajadores agrícolas indígenas de México a anotarse en Medi-Cal. Allí, la inscripción y reinscripción se han mantenido estables en los últimos meses. Ni ella ni las comunidades a las que atiende conocen mucho sobre la propuesta de carga pública, explicó.

A menudo, las preocupaciones se ven superadas por la necesidad inmediata de atención médica.

“Nos encontramos con muchas personas que están evaluando qué los beneficia ahora y qué los beneficiará después”, dijo. “Algunos solo quieren cubrir sus necesidades en el momento”.

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El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.

En Oregon, hasta febrero, dos niños habían sido ubicados en hogares temporales luego de ser separados de sus padres en casos de detención migratoria, según Jake Sunderland, vocero del Departamento de Servicios Humanos del estado.

“Antes del otoño de 2025, esto nunca había ocurrido”, aseguró.

Hasta mediados de febrero, casi por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El récord de 73.000 personas detenidas en enero representó un comparado con el año anterior. Según una , hasta agosto de 2025, padres de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense habían sido detenidos desde el inicio del mandato de Trump.

El medio NOTUS que por lo menos 32 niños de padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales en siete estados.

Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización de defensa legal, dijo que sospechan que el número real es mucho mayor.

“Ese número nos parece realmente muy bajo”, dijo.

La separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar , incluido el trastorno de estrés postraumático. El estrés prolongado e intenso también puede causar infecciones más frecuentes en los niños y problemas en el desarrollo. Ese “estrés tóxico” también se asocia con daños en áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, , una organización sin fines de lucro dedicada a la información en salud que incluye a ºÚÁϳԹÏÍø News.

Durante el primer mandato de Trump, . y modificaron algunas leyes para permitir que tutores recibieran derechos parentales temporales en casos relacionados con migración. Ahora, tras el regreso de Trump al poder el año pasado, el aumento en los controles migratorios está impulsando una nueva ola de respuestas estatales.

En Nueva Jersey, legisladores están considerando un proyecto para modificar estatal que permite que los padres designen tutores temporales para casos de muerte o incapacidad. La nueva versión agregaría como otra razón válida la separación por control migratorio federal.

El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes para proteger a las familias separadas por acciones de control migratorio. La ley de California, llamada Ley del Plan de Preparación Familiar (), permite que los padres designen tutores y compartan derechos de custodia, en lugar de que sus derechos se suspendan mientras están detenidos. Si son liberados y pueden reunirse con sus hijos, recuperan sus derechos parentales completos.

Existen importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño entra bajo custodia estatal, explicó Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal en Los Ángeles.

Si el niño es colocado en cuidado temporal y ni el padre ni la madre pueden participar en los procesos judiciales requeridos porque están detenidos o han sido deportados, es menos probable que puedan volver a reunirse con su hijo, afirmó Guzman.

Se estima que que son ciudadanos estadounidenses viven con un padre u otro familiar que no tiene estatus migratorio legal, según investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, D.C. Dentro de ese grupo, 2,6 millones de niños tienen a ambos padres sin estatus legal.

Santana dijo que es probable que el número de casos de separación familiar aumente a medida que el gobierno de Trump avance con su campaña migratoria. Por lo tanto, más niños corren el riesgo de terminar en el sistema de cuidado temporal.

Las exigen que la agencia se esfuerce en facilitar la participación de los padres detenidos en los procedimientos de los tribunales de familia, de bienestar infantil o de tutela, pero Santana indicó que no está claro que el ICE esté cumpliendo con estas normas.

Los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Antes de que cambiara la ley de California, la única razón por la que un padre podía compartir derechos de custodia con otro tutor era si tenía una enfermedad terminal, contó Guzman.

Ahora, si los padres preparan un plan con anticipación y designan a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos si llegara a ser necesario, la agencia estatal de bienestar infantil puede iniciar el proceso para entregar a los niños a esa persona sin tener que abrir un caso formal de cuidado temporal, agregó.

Aunque los legisladores de Nevada el año pasado ampliaron una ley de tutela ya existente para incluir el control migratorio, la medida exige que los padres presenten documentación notarial ante la oficina del secretario de estado, un trámite administrativo que puede resultar costoso, dijo Cristian González-Pérez, abogado en Make the Road Nevada, una organización sin fines de lucro que ofrece recursos a comunidades inmigrantes.

González-Pérez señaló que algunos inmigrantes dudan en completar formularios gubernamentales por temor a que el ICE pueda acceder a esa información y los persiga. Él les asegura a los miembros de la comunidad que los formularios estatales son confidenciales y solo pueden ser consultados por hospitales y tribunales.

El gobierno de Trump ha tomado para acceder a información sensible a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras entidades.

González-Pérez y Guzmán consideran que muchos padres inmigrantes no conocen sus derechos. Designar un tutor temporal y crear un plan familiar es una forma de no sentirse impotentes, afirmó González-Pérez.

“La gente no quiere hablar de esa cuestión”, reflexionó Guzman. “Que un padre tenga que hablar con un niño sobre la posibilidad de separarse da miedo. No es algo que nadie quiera hacer”, concluyó.

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Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movía entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa rama”, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!”.

Carranza, profesional especializada en desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en ríos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.

Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.

Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El Tímpano y ºÚÁϳԹÏÍø News. Pero Carranza es una de un estimado de 100.000 inmigrantes con papeles que pronto quedarán excluidos de Medicare.

La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.

Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.

“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATIS”, dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”

Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora perderán cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo sacar de Medicare a residentes legales.

Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.

Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante .

Si eso ocurre, Carranza perdería su residencia legal y podría estar en riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.

“Esto es como una película de terror, una pesadilla completa”, dijo Carranza. “No es así como imaginé envejecer”.

“Bajo ataque constante”

Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el país después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, y desplazando a 1,3 millones.

El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.

Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos países afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos, si regresar a su país representa un riesgo.

Carranza se perdió la graduación de jardín de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Área de la Bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, así como sus propios estudios en el City College of San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.

También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrían pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.

Se suponía que la recompensa sería una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico.

La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, de los subsidios en el mercado de seguros de salud y de servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, ayuda para vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían el seguro de salud, según KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a ºÚÁϳԹÏÍø News.

Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.

Michael Cannon, director de estudios de política de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querían implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectaría a su base.

“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia social”, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestar”.

Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron y $25,7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en para 2034.

Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal .

“En realidad, esta es la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupo”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadas”.

A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.

Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.

“Es bastante fácil que sufran un deterioro crítico de su salud”, dijo Cheng.

Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.

A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque su presión había subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al día siguiente despertó con el pie hinchado. En el hospital local, un médico le dijo que tenía artritis.

Dijo que fueron momentos preocupantes, pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.

El estrés de saber que perderá su seguro de salud y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el país, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo un ataque constante”.

Sin un lugar a donde ir

En California, hogar del mayor número de , Carranza podría haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el país sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.

En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensaría los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.

“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.

Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado debería intervenir. La asambleísta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán su cobertura, incluidos los adultos mayores.

La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitan”.

Una señal del futuro

En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podría significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenía presencia legal en el país, aunque sí la tenía. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que como resultado la dio de baja.

Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabía que se trataba de un error. Aun así, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.

La experiencia la dejó afectada.

“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquí”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.

Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años.

También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.

En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro había una pila alta de tarjetas de identificación que incluían licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de permisos de trabajo emitidos por el gobierno federal.

“Mi vida está en esta caja”, dijo.

Este artículo fue producido en colaboración con , una organización cívico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Área de la Bahía.

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Pero, siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con ºÚÁϳԹÏÍø News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.

Solo los ciudadanos de Estados Unidos y algunos inmigrantes con presencia legal pueden acceder a Medicaid, que cubre costos de atención médica para personas con bajos ingresos y discapacidades, así como al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés). Ambos programas son administrados por los estados.

Voceros de las agencias de Medicaid de Pennsylvania y Colorado dijeron que, hasta marzo, los estados no habían encontrado a nadie que debiera ser dado de baja de Medicaid. Esto después de revisar un total combinado de 79.000 nombres.

A solicitud de la administración Trump, Texas revisó los registros de más de 28.000 inscritos en Medicaid y canceló la cobertura de 77, según Jennifer Ruffcorn, vocera del Departamento de Servicios Humanos de Texas.

Ohio ha revisado 65.000 inscritos en Medicaid, de los cuales 260 personas fueron dadas de baja del programa, dijo Stephanie O’Grady, vocera del Departamento de Medicaid de ese estado.

En Utah, 42 de los 8.000 inscritos identificados por la administración Trump perdieron su cobertura de Medicaid, dijo Becky Wickstrom, vocera del Departamento de Servicios Laborales estatal.

Al anunciar las revisiones, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo: “Estamos reforzando la supervisión de las inscripciones para proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas vitales sirvan solo a quienes realmente cumplen con los requisitos de la ley”.

Leonardo Cuello, profesor de investigación en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, indicó que las revisiones ordenadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eran innecesarias porque los estados verifican el estatus migratorio cuando las personas se inscriben.

“Es totalmente predecible que todas estas revisiones, que imponen una carga a los estados por parte del gobierno federal, no arrojen resultados”, dijo Cuello. “Los estados ya habían hecho las revisiones una vez, y los CMS solo los estaba obligando a verificar de nuevo la misma información. Hacer que los estados pasen por el mismo proceso burocrático dos veces es increíblemente ineficiente y una manera de malgastar dinero”.

Chris Krepich, vocero de los CMS, dijo en un comunicado a ºÚÁϳԹÏÍø News que las verificaciones en curso están confirmando la elegibilidad “de ciertos inscritos cuyo estatus no pudo ser confirmado mediante fuentes de datos federales”.

“Los CMS proporcionan a los estados informes periódicos para revisiones de seguimiento, y los estados son responsables de verificar de forma independiente la elegibilidad y tomar las medidas apropiadas de acuerdo con los requisitos federales”, agregó.

Sin embargo, los hallazgos compartidos con ºÚÁϳԹÏÍø News también sugieren que muchos de los inscritos, cuyo estatus la administración Trump dijo no poder confirmar, son ciudadanos de Estados Unidos.

O’Grady dijo que Ohio encontró que, de los 65.000 nombres enviados por el gobierno federal, el estado ya tenía información sobre 53.000 que confirmaba que eran ciudadanos y otros 11.000 con estatus migratorio adecuado para Medicaid.

Luego, los trabajadores de casos revisaron los 1.000 nombres restantes para evaluar su información o solicitar más detalles, dijo.

Los CMS no respondieron preguntas sobre los hallazgos de los estados analizados por ºÚÁϳԹÏÍø News ni proporcionaron información sobre las respuestas recibidas de los 50 estados y el Distrito de Columbia, a los que se les ordenó realizar las verificaciones.

La agencia tampoco respondió a una pregunta sobre si está enviando los nombres de las personas cuya cobertura de Medicaid fue cancelada a las autoridades federales de inmigración.

En junio, asesores de Kennedy ordenaron a los CMS compartir información sobre los inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que provocó una demanda de algunos estados preocupados de que la administración usara la información para su campaña de deportaciones contra personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Un juez federal que los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podían acceder solo a información sobre personas en el país sin autorización en las bases de datos de Medicaid de los estados que presentaron la demanda.

Los CMS siguen enviando a los estados listas de nombres al menos cada pocos meses, aunque funcionarios estatales dicen que las cifras han disminuido desde la primera tanda de envíos el verano pasado.

Las personas sin estatus legal no pueden acceder a cobertura de salud financiada con fondos federales, incluyendo Medicaid, Medicare y los planes de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Medicaid sí reembolsa a los hospitales por brindar atención de emergencia a personas sin papeles si cumplen con los requisitos de ingresos y otros criterios del programa.

Siete estados y el Distrito de Columbia ofrecen cobertura de salud sin importar el estatus migratorio, financiando los programas con sus propios recursos.

En marzo de 2025, los CMS iniciaron revisiones financieras de esos programas. “Los CMS han identificado más de $1.800 millones en fondos federales que están siendo recuperados mediante devoluciones voluntarias y aplazamientos de pagos federales futuros de Medicaid”, dijo Krepich. No respondió cuánto se ha recuperado hasta ahora ni de qué estados.

El gasto total de Medicaid superó los $900.000 millones en el año fiscal 2024.

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