La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre  en todo el sur de California, los planes de la administración Trump de compartir  con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la aprobación de restricciones estatales y federales sobre el derecho de los inmigrantes a acceder a Medicaid.

Luego, en noviembre, el gobierno federal publicó una nueva propuesta sobre la  que, de aprobarse, podría impedir que determinados inmigrantes obtuvieran la residencia legal permanente si ellos o sus familiares han utilizado beneficios públicos, incluido Medicaid.

Muchos de los pacientes de González y sus hijos, que a menudo son ciudadanos estadounidenses, todavía califican para el programa Medicaid de California, conocido como Medi-Cal, que brinda cobertura de salud a más de 14 millones de residentes con bajos ingresos o discapacidades. Pero, cada vez más, esas personas prefieren no inscribirse ni renovar su cobertura.

“Muchos no quieren solicitar la cobertura”, afirmó González. “Hay quienes dicen que ni siquiera se atreven a salir a regar sus plantas”.

Datos de Medi-Cal sugieren que lo que algunos defensores de inmigrantes llaman una “pandemia de miedo” ha comenzado a reducir la inscripción en el programa de Medicaid más grande del país. Un análisis de ���ϳԹ��� News encontró que, de junio a diciembre, el mes más reciente para el que hay datos disponibles, casi 100.000 inmigrantes sin estatus legal salieron del programa. Representan alrededor de una cuarta parte de todas las bajas de Medi-Cal, aunque este grupo constituye aproximadamente solo el 11% de los inscritos.

Esto marca un cambio de rumbo respecto del aumento constante en la inscripción de inmigrantes sin estatus legal en el estado. Hasta julio, las inscripciones de este sector habían aumentado cada mes desde que, en enero de 2024, el estado abrió Medi-Cal a todos los residentes de bajos ingresos sin que importara su estatus migratorio.

Tessa Outhyse, vocera del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS), que supervisa Medi-Cal, afirmó que no hay evidencia de que los inmigrantes se estén dando de baja del programa en mayor proporción que otros grupos. En general, la inscripción en Medi-Cal ha disminuido en alrededor de 1,6 millones desde su punto más alto en mayo de 2023.

Outhyse atribuyó la caída a la reanudación de las verificaciones anuales de elegibilidad, que se suspendieron durante la pandemia de covid-19. California es uno de los 14 estados que, junto con Washington, D.C., financian cobertura de salud para, al menos, algunos inmigrantes que no califican para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños bajo las reglas federales.

Pero dos investigadores, Leonardo Cuello, del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, y Susan Babey, del , cuestionaron esa explicación. Señalaron que California y la mayoría de los otros estados ya habían reanudado completamente las verificaciones de elegibilidad .

Sin embargo, Tony Cava, vocero del DHCS, aseguró que esas revisiones continuaron reduciendo la inscripción hasta 2025.

Cuello agregó que los cambios federales aprobados por los republicanos en la ley One Big Beautiful Bill Act, que se espera provoquen más bajas, no entran en vigor hasta dentro de algunos meses.

“Tenemos muchos factores importantes que aún no han ocurrido y que provocarán la pérdida de cobertura”, explicó Cuello. “Pero la pérdida de cobertura que está ocurriendo ahora parece estar en gran medida relacionada con el miedo de los inmigrantes”.

Encuestas dan algunas pistas

Una  encontró que, en todo el país, los adultos inmigrantes, especialmente los que son padres, están evitando cada vez más incluirse en programas gubernamentales que ayudan a pagar alimentos, vivienda o atención médica para no llamar la atención sobre su estatus migratorio o el de algún familiar. Esto incluye a residentes con estatus  y a ciudadanos naturalizados.

Cuello dijo que la tendencia a evitar estos programas por parte de los padres es especialmente preocupante porque aproximadamente 1 de cada 4 niños en EE.UU. tiene al menos un padre inmigrante. Aunque la mayoría de esos niños haya nacido en el país.

También opina que esa decisión de las familias puede explicar una disminución nacional de casi 3% en la inscripción en Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños durante los primeros 10 meses del año pasado, incluida una caída de 5,6% en la inscripción de niños en California, según datos recopilados por .

Los patrones de inscripción durante la primera administración Trump también ofrecen pistas. Por ejemplo, el presidente amplió los criterios de carga pública para incluir el uso de Medicaid y asistencia para alimentos y vivienda. Esto llevó a muchas familias inmigrantes, incluidos niños ciudadanos y personas no afectadas por la regla, a  para los que eran elegibles. Algunos  incluso después de que varios tribunales bloquearon su implementación y el presidente demócrata Joe Biden revocó la regla.

“La medida generó un alto nivel de confusión”, señaló Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del condado de Los Ángeles, que representa a unos 70 centros de salud en la zona. “El personal de los centros de salud comunitarios aún está trabajando para revertir los efectos de la primera regla”.

Ahorros estimados

Actualmente, solo las personas que dependen de programas de asistencia en efectivo o de atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno pueden ser consideradas un riesgo de carga pública cuando solicitan una visa para entrar al país o gestionan la residencia permanente legal.

Pero bajo la propuesta de la administración Trump, Medicaid y otros programas sin entrega directa de dinero, así como el uso de beneficios por parte de familiares, podrían usarse para evaluar si es posible que una persona termine dependiendo del estado. Los oficiales de inmigración también tendrían mayor autoridad para decidir cuáles factores convierten a alguien en carga pública.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que los cambios son necesarios porque las reglas actuales limitan la capacidad de la agencia para evaluar el riesgo de que un inmigrante dependa de recursos gubernamentales. El período de comentarios públicos terminó en diciembre.

El DHS no respondió a una pregunta respecto de cuándo tomará una decisión final sobre la norma. La propuesta indica que “estaría en línea con una política de larga data: según la cual los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y los beneficios estatales no deben incentivar la inmigración”.

La agencia calculó que esa modificación podría ahorrar a los gobiernos federal y estatales casi $9 mil millones al año gracias a personas que se den de baja o decidan no inscribirse en programas públicos.

En una carta en apoyo a esa iniciativa, el , una organización conservadora que promueve restricciones migratorias, describió la regla actual de carga pública como demasiado limitada y dijo que impide a los funcionarios de inmigración considerar “toda la información relevante”.

“El concepto de negar la entrada a personas que probablemente dependerán de la asistencia gubernamental no es nuevo”, escribió Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios del grupo, en una publicación de diciembre.

La propuesta federal también admite que estas modificaciones podrían  provocar una pérdida de ingresos para economías estatales y locales, incluidos proveedores de salud como hospitales, supermercados, agricultores y arrendadores que participan en programas de vivienda financiados por el gobierno federal.

Un  estimó que la norma que impulsa el gobierno podría llevar a que entre 1,3 y 4 millones de personas abandonen Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños, incluidos hasta 1,8 millones de niños ciudadanos.

“Claramente se está usando para generar miedo y ansiedad”, dijo Benyamin Chao, gerente supervisor de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center. El funcionario calificó la iniciativa como parte de un “ataque a inmigrantes con residencia legal, a ciudadanos estadounidenses que son familiares, y a la comunidad en general”.

Es posible que el temor a la carga pública también haga que menos personas participen en iniciativas contra el hambre, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en California como CalFresh. Mark Lowry, director del Banco de Alimentos del condado de Orange, dijo que esto — junto con las bajas relacionadas con la ley One Big Beautiful Bill Act — podría saturar los bancos de alimentos, ya que los programas federales de nutrición representan la mayor parte de la ayuda alimentaria.

“No hay forma de que el sistema de alimentos de emergencia tenga la capacidad ni los recursos para cubrir esas necesidades”, dijo.

Necesidades de atención médica

El temor a inscribirse en Medi-Cal no afecta a todos los inmigrantes. Juana Zaragoza dirige un programa en Oxnard que ayuda principalmente a trabajadores agrícolas indígenas de México a anotarse en Medi-Cal. Allí, la inscripción y reinscripción se han mantenido estables en los últimos meses. Ni ella ni las comunidades a las que atiende conocen mucho sobre la propuesta de carga pública, explicó.

A menudo, las preocupaciones se ven superadas por la necesidad inmediata de atención médica.

“Nos encontramos con muchas personas que están evaluando qué los beneficia ahora y qué los beneficiará después”, dijo. “Algunos solo quieren cubrir sus necesidades en el momento”.

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El dolor persistente por un accidente de auto ocurrido hace dos meses, sumado a una vida ya difícil, tiene a Angulo preocupada por su embarazo. Por eso sintió alivio cuando una camioneta móvil de medicina callejera de St. John’s Community Health llegó cerca de su asentamiento en febrero.

“Gracias a Dios que los tenemos”, dijo.

, que opera 28 clínicas, la mayoría en el condado de Los Ángeles, forma parte de la red nacional de clínicas comunitarias sin fines de lucro que atienden a los habitantes más pobres del país. Alrededor del 80% de sus 144.000 pacientes, incluida Angulo, tienen Medi-Cal, la versión de California del programa Medicaid para personas con bajos ingresos o discapacidades.

Pero los recortes federales al gasto de Medicaid bajo la One Big Beautiful Bill, la ley aprobada por los republicanos, sumados al en Sacramento, podrían costarle a St. John’s hasta un tercio de sus ingresos anuales de $240 millones. Eso obligaría a recortar servicios que podrían incluir la medicina callejera, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de la organización.

Si no se reemplaza el financiamiento perdido, clínicas más pequeñas y con menos recursos del condado podrían enfrentar consecuencias aun más duras y hasta cierres.

Por eso Mangia, junto con una coalición de clínicas comunitarias, trabajadores de salud y defensores, impulsa por cinco años en el condado más poblado del país para ayudar a cubrir la pérdida proyectada de fondos federales y estatales.

Hasta ahora, St. John’s ha aportado al menos $2 millones a la campaña.

Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles (Community Clinic Association of Los Angeles County), dijo que no hay muchas opciones para salvar al sistema de salud de un desastre.

“Estamos en una situación crítica y desesperante”, agregó. “Esto tiene el potencial de cambiar el panorama. Compensaría de manera muy significativa las pérdidas”.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio, pese a la oposición de algunas ciudades dentro del condado. Sus líderes argumentaron que el impuesto pondría presión sobre los consumidores y los dueños de negocios.

La mayor parte de en ingresos anuales se usaría para proteger la atención médica de la red de seguridad en clínicas comunitarias, hospitales y escuelas.

Luchando por mantenerse a flote

A nivel nacional, se espera que la ley presupuestaria del Partido Republicano reduzca el gasto federal en Medicaid en a lo largo de 10 años. También podría aumentar en más de el número de personas sin seguro médico.

La propuesta en la boleta del condado de L.A. es una de muchas iniciativas locales y estatales en todo el país, mientras clínicas, hospitales, trabajadores de salud, defensores y legisladores buscan nuevas fuentes de dinero para compensar los recortes.

En Michigan, donde se proyecta que la ley federal le costará al estado , la oficina de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ha propuesto de impuestos sobre el tabaco, productos de vapeo, apuestas en línea, apuestas deportivas y publicidad digital. Calcula que esto generaría cientos de millones de dólares al año.

En Rhode Island, un grupo de legisladores estatales espera aliviar parte del impacto de los recortes federales con un que incluye un impuesto a los anuncios digitales y un recargo del 3% sobre ingresos gravables superiores a aproximadamente $640.000.

“El objetivo no es reemplazar los ingresos, sino reducir el daño”, dijo el representante estatal demócrata Brandon Potter, uno de los legisladores involucrados en estas leyes.

En Washington, el representante estatal demócrata Shaun Scott presentó recientemente una legislación para abordar la pérdida de fondos federales con un impuesto del 5% sobre la nómina de grandes empresas, aplicado a salarios de empleados que superen los $125.000 al año.

En California, la ley republicana reducirá la a Medi-Cal en al año, o 25%. La inscripción en Medi-Cal podría caer en como resultado de los recortes federales y estatales, según un análisis del Centro de UCLA para la Investigación de Políticas de Salud y del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley.

En julio, California reducirá los pagos de Medi-Cal que reciben las clínicas comunitarias por ciertos servicios brindados a pacientes con estatus migratorio “insatisfactorio” en alrededor de . Estos pacientes incluyen residentes permanentes en el país por menos de cinco años, refugiados, personas con asilo y otras personas legalmente presentes.

Preparándose para una “nueva realidad”

Defensores y expertos en salud dicen que encontrar nuevas fuentes de ingresos es la única manera de evitar una crisis en el sistema de salud de California.

“¿Vamos a permitir que los vacíos creados por las políticas federales y los recortes del presupuesto estatal dejen a millones de personas sin seguro?”, dijo Laurel Lucia, subdirectora ejecutiva de programas del Centro Laboral de UC Berkeley. “Gran parte de esa pregunta se reduce a los ingresos”.

Algunos profesionales de la medicina dicen que se necesitan nuevos ingresos en el corto plazo, pero que el país también debe abordar su sistema de salud, conocido por ser costoso.

“Esta nueva realidad es que en el futuro tendremos que hacer nuestro trabajo con menos dinero”, dijo Hector Flores, de la Asociación Médica del Condado de Los Ángeles. “Así que esta es una oportunidad para ver cómo podemos hacer las cosas mejor”.

Mientras tanto, abundan los esfuerzos por aumentar los impuestos para la atención médica.

Los votantes del condado de Santa Clara, hogar de Silicon Valley, aprobaron en noviembre pasado un aumento de 0,625% en el durante cinco años para compensar recortes federales a Medicaid. Una estará en la boleta de junio en el condado de Contra Costa.

La iniciativa más conocida, y muy disputada, es una propuesta en la boleta de California patrocinada por sindicatos para aplicar una única vez a los más de del estado.

El gobernador demócrata Gavin Newsom se opone firmemente; el senador Bernie Sanders (independiente de Vermont) hizo campaña recientemente en California a favor de la propuesta y presentar una versión nacional en el Congreso.

Los promotores del impuesto temporal a la riqueza dicen que recaudaría , que en su mayoría se usarían para cubrir la pérdida de fondos federales y estatales en Medi-Cal y otros programas de la red de seguridad. Estos promotores intentan reunir cerca de 875.000 firmas necesarias para llevar la medida a la boleta de noviembre.

“Estamos al borde de un colapso de nuestro sistema de salud. Así que las personas más afortunadas entre nosotros pagan un impuesto modesto que nos dará tiempo y nos permitirá encontrar una solución a largo plazo”, dijo Suzanne Jimenez, jefa de gabinete del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios–Trabajadores de la Salud Unidos West, principal patrocinador de la medida. “Aun así, seguirían siendo increíblemente ricos”.

Los multimillonarios responden

El plan ha generado gran controversia, no solo en California sino en todo el país, y ha provocado y otros críticos.

Los críticos argumentan que la medida podría hacer que los multimillonarios abandonen California, lo que afectaría la innovación, los empleos y la recaudación fiscal. Algunos también advierten que podría terminar en una batalla legal, ya que quienes tendrían que pagar podrían impugnarla por múltiples vías.

“Si esto se aprobara, se esperaría que quedara frenado en los tribunales por algún tiempo”, dijo Jared Walczak, investigador temporal de la California Tax Foundation. “Es bastante posible que no entre ningún ingreso durante varios años, si es que llega a entrar alguno”.

La posibilidad de estas complicaciones ha llevado a algunos defensores de la salud a enfocarse en iniciativas locales que podrían empezar a generar ingresos más rápido, como el impuesto a las ventas propuesto en el condado de Los Ángeles.

Pero esa medida también tiene críticos, incluidos líderes de varias ciudades del condado que pidieron a los supervisores que rechazaran porque, dicen, aumentaría las preocupaciones por el costo de vida de los consumidores y pondría presión sobre los negocios.

Kathryn Barger, republicana y la única supervisora del condado de Los Ángeles, que se opuso a incluir la medida en la boleta de junio, dijo en un comunicado que el impuesto propuesto haría que el condado fuera “menos accesible para las familias y menos atractivo para que los consumidores compren y las empresas operen”.

Pero los partidarios dicen que la atención médica de la red de seguridad ya está sintiendo el impacto de la reducción de fondos. Por ejemplo, en febrero, el Departamento de Salud Pública del condado anunció que debido a $50 millones en recortes de financiamiento federal, estatal y local.

Los inscritos en Medi-Cal también están preocupados.

“Recibimos muchas llamadas de pacientes en pánico que temen perder su Medi-Cal. Decenas de llamadas al día, cientos de llamadas a la semana”, dijo Mangia, de St. John’s.

“Les decimos que estamos trabajando en una solución y esperamos tener esa solución en junio”.

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Por segundo año, el demócrata pidió a los legisladores estatales que eliminen la cobertura para un sector de los inmigrantes ante los recortes federales al gasto en Medicaid y un déficit presupuestario de aproximadamente .

Muchos analistas advierten que, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, .

Newsom propuso que el estado no intervenga cuando, a partir de octubre, el gobierno federal deje de brindar cobertura médica a unos 200.000 residentes legales, entre ellos .

Legisladores progresistas y activistas afirmaron que esos recortes representan un alejamiento de la promesa de Newsom de garantizar “”. Por otro lado, los republicanos siguen criticándolo porque utiliza fondos públicos para cubrir a personas que no son ciudadanas.

Según el Departamento de Finanzas, la propuesta más reciente de Newsom permitiría un ahorro estimado de $786 millones en este año fiscal y de $1.100 millones anuales en los años siguientes, dentro de un presupuesto proyectado de $349.000 millones.

La senadora estatal Caroline Menjivar, una de las dos demócratas que el año pasado votaron en contra de los recortes de Newsom, dijo que le preocupa que las ambiciones políticas del gobernador estén pesando más que lo que es mejor para los californianos.

“Está pendiente de lo que van a opinar Arkansas o Tennessee, cuando lo que piensa California es algo completamente diferente”, se quejó Menjivar, quien contó que sus críticas anteriores le costaron de un subcomité clave del presupuesto. “Esa es mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo aquí”, agregó.

Mientras tanto, el senador estatal republicano Tony Strickland criticó a Newsom por restar importancia del estado que, según funcionarios estatales, podría crecer hasta los $27.000 millones el próximo año. Además, lo acusó de seguir ofreciendo cobertura a residentes de California que viven en el país sin autorización. “Lo único que quiere es relanzarse políticamente, proyectar una nueva imagen”, dijo Strickland.

Es una cuerda floja política que se irá tensando aún más a medida que disminuya el apoyo federal y sigan aumentando los gastos en atención médica, afirmó Guian McKee, codirector del Proyecto de Políticas de Salud de la Escuela de Asuntos Públicos Miller de la Universidad de Virginia.

“Newsom tiene que hacer malabares con tres o cuatro temas delicados al mismo tiempo”, opinó  McKee. Si decide postularse, agregó: “las prioridades de los votantes demócratas en las primarias —que en gran medida reflejan estados progresistas como California— son muy distintas a las del electorado en general, que está mucho más dividido”.

En Estados Unidos, las opiniones sobre si el gobierno debería ofrecer cobertura médica a personas sin papeles están muy divididas.

En una realizada el año pasado, una pequeña mayoría —54%— se opuso a una disposición que establecía sanciones a los estados que utilizaban sus propios recursos para brindar atención médica a inmigrantes. Había grandes diferencias según la afiliación política. Finalmente, esa disposición no fue incluida en la versión final del proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Donald Trump.

Incluso en California, la idea de ofrecer atención médica perdió apoyo a causa de los problemas presupuestarios.

En , el 41% de los adultos expresó estar de acuerdo con ofrecer cobertura médica a inmigrantes sin papeles, una caída significativa con respecto en 2023.

el vicepresidente JD Vance, y legisladores republicanos han acusado en repetidas ocasiones a California y a otros estados demócratas de usar fondos públicos para dar atención médica a inmigrantes, un tema que enardece a la base del Partido Republicano.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), de “” para recibir más fondos federales, liberando recursos estatales para su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal, que ha inscrito a cerca de 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular.

“Si usted es un contribuyente en Texas o Florida, sus impuestos podrían haberse usado para financiar la atención médica de inmigrantes ilegales en California”, dijo en octubre.

Funcionarios de California negaron esas acusaciones y afirmaron que solo se utilizan fondos estatales para dar servicios de salud general a personas indocumentadas, ya que la ley prohíbe usar fondos federales.

Newsom ha convertido esto en un “”, ya que ampliar la cobertura a inmigrantes, según su administración, mantiene a las y ayuda a evitar costosas visitas a salas de emergencia que muchas veces se terminan pagando con dinero público.

“Ninguna administración ha hecho más que ésta para ampliar la cobertura total de Medicaid para nuestras comunidades diversas, con y sin estatus migratorio”, dijo Newsom a periodistas en enero. “Hay quienes han construido toda su carrera política criticando mi postura”.

Newsom advirtió sobre el “carnaval de caos” del gobierno federal al aprobar la ley One Big Beautiful Bill Act de Trump. Esa ley, sostuvo, pone a 1,8 millones de californianos en riesgo de perder su cobertura médica debido a la implementación de requisitos laborales, otras reglas de elegibilidad y nuevos límites al financiamiento federal para los estados.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde ahora y hasta 2034, a nivel nacional, 10 millones de beneficiarios podrían perder su cobertura.

han señalado que un número mayor de personas sin seguro —en especial aquellas que están relativamente sanas— podría concentrar la cobertura en , lo que potencialmente elevaría los costos de las primas y los costos hospitalarios en general.

Organizaciones que trabajan con los inmigrantes señalan que es especialmente cruel dejar sin atención médica a quienes pudieron haber huido de situaciones de violencia o sobrevivido a la trata o a situaciones de abuso.

Las normas federales actuales exigen que los programas estatales de Medicaid cubran a “no ciudadanos calificados”, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, explicó Tanya Broder, del National Immigration Law Center. Pero la One Big Beautiful Bill Act, impulsada por los republicanos, puso fin a esa cobertura, lo que afectaría a legales en todo el país.

Como muchos gobernadores estatales aún no han presentado sus propuestas de presupuesto, no está claro cómo piensan cubrir los recortes al financiamiento, dijo Broder.

Por ejemplo, funcionarios de Colorado estiman que unos 7.000 inmigrantes legales podrían perder cobertura por los cambios en la ley. En el estado de Washington, las autoridades calculan que , solicitantes de asilo y otros inmigrantes con autorización legal se quedarán sin cobertura de Medicaid.

Ambos estados, al igual que California, ampliaron la cobertura completa a todos los residentes elegibles por ingresos, sin importar su situación migratoria. Ahora, sus funcionarios electos están en la incómoda posición de tener que explicar por qué algunos inmigrantes legales podrían perder su cobertura médica mientras que otros sin estatus legal podrían conservarla.

El año pasado, el aumento de los costos en atención médica y los recortes presupuestarios llevaron a los gobernadores demócratas de —JB Pritzker y Tim Walz, dos potenciales aspirantes a la presidencia— a suspender o cancelar la cobertura para inmigrantes sin papeles.

También en 2025, legisladores de California votaron por la eliminación de la cobertura dental y congelaron nuevas inscripciones para personas sin documentos. A partir del próximo año también se cobrará una prima mensual a quienes mantengan su cobertura.

Aun así, se estima que el estado gastará $13.800 millones de su fondo general en atención médica para inmigrantes no cubiertos por el gobierno federal, según H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.

En enero, en una conferencia de prensa en San Francisco, Newsom defendió estas medidas y dijo que eran necesarias por “prudencia fiscal”. Evitó responder preguntas sobre la cobertura para solicitantes de asilo y refugiados, y minimizó la importancia de su propuesta, al decir que podría revisarla cuando tuviera la oportunidad de actualizar el presupuesto en mayo.

Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de la California Pan-Ethnic Health Network, señaló que el estado aprobó una ley en la década de 1990 que le exige cubrir con Medi-Cal cuando los fondos federales de Medicaid no están disponibles. Esto incluye a personas con residencia permanente que aún no cumplen con el período de espera de cinco años para inscribirse en Medicaid.

Savage-Sangwan calificó la propuesta del gobernador como “arbitraria y cruel” y criticó su decisión de priorizar los depósitos del fondo de emergencia para tiempos difíciles en vez de mantener la cobertura. Agregó que culpar al gobierno federal era engañoso.

También consideró que es un gran retroceso respecto de lo que ella esperaba que California pudiera lograr el primer día de Newsom en el cargo, hace siete años, cuando el gobernador declaró su apoyo a un sistema de salud con financiamiento público integral y propuso ampliar los subsidios para pagar el seguro médico para la clase media.

“Tenía esperanza y celebramos los avances que impulsó el gobernador”, afirmó Savage-Sangwan. “Por eso estoy aún más decepcionada”.

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Martha Santana-Chin, hija de inmigrantes mexicanos, creció con Medi-Cal, la versión californiana de Medicaid, el programa de atención médica administrado por el gobierno para personas con bajos ingresos y discapacidades.

Y hoy es CEO de L.A. Care, que administra lo que es, por lejos, el plan de Medi-Cal más grande, con más de 2,2 millones de beneficiarios, superando el número de inscripciones en Medicaid y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) en .

“Si no existieran redes de apoyo como el programa Medi-Cal, muchas personas estarían estancadas en la pobreza sin posibilidades de salir adelante”, dijo. “En lo personal, no tener que preocuparme por la atención médica me permitió concentrarme en lo que debía: mi educación”.

Al comenzar su segundo año al frente de L.A. Care, Santana-Chin enfrenta recortes presupuestarios federales y estatales que dificultan su misión de brindar atención médica a personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad médica, inscritas en Medicaid. La aseguradora también ofrece planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, en inglés) a través de Covered California.

Santana-Chin advierte que la ley republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada el año pasado y también llamada HR 1, podría provocar que 650.000 personas salgan del programa Medi-Cal de L.A. Care antes de que termine 2028. Esto afectará las finanzas del plan debido a la reducción en los ingresos. La aseguradora reportó ingresos de $11.700 millones en el último año fiscal.

Se estima que HR 1 recortará más de $900.000 millones de Medicaid en los próximos 10 años, incluidos en California, según el Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que administra Medi-Cal.

Como otros estados con déficits grandes, California ha reducido su gasto en Medicaid mediante medidas como congelar nuevas inscripciones de inmigrantes sin estatus legal e imponer nuevamente . Todo esto incluso antes de que el estado tenga que afrontar los recortes derivados de la pérdida de fondos federales bajo HR 1.

Santana-Chin estuvo a cargo de las operaciones de Medi-Cal y Medicare para la aseguradora privada Health Net, antes de asumir la dirección de L.A. Care en enero de 2025. Asumió el cargo casi tres años después de que los reguladores estatales multaran a L.A. Care con que, según indicaron, comprometieron la salud y seguridad de sus afiliados. L.A. Care pagó al estado y acordó destinar $28 millones a proyectos comunitarios de salud.

En una amplia entrevista, Santana-Chin habló con Bernard J. Wolfson, corresponsal senior de ���ϳԹ��� News, sobre los desafíos financieros que enfrenta L.A. Care y por qué considera que la atención médica no debería depender del estatus migratorio de una persona. Esta entrevista fue editada por razones de espacio y claridad.

Usted creció con Medicaid. ¿Cómo ha influido eso en su visión ahora que dirige uno de los planes más grandes del país?
Lo que realmente me motiva es saber que muchas de las personas a las que servimos son como mi familia. Han enfrentado dificultades y han tenido que depender de sus propios hijos para traducir cosas muy complicadas. Yo recuerdo haber hecho eso por mi mamá. La dignidad humana básica exige tener acceso a atención médica.

¿Hay algo en su trabajo en Health Net o en L.A. Care que le haya recordado su experiencia infantil con Medi-Cal?
En ese entonces no cubrían transporte y no teníamos auto. Hoy, una de las cosas que escuchamos de nuestros afiliados es la necesidad de contar con un transporte confiable, que llegue a tiempo y cuyos conductores los traten con respeto. Si mi mamá y yo hubiéramos tenido eso, la vida habría sido mucho más fácil.

¿Qué impacto cree que tendrá HR 1?
Va a devastar el sistema de atención médica. Al estado le será imposible compensar la pérdida de fondos federales, y en los próximos años habrá cada vez menos dinero. Eso hará que el número de personas que cubrimos se reduzca significativamente. Esperamos que entre ahora y fines de 2028, unas 650.000 personas salgan de nuestras listas. Y eso es solo en L.A. Care.

Eso representa más de una cuarta parte de sus afiliados en Medi-Cal
Sí, es muy, muy significativo. La reducción en los pagos y el aumento en la atención no remunerada van a afectar seriamente al sistema. A medida que ese sistema se debilite y hospitales y otros proveedores se vean obligados a cerrar servicios o reducir sus centros, el acceso a la atención se verá afectado. Y no solo para quienes pierdan la cobertura.

¿Cómo responderá L.A. Care?
Obviamente vamos a tener una caída significativa en los ingresos. Estamos muy enfocados en operar de la manera más eficiente posible. Y estamos buscando formas creativas de usar la tecnología para que nuestro personal pueda asumir tareas de mayor nivel. Por ejemplo, mejorar nuestras herramientas para que los agentes del centro de llamadas puedan responder más rápido y resolver problemas. También estamos automatizando procesos del área de pagos de reclamos.

¿Qué le diría a los republicanos del Congreso que aprobaron HR 1?
Estamos en un punto de inflexión en el sistema de salud. Y debemos reconocer que algunas partes de HR 1 tendrán consecuencias no deseadas a largo plazo, o tal vez sí eran deseadas, pero me cuesta creerlo. Probablemente haya aspectos que valga la pena reconsiderar.

¿Como cuáles?
Los requisitos de trabajo son un ejemplo. Muchos pensaron que sería una buena forma de administrar responsablemente el dinero destinado a la salud. Pero es muy complejo y provocará que personas que realmente califican pierdan su cobertura. Es lamentable, y eso es algo que pediría que reconsideraran.

¿Qué impacto tendrá la decisión de California de congelar la inscripción en Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal?
No importa cuál sea tu estatus migratorio, si eres un ser humano y necesitas atención médica, vas a buscarla donde puedas. Y eso va a generar presión en el sistema si no tienes seguro.

¿Qué ha hecho L.A. Care para responder a las preocupaciones del estado en 2022 sobre demoras en la autorización de servicios y en la atención de quejas?
Se ha invertido mucho en la infraestructura de L.A. Care en los últimos años: en nuestras plataformas de tecnología, en el manejo de datos. También se ha sumado capacidad, se han reforzado muchos equipos y hay más personal para apoyar el trabajo.

¿Cómo han afectado las redadas migratorias federales en Los Ángeles a los afiliados de L.A. Care y a la comunidad en general?
Definitivamente han tenido un efecto paralizante. Las familias tienen miedo de ir al médico. No están llevando a vacunar a sus hijos. Muchos proveedores en salas de emergencia nos han dicho que ha bajado el número de personas que llegan. Una de nuestras gestoras de casos estaba muy angustiada porque una persona decidió no recibir un tratamiento que le podía salvar la vida por miedo.

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Tomaron comida enlatada, frutas y verduras, y una tarjeta de regalo para el supermercado. Luego, Basu vio una fila de mesas en el estacionamiento, atendidas por trabajadores del área de servicios sociales, que ayudaban a la gente a solicitar asistencia alimentaria y cobertura de salud. Le dijeron que su suegra, quien también recibe Medicaid, podría calificar para recibir ayuda alimentaria.

“Tendría que separar menos dinero”, dijo Basu, que es la única que aporta ingresos en su hogar en Anaheim desde que su esposo sufrió un derrame cerebral. “Tal vez pueda usar ese dinero extra para cubrir otros gastos”.

Basu fue una de las más de 3.000 personas que asistieron a un evento de CalOptima en noviembre, en uno de los condados más ricos de California. La jornada marcó el inicio de una campaña de $20 millones por parte de esta aseguradora de Medicaid. El objetivo es ayudar a que residentes de bajos ingresos accedan y conserven su cobertura médica y sus beneficios de alimentos, en el momento en que comiencen a aplicarse las restricciones federales establecidas en la ley de presupuesto impulsada por el presidente Donald Trump, llamada Una Gran y Hermosa Ley (One Big Beautiful Bill Act).

La ley recorta más de en financiamiento federal para Medicaid, conocido como Medi-Cal en California. También elimina alrededor de $187.000 millones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido como CalFresh en California. Esto representa cerca del 20% del presupuesto del programa en los próximos 10 años. Como resultado, hasta 3,4 millones de beneficiarios de Medi-Cal y casi 400.000 personas que usan CalFresh podrían perder estos beneficios. (La mayoría de quienes reciben CalFresh ).

Representantes republicanos dicen que estos cambios —algunos de los cuales ya están en vigor— ayudarán a prevenir el fraude y el despilfarro mediante controles de elegibilidad más estrictos y nuevos requisitos laborales.

Sin embargo, los planes de salud de Medicaid en todo el país están reforzando sus actividades comunitarias para no perder afiliados, muchos de los cuales ya enfrentan altos costos de alimentos y atención médica.

En el condado de Los Ángeles, el plan de salud L.A. Care lanzó en diciembre reuniones comunitarias para informar a la población sobre los cambios en Medi-Cal. En Hawaii, AlohaCare está reactivando para mitigar el impacto de la pérdida de cobertura. Y en Philadelphia, Community Behavioral Health, un plan de Medicaid para la salud mental, tiene previsto organizar una serie de encuentros durante 2026 para difundir información sobre estos cambios.

“Sabemos que estos cambios afectarán a muchos de nuestros afiliados”, afirmó Michael Hunn, director ejecutivo de CalOptima, uno de los más de veinte planes de atención médica de Medi-Cal que reciben pagos mensuales en función del número de afiliados. “Tenemos la gran responsabilidad de asegurarnos de que comprendan y puedan adaptarse a estos cambios a medida que se implementan”.

CalOptima, una entidad pública cuyo directorio es nombrado por la junta de supervisores del condado, ha destinado unos $2 millones hasta 2028 para financiar que trabajadores del área de elegibilidad brinden ayuda en eventos comunitarios como la distribución de alimentos. Según An Tran, director de la Agencia de Servicios Sociales del condado de Orange, estos fondos permitirán realizar actividades de divulgación fundamentales que, de otro modo, el condado no podría costear.

El condado de Orange tiene unos 1.500 trabajadores encargados de procesar las reinscripciones y de verificar los datos de aproximadamente  850.000 beneficiarios de Medi-Cal y más de 300.000 inscritos en CalFresh.

“Estamos hablando de familias que necesitan ayuda con urgencia, especialmente en un momento en que los precios de los alimentos y la inflación están tan altos que apenas logran llegar a fin de mes”, dijo Tran.

Además de financiar a trabajadores del condado, CalOptima también planea otorgar subvenciones a organizaciones comunitarias para que realicen actividades de difusión sobre Medi-Cal. Además, desarrollará una campaña de concientización pública en varios idiomas para informar a las personas afiliadas sobre los nuevos requisitos, explicó Hunn.

La representante federal Young Kim, republicana que representa a parte del condado de Orange, no respondió a una solicitud de comentarios, pero ha dicho que la ley presupuestaria firmada por Trump, por la que votó a favor, “toma medidas importantes para asegurar que los fondos federales se usen de la manera más eficaz posible y para fortalecer Medicaid y SNAP para nuestros ciudadanos más vulnerables que realmente lo necesitan”. Kim y otros republicanos han dicho que la ley ofrecerá alivio fiscal a las personas trabajadoras en Estados Unidos.

Después de casi una hora de hablar con una trabajadora del área de elegibilidad, Basu se enteró de que gana demasiado como para que su suegra —quien vive con su familia— califique para CalFresh. Ahora, contó, le preocupan los cambios en los requisitos de Medi-Cal para inmigrantes. Teme que estas modificaciones puedan afectar a su suegra, quien obtuvo la residencia legal permanente hace aproximadamente un año y medio.

“Antes de tener eso, pagábamos en efectivo por el cardiólogo, por los análisis de laboratorio, por todo. Era carísimo”, dijo Basu. “Estoy pensando que en unos meses tendré que volver a pagar todo de mi bolsillo. Es mucho para mí. Es una carga”.

En la mayor parte del país, las personas que tienen residencia permanente (green card) desde hace menos de cinco años suelen para Medicaid, que es financiado por el gobierno federal. Sin embargo, California ha ofrecido cobertura de Medi-Cal con fondos estatales tanto a esas personas como a inmigrantes de bajos ingresos que no tienen estatus legal.

Pero incluso estos beneficios están siendo recortados por la presión del presupuesto estatal. En julio, el estado eliminará la cobertura completa de servicios dentales a algunos afiliados que tienen tarjeta de residencia desde hace menos de cinco años, así como a ciertos grupos de inmigrantes. Un año después, ese mismo grupo comenzará a pagar cuotas mensuales.

Y desde enero, California congelará la inscripción en Medi-Cal para personas mayores de 19 años sin estatus migratorio legal y para algunos inmigrantes que sí están legalmente en el país. También reinstaurará el límite de bienes para todos los afiliados mayores de edad.

Mientras tanto, el estado está preparando instrucciones para los condados sobre cómo implementar los cambios federales en los requisitos de elegibilidad de Medicaid, dijo Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California. Las reglas federales de trabajo y las revisiones de elegibilidad dos veces al año deberán aplicarse desde comienzos de 2027, en particular para quienes están afiliados bajo la expansión de cobertura de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Servicios Sociales de California, que administra CalFresh, ya modificó el modo de calcular los costos de servicios públicos del hogar y ha impuesto un límite a los beneficios para hogares muy numerosos. Además, aún está desarrollando las directrices sobre los requisitos federales de trabajo y los cambios que dejan afuera a ciertas personas que no son ciudadanas, indicó el subdirector David Swanson Hollinger durante una audiencia reciente.

El Departamento de Servicios de Salud ha creado una página web titulada sobre los cambios estatales y federales en Medicaid. También está utilizando su red de “ de Medi-Cal” para compartir información y actualizaciones en comunidades de todo el estado en varios idiomas. Y está colaborando con los condados y los planes de Medi-Cal para apoyar la inscripción comunitaria, incluso en eventos locales, explicó Cava.

Aquilino y Fidelia Salazar, un matrimonio que recibió ayuda con su solicitud a CalFresh, dijeron que no esperaban verse afectados por los requisitos laborales ni los cambios en la elegibilidad de Medi-Cal, porque ambos son residentes permanentes de EE.UU., tienen enfermedades crónicas y no pueden trabajar. Las personas consideradas incapaces de trabajar por razones físicas o mentales pueden quedar exentas de los requisitos laborales. Pero la pareja expresó preocupación por otras personas inmigrantes de su comunidad, que podrían perder el acceso a atención médica.

“No es justo, porque hay mucha gente que realmente sí lo necesita”, dijo Fidelia Salazar en español. “Ganan tan poquito y luego las medicinas e ir a un doctor es carísimo”.

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Algunos de estos centros de salud comunitarios podrían verse obligados a reducir personal médico y administrativo, y hasta servicios. Algunos incluso podrían llegar a cerrar. Sus defensores advierten que esto podría aumentar la presión sobre las salas de emergencia de los hospitales, que ya están saturadas de pacientes.

“Este es el peor momento en todos los años que llevo trabajando en atención médica”, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de , una red de que atiende a más de 144.000 pacientes en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, en California. “Estamos enfrentando recortes federales y recortes extremos a nivel estatal que van a afectar los servicios”.

St. John’s y otros centros de salud calificados a nivel federal ofrecen atención primaria y una amplia gama de otros servicios sin costo o a precios ajustados a los ingresos de cada paciente. A nivel nacional, atienden a cerca de en las zonas más desatendidas del país.

Los fondos federales provienen de dos fuentes principales, ambas actualmente bajo presión: subvenciones otorgadas en parte a través del , federal, y de reembolsos por la atención brindada a pacientes mediante programas como Medicaid, que ofrece cobertura médica a personas de bajos ingresos o con discapacidades.

A Medicaid lo financian de manera conjunta los estados y el gobierno federal.

En los últimos tiempos, el Congreso ha aprobado esos fondos con cuentagotas. En marzo, los legisladores extendieron las subvenciones hasta el 30 de septiembre. Ese dinero expiró después de que el Congreso, controlado por los republicanos, no aprobara una ley de financiación, lo que ha provocado un cierre parcial del gobierno.

Defensores de los centros enfatizan que se necesita un financiamiento a largo plazo para poder planificar con mayor certeza, idealmente a través de un fondo multianual.

Los centros de salud recibieron $4.400 millones en subvenciones a comienzos de 2024. La National Association of Community Health Centers está presionando para que se asignen al menos durante dos años, con el fin de mantener los centros plenamente operativos.

La red de seguridad que representan los centros de salud “enfrenta múltiples capas de desafíos”, dijo Vacheria Keys, vicepresidenta de políticas y asuntos regulatorios de la asociación.

La que los republicanos llaman “One Big Beautiful Bill Act” implicará recortes significativos a Medicaid, lo que impone otra amenaza importante para estos centros.

En 2023, Medicaid de los $46.700 millones en ingresos totales de los centros de salud.

Defensores advierten que los pagos reducidos de Medicaid agravarán la brecha entre el financiamiento disponible y los costos operativos.

También se necesita financiación para programas de desarrollo de personal, para apoyar la prestación de servicios de salud, ya que los centros enfrentan dificultades para contratar y retener trabajadores, dijo , directora del Geiger Gibson Program in Community Health de la Universidad George Washington.

Los de este tipo se abrieron en lugares como Massachusetts en la década de 1960. Históricamente, el Congreso los ha financiado con apoyo bipartidista, con algunos obstáculos menores.

La crisis actual comenzó cuando la administración Trump a través de un memorando emitido en enero, lo que impidió que algunos centros recibieran subvenciones ya aprobadas. Como resultado, algunos centros en estados como Virginia.

Los próximos recortes también llegarán justo cuando los pacientes enfrenten nuevas demandas y desafíos. Entre los cambios en Medicaid incluidos en la ley fiscal y de gasto del presidente Donald Trump se encuentra el requisito de que los beneficiarios reporten sus horas de trabajo u otras actividades comunitarias para poder conservar su cobertura.

Mientras tanto, los que la administración Biden y el Congreso habían aprobado para ayudar a los consumidores a pagar los planes médicos adquiridos en los mercados de seguros bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) están programados para expirar a fin de año.

Si el Congreso no los renueva, algunos costos de los consumidores aumentarán dramáticamente.

Una de las razones del cierre del gobierno es que los demócratas quieren extender esos subsidios, que protegen a los consumidores del aumento en los costos del seguro. El proyecto de ley de financiación de los republicanos no incluía la extensión; los líderes republicanos en el Congreso dicen que ese tema debe tratarse por separado.

“Los consumidores van a necesitar más apoyo que nunca”, dijo Jacobs, quien advirtió que los recortes a Medicaid y el fin de los subsidios mejorados podrían “dejar a muchas personas sin cobertura”.

El 90% de los pacientes de los centros comunitarios de salud tienen ingresos del o menos, y el .

“Estamos recibiendo 300 llamadas por día de pacientes preocupados por su cobertura”, comentó Mangia, de St. John’s.

Los republicanos no están atacando directamente a los centros, aunque sí respaldaron los recortes a Medicaid que afectarán sus finanzas. Muchos argumentan que el gasto en Medicaid se ha disparado y que reducir su crecimiento hará que el programa sea más sostenible.

Apoyo estatal y local

Mientras abogan por un financiamiento federal más estable, los centros también están buscando el respaldo de sus comunidades y gobiernos locales.

Algunos estados ya tomaron medidas al finalizar sus presupuestos anuales. y asignaron fondos a los centros. , y también ofrecieron apoyo.

La pregunta del millón es cuánto tiempo durará ese dinero.

Mientras algunos estados aumentaron su apoyo a los centros, otros están tomando la dirección contraria. Anticipando el impacto de los recortes a Medicaid, estados como California hicieron al programa.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, así como la Administración de Recursos y Servicios de Salud federal, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En Los Ángeles, Mangia dijo que una posible solución es trabajar con aliados a nivel del condado, y señaló que el condado de Los Ángeles tiene unos 10 millones de habitantes.

“Podemos imponernos un impuesto para aumentar el financiamiento de los servicios de salud”, dijo.

Los líderes de los centros están formando una coalición que, “esperan”, incluya a los principales actores del sistema de salud del condado: centros comunitarios, clínicas, hospitales, médicos, planes de salud, sindicatos. El objetivo: iniciar el proceso para presentar una iniciativa ciudadana que permita a los votantes decidir si quieren aprobar un impuesto destinado a financiar a los centros de salud.

“Estamos aprendiendo que el gobierno federal y el estatal no son confiables cuando se trata de garantizar la financiación continua de los servicios de salud”, dijo Mangia.

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Durante más de dos décadas, esta trabajadora de salud comunitaria ha ayudado a cientos de familias del sureste de Los Ángeles a inscribirse en programas de ayuda alimentaria, ha informado sobre seguros médicos asequibles y ha ayudado con medicamentos para sus afecciones crónicas. Su frase favorita: “más vale prevenir que curar”.

Pero sólo gana unos $20 la hora en una organización de salud comunitaria y tiene un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. “Nos pagan muy poco y esperan demasiado”, dijo. “Generamos confianza. Ofrecemos apoyo. Somos el hombro en el que muchos se apoyan, pero no recibimos un salario justo”.

California buscaba profesionalizar a miles de trabajadores de salud comunitarios como Hernández. La meta era mejorar la salud de las poblaciones inmigrantes, en particular los residentes hispanos, que a menudo padecen de enfermedades crónicas, son más y se enfrentan a más barreras culturales y lingüísticas para acceder a servicios.

Estudios demuestran que su trabajo las hospitalizaciones, y las visitas a las salas de emergencias y a las clínicas de urgencias.

El estado siguió al pie de la letra una serie de publicadas en 2019 para estandarizar la formación y la certificación de estos profesionales. Así, poder integrarlos a las plantillas de trabajadores de salud y ofrecerles salarios justos, incluyendo reembolsos a través de Medi-Cal, el Medicaid estatal, para compensar el trabajo que tradicionalmente se ha realizado de forma voluntaria o con salarios bajos.

Pero seis años después, California ha dado marcha atrás en muchas de esas iniciativas.

El estado ha eliminado un programa de certificación y ha recortado casi toda la financiación para formar y ampliar esta plantilla, a pesar de que se había fijado el objetivo de contar con para este año.

Aunque Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios, los planes de salud participantes establecieron requisitos de facturación desiguales, lo que dificulta que los trabajadores obtengan el reembolso. Además, el estado no cumplió con el aumento salarial previsto.

Con los recortes de fondos federales recién aprobados y el foco del presidente Donald Trump en la deportación de inmigrantes, incluso con el Departamento de Seguridad Nacional, los activistas temen que California abandone su iniciativa de equidad en la salud para los inmigrantes, las personas de color y las personas con bajos ingresos. En un momento en el que, aseguran, esa labor es más necesaria que nunca.

“Estamos en una situación muy grave en este momento”, afirmó Cary Sanders, directora en la California Pan-Ethnic Health Network, una organización estatal que aboga por la equidad en la salud.

Elana Ross, vocera del gobernador Gavin Newsom, dijo que “el estado ha tomado medidas difíciles pero necesarias para garantizar la estabilidad fiscal” y que la administración sigue dialogando con los trabajadores de salud comunitarios.

Ross agregó que el gobernador demócrata, , sigue comprometido con la defensa de los inmigrantes perseguidos por la administración Trump.

“Nuestra oficina está en la calle”

Hay más de 60.000 trabajadores de salud comunitarios en todo el país, incluidos unos 9.200 en California, y se prevé que esta fuerza laboral crezca un 13% en la próxima década, tres veces más rápido que el conjunto de todas las profesiones, según de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos afirman que estas cifras están subvaloradas, dada la variedad de títulos que poseen estos trabajadores y el hecho de que muchos no trabajan en el cuidado de salud propiamente dicho ni en instituciones gubernamentales.

“Trabajador de salud comunitario” es un término genérico que incluye a distintos tipos de trabajadores. A menudo conocidos como promotores, que trabajan en clínicas, hospitales, departamentos de salud pública y organizaciones sin fines de lucro locales, en lugares en los que se les tiene confianza y donde conocen las necesidades más urgentes de su comunidad.

Además de ayudar a las personas a controlar afecciones crónicas como las cardiopatías y la diabetes, promueven la salud reproductiva, la salud infantil y la higiene bucal, y ayudan a a prevenir lesiones y manejar sus medicamentos.

Pueden hacer que las personas se sientan seguras al denunciar la violencia doméstica y otros abusos. También las conectan con servicios de asistencia para la vivienda y la alimentación. “El trabajador de salud comunitario no se sienta en un escritorio”, dijo Hernández. “Nuestra oficina está en la calle”.

En 2019, la California Future Health Workforce Commission recomendó integrar a estos trabajadores en el sistema de salud, y en 2022, el estado autorizó durante tres años para el Departamento de Acceso e Información de Salud de California, que supervisa el desarrollo del personal de este sector, con el fin de reclutar, formar y certificar a estos trabajadores.

La agencia trató de estandarizar la formación y la certificación, pero algunos grupos comunitarios temían que eso creara barreras de acceso al no dar suficiente crédito a la experiencia y a la competencia cultural.

Pero el año pasado, justo cuando la agencia ofrecía más flexibilidad y permitía la formación basada en el trabajo comunitario, el estado recortó $250 millones en financiación debido a restricciones presupuestarias. Este año, el programa de certificación ha sido oficialmente eliminado.

El vocero Andrew DiLuccia señaló que la agencia establecerá un programa para acreditar a las organizaciones comunitarias en lugar de a los trabajadores individuales y que tiene previsto gastar los $12 millones restantes en asistencia técnica, desarrollo de la fuerza laboral y salarios para quienes trabajan con las comunidades inmigrantes.

Según la National Academy for State Health Policy, ofrecen algún tipo de programa de certificación para trabajadores de salud comunitarios ya sea voluntario o bien obligatorio.

Algunos activistas afirman que California está perdiendo la oportunidad de establecer una trayectoria profesional para esta mano de obra. Muchos de los cursos que ofrecen hoy en día por organizaciones sin fines de lucro, condados y universidades , un título, dominio del inglés o experiencia previa. La mayoría se concentran en el área de San Francisco o Los Ángeles, lo que crea en gran parte del estado.

Lourdes Bernis, una dentista de Ecuador, es un ejemplo de cómo los trabajadores de salud comunitarios podrían integrarse en el sistema de salud. Comenzó como promotora voluntaria hace más de una década y en 2019 recibió formación gratuita del condado de Los Ángeles, lo que le permitió conseguir un trabajo a tiempo completo, con beneficios, en el Departamento de Salud Mental del condado para ayudar a mujeres hispanohablantes a gestionar la depresión y la ansiedad mientras se recuperan del consumo de drogas.

Bernis ahora quiere convertirse en especialista de apoyo entre pares en hospitales y clínicas. Mientras tanto, muchos de sus colegas con décadas de experiencia siguen atrapados en puestos mal pagados y no pueden permitirse costear cursos de formación para avanzar. “Hay promotoras que tienen entre 20 y 25 años de experiencia, pero siguen trabajando como voluntarias”, dijo Bernis.

El papel de Medi-Cal

Para pagar a los trabajadores de salud comunitarios, Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios en julio de 2022, pero California previsto para ellos después que los votantes aprobaran la Proposición 35, que aumentaba los pagos a médicos, hospitales, clínicas comunitarias y otros proveedores.

Desde entonces, el estado aún no ha establecido un sistema uniforme sobre cómo los planes de salud deben contratar a las organizaciones que emplean a trabajadores de salud comunitarios.

“Tenemos que hacer malabares”, dijo María Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que representa a estos trabajadores. “Esto sólo causa caos, porque cada plan puede tener requisitos diferentes”.

Lemus agregó que la organización tardó casi seis meses en establecer el pago con un plan de salud.

Y aunque los reembolsos de Medi-Cal están vinculados a tareas individuales, que oscilan entre $9.46 y $27.54 por 30 minutos de trabajo, los activistas afirman que no se les compensa totalmente por el tiempo que dedican a ganarse la confianza de los pacientes y a hacer seguimiento.

Según los activistas, estos trabajadores deberían ganar al menos $30 por visita, con beneficios, pero muchos ganan unos $21 la hora, a menudo sin beneficios.

Lo que sorprende a los activistas es la poca frecuencia con la que se utilizan estos servicios en un programa que cuenta con 15 millones de californianos. Más de 16,000 afiliados a Medi-Cal utilizaron estos servicios durante el primer año, cifra que aumentó a 68,000 el año pasado, según datos del estado. “No creo que se haya alcanzado el potencial del que hablaba el gobernador y que todos imaginábamos que se podría alcanzar”, señaló Sanders.

Griselda Melgoza, vocera del Departamento de Servicios de Salud de California, dijo que la agencia, que administra Medi-Cal, ha observado “una tendencia constante al alza” y cree que los datos subestiman la utilización porque este beneficio a veces se incluye en otros servicios.

Este año se rechazó una para evaluar si los planes de atención médica gestionada de Medi-Cal realizan la divulgación y educación suficiente entre los afiliados sobre los servicios de salud comunitarios.

Más crucial que nunca

Con los recortes a la financiación de la salud por parte de la administración Trump y la aprobación de la legislación fiscal y de gasto del Partido Republicano, los activistas temen que haya aún menos fondos y apoyo para estos puestos, lo que reduciría las plantillas que se ocupan de las desigualdades en materia de salud.

El Departamento de Salud Pública del condado de Fresno ya ha anunciado el recorte de más de la mitad de sus trabajadores comunitarios: pasarán de 49 puestos a 20.

Sin embargo, la divulgación es más crucial que nunca. Mientras la administración Trump continúa con las redadas de inmigración, que parecen haber tenido como objetivo en el estado, los activistas y los investigadores advierten que los trabajadores de salud comunitarios podrían actuar como intermediarios para los pacientes inmigrantes que temen buscar atención médica en hospitales y clínicas.

Sin un programa de certificación estatal, sin aumentos salariales y con fondos de capacitación cada vez más escasos, el camino hacia la profesionalización es incierto, lo que hace que esta fuerza laboral se sienta abandonada.

“La comunidad confía en mí”, afirmó Hernández, una veterana trabajadora de salud comunitaria, “pero a nivel gubernamental aún queda mucho camino por recorrer antes de que este trabajo sea valorado y pagado como se merece”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Le preocupa que si abre demasiado la boca, la gente vea sus dientes astillados y cubiertos de placa. Inmigrante sin papeles, María no tiene seguro médico ni dental. Cuando le empiezan a doler los dientes, toma analgésicos. El verano pasado, un dentista le dijo que arreglarle la dentadura le costaría $2.400. Es más de lo que puede permitirse.

“Es carísimo”, dijo María, quien generalmente trabaja 12 horas al día subiendo y bajando de la cama a clientes y ayudándolos con la higiene, a tomar los medicamentos y con las tareas del hogar. “Necesito dinero para mis hijos, para el alquiler, para el transporte, para la comida. A veces, no me queda nada para mí”.

Una organización de defensa de los trabajadores inmigrantes puso en contactó a ���ϳԹ��� News con María. Por temor a la deportación, pidió que solo se usara su nombre de pila en este artículo.

María se encuentra entre los que viven en California sin estatus legal, según estimaciones del gobierno federal.

El estado había buscado gradualmente incorporar a estos inmigrantes a su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal.

Pero ahora, ante el congelamiento de las inscripciones estatales, los residentes californianos de bajos ingresos que se encuentran en el país sin papeles, junto con los proveedores y trabajadores comunitarios que los ayudan, evalúan con inquietud los beneficios de avanzar con las solicitudes de Medi-Cal frente a los riesgos de ser descubiertos y deportados por el gobierno federal.

La Legislatura de California, que busca cerrar un déficit presupuestario proyectado de $12 mil millones, aprobó una propuesta del gobernador demócrata Gavin Newsom para finalizar la inscripción en Medi-Cal en enero de 2026 para los mayores de 19 años sin estatus legal. Los legisladores están en proceso de definir los detalles finales del acuerdo presupuestario antes de que entre en marcha el nuevo año fiscal.

Mientras tanto, las redadas federales de inmigración, que parecen haber afectado en el estado, ya están provocando que algunas personas teman buscar atención médica, según defensores de los inmigrantes y proveedores de salud.

Y se espera que la reciente noticia de que funcionarios de la administración Trump están , incluyendo su estatus migratorio, con las autoridades de inmigración erosione aún más la confianza en el programa.

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), afirmó que la agencia, que supervisa los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), tenía la autoridad legal para compartir los datos y abordar la “negligencia sistémica sin precedentes bajo la administración Biden-Harris, que permitió que inmigrantes indocumentados explotaran Medicaid mientras millones de estadounidenses luchaban por acceder a la atención médica, particularmente en estados como California”.

Para complicar aún más la situación, la administración Trump ha amenazado con retener los fondos de estados que ofrecen cobertura médica a personas sin estatus legal.

Actualmente, alrededor de 1.6 millones de personas que residen en el país sin documentos están inscritas en Medi-Cal.

En 2016, California comenzó a ampliar Medi-Cal a personas de bajos ingresos sin estatus legal, comenzando con los niños, y luego lo expandió gradualmente a jóvenes, adultos mayores y, en enero de este año, a personas de entre 26 y 49 años. El Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que supervisa Medi-Cal, para ayudar a inscribir a las personas elegibles.

Es demasiado pronto para determinar el impacto que las últimas acciones estatales y federales estén teniendo en las cifras de inscripción, ya que los datos solo están disponibles hasta marzo. Sin embargo, muchos proveedores y defensores afirmaron que prevén un efecto negativo en la inscripción de inmigrantes, por miedo.

Seciah Aquino es directora ejecutiva de la Latino Coalition for a Healthy California, que apoya a los promotores de salud comunitarios, quienes ayudan a difundir la expansión de Medi-Cal a los adultos sin papeles. del seguro médico público en California son latinos, en comparación con solo el 30% de los beneficiarios de Medicaid en todo el país.

Aquino afirmó que su coalición les pedirá a los promotores que informen sobre los riesgos de compartir datos para que los miembros de la comunidad puedan tomar decisiones informadas. “Se toman muy en serio que el consejo que le dieron a un miembro de la comunidad ahora pueda perjudicarlos”, expresó.

Newsom condenó el intercambio de datos, calificándolo de “legalmente dudoso”, mientras que los senadores nacionales Adam Schiff y Alex Padilla, ambos demócratas, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destruya cualquier dato compartido.

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California anunció el 13 de junio que estaba solicitando más información al gobierno federal. La que enviaba informes mensuales a los CMS con información demográfica y de elegibilidad, incluyendo nombre y dirección, según lo exige la ley.

De acuerdo a lo informado, también se compartieron con el DHS datos de los afiliados a Medicaid de Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C.

Jamie Munks, vocera del Departamento de Atención Médica y Servicios de Familia de Illinois, la agencia estatal de Medicaid, afirmó que el departamento estaba “profundamente preocupado” por la noticia, y que los datos se transmitían regularmente a los CMS con el entendimiento de que estaban protegidos.

En Sacramento, los legisladores demócratas se encontraron en la incómoda situación de tener que reducir los beneficios de salud para residentes de bajos ingresos con un estatus migratorio insatisfactorio, incluyendo personas sin estatus legal, personas con residencia permanente (green card o tarjeta verde) por menos de cinco años, y algunas otras que están en proceso de solicitar un estatus legal o tienen estatus que los protege de la deportación.

Además de apoyar el congelamiento de la inscripción a Medi-Cal para inmigrantes mayores de 19 años que residen en el país sin documentos, los legisladores acordaron cobrar primas mensuales a todos los residentes con un estatus migratorio insatisfactorio de entre 19 y 59 años. Newsom propuso una prima mensual de $100 a partir de enero de 2027; los una de $30 a partir de julio de 2027.

“Lo que escucho en los sitios es que la gente me dice que les va a resultar muy difícil realizar estos pagos de primas, ya sean de $100 o $30″, dijo Carlos Alarcón, analista de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center, un grupo de defensa. “La realidad es que la mayoría de la gente ya tiene presupuestos limitados”.

La Legislatura rechazó una propuesta del gobernador para prohibir que los inmigrantes con un estatus migratorio insatisfactorio reciban atención de largo plazo en residencias de adultos mayores y atención domiciliaria a través de Medi-Cal, pero aceptó la eliminación de los beneficios dentales a partir de julio de 2026.

Los proveedores de atención médica afirmaron que, sin cobertura de Medi-Cal, muchos inmigrantes se verán obligados a buscar atención de emergencia, que es más costosa para los contribuyentes que la atención preventiva y de nivel primario.

Sepideh Taghvaei, directora dental de Dientes Community Dental Care del condado de Santa Cruz, presenció este fenómeno en 2009, cuando el estado para adultos. Los pacientes llegaban con la cara hinchada y un dolor insoportable, con afecciones tan avanzadas que requerían tratamiento hospitalario. “No es rentable”, afirmó.

El senador estatal Roger Niello, republicano y vicepresidente del comité de presupuesto del Senado, afirmó que cree que California no debería financiar Medi-Cal para personas sin estatus legal, especialmente considerando los desafíos fiscales del estado. También expresó su preocupación por la posibilidad de que la cobertura para quienes residen en el país sin papeles anime a otros a mudarse a California.

“Si mantenemos ese gasto para los no ciudadanos, tendremos que recortar en otras áreas, y eso sin duda afectará a los ciudadanos”, aseguró.

Los californianos también están cambiando de opinión. En una encuesta realizada en mayo por el Public Policy Institute of California, el 58% de los adultos se opuso al beneficio.

Para María, los cambios en las políticas de salud la han dejado paralizada. Desde que llegó aquí hace cinco años, su prioridad ha sido ganar dinero para mantener a sus tres hijos, a quienes dejó con sus padres en su país de origen, contó.

La mujer no se enteró de que podría ser elegible para Medi-Cal hasta principios de este año y no había tenido tiempo de completar el papeleo. Después que una amiga le dijera que el estado podría congelar la inscripción en enero, comenzó a apresurarse para completar el proceso de inscripción.

Pero entonces se enteró de que los datos de Medi-Cal se habían compartido con las autoridades de inmigración. “Decepcionada y asustada”, así describió su reacción.

De repente, inscribirse en Medi-Cal ya no le parece buena idea, dijo.

Phil Galewitz y Bram Sable-Smith contribuyeron con este artículo.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Estos estados, la mayoría liderados por demócratas, dan seguro médico a algunos inmigrantes de bajos ingresos —a menudo niños—, independientemente de su estatus migratorio. Defensores argumentan que la política es humanitaria y que, en última instancia, ahorra costos.

Sin embargo, la legislación federal, que los republicanos han denominado One Big Beautiful Bill (Un hermoso gran proyecto de ley), recortaría drásticamente los reembolsos federales de Medicaid a esos estados en miles de millones de dólares anuales en total, a menos que reduzcan esos beneficios.

El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes el jueves 22 de mayo, y ahora pasa al Senado.

Si bien avanza gran parte de la agenda nacional de Trump, incluyendo grandes recortes de impuestos que benefician principalmente a los estadounidenses más ricos, la legislación también realiza recortes sustanciales del gasto en Medicaid que, según los responsables del presupuesto del Congreso, dejará a millones de personas de bajos ingresos sin seguro médico.

De ser aprobados por el Senado, estos recortes representarían un complejo obstáculo político y económico para los estados y Washington, DC, que utilizan sus propios fondos para brindar seguro médico a algunas personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Estos estados verían reducidos en 10 puntos porcentuales los reembolsos federales para las personas cubiertas por la expansión de Medicaid que se realize bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Estos recortes le costarían a California, el estado que más tiene que perder, hasta $3 mil millones al año, según , una organización sin fines de lucro dedicada a información de salud que incluye a ���ϳԹ��� News.

En conjunto, los 15 lugares afectados (los 14 estados y DC) cubren a aproximadamente 1.9 millones de inmigrantes sin papeles, según KFF. La entidad indica que la sanción también podría aplicarse a otros estados que cubren a inmigrantes con residencia legal.

Dos de los estados, Illinois y Utah, tienen leyes de “activación” que exigen terminar con sus expansiones de Medicaid si el gobierno federal reduce su aporte de fondos. Esto significa que, a menos que esos estados deroguen sus leyes de activación o dejen de cubrir a las personas sin estatus migratorio legal, muchos más estadounidenses de bajos ingresos podrían quedarse sin seguro.

Si continúan cubriendo a personas sin papeles, a partir del año fiscal 2027, los estados restantes y Washington, DC, tendrían que aportar millones o miles de millones de dólares adicionales cada año, para compensar las reducciones en sus reembolsos federales de Medicaid.

Después de California, Nueva York podría perder la mayor parte de la financiación federal: cerca de 1.600 millones de dólares anuales, según KFF.

El senador estatal de California, , demócrata y presidente del Comité de Presupuesto del Senado, afirmó que la legislación de Trump ha sembrado el caos mientras los legisladores estatales trabajan para aprobar su propio presupuesto antes del 15 de junio.

“Tenemos que mantenernos firmes”, declaró. “California ha decidido que queremos una atención médica universal y que vamos a garantizar que todos tengan acceso a la atención médica, y que no vamos a permitir que millones de personas indocumentadas reciban atención primaria en salas de emergencia”.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, declaró en un comunicado que el proyecto de ley de Trump devastaría la atención médica en su estado.

“Millones de personas perderán cobertura, los hospitales cerrarán y las redes de seguridad social podrían colapsar bajo ese peso”, dijo Newsom.

En su propuesta de presupuesto del 14 de mayo, Newsom instó a los legisladores a recortar algunos beneficios para inmigrantes sin papeles, citando el aumento desmedido de los costos del programa estatal de Medicaid. Si el Congreso recorta los fondos para la expansión de Medicaid, el estado no estaría en condiciones de cubrir los gastos, afirmó el gobernador.

Newsom cuestionó si el Congreso tiene la autoridad para penalizar a los estados por cómo gastan su propio dinero, y afirmó que su estado consideraría impugnar la medida en los tribunales.

El representante estatal de Utah, Jim Dunnigan, republicano que ayudó a impulsar un proyecto de ley para cubrir a los niños en su estado independientemente de su estatus migratorio, afirmó que Utah necesita mantener la expansión de Medicaid que comenzó en 2020.

“No podemos permitirnos, ni monetaria ni políticamente, que se recorten nuestros fondos federales para la expansión”, declaró. Dunnigan no especificó si cree que el estado debería cancelar su cobertura para inmigrantes si la disposición republicana sobre sanciones se convierte en ley.

El programa de Utah cubre a unos 2.000 niños, el máximo permitido por su ley. Los inmigrantes adultos sin estatus legal no son elegibles. La expansión de Medicaid de Utah cubre a , quienes deben ser ciudadanos o inmigrantes con residencia legal.

, director ejecutivo del Utah Health Policy Project, una organización de defensa del consumidor, afirmó que el proyecto de ley de la Cámara federal deja al estado en una posición difícil.

“Políticamente, no hay grandes alternativas”, declaró. “Es el dilema del prisionero: cualquier movimiento en cualquier dirección no tiene mucho sentido”.

Slonaker apuntó que un escenario probable es que los legisladores estatales eliminen su ley de activación, y luego encuentren la manera de compensar la pérdida de fondos federales para la expansión.

Utah ha financiado su parte del costo de la expansión de Medicaid con impuestos sobre las ventas y los hospitales.

“El Congreso pondría al estado de Utah en posición de tener que tomar una decisión política muy difícil”, declaró Slonaker.

En Illinois, la sanción del Partido Republicano tendría incluso consecuencias más graves. Esto se debe a que podría llevar a que perdieran la cobertura médica que obtuvieron con la expansión estatal de Medicaid.

, directora de justicia sanitaria del Shriver Center on Poverty Law, un grupo de defensa con sede en Chicago, afirmó que es posible que su estado, liderado por demócratas, derogue su ley de activación antes de permitir que se dé por terminada la expansión de Medicaid.

Agregó que el estado también podría eludir la sanción solicitando a los condados que financien la cobertura para inmigrantes. “Obviamente, sería una situación difícil”, declaró.

Altman indicó que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes parece redactado para penalizar a los estados controlados por demócratas, ya que estos suelen brindar cobertura a inmigrantes sin importar su estatus migratorio.

Agregó que la disposición demuestra la “hostilidad de los republicanos contra los inmigrantes” y que “no quieren que vengan aquí y reciban cobertura pública”.

Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que los programas estatales que brindan cobertura pública a personas sin importar su estatus migratorio actúan como un “felpudo abierto”, invitando a más personas a cruzar la frontera sin autorización. Afirmó que los esfuerzos para eliminar estos programas cuentan con el apoyo de las encuestas públicas.

Una encuesta de Reuters-Ipsos realizada entre el 16 y el 18 de mayo reveló que el 47% de los estadounidenses aprueba las políticas migratorias de Trump y el 45% las desaprueba. La encuesta reveló que el índice de aprobación general de Trump ha caído 5 puntos porcentuales desde que regresó al cargo en enero, hasta el 42%, con un 52% de los estadounidenses desaprobando su gestión.

ACA, también conocida como Obamacare, impulsó a los estados a ampliar Medicaid a adultos con ingresos de hasta el , o $21.597 por persona este año. Cuarenta estados y Washington, DC, ampliaron su cobertura, lo que contribuyó a reducir la tasa nacional de personas sin seguro a un mínimo histórico.

El gobierno federal ahora cubre el 90% de los costos de las personas incluidas en Medicaid gracias a la ampliación del Obamacare.

En los estados que cubren la atención médica de inmigrantes sin autorización, el proyecto de ley republicano reduciría la contribución del gobierno federal del 90% al 80% del costo de la cobertura para cualquier persona que se incorpore a Medicaid bajo la expansión de ACA.

Por ley, los fondos federales de Medicaid no pueden utilizarse para cubrir a personas que se encuentran en el país papeles, excepto para servicios de embarazo y emergencias.

Los otros estados que utilizan sus propios fondos para cubrir a personas sin importar su estatus migratorio son: Colorado, Connecticut, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington, según KFF.

, director de relaciones con el Congreso del Paragon Health Institute, un influyente grupo político conservador, afirmó que incluso si utilizan sus propios fondos para la cobertura de inmigrantes, los estados aún dependen de los fondos federales para “apoyar sistemas que faciliten la inscripción de inmigrantes indocumentados”.

Long afirmó que la preocupación por que los estados con leyes de activación puedan ver finalizada la expansión de Medicaid es una “pista falsa”, ya que los estados tienen la opción de eliminar sus activadores, como hizo Michigan en 2023.

La sanción por ofrecer cobrtura de salud a personas en el país sin papeles es una de las distintas maneras en que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes recorta el gasto federal en Medicaid.

La legislación también trasladaría más costos de Medicaid a los estados al exigirles que verifiquen si los adultos cubiertos por el programa trabajan. Los estados también tendrían que recertificar la elegibilidad de los beneficiarios de la expansión de Medicaid cada seis meses, en lugar de una vez al año o menos, como lo hacen actualmente la mayoría.

El proyecto de ley también congelaría la práctica de los estados de gravar con impuestos a hospitales, residencias de adultos mayores, planes de atención médica administrada y otras compañías de atención médica para financiar su parte de los costos de Medicaid.

, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) indicó que, según el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, alrededor de 8,6 millones de personas más perderían la cobertura médica en 2034.

Esa cifra aumentará a casi 14 millones, según la CBO, después que la administración Trump finalice las nuevas regulaciones de ACA y, si el Congreso, liderado por los republicanos, como se prevé, se niegue a extender los subsidios mejorados para ayudar a pagar las primas de los planes de salud comerciales vendidos a través de los mercados del Obamacare.

Los subsidios mejorados, una prioridad del ex presidente Joe Biden, eliminaron por completo las primas mensuales para algunas personas que adquirieran planes de Obamacare. Y expiran a fin de año.

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Algunos beneficiarios de Medicaid pudieron , como dinero para pagar el depósito y el primer mes de un alquiler, transporte a citas médicas, rampas para sillas de ruedas e incluso recetas para frutas y verduras frescas.

Estas iniciativas experimentales, que buscan mejorar la salud de los estadounidenses vulnerables y, al mismo tiempo, ahorrar a los contribuyentes en costosos procedimientos médicos y atención de emergencias, están en auge a nivel nacional. Sin hogar ni alimentos saludables, las personas corren el riesgo de enfermarse más, quedarse sin hogar y experimentar aún más dificultades para controlar afecciones crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas.

El ex presidente Joe Biden animó a los estados a apostar a gran escala por nuevos beneficios, y la disponibilidad de servicios sociales se disparó en los estados tanto republicanos como demócratas.

Desde el lanzamiento de Carolina del Norte, han seguido el ejemplo ampliando las prestaciones de servicios sociales cubiertos por Medicaid, el programa de atención médica para estadounidenses de bajos ingresos y con discapacidades. Este cambio nacional está transformando un sistema centrado en la atención médica en uno que prioriza la prevención. Y aunque Trump fue fundamental para la expansión, ahora está revirtiendo el rumbo, independientemente de si la evidencia demuestra que funciona.

En este segundo mandato de Trump, su administración está desorganizando a los estados participantes, desde California hasta Arkansas, argumentando que el seguro médico del gobierno no debería estar financiando servicios sociales. Funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que otorgan a los estados permiso para experimentar, anterior, argumentando que la administración Biden fue demasiado lejos.

“Esta administración cree que la guía sobre necesidades sociales relacionadas con la salud distrajo al programa Medicaid de su misión principal: brindar excelentes resultados de salud a los estadounidenses vulnerables”, declaró Catherine Howden, vocera de los CMS, en un comunicado.

“Esta decisión evita el drenaje de recursos de Medicaid para servicios potencialmente duplicados que ya ofrecen otros programas federales consolidados, incluyendo aquellos que históricamente se han centrado en la inseguridad alimentaria y la vivienda asequible”, agregó Howden, refiriéndose a los cupones de alimentos y los vales para viviendas de bajos ingresos proporcionados a través de otras agencias gubernamentales.

Sin embargo, Trump también ha propuesto recortar la financiación de los programas de vivienda y alimentación para personas de bajos ingresos administrados por agencias como los departamentos de y , además de las propuestas republicanas de .

El retiro de fondos ha generado caos y confusión en los estados que han ampliado sus programas de Medicaid, y tanto los líderes liberales como los conservadores temen que el cambio afecta a las inversiones multimillonarias ya en marcha.

Problemas sociales como la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria pueden causar, o agravar, problemas de salud física y conductual, lo que resulta en un gasto astronómico en atención médica.

Por ejemplo, la atención médica brindada en hospitales y clínicas solo representa aproximadamente el 15% de la salud general de una persona, mientras que un asombroso 85% está influenciado por factores sociales como el acceso a alimentos saludables y un lugar para dormir, afirmó Anthony Iton, experto en políticas sobre .

Los expertos en salud advierten que este retiro de la inversión tendrá un precio.

“Simplemente conducirá a más muertes, más sufrimiento y mayores costos de atención médica”, declaró Margot Kushel, médica de atención primaria en San Francisco e sobre personas sin hogar y atención médica.

En un , la administración Trump anunció que rescindía las directrices de la era Biden que expandían dramáticamente los beneficios experimentales conocidos como necesidades sociales relacionadas con la salud. Se requieren exenciones federales para que los estados utilicen los fondos de Medicaid para la mayoría de los servicios sociales no tradicionales fuera de hospitales y clínicas.

En abril, la administración indicó a los estados que estos servicios, que también pueden incluir internet de alta velocidad y unidades para almacenar datos, .

Las futuras solicitudes de exención que permitan a Medicaid prestar servicios sociales —una filosofía liberal— se considerarán caso por caso, dijo la administración. Más bien, esto ha señalado un cambio conservador hacia la exigencia de que la mayoría de los beneficiarios de Medicaid demuestren que trabajan o buscan empleo, lo que pone a aproximadamente en riesgo de perder su cobertura médica.

“Lo que argumentan es que Medicaid se ha expandido mucho más allá de la atención médica básica y que debe recortarse para brindar solo cobertura básica a quienes más la necesitan”, declaró Mark Peterson, experto en políticas sanitarias en UCLA. “Están argumentando, algo que no comparten ampliamente los especialistas en el campo de la salud, que no es responsabilidad de los contribuyentes ni de Medicaid pagar todo esto fuera del sistema de salud tradicional”.

Aunque los estados no han recibido directrices formales para poner fin a sus experimentos sociales, Peterson y otros investigadores de políticas sanitarias esperan que la administración no renueve las exenciones, que suelen aplicarse cada cinco años. Peor aún, los expertos legales afirman que los programas en curso podrían detenerse prematuramente.

La evidencia que respalda las inversiones sociales de Medicaid es aún incipiente. Por ejemplo, una expansión en Massachusetts que proporcionó beneficios alimentarios redujo las visitas a emergencias y las hospitalizaciones. Pero a menudo, los resultados son dispares.

California es la que más está invirtiendo, con una inversión de $12.000 millones a lo largo de cinco años para ofrecer , desde la gestión intensiva de casos para ayudar a personas con problemas graves de salud mental hasta la asistencia para a través de .

Los beneficios más populares que ofrecen las aseguradoras de salud son aquellos que ayudan a las personas con Medicaid que no tienen hogar, alojándolas en apartamentos o asegurando camas en centros de recuperación, cubriendo hasta $5.000 en depósitos, y previniendo el desalojo. .

Desde su lanzamiento en 2022, el ha atendido solo a una pequeña fracción de los casi de Medicaid del estado, con aproximadamente para recibir beneficios.

Sin embargo, ha mejorado e incluso salvado la vida de algunos de los afortunados que recibieron ayuda, como Eric Jones, un residente de Los Ángeles de 65 años.

“Cuando me dio diabetes, no sabía qué hacer y me costaba mucho ir a mis citas médicas”, dijo Jones, quien perdió su vivienda este año tras la muerte de su madre, pero recibía servicios a través de L.A. Care, su aseguradora de Medi-Cal. “Mi gestor de casos me llevaba a mis citas y también me ayudó a encontrar un apartamento”.

California está considerando la posibilidad de que algunos de sus servicios sociales sean permanentes después de que expiren las exenciones de CalAIM a finales de 2026.

La administración del gobernador Gavin Newsom está agregando más servicios de vivienda, incluyendo hasta seis meses de alquiler gratuito en virtud de una tercera exención aprobada por la administración Biden. Los funcionarios de Medi-Cal afirmaron que las primeras pruebas muestran que CalAIM ha mejorado la coordinación de la atención y ha reducido las visitas al hospital y a emergencias.

“Estamos totalmente comprometidos”, dijo , subdirectora del Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que administra el programa. “Hemos invertido muchísimo”.

Las aseguradoras de salud, que ofrecen cobertura de Medicaid y reciben fondos mayores para cubrir estos beneficios adicionales, expresan su preocupación por la posibilidad de que la administración Trump cancele o reduzca los programas.

“Si seguimos haciendo las cosas como siempre, solo generaremos los mismos resultados: más personas enfermando y costos de atención médica que siguen aumentando”, declaró Charles Bacchi, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Planes de Salud de California, que representa a las aseguradoras.

Los líderes de la industria afirman que la expansión ya está cambiando vidas.

“Creemos firmemente que la vivienda es salud, la alimentación es salud, por lo que ver desaparecer estos programas sería devastador”, declaró Kelly Bruno-Nelson, directora ejecutiva de Medi-Cal para CalOptima Health, una aseguradora del condado de Orange.

Oregon a los pacientes de Medicaid de bajos ingresos una gama de , que incluyen comidas saludables a domicilio y asistencia para el pago del alquiler. Los residentes incluso para aires acondicionados, calentadores, filtros de aire, generadores de energía y mini refrigeradores. Los funcionarios estatales de Medicaid afirman que mantienen su compromiso con la provisión de los beneficios, pero les preocupan los recortes federales.

“El cambio climático y la inestabilidad de la vivienda son indicadores importantes de mala salud”, afirmó Josh Balloch, vicepresidente de políticas y comunicaciones de salud de AllCare Health, una aseguradora de Medicaid en Oregon. “Esperamos demostrarle al gobierno federal que es una buena inversión”.

Pero incluso mientras la administración Trump reduce las exenciones, conserva la discreción para brindar servicios sociales en Medicaid, solo que a menor escala. Quienes apoyan esta medida afirman que es justo analizar con atención dónde se debe establecer el límite en el gasto público, argumentando que no siempre existe una conexión directa con la salud.

“Estamos observando un aumento en estos aspectos, con el alquiler gratuito, y estamos viendo que algunos estados pagan por internet gratuito y por muebles”, declaró Kody Kinsley, quien anteriormente se desempeñó como el principal funcionario de salud de Carolina del Norte. “Sabemos que hay evidencia para la alimentación y la vivienda, pero con todos estos nuevos beneficios, debemos analizarla detenidamente, y a su vínculo con lo que realmente impulsa la salud”.

Las autoridades actuales de Carolina del Norte afirman confiar en que los nuevos servicios sociales que Medicaid ofrece en su estado han resultado en una mejor salud y una reducción del gasto general en atención médica costosa y de cuidado agudo. Los beneficiarios de Medicaid pueden incluso usar el programa para comprar productos agrícolas frescos.

Si bien es demasiado pronto para saber si estos experimentos han sido efectivos en otras partes de Estados Unidos, la evidencia preliminar en Carolina del Norte es prometedora: el estado ahorró al año —principalmente en condados rurales— al reducir las visitas a salas de emergencias y las hospitalizaciones.

Las autoridades sanitarias estatales también destacaron los beneficios económicos de impulsar los negocios de las granjas familiares, los contratistas de remodelaciones en casas, y las organizaciones comunitarias que brindan vivienda y servicios sociales.

“Acepto con satisfacción el reto de demostrar la eficacia de nuestros programas. Esto contribuye a una vida más saludable y a presupuestos más saludables”, declaró Jay Ludlam, subsecretario del programa Medicaid de Carolina del Norte. “Las granjas familiares que estaban al borde del colapso tras el huracán Helene ahora se benefician de ingresos estables a la vez que sirven a su comunidad”.

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La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre  en todo el sur de California, los planes de la administración Trump de compartir  con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la aprobación de restricciones estatales y federales sobre el derecho de los inmigrantes a acceder a Medicaid.

Luego, en noviembre, el gobierno federal publicó una nueva propuesta sobre la  que, de aprobarse, podría impedir que determinados inmigrantes obtuvieran la residencia legal permanente si ellos o sus familiares han utilizado beneficios públicos, incluido Medicaid.

Muchos de los pacientes de González y sus hijos, que a menudo son ciudadanos estadounidenses, todavía califican para el programa Medicaid de California, conocido como Medi-Cal, que brinda cobertura de salud a más de 14 millones de residentes con bajos ingresos o discapacidades. Pero, cada vez más, esas personas prefieren no inscribirse ni renovar su cobertura.

“Muchos no quieren solicitar la cobertura”, afirmó González. “Hay quienes dicen que ni siquiera se atreven a salir a regar sus plantas”.

Datos de Medi-Cal sugieren que lo que algunos defensores de inmigrantes llaman una “pandemia de miedo” ha comenzado a reducir la inscripción en el programa de Medicaid más grande del país. Un análisis de ���ϳԹ��� News encontró que, de junio a diciembre, el mes más reciente para el que hay datos disponibles, casi 100.000 inmigrantes sin estatus legal salieron del programa. Representan alrededor de una cuarta parte de todas las bajas de Medi-Cal, aunque este grupo constituye aproximadamente solo el 11% de los inscritos.

Esto marca un cambio de rumbo respecto del aumento constante en la inscripción de inmigrantes sin estatus legal en el estado. Hasta julio, las inscripciones de este sector habían aumentado cada mes desde que, en enero de 2024, el estado abrió Medi-Cal a todos los residentes de bajos ingresos sin que importara su estatus migratorio.

Tessa Outhyse, vocera del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS), que supervisa Medi-Cal, afirmó que no hay evidencia de que los inmigrantes se estén dando de baja del programa en mayor proporción que otros grupos. En general, la inscripción en Medi-Cal ha disminuido en alrededor de 1,6 millones desde su punto más alto en mayo de 2023.

Outhyse atribuyó la caída a la reanudación de las verificaciones anuales de elegibilidad, que se suspendieron durante la pandemia de covid-19. California es uno de los 14 estados que, junto con Washington, D.C., financian cobertura de salud para, al menos, algunos inmigrantes que no califican para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños bajo las reglas federales.

Pero dos investigadores, Leonardo Cuello, del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, y Susan Babey, del , cuestionaron esa explicación. Señalaron que California y la mayoría de los otros estados ya habían reanudado completamente las verificaciones de elegibilidad .

Sin embargo, Tony Cava, vocero del DHCS, aseguró que esas revisiones continuaron reduciendo la inscripción hasta 2025.

Cuello agregó que los cambios federales aprobados por los republicanos en la ley One Big Beautiful Bill Act, que se espera provoquen más bajas, no entran en vigor hasta dentro de algunos meses.

“Tenemos muchos factores importantes que aún no han ocurrido y que provocarán la pérdida de cobertura”, explicó Cuello. “Pero la pérdida de cobertura que está ocurriendo ahora parece estar en gran medida relacionada con el miedo de los inmigrantes”.

Encuestas dan algunas pistas

Una  encontró que, en todo el país, los adultos inmigrantes, especialmente los que son padres, están evitando cada vez más incluirse en programas gubernamentales que ayudan a pagar alimentos, vivienda o atención médica para no llamar la atención sobre su estatus migratorio o el de algún familiar. Esto incluye a residentes con estatus  y a ciudadanos naturalizados.

Cuello dijo que la tendencia a evitar estos programas por parte de los padres es especialmente preocupante porque aproximadamente 1 de cada 4 niños en EE.UU. tiene al menos un padre inmigrante. Aunque la mayoría de esos niños haya nacido en el país.

También opina que esa decisión de las familias puede explicar una disminución nacional de casi 3% en la inscripción en Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños durante los primeros 10 meses del año pasado, incluida una caída de 5,6% en la inscripción de niños en California, según datos recopilados por .

Los patrones de inscripción durante la primera administración Trump también ofrecen pistas. Por ejemplo, el presidente amplió los criterios de carga pública para incluir el uso de Medicaid y asistencia para alimentos y vivienda. Esto llevó a muchas familias inmigrantes, incluidos niños ciudadanos y personas no afectadas por la regla, a  para los que eran elegibles. Algunos  incluso después de que varios tribunales bloquearon su implementación y el presidente demócrata Joe Biden revocó la regla.

“La medida generó un alto nivel de confusión”, señaló Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del condado de Los Ángeles, que representa a unos 70 centros de salud en la zona. “El personal de los centros de salud comunitarios aún está trabajando para revertir los efectos de la primera regla”.

Ahorros estimados

Actualmente, solo las personas que dependen de programas de asistencia en efectivo o de atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno pueden ser consideradas un riesgo de carga pública cuando solicitan una visa para entrar al país o gestionan la residencia permanente legal.

Pero bajo la propuesta de la administración Trump, Medicaid y otros programas sin entrega directa de dinero, así como el uso de beneficios por parte de familiares, podrían usarse para evaluar si es posible que una persona termine dependiendo del estado. Los oficiales de inmigración también tendrían mayor autoridad para decidir cuáles factores convierten a alguien en carga pública.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que los cambios son necesarios porque las reglas actuales limitan la capacidad de la agencia para evaluar el riesgo de que un inmigrante dependa de recursos gubernamentales. El período de comentarios públicos terminó en diciembre.

El DHS no respondió a una pregunta respecto de cuándo tomará una decisión final sobre la norma. La propuesta indica que “estaría en línea con una política de larga data: según la cual los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y los beneficios estatales no deben incentivar la inmigración”.

La agencia calculó que esa modificación podría ahorrar a los gobiernos federal y estatales casi $9 mil millones al año gracias a personas que se den de baja o decidan no inscribirse en programas públicos.

En una carta en apoyo a esa iniciativa, el , una organización conservadora que promueve restricciones migratorias, describió la regla actual de carga pública como demasiado limitada y dijo que impide a los funcionarios de inmigración considerar “toda la información relevante”.

“El concepto de negar la entrada a personas que probablemente dependerán de la asistencia gubernamental no es nuevo”, escribió Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios del grupo, en una publicación de diciembre.

La propuesta federal también admite que estas modificaciones podrían  provocar una pérdida de ingresos para economías estatales y locales, incluidos proveedores de salud como hospitales, supermercados, agricultores y arrendadores que participan en programas de vivienda financiados por el gobierno federal.

Un  estimó que la norma que impulsa el gobierno podría llevar a que entre 1,3 y 4 millones de personas abandonen Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños, incluidos hasta 1,8 millones de niños ciudadanos.

“Claramente se está usando para generar miedo y ansiedad”, dijo Benyamin Chao, gerente supervisor de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center. El funcionario calificó la iniciativa como parte de un “ataque a inmigrantes con residencia legal, a ciudadanos estadounidenses que son familiares, y a la comunidad en general”.

Es posible que el temor a la carga pública también haga que menos personas participen en iniciativas contra el hambre, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en California como CalFresh. Mark Lowry, director del Banco de Alimentos del condado de Orange, dijo que esto — junto con las bajas relacionadas con la ley One Big Beautiful Bill Act — podría saturar los bancos de alimentos, ya que los programas federales de nutrición representan la mayor parte de la ayuda alimentaria.

“No hay forma de que el sistema de alimentos de emergencia tenga la capacidad ni los recursos para cubrir esas necesidades”, dijo.

Necesidades de atención médica

El temor a inscribirse en Medi-Cal no afecta a todos los inmigrantes. Juana Zaragoza dirige un programa en Oxnard que ayuda principalmente a trabajadores agrícolas indígenas de México a anotarse en Medi-Cal. Allí, la inscripción y reinscripción se han mantenido estables en los últimos meses. Ni ella ni las comunidades a las que atiende conocen mucho sobre la propuesta de carga pública, explicó.

A menudo, las preocupaciones se ven superadas por la necesidad inmediata de atención médica.

“Nos encontramos con muchas personas que están evaluando qué los beneficia ahora y qué los beneficiará después”, dijo. “Algunos solo quieren cubrir sus necesidades en el momento”.

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El dolor persistente por un accidente de auto ocurrido hace dos meses, sumado a una vida ya difícil, tiene a Angulo preocupada por su embarazo. Por eso sintió alivio cuando una camioneta móvil de medicina callejera de St. John’s Community Health llegó cerca de su asentamiento en febrero.

“Gracias a Dios que los tenemos”, dijo.

, que opera 28 clínicas, la mayoría en el condado de Los Ángeles, forma parte de la red nacional de clínicas comunitarias sin fines de lucro que atienden a los habitantes más pobres del país. Alrededor del 80% de sus 144.000 pacientes, incluida Angulo, tienen Medi-Cal, la versión de California del programa Medicaid para personas con bajos ingresos o discapacidades.

Pero los recortes federales al gasto de Medicaid bajo la One Big Beautiful Bill, la ley aprobada por los republicanos, sumados al en Sacramento, podrían costarle a St. John’s hasta un tercio de sus ingresos anuales de $240 millones. Eso obligaría a recortar servicios que podrían incluir la medicina callejera, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de la organización.

Si no se reemplaza el financiamiento perdido, clínicas más pequeñas y con menos recursos del condado podrían enfrentar consecuencias aun más duras y hasta cierres.

Por eso Mangia, junto con una coalición de clínicas comunitarias, trabajadores de salud y defensores, impulsa por cinco años en el condado más poblado del país para ayudar a cubrir la pérdida proyectada de fondos federales y estatales.

Hasta ahora, St. John’s ha aportado al menos $2 millones a la campaña.

Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles (Community Clinic Association of Los Angeles County), dijo que no hay muchas opciones para salvar al sistema de salud de un desastre.

“Estamos en una situación crítica y desesperante”, agregó. “Esto tiene el potencial de cambiar el panorama. Compensaría de manera muy significativa las pérdidas”.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio, pese a la oposición de algunas ciudades dentro del condado. Sus líderes argumentaron que el impuesto pondría presión sobre los consumidores y los dueños de negocios.

La mayor parte de en ingresos anuales se usaría para proteger la atención médica de la red de seguridad en clínicas comunitarias, hospitales y escuelas.

Luchando por mantenerse a flote

A nivel nacional, se espera que la ley presupuestaria del Partido Republicano reduzca el gasto federal en Medicaid en a lo largo de 10 años. También podría aumentar en más de el número de personas sin seguro médico.

La propuesta en la boleta del condado de L.A. es una de muchas iniciativas locales y estatales en todo el país, mientras clínicas, hospitales, trabajadores de salud, defensores y legisladores buscan nuevas fuentes de dinero para compensar los recortes.

En Michigan, donde se proyecta que la ley federal le costará al estado , la oficina de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ha propuesto de impuestos sobre el tabaco, productos de vapeo, apuestas en línea, apuestas deportivas y publicidad digital. Calcula que esto generaría cientos de millones de dólares al año.

En Rhode Island, un grupo de legisladores estatales espera aliviar parte del impacto de los recortes federales con un que incluye un impuesto a los anuncios digitales y un recargo del 3% sobre ingresos gravables superiores a aproximadamente $640.000.

“El objetivo no es reemplazar los ingresos, sino reducir el daño”, dijo el representante estatal demócrata Brandon Potter, uno de los legisladores involucrados en estas leyes.

En Washington, el representante estatal demócrata Shaun Scott presentó recientemente una legislación para abordar la pérdida de fondos federales con un impuesto del 5% sobre la nómina de grandes empresas, aplicado a salarios de empleados que superen los $125.000 al año.

En California, la ley republicana reducirá la a Medi-Cal en al año, o 25%. La inscripción en Medi-Cal podría caer en como resultado de los recortes federales y estatales, según un análisis del Centro de UCLA para la Investigación de Políticas de Salud y del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley.

En julio, California reducirá los pagos de Medi-Cal que reciben las clínicas comunitarias por ciertos servicios brindados a pacientes con estatus migratorio “insatisfactorio” en alrededor de . Estos pacientes incluyen residentes permanentes en el país por menos de cinco años, refugiados, personas con asilo y otras personas legalmente presentes.

Preparándose para una “nueva realidad”

Defensores y expertos en salud dicen que encontrar nuevas fuentes de ingresos es la única manera de evitar una crisis en el sistema de salud de California.

“¿Vamos a permitir que los vacíos creados por las políticas federales y los recortes del presupuesto estatal dejen a millones de personas sin seguro?”, dijo Laurel Lucia, subdirectora ejecutiva de programas del Centro Laboral de UC Berkeley. “Gran parte de esa pregunta se reduce a los ingresos”.

Algunos profesionales de la medicina dicen que se necesitan nuevos ingresos en el corto plazo, pero que el país también debe abordar su sistema de salud, conocido por ser costoso.

“Esta nueva realidad es que en el futuro tendremos que hacer nuestro trabajo con menos dinero”, dijo Hector Flores, de la Asociación Médica del Condado de Los Ángeles. “Así que esta es una oportunidad para ver cómo podemos hacer las cosas mejor”.

Mientras tanto, abundan los esfuerzos por aumentar los impuestos para la atención médica.

Los votantes del condado de Santa Clara, hogar de Silicon Valley, aprobaron en noviembre pasado un aumento de 0,625% en el durante cinco años para compensar recortes federales a Medicaid. Una estará en la boleta de junio en el condado de Contra Costa.

La iniciativa más conocida, y muy disputada, es una propuesta en la boleta de California patrocinada por sindicatos para aplicar una única vez a los más de del estado.

El gobernador demócrata Gavin Newsom se opone firmemente; el senador Bernie Sanders (independiente de Vermont) hizo campaña recientemente en California a favor de la propuesta y presentar una versión nacional en el Congreso.

Los promotores del impuesto temporal a la riqueza dicen que recaudaría , que en su mayoría se usarían para cubrir la pérdida de fondos federales y estatales en Medi-Cal y otros programas de la red de seguridad. Estos promotores intentan reunir cerca de 875.000 firmas necesarias para llevar la medida a la boleta de noviembre.

“Estamos al borde de un colapso de nuestro sistema de salud. Así que las personas más afortunadas entre nosotros pagan un impuesto modesto que nos dará tiempo y nos permitirá encontrar una solución a largo plazo”, dijo Suzanne Jimenez, jefa de gabinete del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios–Trabajadores de la Salud Unidos West, principal patrocinador de la medida. “Aun así, seguirían siendo increíblemente ricos”.

Los multimillonarios responden

El plan ha generado gran controversia, no solo en California sino en todo el país, y ha provocado y otros críticos.

Los críticos argumentan que la medida podría hacer que los multimillonarios abandonen California, lo que afectaría la innovación, los empleos y la recaudación fiscal. Algunos también advierten que podría terminar en una batalla legal, ya que quienes tendrían que pagar podrían impugnarla por múltiples vías.

“Si esto se aprobara, se esperaría que quedara frenado en los tribunales por algún tiempo”, dijo Jared Walczak, investigador temporal de la California Tax Foundation. “Es bastante posible que no entre ningún ingreso durante varios años, si es que llega a entrar alguno”.

La posibilidad de estas complicaciones ha llevado a algunos defensores de la salud a enfocarse en iniciativas locales que podrían empezar a generar ingresos más rápido, como el impuesto a las ventas propuesto en el condado de Los Ángeles.

Pero esa medida también tiene críticos, incluidos líderes de varias ciudades del condado que pidieron a los supervisores que rechazaran porque, dicen, aumentaría las preocupaciones por el costo de vida de los consumidores y pondría presión sobre los negocios.

Kathryn Barger, republicana y la única supervisora del condado de Los Ángeles, que se opuso a incluir la medida en la boleta de junio, dijo en un comunicado que el impuesto propuesto haría que el condado fuera “menos accesible para las familias y menos atractivo para que los consumidores compren y las empresas operen”.

Pero los partidarios dicen que la atención médica de la red de seguridad ya está sintiendo el impacto de la reducción de fondos. Por ejemplo, en febrero, el Departamento de Salud Pública del condado anunció que debido a $50 millones en recortes de financiamiento federal, estatal y local.

Los inscritos en Medi-Cal también están preocupados.

“Recibimos muchas llamadas de pacientes en pánico que temen perder su Medi-Cal. Decenas de llamadas al día, cientos de llamadas a la semana”, dijo Mangia, de St. John’s.

“Les decimos que estamos trabajando en una solución y esperamos tener esa solución en junio”.

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Por segundo año, el demócrata pidió a los legisladores estatales que eliminen la cobertura para un sector de los inmigrantes ante los recortes federales al gasto en Medicaid y un déficit presupuestario de aproximadamente .

Muchos analistas advierten que, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, .

Newsom propuso que el estado no intervenga cuando, a partir de octubre, el gobierno federal deje de brindar cobertura médica a unos 200.000 residentes legales, entre ellos .

Legisladores progresistas y activistas afirmaron que esos recortes representan un alejamiento de la promesa de Newsom de garantizar “”. Por otro lado, los republicanos siguen criticándolo porque utiliza fondos públicos para cubrir a personas que no son ciudadanas.

Según el Departamento de Finanzas, la propuesta más reciente de Newsom permitiría un ahorro estimado de $786 millones en este año fiscal y de $1.100 millones anuales en los años siguientes, dentro de un presupuesto proyectado de $349.000 millones.

La senadora estatal Caroline Menjivar, una de las dos demócratas que el año pasado votaron en contra de los recortes de Newsom, dijo que le preocupa que las ambiciones políticas del gobernador estén pesando más que lo que es mejor para los californianos.

“Está pendiente de lo que van a opinar Arkansas o Tennessee, cuando lo que piensa California es algo completamente diferente”, se quejó Menjivar, quien contó que sus críticas anteriores le costaron de un subcomité clave del presupuesto. “Esa es mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo aquí”, agregó.

Mientras tanto, el senador estatal republicano Tony Strickland criticó a Newsom por restar importancia del estado que, según funcionarios estatales, podría crecer hasta los $27.000 millones el próximo año. Además, lo acusó de seguir ofreciendo cobertura a residentes de California que viven en el país sin autorización. “Lo único que quiere es relanzarse políticamente, proyectar una nueva imagen”, dijo Strickland.

Es una cuerda floja política que se irá tensando aún más a medida que disminuya el apoyo federal y sigan aumentando los gastos en atención médica, afirmó Guian McKee, codirector del Proyecto de Políticas de Salud de la Escuela de Asuntos Públicos Miller de la Universidad de Virginia.

“Newsom tiene que hacer malabares con tres o cuatro temas delicados al mismo tiempo”, opinó  McKee. Si decide postularse, agregó: “las prioridades de los votantes demócratas en las primarias —que en gran medida reflejan estados progresistas como California— son muy distintas a las del electorado en general, que está mucho más dividido”.

En Estados Unidos, las opiniones sobre si el gobierno debería ofrecer cobertura médica a personas sin papeles están muy divididas.

En una realizada el año pasado, una pequeña mayoría —54%— se opuso a una disposición que establecía sanciones a los estados que utilizaban sus propios recursos para brindar atención médica a inmigrantes. Había grandes diferencias según la afiliación política. Finalmente, esa disposición no fue incluida en la versión final del proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Donald Trump.

Incluso en California, la idea de ofrecer atención médica perdió apoyo a causa de los problemas presupuestarios.

En , el 41% de los adultos expresó estar de acuerdo con ofrecer cobertura médica a inmigrantes sin papeles, una caída significativa con respecto en 2023.

el vicepresidente JD Vance, y legisladores republicanos han acusado en repetidas ocasiones a California y a otros estados demócratas de usar fondos públicos para dar atención médica a inmigrantes, un tema que enardece a la base del Partido Republicano.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), de “” para recibir más fondos federales, liberando recursos estatales para su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal, que ha inscrito a cerca de 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular.

“Si usted es un contribuyente en Texas o Florida, sus impuestos podrían haberse usado para financiar la atención médica de inmigrantes ilegales en California”, dijo en octubre.

Funcionarios de California negaron esas acusaciones y afirmaron que solo se utilizan fondos estatales para dar servicios de salud general a personas indocumentadas, ya que la ley prohíbe usar fondos federales.

Newsom ha convertido esto en un “”, ya que ampliar la cobertura a inmigrantes, según su administración, mantiene a las y ayuda a evitar costosas visitas a salas de emergencia que muchas veces se terminan pagando con dinero público.

“Ninguna administración ha hecho más que ésta para ampliar la cobertura total de Medicaid para nuestras comunidades diversas, con y sin estatus migratorio”, dijo Newsom a periodistas en enero. “Hay quienes han construido toda su carrera política criticando mi postura”.

Newsom advirtió sobre el “carnaval de caos” del gobierno federal al aprobar la ley One Big Beautiful Bill Act de Trump. Esa ley, sostuvo, pone a 1,8 millones de californianos en riesgo de perder su cobertura médica debido a la implementación de requisitos laborales, otras reglas de elegibilidad y nuevos límites al financiamiento federal para los estados.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde ahora y hasta 2034, a nivel nacional, 10 millones de beneficiarios podrían perder su cobertura.

han señalado que un número mayor de personas sin seguro —en especial aquellas que están relativamente sanas— podría concentrar la cobertura en , lo que potencialmente elevaría los costos de las primas y los costos hospitalarios en general.

Organizaciones que trabajan con los inmigrantes señalan que es especialmente cruel dejar sin atención médica a quienes pudieron haber huido de situaciones de violencia o sobrevivido a la trata o a situaciones de abuso.

Las normas federales actuales exigen que los programas estatales de Medicaid cubran a “no ciudadanos calificados”, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, explicó Tanya Broder, del National Immigration Law Center. Pero la One Big Beautiful Bill Act, impulsada por los republicanos, puso fin a esa cobertura, lo que afectaría a legales en todo el país.

Como muchos gobernadores estatales aún no han presentado sus propuestas de presupuesto, no está claro cómo piensan cubrir los recortes al financiamiento, dijo Broder.

Por ejemplo, funcionarios de Colorado estiman que unos 7.000 inmigrantes legales podrían perder cobertura por los cambios en la ley. En el estado de Washington, las autoridades calculan que , solicitantes de asilo y otros inmigrantes con autorización legal se quedarán sin cobertura de Medicaid.

Ambos estados, al igual que California, ampliaron la cobertura completa a todos los residentes elegibles por ingresos, sin importar su situación migratoria. Ahora, sus funcionarios electos están en la incómoda posición de tener que explicar por qué algunos inmigrantes legales podrían perder su cobertura médica mientras que otros sin estatus legal podrían conservarla.

El año pasado, el aumento de los costos en atención médica y los recortes presupuestarios llevaron a los gobernadores demócratas de —JB Pritzker y Tim Walz, dos potenciales aspirantes a la presidencia— a suspender o cancelar la cobertura para inmigrantes sin papeles.

También en 2025, legisladores de California votaron por la eliminación de la cobertura dental y congelaron nuevas inscripciones para personas sin documentos. A partir del próximo año también se cobrará una prima mensual a quienes mantengan su cobertura.

Aun así, se estima que el estado gastará $13.800 millones de su fondo general en atención médica para inmigrantes no cubiertos por el gobierno federal, según H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.

En enero, en una conferencia de prensa en San Francisco, Newsom defendió estas medidas y dijo que eran necesarias por “prudencia fiscal”. Evitó responder preguntas sobre la cobertura para solicitantes de asilo y refugiados, y minimizó la importancia de su propuesta, al decir que podría revisarla cuando tuviera la oportunidad de actualizar el presupuesto en mayo.

Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de la California Pan-Ethnic Health Network, señaló que el estado aprobó una ley en la década de 1990 que le exige cubrir con Medi-Cal cuando los fondos federales de Medicaid no están disponibles. Esto incluye a personas con residencia permanente que aún no cumplen con el período de espera de cinco años para inscribirse en Medicaid.

Savage-Sangwan calificó la propuesta del gobernador como “arbitraria y cruel” y criticó su decisión de priorizar los depósitos del fondo de emergencia para tiempos difíciles en vez de mantener la cobertura. Agregó que culpar al gobierno federal era engañoso.

También consideró que es un gran retroceso respecto de lo que ella esperaba que California pudiera lograr el primer día de Newsom en el cargo, hace siete años, cuando el gobernador declaró su apoyo a un sistema de salud con financiamiento público integral y propuso ampliar los subsidios para pagar el seguro médico para la clase media.

“Tenía esperanza y celebramos los avances que impulsó el gobernador”, afirmó Savage-Sangwan. “Por eso estoy aún más decepcionada”.

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Martha Santana-Chin, hija de inmigrantes mexicanos, creció con Medi-Cal, la versión californiana de Medicaid, el programa de atención médica administrado por el gobierno para personas con bajos ingresos y discapacidades.

Y hoy es CEO de L.A. Care, que administra lo que es, por lejos, el plan de Medi-Cal más grande, con más de 2,2 millones de beneficiarios, superando el número de inscripciones en Medicaid y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) en .

“Si no existieran redes de apoyo como el programa Medi-Cal, muchas personas estarían estancadas en la pobreza sin posibilidades de salir adelante”, dijo. “En lo personal, no tener que preocuparme por la atención médica me permitió concentrarme en lo que debía: mi educación”.

Al comenzar su segundo año al frente de L.A. Care, Santana-Chin enfrenta recortes presupuestarios federales y estatales que dificultan su misión de brindar atención médica a personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad médica, inscritas en Medicaid. La aseguradora también ofrece planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, en inglés) a través de Covered California.

Santana-Chin advierte que la ley republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada el año pasado y también llamada HR 1, podría provocar que 650.000 personas salgan del programa Medi-Cal de L.A. Care antes de que termine 2028. Esto afectará las finanzas del plan debido a la reducción en los ingresos. La aseguradora reportó ingresos de $11.700 millones en el último año fiscal.

Se estima que HR 1 recortará más de $900.000 millones de Medicaid en los próximos 10 años, incluidos en California, según el Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que administra Medi-Cal.

Como otros estados con déficits grandes, California ha reducido su gasto en Medicaid mediante medidas como congelar nuevas inscripciones de inmigrantes sin estatus legal e imponer nuevamente . Todo esto incluso antes de que el estado tenga que afrontar los recortes derivados de la pérdida de fondos federales bajo HR 1.

Santana-Chin estuvo a cargo de las operaciones de Medi-Cal y Medicare para la aseguradora privada Health Net, antes de asumir la dirección de L.A. Care en enero de 2025. Asumió el cargo casi tres años después de que los reguladores estatales multaran a L.A. Care con que, según indicaron, comprometieron la salud y seguridad de sus afiliados. L.A. Care pagó al estado y acordó destinar $28 millones a proyectos comunitarios de salud.

En una amplia entrevista, Santana-Chin habló con Bernard J. Wolfson, corresponsal senior de ���ϳԹ��� News, sobre los desafíos financieros que enfrenta L.A. Care y por qué considera que la atención médica no debería depender del estatus migratorio de una persona. Esta entrevista fue editada por razones de espacio y claridad.

Usted creció con Medicaid. ¿Cómo ha influido eso en su visión ahora que dirige uno de los planes más grandes del país?
Lo que realmente me motiva es saber que muchas de las personas a las que servimos son como mi familia. Han enfrentado dificultades y han tenido que depender de sus propios hijos para traducir cosas muy complicadas. Yo recuerdo haber hecho eso por mi mamá. La dignidad humana básica exige tener acceso a atención médica.

¿Hay algo en su trabajo en Health Net o en L.A. Care que le haya recordado su experiencia infantil con Medi-Cal?
En ese entonces no cubrían transporte y no teníamos auto. Hoy, una de las cosas que escuchamos de nuestros afiliados es la necesidad de contar con un transporte confiable, que llegue a tiempo y cuyos conductores los traten con respeto. Si mi mamá y yo hubiéramos tenido eso, la vida habría sido mucho más fácil.

¿Qué impacto cree que tendrá HR 1?
Va a devastar el sistema de atención médica. Al estado le será imposible compensar la pérdida de fondos federales, y en los próximos años habrá cada vez menos dinero. Eso hará que el número de personas que cubrimos se reduzca significativamente. Esperamos que entre ahora y fines de 2028, unas 650.000 personas salgan de nuestras listas. Y eso es solo en L.A. Care.

Eso representa más de una cuarta parte de sus afiliados en Medi-Cal
Sí, es muy, muy significativo. La reducción en los pagos y el aumento en la atención no remunerada van a afectar seriamente al sistema. A medida que ese sistema se debilite y hospitales y otros proveedores se vean obligados a cerrar servicios o reducir sus centros, el acceso a la atención se verá afectado. Y no solo para quienes pierdan la cobertura.

¿Cómo responderá L.A. Care?
Obviamente vamos a tener una caída significativa en los ingresos. Estamos muy enfocados en operar de la manera más eficiente posible. Y estamos buscando formas creativas de usar la tecnología para que nuestro personal pueda asumir tareas de mayor nivel. Por ejemplo, mejorar nuestras herramientas para que los agentes del centro de llamadas puedan responder más rápido y resolver problemas. También estamos automatizando procesos del área de pagos de reclamos.

¿Qué le diría a los republicanos del Congreso que aprobaron HR 1?
Estamos en un punto de inflexión en el sistema de salud. Y debemos reconocer que algunas partes de HR 1 tendrán consecuencias no deseadas a largo plazo, o tal vez sí eran deseadas, pero me cuesta creerlo. Probablemente haya aspectos que valga la pena reconsiderar.

¿Como cuáles?
Los requisitos de trabajo son un ejemplo. Muchos pensaron que sería una buena forma de administrar responsablemente el dinero destinado a la salud. Pero es muy complejo y provocará que personas que realmente califican pierdan su cobertura. Es lamentable, y eso es algo que pediría que reconsideraran.

¿Qué impacto tendrá la decisión de California de congelar la inscripción en Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal?
No importa cuál sea tu estatus migratorio, si eres un ser humano y necesitas atención médica, vas a buscarla donde puedas. Y eso va a generar presión en el sistema si no tienes seguro.

¿Qué ha hecho L.A. Care para responder a las preocupaciones del estado en 2022 sobre demoras en la autorización de servicios y en la atención de quejas?
Se ha invertido mucho en la infraestructura de L.A. Care en los últimos años: en nuestras plataformas de tecnología, en el manejo de datos. También se ha sumado capacidad, se han reforzado muchos equipos y hay más personal para apoyar el trabajo.

¿Cómo han afectado las redadas migratorias federales en Los Ángeles a los afiliados de L.A. Care y a la comunidad en general?
Definitivamente han tenido un efecto paralizante. Las familias tienen miedo de ir al médico. No están llevando a vacunar a sus hijos. Muchos proveedores en salas de emergencia nos han dicho que ha bajado el número de personas que llegan. Una de nuestras gestoras de casos estaba muy angustiada porque una persona decidió no recibir un tratamiento que le podía salvar la vida por miedo.

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Tomaron comida enlatada, frutas y verduras, y una tarjeta de regalo para el supermercado. Luego, Basu vio una fila de mesas en el estacionamiento, atendidas por trabajadores del área de servicios sociales, que ayudaban a la gente a solicitar asistencia alimentaria y cobertura de salud. Le dijeron que su suegra, quien también recibe Medicaid, podría calificar para recibir ayuda alimentaria.

“Tendría que separar menos dinero”, dijo Basu, que es la única que aporta ingresos en su hogar en Anaheim desde que su esposo sufrió un derrame cerebral. “Tal vez pueda usar ese dinero extra para cubrir otros gastos”.

Basu fue una de las más de 3.000 personas que asistieron a un evento de CalOptima en noviembre, en uno de los condados más ricos de California. La jornada marcó el inicio de una campaña de $20 millones por parte de esta aseguradora de Medicaid. El objetivo es ayudar a que residentes de bajos ingresos accedan y conserven su cobertura médica y sus beneficios de alimentos, en el momento en que comiencen a aplicarse las restricciones federales establecidas en la ley de presupuesto impulsada por el presidente Donald Trump, llamada Una Gran y Hermosa Ley (One Big Beautiful Bill Act).

La ley recorta más de en financiamiento federal para Medicaid, conocido como Medi-Cal en California. También elimina alrededor de $187.000 millones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido como CalFresh en California. Esto representa cerca del 20% del presupuesto del programa en los próximos 10 años. Como resultado, hasta 3,4 millones de beneficiarios de Medi-Cal y casi 400.000 personas que usan CalFresh podrían perder estos beneficios. (La mayoría de quienes reciben CalFresh ).

Representantes republicanos dicen que estos cambios —algunos de los cuales ya están en vigor— ayudarán a prevenir el fraude y el despilfarro mediante controles de elegibilidad más estrictos y nuevos requisitos laborales.

Sin embargo, los planes de salud de Medicaid en todo el país están reforzando sus actividades comunitarias para no perder afiliados, muchos de los cuales ya enfrentan altos costos de alimentos y atención médica.

En el condado de Los Ángeles, el plan de salud L.A. Care lanzó en diciembre reuniones comunitarias para informar a la población sobre los cambios en Medi-Cal. En Hawaii, AlohaCare está reactivando para mitigar el impacto de la pérdida de cobertura. Y en Philadelphia, Community Behavioral Health, un plan de Medicaid para la salud mental, tiene previsto organizar una serie de encuentros durante 2026 para difundir información sobre estos cambios.

“Sabemos que estos cambios afectarán a muchos de nuestros afiliados”, afirmó Michael Hunn, director ejecutivo de CalOptima, uno de los más de veinte planes de atención médica de Medi-Cal que reciben pagos mensuales en función del número de afiliados. “Tenemos la gran responsabilidad de asegurarnos de que comprendan y puedan adaptarse a estos cambios a medida que se implementan”.

CalOptima, una entidad pública cuyo directorio es nombrado por la junta de supervisores del condado, ha destinado unos $2 millones hasta 2028 para financiar que trabajadores del área de elegibilidad brinden ayuda en eventos comunitarios como la distribución de alimentos. Según An Tran, director de la Agencia de Servicios Sociales del condado de Orange, estos fondos permitirán realizar actividades de divulgación fundamentales que, de otro modo, el condado no podría costear.

El condado de Orange tiene unos 1.500 trabajadores encargados de procesar las reinscripciones y de verificar los datos de aproximadamente  850.000 beneficiarios de Medi-Cal y más de 300.000 inscritos en CalFresh.

“Estamos hablando de familias que necesitan ayuda con urgencia, especialmente en un momento en que los precios de los alimentos y la inflación están tan altos que apenas logran llegar a fin de mes”, dijo Tran.

Además de financiar a trabajadores del condado, CalOptima también planea otorgar subvenciones a organizaciones comunitarias para que realicen actividades de difusión sobre Medi-Cal. Además, desarrollará una campaña de concientización pública en varios idiomas para informar a las personas afiliadas sobre los nuevos requisitos, explicó Hunn.

La representante federal Young Kim, republicana que representa a parte del condado de Orange, no respondió a una solicitud de comentarios, pero ha dicho que la ley presupuestaria firmada por Trump, por la que votó a favor, “toma medidas importantes para asegurar que los fondos federales se usen de la manera más eficaz posible y para fortalecer Medicaid y SNAP para nuestros ciudadanos más vulnerables que realmente lo necesitan”. Kim y otros republicanos han dicho que la ley ofrecerá alivio fiscal a las personas trabajadoras en Estados Unidos.

Después de casi una hora de hablar con una trabajadora del área de elegibilidad, Basu se enteró de que gana demasiado como para que su suegra —quien vive con su familia— califique para CalFresh. Ahora, contó, le preocupan los cambios en los requisitos de Medi-Cal para inmigrantes. Teme que estas modificaciones puedan afectar a su suegra, quien obtuvo la residencia legal permanente hace aproximadamente un año y medio.

“Antes de tener eso, pagábamos en efectivo por el cardiólogo, por los análisis de laboratorio, por todo. Era carísimo”, dijo Basu. “Estoy pensando que en unos meses tendré que volver a pagar todo de mi bolsillo. Es mucho para mí. Es una carga”.

En la mayor parte del país, las personas que tienen residencia permanente (green card) desde hace menos de cinco años suelen para Medicaid, que es financiado por el gobierno federal. Sin embargo, California ha ofrecido cobertura de Medi-Cal con fondos estatales tanto a esas personas como a inmigrantes de bajos ingresos que no tienen estatus legal.

Pero incluso estos beneficios están siendo recortados por la presión del presupuesto estatal. En julio, el estado eliminará la cobertura completa de servicios dentales a algunos afiliados que tienen tarjeta de residencia desde hace menos de cinco años, así como a ciertos grupos de inmigrantes. Un año después, ese mismo grupo comenzará a pagar cuotas mensuales.

Y desde enero, California congelará la inscripción en Medi-Cal para personas mayores de 19 años sin estatus migratorio legal y para algunos inmigrantes que sí están legalmente en el país. También reinstaurará el límite de bienes para todos los afiliados mayores de edad.

Mientras tanto, el estado está preparando instrucciones para los condados sobre cómo implementar los cambios federales en los requisitos de elegibilidad de Medicaid, dijo Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California. Las reglas federales de trabajo y las revisiones de elegibilidad dos veces al año deberán aplicarse desde comienzos de 2027, en particular para quienes están afiliados bajo la expansión de cobertura de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Servicios Sociales de California, que administra CalFresh, ya modificó el modo de calcular los costos de servicios públicos del hogar y ha impuesto un límite a los beneficios para hogares muy numerosos. Además, aún está desarrollando las directrices sobre los requisitos federales de trabajo y los cambios que dejan afuera a ciertas personas que no son ciudadanas, indicó el subdirector David Swanson Hollinger durante una audiencia reciente.

El Departamento de Servicios de Salud ha creado una página web titulada sobre los cambios estatales y federales en Medicaid. También está utilizando su red de “ de Medi-Cal” para compartir información y actualizaciones en comunidades de todo el estado en varios idiomas. Y está colaborando con los condados y los planes de Medi-Cal para apoyar la inscripción comunitaria, incluso en eventos locales, explicó Cava.

Aquilino y Fidelia Salazar, un matrimonio que recibió ayuda con su solicitud a CalFresh, dijeron que no esperaban verse afectados por los requisitos laborales ni los cambios en la elegibilidad de Medi-Cal, porque ambos son residentes permanentes de EE.UU., tienen enfermedades crónicas y no pueden trabajar. Las personas consideradas incapaces de trabajar por razones físicas o mentales pueden quedar exentas de los requisitos laborales. Pero la pareja expresó preocupación por otras personas inmigrantes de su comunidad, que podrían perder el acceso a atención médica.

“No es justo, porque hay mucha gente que realmente sí lo necesita”, dijo Fidelia Salazar en español. “Ganan tan poquito y luego las medicinas e ir a un doctor es carísimo”.

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Algunos de estos centros de salud comunitarios podrían verse obligados a reducir personal médico y administrativo, y hasta servicios. Algunos incluso podrían llegar a cerrar. Sus defensores advierten que esto podría aumentar la presión sobre las salas de emergencia de los hospitales, que ya están saturadas de pacientes.

“Este es el peor momento en todos los años que llevo trabajando en atención médica”, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de , una red de que atiende a más de 144.000 pacientes en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, en California. “Estamos enfrentando recortes federales y recortes extremos a nivel estatal que van a afectar los servicios”.

St. John’s y otros centros de salud calificados a nivel federal ofrecen atención primaria y una amplia gama de otros servicios sin costo o a precios ajustados a los ingresos de cada paciente. A nivel nacional, atienden a cerca de en las zonas más desatendidas del país.

Los fondos federales provienen de dos fuentes principales, ambas actualmente bajo presión: subvenciones otorgadas en parte a través del , federal, y de reembolsos por la atención brindada a pacientes mediante programas como Medicaid, que ofrece cobertura médica a personas de bajos ingresos o con discapacidades.

A Medicaid lo financian de manera conjunta los estados y el gobierno federal.

En los últimos tiempos, el Congreso ha aprobado esos fondos con cuentagotas. En marzo, los legisladores extendieron las subvenciones hasta el 30 de septiembre. Ese dinero expiró después de que el Congreso, controlado por los republicanos, no aprobara una ley de financiación, lo que ha provocado un cierre parcial del gobierno.

Defensores de los centros enfatizan que se necesita un financiamiento a largo plazo para poder planificar con mayor certeza, idealmente a través de un fondo multianual.

Los centros de salud recibieron $4.400 millones en subvenciones a comienzos de 2024. La National Association of Community Health Centers está presionando para que se asignen al menos durante dos años, con el fin de mantener los centros plenamente operativos.

La red de seguridad que representan los centros de salud “enfrenta múltiples capas de desafíos”, dijo Vacheria Keys, vicepresidenta de políticas y asuntos regulatorios de la asociación.

La que los republicanos llaman “One Big Beautiful Bill Act” implicará recortes significativos a Medicaid, lo que impone otra amenaza importante para estos centros.

En 2023, Medicaid de los $46.700 millones en ingresos totales de los centros de salud.

Defensores advierten que los pagos reducidos de Medicaid agravarán la brecha entre el financiamiento disponible y los costos operativos.

También se necesita financiación para programas de desarrollo de personal, para apoyar la prestación de servicios de salud, ya que los centros enfrentan dificultades para contratar y retener trabajadores, dijo , directora del Geiger Gibson Program in Community Health de la Universidad George Washington.

Los de este tipo se abrieron en lugares como Massachusetts en la década de 1960. Históricamente, el Congreso los ha financiado con apoyo bipartidista, con algunos obstáculos menores.

La crisis actual comenzó cuando la administración Trump a través de un memorando emitido en enero, lo que impidió que algunos centros recibieran subvenciones ya aprobadas. Como resultado, algunos centros en estados como Virginia.

Los próximos recortes también llegarán justo cuando los pacientes enfrenten nuevas demandas y desafíos. Entre los cambios en Medicaid incluidos en la ley fiscal y de gasto del presidente Donald Trump se encuentra el requisito de que los beneficiarios reporten sus horas de trabajo u otras actividades comunitarias para poder conservar su cobertura.

Mientras tanto, los que la administración Biden y el Congreso habían aprobado para ayudar a los consumidores a pagar los planes médicos adquiridos en los mercados de seguros bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) están programados para expirar a fin de año.

Si el Congreso no los renueva, algunos costos de los consumidores aumentarán dramáticamente.

Una de las razones del cierre del gobierno es que los demócratas quieren extender esos subsidios, que protegen a los consumidores del aumento en los costos del seguro. El proyecto de ley de financiación de los republicanos no incluía la extensión; los líderes republicanos en el Congreso dicen que ese tema debe tratarse por separado.

“Los consumidores van a necesitar más apoyo que nunca”, dijo Jacobs, quien advirtió que los recortes a Medicaid y el fin de los subsidios mejorados podrían “dejar a muchas personas sin cobertura”.

El 90% de los pacientes de los centros comunitarios de salud tienen ingresos del o menos, y el .

“Estamos recibiendo 300 llamadas por día de pacientes preocupados por su cobertura”, comentó Mangia, de St. John’s.

Los republicanos no están atacando directamente a los centros, aunque sí respaldaron los recortes a Medicaid que afectarán sus finanzas. Muchos argumentan que el gasto en Medicaid se ha disparado y que reducir su crecimiento hará que el programa sea más sostenible.

Apoyo estatal y local

Mientras abogan por un financiamiento federal más estable, los centros también están buscando el respaldo de sus comunidades y gobiernos locales.

Algunos estados ya tomaron medidas al finalizar sus presupuestos anuales. y asignaron fondos a los centros. , y también ofrecieron apoyo.

La pregunta del millón es cuánto tiempo durará ese dinero.

Mientras algunos estados aumentaron su apoyo a los centros, otros están tomando la dirección contraria. Anticipando el impacto de los recortes a Medicaid, estados como California hicieron al programa.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, así como la Administración de Recursos y Servicios de Salud federal, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En Los Ángeles, Mangia dijo que una posible solución es trabajar con aliados a nivel del condado, y señaló que el condado de Los Ángeles tiene unos 10 millones de habitantes.

“Podemos imponernos un impuesto para aumentar el financiamiento de los servicios de salud”, dijo.

Los líderes de los centros están formando una coalición que, “esperan”, incluya a los principales actores del sistema de salud del condado: centros comunitarios, clínicas, hospitales, médicos, planes de salud, sindicatos. El objetivo: iniciar el proceso para presentar una iniciativa ciudadana que permita a los votantes decidir si quieren aprobar un impuesto destinado a financiar a los centros de salud.

“Estamos aprendiendo que el gobierno federal y el estatal no son confiables cuando se trata de garantizar la financiación continua de los servicios de salud”, dijo Mangia.

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Durante más de dos décadas, esta trabajadora de salud comunitaria ha ayudado a cientos de familias del sureste de Los Ángeles a inscribirse en programas de ayuda alimentaria, ha informado sobre seguros médicos asequibles y ha ayudado con medicamentos para sus afecciones crónicas. Su frase favorita: “más vale prevenir que curar”.

Pero sólo gana unos $20 la hora en una organización de salud comunitaria y tiene un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. “Nos pagan muy poco y esperan demasiado”, dijo. “Generamos confianza. Ofrecemos apoyo. Somos el hombro en el que muchos se apoyan, pero no recibimos un salario justo”.

California buscaba profesionalizar a miles de trabajadores de salud comunitarios como Hernández. La meta era mejorar la salud de las poblaciones inmigrantes, en particular los residentes hispanos, que a menudo padecen de enfermedades crónicas, son más y se enfrentan a más barreras culturales y lingüísticas para acceder a servicios.

Estudios demuestran que su trabajo las hospitalizaciones, y las visitas a las salas de emergencias y a las clínicas de urgencias.

El estado siguió al pie de la letra una serie de publicadas en 2019 para estandarizar la formación y la certificación de estos profesionales. Así, poder integrarlos a las plantillas de trabajadores de salud y ofrecerles salarios justos, incluyendo reembolsos a través de Medi-Cal, el Medicaid estatal, para compensar el trabajo que tradicionalmente se ha realizado de forma voluntaria o con salarios bajos.

Pero seis años después, California ha dado marcha atrás en muchas de esas iniciativas.

El estado ha eliminado un programa de certificación y ha recortado casi toda la financiación para formar y ampliar esta plantilla, a pesar de que se había fijado el objetivo de contar con para este año.

Aunque Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios, los planes de salud participantes establecieron requisitos de facturación desiguales, lo que dificulta que los trabajadores obtengan el reembolso. Además, el estado no cumplió con el aumento salarial previsto.

Con los recortes de fondos federales recién aprobados y el foco del presidente Donald Trump en la deportación de inmigrantes, incluso con el Departamento de Seguridad Nacional, los activistas temen que California abandone su iniciativa de equidad en la salud para los inmigrantes, las personas de color y las personas con bajos ingresos. En un momento en el que, aseguran, esa labor es más necesaria que nunca.

“Estamos en una situación muy grave en este momento”, afirmó Cary Sanders, directora en la California Pan-Ethnic Health Network, una organización estatal que aboga por la equidad en la salud.

Elana Ross, vocera del gobernador Gavin Newsom, dijo que “el estado ha tomado medidas difíciles pero necesarias para garantizar la estabilidad fiscal” y que la administración sigue dialogando con los trabajadores de salud comunitarios.

Ross agregó que el gobernador demócrata, , sigue comprometido con la defensa de los inmigrantes perseguidos por la administración Trump.

“Nuestra oficina está en la calle”

Hay más de 60.000 trabajadores de salud comunitarios en todo el país, incluidos unos 9.200 en California, y se prevé que esta fuerza laboral crezca un 13% en la próxima década, tres veces más rápido que el conjunto de todas las profesiones, según de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos afirman que estas cifras están subvaloradas, dada la variedad de títulos que poseen estos trabajadores y el hecho de que muchos no trabajan en el cuidado de salud propiamente dicho ni en instituciones gubernamentales.

“Trabajador de salud comunitario” es un término genérico que incluye a distintos tipos de trabajadores. A menudo conocidos como promotores, que trabajan en clínicas, hospitales, departamentos de salud pública y organizaciones sin fines de lucro locales, en lugares en los que se les tiene confianza y donde conocen las necesidades más urgentes de su comunidad.

Además de ayudar a las personas a controlar afecciones crónicas como las cardiopatías y la diabetes, promueven la salud reproductiva, la salud infantil y la higiene bucal, y ayudan a a prevenir lesiones y manejar sus medicamentos.

Pueden hacer que las personas se sientan seguras al denunciar la violencia doméstica y otros abusos. También las conectan con servicios de asistencia para la vivienda y la alimentación. “El trabajador de salud comunitario no se sienta en un escritorio”, dijo Hernández. “Nuestra oficina está en la calle”.

En 2019, la California Future Health Workforce Commission recomendó integrar a estos trabajadores en el sistema de salud, y en 2022, el estado autorizó durante tres años para el Departamento de Acceso e Información de Salud de California, que supervisa el desarrollo del personal de este sector, con el fin de reclutar, formar y certificar a estos trabajadores.

La agencia trató de estandarizar la formación y la certificación, pero algunos grupos comunitarios temían que eso creara barreras de acceso al no dar suficiente crédito a la experiencia y a la competencia cultural.

Pero el año pasado, justo cuando la agencia ofrecía más flexibilidad y permitía la formación basada en el trabajo comunitario, el estado recortó $250 millones en financiación debido a restricciones presupuestarias. Este año, el programa de certificación ha sido oficialmente eliminado.

El vocero Andrew DiLuccia señaló que la agencia establecerá un programa para acreditar a las organizaciones comunitarias en lugar de a los trabajadores individuales y que tiene previsto gastar los $12 millones restantes en asistencia técnica, desarrollo de la fuerza laboral y salarios para quienes trabajan con las comunidades inmigrantes.

Según la National Academy for State Health Policy, ofrecen algún tipo de programa de certificación para trabajadores de salud comunitarios ya sea voluntario o bien obligatorio.

Algunos activistas afirman que California está perdiendo la oportunidad de establecer una trayectoria profesional para esta mano de obra. Muchos de los cursos que ofrecen hoy en día por organizaciones sin fines de lucro, condados y universidades , un título, dominio del inglés o experiencia previa. La mayoría se concentran en el área de San Francisco o Los Ángeles, lo que crea en gran parte del estado.

Lourdes Bernis, una dentista de Ecuador, es un ejemplo de cómo los trabajadores de salud comunitarios podrían integrarse en el sistema de salud. Comenzó como promotora voluntaria hace más de una década y en 2019 recibió formación gratuita del condado de Los Ángeles, lo que le permitió conseguir un trabajo a tiempo completo, con beneficios, en el Departamento de Salud Mental del condado para ayudar a mujeres hispanohablantes a gestionar la depresión y la ansiedad mientras se recuperan del consumo de drogas.

Bernis ahora quiere convertirse en especialista de apoyo entre pares en hospitales y clínicas. Mientras tanto, muchos de sus colegas con décadas de experiencia siguen atrapados en puestos mal pagados y no pueden permitirse costear cursos de formación para avanzar. “Hay promotoras que tienen entre 20 y 25 años de experiencia, pero siguen trabajando como voluntarias”, dijo Bernis.

El papel de Medi-Cal

Para pagar a los trabajadores de salud comunitarios, Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios en julio de 2022, pero California previsto para ellos después que los votantes aprobaran la Proposición 35, que aumentaba los pagos a médicos, hospitales, clínicas comunitarias y otros proveedores.

Desde entonces, el estado aún no ha establecido un sistema uniforme sobre cómo los planes de salud deben contratar a las organizaciones que emplean a trabajadores de salud comunitarios.

“Tenemos que hacer malabares”, dijo María Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que representa a estos trabajadores. “Esto sólo causa caos, porque cada plan puede tener requisitos diferentes”.

Lemus agregó que la organización tardó casi seis meses en establecer el pago con un plan de salud.

Y aunque los reembolsos de Medi-Cal están vinculados a tareas individuales, que oscilan entre $9.46 y $27.54 por 30 minutos de trabajo, los activistas afirman que no se les compensa totalmente por el tiempo que dedican a ganarse la confianza de los pacientes y a hacer seguimiento.

Según los activistas, estos trabajadores deberían ganar al menos $30 por visita, con beneficios, pero muchos ganan unos $21 la hora, a menudo sin beneficios.

Lo que sorprende a los activistas es la poca frecuencia con la que se utilizan estos servicios en un programa que cuenta con 15 millones de californianos. Más de 16,000 afiliados a Medi-Cal utilizaron estos servicios durante el primer año, cifra que aumentó a 68,000 el año pasado, según datos del estado. “No creo que se haya alcanzado el potencial del que hablaba el gobernador y que todos imaginábamos que se podría alcanzar”, señaló Sanders.

Griselda Melgoza, vocera del Departamento de Servicios de Salud de California, dijo que la agencia, que administra Medi-Cal, ha observado “una tendencia constante al alza” y cree que los datos subestiman la utilización porque este beneficio a veces se incluye en otros servicios.

Este año se rechazó una para evaluar si los planes de atención médica gestionada de Medi-Cal realizan la divulgación y educación suficiente entre los afiliados sobre los servicios de salud comunitarios.

Más crucial que nunca

Con los recortes a la financiación de la salud por parte de la administración Trump y la aprobación de la legislación fiscal y de gasto del Partido Republicano, los activistas temen que haya aún menos fondos y apoyo para estos puestos, lo que reduciría las plantillas que se ocupan de las desigualdades en materia de salud.

El Departamento de Salud Pública del condado de Fresno ya ha anunciado el recorte de más de la mitad de sus trabajadores comunitarios: pasarán de 49 puestos a 20.

Sin embargo, la divulgación es más crucial que nunca. Mientras la administración Trump continúa con las redadas de inmigración, que parecen haber tenido como objetivo en el estado, los activistas y los investigadores advierten que los trabajadores de salud comunitarios podrían actuar como intermediarios para los pacientes inmigrantes que temen buscar atención médica en hospitales y clínicas.

Sin un programa de certificación estatal, sin aumentos salariales y con fondos de capacitación cada vez más escasos, el camino hacia la profesionalización es incierto, lo que hace que esta fuerza laboral se sienta abandonada.

“La comunidad confía en mí”, afirmó Hernández, una veterana trabajadora de salud comunitaria, “pero a nivel gubernamental aún queda mucho camino por recorrer antes de que este trabajo sea valorado y pagado como se merece”.

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Le preocupa que si abre demasiado la boca, la gente vea sus dientes astillados y cubiertos de placa. Inmigrante sin papeles, María no tiene seguro médico ni dental. Cuando le empiezan a doler los dientes, toma analgésicos. El verano pasado, un dentista le dijo que arreglarle la dentadura le costaría $2.400. Es más de lo que puede permitirse.

“Es carísimo”, dijo María, quien generalmente trabaja 12 horas al día subiendo y bajando de la cama a clientes y ayudándolos con la higiene, a tomar los medicamentos y con las tareas del hogar. “Necesito dinero para mis hijos, para el alquiler, para el transporte, para la comida. A veces, no me queda nada para mí”.

Una organización de defensa de los trabajadores inmigrantes puso en contactó a ���ϳԹ��� News con María. Por temor a la deportación, pidió que solo se usara su nombre de pila en este artículo.

María se encuentra entre los que viven en California sin estatus legal, según estimaciones del gobierno federal.

El estado había buscado gradualmente incorporar a estos inmigrantes a su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal.

Pero ahora, ante el congelamiento de las inscripciones estatales, los residentes californianos de bajos ingresos que se encuentran en el país sin papeles, junto con los proveedores y trabajadores comunitarios que los ayudan, evalúan con inquietud los beneficios de avanzar con las solicitudes de Medi-Cal frente a los riesgos de ser descubiertos y deportados por el gobierno federal.

La Legislatura de California, que busca cerrar un déficit presupuestario proyectado de $12 mil millones, aprobó una propuesta del gobernador demócrata Gavin Newsom para finalizar la inscripción en Medi-Cal en enero de 2026 para los mayores de 19 años sin estatus legal. Los legisladores están en proceso de definir los detalles finales del acuerdo presupuestario antes de que entre en marcha el nuevo año fiscal.

Mientras tanto, las redadas federales de inmigración, que parecen haber afectado en el estado, ya están provocando que algunas personas teman buscar atención médica, según defensores de los inmigrantes y proveedores de salud.

Y se espera que la reciente noticia de que funcionarios de la administración Trump están , incluyendo su estatus migratorio, con las autoridades de inmigración erosione aún más la confianza en el programa.

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), afirmó que la agencia, que supervisa los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), tenía la autoridad legal para compartir los datos y abordar la “negligencia sistémica sin precedentes bajo la administración Biden-Harris, que permitió que inmigrantes indocumentados explotaran Medicaid mientras millones de estadounidenses luchaban por acceder a la atención médica, particularmente en estados como California”.

Para complicar aún más la situación, la administración Trump ha amenazado con retener los fondos de estados que ofrecen cobertura médica a personas sin estatus legal.

Actualmente, alrededor de 1.6 millones de personas que residen en el país sin documentos están inscritas en Medi-Cal.

En 2016, California comenzó a ampliar Medi-Cal a personas de bajos ingresos sin estatus legal, comenzando con los niños, y luego lo expandió gradualmente a jóvenes, adultos mayores y, en enero de este año, a personas de entre 26 y 49 años. El Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que supervisa Medi-Cal, para ayudar a inscribir a las personas elegibles.

Es demasiado pronto para determinar el impacto que las últimas acciones estatales y federales estén teniendo en las cifras de inscripción, ya que los datos solo están disponibles hasta marzo. Sin embargo, muchos proveedores y defensores afirmaron que prevén un efecto negativo en la inscripción de inmigrantes, por miedo.

Seciah Aquino es directora ejecutiva de la Latino Coalition for a Healthy California, que apoya a los promotores de salud comunitarios, quienes ayudan a difundir la expansión de Medi-Cal a los adultos sin papeles. del seguro médico público en California son latinos, en comparación con solo el 30% de los beneficiarios de Medicaid en todo el país.

Aquino afirmó que su coalición les pedirá a los promotores que informen sobre los riesgos de compartir datos para que los miembros de la comunidad puedan tomar decisiones informadas. “Se toman muy en serio que el consejo que le dieron a un miembro de la comunidad ahora pueda perjudicarlos”, expresó.

Newsom condenó el intercambio de datos, calificándolo de “legalmente dudoso”, mientras que los senadores nacionales Adam Schiff y Alex Padilla, ambos demócratas, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destruya cualquier dato compartido.

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California anunció el 13 de junio que estaba solicitando más información al gobierno federal. La que enviaba informes mensuales a los CMS con información demográfica y de elegibilidad, incluyendo nombre y dirección, según lo exige la ley.

De acuerdo a lo informado, también se compartieron con el DHS datos de los afiliados a Medicaid de Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C.

Jamie Munks, vocera del Departamento de Atención Médica y Servicios de Familia de Illinois, la agencia estatal de Medicaid, afirmó que el departamento estaba “profundamente preocupado” por la noticia, y que los datos se transmitían regularmente a los CMS con el entendimiento de que estaban protegidos.

En Sacramento, los legisladores demócratas se encontraron en la incómoda situación de tener que reducir los beneficios de salud para residentes de bajos ingresos con un estatus migratorio insatisfactorio, incluyendo personas sin estatus legal, personas con residencia permanente (green card o tarjeta verde) por menos de cinco años, y algunas otras que están en proceso de solicitar un estatus legal o tienen estatus que los protege de la deportación.

Además de apoyar el congelamiento de la inscripción a Medi-Cal para inmigrantes mayores de 19 años que residen en el país sin documentos, los legisladores acordaron cobrar primas mensuales a todos los residentes con un estatus migratorio insatisfactorio de entre 19 y 59 años. Newsom propuso una prima mensual de $100 a partir de enero de 2027; los una de $30 a partir de julio de 2027.

“Lo que escucho en los sitios es que la gente me dice que les va a resultar muy difícil realizar estos pagos de primas, ya sean de $100 o $30″, dijo Carlos Alarcón, analista de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center, un grupo de defensa. “La realidad es que la mayoría de la gente ya tiene presupuestos limitados”.

La Legislatura rechazó una propuesta del gobernador para prohibir que los inmigrantes con un estatus migratorio insatisfactorio reciban atención de largo plazo en residencias de adultos mayores y atención domiciliaria a través de Medi-Cal, pero aceptó la eliminación de los beneficios dentales a partir de julio de 2026.

Los proveedores de atención médica afirmaron que, sin cobertura de Medi-Cal, muchos inmigrantes se verán obligados a buscar atención de emergencia, que es más costosa para los contribuyentes que la atención preventiva y de nivel primario.

Sepideh Taghvaei, directora dental de Dientes Community Dental Care del condado de Santa Cruz, presenció este fenómeno en 2009, cuando el estado para adultos. Los pacientes llegaban con la cara hinchada y un dolor insoportable, con afecciones tan avanzadas que requerían tratamiento hospitalario. “No es rentable”, afirmó.

El senador estatal Roger Niello, republicano y vicepresidente del comité de presupuesto del Senado, afirmó que cree que California no debería financiar Medi-Cal para personas sin estatus legal, especialmente considerando los desafíos fiscales del estado. También expresó su preocupación por la posibilidad de que la cobertura para quienes residen en el país sin papeles anime a otros a mudarse a California.

“Si mantenemos ese gasto para los no ciudadanos, tendremos que recortar en otras áreas, y eso sin duda afectará a los ciudadanos”, aseguró.

Los californianos también están cambiando de opinión. En una encuesta realizada en mayo por el Public Policy Institute of California, el 58% de los adultos se opuso al beneficio.

Para María, los cambios en las políticas de salud la han dejado paralizada. Desde que llegó aquí hace cinco años, su prioridad ha sido ganar dinero para mantener a sus tres hijos, a quienes dejó con sus padres en su país de origen, contó.

La mujer no se enteró de que podría ser elegible para Medi-Cal hasta principios de este año y no había tenido tiempo de completar el papeleo. Después que una amiga le dijera que el estado podría congelar la inscripción en enero, comenzó a apresurarse para completar el proceso de inscripción.

Pero entonces se enteró de que los datos de Medi-Cal se habían compartido con las autoridades de inmigración. “Decepcionada y asustada”, así describió su reacción.

De repente, inscribirse en Medi-Cal ya no le parece buena idea, dijo.

Phil Galewitz y Bram Sable-Smith contribuyeron con este artículo.

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Estos estados, la mayoría liderados por demócratas, dan seguro médico a algunos inmigrantes de bajos ingresos —a menudo niños—, independientemente de su estatus migratorio. Defensores argumentan que la política es humanitaria y que, en última instancia, ahorra costos.

Sin embargo, la legislación federal, que los republicanos han denominado One Big Beautiful Bill (Un hermoso gran proyecto de ley), recortaría drásticamente los reembolsos federales de Medicaid a esos estados en miles de millones de dólares anuales en total, a menos que reduzcan esos beneficios.

El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes el jueves 22 de mayo, y ahora pasa al Senado.

Si bien avanza gran parte de la agenda nacional de Trump, incluyendo grandes recortes de impuestos que benefician principalmente a los estadounidenses más ricos, la legislación también realiza recortes sustanciales del gasto en Medicaid que, según los responsables del presupuesto del Congreso, dejará a millones de personas de bajos ingresos sin seguro médico.

De ser aprobados por el Senado, estos recortes representarían un complejo obstáculo político y económico para los estados y Washington, DC, que utilizan sus propios fondos para brindar seguro médico a algunas personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Estos estados verían reducidos en 10 puntos porcentuales los reembolsos federales para las personas cubiertas por la expansión de Medicaid que se realize bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Estos recortes le costarían a California, el estado que más tiene que perder, hasta $3 mil millones al año, según , una organización sin fines de lucro dedicada a información de salud que incluye a ���ϳԹ��� News.

En conjunto, los 15 lugares afectados (los 14 estados y DC) cubren a aproximadamente 1.9 millones de inmigrantes sin papeles, según KFF. La entidad indica que la sanción también podría aplicarse a otros estados que cubren a inmigrantes con residencia legal.

Dos de los estados, Illinois y Utah, tienen leyes de “activación” que exigen terminar con sus expansiones de Medicaid si el gobierno federal reduce su aporte de fondos. Esto significa que, a menos que esos estados deroguen sus leyes de activación o dejen de cubrir a las personas sin estatus migratorio legal, muchos más estadounidenses de bajos ingresos podrían quedarse sin seguro.

Si continúan cubriendo a personas sin papeles, a partir del año fiscal 2027, los estados restantes y Washington, DC, tendrían que aportar millones o miles de millones de dólares adicionales cada año, para compensar las reducciones en sus reembolsos federales de Medicaid.

Después de California, Nueva York podría perder la mayor parte de la financiación federal: cerca de 1.600 millones de dólares anuales, según KFF.

El senador estatal de California, , demócrata y presidente del Comité de Presupuesto del Senado, afirmó que la legislación de Trump ha sembrado el caos mientras los legisladores estatales trabajan para aprobar su propio presupuesto antes del 15 de junio.

“Tenemos que mantenernos firmes”, declaró. “California ha decidido que queremos una atención médica universal y que vamos a garantizar que todos tengan acceso a la atención médica, y que no vamos a permitir que millones de personas indocumentadas reciban atención primaria en salas de emergencia”.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, declaró en un comunicado que el proyecto de ley de Trump devastaría la atención médica en su estado.

“Millones de personas perderán cobertura, los hospitales cerrarán y las redes de seguridad social podrían colapsar bajo ese peso”, dijo Newsom.

En su propuesta de presupuesto del 14 de mayo, Newsom instó a los legisladores a recortar algunos beneficios para inmigrantes sin papeles, citando el aumento desmedido de los costos del programa estatal de Medicaid. Si el Congreso recorta los fondos para la expansión de Medicaid, el estado no estaría en condiciones de cubrir los gastos, afirmó el gobernador.

Newsom cuestionó si el Congreso tiene la autoridad para penalizar a los estados por cómo gastan su propio dinero, y afirmó que su estado consideraría impugnar la medida en los tribunales.

El representante estatal de Utah, Jim Dunnigan, republicano que ayudó a impulsar un proyecto de ley para cubrir a los niños en su estado independientemente de su estatus migratorio, afirmó que Utah necesita mantener la expansión de Medicaid que comenzó en 2020.

“No podemos permitirnos, ni monetaria ni políticamente, que se recorten nuestros fondos federales para la expansión”, declaró. Dunnigan no especificó si cree que el estado debería cancelar su cobertura para inmigrantes si la disposición republicana sobre sanciones se convierte en ley.

El programa de Utah cubre a unos 2.000 niños, el máximo permitido por su ley. Los inmigrantes adultos sin estatus legal no son elegibles. La expansión de Medicaid de Utah cubre a , quienes deben ser ciudadanos o inmigrantes con residencia legal.

, director ejecutivo del Utah Health Policy Project, una organización de defensa del consumidor, afirmó que el proyecto de ley de la Cámara federal deja al estado en una posición difícil.

“Políticamente, no hay grandes alternativas”, declaró. “Es el dilema del prisionero: cualquier movimiento en cualquier dirección no tiene mucho sentido”.

Slonaker apuntó que un escenario probable es que los legisladores estatales eliminen su ley de activación, y luego encuentren la manera de compensar la pérdida de fondos federales para la expansión.

Utah ha financiado su parte del costo de la expansión de Medicaid con impuestos sobre las ventas y los hospitales.

“El Congreso pondría al estado de Utah en posición de tener que tomar una decisión política muy difícil”, declaró Slonaker.

En Illinois, la sanción del Partido Republicano tendría incluso consecuencias más graves. Esto se debe a que podría llevar a que perdieran la cobertura médica que obtuvieron con la expansión estatal de Medicaid.

, directora de justicia sanitaria del Shriver Center on Poverty Law, un grupo de defensa con sede en Chicago, afirmó que es posible que su estado, liderado por demócratas, derogue su ley de activación antes de permitir que se dé por terminada la expansión de Medicaid.

Agregó que el estado también podría eludir la sanción solicitando a los condados que financien la cobertura para inmigrantes. “Obviamente, sería una situación difícil”, declaró.

Altman indicó que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes parece redactado para penalizar a los estados controlados por demócratas, ya que estos suelen brindar cobertura a inmigrantes sin importar su estatus migratorio.

Agregó que la disposición demuestra la “hostilidad de los republicanos contra los inmigrantes” y que “no quieren que vengan aquí y reciban cobertura pública”.

Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que los programas estatales que brindan cobertura pública a personas sin importar su estatus migratorio actúan como un “felpudo abierto”, invitando a más personas a cruzar la frontera sin autorización. Afirmó que los esfuerzos para eliminar estos programas cuentan con el apoyo de las encuestas públicas.

Una encuesta de Reuters-Ipsos realizada entre el 16 y el 18 de mayo reveló que el 47% de los estadounidenses aprueba las políticas migratorias de Trump y el 45% las desaprueba. La encuesta reveló que el índice de aprobación general de Trump ha caído 5 puntos porcentuales desde que regresó al cargo en enero, hasta el 42%, con un 52% de los estadounidenses desaprobando su gestión.

ACA, también conocida como Obamacare, impulsó a los estados a ampliar Medicaid a adultos con ingresos de hasta el , o $21.597 por persona este año. Cuarenta estados y Washington, DC, ampliaron su cobertura, lo que contribuyó a reducir la tasa nacional de personas sin seguro a un mínimo histórico.

El gobierno federal ahora cubre el 90% de los costos de las personas incluidas en Medicaid gracias a la ampliación del Obamacare.

En los estados que cubren la atención médica de inmigrantes sin autorización, el proyecto de ley republicano reduciría la contribución del gobierno federal del 90% al 80% del costo de la cobertura para cualquier persona que se incorpore a Medicaid bajo la expansión de ACA.

Por ley, los fondos federales de Medicaid no pueden utilizarse para cubrir a personas que se encuentran en el país papeles, excepto para servicios de embarazo y emergencias.

Los otros estados que utilizan sus propios fondos para cubrir a personas sin importar su estatus migratorio son: Colorado, Connecticut, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington, según KFF.

, director de relaciones con el Congreso del Paragon Health Institute, un influyente grupo político conservador, afirmó que incluso si utilizan sus propios fondos para la cobertura de inmigrantes, los estados aún dependen de los fondos federales para “apoyar sistemas que faciliten la inscripción de inmigrantes indocumentados”.

Long afirmó que la preocupación por que los estados con leyes de activación puedan ver finalizada la expansión de Medicaid es una “pista falsa”, ya que los estados tienen la opción de eliminar sus activadores, como hizo Michigan en 2023.

La sanción por ofrecer cobrtura de salud a personas en el país sin papeles es una de las distintas maneras en que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes recorta el gasto federal en Medicaid.

La legislación también trasladaría más costos de Medicaid a los estados al exigirles que verifiquen si los adultos cubiertos por el programa trabajan. Los estados también tendrían que recertificar la elegibilidad de los beneficiarios de la expansión de Medicaid cada seis meses, en lugar de una vez al año o menos, como lo hacen actualmente la mayoría.

El proyecto de ley también congelaría la práctica de los estados de gravar con impuestos a hospitales, residencias de adultos mayores, planes de atención médica administrada y otras compañías de atención médica para financiar su parte de los costos de Medicaid.

, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) indicó que, según el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, alrededor de 8,6 millones de personas más perderían la cobertura médica en 2034.

Esa cifra aumentará a casi 14 millones, según la CBO, después que la administración Trump finalice las nuevas regulaciones de ACA y, si el Congreso, liderado por los republicanos, como se prevé, se niegue a extender los subsidios mejorados para ayudar a pagar las primas de los planes de salud comerciales vendidos a través de los mercados del Obamacare.

Los subsidios mejorados, una prioridad del ex presidente Joe Biden, eliminaron por completo las primas mensuales para algunas personas que adquirieran planes de Obamacare. Y expiran a fin de año.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Algunos beneficiarios de Medicaid pudieron , como dinero para pagar el depósito y el primer mes de un alquiler, transporte a citas médicas, rampas para sillas de ruedas e incluso recetas para frutas y verduras frescas.

Estas iniciativas experimentales, que buscan mejorar la salud de los estadounidenses vulnerables y, al mismo tiempo, ahorrar a los contribuyentes en costosos procedimientos médicos y atención de emergencias, están en auge a nivel nacional. Sin hogar ni alimentos saludables, las personas corren el riesgo de enfermarse más, quedarse sin hogar y experimentar aún más dificultades para controlar afecciones crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas.

El ex presidente Joe Biden animó a los estados a apostar a gran escala por nuevos beneficios, y la disponibilidad de servicios sociales se disparó en los estados tanto republicanos como demócratas.

Desde el lanzamiento de Carolina del Norte, han seguido el ejemplo ampliando las prestaciones de servicios sociales cubiertos por Medicaid, el programa de atención médica para estadounidenses de bajos ingresos y con discapacidades. Este cambio nacional está transformando un sistema centrado en la atención médica en uno que prioriza la prevención. Y aunque Trump fue fundamental para la expansión, ahora está revirtiendo el rumbo, independientemente de si la evidencia demuestra que funciona.

En este segundo mandato de Trump, su administración está desorganizando a los estados participantes, desde California hasta Arkansas, argumentando que el seguro médico del gobierno no debería estar financiando servicios sociales. Funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que otorgan a los estados permiso para experimentar, anterior, argumentando que la administración Biden fue demasiado lejos.

“Esta administración cree que la guía sobre necesidades sociales relacionadas con la salud distrajo al programa Medicaid de su misión principal: brindar excelentes resultados de salud a los estadounidenses vulnerables”, declaró Catherine Howden, vocera de los CMS, en un comunicado.

“Esta decisión evita el drenaje de recursos de Medicaid para servicios potencialmente duplicados que ya ofrecen otros programas federales consolidados, incluyendo aquellos que históricamente se han centrado en la inseguridad alimentaria y la vivienda asequible”, agregó Howden, refiriéndose a los cupones de alimentos y los vales para viviendas de bajos ingresos proporcionados a través de otras agencias gubernamentales.

Sin embargo, Trump también ha propuesto recortar la financiación de los programas de vivienda y alimentación para personas de bajos ingresos administrados por agencias como los departamentos de y , además de las propuestas republicanas de .

El retiro de fondos ha generado caos y confusión en los estados que han ampliado sus programas de Medicaid, y tanto los líderes liberales como los conservadores temen que el cambio afecta a las inversiones multimillonarias ya en marcha.

Problemas sociales como la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria pueden causar, o agravar, problemas de salud física y conductual, lo que resulta en un gasto astronómico en atención médica.

Por ejemplo, la atención médica brindada en hospitales y clínicas solo representa aproximadamente el 15% de la salud general de una persona, mientras que un asombroso 85% está influenciado por factores sociales como el acceso a alimentos saludables y un lugar para dormir, afirmó Anthony Iton, experto en políticas sobre .

Los expertos en salud advierten que este retiro de la inversión tendrá un precio.

“Simplemente conducirá a más muertes, más sufrimiento y mayores costos de atención médica”, declaró Margot Kushel, médica de atención primaria en San Francisco e sobre personas sin hogar y atención médica.

En un , la administración Trump anunció que rescindía las directrices de la era Biden que expandían dramáticamente los beneficios experimentales conocidos como necesidades sociales relacionadas con la salud. Se requieren exenciones federales para que los estados utilicen los fondos de Medicaid para la mayoría de los servicios sociales no tradicionales fuera de hospitales y clínicas.

En abril, la administración indicó a los estados que estos servicios, que también pueden incluir internet de alta velocidad y unidades para almacenar datos, .

Las futuras solicitudes de exención que permitan a Medicaid prestar servicios sociales —una filosofía liberal— se considerarán caso por caso, dijo la administración. Más bien, esto ha señalado un cambio conservador hacia la exigencia de que la mayoría de los beneficiarios de Medicaid demuestren que trabajan o buscan empleo, lo que pone a aproximadamente en riesgo de perder su cobertura médica.

“Lo que argumentan es que Medicaid se ha expandido mucho más allá de la atención médica básica y que debe recortarse para brindar solo cobertura básica a quienes más la necesitan”, declaró Mark Peterson, experto en políticas sanitarias en UCLA. “Están argumentando, algo que no comparten ampliamente los especialistas en el campo de la salud, que no es responsabilidad de los contribuyentes ni de Medicaid pagar todo esto fuera del sistema de salud tradicional”.

Aunque los estados no han recibido directrices formales para poner fin a sus experimentos sociales, Peterson y otros investigadores de políticas sanitarias esperan que la administración no renueve las exenciones, que suelen aplicarse cada cinco años. Peor aún, los expertos legales afirman que los programas en curso podrían detenerse prematuramente.

La evidencia que respalda las inversiones sociales de Medicaid es aún incipiente. Por ejemplo, una expansión en Massachusetts que proporcionó beneficios alimentarios redujo las visitas a emergencias y las hospitalizaciones. Pero a menudo, los resultados son dispares.

California es la que más está invirtiendo, con una inversión de $12.000 millones a lo largo de cinco años para ofrecer , desde la gestión intensiva de casos para ayudar a personas con problemas graves de salud mental hasta la asistencia para a través de .

Los beneficios más populares que ofrecen las aseguradoras de salud son aquellos que ayudan a las personas con Medicaid que no tienen hogar, alojándolas en apartamentos o asegurando camas en centros de recuperación, cubriendo hasta $5.000 en depósitos, y previniendo el desalojo. .

Desde su lanzamiento en 2022, el ha atendido solo a una pequeña fracción de los casi de Medicaid del estado, con aproximadamente para recibir beneficios.

Sin embargo, ha mejorado e incluso salvado la vida de algunos de los afortunados que recibieron ayuda, como Eric Jones, un residente de Los Ángeles de 65 años.

“Cuando me dio diabetes, no sabía qué hacer y me costaba mucho ir a mis citas médicas”, dijo Jones, quien perdió su vivienda este año tras la muerte de su madre, pero recibía servicios a través de L.A. Care, su aseguradora de Medi-Cal. “Mi gestor de casos me llevaba a mis citas y también me ayudó a encontrar un apartamento”.

California está considerando la posibilidad de que algunos de sus servicios sociales sean permanentes después de que expiren las exenciones de CalAIM a finales de 2026.

La administración del gobernador Gavin Newsom está agregando más servicios de vivienda, incluyendo hasta seis meses de alquiler gratuito en virtud de una tercera exención aprobada por la administración Biden. Los funcionarios de Medi-Cal afirmaron que las primeras pruebas muestran que CalAIM ha mejorado la coordinación de la atención y ha reducido las visitas al hospital y a emergencias.

“Estamos totalmente comprometidos”, dijo , subdirectora del Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que administra el programa. “Hemos invertido muchísimo”.

Las aseguradoras de salud, que ofrecen cobertura de Medicaid y reciben fondos mayores para cubrir estos beneficios adicionales, expresan su preocupación por la posibilidad de que la administración Trump cancele o reduzca los programas.

“Si seguimos haciendo las cosas como siempre, solo generaremos los mismos resultados: más personas enfermando y costos de atención médica que siguen aumentando”, declaró Charles Bacchi, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Planes de Salud de California, que representa a las aseguradoras.

Los líderes de la industria afirman que la expansión ya está cambiando vidas.

“Creemos firmemente que la vivienda es salud, la alimentación es salud, por lo que ver desaparecer estos programas sería devastador”, declaró Kelly Bruno-Nelson, directora ejecutiva de Medi-Cal para CalOptima Health, una aseguradora del condado de Orange.

Oregon a los pacientes de Medicaid de bajos ingresos una gama de , que incluyen comidas saludables a domicilio y asistencia para el pago del alquiler. Los residentes incluso para aires acondicionados, calentadores, filtros de aire, generadores de energía y mini refrigeradores. Los funcionarios estatales de Medicaid afirman que mantienen su compromiso con la provisión de los beneficios, pero les preocupan los recortes federales.

“El cambio climático y la inestabilidad de la vivienda son indicadores importantes de mala salud”, afirmó Josh Balloch, vicepresidente de políticas y comunicaciones de salud de AllCare Health, una aseguradora de Medicaid en Oregon. “Esperamos demostrarle al gobierno federal que es una buena inversión”.

Pero incluso mientras la administración Trump reduce las exenciones, conserva la discreción para brindar servicios sociales en Medicaid, solo que a menor escala. Quienes apoyan esta medida afirman que es justo analizar con atención dónde se debe establecer el límite en el gasto público, argumentando que no siempre existe una conexión directa con la salud.

“Estamos observando un aumento en estos aspectos, con el alquiler gratuito, y estamos viendo que algunos estados pagan por internet gratuito y por muebles”, declaró Kody Kinsley, quien anteriormente se desempeñó como el principal funcionario de salud de Carolina del Norte. “Sabemos que hay evidencia para la alimentación y la vivienda, pero con todos estos nuevos beneficios, debemos analizarla detenidamente, y a su vínculo con lo que realmente impulsa la salud”.

Las autoridades actuales de Carolina del Norte afirman confiar en que los nuevos servicios sociales que Medicaid ofrece en su estado han resultado en una mejor salud y una reducción del gasto general en atención médica costosa y de cuidado agudo. Los beneficiarios de Medicaid pueden incluso usar el programa para comprar productos agrícolas frescos.

Si bien es demasiado pronto para saber si estos experimentos han sido efectivos en otras partes de Estados Unidos, la evidencia preliminar en Carolina del Norte es prometedora: el estado ahorró al año —principalmente en condados rurales— al reducir las visitas a salas de emergencias y las hospitalizaciones.

Las autoridades sanitarias estatales también destacaron los beneficios económicos de impulsar los negocios de las granjas familiares, los contratistas de remodelaciones en casas, y las organizaciones comunitarias que brindan vivienda y servicios sociales.

“Acepto con satisfacción el reto de demostrar la eficacia de nuestros programas. Esto contribuye a una vida más saludable y a presupuestos más saludables”, declaró Jay Ludlam, subsecretario del programa Medicaid de Carolina del Norte. “Las granjas familiares que estaban al borde del colapso tras el huracán Helene ahora se benefician de ingresos estables a la vez que sirven a su comunidad”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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