El republicano arremetió contra California en dos ataques políticos consecutivos en mayo, afirmando que el estado, de amplia mayoría demócrata, está cometiendo un “fraude escandaloso” y “robando” al gastar dinero estatal y federal de Medicaid —destinado a cubrir tratamientos médicos básicos— en servicios poco convencionales como ayuda para vivienda y alimentación, membresías de gimnasios e incluso, aseguró, oraciones tribales y exorcismos.

“El programa Medicaid de California paga medicamentos a base de hierbas y entrega de alimentos a domicilio. También paga vivienda”, dijo Kennedy. “No sé qué tiene que ver la vivienda con la atención médica”, exclamó.

“California simplemente está batiendo todo tipo de récords”, añadió. “Son gente fuera de control”.

A pesar de las críticas de los republicanos en el Congreso y del creciente escrutinio por parte de la administración Trump, el gobernador Gavin Newsom, demócrata y posible aspirante a la presidencia, aseguró sentirse orgulloso de que Medi-Cal, el Medicaid de California, invierta en servicios sociales.

Se trata de un programa de varios miles de millones de dólares, diseñado para ayudar a pacientes con problemas de salud complejos y médicamente vulnerables a cubrir necesidades relacionadas con la vivienda, la alimentación y otros factores sociales. Newsom sostiene que esta iniciativa no solo es legal, sino que también representa una forma de brindar atención médica a los californianos con condiciones de salud complejas, que es más rentable y está respaldada por evidencia científica.

Newsom sostiene que se trata de una medida legal, más rentable y respaldada por la evidencia para brindar atención médica a los californianos con problemas de salud complejos. A su juicio, invertir en servicios fuera del ámbito clínico puede ayudar a que las personas eviten las guardias y las internaciones, mejoren su salud a largo plazo y, en última instancia, les ahorren dinero a los contribuyentes. “Se trata de una atención integral de la persona”, explicó Newsom, y añadió que espera que la administración del presidente Donald Trump reconozca el liderazgo de California y considere las “reformas que estamos impulsando como mejores prácticas nacionales”.

Ahora, una de las iniciativas de salud más destacadas del gobernador se encuentra en el centro de una creciente batalla partidista con los republicanos en Washington, D.C., que impulsan medidas para frenar el gasto sanitario de miles de millones de dólares destinado a personas de bajos ingresos y con discapacidades, tanto en estados republicanos como demócratas.

Se trata de una diferencia filosófica. Los conservadores sostienen que los servicios sociales representan una carga financiera para Medicaid y no deberían considerarse atención médica, mientras que los liberales argumentan que invertir en prevención termina ahorrando dinero.

Aunque este tipo de programas se expandieron por todo el país durante la presidencia de Joe Biden, la administración Trump la política federal que alentaba a los programas estatales de Medicaid a abordar las necesidades sociales relacionadas con la salud.

La disputa sobre Medicaid está dejando a muchos pacientes en el limbo.

Lucy Rodríguez enseña danza folclórica mexicana en Hollister, una localidad de la región de la Costa Central de California. La mujer contó que su vida cambió este año cuando un administrador de casos intensivos de Titanium Healthcare —empresa que trabaja con aseguradoras médicas para brindar servicios de apoyo— comenzó a ayudarla a controlar sus enfermedades crónicas, mantenerse al día con sus citas médicas y medicamentos, e incluso recoger cajas de alimentos gratuitos para ella.

Rodríguez, de 73 años, está inscrita en Medicare y Medi-Cal, que ofrecen beneficios más amplios. El programa para personas de bajos ingresos ha ayudado a pagar sus facturas de servicios públicos y, recientemente, Rodríguez recibió la aprobación para recibir comidas a domicilio.

“Ha sido una bendición”, dijo Rodríguez, quien padece diabetes, hipertensión y enfermedad renal. “Me estaba sintiendo muy estresada y deprimida. Es muy difícil cuando vives con un ingreso fijo. Los alimentos están muy caros y, en verano, la electricidad cuesta todavía más. Pero esto realmente está mejorando mi vida”.

Rodríguez teme que la administración Trump recorte los beneficios para las personas mayores de bajos ingresos.

El año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) advirtieron a los estados que el financiamiento federal para servicios sociales se evaluaría .

Christopher Krepich, portavoz de los CMS, explicó que la agencia no está cancelando los acuerdos actuales, conocidos como waivers (exenciones), que permiten temporalmente a los estados ofrecer servicios sociales financiados con recursos estatales y federales.

Sin embargo, advirtió que las futuras solicitudes, ya sea para nuevos servicios o para ampliar programas existentes, podrían verse en riesgo si se alejan demasiado de la atención médica tradicional.

“En adelante, los CMS trabajarán con los estados en exenciones innovadoras que respondan a necesidades fundamentales de atención médica, de acuerdo con enfoques basados en evidencia vinculados a diagnósticos y servicios clínicos, con el objetivo final de mejorar los resultados de salud de la población inscrita en Medicaid”, señaló Krepich en un comunicado.

En una medida que elevó aún más la tensión, el Departamento de Justicia emitió recientemente un que permite que los estados institucionalicen a personas con discapacidades y enfermedades mentales graves, en lugar de brindarles atención en la comunidad.

Los republicanos también han señalado a varios estados, en su mayoría demócratas, porque consideran que no han hecho lo suficiente contra el despilfarro de recursos, el fraude y el abuso en Medicaid.

En mayo, el administrador de CMS, Mehmet Oz, apareció junto al vicepresidente JD Vance cuando este anunció la retención de destinados a Medicaid en California, debido a sospechas de fraude.

El fiscal general de California, Rob Bonta, respondió que los republicanos simplemente buscan sacar provecho político mientras ignoran las necesidades médicas de las personas pobres.

“El gobierno federal quiere politizar el fraude”, dijo Bonta, “y utilizarlo, lamentablemente, como un garrote y un instrumento de presión para atacar a los estados gobernados por demócratas”.

Atención médica y servicios sociales

Los investigadores en políticas de salud afirman que aproximadamente están relacionados con factores socioeconómicos, ambientales y de comportamiento, como una vivienda inestable, la falta de hogar, la inseguridad alimentaria y la exposición a la violencia, mientras que solo el 20% se asocia con la atención médica prestada en hospitales y clínicas.

Estos datos impulsaron para incorporar servicios sociales dentro de Medicaid.

Al menos 24 estados utilizan recursos propios junto con fondos federales de Medicaid para desarrollar programas piloto de .

Colorado, Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon y Pennsylvania figuran entre los estados que ofrecen ayuda para vivienda y alimentación.

Mientras la administración Trump reduce el apoyo a este tipo de servicios, los estados se están replanteando cómo financiar beneficios que han mejorado la atención preventiva para personas de bajos ingresos.

Algunos crearon nuevos beneficios mediante lo que se conoce como una enmienda al plan estatal, un mecanismo que permite modificar los programas de Medicaid sin necesidad de obtener una exención federal.

y , por ejemplo, utilizan este mecanismo para ofrecer atención de recuperación a personas sin hogar después de una hospitalización.

Estos centros de atención temporaria permiten que los pacientes se repongan antes de volver a vivir de forma independiente y funcionan como puente entre el alta hospitalaria y el regreso a la comunidad.

Este enfoque “tiene la ventaja de establecer, en todo el estado, un beneficio permanente que no requiere renovaciones federales continuas, lo que ofrece mayor estabilidad y previsibilidad”, explicó Lynn Sutfin, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

Mientras tanto, otros estados dependen de exenciones federales que deben renovarse para mantener estos servicios sociales.

Funcionarios de Arizona informaron que el estado planea presentar, antes de que termine setiembre, una solicitud para continuar que brindan vivienda y otros servicios a personas sin hogar, o en riesgo de quedarse en la calle, que padecen enfermedades mentales graves, enfermedades crónicas o que han estado recientemente encarceladas.

“Cuando los afiliados tienen acceso a una vivienda estable y a servicios de apoyo, es mucho más probable que mantengan una atención médica continua y menos probable que necesiten visitas evitables a salas de emergencia u hospitalizaciones”, afirmó Roberta Harrison, directora interina del Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona.

California, que ha sido el estado más activo a la hora de incorporar servicios sociales, ha implementado un enfoque doble para garantizar la financiación de su amplia oferta más allá de este año. Está utilizando su autoridad regulatoria para convertir en permanentes la mayoría de los servicios sociales actuales dentro de la cobertura administrada de Medi-Cal.

Esa maniobra normativa elude la necesidad de que el gobierno federal apruebe una exención, una medida que podría atraer un mayor escrutinio por parte de los republicanos.

Sin embargo, no todos los servicios pueden financiarse sin autorización del gobierno federal.

Mientras convierte algunos beneficios en permanentes, la administración Newsom solicita nuevas exenciones para mantener otros programas sociales e incluso ampliar la oferta.

Se trata de una estrategia ambiciosa que ampliaría el experimento de atención médica basada en necesidades sociales de California.

Newsom reconoció que le preocupa que el gobierno federal .

“¿Cómo no voy a estar preocupado con esta administración?”, afirmó. “Siempre estoy preocupado”.

Un nuevo frente en la atención médica

California brinda la mayoría de sus servicios sociales relacionados con la salud mediante dentro de Medi-Cal, cuyo presupuesto propuesto asciende a .

Aunque más de 14 millones de residentes están inscritos en Medi-Cal, el estado ha sido selectivo con respecto a quiénes reciben ayuda a través de los incluidos en su programa denominado (CalAIM).

Los pacientes con necesidades complejas también pueden recibir apoyo de trabajadores sociales especializados para coordinar sus necesidades médicas y sociales, a través de un beneficio conocido como (manejo intensivo de la atención).

Desde 2022, California ha venido ofreciendo estos servicios sociales, con una inversión de cerca de 12 mil millones de dólares en fondos conjuntos estatales y federales, con al evitar que los beneficiarios terminen en instituciones costosas, como salas de emergencia, cárceles, hogares de ancianos y centros de atención para crisis de salud mental.

Hasta septiembre de 2025, la información más reciente disponible del estado muestra que CalAIM había proporcionado servicios sociales a más de . Además, cerca de de bajos ingresos habían recibido . Algunos pacientes reciben ambos servicios.

Entre los beneficios que California está convirtiendo en permanentes se encuentran los siguientes: las personas sin hogar pueden recibir ayuda para encontrar un apartamento, y Medi-Cal cubre el del alquiler y hasta seis meses de renta. Los pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedades cardíacas, pueden recibir comidas saludables a domicilio. Las personas con asma pueden obtener la eliminación del moho de sus viviendas para prevenir episodios agudos de la enfermedad. Los adultos mayores de bajos ingresos con discapacidades pueden recibir, sin costo, la instalación de una rampa para silla de ruedas en su hogar. Además, quienes salen de la cárcel o de prisión pueden ser vinculadas de inmediato con servicios de atención primaria, salud mental y tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, en caso de necesitarlos.

, estos servicios sociales —especialmente la asistencia para vivienda, alimentación y reformas en el hogar— al estabilizar la salud de los pacientes con necesidades más complejas, al tiempo que generan ahorros para Medi-Cal mediante la reducción de visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y la dependencia de instituciones como los hogares de ancianos.

En el Valle Central, por ejemplo, la directora ejecutiva de Health Plan of San Joaquin, Lizeth Granados, dijo que CalAIM ha ayudado a ubicar en viviendas a personas sin hogar que antes eran hospitalizadas de manera recurrente. Además, pacientes con diabetes descontrolada lograron reducir sus niveles de azúcar en sangre tras recibir asesoría nutricional y comidas a domicilio.

En términos generales, Granados afirmó que el plan de salud ha generado importantes mejoras en el manejo de enfermedades crónicas y una disminución de las hospitalizaciones. Desde el lanzamiento de CalAIM en 2022, las hospitalizaciones se redujeron a 44 por cada 1.000 afiliados, frente a las 61 por cada 1.000 registradas antes del programa.

En el condado de Orange, funcionarios de CalOptima Health atribuyeron a los servicios de vivienda de CalAIM en el número de personas sin hogar.

“También hemos podido ampliar nuestros programas de medicina en la calle”, dijo Yunkyung Kim, directora de operaciones de la aseguradora.

En todo el estado, las aseguradoras de Medi-Cal se mostraron a favor de que CalAIM siga generando ahorros y mejorando la salud de los pacientes. Sin embargo, el futuro de algunos de estos servicios dependerá de las decisiones de la administración Trump.

California ha solicitado a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que le permitan seguir inscribiendo en Medi-Cal a las personas encarceladas 90 días antes de su liberación, con el fin de garantizar la continuidad del tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, enfermedades mentales y afecciones físicas. Este beneficio de CalAIM .

El estado también ha propuesto un nuevo beneficio de asistencia laboral, al que los condados podrían adherirse para ayudar a los pacientes a encontrar y conservar empleo, en respuesta a los futuros requisitos federales de trabajo establecidos por la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada por los republicanos en el Congreso y promulgada por Trump el verano pasado.

Además, California busca mantener su programa de sanadores tradicionales y guías de medicina ancestral para personas que pertenecen a tribus indígenas. Entre los servicios se incluyen musicoterapia, danza, tambores y referencias a ceremonias de sweat lodge (cabañas de sudor) para el tratamiento de problemas de salud mental y la recuperación de trastornos por consumo de sustancias. Aunque Medi-Cal cubre servicios espirituales, como ceremonias, rituales y remedios de hierbas, funcionarios estatales aclararon que el programa no cubre exorcismos.

La postura adoptada por la administración Trump ya ha obligado al estado a eliminar los beneficios destinados a cubrir alojamiento y alimentación, lo que pone en riesgo los esfuerzos locales para ofrecer camas de recuperación a los pacientes.

California también está eliminando el beneficio de vivienda temporal después de una hospitalización, creado para evitar que los hospitales —o en riesgo de quedarse sin vivienda— y las dejen en la calle. El servicio de CalAIM que ofrecía hasta seis meses de alojamiento temporal y atención continua finalizará a fin de este año.

Además, el Estado está recortando las prestaciones para cuidados de recuperación, dejando de pagar las camas para que los pacientes se recuperen de una enfermedad o lesión y ofreciendo, en su lugar, únicamente servicios de apoyo integral (wraparound services).

En San Francisco, estas camas han sido fundamentales para reducir las muertes por sobredosis, facilitar la transición de personas sin hogar desde las calles hacia una vivienda y disminuir la ocupación de camas hospitalarias, explicó Neal Sheran, director médico del Departamento de Salud Pública de la ciudad. El plan de salud municipal gestiona un centro de desintoxicación y centros de cuidados donde los pacientes pueden recuperarse después de una hospitalización.

“Estamos preocupados”, dijo Sheran. “El financiamiento para el componente de  alojamiento nocturno de estos programas es absolutamente fundamental para que funcionen.”

Recortes en el horizonte

Incluso sin las amenazas del gobierno federal, las presiones presupuestarias del estado han puesto en tensión el financiamiento de CalAIM. Newsom ha propuesto en 68,3 millones de dólares los fondos destinados a servicios sociales durante este año fiscal. El recorte aumentará el próximo año y se mantendrá en 150,2 millones de dólares anuales a partir de 2028.

Los proveedores temen que los pacientes de Medi-Cal pierdan estos beneficios. Y tanto los servicios como las comidas a domicilio y la asistencia para vivienda podrían restringirse aún más.

“Esto nos está llevando de regreso a la época en que nuestro sistema de salud era más costoso y reaccionaba a las enfermedades en lugar de invertir en la prevención”, afirmó Anwar Zoueihid, vicepresidente y director de estrategia de Partners in Care Foundation, una organización de Los Ángeles que participa en CalAIM. “Es contradictorio con el lema Make America Healthy Again.”

Para ahorrar dinero, el estado está endureciendo los criterios de elegibilidad con el fin de limitar los servicios y reducir su . Por ejemplo, los pacientes de Medi-Cal que padecen inseguridad alimentaria ya no podrán recibir comidas saludables a domicilio si no tienen una condición médica que las justifique, como la diabetes. Asimismo, las personas sin hogar tendrán un plazo de seis meses para recibir ayuda en la búsqueda de vivienda.

Algunos de los principales proveedores de CalAIM afirman que estos servicios deben evaluarse continuamente y restringirse cuando los planes de salud hayan sido demasiado flexibles al otorgarlos. En algunos casos, beneficios relacionados con alimentos y vivienda fueron entregados a pacientes de bajos ingresos que no necesariamente presentaban las necesidades más complejas.

“Es importante que todos analicen esto con mucha objetividad para determinar si realmente estamos beneficiando a las personas y destinando el dinero a los lugares adecuados”, dijo Charlie Robinson, director de equidad en salud de L.A. Care, una de las mayores aseguradoras de Medi-Cal del estado.

Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal en Health Net, afirmó que la aseguradora no se deja desanimar por los recortes tanto estatales como federales.

“Independientemente de lo que ocurra a nivel federal, seguimos comprometidos”, afirmó. “Se trata de una transformación importante del sistema de atención médica y ya estamos observando reducciones significativas en las visitas evitables a las salas de emergencia, en las hospitalizaciones que podrían prevenirse y hemos logrado cerrar brechas en la atención preventiva”.

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Se trata de una gran preocupación para de trabajadores agrícolas que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, al entrar pronto en vigencia un nuevo requisito laboral para este programa federal y estatal que ofrece atención de salud a personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A partir del próximo año en la mayoría de los estados, muchos adultos inscritos en Medicaid tendrán que demostrar que trabajan, estudian en una universidad o programa vocacional, hacen voluntariado o realizan trabajo no remunerado durante al menos 80 horas al mes.

Defensores de los trabajadores dicen que esto podría representar un desafío importante para los trabajadores agrícolas que ya tienen Medicaid o son elegibles para el programa.

Muchos trabajan más de 80 horas al mes durante la temporada de cosecha, pero menos en otros meses. Además, fuera de estos meses, suelen tomar trabajos informales en construcción, jardinería o haciendo reparaciones en casas, por los que no reciben pagos en blanco que puedan demostrar su elegibilidad continua para Medicaid. (Aunque pueden establecerla si prueban que su ingreso mensual promedio durante seis meses equivale a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal).

“Tener un requisito laboral —tener que generar más papeleo y más pruebas— sin duda es extremadamente difícil para los trabajadores agrícolas y otras personas de bajos ingresos, especialmente quienes tienen empleos de temporada, no durante todo el año, y pasan por períodos” en los que no hay trabajo disponible, dijo , vicepresidenta de estrategia y programas de .

Nuevos requisitos, más obstáculos

La agricultura es una industria de , y Estados Unidos depende de unos agrícolas para llevar alimentos a la mesa. Casi el 60% de esos trabajadores son ciudadanos estadounidenses o tienen tarjeta de residencia (green card), según el . El 40% restante no tiene estatus legal o no es elegible para Medicaid por otras razones.

Incluso entre los trabajadores agrícolas con ciudadanía o estatus legal, la tasa de personas sin seguro médico es tres veces mayor que la de la población general. La mayoría de quienes sí tienen seguro son beneficiarios de Medicaid, aunque las tasas de participación varían según el estado. Según , entre el 71% y el 79% de los hogares agrícolas elegibles reportan tener Medicaid.

El nuevo requisito laboral de Medicaid fue una disposición clave de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump. Bajo esta ley federal, y el Distrito de Columbia deben implementar el requisito antes del 1 de enero. Algunos estados ya han tomado medidas para .

La regla de 80 horas se aplica en los estados que expandieron Medicaid, un proceso que comenzó en 2014 y estuvo vinculado a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare). Después de las primeras expansiones, los trabajadores agrícolas con documentación legal tuvieron un de tener seguro médico, según un análisis publicado en 2021 en el American Journal of Agricultural Economics.

Ansiedades migratorias

El requisito laboral es el obstáculo más reciente en una larga lista de barreras entre los trabajadores y la atención médica a la que tienen derecho legalmente, dijo Guild. “Medicaid sin duda ayuda porque reduce el problema del costo”, explicó. “Pero todavía hay otras barreras, como el transporte, pedir licencia por enfermedad y encontrar tiempo para ir a un centro de salud. Todos estos factores pueden impedir que realmente reciban atención médica”.

Para trabajadores agrícolas con tarjeta de residencia y ciudadanos estadounidenses naturalizados, existe otra fuente de estrés: el temor de que inscribirse en Medicaid pueda poner información personal en manos de autoridades migratorias.

Eso preocupa a Luis, de 45 años, quien tiene tarjeta de residencia, es beneficiario de Medicaid y sueña con convertirse en ciudadano estadounidense. Luis —quien pidió ser identificado solo por su segundo nombre— vive con su esposa y su hija en Carolina del Norte, donde ha trabajado en la agricultura durante casi una década.

Hablando en español, dijo que cuando se enteró del requisito laboral supo que sería difícil demostrar que trabaja 80 horas al mes.

“Solo trabajo en el campo durante seis o siete meses; el resto del año trabajo en lo que pueda encontrar”, contó.

Los republicanos en el Congreso sostienen que los requisitos de trabajo reducirán el gasto federal en atención médica, animarán a los adultos sin discapacidades a incorporarse a la fuerza laboral y preservarán los recursos de la red de seguridad social para las poblaciones más vulnerables.

Entre los adultos hispanos inscritos en Medicaid, el 67% ya trabaja, según un informe de KFF de 2025.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo. Pero en junio, cuando los CMS su “marco nacional” para implementar el nuevo requisito laboral de Medicaid, su administrador, el doctor Mehmet Oz, dijo que ayudaría a los beneficiarios a “desarrollar habilidades e independencia mediante el trabajo, la educación, la capacitación laboral o el servicio comunitario, creando nuevas oportunidades para ellos y sus familias”.

Funcionarios federales afirman que el nuevo requisito sacaría de la pobreza a “hasta 2.9 millones de personas”.

Enfermedades crónicas

El trabajo agrícola es una de las ocupaciones y está asociado con y , incluidas afecciones respiratorias. Una realizada en California en 2021-22 encontró que el 37% de los trabajadores agrícolas hombres y el 47% de las trabajadoras agrícolas mujeres del estado tenían al menos una afección crónica de salud.

Defensores dicen que el nuevo requisito laboral es una barrera más para quienes buscan atención médica.

“La gente se salta chequeos y pruebas de detección, y afecciones que podrían detectarse temprano y tratarse de manera rentable” no se atienden, dijo , directora ejecutiva de .

Las salas de emergencia a menudo se convierten en el lugar “natural” para buscar atención médica, agregó Cadena. “Esto aumenta los tiempos de espera y los costos para todos nosotros. Y cuando las personas están tan enfermas que faltan al trabajo, comienza un círculo vicioso de pérdida de productividad e inestabilidad económica familiar que, de nuevo, nos amenaza a todos”.

Pérdida para familias y niños

Las nuevas reglas federales también exigen que los beneficiarios verifiquen su elegibilidad al menos dos veces al año, el doble de veces que antes, lo que crea otro posible obstáculo.

“Las cartas pueden perderse fácilmente y los formularios pueden quedar sin completar. Si las personas se enredan en el papeleo, podrían perder la cobertura”, dijo , vicepresidenta asistente de , una organización sin fines de lucro que promueve un sistema de salud equitativo.

Para trabajadores agrícolas que viajan de un estado a otro, el proceso puede ser un laberinto sin salida.

“Tienes que encontrar el tiempo para transferir tu cobertura y probablemente encontrar a una persona u organización que pueda ayudarte, y eso puede ser muy difícil cuando te estás mudando constantemente”, dijo Cadena.

La situación pone de relieve lo difícil que puede ser navegar un sistema complejo para personas y familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“El resultado podría ser la pérdida de cobertura no solo para los trabajadores, sino también para sus familias y sus hijos”, expresó Cadena.

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Esta primavera, investigadores detectaron en el agua de varios puntos de la costa de Long Island, en Nueva York, y funcionarios de localidades turísticas de los Hamptons sobre los hallazgos. En Florida, se han infectado este año, y en junio las instaron a la población a tomar precauciones.

Aproximadamente 1 de cada 5 personas infectadas por esta bacteria muere, a veces apenas uno o dos días después de enfermar, según una de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La bacteria, Vibrio vulnificus, puede ingresar al organismo por heridas abiertas y causar muerte del tejido y sepsis sistémica.

“Muchas personas con infección por Vibrio vulnificus pueden enfermar gravemente y necesitar cuidados intensivos o la amputación de una extremidad”, advierten los CDC.

El riesgo de amenazas públicas de este tipo está aumentando porque el cambio climático está ampliando el territorio de ciertos patógenos. Pero los investigadores señalan otra preocupación: la administración Trump ha recortado inversiones en programas y agencias que previenen, rastrean y responden a los riesgos de salud que ahora enfrenta el gobierno federal.

Un ejemplo es la reaparición del , que puede infestar y matar ganado, en Estados Unidos en junio. El Departamento de Agricultura de su fuerza laboral en los primeros seis meses de 2025, según un informe de la Oficina del Inspector General del USDA, y su servicio de inspección reducido está ayudando a dirigir la respuesta al parásito.

Otro ejemplo es la malaria. La suspensión de ayuda exterior interrumpió esfuerzos internacionales de prevención, y emitida en mayo advirtió que Estados Unidos es vulnerable a la reintroducción de esta enfermedad infecciosa.

En el caso de Vibrio, la administración Trump comenzó a retirar cientos de instrumentos de aguas profundas que y generan datos que ayudan a que permiten que la bacteria prospere. esos datos para estudiar Vibrio, que puede cuando aumentan la temperatura y la .

“Es importante rastrear las temperaturas costeras, y eso se relaciona con la distribución de Vibrio”, dijo Christopher Gobler, profesor de la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad Stony Brook, en Nueva York. Agregó, sin embargo, que los investigadores también cuentan con otras fuentes de datos.

La administración Trump a su plan de desmantelar el sistema de monitoreo oceánico luego de la oposición bipartidista en el Congreso.

Pero todavía está reduciendo la vigilancia de Vibrio. Esta especie potencialmente mortal, presente en el agua, también puede enfermar o matar a personas que comen mariscos contaminados, como infectadas con la bacteria. Las infecciones por Vibrio vulnificus vinculadas al consumo de mariscos crudos o poco cocidos mientras la presencia de otros patógenos en los alimentos disminuye.

Desde 1995, 10 estados han participado en un programa federal llamado Red de Vigilancia Activa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, o FoodNet. El programa, junto con los CDC, monitorea y rastrea casos de enfermedades transmitidas por alimentos causadas por ocho patógenos específicos, incluido Vibrio. Pero el año pasado la administración Trump a esos estados que reportaran todos menos dos de esos patógenos, lo que significa que ya no tienen que informar esos casos a los CDC.

Funcionarios federales niegan que estas medidas estén poniendo en riesgo a los estadounidenses. Afirman que los CDC continúan monitoreando estos patógenos mediante otros sistemas nacionales de vigilancia para mantener visibilidad sobre tendencias de enfermedades y brotes.

Algunos ex líderes de salud pública dicen que las consecuencias de los amplios recortes a agencias de salud y programas globales de prevención se están volviendo más evidentes, debilitando la respuesta de Estados Unidos y las iniciativas diseñadas para proteger al país de enfermedades.

“Estamos bajando defensas que eran necesarias para protegernos de amenazas microbianas”, dijo Tom Frieden, ex director de los CDC y actual presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, una organización que trabaja para frenar enfermedades prevenibles. “En lugar de proteger, estamos haciendo lo contrario”.

¿Menos recursos significa más riesgos?

La administración defiende sus acciones, incluidos los despidos masivos en agencias gubernamentales de salud, como medidas necesarias para eliminar gastos innecesarios.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está impulsando las reformas de salud pública más importantes en una generación, enfocadas en prevención, rendición de cuentas, transparencia científica y mejores resultados de salud”, dijo Emily Hilliard, vocera de la agencia, en un correo electrónico. “El Departamento está poniendo a las familias estadounidenses en el centro de la toma de decisiones de salud pública”.

La evidencia sugiere que los riesgos de salud aumentan mientras la administración Trump reduce recursos para investigación, detección y respuesta.

Al inicio de su mandato, el presidente Donald Trump decidió congelar y revisar el trabajo de programas de salud global. Su esfuerzo para reducir costos, liderado por el multimillonario Elon Musk, también desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Como resultado, se interrumpió el trabajo de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, un programa creado durante la era de George W. Bush para combatir la malaria en países muy afectados y al que se le atribuye haber salvado más de . USAID había invertido más de en el programa desde 2005.

Además, el para programas globales contra la malaria fueron seleccionadas para ser eliminadas, según KFF. El informe no incluyó datos sobre el valor total de esas subvenciones específicas.

La congelación del gasto también frenó investigaciones para desarrollar contra la malaria. La administración disolvió la de los CDC, trasladó al personal a otras divisiones e sobre la enfermedad.

El HHS no respondió a un correo electrónico que preguntaba cuántos empleados habían sido reubicados.

La malaria, una enfermedad infecciosa potencialmente mortal transmitida por mosquitos, fue de Estados Unidos en 1951. Pero la guía actualizada de los CDC para investigar casos domésticos que “el país sigue siendo susceptible a la reintroducción de la malaria”.

Un provocó 10 infecciones locales en Arkansas, Florida, Maryland y Texas, y los mosquitos capaces de transmitir malaria se encuentran en gran parte del país.

“La mayoría de los residentes de Estados Unidos carece de inmunidad protectora contra la malaria, lo que hace que las personas sean susceptibles a una forma grave de la enfermedad y a la muerte si se infectan”, indicaron los CDC en el informe de mayo.

El HHS declinó comentar sobre recortes específicos, pero dijo que los CDC trabajan con socios nacionales e internacionales para reducir la carga de la malaria y evitar que se restablezca en el país.

Investigadores y ex funcionarios de salud dicen que no solo los recortes de fondos elevan los riesgos. También hay fuertes reducciones de personal, lo que significa que menos personas trabajan en prevenir o rastrear enfermedades.

“Sí, los programas han sido recortados en términos de reducción de personal, pero diría que igual de importante es la pérdida de experiencia”, dijo Jeanne Marrazzo, directora ejecutiva de la Infectious Diseases Society of America. “Es irremplazable”.

El gusano barrenador es una especie de mosca parásita cuyas larvas pueden entrar en heridas abiertas y devorar tejido, infectando a personas y animales. Como la malaria, había sido eliminado durante mucho tiempo de Estados Unidos, y los esfuerzos de monitoreo han sido clave para mantenerlo fuera.

Los recortes en USAID eliminaron destinados a la , que se enfoca en seguridad alimentaria global y en el como el gusano barrenador.

Luego de las iniciativas de reducción de costos de la administración, más de 20.000 empleados dejaron el USDA, que desarrolla e implementa políticas agrícolas y proporciona recursos a productores ganaderos vulnerables al parásito.

El 3 de junio se confirmó el primer caso nuevo de gusano barrenador en Estados Unidos, y ya hay de animales infectados. Un brote en expansión podría devastar la industria ganadera.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que los recortes de personal durante la administración Trump hayan contribuido al regreso del gusano barrenador. En cambio, , diciendo que no hizo lo suficiente para prevenir su reintroducción en Estados Unidos. Rollins dijo en X que la bajo la administración Biden tuvo parte de la culpa, sin presentar evidencia.

El USDA no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

Ashish Jha, médico que fue coordinador de respuesta a COVID de la Casa Blanca durante la administración Biden, dijo que no hay ninguna verdad en la afirmación de que inmigrantes sin estatus legal hayan traído el gusano barrenador a Estados Unidos.

Las inversiones en rastrear y combatir enfermedades se han debilitado, dijo, porque el secretario de HHS, Robert F. Kennedy Jr., está priorizando la prevención de enfermedades crónicas a costa de los esfuerzos para contener enfermedades infecciosas.

“¿Quién no quiere un país más saludable? Suena muy bien, pero es una especie de engaño”, dijo Jha. “Están haciendo lo contrario. Están bajando las defensas necesarias para protegernos de amenazas microbianas”.

Hilliard, portavoz del HHS, no estuvo de acuerdo y dijo que las acciones de Kennedy hacen que la agencia sea más eficaz.

“El secretario Kennedy está llevando adelante esa reforma al simplificar operaciones, reducir redundancias y devolver al HHS a niveles de personal previos a la pandemia”, dijo. “Al mismo tiempo, está desmantelando políticas e incentivos que contribuyeron a una epidemia nacional de enfermedades crónicas”.

Brechas en la vigilancia

Jha señaló la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que coordina respuestas globales a problemas y crisis de salud pública, y el desmantelamiento de USAID.

Este alejamiento ha tenido implicaciones para el brote de ébola en la República Democrática del Congo, según trabajadores humanitarios.

Sin el mismo nivel de financiamiento de USAID, el International Rescue Committee, que colabora en actividades de salud de primera línea, vigilancia y preparación ante brotes en Congo, .

“Los recortes de financiamiento han dejado a la región peligrosamente expuesta”, dijo Heather Reoch Kerr, directora del IRC para Congo, .

El brote está a unos 7.000 millas de distancia, pero su propagación ha puesto a Estados Unidos , con mayor vigilancia y restricciones de entrada para viajeros aéreos. Funcionarios federales han dicho que el desmantelamiento de USAID no ha obstaculizado la detección ni la respuesta.

“El gobierno de Estados Unidos continúa actuando agresivamente para contener el brote de ébola en su origen, con el fin de proteger al pueblo estadounidense y prevenir una mayor propagación internacional”, dijo el Departamento de Estado en del 23 de mayo.

La decisión de Trump de desvincularse de la OMS fue criticada por tras un brote de hantavirus esta primavera en un crucero que había zarpado de Argentina. Algunos dijeron que la fue demasiado lenta y cuestionaron por qué el presidente sugirió crear un nuevo y costoso en lugar de mantener la relación con la OMS, especialmente cuando Estados Unidos está reduciendo los programas de vigilancia que ya tiene.

El gobierno federal ha rastreado casos de Vibrio como parte del programa FoodNet, cuyo objetivo incluye identificar y contener brotes. Ahora, reportar casos de Vibrio es opcional.

Casi la mitad de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos causadas por Vibrio vulnificus , algunos dentro de las 24 horas posteriores al consumo de mariscos contaminados, como ostras crudas. La bacteria puede multiplicarse rápidamente y causar choque séptico y lesiones ampollosas en la piel. El patógeno se está volviendo cada vez .

Los CDC estiman que ocurren alrededor de de infección por Vibrio cada año, y que las infecciones por la especie más grave, Vibrio vulnificus, han aumentado de manera constante. En los , esa especie ha causado 429 casos por infecciones de heridas abiertas y 135 casos por alimentos contaminados.

“Mientras más vigilancia tienes, más puedes conectar los puntos”, dijo Bill Marler, abogado de seguridad alimentaria del área de Seattle. “Si un árbol cae en el bosque y no lo escuchas, ¿realmente cayó? Es más fácil no reportar enfermedades. Entonces pueden decir: ‘Miren qué seguro es nuestro suministro de alimentos’”.

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Había sido atacado en un tiroteo desde un vehículo en Jacksonville, Florida, y hospitalizado condos heridas de bala. Contó que, durante la semana que pasó internado, un asistente médico cambió el rumbo de su vida al visitarlo cada día y advertirle que los hombres negros con heridas de bala a menudo terminan paralizados, o algo peor.

“Yo andaba en la calle, en malos pasos”, dijo Pinckney. “Me hizo prometerle que nunca volvería a entrar a su sala de emergencias de esa manera. Esa fue la última conversación que tuvimos, justo antes de que me dieran el alta”.

Desde entonces, su meta ha sido convertirse en asistente médico. Pinckney, quien pasó la mayor parte de su carrera trabajando para el Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York y como proveedor de salud del Ejército de Reserva, recientemente dio un paso importante hacia ese objetivo. En mayo, se graduó con honores de Lehman College con una licenciatura en ciencias.

Después de mudarse de Nueva York al condado de Prince George, en Maryland, planeaba postularse este año a programas de asistente médico. Pero ahora teme que su sueño se vea frustrado por las nuevas reglas para préstamos estudiantiles.

A partir del 1 de julio, la cantidad de dinero que los estudiantes de posgrado podrán pedir prestado al gobierno federal . Los nuevos topes forman parte de la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.

La administración Trump afirma que los límites buscan reducir el costo de la educación superior y la deuda estudiantil.

Pero los críticos coinciden ampliamente en que los nuevos topes son demasiado bajos, especialmente para los estudiantes que solo podrán pedir hasta $20.500 al año en préstamos federales debido a la controversial definición de “título profesional” incluida en la ley.

El 24 de junio, un juez federal bloqueó temporalmente al Departamento de Educación para que no aplicara esa definición. Aun así, para muchos estudiantes, los nuevos límites no cubrirán el costo combinado de matrícula, vivienda y gastos básicos.

Esto podría dejar a cientos de miles de estudiantes que piden préstamos para estudios de posgrado cada año a merced de prestamistas privados, con tasas de interés más altas y menos opciones de pago.

Algunos expertos y estudiantes también temen que los límites afecten los esfuerzos por diversificar la fuerza laboral de salud, al desalentar a personas de minorías raciales y de hogares de bajos ingresos a postularse a programas de posgrado.

Una caída en el número de nuevos estudiantes podría agravar la escasez ya existente de profesionales en zonas rurales y en atención primaria, advierten.

Muchos políticos y expertos en préstamos reconocen que el costo de la educación superior debe abordarse. Pero los nuevos límites federales “simplemente no van a lograr ese objetivo”, dijo Todd Pickard, presidente de la American Academy of Physician Associates, una de varias organizaciones que demandaron al Departamento de Educación por estas reglas.

“Sería como si tuvieras un padrastro en un dedo y yo te cortara todo el brazo en lugar de atenderte el padrastro”, dijo Pickard. “El tratamiento no corresponde al problema”.

Entre la espada y la pared

Los estudiantes que cursen lo que la ley describe como “títulos profesionales” —incluidos futuros médicos, dentistas, farmacéuticos y quiroprácticos— podrán pedir prestado hasta $200.000 en total, y no más de $50.000 al año.

Mientras tanto, el costo medio de asistir a una escuela pública de medicina es de casi $300.000 durante cuatro años, y el costo medio de una escuela privada de medicina supera los $400.000, según la Association of American Medical Colleges.

Los límites fueron fijados aún más bajos para quienes cursan otros títulos de “posgrado”, con un tope de $100.000 en préstamos federales durante todo el programa. El límite anual para esta categoría es de apenas $20.500.

Originalmente, los estudiantes de fisioterapia, asistente médico y enfermería estaban incluidos en este grupo. Pero, según nuevas pautas emitidas el lunes por el Departamento de Educación, algunos de estos estudiantes podrán, al menos temporalmente, acceder al límite más alto, .

El Departamento de Educación, que ha sido demandado por grupos profesionales de médicos y por unas dos decenas de estados debido a las nuevas reglas, no respondió a preguntas para este artículo.

Tal como fue redactada la ley, un estudiante para asistente médico que terminara su programa en el promedio habitual de dos a tres años no habría podido pedir prestados los $100.000 completos. Mientras tanto, los asistentes médicos suelen comenzar sus carreras con una deuda promedio de $112.000, lo que significa que algunos podrían verse obligados a financiar su educación con préstamos privados de intereses más altos.

“Siento que estoy entre la espada y la pared”, dijo Olivia Trull, de 24 años, quien tiene previsto iniciar este verano el programa de asistente médico en Northwest University, en Kirkland, Washington. El programa de 28 meses cuesta $137.000, con unos $62.000 en matrícula y cuotas estimados para el primer año, dijo. Eso no incluye gastos de vida.

Antes de la orden judicial, Trull dijo que calificaba para el máximo anual de $20.500 en préstamos federales durante su primer año de posgrado. El resto tendría que financiarlo con un prestamista privado.

Calculaba que necesitaría hasta $100.000 en préstamos privados para financiar su posgrado y que, al terminar, enfrentaría pagos mensuales de más de $3.000.

“Tengo que sentarme y tener una conversación conmigo misma”, dijo Trull, para pensar “si quiero estar ahogada en deudas durante los próximos 10 años de mi vida”. Un banco privado le ofreció un préstamo con una tasa de interés de casi 14%, contó.

Pinckney, quien dijo haber terminado su licenciatura con alrededor de $10.000 en deuda federal estudiantil, señaló que algunos amigos que ya solicitaron préstamos privados recibieron cotizaciones con tasas de hasta 13%.

En comparación, las tasas de los préstamos federales para estudiantes de posgrado, que se fijan cada año, actualmente rondan entre 8% y 9%. Los préstamos federales también suelen ofrecer opciones de pago más flexibles que los privados.

En mayo, 25 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda federal contra el Departamento de Educación por las nuevas reglas. La demanda describió la definición de “título profesional” de la ley como “arbitraria y caprichosa”.

En otra demanda federal presentada en junio, la American Academy of Physician Associates y la PA Education Association alegaron que las nuevas reglas niegan a los estudiantes los montos necesarios para asistir a programas de asistente médico. Argumentan que los estudiantes de estos programas deberían poder acceder a los límites más altos disponibles para estudiantes de medicina y otros programas profesionales.

Aunque “physician assistant” y “physician associate” suelen referirse al mismo rol, la entidad adoptó el título “physician associate” en 2021 por considerar que “assistant” no refleja el papel importante de estos profesionales en la atención médica de alta calidad.

Mientras tanto, funcionarios de la administración Trump han sostenido que el costo de los estudios de posgrado es demasiado alto en general. La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo ante un comité de la Cámara de Representantes en mayo que “nuestro objetivo general es reducir el costo de la universidad y de la educación”.

De hecho, algunos expertos reconocen que los nuevos límites podrían ayudar a reducir costos. El programa federal Grad PLUS, creado por el Congreso hace 20 años, no establecía un límite sobre cuánto podían pedir prestado los estudiantes de posgrado en préstamos federales. Ese programa fue eliminado por la One Big Beautiful Bill Act.

“Hay evidencia considerable de que las personas pidieron prestado más de lo que realmente necesitaban para estudiar”, dijo Sandy Baum, economista de educación superior e investigadora senior del Urban Institute.

Algunos programas de posgrado ya han reducido sus precios de matrícula, dijo Baum. En mayo, por ejemplo, la Universidad de California-Irvine anunció que reduciría el costo de sus programas de MBA en decenas de miles de dólares para quedar por debajo de los nuevos umbrales federales de préstamo.

Aun así, Baum no espera que muchas otras universidades hagan lo mismo.

“No creo que vayamos a ver una caída dramática en los precios”, dijo. “Creo que algunos programas podrían cerrar porque no podrán manejarlo”.

“He llorado”

Los nuevos límites de préstamos también afectarán de manera desproporcionada a los estudiantes de raza negra, dijo Baum, porque históricamente han pedido más préstamos que los estudiantes blancos no hispanos e hispanos (que pueden ser de cualquier raza).

Para algunos estudiantes que ya pidieron préstamos para financiar sus licenciaturas, los nuevos límites serán especialmente duros. Bajo las nuevas reglas, estarán sujetos a un límite de por vida de $257,000 en préstamos federales estudiantiles.

“Habrá estudiantes que no podrán inscribirse”, dijo Baum.

Andrei Robu, de 26 años, estudiante de medicina en la Medical University of South Carolina, dirige el Grupo de Interés en Educación Financiera del campus de Charleston. Dijo que muchos de sus compañeros temen que los límites de préstamos reduzcan la diversidad del estudiantado.

También le preocupa que, como la demanda para ingresar a la escuela de medicina ya es muy alta, las instituciones puedan priorizar a estudiantes de familias con más recursos y “aun así llenar sus clases”.

“Eso no es lo que queremos en nuestra fuerza laboral médica”, dijo Robu, quien no está sujeto a las nuevas reglas por ser estudiante actual. “Queremos representar a la población del país en general”.

Jasmine Vásquez, de 26 años, fue aceptada en el programa de asistente médico de South College, en Atlanta, pero decidió aplazar su inscripción hasta 2027, en parte para ver si cambian sus opciones de financiamiento. Le preocupa asumir demasiada deuda con un banco privado.

“He llorado varias veces”, dijo Vásquez, quien espera dar a luz en septiembre. “No es algo que esté bajo mi control”.

Betsy Mayotte, presidenta del Institute for Student Loan Advisors, prevé que las nuevas reglas llevarán a algunos graduados a la bancarrota cuando no puedan pagar préstamos privados.

Sin embargo, espera que primero caiga la matrícula y que algunos programas de posgrado cierren porque no podrán reclutar suficientes estudiantes. También anticipa que bajarán las tasas de finalización, ya que algunos estudiantes alcanzarán los límites federales de préstamo a mitad de sus programas.

Más allá de eso, predice que los graduados en áreas de salud buscarán empleos en especialidades mejor pagadas, lo que agravará la escasez en comunidades rurales y desatendidas.

“Van a ir donde puedan ganar más dinero”, dijo Mayotte.

Pinckney dijo que “no está realmente seguro” de lo que le depara el futuro. Pagó la mayor parte de su educación universitaria trabajando mientras estudiaba, pero eso normalmente no es posible para estudiantes de tiempo completo en programas de asistente médico.

Ha considerado postularse a un programa de posgrado en ciencias biomédicas, que calcula costaría unos $30.000, una cantidad “mucho más manejable”, dijo. Eso podría permitirle trabajar en un laboratorio o en la industria farmacéutica. Seguiría estando vinculado a la medicina, agregó, pero no le permitiría cumplir su meta de trabajar directamente con pacientes.

“Quizá esto se resuelva”, dijo sobre los nuevos límites federales de préstamos. Mientras tanto, mantiene la esperanza.

“Si puedo influir en la vida de una sola persona, esa sería mi forma de devolver lo que él hizo por mí”, dijo, refiriéndose al asistente médico que lo inspiró en 1999. “Es muy difícil apartarse de ese sueño”.

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Alpizar’s daughter quickly got better, but her son didn’t. José had a fever and diarrhea and was throwing up. When the shelter nurses couldn’t help, Alpizar sought out a private doctor, who prescribed antibiotics.

In mid-June, Alpizar, her partner, kids, and brother moved to , a former factory that the Mexican government had converted to house migrants waiting to cross into the U.S. Weeks later, though, a doctor said her son still hadn’t improved. “He showed me the chart again and told me it was still the same,” Alpizar said in Spanish through an interpreter while at a shopping complex near the shelter. “He is still malnourished.”

Three years ago, Mexico had few shelters for migrants making their way to the U.S. People seeking asylum, like Alpizar and her family, presented themselves to U.S. authorities and were usually either detained in American facilities or released on parole while they awaited their proceedings. In either case, they had potential access to the U.S. health care system.

But a constellation of U.S. immigration policies, of asylum seekers and refugees, and the covid-19 pandemic have transformed Mexican border towns into holding areas for people who are waiting for policies to change and are hoping to cross and head north. And despite the Biden administration’s recent efforts to unwind some of those policies, little seems likely to change in the coming months. Alpizar and her family are now among thousands of people living in dozens of recently built Juárez shelters, just a few miles from El Paso, Texas.

The wait — — has led some migrants, like Alpizar’s children, to develop health problems; exacerbated people’s chronic ailments, like hypertension or diabetes; left some in dire conditions without care; and compounded the trauma experienced by those fleeing their homes.

Under Title 42, a public health emergency order that the Trump administration first invoked in March 2020 to stop the spread of covid, Alpizar and her family are not allowed to present themselves at a border checkpoint and claim political asylum — they would be immediately expelled back to Mexico without a screening.

The policy, just one of several that have kept migrants in Mexico, is actually “counterproductive” to protecting people from covid, according to .

The Leona Vicario shelter has experienced outbreaks of and since opening in 2019. It is still considered one of the better shelters because the Mexican government runs it. Nonprofit and private shelters operate with little oversight, and their quality varies.

Some migrants sleep in the streets. In general, conditions are making people sick, and care is limited, said Gabriela Muñoz, a project manager for Las Americas Immigrant Advocacy Center in Juárez.

Alpizar decided to travel to the border from Cuernavaca, a city south of Mexico City, she said, after an attempt to kidnap her children. The same day, her brother Angel and partner, Pablo Sandoval Arce, were beaten on their way home from a job painting an apartment. She told Pablo, José’s father, that it was not a coincidence.

Alpizar reported the incidents to the local police, she said, but was told that nothing could be done. A few days later, they arrived in Juárez with money from Alpizar’s aunt in South Carolina, who had helped raise Alpizar and her brother after their mother died. Alpizar is now trying to get an exemption to Title 42 that would allow her family to file an asylum application and join her aunt until their case is heard.

Las Americas gets about 4,000 calls a day, said Crystal Sandoval, director of strategic initiatives at the El Paso center. Only about 100 draw a response. About 70% of callers need medical attention — they require immediate cancer treatment, have a condition like diabetes that is out of control, or have developed anemia. Others have been sexually assaulted or have high-risk pregnancies. The group helps 60 to 90 people a week get exemptions, which allow them to apply for asylum and wait in the U.S. for their court dates.

Immigration advocates say that not only has Title 42 done more harm to public health than good, but the rule has been applied selectively. U.S. Customs and Border Protection have stopped migrants about 1.7 million times in the current federal fiscal year, which started Oct. 1. About half of those stops resulted in an expulsion under Title 42, . About 65% of those were people from Mexico, while the vast majority of other expulsions involved people from El Salvador, Guatemala, and Honduras. In April, however, to enter the U.S.

In many ways, the Alpizar family’s medical story isn’t the most extreme. Other migrants have immediate, life-threatening needs. In 2019, after five months waiting in a shelter, — the same week officials processed her asylum request. She died from sepsis, pneumonia, and tuberculosis, .

Alpizar’s situation reflects how U.S. immigration policy has outsourced migrant care to Mexico, said , an immigration researcher at the University of Texas-El Paso, who first met Alpizar during a weekly visit to Leona Vicario.

Federal courts have delayed or blocked the Biden administration’s attempts to lift some immigration policies. In May, days before Alpizar started her journey, .

Some nonprofits, meanwhile, seek to help migrants access care during their border waits. Hope Border Institute, a Catholic nonprofit, started a fund to assist them in seeing private doctors, paying for hospital stays, filling prescriptions, and covering transportation to appointments.

When a doctor advised Alpizar to put her son on a special diet, the family initially went shopping to buy him food not available in the shelter, which houses about 600 people. Later that day, however, when they checked a refrigerator that shelter residents share, the fruit and yogurt were gone. Pablo now shops three times a week, buying only small amounts to keep his son fed.

Then, in late July, a shelter doctor diagnosed José with conjunctivitis and gave him antibiotic eyedrops. Shortly afterward, his sister, Zoe, tested positive for covid, and the family was sent to the shelter’s isolation ward.

Gastrointestinal issues, respiratory illnesses like covid, and skin conditions are common in congregate facilities, like shelters, where people are packed into tight quarters, said Dr. Julie Linton, co-chair of the American Academy of Pediatrics’ Council on Immigrant Child and Family Health. She has treated many newly arrived kids who had multiple parasitic infections because they lacked clean water or access to sanitary conditions during their journey.

José could have something even more serious, but specialty care and testing are not available to migrants, said Dr. Bert Johansson, an El Paso pediatrician who volunteers in Mexican shelters.

Or José may just need a stable place to recover.

Chronic stress suppresses the immune system, which makes infections more likely and recovery harder, Linton said. The long waits are also causing or intensifying existing trauma, said Marisa Limón, senior director for advocacy and programming at the Hope Border Institute. Mental health ailments are among the most common health conditions for people in shelters and detention centers, said Linton.

In July, Las Americas officials told Alpizar that she would have to wait at least eight to 10 weeks before learning whether her family would be granted an exemption.

Alpizar has considered crossing illegally but doesn’t have the funds. A sense of desperation has led migrants to .

The lack of legal pathways to seek asylum “makes people take more risks, in more dangerous areas,” said Eddie Canales, director of the South Texas Human Rights Center. “The border is a graveyard.”

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En una , la administración también anunció que está planeando exigir a las aseguradoras que especifiquen de antemano el costo de bolsillo para los pacientes de todos los servicios médicos. Esta propuesta ahora está en el período abierto en el que se reciben comentarios del público.

“¿Qué es más claro y sensato que los estadounidenses sepan cuánto costará su atención antes de ir al médico?”, dijo Joe Grogan, director del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca.

La regla sobre los hospitales entrará en vigencia en enero de 2021. Es parte de un esfuerzo de la administración Trump por aumentar la transparencia de los precios con la esperanza de reducir los costos de atención médica a todo nivel: desde servicios hospitalarios hasta medicamentos recetados. Pero es controversial y es probable que enfrente desafíos en los tribunales.

Cuando esa regla se propuso por primera vez en julio, los hospitales y las aseguradoras se opusieron. Argumentaron que requeriría la divulgación de información privada, y que también podría obstaculizar las negociaciones y ser contraproducente si algunos proveedores médicos se dieran cuenta que tienen un precio bajo en comparación con sus pares y elevaran sus costos.

Poco después de la publicación de la regla final (el viernes 15), cuatro grandes organizaciones hospitalarias dijeron que la desafiarían en los tribunales.

Según una declaración conjunta de estas organizaciones, “esta regla generará una confusión generalizada, aumentará el comportamiento anticompetitivo entre las aseguradoras de salud y obstaculizará las innovaciones”. En el texto el grupo dejó en claro su intención de “presentar un desafío legal a la regla sobre la base de que excede la autoridad de la administración”.

La declaración fue firmada por la Asociación Americana de Hospitales, la Asociación de Colegios Médicos Americanos, la Asociación de Hospitales de Niños y la Federación de Hospitales Estadounidenses.

Las aseguradoras también reaccionaron. “La regla que la administración lanzó no ayudará a los consumidores a comprender mejor por cuáles servicios de salud tendrán que pagar, y puede no avanzar en el objetivo más amplio de reducir los costos de la atención médica”, dijo en una declaración Scott Serota, presidente y CEO de la Asociación Blue Cross Blue Shield.

Exigir que se revelen las tarifas negociadas, dijo, podría llevar a aumentos de precios “ya que los médicos y las instalaciones médicas podrían ver en los pagos negociados una hoja de ruta para aumentar los precios en lugar de bajarlos”. Agregó que la regla podría confundir a los consumidores.

Para un consumidor, puede ser una cantidad de datos abrumadora. Sin embargo, la administración dijo que espera que estos datos también estimulen a los investigadores, empleadores o empresarios a encontrar formas adicionales de hacer que sean accesibles y útiles.

La cantidad de información que la norma requiere que se divulgue será masiva, incluidos los cargos brutos, las tarifas negociadas y los precios en efectivo, para cada uno de los miles de servicios ofrecidos por cada hospital, un paquete de información que deberán actualizar anualmente.

En un guiño a lo difícil que podría ser para un consumidor encontrar artículos de una lista de precios a la carta, la regla también requiere que cada hospital incluya una lista de 300 servicios, descritos en lenguaje sencillo, con todos los gastos extra incluidos. De esta forma, un paciente podría consultar el costo total de un reemplazo de rodilla, reparación de hernia u otro tratamiento.

Las aseguradoras, según la regla propuesta, tendrían que revelar las tarifas que negocian con proveedores, como los hospitales. También se les requeriría crear herramientas en línea para que los consumidores pudieran calcular la parte de un servicio que tienen que pagar, incluido cualquier deducible que puedan deber, y poner esa información a disposición antes que el consumidor vaya a la cita médica o al hospital.

No se sabe todavía cuándo entraría en vigencia esta parte de la norma propuesta.

A principios de este año, la administración ordenó a las farmacéuticas que incluyeran sus precios en los anuncios de televisión, pero la industria demandó y ganó un fallo judicial que bloquea la medida. La administración ha apelado esa decisión.

No obstante, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo que la administración tiene confianza.

En una conferencia telefónica con reporteros, Azar y otros funcionarios admitieron que no tienen estimaciones sobre cuánto ayudaría la propuesta a bajar los costos, porque nunca antes se había probado un esfuerzo tan amplio en los Estados Unidos.

Aun así, “señáleme un sector de la economía estadounidense en el que tener información sobre precios realmente conduzca a precios más altos”, dijo Azar.

Azar citó algunos estudios que muestran que cuando se revelan los precios, el gasto general puede bajar porque los pacientes eligen servicios más baratos. Sin embargo, generalmente estos esfuerzos también requieren incentivos financieros para el paciente, como compartir ciertos costos.

La norma propuesta para las aseguradoras los insta a crear tales incentivos, dijo Seema Verma, quien supervisa los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS)

George Nation, profesor de negocios en la Universidad Lehigh de Pennsylvania, quien estudia los precios en los hospitales, calificó la regla final y la propuesta sobre las aseguradoras como “un movimiento en la dirección correcta”.

Dijo que, entre otras cosas, la información sobre precios puede resultar útil para los empleadores al comparar si su aseguradora o administradora está haciendo un buen trabajo cuando negocia con los proveedores locales.

Hoy, “solo ven una factura y un descuento. ¿Pero es un buen descuento? Ahora todo esto será transparente”, completó Nation.

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El hijo de Luz es uno de los cerca de 190,000 niños que se han inscrito en el Medi-Cal desde que California lo habilitó para menores indocumentados el año pasado. Luz, su esposo y su hijo llegaron sin papeles a Merced, California, desde México hace unos 10 años. Luz pidió que no se usara el apellido de la familia, por miedo a ser identificada por las autoridades federales de inmigración.

En el clima político actual, los defensores de los inmigrantes y de la salud temen que niños, como el hijo de Luz, abandonen el Medi-Cal y que otros menores que califican no se inscriban debido a la preocupación de que la información personal pueda ser utilizada para deportar a las familias.

Luz tendría que renovar la cobertura de su hijo en octubre, pero sigue indecisa, aunque el programa pagó por su visita al hospital cuando se lesionó un pie. “Todavía lo estoy pensando”, dijo.

En mayo de 2016, el Departamento Estatal de Servicios de Salud (DHCS) implementó la nueva ley Health for All Kids (Salud para Todos los Niños) que permite a los menores de 19 años de California recibir beneficios completos del Medi-Cal, incluyendo atención dental y servicios de salud mental, independientemente de su estatus migratorio. Antes, los niños indocumentados sólo podían recibir a través del Medi-Cal atención de emergencia.

California siguió a Illinois, Massachusetts, Nueva York, Washington y el Distrito de Columbia ofreciendo cobertura de salud apoyada por el estado a niños que viven en el país sin papeles. El gobierno federal paga una porción significativa del programa de California, como lo hace con todos los estados. Pero California financia la cobertura para los niños indocumentados en su totalidad.

Desde su implementación hasta el 6 de abril de 2017, 189,434 niños indocumentados se inscribieron en el programa, según los datos estatales más recientes. El departamento de servicios de salud estima que otros 61,000 son elegibles, pero no están inscritos. Defensores dicen que ahora es el momento para un empujón para inscribir a estos niños “más difíciles de localizar” y para alentar a los que ya están en el programa a quedarse.

Las familias inmigrantes se han vuelto más reacias a compartir información personal con los programas gubernamentales por los cambios a las políticas migratorias y de salud que planea la administración Trump, según que trabajan con inmigrantes en prácticas pediátricas y clínicas comunitarias a lo largo del estado.

La encuesta, realizada en marzo por el grupo de abogacía Children Now, reveló que los inmigrantes también están evitando cada vez más las citas médicas debido a preocupaciones similares.

Kelly Hardy, directora y gerente de políticas de salud de Children Now, dijo que algunas familias incluso porque temen que su estatus migratorio pueda compartirse con oficiales de inmigración.

“Mantener [en el programa] a los niños que se han inscrito recientemente va a ser muy importante”, dijo Hardy. Agregó que espera que las familias vean que la cobertura es una bendición para su salud y que no se asusten.

En un correo electrónico reciente, el DHCS reiteró a California Healthline que el estatus migratorio de un solicitante “solo se usa con el propósito de determinar la elegibilidad para el Medi-Cal”.

Pero eso no evita la preocupación de algunos padres.

“Este miedo es horrible. No sabemos en quién confiar “, dijo Luz.

Antes de que la ley de cobertura para todos entrara en vigencia el año pasado, los niños indocumentados podían obtener atención en algunos condados de California a través del programa Healthy Kids. Sin embargo, muchos de esos niños han sido transferidos al Medi-Cal, y los programas Healthy Kids están cerrando.

Carlos Jiménez, abogado de políticas de salud en el Mixteco Community Organizing Project, en Oxnard, California, dijo que la organización sin fines de lucro duplicó sus esfuerzos para ayudar con las inscripciones después que se implementó la ley.

Los promotores de salud difundieron información sobre la nueva ley en campos agrícolas, en la entrada de iglesias y supermercados. El año pasado, los consejeros de inscripción vieron hasta a 400 personas al mes que tenían preguntas acerca del Medi-Cal, y la mayoría buscaba inscribir a sus hijos, dijo Jiménez.

Pero después de la elección presidencial de noviembre, los consejeros en Mixteco vieron como el número de personas que buscaba ayuda se reducía casi a la mitad, dijo Jiménez. A esta altura los consejeros esperaban más consultas sobre la inscripción, remarcó.

La mayoría de la gente pregunta si la inscripción de un niño indocumentado traería algún problema con Inmigración, dijo Jiménez. “Nosotros les decimos que su información está protegida. Pero aun así tienen miedo”.

La encuesta de Children Now mostró que los participantes tenían preguntas sobre el futuro del Medi-Cal para los niños indocumentados, en particular, si la cobertura continuaría si se reemplazaba la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

En con California Healthline en febrero, el senador Ricardo Lara (demócrata de Bell Gardens) y autor de la ley Health for All Kids, dijo que no había razón para preocuparse por la continuidad del programa.

El programa sigue siendo una prioridad para el gobernador demócrata Jerry Brown, dijo Lara, señalando que este año California está gastando para continuar los beneficios para los niños indocumentados. Esa suma está muy por encima de los $188 millones que proporcionó para el programa el año pasado.

Los defensores de la salud en California esperan ampliar el programa a los adultos jóvenes. A principios de este mes, el California Immigrant Policy Center y Health Access California, lanzaron solicitando que los beneficios completos del Medi-Cal estén disponibles para los jóvenes sin papeles de entre 19 y 26 años.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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“Está siendo deprimente”, dijo el hombre de 35 años, residente de San Mateo, California, quien tiene ideas políticas moderadas y ha apoyado en el pasado a candidatos tanto republicanos como demócratas. “Me siento enojado, realmente enojado, mucho más enojado de lo que imaginaba”.

Dice que se ha esforzado por calmar su ansiedad. En primer lugar, cerró su página de Facebook para limitar su exposición a la inmersión diaria de noticias de Washington. Pero no saber lo que estaba ocurriendo también lo ponía ansioso. Se encontró espiando a escondidas la cuenta de Facebook que había abierto para su perro. “Me sentí como si estuviera engañando a alguien”, dijo.

Pfingsten no está solo en su ansiedad inducida por la política, de hecho, es tan común que ya tiene un nombre no oficial: Los profesionales de la salud mental en todo el país, especialmente los que trabajan en baluartes demócratas, informan de una corriente de pacientes que llegan con ansiedad y depresión relacionados con ‑o empeorados por- la explosión de noticias diarias sobre la nueva administración.

En el pasado, los terapeutas decían que era poco común que los pacientes llevaran la política al diván. “Cuesta mucho dinero hablar de política conmigo, ¡eso no es lo que hacemos!”, expresó Maria Lymberis, psiquiatra en Santa Mónica, California.

Pero eso era antes de las “noticias falsas”, los “datos alternativos”, y las palabras “derogar y reemplazar”, las confirmaciones de funcionarios impugnadas, las prohibiciones de viajar, las protestas y demandas por esas prohibiciones, las sospechas sobre la influencia rusa, la retirada del fiscal general y del asesor de seguridad nacional. Entre otras cosas.

Las solicitudes de citas terapéuticas a , un portal de terapia en línea con sede en la ciudad de Nueva York, se triplicaron inmediatamente después de las elecciones y se han mantenido altas hasta enero, según la compañía. En particular, Talkspace ha visto un aumento constante en las solicitudes de miembros de minorías, incluyendo musulmanes-americanos, afroamericanos, judíos, gays y lesbianas.

“En mis 28 años de práctica, nunca he visto nada como este nivel de estrés”, dijo Nancy Molitor, psicóloga en los suburbios de Chicago. Ella dice que la gran mayoría de sus pacientes ‑que van desde “millenials” (adultos jóvenes de treinta y pico) hasta personas de 80 años- están trayendo temas de política a sus sesiones. “Lo que vemos ahora después de la inauguración es un gran aumento en la ansiedad”.

Muchos de sus pacientes dicen que están teniendo problemas para dormir y concentrarse en el trabajo o están peleando más con los miembros de la familia, dijo.

“Tengo gente que me ha dicho que están de luto, que han perdido su libido”, dijo Molitor. “Otros me dicen que la ansiedad que sienten está causando que se distraigan tanto que no frenan en señales de stop o tienen pequeños accidentes”.

La ansiedad parece ser generalizada. El 57% de los estadounidenses informan que el clima político actual es una fuente muy o algo significativa de estrés, y el 40% dice lo mismo sobre el resultado de las elecciones, según realizada por la American Psychological Association con 1.019 adultos después de la inauguración presidencial. Entre agosto de 2016 y enero de 2017, el nivel general de estrés promedio aumentó significativamente por primera vez desde que comenzó a realizarse la encuesta Estrés en América hace 10 años.

Y no son sólo demócratas: un cuarto de los republicanos informa que el resultado de las elecciones es una fuente significativa de estrés.

“Estoy viendo mucha ansiedad y rabia en ambos lados”, dice Elaine DuCharme, una psicóloga en Glastonbury, Connecticut. “Las personas que son republicanas tienen miedo de decirlo. Temen que todo el mundo crea que cada republicano piensa exactamente como Trump, y que apoya cada cosa que el presidente hace”.

DuCharme dice que algunos de sus pacientes están particularmente preocupados por mantener relaciones civilizadas con amigos y seres queridos que tienen diferentes opiniones políticas. “La gente camina sobre cáscaras de huevo”, expresó.

Karri King, de 56 años, quien vive en Buckeye, Arizona, y votó por Trump, dice que sus experiencias en las redes sociales la han dejado triste y desesperada. “Hay tantas cosas negativas en esos tontos mensajes de Facebook que actúan como si el mundo acabara. Y es falso. Y no puedo hacer nada al respecto”.

King dijo que ha tratado de involucrarse de manera civilizada con otras personas en línea que están en desacuerdo con ella, pero “cada vez que los republicanos opinamos, nos golpean”.

¡Cuando usted dice “un montón de idiotas” votó por Trump, usted está hablando de la mitad de todos los estadounidenses! Teníamos esperanzas al principio, y ahora estamos enojados y cansados de que se nos culpe”, dijo King. “Nadie quiere escuchar más, y de ahí proviene mi tristeza”.

Por supuesto, en algunas partes del país, especialmente en aquellas que son abrumadoramente republicanas y alejadas de las grandes ciudades, la gente parece aliviada, si no estimulada, por la oleada de órdenes ejecutivas y nombramientos del nuevo presidente.

Kristin Addison-Brown, una psicóloga en la zona rural de Jonesboro, Arkansas, dice que, antes de las elecciones, algunos de sus pacientes estaban expresando su preocupación por una posible victoria de Hillary Clinton. Pero desde entonces, “ha sido como el canto de los grillos para mis pacientes. Ellos tienen a su hombre, así que ya no están estresados”.

Nancy Cottle, partidaria de Trump de Mesa, Arizona, ha estado volando alto desde las elecciones. “Fuimos a la inauguración, y ¡fue una experiencia maravillosa! También fuimos al hotel de Trump a desayunar y almorzar, y fue simplemente fantástico. La inauguración fue muy inspiradora”.

Cottle, de 64 años, ha estado luchando por entender el clamor público sobre Trump. “Es como si el cielo se estuviera cayendo, pero mucho de eso es solo drama”, dijo. “Me siento animada, tengo esperanzas. No puedo esperar para despertar y ver lo que el día va a traer y qué más va a suceder”, agregó.

Esa misma dosis diaria de noticias -y la incertidumbre de lo que ocurrirá después- acosan a muchos que se oponen a Trump. Pero, al igual que Pfingsten, no pueden dejar de consumir noticias de inmediato.

“Parte del cerebro quiere saber qué está pasando, y te sientes atraído por ver CNN o leer las noticias. Y entonces la otra parte está diciendo que no, no, que eso no es bueno para mí”, explica Molitor, la psicóloga de Chicago. “Es tan desafortunado como conducir rápido a riesgo de tener un accidente: saben que no es bueno, pero no pueden parar”.

Molitor recomienda que los pacientes sigan estando comprometidos con la realidad, pero limiten el tiempo que pasan en Facebook o viendo las noticias. Concéntrate en otras cosas que disfrutas, aconseja, como llamar a un amigo, dar un paseo o leer un libro.

“Nunca leí los libros de Harry Potter, así que estoy leyendo a Harry Potter”, cuenta Matthew Leal, un residente de 34 años de San Francisco quien cayٕó en un pozo depresivo después de las elecciones. “Alguien puede verme leyendo y decir que estoy siendo totalmente escapista, pero siento que es algo que necesito”.

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Según una revisión de sus récords, Price ha sido el congresista a quien los grupos de intereses especiales médicos recurren cuando están enfrentado nuevas regulaciones o recortes presupuestarios. Durante la última década, Price se ha ocupado de cuestiones relacionadas con medicamentos y dispositivos médicos específicos, haciendo 38 consultas con la Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA), según registros federales obtenidos a través de la ley de libertad de información. Price cuestionó a la FDA en nombre de sus electores acerca de asuntos tan diminutos como un dispositivo para el tratamiento de la fertilidad y el ingrediente de una crema para el dolor.

En otros casos, Price ha defendido a las empresas cuyos ejecutivos y empleados han contribuido generosamente a sus campañas y comités de acción política (PAC, por sus siglas en inglés).

“Parece que es alguien que podría abrir la tienda a un montón de intereses especiales”, dijo Ross Baker, profesor de ciencias políticas de la Universidad Rutgers, quien se especializa en temas del Congreso. “Estas cosas ocurren por debajo del radar. Si uno le diera un hachazo al Medicare, por ejemplo, todo el mundo lo sabría. Pero este tipo de cosas se hacen en la oscuridad de la noche”.

Apenas unas semanas antes de que Trump convocara a Price para dirigir el HHS, en noviembre, el congresista habló en una conferencia en Atlanta para vendedores de bastones, camas de hospital y sillas de ruedas eléctricas. Price fue la estrella del espectáculo, un encuentro con 5.000 asistentes. Habló ante la multitud acerca de los recortes del Medicare que asolaban a la industria y se comprometió a luchar contra ellos. Los líderes de la conferencia de Medtrade honraron a Price con un premio por su firme defensa y convocaron a una recaudación de fondos de $100 por persona en su honor.

Price, de 62 años, cirujano ortopédico de los suburbios del norte de Atlanta, fue elegido al Congreso en 2004 después de cuatro mandatos en la legislatura estatal de Georgia. Médico de tercera generación, dijo que entró en la política en búsqueda de límites a la intromisión del gobierno en la atención de salud. A través de los años, ha ganado un apoyo significativo para su campaña por parte de firmas de drogas y grupos médicos.

La información obtenida a través de una solicitud de registros públicos muestra que Price se ha interesado en los conflictos de sus electores con la FDA. En 2005, firmó una carta de preocupación sobre la disponibilidad de válvulas cardíacas utilizadas en cirugías pediátricas. Cuatro años después, instó a revisar el dispositivo de análisis de esperma de una compañía local. Price llamó a la compañía un “pilar de la comunidad” diciendo que debía ser eximida de un ensayo clínico que sería “imposible pasar”. A principios de este año, uno de sus asistentes presionó a la FDA en nombre de un elector intentando conseguir palmitate de capsaicina, el ingrediente de una crema para el dolor.

Como firme opositor de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) del presidente Barack Obama, a la que considera como la causante de la destrucción “de la sagrada relación médico-paciente”, Price ha ofrecido varios planes para reemplazarla, incluyendo el Empowering Patients First Act. En lugar del ACA, Price prefiere ofrecer a los pacientes cuentas de ahorros de salud que puedan usar para pagar por cobertura y atención, y créditos fiscales para ayudar a la gente a comprar un seguro de salud por cuenta propia.

La oficina de Price no respondió a las solicitudes de entrevista ni a las preguntas detalladas por escrito sobre sus relaciones con los contribuyentes o su registro legislativo. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que Price está entre los principales objetivos de los demócratas, cuya nominación están tratando de descarrilar. La oficina de ética gubernamental revisará el informe de divulgación financiera de Price, el cual contiene información sobre sus activos, ingresos y otra información financiera personal y luego aconsejará al comité de finanzas del senado si necesita tomar medidas para evitar conflictos de intereses.

En las últimas semanas, Price ha sido objeto de críticas por su negociación de acciones en compañías farmacéuticas, incluyendo una firma australiana que planea buscar la aprobación de EE.UU. para un medicamento “prometedor”.

Phil Blando, vocero del equipo de transición de Trump, dijo que Price cumplió con la ley y las reglas éticas. “Price toma su obligación de mantener la confianza pública muy en serio” y, si es confirmado por el Senado, trabajará con los funcionarios de ética para “asegurar su continuo cumplimiento y transparencia”, agregó.

Campeón de equipos médicos

Cuando miles se reunieron en la convención de Medtrade en el otoño para conocer los últimos equipos médicos para uso en el hogar, Price se comprometió a ayudarlos.

La industria ha combatido los cambios generalizados en pagos del gobierno aprobados por el Congreso en 2003 e implementados por la administración de Obama. Las reformas se produjeron después de una década de procesamientos contra estafadores que compraban sillas de ruedas a precios al por mayor, dándoselas presuntamente a personas mayores que no las necesitaban o que no las querían, y cobrándoselas luego al Medicare.

Las reformas más recientes han incluido recortes presupuestarios y un programa de licitación competitiva destinado a limitar la rentabilidad de la oferta de equipos médicos, incluyendo las sillas de ruedas. Los proveedores de equipos médicos para el hogar se han clasificado como los patrocinadores clave de Price, contribuyendo con $52.600 a su campaña desde 2013, de acuerdo con un análisis de Kaiser Health News, que revisó las contribuciones federales.

A pesar de su postura como un vigilante del presupuesto, Price ha tomado partido por líderes de la industria que dicen que los recortes perjudican a los proveedores médicos rurales que enfrentan mayores costos en la entrega de equipos. Price dijo en un comunicado de prensa que los recortes comprometen el acceso de los ancianos a equipos médicos que salvan vidas, incluyendo scooters eléctricos y tanques de oxígeno. “Las personas mayores de Georgia deberían tener acceso a atención médica de calidad”, dijo Price en un comunicado en mayo.

Price introdujo el mismo mes para retrasar los recortes en el gasto del Medicare para equipos médicos duraderos, como camas de hospital y sillas de ruedas motorizadas. El proyecto de ley fue aprobado por la cámara en julio, pero fue rechazado por el Senado.

Líderes de la industria de equipos médicos le dan crédito a Price por haber ayudado a revertir o retrasar algunos recortes a través de la reciente aprobación del 21st Century Cures Act, de acuerdo con Group con base en Iowa, que “la principal organización de compras del país” y un “socio silencioso” de miles de proveedores independientes de equipos médicos para el hogar. La compañía y sus ejecutivos han contribuido con más de $17.000 a las campañas de Price. Un líder emitió su agradecimiento al congresista en otra publicación del blog, llamando a la demora de los recortes un “día memorable” para los proveedores de equipos médicos duraderos.

Price también ha protegido a las compañías que proporcionan asistentes de salud en el hogar y cuidado de enfermería a las personas mayores, una industria lucrativa que los fiscales han identificado . Alarmados por un plan del Medicare para revisar dichos reclamos antes del pago, los líderes de la industria buscaron a Price y a otro congresista para obtener ayuda, la Partnership for Quality Home Healthcare, que elogió a ambos hombres por escuchar sus preocupaciones.

Las compañías de salud en el hogar también contribuyeron con Price en más de $24.000 desde 2013 hasta principios de este año.

Criticando el plan de ahorro como demasiado amplio e impidiendo el acceso de los pacientes a la atención médica, Price presentó un en septiembre que retrasaría la revisión de los reclamos por un año. Este proyecto, copatrocinado por el representante Jim McGovern (demócrata de Massachusetts), se estancó en un subcomité en octubre.

Apoyo a los médicos que viajan

En el Congreso, Price ha sido un crítico clave del sistema de negligencia médica de Estados Unidos, una pesadilla para muchos cirujanos, pero también para una compañía con sede en su distrito que ha proporcionado donaciones confiables para la campaña. Esa firma, Jackson Healthcare, administra hospitales y prácticas con médicos temporales, llamados locum tenens.

Uno de los contribuidores más grandes de Price es Richard L. Jackson, presidente y CEO de la compañía. Los dos presentaron juntos en 2009 a limitar las demandas por mala praxis. Ambos han afirmado que los intentos de los médicos de evitar tales demandas han llevado a una costosa y excesiva atención médica. En una entrevista en 2010, Jackson mencionó que había hablado sobre la “medicina defensiva” con Price, y otros miembros del Congreso. Price, por su parte, ha hecho referencia al estudio de Jackson Healthcare sobre el alto costo de este tipo de atención médica.

Price ha introducido repetidamente legislación para reducir los casos de mala praxis y, en otro frente, para proteger el estatus fiscal de las compañías ambulantes. En septiembre, introdujo una versión para la cámara de un proyecto de ley que ayudaría a cambiar el código de impuestos del IRS para clasificar a los médicos que viajan como contratistas, y no como empleados, de modo que la compañía que los proporciona no sería legalmente vulnerable a los impuestos en estados lejanos. Una fue presentada antes por el senador republicano de Georgia, Johnny Isakson. Los proyectos de ley fueron rechazados en comités el año pasado.

Jackson y su hijo, Shane, el presidente de la compañía, han apoyado a Price con donaciones a su campaña y a su comité de recaudación de fondos, que contribuye a las campañas republicanas. Desde 2011, han contribuido al menos con $43.000 a la campaña de Price y con $35.000 al comité conjunto de recaudación de fondos.

Una portavoz de Jackson dijo que el proyecto de ley de Price no habría afectado a su compañía ya que, en la práctica, ya consideraba a sus médicos como contratistas, al igual que el gobierno.

Influencia en la FDA

Si fuera confirmado como secretario del HHS, Price supervisaría muchas de las reglas, regulaciones y “embotellamientos” que regularmente generan aullidos en la industria médica. También tendría autoridad sobre la FDA, que regula los productos farmacéuticos. La agencia pronto podría estar dentro del ámbito de control sobre una compañía en la que Price ha invertido personalmente.

La empresa australiana Innate Immunotherapeutics declaró en un informe anual que planea presentar su droga clave contra la esclerosis múltiple a la FDA para su aprobación. Hace varios meses, Price compró entre $50.000 y $100.000 en acciones de la compañía, de acuerdo con una divulgación financiera rutinaria requerida para los miembros del Congreso.

La FDA también está discutiendo otro problema de regulación que podría afectar la compañía de otro contribuyente importante. Parker H. “Pete” Petit, junto con su familia, han contribuido con $35.900 a la campaña de Price y a su PAC desde 2010. Petit también fue jefe de finanzas para Trump en Georgia y, con su familia, contribuyó con $125.000 al PAC del presidente electo.

Petit es el CEO de MiMedx, una empresa de biotecnología de Georgia en el distrito de Price, que ha impugnado una decisión de la FDA sobre algunos productos para ayudar a la cicatrización de heridas.

En agosto de 2013, la FDA concluyó que los productos, que consisten en placentas descartadas y líquido amniótico, deberían ser regulados ya que su fabricación implica manipulación de tejidos humanos. La carta de la FDA provocó la caída de las acciones de MiMedx y estimuló a una demanda de valores presentada en una corte federal en Georgia. La fiscalía acusó a MiMedx de inducir erróneamente a los inversionistas al minimizar la gravedad del escrutinio de la FDA. En abril se llegó a un acuerdo de casi $3 millones.

Petit reconoció que buscó ayuda del Congreso acerca del tema, sin ser específico. La FDA dijo que no podía comentar sobre el asunto. MiMedx no regresó las llamadas.

Elizabeth Lucas contribuyó a esta historia.

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