A pesar de algunos avances este año, especialmente en estados con mayoría demócrata, los recientes reveses en las legislaturas más conservadoras dejan claro lo difícil que es proteger a los pacientes.
Este año fracasaron proyectos de ley para proteger a los consumidores de deudas médicas en Indiana, Montana, Nevada, Dakota del Sur y Wyoming, debido a la oposición de la industria. Y defensores advierten que los estados deben actuar, ya que se espera que millones de personas pierdan su seguro médico debido a la ley fiscal y de gasto del presidente Donald Trump.
“Este ya era un tema clave incluso antes del cambio de administración en Washington”, dijo Kate Ende, directora de políticas de la organización Consumers for Affordable Health Care, con sede en Maine. “La retirada a nivel federal hizo aún más urgente movilizarse”.
Este año, Maine se unió a una creciente lista de estados que han prohibido que la deuda médica aparezca en los reportes de crédito de sus residentes, una protección que puede facilitar el acceso a una vivienda, un auto o incluso un empleo. La y con apoyo bipartidista.
Se estima que 100 millones de personas en Estados Unidos tienen algún tipo de deuda relacionada con la atención médica.
El gobierno federal estaba a punto de prohibir que la deuda médica apareciera en los reportes de crédito, gracias a una normativa emitida en los últimos días del mandato del ex presidente Joe Biden. Esa medida habría beneficiado a unas 15 millones de personas en todo el país.
Pero la administración Trump no defendió la normativa ante las demandas legales de agencias de cobro y burós de crédito, que argumentaban que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés) se había excedido en su autoridad.
Un juez federal de Texas, designado por Trump, falló que la normativa debía anularse.
Ahora, solo los pacientes que viven en estados que han aprobado sus propias normas sobre reportes de crédito podrán beneficiarse de esta protección. Más de una docena de estados tienen estas restricciones, entre ellos California, Colorado, Connecticut, Minnesota, Nueva York y Vermont, que al igual que Maine, adoptaron una prohibición este año.
En los últimos años, más estados han aprobado otras protecciones contra la deuda médica, como límites a la tasa de interés que se puede cobrar y restricciones al uso del embargo de salarios o la incautación de bienes para cobrar facturas médicas impagas.
En muchos casos, estas medidas han recibido apoyo bipartidista, lo que refleja la popularidad de las protecciones al consumidor. En Virginia, el gobernador republicano este año que limita el embargo de salarios y establece un tope a los intereses.
Y varios legisladores republicanos en California se unieron a los demócratas para que facilita el acceso a ayuda financiera de los hospitales para quienes enfrentan facturas elevadas.
“Este es el tipo de asunto de sentido común que afecta al bolsillo de las personas y que atrae tanto a republicanos como a demócratas”, señaló Eva Stahl, vicepresidenta de Undue Medical Debt, una organización sin fines de lucro que compra y perdona deudas médicas, y que ha trabajado para que se amplíen protecciones para pacientes.
Pero en varias legislaturas estatales, el impulso por nuevas protecciones se topó con barreras.
Proyectos de ley para prohibir que las deudas médicas aparecieran en los reportes de crédito fracasaron en y , a pesar del apoyo de algunos legisladores republicanos. Y las medidas para limitar los cobros agresivos contra residentes con deuda médica fueron rechazadas en , y .
En algunos estados, las propuestas enfrentaron una fuerte oposición de agencias de cobro, burós de crédito y bancos, que argumentaron ante los legisladores que sin información sobre deudas médicas podrían terminar otorgando a los consumidores préstamos de alto riesgo.
La representante estatal Lana Greenfield (republicana de Dakota del Sur), repitió las objeciones de la industria al pedir a sus colegas que votaran en contra de la prohibición. “Los bancos pequeños de comunidades pequeñas no podrían obtener información sobre una factura médica muy, muy grande. Y entonces, podrían otorgar un préstamo de buena fe a alguien sin saber realmente cuál era su crédito”, dijo Greenfield en el pleno de la Cámara.
Durante el gobierno de Biden, los encontraron que, a diferencia de otros tipos de deuda, la médica no era un buen indicador de la solvencia crediticia.
Pero el representante estatal Brian Mulder (republicano de Dakota del Sur), presidente del comité de salud que redactó la legislación, destacó el poder del sector bancario en el estado, donde regulaciones favorables lo han convertido en un imán para las instituciones financieras.
En Montana, una propuesta para proteger parte de los bienes de los deudores frente al embargo avanzó fácilmente en el comité. Sus defensores esperaban que fuera especialmente útil para pacientes nativos americanos, quienes enfrentan de forma desproporcionada la carga de la deuda médica.
Pero cuando el proyecto de ley llegó al pleno de la Cámara, los opositores “aparecieron en masa” y hablaron personalmente con los legisladores republicanos una hora antes de la votación, contó Ed Stafman, legislador demócrata y autor de la propuesta.
“Juntaron el número de votos suficientes para derrotar el proyecto por poco”, dijo.
Tanto defensores de los pacientes como legisladores que respaldaron estas medidas dijeron que son optimistas respecto a superar la oposición de la industria en el futuro.
Y hay señales de que algunas propuestas para ampliar las protecciones a los pacientes podrían avanzar en otros estados conservadores, como Ohio y Texas.
, una propuesta que obligaría a los hospitales sin fines de lucro a ampliar la ayuda financiera para quienes enfrentan facturas altas ha recibido el respaldo de organizaciones conservadoras influyentes.
“Estas cosas a veces toman tiempo”, dijo Lucy Culp, quien lidera el cabildeo estatal de Blood Cancer United (anteriormente conocida como Leukemia & Lymphoma Society). Esta organización ha impulsado leyes estatales de protección contra la deuda médica en años recientes, incluso en Montana y Dakota del Sur.
Lo más preocupante, dijo Culp, es la ola de pacientes sin seguro que se espera debido a los recortes en la cobertura médica derivados de la nueva ley fiscal aprobada por los republicanos. Esto agravará aún más el problema de la deuda médica en el país.
“Los estados no están preparados para eso”, advirtió Culp.
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La hija de Silva tenía Medicaid, que supuestamente cubría el costo de las ambulancias. Pero una de las tres compañías que operaron ese día, Northglenn Ambulance, una empresa pública que había sido adquirida por , envió la factura de Silva a un cobrador de deudas. Era de $2.181,60, pero con los costos judiciales y los intereses aumentó a más de $3.000, según consta en los registros judiciales.
La maestra de preescolar no pudo pagar, y el cobrador embargó el salario de Silva.
“Nos atrasó muchísimo con las facturas: la casa, la luz, el teléfono, la comida de los niños”, contó Silva, cuya hija se recuperó completamente del accidente de 2015. “Nos quitó todo”.
Algunos legisladores estatales buscan reducir facturas como la que recibió Silva: cuentas sorpresa por traslados terrestres en ambulancia.
Cuando una compañía de ambulancias cobra más de lo que una aseguradora está dispuesta a pagar, los pacientes pueden terminar con una factura enorme de la que no tienen escapatoria.
Los estados intentan cubrir el vacío dejado por la ley federal , que cubre las ambulancias aéreas, pero no los servicios terrestres, incluyendo las ambulancias que viajan por carretera y agua.
Este año, Utah y Dakota del Norte se unieron a que han aprobado protecciones contra las facturas sorpresa por este tipo de traslados.
Esas protecciones suelen incluir el establecimiento de un mínimo que las aseguradoras deben pagar si alguno de sus afiliados necesita transporte. Pero el punto de fricción es dónde establecer ese límite. La legislación en Colorado y Montana se estancó este año debido a la preocupación de los legisladores de que obligar a las aseguradoras a pagar más resultaría en mayores costos de cobertura médica para todos.
Las facturas sorpresa de ambulancias son un componente más de un sistema de salud que sistemáticamente endeuda a los estadounidenses, agobiando sus finanzas, impidiéndoles acceder a la atención médica y aumentando las disparidades raciales, como informó ºÚÁϳԹÏÍø News.
“Si las personas dudan en llamar a la ambulancia por temor a sufrir una gran carga financiera para su familia, significa que tendremos víctimas de accidentes cerebrovasculares que no llegarán al hospital a tiempo”, expresó , directora de campañas de atención médica en PIRG, un grupo nacional de defensa del consumidor. “Significa que esa persona que teme un ataque cardíaco no llamará”.
El No Surprises Act, promulgado por el presidente Donald Trump en 2020, establece que, para la mayoría de los servicios de emergencia, a los pacientes se les puede facturar por la atención fuera de la red solo el mismo monto que se les habría facturado si estuvieran dentro de ella. Al igual que los médicos u hospitales, las compañías de ambulancias pueden tener contratos con aseguradoras, lo que las convierte en parte de la red. Las que no lo hacen, permanecen fuera de la red.
Pero a diferencia de cuando se programa una cita con un médico o se planifica una cirugía, un paciente generalmente no puede elegir la compañía de ambulancias que responderá a su llamada al 911. Esto significa que puede recibir grandes facturas fuera de la red.
Los legisladores federales postergaron la inclusión de las ambulancias terrestres, en parte debido a la variedad de modelos de negocio —desde empresas privadas hasta departamentos de bomberos voluntarios— y a la falta de datos sobre el costo de los traslados.
En cambio, el Congreso creó que emitió recomendaciones el año pasado. Su conclusión general —que los pacientes no deberían verse atrapados en el fuego cruzado entre proveedores y aseguradoras— no fue controvertida ni partidista. En Colorado, destinada a ampliar las protecciones contra facturas sorpresa de ambulancias recibió el visto bueno unánime de ambas cámaras legislativas.
Colorado ya había aprobado que protegía a las personas de facturas sorpresa de compañías privadas de ambulancias. Esta nueva medida buscaba brindar protecciones similares contra las facturas de los servicios públicos de ambulancia y para los traslados entre hospitales.
“Sabíamos que contaba con apoyo bipartidista, pero hay quienes votan en contra de todo”, dijo gratamente sorprendida , representante estatal demócrata.
Una sorpresa menos agradable llegó después, cuando el gobernador Jared Polis, también demócrata, la vetó, alegando temor a que aumentaran las primas.
Los estados tienen un margen de maniobra limitado en este tema, ya que las leyes estatales solo se aplican a los planes de salud regulados por el estado.
Esto deja fuera a muchos trabajadores. Según una de 2024 realizada por KFF, el 63% de las personas que trabajan para empleadores privados y obtienen seguro médico a través de sus empleos tienen , que no están regulados por el estado.
“Por eso necesitamos una ley federal de protección de ambulancias, incluso si aprobáramos 50 leyes estatales”, dijo Kelmar.
Según datos de la oficina del secretario de estado de Colorado, los únicos grupos de presión al proyecto de ley fueron Anthem y UnitedHealth Group, además de las subsidiarias de UnitedHealth, Optum y UnitedHealthcare.
En mayo, tan pronto como finalizó la sesión legislativa, , director ejecutivo de la Colorado Association of Health Plans, un grupo comercial que representa a las compañías de seguros médicos del estado, envió solicitando su veto, con una estimación de que la legislación provocaría un aumento del 0,4% en las primas.
El proyecto de ley de Colorado establecía que los gobiernos locales, como ciudades, condados o distritos especiales, fijarían las tarifas.
“Estamos en una situación mucho mejor al no tener entidades locales que fijen sus propias tarifas”, declaró McFatridge a ºÚÁϳԹÏÍø News.
Jack Hoadley, profesor emérito de investigación de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown, afirmó que no está claro si las leyes estatales aprobadas en otros estados están aumentando las primas, o en qué medida. Hoadley agregó que se espera que el estado de Washington presente un análisis del impacto de su ley en un par de años.
La asociación nacional de compañías de seguros se negó a comentar para este artículo. En su lugar, la Association of Health Insurance Plans (AHIP) remitió cartas que sus líderes presentaron a legisladores de , y este año, oponiéndose a las medidas de cada estado para establecer tarifas base para ambulancias.
Los líderes de la AHIP describieron las propuestas como precios inflados, impuestos por el gobierno, que reducirían la posibilidad de que las aseguradoras negocien precios justos. En última instancia, advirtió la asociación, los mínimos propuestos aumentarían los costos de la atención médica.
En Montana, los legisladores un reembolso mínimo para ambulancias terrestres del 400% de lo que paga Medicare, o una tarifa local fija, si hay alguna. La propuesta fue patrocinada por dos republicanos y respaldada por las compañías de ambulancias. Las aseguradoras de salud presionaron con éxito en contra, argumentando que el precio era demasiado alto.
Sarah Clerget, lobista que representa a la AHIP, declaró a los legisladores de Montana en una audiencia legislativa que ya es difícil lograr que las compañías de ambulancias se integren a la red de las aseguradoras, “porque la gente va a necesitar atención de ambulancia independientemente de si su compañía de seguros la cubre”.
Agregó que la propuesta estatal dejaría a quienes pagan la cobertura médica con la carga del nuevo precio.
“A nadie le gusta que nuestras tarifas de seguro se modifiquen”, declaró el senador estatal republicano durante una reunión legislativa mientras un comité archivaba el proyecto de ley. Comparó el mínimo propuesto con un mandato que podría llevar a que las personas tengan que pagar más por la cobertura médica de un servicio importante, pero a la vez especializado.
El gobernador de Colorado se centró de forma similar en las primas. Polis afirmó en su que la legislación habría aumentado las primas entre 73 centavos y $2,15 por miembro al mes.
“Estoy de acuerdo en que subsanar esta deficiencia en la aplicación de la ley es crucial para que la gente ahorre dinero en atención médica”, escribió. “Sin embargo, en mi opinión, esos ahorros van a compensarse con el aumento de las primas”.
, directora de políticas de la Colorado Consumer Health Initiative, que apoyó el proyecto de ley, afirmó que incluso si las primas aumentaran, los habitantes de Colorado podrían aceptar el cambio. Después de todo, remarcó, estarían cambiando la amenaza de una gran factura de ambulancia por el precio de media taza de café al mes.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=2067418&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Walz, un ex profesor de secundaria y entrenador de fútbol de 60 años, tiene un historial de apoyo a iniciativas de atención médica de izquierda durante sus dos mandatos como gobernador y mientras fue representante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de 2007 a 2019.
También lidera un estado central para la industria de la salud: Minnesota es el hogar tanto de la mayor aseguradora de salud del país, UnitedHealth Group, como de uno de sus sistemas hospitalarios más prestigiosos, la Clínica Mayo.
Los republicanos han aprovechado su historial para definir a la fórmula Harris-Walz como extrema en atención médica, mientras que los demócratas dicen que los esfuerzos de Walz para reducir los costos de los medicamentos y preservar el acceso al aborto son posiciones centrales que atraen a los votantes indecisos.
En cualquier caso, su elección pone la atención médica en el centro de la escena como un tema electoral, resaltando la importancia de la batalla del país sobre el acceso al aborto, así como la profunda angustia de los votantes por el aumento de los costos de salud.
Muchas de las posturas de Walz coinciden con las de Harris.
Ha luchado por el acceso al aborto, firmando una legislación para codificar los derechos al aborto en el estado, y en marzo recorrió una clínica de Planned Parenthood con la vicepresidenta.
Apoyó la legislación del Congreso que dio facultades al gobierno federal para negociar los precios de los medicamentos en Medicare, el programa de seguro de salud para personas mayores y discapacitadas. El 15 de agosto, la administración Biden publicó nuevos precios reducidos para que derivan de las negociaciones entre el gobierno y las farmacéuticas. Los costos más bajos entrarán en vigencia en 2026.
Como gobernador, Walz una ley para limitar los gastos de bolsillo de la insulina a $35 al mes para los residentes elegibles con una necesidad urgente del medicamento. Dos años después, el presidente Joe Biden hizo lo mismo para todos los pacientes de Medicare.
A principios de la pandemia de covid-19, Walz ordenó que se usaran máscaras en la mayoría de los espacios públicos cerrados. Extendió una orden ejecutiva de quedarse en casa en 2020, lo que llevó al ex presidente Donald Trump a publicar en X, en aquel entonces todavía Twitter.
“Tiene sentido común cuando se trata de problemas y políticas”, dijo Andy Slavitt, ex ejecutivo de UnitedHealth y ex administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). “No es un ideólogo. Es un pensador independiente que se preocupa por las personas que no tienen recursos”, agregó Slavitt, quien se desempeñó como asesor principal del equipo de respuesta al covid de la administración Biden.
Walz también ha defendido los tratamientos de fertilidad (FIV), compartiendo su historia personal de cómo él y su esposa, Gwen, dependieron de ellos para concebir. Debido a que la fertilización in vitro está bajo una amenaza creciente por parte de algunos opositores al aborto, a pesar de su amplia popularidad, su conocimiento de primera mano sobre los desafíos de fertilidad le agrega fuerza política.
“Walz ha sido articulado y apasionado sobre su experiencia con la FIV, y eso conecta con personas de ambos lados de la calle”, dijo Christoper Sheeron, fundador y presidente de Action for Health, una organización nacional de defensa sin fines de lucro.
Los republicanos en Minnesota dicen que las posiciones de Walz sobre atención médica se volverán en contra de la fórmula demócrata. Critican el requisito que estableció en 2021 sobre la vacunación contra covid o las pruebas regulares para empleados estatales, su apoyo a la legislación para codificar los derechos al aborto, su respaldo a la legalización de la marihuana recreativa y una ley que firmó para expandir la cobertura de salud pública a ciertos inmigrantes sin residencia legal.
“Bajo el gobernador Walz, vimos una de las agendas más radicales y de izquierda del país. Mientras los estadounidenses buscan unidad, Walz tiene un historial de implementar políticas extremas que solo nos dividen más”, dijo en un comunicado Mark Johnson, líder republicano del Senado estatal de Minnesota. “Ha puesto a nuestro estado en el camino hacia la atención médica gestionada por el gobierno y ha defendido mandatos restrictivos de atención médica que limitan el acceso de los habitantes de Minnesota a la atención que salva vidas”.
Tracy Mitchell, residente de Minnesota, dijo que antes de la elección de Walz, se inclinaba por apoyar a Trump en noviembre porque creía que haría más para reducir sus costos de atención médica.
El anuncio consolidó su decisión: va a votar por Trump.
“Tengo tres hijos, y la atención médica se vuelve costosa”, dijo Mitchell, de 38 años, de Ham Lake, mientras visitaba Stillwater, Minnesota, con su familia. Es la directora de operaciones de programas de una clínica de salud mental.
“La forma en que manejó covid y en términos de atención médica, creo que es demasiado extremo”, dijo.
Aun así, los demócratas expresan la esperanza de que un mayor enfoque en la atención médica les dará una ventaja en las elecciones, aprovechando las preocupaciones de los votantes sobre temas económicos en los estados indecisos.
El 48% de los republicanos o adultos que se inclinan por los republicanos dijeron que la asequibilidad de la atención médica es un problema muy grande en el país, según una encuesta de mayo del . El 65% de los demócratas o adultos que se inclinan por los demócratas estuvo de acuerdo.
La preocupación supera a la inmigración ilegal, el déficit presupuestario federal, la violencia armada y las adicciones.
Tres de cada cuatro adultos dijeron que están muy o algo preocupados por poder pagar facturas médicas inesperadas, según realizada en enero y febrero por KFF, una organización sin fines de lucro de información sobre salud que incluye a ºÚÁϳԹÏÍø News.
“Los republicanos siempre han sufrido porque hablan de la atención médica en términos económicos”, dijo William Pierce, director senior en APCO Worldwide, una firma global de asesoría y defensa, y ex asistente del Congreso republicano. “Los demócratas hablan de ello como un tema personal. La elección de Walz les da una mayor oportunidad de empujar más fuerte”.
El homólogo de Walz en la fórmula republicana, el senador por Ohio JD Vance, tiene menos experiencia en temas de atención médica. Pero ha tratado de mostrar preocupación por el aumento de los costos y las barreras para acceder a la atención.
Durante una visita reciente a Eau Claire, Wisconsin, Vance dijo que el gobierno debe hacer más para preservar el acceso a la atención médica en la América rural.
En una publicada en julio de 2017 en The New York Times, mucho antes de postularse para el Senado como republicano, Vance expresó su apoyo a algunas disposiciones de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), y criticó el impulso del partido republicano para derogar la ley porque, dijo, la propuesta “retira sus apoyos para los pobres”.
Desde que es candidato a vicepresidente, Vance ha alineado con los de Trump sobre ACA, una ley que Trump intentó y no pudo derogar mientras era presidente.
“La diferencia es entre quienes defienden ACA y quienes la derogarían; la elección de Walz hace que ese contraste sea más claro que nunca”, dijo Anthony Wright, director ejecutivo de Families USA, una organización no partidista centrada en el acceso y la asequibilidad de la atención médica.
Vance ha apoyado permitir que los precios de los medicamentos de Medicare, un particular punto de acuerdo en la política de salud con los demócratas.
Al igual que Trump, se opone a la atención de afirmación de género para menores transgénero. Pero ha tomado posiciones más firmes que el ex presidente sobre el aborto, una vulnerabilidad que los demócratas han tratado de explotar. El apoyo público a los derechos al aborto ha aumentado desde que la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade en 2022, y muchos estados liderados por republicanos tomaron acciones para imponer prohibiciones estrictas.
Ambas campañas, demócrata y republicana, están atrayendo un nuevo escrutinio sobre sus posiciones en la atención médica. El super PAC de la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, Californians for Choice, lanzó un anuncio este mes diciendo que Vance apoya una prohibición nacional del aborto, “despojándonos de nuestra libertad”.
Al igual que Trump, Vance ha dicho recientemente que los estados deberían decidir las políticas específicas sobre el aborto, pero anteriormente del aborto a nivel nacional.
Mientras tanto, la campaña de Trump ha etiquetado a Walz como “Tampon Tim” debido a que firmó que requiere que los productos menstruales estén disponibles para “todas las estudiantes en los baños que utilizan regularmente en los grados 4 a 12, según un plan desarrollado por el distrito escolar”.
Un anuncio reciente de la campaña de Trump llamó a Walz “demasiado raro. Demasiado radical”.
Pero agregar a Walz a la fórmula electoral ha inyectado energía a los votantes demócratas con preocupaciones de atención médica. Como Angel Palm, de 32 años, entrenadora de vida para personas con discapacidades que vive en Fridley, Minnesota.
“Mi hijo es autista y tiene costos médicos. Es muy importante”, dijo a ºÚÁϳԹÏÍø News. “Estoy muy emocionada”.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1901839&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>La llevaron a un hospital en Clovis, una ciudad del condado de Fresno, cerca de donde viven los Reisz. Pero por la gravedad de las lesiones (Megan tenía cuatro costillas rotas y un pulmón parcialmente colapsado) los médicos decidieron trasladarla 12 millas en ambulancia hasta el centro de traumatología Nivel I del Centro Médico Regional Comunitario en Fresno.
Mientras Megan todavía se recuperaba de las lesiones en su hogar, recibió una factura de $2,400 de la compañía de ambulancias, después que el plan de salud familiar pagara casi $2,200.
“Cuando recibimos la factura, pensé que nuestra aseguradora estaba procesando el reclamo incorrectamente”, dijo Jennifer Reisz. Reisz, quien es abogada, dice que pasó horas hablando por teléfono con el plan de salud, la compañía de ambulancias y algunos defensores del consumidor.
Se enteró que la compañía de ambulancias no estaba en la red de su plan médico, y que se le permitía facturar a los pacientes cualquier parte no cubierta de sus cargos, una práctica conocida como facturación de saldo.
A partir del 1 de enero de 2024, los operadores de ambulancias terrestres ya no podrán llevar a cabo esta práctica, gracias a firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom. California es el que brinda cierta protección contra la facturación de saldo por viajes en ambulancia terrestre.
A nivel federal, un comité asesor establecido por el , está trabajando en un plan para .
Tanto la ley federal, que entró en vigencia en 2022, como una ley de California anterior prohibieron en gran medida la facturación del saldo de la atención hospitalaria y los servicios de ambulancia aérea, pero no los de ambulancias terrestres.
Y eso no es justo, ya que en una emergencia médica los pacientes no tienen control sobre qué compañía de ambulancias responde, si está dentro de la red, o cuánto cobrará.
​En California, casi de los traslados de emergencia en ambulancia terrestre generan facturas fuera de la red. La factura sorpresa promedio por un viaje en ambulancia terrestre en California es de $1,209, la más alta del país, según .
La nueva ley, que se aplica a alrededor de inscritos en planes de salud comerciales regulados por el estado, limita cuánto un operador de ambulancia fuera de la red puede cobrar a los pacientes con respecto al monto que pagarían por una ambulancia dentro de la red.
La ley también limita las facturas de las personas sin seguro, estipulando que no se les puede cobrar más que la tarifa de Medi-Cal o Medicare, la que sea mayor. (Medi-Cal es el programa de Medicaid de California, que brinda cobertura a personas con bajos ingresos o con ciertas discapacidades). Y prohíbe a los operadores de ambulancias y cobradores de deudas reportar a los pacientes a una agencia de calificación crediticia o emprender acciones legales contra ellos durante al menos 12 meses después de la factura inicial.
Según la ley actual, las personas en peligro a veces se niegan a llamar a una ambulancia por temor a una factura enorme, lo que podría[BW1] [BW2] ponerlos a ellos mismos o a un ser querido en riesgo, dijo Katie Van Deynze, defensora legislativa y de políticas de Health Access California, que patrocinó la legislación. Afirma que con la nueva ley “tendrán tranquilidad”.
Las leyes existentes ya protegen a los beneficiarios de Medicare y Medi-Cal de facturas sorpresa por el uso de ambulancias terrestres. La nueva ley no cubre a los casi 6 millones de californianos inscritos en el subconjunto de planes de salud patrocinados por empleadores que están regulados a nivel federal.
El comité asesor que trabaja en una solución federal acordó la primera semana de noviembre propuestas no vinculantes que prohibirían, entre otras cosas, la facturación de saldo para la gran mayoría de los viajes en ambulancia y limitarían la responsabilidad financiera de los pacientes a $100. El comité planea informar formalmente sus recomendaciones al Congreso a principios del próximo año para una potencial legislación.
Según la nueva ley de California, los pacientes pueden esperar ahorrar un promedio de casi $1,100 por viaje en ambulancia de emergencia y más de $800 por viaje que no sea de emergencia durante el primer año, según realizado a principios de este año.
Los planes de salud deberán pagar a los operadores de ambulancias las tarifas establecidas por las autoridades del condado, lo que según el estudio aumentaría la cantidad promedio que pagan las aseguradoras por viaje en alrededor de $2,000.
Dado que los viajes en ambulancia representan un pequeño porcentaje del gasto general de los planes de salud, esos aumentos no deberían elevar mucho las primas.
Pero, con el tiempo, las autoridades locales podrían verse tentadas a aumentar las tarifas de las ambulancias para aumentar los ingresos de los operadores de ambulancias públicos, como los departamentos de bomberos, dijo Loren Adler, director asociado de la Iniciativa Brookings Schaeffer sobre Políticas de Salud. Eso podría impulsar a los planes de salud a aumentar los copagos de las ambulancias, eliminando algunos de los ahorros para los consumidores derivados de la nueva ley, apuntó Adler.
Jenn Engstrom, directora de CalPIRG, un grupo de defensa que ayudó a impulsar la ley a través de la legislatura, señaló que habrá responsabilidad incorporada, ya que la legislación requiere informes públicos sobre las tarifas de las ambulancias. “Si notamos que las cosas empiezan a dispararse, será necesaria una acción legislativa o una acción local”, dice Engstrom.
Reisz dijo que la compañía de ambulancias que transportó a su hija canceló la factura después que ella dejara en claro que no tenía intención de pagarla, y después que su plan de salud amortiguó el gasto un poco más. Pero, como señala, no todas las personas son abogadas expertas en defender su causa.
Incluso si no eres un maestro de la retórica, puedes tomar medidas sencillas para protegerte contra errores o contra operadores de ambulancias que ignoren la nueva ley.
Revisa tu póliza para conocer tu deducible y cualquier copago o coseguro en caso de que alguna vez necesites una ambulancia. Si recibes una factura por un traslado en ambulancia, no la pagues de inmediato. Consulta la explicación de beneficios de tu aseguradora para asegurarte que lo que [BW3] dice que debes coincida con lo que crees que debería ser el monto de tu costo compartido. Si la factura es más alta, es posible que la compañía de ambulancias esté intentando engañar. Llama a la compañía de ambulancias y diles que deben reducir la factura. Si no lo hacen, presenta una queja ante tu plan de salud e incluye una copia de la factura.
Si no estás de acuerdo con la decisión de tu plan, o el plan tarda más de 30 días en responder, lleva tu queja al regulador.
La nueva ley exige que tu aseguradora te informe si tu plan de salud está regulado por el estado y, por lo tanto, sujeto al estatuto. Si es así, es probable que el regulador sea el Departamento de Atención Médica Administrada.
Puedes comunicarte con esa agencia en línea (www.healthhelp.ca.gov) o por teléfono al 1-888-466-2219. Si tu plan de salud está regulado por el Departamento de Seguros, puedes presentar (www.insurance.ca.gov) o llamar al 1-800-927-4357.
Otro buen recurso es , que ofrece asistencia legal gratuita en varios idiomas. Llama al 1-888-804-3536.
Este artículo fue producido por ÌýºÚÁϳԹÏÍø News, que publicaÌý, un servicio editorialmente independiente de laÌý.Ìý
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1770354&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Pero las protecciones de la ley contra los exasperantes costos de estas facturas médicas sorpresa… vienen con sorpresas.
Esto es lo que necesitas saber.
Estudios han demostrado que aproximadamente una de cada 5 visitas a las salas de emergencias resulta en .
Con frecuencia, estas cuentas provienen de médicos y anestesiólogos de la sala de emergencias, entre otros especialistas que a menudo están fuera de la red del seguro del paciente, y a los que el paciente no elige.
Antes de que la ley entrara en vigencia, el problema era más o menos así: digamos que necesitabas una cirugía. Escogías un hospital dentro de la red, es decir, uno que acepta tu plan de salud y que negocia los precios con tu aseguradora.
Pero uno de los médicos que te atendió no recibe tu seguro. ¡SORPRESA! Tienes una factura grande, además de las facturas del hospital y de otros médicos. Tu aseguradora no cubrió gran parte, si no es que se negó a pagar el reclamo por completo. Se esperaba que tú pagaras el saldo.
La nueva ley, conocida como , estipula, en términos generales, que a los pacientes que buscan atención en un hospital que está dentro de su red de cobertura no se les puede facturar más que la tarifa negociada dentro de la red por cualquier servicio fuera de la red que reciban allí.
En lugar de dejar al paciente con una factura inesperada que el seguro no cubrirá, la ley dice que la aseguradora y el proveedor de atención médica deben determinar cómo se paga esa cuenta.
Pero la ley crea un margen de maniobra grande para los proveedores que quieran burlarla.
Si bien las protecciones de la ley se aplican a los hospitales, no se aplican a muchos otros lugares, como consultorios médicos, centros de maternidad o la mayoría de las clínicas de urgencias. Las ambulancias aéreas, a menudo una fuente de facturas exorbitantes fuera de la red, están cubiertas por la ley. Pero las ambulancias terrestres no.
Los pacientes deben estar atentos para evitar tras trampas, dijo Patricia Kelmar, directora de campañas de atención médica de la organización sin fines de lucro Public Interest Research Group, que abogo a favor de la ley.
Supongamos que vas a tu chequeo anual y tu médico quiere realizar pruebas. Convenientemente, hay un laboratorio justo al final del pasillo.
Pero el laboratorio puede estar fuera de la red, a pesar de compartir el espacio de la oficina con tu médico. Incluso con la nueva ley vigente, ese laboratorio no tiene que advertirte que está fuera de la red.
Los proveedores fuera de la red pueden darles a los pacientes un formulario sobre sus protecciones contra facturas inesperadas, llamado “Formulario de protección de facturación sorpresa”.
Pero firmándolo renuncias a esas protecciones y, además, das tu consentimiento para que te cobren tu tratamiento al costo de tarifas fuera de la red.
Entre otras cosas, el formulario debe tener una “estimación de buena fe” de lo que se te cobrará. Incluso ofrecer una lista de proveedores alternativos.
También debe informarte de algo desafortunado: el proveedor puede decirte que no te va a tratar si te niegas a renunciar a tus protecciones.
Es contra la ley que algunos proveedores te den este formulario. Estos incluyen médicos de la sala de emergencias, anestesiólogos, radiólogos, y cirujanos asistentes.
Debes estar muy atento. Muchos pacientes informan que simplemente les dan un iPad para registrar su firma en las salas de emergencia y consultorios. Insiste en ver el formulario detrás de la firma para saber exactamente lo que estás firmando.
Si percibes que hay un problema, no firmes, dijo Kelmar. Pero si estás en un aprieto, por ejemplo, porque recibes este formulario y necesitas atención urgente, hay formas en las que puedes contraatacar:
- Escribe en el formulario que estás “firmando bajo coacción” y anota el problema (por ejemplo, “Los centros de medicina de emergencia no pueden presentar este formulario”).
- Toma una foto del formulario con tus notas. Considera también grabar un video de tí mismo con el formulario, describiendo cómo viola la ley federal.
- ¡Haz una denuncia! Hay una línea directa federal (1-800-985-3059) y un sitio web para denunciar todas las violaciones a la nueva ley, salvo las facturas sorpresa. Tanto la línea directa como el sitio web ayudan a los pacientes a decidir qué hacer.
El nuevo beneficio de “estimado de buena fe” se aplica a cualquier lugar donde recibas atención médica.
Una vez que hagas una cita, el proveedor debe avisarte con anticipación lo que podrías esperar pagar sin seguro (en otras palabras, si no tienes seguro o decides no usarlo). Tu factura final no puede exceder la estimación en más de $400 por proveedor.
Teóricamente, esto brinda a los pacientes la oportunidad de reducir sus costos comparando o eligiendo no pagar con el seguro. Es particularmente atractivo para pacientes con planes con deducibles altos, pero no exclusivamente: el precio en efectivo de la atención puede ser más barato que pagar con seguro.
Además: no estaría de más preguntar si éste es un precio con todo incluido, no solo un precio base al que se pueden agregar eventualmente otros servicios.
No basta con preguntar: “¿Aceptas mi seguro?”.
Todavía corresponde a los pacientes determinar si la atención médica está cubierta. Antes de una cita o procedimiento, pregunta si el proveedor acepta tu seguro y que sea específico.
Kelmar dijo que la pregunta que debe hacerse es: “¿Está en la red de mi plan?”, dando el número del plan y grupo.
La realidad es que tu aseguradora (Blue Cross Blue Shield, Cigna, etc.) tiene muchos planes diferentes, cada uno con su propia red. Una red puede cubrir a un determinado proveedor; y otra no.
Revisa tu correspondencia
Para asegurarte de que nadie te facture más de lo esperado, presta atención a tu correo. Las visitas al hospital, en particular, pueden generar mucho papeleo. Cualquier cosa facturada debe detallarse en una declaración de su aseguradora llamada explicación de beneficios o EOB.
¿Notas algo fuera de lugar? Haz algunas llamadas antes de pagar: a tu aseguradora, al proveedor y, por supuesto, a la nueva línea directa federal: 1-800-985-3059.
Dan Weissmann es el conductor de , un podcast sobre los costos de la atención de salud. Esta columna está adaptada para su newsletter .
ºÚÁϳԹÏÍø News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .This <a target="_blank" href="/es/health-care-costs/como-evitar-facturas-medicas-sorpresa-y-las-trampas-de-la-nueva-ley/">article</a> first appeared on <a target="_blank" href="">KFF Health News</a> and is republished here under a <a target="_blank" href=" Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.<img src="/wp-content/uploads/sites/8/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=150" style="width:1em;height:1em;margin-left:10px;">
<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1464368&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Pero muchos empleadores con planes de salud autofinanciados parecen creer que están exentos de estas reglas.
Cuando los kits de pruebas aún eran escasos, el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (VUMC) en Nashville, Tennessee, puso en acción sus laboratorios clínicos. Se hizo cargo de casi todas las pruebas en gran parte de Tennessee.
Otros sistemas de salud ni siquiera intentaron competir, aunque las pruebas debían estar cubiertas por los seguros.
A fines de marzo, el Congreso aprobó dos leyes, el Families First Coronavirus Response Act y el CARES Act, que esencialmente establecieron no solo que las pruebas para COVID tenían que estar cubiertas, sino que los pacientes no debían pagar un centavo. Sin embargo, VUMC ha descubierto que con frecuencia ese no es el caso.
“Cerca de la mitad de estos pacientes potencialmente tienen algún costo de bolsillo, ya sea por las pruebas o por servicios complementarios”, dijo Cecelia Moore, directora financiera de VUMC.
VUMC está reteniendo las facturas de estos pacientes, en lugar de enfrentar una reacción violenta por la facturación sorpresa durante la pandemia, explicó Moore.
El problema se reduce a una interpretación de si la nueva legislación federal aplica a los planes de salud ofrecidos por los empleadores más grandes.
Esas compañías, que cientos o miles de empleados, generalmente usan su propio dinero para pagar reclamos, como una forma de reducir los costos. revela que la mayoría de los estadounidenses con cobertura de salud están en este tipo de planes.
Por ejemplo, BlueCross BlueShield of Tennessee puede ser la aseguradora que figura en la tarjeta del empleado, pero solo administra los pagos: el empleador paga los reclamos. Estos planes a menudo se denominan autofinanciados o autoasegurados, y puede que esto no esté claro para los empleados bajo estos planes.
Según múltiples fuentes, muchas de las compañías con estos planes están operando como si estuvieran exentas de las nuevas reglas federales.
“Pareciera que la ley puede haber dejado a estos empleadores fuera de ciertos detalles”, dijo Mike Thompson, CEO de la National Alliance of Healthcare Purchaser Coalitions.
Esta alianza representa a empleadores con planes de salud autofinanciados. Dijo que algunos no renuncian a los copagos y otras facturas, aunque la mayoría solo factura por la prueba para COVID-19 en sí y no por la visita al médico o la prueba para descartar la gripe.
“Muchos de ellos han optado por cubrir el primer dólar, pero de diferentes maneras. Es posible que hayan incluido o no los tratamientos relacionados”, dijo Thompson, quien admite que hay mucha confusión.
Otras asociaciones que representan planes de salud financiados por el empleador, incluido el Business Group on Health, dijeron que sus miembros generalmente siguen el espíritu de la ley.
Pero los expertos en políticas de salud no ven espacio para la interpretación.
“No importa si es un plan autofinanciado o cubierto totalmente por la aseguradora, si es de un pequeño empleador o de un gran empleador, o si lo compras por tu cuenta en el mercado”, dijo Karen Pollitz, analista senior de KFF. “Todo seguro privado debe cubrir el 100% del costo de las pruebas para COVID-19”.
Pollitz dijo que le molesta que los empleadores estén tratando de argumentar lo contrario.
Aun así, está sucediendo, y no solo en Tennessee.
Duke Health en Carolina del Norte confirma que no está facturando reclamos relacionados con las pruebas o el tratamiento de COVID, citando una falta de claridad sobre lo que el paciente tiene que pagar.
En California, el Centro Médico UCSF también está retrasando la facturación, y el Centro Médico UCLA está presionando a los planes de salud para que paguen su parte.
“UCLA Health no factura a los pacientes por las pruebas para COVID-19, incluso si el plan de salud no paga por error”, dijo el vocero Enrique Rivero en un comunicado por escrito. “Nosotros notificamos a las aseguradoras de su error y solicitamos que vuelvan a procesar los reclamos de conformidad con las pautas de la Ley CARES”.
La NYU Langone Health y la Clínica Cleveland dijeron que no facturarán a los pacientes ningún costo compartido por las pruebas, incluso si eso significa que tienen que pagar el costo.
El problema se extiende más allá de los centros médicos académicos.
Envision Health, una empresa con sede en Nashville que opera con personal propio cientos de salas de emergencia en todo el país, está reteniendo 200,000 facturas relacionadas con las pruebas para COVID-19 debido a la confusión sobre quién cubre los costos compartidos.
Por lo que, muchas facturas médicas que serían “sorpresa” todavía están esperando ser enviadas. Solo en Vanderbilt, el centro médico ha retenido más de $6 millones en facturación desde mediados de marzo.
“Seguramente sorprenderemos, pero no en este momento”, dijo Heather Dunn, vicepresidenta de servicios de ingresos de VUMC.
Dado el creciente desdén por las facturas médicas sorpresa, Dunn espera una reacción violenta de los pacientes vulnerables.
“Mi mayor temor es por los pacientes que ya tienen COVID o enfrentan problemas después, o han perdido su trabajo. No les diría: ‘su aseguradora ha transferido este copago de $50’”, dijo.
A veces, el paciente también se queda con un gran deducible, que puede sumar cientos de dólares.
Dunn dijo que no puede retrasar la facturación para siempre y que el hecho de que las pruebas sean gratuitas para los pacientes no significa que no tengan costo.
Por Blake Farmer
Esta historia es parte de una asociación que incluye , y Kaiser Health News.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1107927&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Justo antes de enfermarse, había viajado a Nueva York, ayudado con computadoras en una prisión local y salido en múltiples llamadas como bombero voluntario.
Con los casos de COVID-19 en aumento en todo el país, llamó a su médico para pedirle instrucciones. Se le dijo que fuera al consultorio, donde el personal tomó muestras para la gripe y otros virus mientras estaba sentado en su camioneta. Los resultados fueron negativos.
Para el 9 de marzo, le informó a su médico que se sentía mejor, pero que aún tenía tos y un poco de fiebre. En cuestión de minutos, recibió una llamada de los jefes de la sala de emergencias de un hospital y del departamento de enfermedades infecciosas donde vive en el norte del estado de Nueva York: le dijeron que tenía que ir de inmediato a la sala de emergencias para una nueva prueba de coronavirus disponible.
Aunque le ofrecieron enviar una ambulancia, se sintió bien y condujo el viaje de una hora.
En una sala de aislamiento, los médicos le pusieron un goteo intravenoso, le hicieron una radiografía de tórax y tomaron nuevas muestras con hisopos.
Ahora, ya trabajando desde su casa, se enfrenta a una montaña de cuentas. Lo que le toca pagar, según su aseguradora, es cerca de $2,000, y teme que vayan a llegar más facturas.
“Creía que todo esto estaría cubierto”, dijo Cencini, quien gana $54,000 al año. “Podría haber elegido no hacer todo esto y poner en riesgo a muchos otros. Pero estaba tratando de hacer lo correcto”.
El nuevo paquete de ayuda para el coronavirus de $2 mil millones asigna a lo que el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer de Nueva York llamó para hospitales y necesidades médicas.
Pero nadie está haciendo mucho para rescatar de manera similar a los pacientes del estrés financiero relacionado. Y necesitan desesperadamente protección contra el tipo de facturas como la de Cencini, en un sistema que cobra libremente por cada atención que dispensa.
El 18 de marzo, el presidente Donald Trump destinada a garantizar que los estadounidenses puedan hacerse la prueba del coronavirus sin importar si tienen seguro o no. (También que las aseguradoras de salud acordaron renunciar a los copagos de los pacientes para el tratamiento de COVID-19, la enfermedad causada por el virus).
Pero las normas publicadas varían ampliamente.
Si bien las aseguradoras acordaron cubrir el costo total de las pruebas diagnósticas de coronavirus, eso puede resultar ilusorio: la prueba de Cencini fue gratuita, pero su visita a la sala de emergencias para obtenerla no.
Como podría esperarse en un país donde el precio de una radiografía de rodilla puede , los laboratorios hasta ahora están cobrando entre aproximadamente (la tasa de reembolso de Medicare) y más de $100 para la prueba. ¿Cuánto cubrirán las aseguradoras?
Esos laboratorios de pruebas quieren que se les pague, y ya. La semana del 23 de marzo, la Asociación Americana de Laboratorios Clínicos (ACLA), un grupo de la industria, se quejó de que estaban siendo ignorados en el paquete de coronavirus.
“En conjunto, estos laboratorios han completado más de 234,000 pruebas hasta la fecha, y casi cuadruplicaron nuestra capacidad de prueba diaria durante la semana pasada”, dijo Julie Khani, presidenta de ACLA, en . “Todavía están esperando el reembolso por las pruebas realizadas. En muchos casos, los laboratorios están recibiendo muestras con información de seguro incompleta o nula y tienen la carga de absorber el costo”.
Hay pocas disposiciones en los paquetes de ayuda para garantizar que los pacientes estén protegidos de grandes facturas médicas relacionadas con las pruebas, la evaluación o el tratamiento, especialmente porque gran parte de esto se lleva a cabo en un entorno financiero de alto riesgo para los pacientes: la sala de emergencias.
En realizado el año pasado, aproximadamente a una sala de emergencias o estadías en un hospital tenían al menos un cargo fuera de la red, lo que aumenta el riesgo de que los pacientes reciban facturas médicas sorpresa, muchas de las cuales exigen copagos.
Esto se debe en gran parte a que muchas salas de emergencias dentro de la red están atendidas por médicos que trabajan para empresas privadas, que no están en las mismas redes. En , más del 30% de los servicios de médicos de urgencias estaban fuera de la red, y la mayoría de esos servicios se prestaron en hospitales dentro de la red.
El médico que vio a Cencini trabaja con los Servicios de Atención de Emergencia de Nueva York, que proporciona médicos contratados a hospitales y tiene acuerdos con algunas aseguradoras, pero no todas. Está afiliada a TeamHealth, un negocio de propiedad de la firma de capital privado Blackstone que ha sido criticado por generar facturas sorpresa.
Algunos senadores querían poner una disposición en la legislación aprobada en respuesta al coronavirus para proteger a los pacientes de la facturación sorpresa fuera de la red, ya sea una cláusula amplia o una específicamente relacionada con la atención del coronavirus.
Los cabilderos de los hospitales, las firmas de personal médico y las ambulancias aéreas aparentemente ayudaron a garantizar que se mantuviera fuera de la versión final. Interpretaron lo que una persona familiarizada con las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato, llamó “la tarjeta COVID”: “¿Cómo podrían pedirnos que lidiemos con la facturación sorpresa cuando estamos tratando de combatir esta pandemia?”.
Incluso sin una visita a la sala de emergencias, existen riesgos de facturación peligrosos. No todos los hospitales y laboratorios son capaces de realizar la prueba. ¿Y si mi médico dentro de la red envía mi prueba de coronavirus a un laboratorio fuera de la red? Antes de la pandemia, el proyecto “Bill of the Month” de Kaiser Health News-NPR produjo una historia sobre Alexa Kasdan, una neoyorquina con un resfriado, cuyo hisopado de garganta fue enviado a un laboratorio fuera de la red que facturó más de $28,000 por las pruebas.
Incluso los pacientes que no contraen el coronavirus corren un mayor riesgo de recibir una factura médica sorpresa durante la crisis actual, cuando una emergencia de salud no relacionada podría llevarlo a un hospital desconocido fuera de la red porque su hospital está colmado de pacientes con COVID-19.
Los proyectos de ley de coronavirus aprobados hasta ahora, y los que están sobre la mesa, ofrecen una protección inadecuada frente a un sistema preparado para facturar a los pacientes por todo tipo de costos. La , aprobada en marzo, indica que la prueba y sus cargos relacionados se cubrirán sin cargo para el paciente solo en la medida en que estén relacionados con la administración de la prueba o la evaluación de si un paciente la necesita.
Eso deja un amplio espacio de acción para los que facturan. Cencini fue a la sala de emergencias para hacerse una prueba, como se le indicó. Cuando llamó para quejarse por su factura de $1,622.52, un representante confirmó que la visita a la sala de emergencias y otros servicios prestados serían “elegibles para costos compartidos” (en su caso, todo, ya que no había alcanzado su deducible).
El fin de semana del 28 de marzo se le notificó que el cargo médico de los Servicios de Atención de Emergencia de Nueva York era de $1,166. Aunque está “cubierto” por su seguro, debe otros $321 por eso, lo que eleva su gasto de bolsillo a casi $2,000.
Por cierto, su prueba resultó negativa.
Cuando colgó el teléfono con su aseguradora, su sangre estaba “hirviendo”, dijo. “¿Mi jubilación se está hundiendo y se espera que pague por esto?”
El paquete de ayuda de coronavirus proporciona un pago-estímulo de $1,200 por persona para la mayoría de los adultos. Gracias a las tendencias de facturación del sistema de salud estadounidense, eso no compensará completamente las facturas médicas de Cencini.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1078581&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Por eso hizo algo poco habitual. En lugar de simplemente firmar el formulario de consentimiento económico y de tratamiento del hospital, Richter primero tachó las secciones que le pedían que pagara lo que cobraba el hospital. Y escribió que su pago sería un “máximo de dos veces” lo que el gobierno federal pagaría bajo Medicare, lo cual está en el límite, según los expertos, de lo que los hospitales debían considerar una tasa aceptable.
“Lo firmé, tomé una foto y se la devolví”, dijo Richter, co-presidente de la consultora Aventria Health Group.
Según activistas de salud, tales alteraciones de los formularios de consentimiento podrían proporcionar cierta protección contra las facturas sorpresa, aunque hay cosas a tener en cuenta sobre una idea que está por probarse.
Estas facturas —a menudo llamadas “facturas de saldo”— se presentan cuando los proveedores fuera de la red cobran más de lo que pagan las aseguradoras y los pacientes son responsables de pagar el saldo. Los legisladores aseguran que quieren ayudar, pero la legislación se estancó en el Congreso a finales del año pasado. Y aunque algunos estados cuentan con leyes sobre facturas de saldo, no se aplican a muchos pacientes con seguros basados en el trabajo.
Richter y otros activistas dicen que los pacientes deben buscar protección en la ley estatal de contratos.
Lo que pocos pacientes comprenden es que los formularios económicos y de admisión funcionan como contratos que detallan que el hospital proporcionará ciertos servicios y los pacientes pagarán por ellos. Esos formularios a menudo especifican que los pacientes son responsables de “los cargos totales”.
Y ahí radica el problema para quienes se encuentran en un centro fuera de la red o son atendidos por un proveedor fuera de la red en un hospital dentro de la red.
En esos casos, los proveedores a menudo facturan “cargos” completos, que son cantidades fijadas por los propios proveedores y pueden ser varias veces más altas que las que pagan generalmente las aseguradoras o Medicare. Los pacientes con seguro privado —no los pacientes de Medicare, en general— pueden considerarse como responsables del saldo.
Pero al escribir sus propias condiciones, los pacientes pueden tener influencia en las negociaciones o incluso ante los tribunales si surgen disputas sobre los pagos fuera de la red, o servir al menos como prueba de que no aceptaron pagar el total, según activistas y algunos expertos.
Los pacientes que lo intentan aún podrían recibir una gran factura de saldo. Pero “la diferencia es que puedes decir: ‘Yo ofrecí esto, pero ellos lo rechazaron'”, en lugar de firmar el acuerdo original de pagarlo todo, señaló Al Lewis, CEO de Quizzify, una compañía de educación de salud para empleados.
Lewis es el creador del concepto “dos veces Medicare”, incluso sugiriendo palabras para que los pacientes las impriman y las lleven consigo en , porque asegura que es una cantidad que es defendible.
Si un hospital rechaza “dos veces Medicare y va a la corte, su abogado dirá: ‘Podríamos perder'”, comentó Lewis.
La mejor manera de poner esto en práctica es sólo en casos de emergencia, donde la ley federal requiere que los hospitales estabilicen a los pacientes, y no los abandonen en un estacionamiento, sin importar su capacidad de pago. Sin embargo, a los pacientes que se niegan a firmar documentos o intentan alterarlos en casos no urgentes —por ejemplo, en una visita médica o una cirugía electiva— se les podría negar el servicio.
Incluso en emergencias, no hay garantía de que el hospital acepte, más tarde, los límites propuestos por los pacientes en cuanto a lo que puede cobrar por la atención fuera de la red.
“Es un argumento difícil de sostener si el paciente lo cambia unilateralmente”, dijo Ericka Adler, socia del bufete de abogados Roetzel & Andress en Chicago, que representa a grupos de médicos, incluidos los que trabajan fuera de la red en los hospitales. “No será un contrato válido a menos que ambas partes lo firmen”.
No le ha pasado con sus clientes del hospital. Pero con los médicos de consulta, en casos no urgentes, algunos pacientes han tratado de escribir advertencias en sus formularios.
“Nunca hemos tenido problemas para hacer cumplir los términos de nuestra política original”, añadió.
Aun así, algunos juristas cuestionan la premisa de que los formularios de consentimiento económico de los hospitales sean en sí mismos contratos válidos. Eso se debe a que la ley de contratos requiere un “consentimiento mutuo”, algo que los pacientes no pueden dar porque rara vez se les dice el verdadero precio de la atención por adelantado, antes de firmar, según el profesor de derecho Barak Richman.
“Hay algo profundamente explotador en el proceso”, señaló Richman, que estudia derecho contractual y enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke.
Aun así, dijo que los jueces a menudo “son demasiado respetuosos de estos contratos” cuando las facturas de saldo en disputa terminan en los tribunales, especialmente con esa vaguedad de que los pacientes “prometen pagar todos los cargos”.
Si los pacientes alteran la redacción con sus propios términos, siempre y cuando acepten pagar una cantidad razonable, entonces los jueces también pueden considerar ese lenguaje añadido, puntualizó Richman.
“Esto no es una locura de ninguna manera”, enfatizó Richman. “En la medida en que los tribunales se basan en el lenguaje específico del contrato de admisión, entonces debería ser una estrategia exitosa”.
Pero no es fácil hablar en medio de la tensión de una emergencia.
“Creo que sería legalmente efectivo”, aseguró Mark Hall, profesor de derecho y salud pública en la Universidad de Wake Forest. “Sin embargo, requiere que los pacientes sean mucho más astutos y estén mejor preparados de lo que es típico en la mayoría de las situaciones de facturación sorpresa”.
Richter dijo que tuvo que aguantar la mala actitud de un administrador impaciente cuando pidió una copia en papel del formulario de consentimiento, en lugar de la firma digital que le pedían.
Al final, resultó que no había ninguna factura adicional para su marido, que tiene seguro a través de su trabajo. La pareja no sabe si eso se debe a que todos los profesionales de salud que lo atendieron estaban en la red, o si fue su postura proactiva ante los formularios.
“Soy una persona que no se deja presionar”, dijo Richter.
Pero hay que encontrar una solución, más allá de la actitud de aquellos individuos que tratan de reescribir los contratos del hospital, indicó Richman.
“Nadie cree que podamos resolver esta epidemia nacional de facturas sorpresa con casos judiciales individuales”, añadió. “Pero esto podría crear conciencia sobre lo que la gente firma cuando recibe atención médica”.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1057543&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Los votantes se han quejado con frecuencia que el debate ha sido confuso y difícil de seguir. El foco de atención hasta ahora se ha centrado en si el país debe hacer la transición a un programa de Medicare para Todos que garantizaría la cobertura a todos los residentes de los Estados Unidos, y resultaría en impuestos más altos para la mayoría. Pero el debate sobre la salud es más que eso.
La campaña ya está viviendo momentos clave: las asambleas electorales en Iowa el 3 de febrero, las primarias en New Hampshire el 11, la votación en Nevada y Carolina del Sur a finales de mes. Para el 3 de marzo, el Súper Martes, los demócratas habrán elegido un tercio de todos los delegados.
Lo que sigue son seis cosas a tener en cuenta en la frenética carrera de las primarias:
Cobertura o sistema universal, Medicare para Todos y el pago único no son lo mismo.
ÌýLa cobertura universal es cualquier método que proporcione seguro médico a los residentes de un país. Se puede establecer de diferentes maneras: a través de programas públicos, privados o una combinación de ambos.
En el sistema de pagador único una entidad, generalmente, pero no siempre, el gobierno, paga por los servicios de salud. El pago único no es lo mismo que la medicina socializada. Esta última generalmente se refiere a un sistema en el que el gobierno paga todas las facturas, es dueño de las instalaciones y emplea a los profesionales de salud. En un sistema de pago único, como Medicare en los Estados Unidos, a las facturas las paga el gobierno, pero el servicio sigue estando mayormente en manos privadas.
Medicare para Todos es una propuesta desarrollada a finales de los años 80. Basándose en la popularidad del programa Medicare para las personas mayores, la idea era extenderlo a toda la población. Sin embargo, dado que los son inferiores a los de muchos seguros privados, las últimas versiones de Medicare para Todos crearían un programa completamente nuevo, y muy generoso, para todos los estadounidenses.
Los votantes están más preocupados por los costos de salud que por la cobertura en sí.
Mientras los demócratas luchan por la mejor manera de asegurar a más personas, la mayoría de los estadounidenses ya tienen cobertura y están mucho más preocupados por el costo. Una entre votantes de tres estados con elecciones tempranas —Iowa, Carolina del Sur y New Hampshire— encontró que les preocupa más el dinero que tienen que pagar de su bolsillo que la cobertura en sí.
Son los precios, estúpido.
Hay una buena razón para que los votantes se preocupen cuando se les pide pagar por servicios médicos. El gasto en salud de los Estados Unidos es dramáticamente más alto que el de otras naciones industrializadas. En 2016, el país que el siguiente país con mayores gastos, Suiza. El gasto general en salud del país es de otras naciones occidentales.
Pero eso no se debe a que los estadounidenses usen más servicios de salud que los ciudadanos de otras naciones desarrolladas. Simplemente pagamos más por los servicios que usamos. En otras palabras, como bromeó en su día el economista Uwe Reinhardt en el título de un artículo académico publicado en 2003, Una investigación posterior confirmó que
Las compañías farmacéuticas y las aseguradoras no son las únicas responsables de los precios altos.
Al escuchar muchos de los mensajes de los candidatos, puede parecer que las farmacéuticas y las aseguradoras son responsables de la mayoría, o de todos los altos gastos de salud en los Estados Unidos
“Los gigantescos grupos de presión de las farmacéuticas y las aseguradoras han gastado miles de millones de dólares en las últimas décadas para asegurar que sus beneficios se antepongan a la salud del pueblo estadounidense”, asegura el senador Bernie Sanders en su “Debemos derrotarlos, unidos”.
Sin embargo, la mayor parte del gasto de las aseguradoras es en Y algunas de sus prácticas son mucho más duras para los pacientes que los altos precios que cobran las farmacéuticas, o los costos administrativos añadidos por las aseguradoras.
Las empresas de Wall Street que han comprado grupos médicos están ayudando a bloquear una solución legislativa a las “facturas sorpresa”; el pago, a menudo enorme, que enfrentan los pacientes que, sin querer, reciben atención fuera de la red de proveedores de su plan. Y aparecen en los medios de comunicación al demandar a sus pacientes por facturas que casi nadie puede pagar.
Los demócratas y los republicanos tienen puntos de vista muy diferentes sobre cómo reparar el tema de salud.
Cuando el tema de salud en la elección presidencial recibe cobertura periodística, la historia se centra en los desacuerdos entre los demócratas. Algunos quieren Medicare para Todos, mientras otros presionan por un cambio menos radical, a menudo descrito como “opción pública” que permitiría, pero no requeriría, que las personas compraran un plan de salud del gobierno.
Sin embargo, hay divisiones mucho más profundas entre demócratas y republicanos. Entre los demócratas, casi todos apoyan que el gobierno juegue un papel más importante en la atención médica; aunque no se ponen de acuerdo sobre lo grande que debe ser ese papel. Los republicanos, en general, quieren ver menos gobierno y más fuerzas de mercado. La administración Trump ya ha implementado o para disminuir la regulación de los seguros privados y se plantea permitir que los estados limiten sus gastos en programas de Medicaid.
Y la mayor diferencia de todas en la próxima campaña es que la administración Trump y un grupo de estados liderados por el Partido Republicano desafían en corte, una vez más, la totalidad de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), argumentando que es inconstitucional ya que la ley fiscal de 2017 derogó la obligatoriedad de pagar una multa por no tener cobertura de salud.
La Corte Suprema ha optado por no decidir el caso a tiempo para las elecciones de 2020, pero es probable que siga siendo un tema crucial en la campaña.
Hay importantes cuestiones de salud más allá de la cobertura y los costos del seguro.
Si bien Medicare para Todos y los precios de los medicamentos han dominado el debate político del año pasado, otras críticas cuestiones de salud han recibido mucha menos atención.
Algunos candidatos han hablado de la , que se convertirá en una necesidad cada vez mayor a medida que los “baby boomers” (los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial) engrosen las filas de los “más mayores”. Algunos han abordado temas de , una crisis permanente de salud pública. Y unos pocos han esbozado planes para las necesidades de los estadounidenses en y de los .
ºÚÁϳԹÏÍø News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .This <a target="_blank" href="/es/aging/elecciones-2020-guia-para-seguir-el-debate-de-salud/">article</a> first appeared on <a target="_blank" href="">KFF Health News</a> and is republished here under a <a target="_blank" href=" Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.<img src="/wp-content/uploads/sites/8/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=150" style="width:1em;height:1em;margin-left:10px;">
<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1048375&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Los proyectos de ley de atención médica y las iniciativas presupuestarias de los políticos están llenas de ideas y dólares, y se oponen a industrias poderosas. Ponen a California, una vez más, a la vanguardia.
Estas propuestas reducirían los costos de los medicamentos recetados, aumentarían el acceso a la cobertura de salud y restringirían e impondrían impuestos al vapeo. Pero la mayoría de los legisladores están de acuerdo en que la falta de vivienda dominará la agenda, incluidas las propuestas para que las personas accedan a un techo mientras reciben tratamiento por problemas de salud física y mental.
“Este presupuesto se duplica en la guerra contra la falta de acceso, desde asumir los costos de atención médica y hacer que el estado produzca nuestros propios medicamentos genéricos hasta expandir el uso de propiedades estatales para construir viviendas rápidamente”, dijo el gobernador Gavin Newsom en una carta a la Legislatura, que acompañó que presentó el viernes 10 de enero. Alrededor de un tercio de ese dinero se asignaría a programas de salud y servicios sociales.
Pero incluso con una súper mayoría demócrata, estas propuestas no son un éxito garantizado. “Hay otros factores en juego, como los grupos de interés con una fuerte presencia en el Capitolio”, incluidos la industria farmacéutica y los hospitales, dijo Shannon McConville, investigadora principal del Instituto de Public Policy Institute of California.
Precios de los medicamentos
El plan de Newsom para crear una marca estatal de medicamentos genéricos es quizás su propuesta de atención médica más audaz en el presupuesto de este año, ya que convertiría a California en el primer estado en ingresar al negocio de fabricación de medicamentos. También puede ser el menos concreto.
Newsom quiere que el estado firme contratos con uno o más fabricantes de genéricos para producir medicamentos que estarían disponibles para los californianos a precios más bajos. La oficina de Newsom proporcionó pocos detalles sobre cómo funcionaría esto o qué medicamentos se producirían. El costo del plan y los ahorros potenciales tampoco se especificaron. (La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, que busca la nominación presidencial demócrata, propuso ).
Debido a que el mercado de genéricos ya es competitivo y los medicamentos genéricos representan una pequeña porción del gasto total en medicamentos, una oferta estatal de drogas genéricas probablemente resultaría en ahorros modestos, dijo Geoffrey Joyce, director de política de salud del Leonard D. Schaeffer Center for Policy & Economics de la USC.
Sin embargo, agregó que podría hacer una diferencia para medicamentos específicos como la insulina, que .
Los representantes farmacéuticos dijeron que están más preocupados por una propuesta de Newsom para establecer un mercado único para la fijación de precios de medicamentos en el estado. Según este sistema, los fabricantes de medicamentos tendrían que ofertar para vender sus medicamentos en California, y tendrían que ofrecer precios iguales o inferiores a los ofrecidos a cualquier otro estado o país.
Los californianos podrían perder el acceso a tratamientos en curso y medicamentos innovadores, advirtió Priscilla VanderVeer, vicepresidenta de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, el brazo de cabildeo de la industria.
Esta propuesta podría “dejar que el gobierno decida qué medicamentos van a obtener los pacientes”, dijo. “Cuando el gobernador establece un precio artificialmente bajo para los medicamentos, eso significa que habrá menos dinero para invertir en innovación”.
Las propuestas de precios de medicamentos de Newsom se basan en su del año pasado que ordena al estado negociar los precios de los medicamentos para los aproximadamente 13 millones de afiliados de Medi-Cal, el programa de Medicaid del estado para residentes de bajos ingresos.
Falta de vivienda
California tiene la mayor población de personas sin hogar a nivel nacional, estimada en más de 151,000 personas en 2019, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Alrededor del 72% de las personas sin hogar del estado en lugar de en refugios o viviendas temporales.
Newsom ha pedido $1.4 mil millones en el presupuesto estatal 2020-21 para personas sin hogar, la mayoría de los cuales se destinarían a vivienda y atención médica. Por ejemplo, $695 millones impulsarían la atención médica y los servicios sociales para personas sin hogar a través de Medi-Cal. El dinero financiaría programas como la atención de recuperación para personas sin hogar que necesitan un lugar para quedarse después de haber sido dados de alta del hospital, y asistencia para pagar el alquiler si la falta de vivienda de una persona está vinculada a los altos costos médicos.
Una inyección por separado de $24.6 millones iría al Departamento de Hospitales del Estado para un programa piloto para mantener a algunas personas con necesidades de salud mental fuera de los hospitales estatales y en programas comunitarios y viviendas.
Cuentas médicas sorpresa
California tiene algunas de las protecciones más fuertes contra facturas médicas sorpresa en la nación, pero ante cargos exorbitantes porque las leyes no cubren todos los planes de las aseguradoras.
La facturación sorpresa se da cuando un paciente recibe atención de un hospital o profesional de salud fuera de la red de proveedores de su plan médico, y luego el médico u hospital le factura al paciente la cantidad que el seguro no cubrió.
El año pasado, el miembro de la Asamblea estatal David Chiu (demócrata de San Francisco) que habría limitado la cantidad que los hospitales podrían cobrar a los pacientes con seguro privado por servicios de emergencia fuera de la red. El proyecto habría requerido que los hospitales trabajaran directamente con los planes de salud en la facturación, dejando a los pacientes solo a cargo de sus copagos, coseguros y deducibles dentro de la red.
Pero Chiu retiró la medida debido a la fuerte oposición de los hospitales, que la criticaron como una forma de fijación de tarifas. Dijo que retomará la batalla este año.
Medi-Cal para inmigrantes sin papeles
California es el primer estado en ofrecer beneficios completos de Medicaid a los residentes elegibles según los ingresos , independientemente de su estatus migratorio.
Ahora los demócratas proponen otra acción pionera: California podría convertirse en la primera en ofrecer Medicaid a adultos de 65 años o más que son indocumentados.
Si bien Medicaid es un programa conjunto estatal-federal, California debe financiar la cobertura total de inmigrantes sin papeles por sí solo.
Newsom apartó $80.5 millones en su propuesta de presupuesto para 2020-21 para cubrir a unos 27,000 adultos mayores en el primer año. Su oficina estimó que los costos actuales serían de aproximadamente $350 millones al año.
Los republicanos se oponen vocalmente a tales propuestas.
Vapeo
de California han restringido la venta de productos de tabaco saborizados en un esfuerzo por frenar el vapeo juvenil.
Pero el año pasado, legisladores estatales sacaron de la mesa la prohibición en todo el estado después de enfrentar la presión de la industria del tabaco.
Ahora, el senador estatal Jerry Hill (demócrata de San Mateo) está de regreso con su propuesta de prohibición a nivel estatal, que puede tener más impulso este año. Desde el verano pasado, una misteriosa enfermedad de vapeo ha enfermado a más de 2.600 personas en todo el país, lo que lleva a 60 muertes, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)., al menos 199 personas se enfermaron y cuatro murieron.
El proyecto de ley de Hill prohibiría las ventas minoristas de productos aromatizados relacionados con cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, incluido el sabor a mentol. También prohibiría la venta de todos los productos de tabaco con y sin sabor, como cigarros, puritos, pipas, tabaco de mascar, tabaco y tabaco para mascar.
Newsom también ha pedido un electrónicos: $2 por cada 40 miligramos de nicotina, además de los impuestos al tabaco ya existentes sobre los cigarrillos electrónicos. El impuesto tendría que ser aprobado por la Legislatura y podría enfrentar una fuerte oposición de la industria.
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