Desde el barrio de Tujunga, con una fuerte presencia de armenios, a los pies de las montañas de San Gabriel, Abramyan y otros propietarios de tiendas y cafés de narguiles comenzaron a correr la voz de que la prohibición, impulsada por una creciente entre los adolescentes, podría dejarlos fuera del negocio y hacer desaparecer un preciado ritual social que muchos sienten como parte de su herencia.

“Íbamos a ser un daño colateral”, dijo Abramyan, ahora presidente de la .

A medida que su movimiento crecía, los propietarios de los negocios contrataron a un cabildero y viajaron a Sacramento para reunirse con legisladores. Publicaron videos en YouTube sobre “la historia y la tradición centenaria” de fumar estas tan populares en Medio Oriente.

Su trabajo dio frutos: en agosto de 2020 los legisladores estatales aprobaron la prohibición de la venta de tabaco aromatizado, incluidos los cigarrillos mentolados, pero eximieron a los puros premium, el tabaco de pipa suelto y el “” utilizado en las pipas de agua.

Nunca entró en vigencia. Las grandes tabacaleras lanzaron rápidamente una campaña de referéndum y reunieron suficientes firmas para llevar el tema a las urnas. Este mes, los californianos decidirán, a través de la , si mantienen o bloquean la ley, que haría ilegal la venta de cigarrillos, cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco aromatizados en comercios. También se prohibiría la venta de chicles o gomas de mascar que contengan nicotina y no estén aprobados por la FDA.

Si la ley se mantiene —los indican que la mayoría de los votantes la apoyan—, California se convertiría en el segundo estado en eliminar de las tiendas los vaporizadores de sabores y los cigarrillos mentolados, que han contribuido a y latinos desde que las compañías tabacaleras empezaron a comercializarlos en los barrios urbanos hace medio siglo.

La cuestión de por qué California ha concedido una excepción a los fumadores de narguiles mientras prohíbe los cigarrillos mentolados, la elección del , ha generado un debate sobre qué productos del tabaco —si es que hay alguno— merecen protección.

Hasta hace poco, los mentolados habían fracasado ante las agresivas tácticas de las tabacaleras, que han evitado pérdidas multimillonarias y .

Los grupos antitabaco advierten que esta estrategia se ha convertido en un modelo para evitar la interferencia del gobierno. Denuncian que la exención del narguile es el último ejemplo de cómo las empresas utilizan con éxito las políticas de identidad para seguir beneficiándose de un producto mortal.

“El narguile ha recibido un pase sin ninguna razón científica”, dijo Carol McGruder, cofundadora del. McGruder, que lleva años librando una guerra contra las empresas tabacaleras por apuntar “de manera depredadora” a las comunidades negras con los cigarrillos mentolados, dijo que fumar narguile se ha puesto cada vez más de moda entre los jóvenes negros.

Muchos jóvenes creen erróneamente que que otras formas de fumar, pero los expertos afirman que el tabaco que se absorve a través de las pipas de agua es tan adictivo como el de los cigarrillos y contiene alquitrán, nicotina y metales pesados.

“Sacan una hermosa pipa de agua antigua y dicen que la pipa de agua tiene que ver con la familia y la comunidad”, dijo McGruder. “Pero todo es cuestión de dinero”.

Las propias grandes tabacaleras están atacando la exención del narguile, al decir que demuestra que la ley discrimina a los fumadores negros y latinos al prohibir los sabores mentolados, mientras que da “un trato especial a los ricos”, como argumenta una por la industria.

“La Propuesta 31 aumentará la delincuencia y ampliará los mercados ilegales, recortará los ingresos para servicios básicos y podría volverse en contra de las mismas comunidades que sus los que la proponen dicen querer ayudar”, dijo Beth Miller, vocera de la campaña “No a la Propuesta 31”.

, agrupados principalmente en California y Massachusetts, han restringido la venta de productos de tabaco aromatizados, incluidas las cápsulas de cigarrillos electrónicos de —fresa, chocolatada y ponche rosa— que, según las autoridades sanitarias, han servido de puerta de entrada al consumo de tabaco entre los adolescentes.

Aproximadamente la mitad de las ordenanzas restringen el mentol, mientras que menos de 20, casi todas ellas en California, exime el tabaco para narguile y los bares de narguiles.

En 2021, y casi el 75% de los estudiantes de secundaria que habían usado un producto de tabaco en los 30 días anteriores informaron que usaban tabaco con sabor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En 2019 y 2020, relacionada con el vaping, conocido como EVALI, mató a 68 personas.

La epidemia de vaping ha dado a los activistas antitabaco una oportunidad para ejercer presión contra los cigarrillos mentolados. Inventados en la década de 1920, su sabor fresco y a menta ayudó a los nuevos fumadores a adoptarlos más fácilmente que los cigarrillos sin sabor, y la industria los comercializó como una opción más saludable.

En los años 60, las tabacaleras apuntaron a la comunidad negra a jóvenes “comunicadores” de moda en barberías y bares. Los cigarrillos mentolados representan más de un tercio de los $80,000 millones del mercado estadounidense de cigarrillos.

Reynolds American, el mayor fabricante de cigarrillos con mentol del país, incluido Newport, batalla contra la prohibición de los mentolados y a otros grupos de derechos civiles.

Cuando el propuso una prohibición de los cigarrillos mentolados en 2019, Sharpton citó el caso de , un hombre negro que murió bajo custodia policial en 2014 después de que lo detuvieran por vender supuestamente cigarrillos sueltos y sin impuestos en la calle.

Pero el éxito de estos esfuerzos ha tenido un precio devastador, dicen expertos en salud pública. Los hombres afroamericanos en Estados Unidos, según los CDC.

A principios de este año, la FDA para prohibir la venta de cigarrillos con sabor a mentol, una medida largamente esperada por las autoridades sanitarias y algunos líderes negros, incluso mientras se preparaban para una prolongada batalla legal con la industria del tabaco que podría .

Los activistas antitabaco se han centrado en el mentol durante años, dijo Valerie Yerger, profesora asociada de política sanitaria en la Universidad de California-San Francisco. “Nadie se centró en el narguile”, agregó.

Pero el uso de la pipa de agua entre los jóvenes en las últimas décadas.

En que se celebran en Estados Unidos y Europa, los concursantes compiten por construir la pipa de agua más elaborada, a menudo con una banda sonora de hip-hop. Las pipas de agua elaboradas, con sus onduladas bocanadas de humo, suelen en los videos de rap.

“Es otra forma que ha encontrado la industria para mantener a nuestros jóvenes adictos a estos productos”, afirma Yerger.

Los proveedores de narguile argumentan que las prohibiciones generales ponen en peligro a los propietarios de pequeños negocios, muchos de ellos inmigrantes, y amenazan con borrar un “” al prohibir de hecho las pipas de narguile, que suelen formar parte de las reuniones y celebraciones de árabes, armenios, persas y otros originarios de Medio Oriente. Rechazan la afirmación de que su lucha es solo por dinero.

“Los salones de narguile son un distintivo de la comunidad”, afirma Rima Khoury, consejera general de.

Para Abramyan, fumar un narguile era un ritual adulto después de la cena que sus padres, de origen iraní, trajeron consigo cuando emigraron a Estados Unidos en la década de 1980. Las ornamentadas pipas de agua suelen tener varios metros de altura y tardan al menos 20 minutos en prepararse.

“Esto no es algo que los niños fumen en los baños de la escuela”, dijo. “No queremos que nuestros hijos fumen, pero ¿por qué no va a poder mi abuelo fumar su narguile en su patio?”.

Los grupos de estudio de la Biblia y la sección local del Rotary Club se reúnen regularmente en su salón de narguile de Tujunga, Garden on Foothill, que cuenta con quioscos al aire libre para familias y grupos. “Para los musulmanes que no beben alcohol o los que no quieren ir a clubes de striptease, este es un espacio seguro”, afirma.

Munchies Mart, la tienda que maneja a pocas cuadras vende pipas de narguile hechas a mano y tabaco de sabores como limonada de fresa, naranja pop y agua fresca, muy lejos del tabaco empapado de manzana que, recuerda, su abuela persa mezclaba en su cocina.

Utilizar las prácticas culturales para argumentar las exenciones de las políticas públicas no es nada nuevo, dijo Arnab Mukherjea, profesor asociado de salud pública en la Universidad Estatal de California-East Bay.

Pero dijo que las comunidades suelen sufrir cuando los intereses corporativos “utilizan la identidad cultural para comercializar un producto de consumo masivo”.

“Vas a cualquier ciudad universitaria”, dijo, “y los bares de narguile están llenos no de musulmanes practicantes, sino de chicos en edad universitaria que van allí a socializar, consumiendo sabores en goma de mascar y algodón de azúcar”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Tres veces a la semana, Sherwin, de 71 años, conduce hasta una clínica de diálisis en Elk Grove, California, el suburbio al sur de Sacramento donde vive, y permanece conectada a una máquina durante unas cuatro horas mientras ésta filtra su sangre. El tratamiento la agota, pero se siente bien atendida y sabe que los trabajadores de la clínica llamarán a la policía si no se presentara a la cita y no pudieran contactarla directamente.

“Se lo toman muy en serio”, dijo Sherwin.

Ahora Sherwin teme que no le permitan acudir a esta clínica. Un cartel en la ventana del centro pide a los pacientes y visitantes que voten “no” a la Propuesta 29, la tercera iniciativa estatal sobre diálisis en cinco años que impondría nuevos requisitos a las clínicas de diálisis, como exigir la presencia de un médico durante los tratamientos.

Sherwin y otros votantes de California también han sido bombardeados por , en los que pacientes en sillas de ruedas y médicos advierten que “la 29 cerraría las clínicas de diálisis en toda California”.

“Estamos aterrorizados”, dijo Sherwin. “Si las cierran, ¿a dónde vamos a ir? Simplemente moriremos”.

Sherwin es una de los aproximadamente que dependen de 650 clínicas de diálisis ubicadas en centros comerciales y médicos por todo el estado.

Los pacientes llegan en furgonetas de transporte médico, minivans y algún vehículo de alquiler, porque después del tratamiento están demasiado cansados y hambrientos como para conducir a casa. Llevan bolsas de lona y almohadas, preparados para estar sentados durante cuatro o cinco horas seguidas, normalmente tres días a la semana, mientras su sangre se limpia y se filtra a través de una máquina porque sus riñones ya no pueden realizar esas funciones.

La Propuesta 29 exigiría a las clínicas reportar al estado sobre las infecciones e informar a los pacientes cuando los médicos tengan una participación financiera en una clínica, normas que son similares a las regulaciones federales existentes.

El punto más contencioso es la exigencia de que haya un médico, una enfermera o un asistente médico presente en cada clínica mientras se trata a los pacientes.

Exigir la presencia de un médico en cada clínica aumentaría los costos de cada centro en “varios cientos de miles de dólares anuales”, según de la Oficina del Analista Legislativo del Estado, una institución no partidista. Para hacer frente a los costos adicionales, el análisis concluye que las clínicas tienen tres opciones: negociar tarifas más altas con las aseguradoras, perder beneficios o cerrar las instalaciones.

El sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, que patrocina la Propuesta 29, señaló que las reformas son necesarias para mantener a los pacientes seguros durante el arduo proceso de diálisis.

El sindicato —que ha intentado organizar a los trabajadores de diálisis, pero no lo ha conseguido— argumenta que el tratamiento es peligroso y que los pacientes necesitan tener acceso a profesionales médicos altamente capacitados para hacer frente a las emergencias en lugar de depender del 911.

El sindicato también estuvo detrás de las dos iniciativas de votación anteriores sobre diálisis, que fracasaron por amplios márgenes. La Propuesta 8 en 2018 habría puesto un tope a los beneficios de la industria, mientras que la Propuesta 23 en 2020 era casi idéntica a la medida de este año. Ambas de .

La campaña de oposición a la Propuesta 29, financiada en su mayor parte por la industria de la diálisis, sostiene que mantener a un médico o enfermera en todo momento es costoso e innecesario.

Las clínicas emplean a enfermeras que cuidan a los pacientes y a directores médicos, en trabajos de supervisión pero que a menudo solo están presentes a tiempo parcial. Aproximadamente tres cuartas partes de las clínicas de diálisis de California son propiedad de dos empresas o están gestionadas por ellas: DaVita y Fresenius Medical Care.

Hasta ahora, ambas partes han recaudado al menos , según Los Angeles Times, de los cuales aproximadamente el 85% procede de DaVita y Fresenius.

Joe Damian, de 71 años, no se cree la afirmación de que las clínicas cerrarían si se aprueba la Propuesta 29. Por supuesto que se sentiría más cómodo si un médico estuviera presente cuando su esposa, Yolanda, tiene sus tratamientos, explicó. También cree que las empresas de diálisis seguirían ganando dinero a manos llenas.

“¿Cómo no va a ser mejor?”, preguntó. “Simplemente no quieren renunciar a ninguno de sus beneficios”.

Damian lleva a su mujer a sus tratamientos en Elk Grove. Comprende que muchos pacientes y sus familias estén preocupados por el posible cierre de las clínicas, pero cree que el sector está generando alarma.

“Cerrar instalaciones es una amenaza que nunca ejecutarán”, afirmó. “¿Por qué iban a cerrar un negocio que genera dinero?”.

La propuesta 29 incluye normativas destinadas a proteger contra el cierre de clínicas, como la exigencia de que los centros obtengan la aprobación del estado antes de finalizar o reducir los servicios, pero los opositores argumentan que esas normativas no se sostendrán en los tribunales.

Casi todos los pacientes entrevistados que iban o venían de sus citas de diálisis en cinco clínicas del área de Sacramento habían sido testigos de cómo los trabajadores llamaban al 911 por otro paciente. La mayoría dijo que los trabajadores y el personal de emergencias habían manejado bien estas situaciones. En general, afirmaron sentirse bien cuidados por las clínicas de diálisis.

La mayoría de los pacientes había interiorizado el lenguaje de los anuncios de la oposición que advertían sobre el cierre de las clínicas.

Norbie Kumagai, de 65 años, pasó el último Día de Acción de Gracias en el Centro Médico de la Universidad de California-Davis, y a su familia se le dijo que no sobreviviría. Pero Kumagai, que padece una enfermedad renal en fase 4 y tiene hipertensión, salió adelante y tuvo que esperar meses para que se abriera una plaza de diálisis en una clínica de West Sacramento, a unas 13 millas de su casa en Davis.

En general, Kumagai está de acuerdo en que el sector de la diálisis necesita reformas. Por ejemplo, le gustaría que a los técnicos que lo ayudan cada semana les aumentaran el sueldo.

Pero le preocupa lo que la Propuesta 29 pueda significar para los tratamientos que lo mantienen con vida.

“Le he dicho a mis amigos y vecinos que estoy muerto de miedo si se aprueba”, afirmó Kumagai. “Esta clínica podría cerrar”.

Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Los 13 hospitales del estado tratan a los niños más enfermos de California, incluyendo a aquellos con leucemia, anemia drepanocítica, cánceres raros y fibrosis quística, por lo que aprobar sus solicitudes de recaudación de fondos es un “sí” fácil para muchos votantes.

Sin embargo, a pesar de la naturaleza positiva de estos pedidos, algunos expertos en salud y analistas electorales cuestionan que los hospitales le pidan dinero tantas veces a los contribuyentes, y les advierten a los votantes que revisen la propuesta de este año con ojo crítico.

“Que grupos privados patrocinen medidas electorales cuyo objetivo es beneficiarlos de manera exclusiva, creo que es un uso indebido del proceso de iniciativas”, expresó Elizabeth Ralston, ex presidenta de la League of Women Voters de Los Ángeles, y encargada de analizar las medidas financieras estatales para la organización. La Liga recomienda que se vote “no” a la medida.

Críticos afirman que pedir repetidamente a los contribuyentes que paguen por la construcción de instalaciones de última generación no es una práctica habitual, y agregan que plantea interrogantes sobre la responsabilidad financiera, y sobre si los hospitales realmente necesitan algunos de los proyectos que desean.

Este patrón “podría dejar a los hospitales de niños con pocos incentivos para controlar sus costos”, dijo Ge Bai, profesor en la Carey Business School de la Universidad Johns Hopkins, quien agregó que cada hospital debería arreglárselas por su cuenta.

La iniciativa, Proposición 4, necesita una mayoría de votos para ser aprobada. Las medidas de bonos para hospitales infantiles de 2004 y 2008 con el 58,3% y el 55,3% de los votos, respectivamente.

La California Children’s Hospital Association (CCHA) anunció que sus miembros no pueden pagar por la construcción y la tecnología que necesitan sin la ayuda de los contribuyentes del estado, quienes se verían obligados a pagar $1.5 mil millones más intereses. La  del estado calcula que esto ascendería a $2,900 millones, es decir, unos $80 millones al año durante los próximos 35 años.

Las donaciones privadas no siempre son la respuesta porque los donantes frecuentemente especifican cómo se debe usar su dinero, explicó Ann-Louise Kuhns, CEO de la CCHA. Las lujosas salas de juego y los jardines de algunos de estos hospitales, por ejemplo, están completamente financiados por donaciones privadas, añadió.

“Recaudamos fondos, pedimos a los donantes que hagan contribuciones y emitimos nuestra propia deuda”, dijo Kuhns. “Pero es difícil cerrar esa brecha para todo lo que se necesita… sin un poco de ayuda”.

La CCHA, que patrocinó la iniciativa, comunicó que la medida de bonos ayudaría a pagar la construcción, remodelación, equipamiento y el refuerzo antisísmico en los ocho hospitales infantiles privados sin fines de lucro del estado, así como en los cinco que forman parte del sistema médico de la Universidad de California (UC).

La California Health Facilities Financing Authority tendría que aprobar el uso del dinero de los bonos por parte de los hospitales. La agencia evalúa si los proyectos ampliarían el acceso y mejorarían la atención al paciente, pero no determina si un proyecto es necesario o prudente.

Eso depende de los hospitales.

La campaña en apoyo de la medida de bonos, que es financiada por los propios hospitales sin fines de lucro, ha recaudado casi $11 millones este año, según la

En sus últimos informes financieros auditados por el estado, seis de los ocho hospitales privados sin fines de lucro reportaron ganancias anuales que oscilan entre los y los casi . La emisión de bonos proporcionaría a cada uno $135 millones, independientemente de sus ganancias o pérdidas.

Casi tres cuartas partes de los ingresos de los bonos se destinarían a las organizaciones sin fines de lucro porque son las que tienen más camas, pero los hospitales sin fines de lucro ya reciben ciertos beneficios, explicó Bai. Por ejemplo, están exentos del pago de impuestos sobre la propiedad, así como de impuestos sobre la renta estatales y federales.

El 18% se destinaría a los hospitales del sistema de la UC. Y la propuesta ofrecería 10% en subvenciones competitivas para aproximadamente 150 hospitales que no están clasificados como hospitales pediátricos, pero que sin embargo tratan a niños.

Los hospitales argumentan que necesitan expandirse porque se enfrentan a una mayor demanda de servicios, ya que los hospitales generales y comunitarios les transfieren cada vez más a sus pacientes para recibir atención pediátrica especializada

Los hospitales de niños también dependen en gran medida de Medi-Cal, el programa estatal de seguros para personas de bajos ingresos, indicó Kuhns. Medi-Cal paga menos a los hospitales que el seguro privado.

Nancy Kane, profesora del departamento de políticas y gestión de salud de la T.H. Chan School of Public Health en Harvard, señaló que en todo el país “muchos hospitales infantiles tienen la misma mezcla de pagadores, pero logran hacerlo de todos modos sin que el gobierno pague por su capital”.

Kuhns dijo que los hospitales de California también se enfrentan a plazos para cumplir con los requerimientos de seguridad sísmica. Para 2020 deben estar preparados para resistir un gran terremoto, y para 2030 deben considerarse lo suficientemente seguros como para seguir operando después de un terremoto.

Alrededor de un 28% de las camas de los ocho hospitales infantiles sin fines de lucro no cumplen con los estándares sísmicos de 2030, por lo que se deben hacer inversiones significativas, añadió.

Tim Curley, de Valley Children’s Healthcare, en Madera, dijo que las ayudaron a pagar una expansión de 60,000 pies cuadrados de quirófanos. Y aseguró que, si se aprueba la medida de bonos de este año, el hospital consideraría renovar sus laboratorios y la farmacia.

A finales del año pasado, contaba con poco menos de $28 millones en fondos restantes del bono de 2008, según un informe de la autoridad de financiamiento.

El Loma Linda University Children’s Hospital todavía está usando su parte del bono de 2008 para ayudar con la construcción de una torre de nueve pisos que albergará la mayoría de los departamentos y laboratorios.

La nueva torre, que se espera esté terminada para 2021, ayudará al hospital infantil a funcionar independientemente del resto del centro médico, que atiende a adultos, y a satisfacer la creciente demanda de espacio, dijo el administrador Scott Perryman.

Pero Ralston, de la League of Women Voters, dijo que los californianos deberían considerar si el dinero podría utilizarse mejor en otros lugares.

“Se está comprometiendo dinero del estado”, dijo, “y eso significa que se trata de dinero que no se gasta en otra cosa”, como viviendas asequibles o en renovación de carreteras viejas.

Sin embargo, si los votantes aprueban esta tercera medida de bonos, Bai se pregunta si cesarán y cuándo cesarán las solicitudes de dinero a los contribuyentes. “Siempre hay cosas nuevas que comprar”, dijo.

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Grupos en ambos estados están impulsando medidas electorales que eliminarían las sanciones criminales por la posesión de hongos cuyo ingrediente activo, la psilocibina, puede causar alucinaciones, euforia y cambios en la percepción. Argumentan que la investigación científica valida a la psilocibina como una sustancia que podría ser útil para las personas que sufren de depresión o ansiedad.

“No queremos que las personas pierdan su libertad por algo que es natural y tiene beneficios para la salud”, dijo Kevin Matthews, director de campaña de , el grupo que trabaja para despenalizar los hongos mágicos en Denver, la capital de Colorado.

Los antecedentes no juegan a su favor: aunque sus iniciativas son más limitadas, el reciente fracaso de una a nivel nacional para despenalizar hongos alucinógenos en California puede no ser un buen augurio para los defensores de la psilocibina en Oregon y Colorado.

De haberse aprobado en California, la propuesta habría despenalizado no solo la posesión, sino también las ventas y el transporte de hongos mágicos. La medida propuesta en Denver se aplicaría , mientras que en Oregon el uso de setas con la aprobación de un médico y bajo la supervisión de un terapeuta registrado.

Ninguna de las nuevas iniciativas se propone legalizar por completo los hongos que contienen psilocibina, lo que permitiría al gobierno regular y gravar las ventas de manera similar a la marihuana medicinal y recreativa.

En Oregon, defensores enfrentan una cuesta arriba para que su medida califique para aparecer en las boletas electorales, porque estas iniciativas estatales generalmente requieren la contratación de compañías que recolectan firmas, dijo William Lunch, analista político de Oregon Public Broadcasting y ex profesor de ciencias políticas de la Oregon State University.

Aun así, la familiaridad con la marihuana recreativa puede haber “suavizado” a los votantes y a los opositores a la despenalización de las drogas, agregó. Oregon , Colorado en 2012.

Los activistas de ambas regiones se hacen eco de lo que dice Lunch, y esperan que los votantes, que ahora ya se sienten cómodos con la marihuana, acepten también la despenalizando del uso personal de los hongos mágico.

Consumir hongos , ataques de pánico y, en raras ocasiones, paranoia y psicosis. Pero generalmente y menos adictivos que otras drogas ilegales.

Aun así, Paul Hutson, profesor de farmacia en la Universidad de Wisconsin, quien ha realizado , dice que desconfía del impulso de la despenalización. Esta sustancia no es segura para algunas personas, especialmente aquellas con paranoia o psicosis, explicó.

“Rechazo la idea que esto sea una progresión natural desde lo que ha ocurrido con la marihuana medicinal”, dijo Hutson, y señaló que la seguridad de la marihuana está mucho mejor establecida. Agregó que los hongos “son medicamentos muy, muy potentes que están afectando la mente. En el entorno adecuado, son seguros, pero usados de una manera descontrolada, tengo serias preocupaciones “.

Incluso los defensores de la psilocibina comparten las preocupaciones de Hutson. “Es un compuesto muy poderoso. La gente debería tomarlo muy en serio cuando experimente”, dijo Matthews.

Estos esfuerzos para legalizar los hongos alucinógenos surgen en un momento de renovado interés en los beneficios potenciales para la salud mental de los compuestos psicodélicos, incluidos los hongos, el LSD y la MDMA (conocido como éxtasis). publicados en 2016 por investigadores de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Nueva York descubrieron que una sola dosis grande de psilocibina, combinada con psicoterapia, ayudaba a aliviar la depresión y la ansiedad en pacientes con cáncer.

Una compañía británica respaldada por el inversionista de Silicon Valley, Peter Thiel, planea realizar europeos para evaluar el uso de la psilocibina para la depresión. Otra ha examinado la efectividad de la psilocibina en el tratamiento de la adicción al alcohol y al tabaco.

En California, la campaña para despenalizar la psilocibina siempre fue una posibilidad remota, a pesar que el estado liberal legalizó la posesión de marihuana recreativa en noviembre de 2016 y las ventas a partir de este año.

En Denver, Matthews y sus colegas pro-psilocibina quieren que los votantes aprueben una que elimina las sanciones penales por poseer, usar o cultivar hongos mágicos. Los funcionarios de la ciudad han aprobado la medida para la recolección de firmas. Los partidarios necesitan 5.000 firmas para incluir el tema en la boleta electoral de noviembre. Matthews dijo que ya ha organizado a docenas de voluntarias que estarán recolectando.

Matthews dijo que ha usado hongos para ayudar a aliviar la depresión y otros problemas de salud mental. Agregó que una gran parte de la campaña de despenalización es promover el uso responsable.

Denver, una ciudad progresista en un estado que fue el primero en legalizar la marihuana recreativa, “es un buen lugar de prueba para esta iniciativa en todo el país”, dijo Matthews. Solo obtenerlo en la boleta, ya sea que pase o no, sería “una gran victoria”, agregó.

En Oregon, los activistas proponen para la votación de 2020 que despenalizaría la psilocibina en todo el estado para adultos mayores de 21 años que obtengan la aprobación de sus médicos y acepten participar en un “servicio de psilocibina”. El servicio incluiría una reunión preparatoria con un terapeuta, una sesión de uso supervisado de hongos y una visita de seguimiento. Los pacientes estarían bajo el cuidado de facilitadores certificados por el estado.

Tom Eckert, un terapeuta de Portland, Oregon, quien lidera la campaña de despenalización de la psilocibina con su esposa, Sheri, dijo que las limitaciones propuestas para el uso de la psilocibina son importantes.

“La psilocibina en general es segura, pero te pone en un estado mental vulnerable”, agregó. “Si la utilizas incorrectamente, las cosas pueden salir mal”.

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Desde el barrio de Tujunga, con una fuerte presencia de armenios, a los pies de las montañas de San Gabriel, Abramyan y otros propietarios de tiendas y cafés de narguiles comenzaron a correr la voz de que la prohibición, impulsada por una creciente entre los adolescentes, podría dejarlos fuera del negocio y hacer desaparecer un preciado ritual social que muchos sienten como parte de su herencia.

“Íbamos a ser un daño colateral”, dijo Abramyan, ahora presidente de la .

A medida que su movimiento crecía, los propietarios de los negocios contrataron a un cabildero y viajaron a Sacramento para reunirse con legisladores. Publicaron videos en YouTube sobre “la historia y la tradición centenaria” de fumar estas tan populares en Medio Oriente.

Su trabajo dio frutos: en agosto de 2020 los legisladores estatales aprobaron la prohibición de la venta de tabaco aromatizado, incluidos los cigarrillos mentolados, pero eximieron a los puros premium, el tabaco de pipa suelto y el “” utilizado en las pipas de agua.

Nunca entró en vigencia. Las grandes tabacaleras lanzaron rápidamente una campaña de referéndum y reunieron suficientes firmas para llevar el tema a las urnas. Este mes, los californianos decidirán, a través de la , si mantienen o bloquean la ley, que haría ilegal la venta de cigarrillos, cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco aromatizados en comercios. También se prohibiría la venta de chicles o gomas de mascar que contengan nicotina y no estén aprobados por la FDA.

Si la ley se mantiene —los indican que la mayoría de los votantes la apoyan—, California se convertiría en el segundo estado en eliminar de las tiendas los vaporizadores de sabores y los cigarrillos mentolados, que han contribuido a y latinos desde que las compañías tabacaleras empezaron a comercializarlos en los barrios urbanos hace medio siglo.

La cuestión de por qué California ha concedido una excepción a los fumadores de narguiles mientras prohíbe los cigarrillos mentolados, la elección del , ha generado un debate sobre qué productos del tabaco —si es que hay alguno— merecen protección.

Hasta hace poco, los mentolados habían fracasado ante las agresivas tácticas de las tabacaleras, que han evitado pérdidas multimillonarias y .

Los grupos antitabaco advierten que esta estrategia se ha convertido en un modelo para evitar la interferencia del gobierno. Denuncian que la exención del narguile es el último ejemplo de cómo las empresas utilizan con éxito las políticas de identidad para seguir beneficiándose de un producto mortal.

“El narguile ha recibido un pase sin ninguna razón científica”, dijo Carol McGruder, cofundadora del. McGruder, que lleva años librando una guerra contra las empresas tabacaleras por apuntar “de manera depredadora” a las comunidades negras con los cigarrillos mentolados, dijo que fumar narguile se ha puesto cada vez más de moda entre los jóvenes negros.

Muchos jóvenes creen erróneamente que que otras formas de fumar, pero los expertos afirman que el tabaco que se absorve a través de las pipas de agua es tan adictivo como el de los cigarrillos y contiene alquitrán, nicotina y metales pesados.

“Sacan una hermosa pipa de agua antigua y dicen que la pipa de agua tiene que ver con la familia y la comunidad”, dijo McGruder. “Pero todo es cuestión de dinero”.

Las propias grandes tabacaleras están atacando la exención del narguile, al decir que demuestra que la ley discrimina a los fumadores negros y latinos al prohibir los sabores mentolados, mientras que da “un trato especial a los ricos”, como argumenta una por la industria.

“La Propuesta 31 aumentará la delincuencia y ampliará los mercados ilegales, recortará los ingresos para servicios básicos y podría volverse en contra de las mismas comunidades que sus los que la proponen dicen querer ayudar”, dijo Beth Miller, vocera de la campaña “No a la Propuesta 31”.

, agrupados principalmente en California y Massachusetts, han restringido la venta de productos de tabaco aromatizados, incluidas las cápsulas de cigarrillos electrónicos de —fresa, chocolatada y ponche rosa— que, según las autoridades sanitarias, han servido de puerta de entrada al consumo de tabaco entre los adolescentes.

Aproximadamente la mitad de las ordenanzas restringen el mentol, mientras que menos de 20, casi todas ellas en California, exime el tabaco para narguile y los bares de narguiles.

En 2021, y casi el 75% de los estudiantes de secundaria que habían usado un producto de tabaco en los 30 días anteriores informaron que usaban tabaco con sabor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En 2019 y 2020, relacionada con el vaping, conocido como EVALI, mató a 68 personas.

La epidemia de vaping ha dado a los activistas antitabaco una oportunidad para ejercer presión contra los cigarrillos mentolados. Inventados en la década de 1920, su sabor fresco y a menta ayudó a los nuevos fumadores a adoptarlos más fácilmente que los cigarrillos sin sabor, y la industria los comercializó como una opción más saludable.

En los años 60, las tabacaleras apuntaron a la comunidad negra a jóvenes “comunicadores” de moda en barberías y bares. Los cigarrillos mentolados representan más de un tercio de los $80,000 millones del mercado estadounidense de cigarrillos.

Reynolds American, el mayor fabricante de cigarrillos con mentol del país, incluido Newport, batalla contra la prohibición de los mentolados y a otros grupos de derechos civiles.

Cuando el propuso una prohibición de los cigarrillos mentolados en 2019, Sharpton citó el caso de , un hombre negro que murió bajo custodia policial en 2014 después de que lo detuvieran por vender supuestamente cigarrillos sueltos y sin impuestos en la calle.

Pero el éxito de estos esfuerzos ha tenido un precio devastador, dicen expertos en salud pública. Los hombres afroamericanos en Estados Unidos, según los CDC.

A principios de este año, la FDA para prohibir la venta de cigarrillos con sabor a mentol, una medida largamente esperada por las autoridades sanitarias y algunos líderes negros, incluso mientras se preparaban para una prolongada batalla legal con la industria del tabaco que podría .

Los activistas antitabaco se han centrado en el mentol durante años, dijo Valerie Yerger, profesora asociada de política sanitaria en la Universidad de California-San Francisco. “Nadie se centró en el narguile”, agregó.

Pero el uso de la pipa de agua entre los jóvenes en las últimas décadas.

En que se celebran en Estados Unidos y Europa, los concursantes compiten por construir la pipa de agua más elaborada, a menudo con una banda sonora de hip-hop. Las pipas de agua elaboradas, con sus onduladas bocanadas de humo, suelen en los videos de rap.

“Es otra forma que ha encontrado la industria para mantener a nuestros jóvenes adictos a estos productos”, afirma Yerger.

Los proveedores de narguile argumentan que las prohibiciones generales ponen en peligro a los propietarios de pequeños negocios, muchos de ellos inmigrantes, y amenazan con borrar un “” al prohibir de hecho las pipas de narguile, que suelen formar parte de las reuniones y celebraciones de árabes, armenios, persas y otros originarios de Medio Oriente. Rechazan la afirmación de que su lucha es solo por dinero.

“Los salones de narguile son un distintivo de la comunidad”, afirma Rima Khoury, consejera general de.

Para Abramyan, fumar un narguile era un ritual adulto después de la cena que sus padres, de origen iraní, trajeron consigo cuando emigraron a Estados Unidos en la década de 1980. Las ornamentadas pipas de agua suelen tener varios metros de altura y tardan al menos 20 minutos en prepararse.

“Esto no es algo que los niños fumen en los baños de la escuela”, dijo. “No queremos que nuestros hijos fumen, pero ¿por qué no va a poder mi abuelo fumar su narguile en su patio?”.

Los grupos de estudio de la Biblia y la sección local del Rotary Club se reúnen regularmente en su salón de narguile de Tujunga, Garden on Foothill, que cuenta con quioscos al aire libre para familias y grupos. “Para los musulmanes que no beben alcohol o los que no quieren ir a clubes de striptease, este es un espacio seguro”, afirma.

Munchies Mart, la tienda que maneja a pocas cuadras vende pipas de narguile hechas a mano y tabaco de sabores como limonada de fresa, naranja pop y agua fresca, muy lejos del tabaco empapado de manzana que, recuerda, su abuela persa mezclaba en su cocina.

Utilizar las prácticas culturales para argumentar las exenciones de las políticas públicas no es nada nuevo, dijo Arnab Mukherjea, profesor asociado de salud pública en la Universidad Estatal de California-East Bay.

Pero dijo que las comunidades suelen sufrir cuando los intereses corporativos “utilizan la identidad cultural para comercializar un producto de consumo masivo”.

“Vas a cualquier ciudad universitaria”, dijo, “y los bares de narguile están llenos no de musulmanes practicantes, sino de chicos en edad universitaria que van allí a socializar, consumiendo sabores en goma de mascar y algodón de azúcar”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Tres veces a la semana, Sherwin, de 71 años, conduce hasta una clínica de diálisis en Elk Grove, California, el suburbio al sur de Sacramento donde vive, y permanece conectada a una máquina durante unas cuatro horas mientras ésta filtra su sangre. El tratamiento la agota, pero se siente bien atendida y sabe que los trabajadores de la clínica llamarán a la policía si no se presentara a la cita y no pudieran contactarla directamente.

“Se lo toman muy en serio”, dijo Sherwin.

Ahora Sherwin teme que no le permitan acudir a esta clínica. Un cartel en la ventana del centro pide a los pacientes y visitantes que voten “no” a la Propuesta 29, la tercera iniciativa estatal sobre diálisis en cinco años que impondría nuevos requisitos a las clínicas de diálisis, como exigir la presencia de un médico durante los tratamientos.

Sherwin y otros votantes de California también han sido bombardeados por , en los que pacientes en sillas de ruedas y médicos advierten que “la 29 cerraría las clínicas de diálisis en toda California”.

“Estamos aterrorizados”, dijo Sherwin. “Si las cierran, ¿a dónde vamos a ir? Simplemente moriremos”.

Sherwin es una de los aproximadamente que dependen de 650 clínicas de diálisis ubicadas en centros comerciales y médicos por todo el estado.

Los pacientes llegan en furgonetas de transporte médico, minivans y algún vehículo de alquiler, porque después del tratamiento están demasiado cansados y hambrientos como para conducir a casa. Llevan bolsas de lona y almohadas, preparados para estar sentados durante cuatro o cinco horas seguidas, normalmente tres días a la semana, mientras su sangre se limpia y se filtra a través de una máquina porque sus riñones ya no pueden realizar esas funciones.

La Propuesta 29 exigiría a las clínicas reportar al estado sobre las infecciones e informar a los pacientes cuando los médicos tengan una participación financiera en una clínica, normas que son similares a las regulaciones federales existentes.

El punto más contencioso es la exigencia de que haya un médico, una enfermera o un asistente médico presente en cada clínica mientras se trata a los pacientes.

Exigir la presencia de un médico en cada clínica aumentaría los costos de cada centro en “varios cientos de miles de dólares anuales”, según de la Oficina del Analista Legislativo del Estado, una institución no partidista. Para hacer frente a los costos adicionales, el análisis concluye que las clínicas tienen tres opciones: negociar tarifas más altas con las aseguradoras, perder beneficios o cerrar las instalaciones.

El sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, que patrocina la Propuesta 29, señaló que las reformas son necesarias para mantener a los pacientes seguros durante el arduo proceso de diálisis.

El sindicato —que ha intentado organizar a los trabajadores de diálisis, pero no lo ha conseguido— argumenta que el tratamiento es peligroso y que los pacientes necesitan tener acceso a profesionales médicos altamente capacitados para hacer frente a las emergencias en lugar de depender del 911.

El sindicato también estuvo detrás de las dos iniciativas de votación anteriores sobre diálisis, que fracasaron por amplios márgenes. La Propuesta 8 en 2018 habría puesto un tope a los beneficios de la industria, mientras que la Propuesta 23 en 2020 era casi idéntica a la medida de este año. Ambas de .

La campaña de oposición a la Propuesta 29, financiada en su mayor parte por la industria de la diálisis, sostiene que mantener a un médico o enfermera en todo momento es costoso e innecesario.

Las clínicas emplean a enfermeras que cuidan a los pacientes y a directores médicos, en trabajos de supervisión pero que a menudo solo están presentes a tiempo parcial. Aproximadamente tres cuartas partes de las clínicas de diálisis de California son propiedad de dos empresas o están gestionadas por ellas: DaVita y Fresenius Medical Care.

Hasta ahora, ambas partes han recaudado al menos , según Los Angeles Times, de los cuales aproximadamente el 85% procede de DaVita y Fresenius.

Joe Damian, de 71 años, no se cree la afirmación de que las clínicas cerrarían si se aprueba la Propuesta 29. Por supuesto que se sentiría más cómodo si un médico estuviera presente cuando su esposa, Yolanda, tiene sus tratamientos, explicó. También cree que las empresas de diálisis seguirían ganando dinero a manos llenas.

“¿Cómo no va a ser mejor?”, preguntó. “Simplemente no quieren renunciar a ninguno de sus beneficios”.

Damian lleva a su mujer a sus tratamientos en Elk Grove. Comprende que muchos pacientes y sus familias estén preocupados por el posible cierre de las clínicas, pero cree que el sector está generando alarma.

“Cerrar instalaciones es una amenaza que nunca ejecutarán”, afirmó. “¿Por qué iban a cerrar un negocio que genera dinero?”.

La propuesta 29 incluye normativas destinadas a proteger contra el cierre de clínicas, como la exigencia de que los centros obtengan la aprobación del estado antes de finalizar o reducir los servicios, pero los opositores argumentan que esas normativas no se sostendrán en los tribunales.

Casi todos los pacientes entrevistados que iban o venían de sus citas de diálisis en cinco clínicas del área de Sacramento habían sido testigos de cómo los trabajadores llamaban al 911 por otro paciente. La mayoría dijo que los trabajadores y el personal de emergencias habían manejado bien estas situaciones. En general, afirmaron sentirse bien cuidados por las clínicas de diálisis.

La mayoría de los pacientes había interiorizado el lenguaje de los anuncios de la oposición que advertían sobre el cierre de las clínicas.

Norbie Kumagai, de 65 años, pasó el último Día de Acción de Gracias en el Centro Médico de la Universidad de California-Davis, y a su familia se le dijo que no sobreviviría. Pero Kumagai, que padece una enfermedad renal en fase 4 y tiene hipertensión, salió adelante y tuvo que esperar meses para que se abriera una plaza de diálisis en una clínica de West Sacramento, a unas 13 millas de su casa en Davis.

En general, Kumagai está de acuerdo en que el sector de la diálisis necesita reformas. Por ejemplo, le gustaría que a los técnicos que lo ayudan cada semana les aumentaran el sueldo.

Pero le preocupa lo que la Propuesta 29 pueda significar para los tratamientos que lo mantienen con vida.

“Le he dicho a mis amigos y vecinos que estoy muerto de miedo si se aprueba”, afirmó Kumagai. “Esta clínica podría cerrar”.

Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Los 13 hospitales del estado tratan a los niños más enfermos de California, incluyendo a aquellos con leucemia, anemia drepanocítica, cánceres raros y fibrosis quística, por lo que aprobar sus solicitudes de recaudación de fondos es un “sí” fácil para muchos votantes.

Sin embargo, a pesar de la naturaleza positiva de estos pedidos, algunos expertos en salud y analistas electorales cuestionan que los hospitales le pidan dinero tantas veces a los contribuyentes, y les advierten a los votantes que revisen la propuesta de este año con ojo crítico.

“Que grupos privados patrocinen medidas electorales cuyo objetivo es beneficiarlos de manera exclusiva, creo que es un uso indebido del proceso de iniciativas”, expresó Elizabeth Ralston, ex presidenta de la League of Women Voters de Los Ángeles, y encargada de analizar las medidas financieras estatales para la organización. La Liga recomienda que se vote “no” a la medida.

Críticos afirman que pedir repetidamente a los contribuyentes que paguen por la construcción de instalaciones de última generación no es una práctica habitual, y agregan que plantea interrogantes sobre la responsabilidad financiera, y sobre si los hospitales realmente necesitan algunos de los proyectos que desean.

Este patrón “podría dejar a los hospitales de niños con pocos incentivos para controlar sus costos”, dijo Ge Bai, profesor en la Carey Business School de la Universidad Johns Hopkins, quien agregó que cada hospital debería arreglárselas por su cuenta.

La iniciativa, Proposición 4, necesita una mayoría de votos para ser aprobada. Las medidas de bonos para hospitales infantiles de 2004 y 2008 con el 58,3% y el 55,3% de los votos, respectivamente.

La California Children’s Hospital Association (CCHA) anunció que sus miembros no pueden pagar por la construcción y la tecnología que necesitan sin la ayuda de los contribuyentes del estado, quienes se verían obligados a pagar $1.5 mil millones más intereses. La  del estado calcula que esto ascendería a $2,900 millones, es decir, unos $80 millones al año durante los próximos 35 años.

Las donaciones privadas no siempre son la respuesta porque los donantes frecuentemente especifican cómo se debe usar su dinero, explicó Ann-Louise Kuhns, CEO de la CCHA. Las lujosas salas de juego y los jardines de algunos de estos hospitales, por ejemplo, están completamente financiados por donaciones privadas, añadió.

“Recaudamos fondos, pedimos a los donantes que hagan contribuciones y emitimos nuestra propia deuda”, dijo Kuhns. “Pero es difícil cerrar esa brecha para todo lo que se necesita… sin un poco de ayuda”.

La CCHA, que patrocinó la iniciativa, comunicó que la medida de bonos ayudaría a pagar la construcción, remodelación, equipamiento y el refuerzo antisísmico en los ocho hospitales infantiles privados sin fines de lucro del estado, así como en los cinco que forman parte del sistema médico de la Universidad de California (UC).

La California Health Facilities Financing Authority tendría que aprobar el uso del dinero de los bonos por parte de los hospitales. La agencia evalúa si los proyectos ampliarían el acceso y mejorarían la atención al paciente, pero no determina si un proyecto es necesario o prudente.

Eso depende de los hospitales.

La campaña en apoyo de la medida de bonos, que es financiada por los propios hospitales sin fines de lucro, ha recaudado casi $11 millones este año, según la

En sus últimos informes financieros auditados por el estado, seis de los ocho hospitales privados sin fines de lucro reportaron ganancias anuales que oscilan entre los y los casi . La emisión de bonos proporcionaría a cada uno $135 millones, independientemente de sus ganancias o pérdidas.

Casi tres cuartas partes de los ingresos de los bonos se destinarían a las organizaciones sin fines de lucro porque son las que tienen más camas, pero los hospitales sin fines de lucro ya reciben ciertos beneficios, explicó Bai. Por ejemplo, están exentos del pago de impuestos sobre la propiedad, así como de impuestos sobre la renta estatales y federales.

El 18% se destinaría a los hospitales del sistema de la UC. Y la propuesta ofrecería 10% en subvenciones competitivas para aproximadamente 150 hospitales que no están clasificados como hospitales pediátricos, pero que sin embargo tratan a niños.

Los hospitales argumentan que necesitan expandirse porque se enfrentan a una mayor demanda de servicios, ya que los hospitales generales y comunitarios les transfieren cada vez más a sus pacientes para recibir atención pediátrica especializada

Los hospitales de niños también dependen en gran medida de Medi-Cal, el programa estatal de seguros para personas de bajos ingresos, indicó Kuhns. Medi-Cal paga menos a los hospitales que el seguro privado.

Nancy Kane, profesora del departamento de políticas y gestión de salud de la T.H. Chan School of Public Health en Harvard, señaló que en todo el país “muchos hospitales infantiles tienen la misma mezcla de pagadores, pero logran hacerlo de todos modos sin que el gobierno pague por su capital”.

Kuhns dijo que los hospitales de California también se enfrentan a plazos para cumplir con los requerimientos de seguridad sísmica. Para 2020 deben estar preparados para resistir un gran terremoto, y para 2030 deben considerarse lo suficientemente seguros como para seguir operando después de un terremoto.

Alrededor de un 28% de las camas de los ocho hospitales infantiles sin fines de lucro no cumplen con los estándares sísmicos de 2030, por lo que se deben hacer inversiones significativas, añadió.

Tim Curley, de Valley Children’s Healthcare, en Madera, dijo que las ayudaron a pagar una expansión de 60,000 pies cuadrados de quirófanos. Y aseguró que, si se aprueba la medida de bonos de este año, el hospital consideraría renovar sus laboratorios y la farmacia.

A finales del año pasado, contaba con poco menos de $28 millones en fondos restantes del bono de 2008, según un informe de la autoridad de financiamiento.

El Loma Linda University Children’s Hospital todavía está usando su parte del bono de 2008 para ayudar con la construcción de una torre de nueve pisos que albergará la mayoría de los departamentos y laboratorios.

La nueva torre, que se espera esté terminada para 2021, ayudará al hospital infantil a funcionar independientemente del resto del centro médico, que atiende a adultos, y a satisfacer la creciente demanda de espacio, dijo el administrador Scott Perryman.

Pero Ralston, de la League of Women Voters, dijo que los californianos deberían considerar si el dinero podría utilizarse mejor en otros lugares.

“Se está comprometiendo dinero del estado”, dijo, “y eso significa que se trata de dinero que no se gasta en otra cosa”, como viviendas asequibles o en renovación de carreteras viejas.

Sin embargo, si los votantes aprueban esta tercera medida de bonos, Bai se pregunta si cesarán y cuándo cesarán las solicitudes de dinero a los contribuyentes. “Siempre hay cosas nuevas que comprar”, dijo.

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Grupos en ambos estados están impulsando medidas electorales que eliminarían las sanciones criminales por la posesión de hongos cuyo ingrediente activo, la psilocibina, puede causar alucinaciones, euforia y cambios en la percepción. Argumentan que la investigación científica valida a la psilocibina como una sustancia que podría ser útil para las personas que sufren de depresión o ansiedad.

“No queremos que las personas pierdan su libertad por algo que es natural y tiene beneficios para la salud”, dijo Kevin Matthews, director de campaña de , el grupo que trabaja para despenalizar los hongos mágicos en Denver, la capital de Colorado.

Los antecedentes no juegan a su favor: aunque sus iniciativas son más limitadas, el reciente fracaso de una a nivel nacional para despenalizar hongos alucinógenos en California puede no ser un buen augurio para los defensores de la psilocibina en Oregon y Colorado.

De haberse aprobado en California, la propuesta habría despenalizado no solo la posesión, sino también las ventas y el transporte de hongos mágicos. La medida propuesta en Denver se aplicaría , mientras que en Oregon el uso de setas con la aprobación de un médico y bajo la supervisión de un terapeuta registrado.

Ninguna de las nuevas iniciativas se propone legalizar por completo los hongos que contienen psilocibina, lo que permitiría al gobierno regular y gravar las ventas de manera similar a la marihuana medicinal y recreativa.

En Oregon, defensores enfrentan una cuesta arriba para que su medida califique para aparecer en las boletas electorales, porque estas iniciativas estatales generalmente requieren la contratación de compañías que recolectan firmas, dijo William Lunch, analista político de Oregon Public Broadcasting y ex profesor de ciencias políticas de la Oregon State University.

Aun así, la familiaridad con la marihuana recreativa puede haber “suavizado” a los votantes y a los opositores a la despenalización de las drogas, agregó. Oregon , Colorado en 2012.

Los activistas de ambas regiones se hacen eco de lo que dice Lunch, y esperan que los votantes, que ahora ya se sienten cómodos con la marihuana, acepten también la despenalizando del uso personal de los hongos mágico.

Consumir hongos , ataques de pánico y, en raras ocasiones, paranoia y psicosis. Pero generalmente y menos adictivos que otras drogas ilegales.

Aun así, Paul Hutson, profesor de farmacia en la Universidad de Wisconsin, quien ha realizado , dice que desconfía del impulso de la despenalización. Esta sustancia no es segura para algunas personas, especialmente aquellas con paranoia o psicosis, explicó.

“Rechazo la idea que esto sea una progresión natural desde lo que ha ocurrido con la marihuana medicinal”, dijo Hutson, y señaló que la seguridad de la marihuana está mucho mejor establecida. Agregó que los hongos “son medicamentos muy, muy potentes que están afectando la mente. En el entorno adecuado, son seguros, pero usados de una manera descontrolada, tengo serias preocupaciones “.

Incluso los defensores de la psilocibina comparten las preocupaciones de Hutson. “Es un compuesto muy poderoso. La gente debería tomarlo muy en serio cuando experimente”, dijo Matthews.

Estos esfuerzos para legalizar los hongos alucinógenos surgen en un momento de renovado interés en los beneficios potenciales para la salud mental de los compuestos psicodélicos, incluidos los hongos, el LSD y la MDMA (conocido como éxtasis). publicados en 2016 por investigadores de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Nueva York descubrieron que una sola dosis grande de psilocibina, combinada con psicoterapia, ayudaba a aliviar la depresión y la ansiedad en pacientes con cáncer.

Una compañía británica respaldada por el inversionista de Silicon Valley, Peter Thiel, planea realizar europeos para evaluar el uso de la psilocibina para la depresión. Otra ha examinado la efectividad de la psilocibina en el tratamiento de la adicción al alcohol y al tabaco.

En California, la campaña para despenalizar la psilocibina siempre fue una posibilidad remota, a pesar que el estado liberal legalizó la posesión de marihuana recreativa en noviembre de 2016 y las ventas a partir de este año.

En Denver, Matthews y sus colegas pro-psilocibina quieren que los votantes aprueben una que elimina las sanciones penales por poseer, usar o cultivar hongos mágicos. Los funcionarios de la ciudad han aprobado la medida para la recolección de firmas. Los partidarios necesitan 5.000 firmas para incluir el tema en la boleta electoral de noviembre. Matthews dijo que ya ha organizado a docenas de voluntarias que estarán recolectando.

Matthews dijo que ha usado hongos para ayudar a aliviar la depresión y otros problemas de salud mental. Agregó que una gran parte de la campaña de despenalización es promover el uso responsable.

Denver, una ciudad progresista en un estado que fue el primero en legalizar la marihuana recreativa, “es un buen lugar de prueba para esta iniciativa en todo el país”, dijo Matthews. Solo obtenerlo en la boleta, ya sea que pase o no, sería “una gran victoria”, agregó.

En Oregon, los activistas proponen para la votación de 2020 que despenalizaría la psilocibina en todo el estado para adultos mayores de 21 años que obtengan la aprobación de sus médicos y acepten participar en un “servicio de psilocibina”. El servicio incluiría una reunión preparatoria con un terapeuta, una sesión de uso supervisado de hongos y una visita de seguimiento. Los pacientes estarían bajo el cuidado de facilitadores certificados por el estado.

Tom Eckert, un terapeuta de Portland, Oregon, quien lidera la campaña de despenalización de la psilocibina con su esposa, Sheri, dijo que las limitaciones propuestas para el uso de la psilocibina son importantes.

“La psilocibina en general es segura, pero te pone en un estado mental vulnerable”, agregó. “Si la utilizas incorrectamente, las cosas pueden salir mal”.

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