Se trata de una gran preocupación para de trabajadores agrícolas que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, al entrar pronto en vigencia un nuevo requisito laboral para este programa federal y estatal que ofrece atención de salud a personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A partir del próximo año en la mayoría de los estados, muchos adultos inscritos en Medicaid tendrán que demostrar que trabajan, estudian en una universidad o programa vocacional, hacen voluntariado o realizan trabajo no remunerado durante al menos 80 horas al mes.

Defensores de los trabajadores dicen que esto podría representar un desafío importante para los trabajadores agrícolas que ya tienen Medicaid o son elegibles para el programa.

Muchos trabajan más de 80 horas al mes durante la temporada de cosecha, pero menos en otros meses. Además, fuera de estos meses, suelen tomar trabajos informales en construcción, jardinería o haciendo reparaciones en casas, por los que no reciben pagos en blanco que puedan demostrar su elegibilidad continua para Medicaid. (Aunque pueden establecerla si prueban que su ingreso mensual promedio durante seis meses equivale a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal).

“Tener un requisito laboral —tener que generar más papeleo y más pruebas— sin duda es extremadamente difícil para los trabajadores agrícolas y otras personas de bajos ingresos, especialmente quienes tienen empleos de temporada, no durante todo el año, y pasan por períodos” en los que no hay trabajo disponible, dijo , vicepresidenta de estrategia y programas de .

Nuevos requisitos, más obstáculos

La agricultura es una industria de , y Estados Unidos depende de unos agrícolas para llevar alimentos a la mesa. Casi el 60% de esos trabajadores son ciudadanos estadounidenses o tienen tarjeta de residencia (green card), según el . El 40% restante no tiene estatus legal o no es elegible para Medicaid por otras razones.

Incluso entre los trabajadores agrícolas con ciudadanía o estatus legal, la tasa de personas sin seguro médico es tres veces mayor que la de la población general. La mayoría de quienes sí tienen seguro son beneficiarios de Medicaid, aunque las tasas de participación varían según el estado. Según , entre el 71% y el 79% de los hogares agrícolas elegibles reportan tener Medicaid.

El nuevo requisito laboral de Medicaid fue una disposición clave de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump. Bajo esta ley federal, y el Distrito de Columbia deben implementar el requisito antes del 1 de enero. Algunos estados ya han tomado medidas para .

La regla de 80 horas se aplica en los estados que expandieron Medicaid, un proceso que comenzó en 2014 y estuvo vinculado a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare). Después de las primeras expansiones, los trabajadores agrícolas con documentación legal tuvieron un de tener seguro médico, según un análisis publicado en 2021 en el American Journal of Agricultural Economics.

Ansiedades migratorias

El requisito laboral es el obstáculo más reciente en una larga lista de barreras entre los trabajadores y la atención médica a la que tienen derecho legalmente, dijo Guild. “Medicaid sin duda ayuda porque reduce el problema del costo”, explicó. “Pero todavía hay otras barreras, como el transporte, pedir licencia por enfermedad y encontrar tiempo para ir a un centro de salud. Todos estos factores pueden impedir que realmente reciban atención médica”.

Para trabajadores agrícolas con tarjeta de residencia y ciudadanos estadounidenses naturalizados, existe otra fuente de estrés: el temor de que inscribirse en Medicaid pueda poner información personal en manos de autoridades migratorias.

Eso preocupa a Luis, de 45 años, quien tiene tarjeta de residencia, es beneficiario de Medicaid y sueña con convertirse en ciudadano estadounidense. Luis —quien pidió ser identificado solo por su segundo nombre— vive con su esposa y su hija en Carolina del Norte, donde ha trabajado en la agricultura durante casi una década.

Hablando en español, dijo que cuando se enteró del requisito laboral supo que sería difícil demostrar que trabaja 80 horas al mes.

“Solo trabajo en el campo durante seis o siete meses; el resto del año trabajo en lo que pueda encontrar”, contó.

Los republicanos en el Congreso sostienen que los requisitos de trabajo reducirán el gasto federal en atención médica, animarán a los adultos sin discapacidades a incorporarse a la fuerza laboral y preservarán los recursos de la red de seguridad social para las poblaciones más vulnerables.

Entre los adultos hispanos inscritos en Medicaid, el 67% ya trabaja, según un informe de KFF de 2025.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo. Pero en junio, cuando los CMS su “marco nacional” para implementar el nuevo requisito laboral de Medicaid, su administrador, el doctor Mehmet Oz, dijo que ayudaría a los beneficiarios a “desarrollar habilidades e independencia mediante el trabajo, la educación, la capacitación laboral o el servicio comunitario, creando nuevas oportunidades para ellos y sus familias”.

Funcionarios federales afirman que el nuevo requisito sacaría de la pobreza a “hasta 2.9 millones de personas”.

Enfermedades crónicas

El trabajo agrícola es una de las ocupaciones y está asociado con y , incluidas afecciones respiratorias. Una realizada en California en 2021-22 encontró que el 37% de los trabajadores agrícolas hombres y el 47% de las trabajadoras agrícolas mujeres del estado tenían al menos una afección crónica de salud.

Defensores dicen que el nuevo requisito laboral es una barrera más para quienes buscan atención médica.

“La gente se salta chequeos y pruebas de detección, y afecciones que podrían detectarse temprano y tratarse de manera rentable” no se atienden, dijo , directora ejecutiva de .

Las salas de emergencia a menudo se convierten en el lugar “natural” para buscar atención médica, agregó Cadena. “Esto aumenta los tiempos de espera y los costos para todos nosotros. Y cuando las personas están tan enfermas que faltan al trabajo, comienza un círculo vicioso de pérdida de productividad e inestabilidad económica familiar que, de nuevo, nos amenaza a todos”.

Pérdida para familias y niños

Las nuevas reglas federales también exigen que los beneficiarios verifiquen su elegibilidad al menos dos veces al año, el doble de veces que antes, lo que crea otro posible obstáculo.

“Las cartas pueden perderse fácilmente y los formularios pueden quedar sin completar. Si las personas se enredan en el papeleo, podrían perder la cobertura”, dijo , vicepresidenta asistente de , una organización sin fines de lucro que promueve un sistema de salud equitativo.

Para trabajadores agrícolas que viajan de un estado a otro, el proceso puede ser un laberinto sin salida.

“Tienes que encontrar el tiempo para transferir tu cobertura y probablemente encontrar a una persona u organización que pueda ayudarte, y eso puede ser muy difícil cuando te estás mudando constantemente”, dijo Cadena.

La situación pone de relieve lo difícil que puede ser navegar un sistema complejo para personas y familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“El resultado podría ser la pérdida de cobertura no solo para los trabajadores, sino también para sus familias y sus hijos”, expresó Cadena.

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Ahora, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton presentan a los votantes dos visiones claramente opuestas en la carrera por la gobernación, en un momento en que el respaldo público a la amplia red de protección social de California comienza a debilitarse.

Ambos candidatos presentan el tema como una cuestión económica.

Becerra, ex secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden, sostiene que más pobres de la atención médica preventiva y obligarlos a recurrir a costosas .

Hilton, comentarista conservador respaldado por el presidente Donald Trump, ha prometido eliminar esa cobertura y ha retomado los argumentos de los republicanos a nivel nacional, quienes afirman que la expansión del programa en California dentro de Medicaid.

Con votantes de todo el país preocupados por la inflación y el aumento del costo de vida, algunos californianos parecen menos dispuestos a respaldar una cobertura médica integral para personas sin estatus migratorio legal. Lo que decida hacer el estado podría tener profundas consecuencias para su sistema de salud y para una de las economías más grandes del mundo.

Durante la última década, los legisladores de California utilizaron recursos estatales para ampliar Medi-Cal y ofrecer cobertura médica integral a todos los residentes de bajos ingresos, independientemente de su situación migratoria.

Pero tanto la inscripción como los costos superaron ampliamente las proyecciones iniciales.

Según la Oficina del Analista Legislativo de California, la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal cuesta actualmente alrededor de , más del doble de lo estimado originalmente.

El gobernador demócrata Gavin Newsom y la Legislatura estatal, que , aprobaron recientemente importantes recortes para este grupo de beneficiarios al concluir que California ya no puede sostener el aumento del gasto en salud, especialmente tras los importantes recortes federales incluidos en la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act.

La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California estima que hasta 3.4 millones de afiliados a Medi-Cal y que el estado dejaría de recibir más de $30 mil millones anuales en fondos federales, lo que provocaría graves alteraciones en la red pública de atención médica.

El presupuesto de Medi-Cal para el año fiscal 2026-2027 asciende a $217 mil millones y el programa atiende a más de 14 millones de californianos.

Mientras tanto, muchos ciudadanos estadounidenses y residentes legales han visto aumentar considerablemente el costo de sus primas de seguro médico este año tras el vencimiento de subsidios federales ampliados.

Cuando California enfrentó un déficit presupuestario el año pasado, una mayoría de los votantes probables expresó, por primera vez en casi una década, su oposición a proporcionar seguro médico a inmigrantes sin estatus legal, del Public Policy Institute of California (PPIC).

“El estado enfrenta grandes desafíos y la atención médica representa uno de los gastos más importantes”, dijo Mark Baldassare, director de encuestas del PPIC. “La gente se ha vuelto más selectiva respecto a cómo quiere que se gasten esos recursos limitados”.

Hilton, cuya campaña se centra en reducir el costo de vida y los impuestos, ha aprovechado ese sentimiento, presentando la cobertura médica para inmigrantes sin documentos como una política que la capacidad del estado para atender a sus propios ciudadanos.

“Dejen de quitarles dinero a los contribuyentes californianos, que apenas pueden pagar su propia atención médica, para ofrecer atención gratuita a ciudadanos de otros países que ni siquiera deberían estar aquí”, dijo Hilton en la mañana de las elecciones primarias del 2 de junio.

Durante la campaña, utilizar los ahorros derivados de eliminar esa cobertura para del resto de los californianos, aunque no ha explicado cómo lo haría.

Hilton no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por ºÚÁϳԹÏÍø News.

“Su mensaje es muy simple: nosotros contra ellos”, afirmó Roger Salazar, consultor político demócrata que representa a una coalición de organizaciones defensoras de la cobertura médica para personas de bajos ingresos.

Esas organizaciones sostienen que brindar acceso a la atención médica fortalece la fuerza laboral y, por lo tanto, beneficia a toda la economía.

“La cuestión consiste en convencer al votante promedio de que, desde el punto de vista económico, es una mejor inversión”, señaló Salazar.

Hijo de inmigrantes, Becerra ha promovido durante décadas la . Como candidato a gobernador mantiene el mismo argumento.

No respondió a las solicitudes de entrevista de ºÚÁϳԹÏÍø News.

“Los inmigrantes, tengan o no documentos, trabajan duro. Pagan impuestos y, a veces, sufren accidentes laborales o sus hijos se enferman”, durante un debate celebrado el mes pasado.

“Sería una insensatez decirle a una familia que no puede acudir al pediatra o al médico de atención primaria”.

Becerra, quien podría convertirse en el primer gobernador latino elegido por voto popular en California, la decisión de Newsom y los líderes legislativos de de adultos sin estatus legal en Medi-Cal, reducir beneficios e imponer primas mensuales.

“Dejemos de tratar la cobertura médica como una variable presupuestaria que se expande cuando hay bonanza económica y se contrae cuando disminuyen los ingresos”, escribió Becerra el mes pasado en del Orange County Register.

También buscar nuevas fuentes permanentes de ingresos para financiar servicios básicos, incluyendo aumentos de impuestos a las corporaciones y a los residentes con mayores ingresos.

En 2023 vivían en California aproximadamente 2.3 millones de personas sin estatus migratorio legal, equivalentes a de la fuerza laboral estatal, según el

Además, vive en una familia donde al menos uno de sus integrantes carece de estatus migratorio legal, de acuerdo con el Departamento de Educación de California.

Economistas especializados en salud sostienen que ofrecer acceso a atención preventiva reduce los costos públicos, a largo plazo, al mantener y disminuir la presión sobre un sistema de salud ya sobrecargado.

Según Baldassare, ese argumento resultaba mucho más convincente durante la pandemia de covid-19, cuando los inmigrantes eran considerados y el vínculo entre la salud individual y la salud pública era .

Sin embargo, los costos de Medi-Cal para cubrir a aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes , según las estimaciones más recientes del Departamento de Servicios de Atención Médica de California.

Dado que solo algunos inmigrantes con presencia legal califican para Medicaid federal, los —como California— deben financiar completamente esos beneficios con recursos estatales.

Los expertos presupuestarios del estado que mantener la cobertura integral para inmigrantes sin obtener nuevas fuentes de ingresos podría poner en riesgo la estabilidad fiscal de California a largo plazo.

Durante una audiencia legislativa el año pasado, el legislador estatal republicano Carl DeMaio cuestionó si los contribuyentes considerarían prioritaria esa expansión.

“Dudo que la atención médica para inmigrantes indocumentados, financiada con el fondo general, ocupe los primeros lugares de sus prioridades”, dijo.

Después de que la Legislatura aprobara los recortes al programa, el apoyo ciudadano a esa cobertura disminuyó aún más, señaló Baldassare.

Actualmente, Newsom y los legisladores .

David Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de UCLA, ha dedicado su carrera a estudiar la contribución económica de los latinos y los inmigrantes.

Según explicó, las personas sin estatus migratorio legal presentan y suelen trabajar en sectores que no ofrecen .

Como consecuencia, muchos dependen de Medi-Cal y el estado termina asumiendo esos costos en lugar de las empresas.

“California tiene el cuarto producto interno bruto (PIB) más grande del mundo, y eso es posible gracias a los latinos”, afirmó Hayes-Bautista.

“Sin la contribución económica de los latinos —muchos de ellos sin estatus legal— California descendería al octavo lugar, con una economía .”

Las organizaciones defensoras de los inmigrantes esperan que, si llega a la gobernación, Becerra sea un aliado más firme en la defensa de la cobertura médica.

Es considerado el favorito en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos por casi dos a uno.

“Él luchará, responderá y hará todo lo que esté a su alcance”, dijo la senadora estatal María Elena Durazo, exdirigente sindical y una de las principales impulsoras de la expansión de la atención médica para inmigrantes.

“Eso es lo máximo que podemos esperar.”

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Había sido atacado en un tiroteo desde un vehículo en Jacksonville, Florida, y hospitalizado condos heridas de bala. Contó que, durante la semana que pasó internado, un asistente médico cambió el rumbo de su vida al visitarlo cada día y advertirle que los hombres negros con heridas de bala a menudo terminan paralizados, o algo peor.

“Yo andaba en la calle, en malos pasos”, dijo Pinckney. “Me hizo prometerle que nunca volvería a entrar a su sala de emergencias de esa manera. Esa fue la última conversación que tuvimos, justo antes de que me dieran el alta”.

Desde entonces, su meta ha sido convertirse en asistente médico. Pinckney, quien pasó la mayor parte de su carrera trabajando para el Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York y como proveedor de salud del Ejército de Reserva, recientemente dio un paso importante hacia ese objetivo. En mayo, se graduó con honores de Lehman College con una licenciatura en ciencias.

Después de mudarse de Nueva York al condado de Prince George, en Maryland, planeaba postularse este año a programas de asistente médico. Pero ahora teme que su sueño se vea frustrado por las nuevas reglas para préstamos estudiantiles.

A partir del 1 de julio, la cantidad de dinero que los estudiantes de posgrado podrán pedir prestado al gobierno federal . Los nuevos topes forman parte de la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.

La administración Trump afirma que los límites buscan reducir el costo de la educación superior y la deuda estudiantil.

Pero los críticos coinciden ampliamente en que los nuevos topes son demasiado bajos, especialmente para los estudiantes que solo podrán pedir hasta $20.500 al año en préstamos federales debido a la controversial definición de “título profesional” incluida en la ley.

El 24 de junio, un juez federal bloqueó temporalmente al Departamento de Educación para que no aplicara esa definición. Aun así, para muchos estudiantes, los nuevos límites no cubrirán el costo combinado de matrícula, vivienda y gastos básicos.

Esto podría dejar a cientos de miles de estudiantes que piden préstamos para estudios de posgrado cada año a merced de prestamistas privados, con tasas de interés más altas y menos opciones de pago.

Algunos expertos y estudiantes también temen que los límites afecten los esfuerzos por diversificar la fuerza laboral de salud, al desalentar a personas de minorías raciales y de hogares de bajos ingresos a postularse a programas de posgrado.

Una caída en el número de nuevos estudiantes podría agravar la escasez ya existente de profesionales en zonas rurales y en atención primaria, advierten.

Muchos políticos y expertos en préstamos reconocen que el costo de la educación superior debe abordarse. Pero los nuevos límites federales “simplemente no van a lograr ese objetivo”, dijo Todd Pickard, presidente de la American Academy of Physician Associates, una de varias organizaciones que demandaron al Departamento de Educación por estas reglas.

“Sería como si tuvieras un padrastro en un dedo y yo te cortara todo el brazo en lugar de atenderte el padrastro”, dijo Pickard. “El tratamiento no corresponde al problema”.

Entre la espada y la pared

Los estudiantes que cursen lo que la ley describe como “títulos profesionales” —incluidos futuros médicos, dentistas, farmacéuticos y quiroprácticos— podrán pedir prestado hasta $200.000 en total, y no más de $50.000 al año.

Mientras tanto, el costo medio de asistir a una escuela pública de medicina es de casi $300.000 durante cuatro años, y el costo medio de una escuela privada de medicina supera los $400.000, según la Association of American Medical Colleges.

Los límites fueron fijados aún más bajos para quienes cursan otros títulos de “posgrado”, con un tope de $100.000 en préstamos federales durante todo el programa. El límite anual para esta categoría es de apenas $20.500.

Originalmente, los estudiantes de fisioterapia, asistente médico y enfermería estaban incluidos en este grupo. Pero, según nuevas pautas emitidas el lunes por el Departamento de Educación, algunos de estos estudiantes podrán, al menos temporalmente, acceder al límite más alto, .

El Departamento de Educación, que ha sido demandado por grupos profesionales de médicos y por unas dos decenas de estados debido a las nuevas reglas, no respondió a preguntas para este artículo.

Tal como fue redactada la ley, un estudiante para asistente médico que terminara su programa en el promedio habitual de dos a tres años no habría podido pedir prestados los $100.000 completos. Mientras tanto, los asistentes médicos suelen comenzar sus carreras con una deuda promedio de $112.000, lo que significa que algunos podrían verse obligados a financiar su educación con préstamos privados de intereses más altos.

“Siento que estoy entre la espada y la pared”, dijo Olivia Trull, de 24 años, quien tiene previsto iniciar este verano el programa de asistente médico en Northwest University, en Kirkland, Washington. El programa de 28 meses cuesta $137.000, con unos $62.000 en matrícula y cuotas estimados para el primer año, dijo. Eso no incluye gastos de vida.

Antes de la orden judicial, Trull dijo que calificaba para el máximo anual de $20.500 en préstamos federales durante su primer año de posgrado. El resto tendría que financiarlo con un prestamista privado.

Calculaba que necesitaría hasta $100.000 en préstamos privados para financiar su posgrado y que, al terminar, enfrentaría pagos mensuales de más de $3.000.

“Tengo que sentarme y tener una conversación conmigo misma”, dijo Trull, para pensar “si quiero estar ahogada en deudas durante los próximos 10 años de mi vida”. Un banco privado le ofreció un préstamo con una tasa de interés de casi 14%, contó.

Pinckney, quien dijo haber terminado su licenciatura con alrededor de $10.000 en deuda federal estudiantil, señaló que algunos amigos que ya solicitaron préstamos privados recibieron cotizaciones con tasas de hasta 13%.

En comparación, las tasas de los préstamos federales para estudiantes de posgrado, que se fijan cada año, actualmente rondan entre 8% y 9%. Los préstamos federales también suelen ofrecer opciones de pago más flexibles que los privados.

En mayo, 25 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda federal contra el Departamento de Educación por las nuevas reglas. La demanda describió la definición de “título profesional” de la ley como “arbitraria y caprichosa”.

En otra demanda federal presentada en junio, la American Academy of Physician Associates y la PA Education Association alegaron que las nuevas reglas niegan a los estudiantes los montos necesarios para asistir a programas de asistente médico. Argumentan que los estudiantes de estos programas deberían poder acceder a los límites más altos disponibles para estudiantes de medicina y otros programas profesionales.

Aunque “physician assistant” y “physician associate” suelen referirse al mismo rol, la entidad adoptó el título “physician associate” en 2021 por considerar que “assistant” no refleja el papel importante de estos profesionales en la atención médica de alta calidad.

Mientras tanto, funcionarios de la administración Trump han sostenido que el costo de los estudios de posgrado es demasiado alto en general. La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo ante un comité de la Cámara de Representantes en mayo que “nuestro objetivo general es reducir el costo de la universidad y de la educación”.

De hecho, algunos expertos reconocen que los nuevos límites podrían ayudar a reducir costos. El programa federal Grad PLUS, creado por el Congreso hace 20 años, no establecía un límite sobre cuánto podían pedir prestado los estudiantes de posgrado en préstamos federales. Ese programa fue eliminado por la One Big Beautiful Bill Act.

“Hay evidencia considerable de que las personas pidieron prestado más de lo que realmente necesitaban para estudiar”, dijo Sandy Baum, economista de educación superior e investigadora senior del Urban Institute.

Algunos programas de posgrado ya han reducido sus precios de matrícula, dijo Baum. En mayo, por ejemplo, la Universidad de California-Irvine anunció que reduciría el costo de sus programas de MBA en decenas de miles de dólares para quedar por debajo de los nuevos umbrales federales de préstamo.

Aun así, Baum no espera que muchas otras universidades hagan lo mismo.

“No creo que vayamos a ver una caída dramática en los precios”, dijo. “Creo que algunos programas podrían cerrar porque no podrán manejarlo”.

“He llorado”

Los nuevos límites de préstamos también afectarán de manera desproporcionada a los estudiantes de raza negra, dijo Baum, porque históricamente han pedido más préstamos que los estudiantes blancos no hispanos e hispanos (que pueden ser de cualquier raza).

Para algunos estudiantes que ya pidieron préstamos para financiar sus licenciaturas, los nuevos límites serán especialmente duros. Bajo las nuevas reglas, estarán sujetos a un límite de por vida de $257,000 en préstamos federales estudiantiles.

“Habrá estudiantes que no podrán inscribirse”, dijo Baum.

Andrei Robu, de 26 años, estudiante de medicina en la Medical University of South Carolina, dirige el Grupo de Interés en Educación Financiera del campus de Charleston. Dijo que muchos de sus compañeros temen que los límites de préstamos reduzcan la diversidad del estudiantado.

También le preocupa que, como la demanda para ingresar a la escuela de medicina ya es muy alta, las instituciones puedan priorizar a estudiantes de familias con más recursos y “aun así llenar sus clases”.

“Eso no es lo que queremos en nuestra fuerza laboral médica”, dijo Robu, quien no está sujeto a las nuevas reglas por ser estudiante actual. “Queremos representar a la población del país en general”.

Jasmine Vásquez, de 26 años, fue aceptada en el programa de asistente médico de South College, en Atlanta, pero decidió aplazar su inscripción hasta 2027, en parte para ver si cambian sus opciones de financiamiento. Le preocupa asumir demasiada deuda con un banco privado.

“He llorado varias veces”, dijo Vásquez, quien espera dar a luz en septiembre. “No es algo que esté bajo mi control”.

Betsy Mayotte, presidenta del Institute for Student Loan Advisors, prevé que las nuevas reglas llevarán a algunos graduados a la bancarrota cuando no puedan pagar préstamos privados.

Sin embargo, espera que primero caiga la matrícula y que algunos programas de posgrado cierren porque no podrán reclutar suficientes estudiantes. También anticipa que bajarán las tasas de finalización, ya que algunos estudiantes alcanzarán los límites federales de préstamo a mitad de sus programas.

Más allá de eso, predice que los graduados en áreas de salud buscarán empleos en especialidades mejor pagadas, lo que agravará la escasez en comunidades rurales y desatendidas.

“Van a ir donde puedan ganar más dinero”, dijo Mayotte.

Pinckney dijo que “no está realmente seguro” de lo que le depara el futuro. Pagó la mayor parte de su educación universitaria trabajando mientras estudiaba, pero eso normalmente no es posible para estudiantes de tiempo completo en programas de asistente médico.

Ha considerado postularse a un programa de posgrado en ciencias biomédicas, que calcula costaría unos $30.000, una cantidad “mucho más manejable”, dijo. Eso podría permitirle trabajar en un laboratorio o en la industria farmacéutica. Seguiría estando vinculado a la medicina, agregó, pero no le permitiría cumplir su meta de trabajar directamente con pacientes.

“Quizá esto se resuelva”, dijo sobre los nuevos límites federales de préstamos. Mientras tanto, mantiene la esperanza.

“Si puedo influir en la vida de una sola persona, esa sería mi forma de devolver lo que él hizo por mí”, dijo, refiriéndose al asistente médico que lo inspiró en 1999. “Es muy difícil apartarse de ese sueño”.

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Alpizar’s daughter quickly got better, but her son didn’t. José had a fever and diarrhea and was throwing up. When the shelter nurses couldn’t help, Alpizar sought out a private doctor, who prescribed antibiotics.

In mid-June, Alpizar, her partner, kids, and brother moved to , a former factory that the Mexican government had converted to house migrants waiting to cross into the U.S. Weeks later, though, a doctor said her son still hadn’t improved. “He showed me the chart again and told me it was still the same,” Alpizar said in Spanish through an interpreter while at a shopping complex near the shelter. “He is still malnourished.”

Three years ago, Mexico had few shelters for migrants making their way to the U.S. People seeking asylum, like Alpizar and her family, presented themselves to U.S. authorities and were usually either detained in American facilities or released on parole while they awaited their proceedings. In either case, they had potential access to the U.S. health care system.

But a constellation of U.S. immigration policies, of asylum seekers and refugees, and the covid-19 pandemic have transformed Mexican border towns into holding areas for people who are waiting for policies to change and are hoping to cross and head north. And despite the Biden administration’s recent efforts to unwind some of those policies, little seems likely to change in the coming months. Alpizar and her family are now among thousands of people living in dozens of recently built Juárez shelters, just a few miles from El Paso, Texas.

The wait — — has led some migrants, like Alpizar’s children, to develop health problems; exacerbated people’s chronic ailments, like hypertension or diabetes; left some in dire conditions without care; and compounded the trauma experienced by those fleeing their homes.

Under Title 42, a public health emergency order that the Trump administration first invoked in March 2020 to stop the spread of covid, Alpizar and her family are not allowed to present themselves at a border checkpoint and claim political asylum — they would be immediately expelled back to Mexico without a screening.

The policy, just one of several that have kept migrants in Mexico, is actually “counterproductive” to protecting people from covid, according to .

The Leona Vicario shelter has experienced outbreaks of and since opening in 2019. It is still considered one of the better shelters because the Mexican government runs it. Nonprofit and private shelters operate with little oversight, and their quality varies.

Some migrants sleep in the streets. In general, conditions are making people sick, and care is limited, said Gabriela Muñoz, a project manager for Las Americas Immigrant Advocacy Center in Juárez.

Alpizar decided to travel to the border from Cuernavaca, a city south of Mexico City, she said, after an attempt to kidnap her children. The same day, her brother Angel and partner, Pablo Sandoval Arce, were beaten on their way home from a job painting an apartment. She told Pablo, José’s father, that it was not a coincidence.

Alpizar reported the incidents to the local police, she said, but was told that nothing could be done. A few days later, they arrived in Juárez with money from Alpizar’s aunt in South Carolina, who had helped raise Alpizar and her brother after their mother died. Alpizar is now trying to get an exemption to Title 42 that would allow her family to file an asylum application and join her aunt until their case is heard.

Las Americas gets about 4,000 calls a day, said Crystal Sandoval, director of strategic initiatives at the El Paso center. Only about 100 draw a response. About 70% of callers need medical attention — they require immediate cancer treatment, have a condition like diabetes that is out of control, or have developed anemia. Others have been sexually assaulted or have high-risk pregnancies. The group helps 60 to 90 people a week get exemptions, which allow them to apply for asylum and wait in the U.S. for their court dates.

Immigration advocates say that not only has Title 42 done more harm to public health than good, but the rule has been applied selectively. U.S. Customs and Border Protection have stopped migrants about 1.7 million times in the current federal fiscal year, which started Oct. 1. About half of those stops resulted in an expulsion under Title 42, . About 65% of those were people from Mexico, while the vast majority of other expulsions involved people from El Salvador, Guatemala, and Honduras. In April, however, to enter the U.S.

In many ways, the Alpizar family’s medical story isn’t the most extreme. Other migrants have immediate, life-threatening needs. In 2019, after five months waiting in a shelter, — the same week officials processed her asylum request. She died from sepsis, pneumonia, and tuberculosis, .

Alpizar’s situation reflects how U.S. immigration policy has outsourced migrant care to Mexico, said , an immigration researcher at the University of Texas-El Paso, who first met Alpizar during a weekly visit to Leona Vicario.

Federal courts have delayed or blocked the Biden administration’s attempts to lift some immigration policies. In May, days before Alpizar started her journey, .

Some nonprofits, meanwhile, seek to help migrants access care during their border waits. Hope Border Institute, a Catholic nonprofit, started a fund to assist them in seeing private doctors, paying for hospital stays, filling prescriptions, and covering transportation to appointments.

When a doctor advised Alpizar to put her son on a special diet, the family initially went shopping to buy him food not available in the shelter, which houses about 600 people. Later that day, however, when they checked a refrigerator that shelter residents share, the fruit and yogurt were gone. Pablo now shops three times a week, buying only small amounts to keep his son fed.

Then, in late July, a shelter doctor diagnosed José with conjunctivitis and gave him antibiotic eyedrops. Shortly afterward, his sister, Zoe, tested positive for covid, and the family was sent to the shelter’s isolation ward.

Gastrointestinal issues, respiratory illnesses like covid, and skin conditions are common in congregate facilities, like shelters, where people are packed into tight quarters, said Dr. Julie Linton, co-chair of the American Academy of Pediatrics’ Council on Immigrant Child and Family Health. She has treated many newly arrived kids who had multiple parasitic infections because they lacked clean water or access to sanitary conditions during their journey.

José could have something even more serious, but specialty care and testing are not available to migrants, said Dr. Bert Johansson, an El Paso pediatrician who volunteers in Mexican shelters.

Or José may just need a stable place to recover.

Chronic stress suppresses the immune system, which makes infections more likely and recovery harder, Linton said. The long waits are also causing or intensifying existing trauma, said Marisa Limón, senior director for advocacy and programming at the Hope Border Institute. Mental health ailments are among the most common health conditions for people in shelters and detention centers, said Linton.

In July, Las Americas officials told Alpizar that she would have to wait at least eight to 10 weeks before learning whether her family would be granted an exemption.

Alpizar has considered crossing illegally but doesn’t have the funds. A sense of desperation has led migrants to .

The lack of legal pathways to seek asylum “makes people take more risks, in more dangerous areas,” said Eddie Canales, director of the South Texas Human Rights Center. “The border is a graveyard.”

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