Cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no brindan atención médica adecuada, según una investigación de ºÚÁϳԹÏÍø News y The Associated Press.

Los detenidos exponen que no reciben sus medicamentos a tiempo —o no se los dan en absoluto— para tratar afecciones como hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de azúcar en sangre aumentaron. Las infecciones empeoraron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Los detenidos se desplomaron y sufrieron convulsiones.

Las cárceles y centros de detención migratoria de Estados Unidos han tenido durante mucho tiempo de las personas bajo su custodia. Pero el sistema está tambaleándose por el aumento de las detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Más de 75.000 inmigrantes permanecían detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) , frente a unos 40.000 del año anterior.

ºÚÁϳԹÏÍø News y AP analizaron miles de demandas presentadas desde la segunda investidura de Trump que utilizan una vía jurídica conocida como habeas corpus para argumentar que el ICE mantiene a personas detenidas de manera ilegal.

Estos registros ofrecen una visión excepcional de cómo los detenidos describen —a menudo bajo pena de perjurio— la forma en que el ICE maneja sus necesidades médicas. Además, los reporteros entrevistaron a más de 50 personas, entre detenidos, familiares y abogados.

La investigación reveló que se denuncian casos de negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, incluidas oficinas que no fueron construidas para alojar personas, cárceles locales y sitios improvisados conocidos con apodos como “Alligator Alcatraz” (“Alcatraz de los Caimanes”).

La detención por parte del ICE es más letal que en las últimas dos décadas, escribieron investigadores en la revista científica (JAMA) en abril. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo gobierno de Trump, con un aumento de suicidios .

ºÚÁϳԹÏÍø News y AP pidieron al DHS que respondiera a estos hallazgos seis días antes de la publicación, pero no ofreció comentarios. Sean Conley, director médico interino del DHS, que “es política y práctica de larga data que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan bajo custodia del ICE” y que la agencia contrata profesionales de salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.

Las instalaciones individuales y las empresas penitenciarias privadas contratadas por el DHS que respondieron a las solicitudes de comentarios dijeron que siguen los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica cuando se requiere. Algunas afirmaron no estar familiarizadas con las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otras responsabilizaron a algunos detenidos por interrupciones en su atención médica.

“Nunca he visto un desprecio o negligencia médica como ésta en ninguna parte”, escribió Vardan Gukasian, disidente político y ex paramédico que pasó años preso en Armenia, en presentada en marzo para impugnar su detención en Nevada, que se extendió durante 13 meses pese a sus problemas de salud.

Madeleine Skains, vocera de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en esa instalación y que el tribunal no había ordenado cambios en la atención de Gukasian.

En junio pasado, cuando Gukasian experimentaba síntomas de una hipertensión no controlada —mareos, hemorragia nasal y dolor de cabeza—, su compañero de celda golpeó la puerta para pedir ayuda.

“Cuando la ayuda no llegó, el resto del pabellón comenzó a golpear sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese mismo día.

“Indiferencia descarada ante problemas muy evidentes”

En su campaña de deportación masiva, el gobierno ha detenido a durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.

Alrededor del no tiene una condena criminal. Sus procesos migratorios son civiles, no penales.

“No podía entender por qué me trataban con tanta dureza”, dijo un padre de seis hijos en Georgia.

Dijo que resultó herido mientras estaba esposado bajo custodia cuando el vehículo que lo transportaba a una instalación en Atlanta se sacudió bruscamente, lanzándolo de su asiento contra un apoyabrazos metálico. La herida se infectó con E. coli porque tuvo que dormir en un piso de concreto sucio cerca de inodoros con pérdidas, aseguró.

Al igual que otros entrevistados, habló bajo condición de anonimato. Dicen que temen por su seguridad, por la de sus familias o porque creen que hablar podría perjudicar sus casos migratorios. AP y ºÚÁϳԹÏÍø News no identifican a las personas mencionadas en documentos judiciales sin su consentimiento.

Según , el personal del Centro de Detención Stewart, ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a sus reiterados pedidos de atención médica hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital a aproximadamente una hora de distancia. Allí, contó que un médico le dijo que estuvo cerca de perder la pierna izquierda por amputación. Brian Todd, vocero de CoreCivic, la empresa que administra la instalación, afirmó que el personal médico no encontró registros de un caso que coincidiera con esa descripción.

El hombre, de 48 años, llegó a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas. Fue liberado en octubre y ahora cuenta con residencia permanente legal. Sin embargo, teme no poder regresar a su trabajo en la construcción porque, según expuso, la lesión le impide levantar objetos pesados.

Algunos detenidos y sus abogados denunciaron que incluso se les negó atención médica básica: gasas para proteger una herida abierta en un pie, atención prenatal durante un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor de dormir con cáncer avanzado de estómago o compresas sanitarias para el sangrado posparto.

“Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de las personas que mantiene detenidas, sin importar cuánto tiempo permanezcan bajo su custodia”, dijo durante una audiencia en octubre la jueza federal Benita Pearson, de Ohio, en un caso relacionado con una mujer de 70 años que afirmó que el gobierno perdió sus anteojos durante su arresto. “Si una persona no puede ver porque perdió sus anteojos mientras está detenida, eso es algo que debería solucionarse”.

, quien trabajó para el ICE y ahora es asesora especial de la Asociación Americana de Abogados, dijo que la jurisprudencia exige que el gobierno brinde a las personas detenidas por motivos migratorios la misma atención que ofrece a quienes están en cárceles tradicionales esperando juicio. Sin embargo, los administradores tienen margen para tomar sus propias decisiones y los estándares de atención médica varían.

Con frecuencia, los detenidos son trasladados por todo el país, en muchos casos sin previo aviso, lo que interrumpe tratamientos médicos en curso. Una mujer de El Salvador dijo que pasó una semana sin recibir sus medicamentos para el VIH después de ser transferida desde Colorado a una cárcel local en Wyoming.

Un hombre ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó a un gastroenterólogo por dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano. “Desafortunadamente, nunca pude verlo porque me trasladaron por varios centros de detención”.

Defensores de inmigrantes afirman que incluso se ignoran discapacidades evidentes, como la ceguera legal.

Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma severo en el otro necesitaba gotas dos veces al día para conservar la visión que le quedaba. Sin embargo, dijo que algunos días las gotas nunca llegaban.

“Ahora solo puedo ver un poco hacia adelante. Con frecuencia parece que estuviera viendo a través de una gasa”, escribió en una declaración judicial. “Esto me da mucho miedo porque temo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.

Escribió que temía no poder ver crecer a su hijo pequeño.

“Es una especie de indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década habrían parecido absurdas, como el hecho de que no puedas ver”, dijo Brian Hoffman, abogado del detenido. “Antes se podía intentar trabajar con funcionarios del gobierno y quizá avergonzarlos para que hicieran lo correcto. Ahora parece que cualquier cosa que quieras lograr requiere ir a los tribunales y demandar”.

Y ni siquiera las órdenes judiciales siempre son suficientes. Un juez de California ordenó al gobierno llevar a un hombre con signos de cáncer de próstata a un especialista para diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron.

Los abogados que representaban al ICE dijeron al juez que la cita se perdió debido a un “error interno de programación”. CoreCivic, que administra la instalación, dijo que no podía comentar sobre litigios en curso.

Un aumento de casos

Cuando los inmigrantes presentan peticiones de habeas corpus, ejercen un derecho para impugnar una detención ilegal que se remonta a la .

Durante el segundo mandato de Trump se han presentado más de 40.000 peticiones de este tipo, impulsadas por decisiones tomadas el año pasado para negar fianza a muchas personas detenidas por cargos migratorios. Los jueces están divididos sobre la legalidad de esa medida y la cuestión parece encaminarse hacia la Corte Suprema.

Muchos de estos habeas corpus han tenido éxito, pero los jueces suelen citar razones no relacionadas con la negligencia médica descrita en ellos, como personas detenidas por períodos excesivamente largos de detención antes de ser deportadas.

Las más de 300 denuncias de negligencia médica identificadas en esta investigación representan solo una parte del problema.

Los detalles de los casos de habeas corpus suelen permanecer ocultos debido a una norma federal que impide al público ver estos documentos en línea. ºÚÁϳԹÏÍø News y AP obtuvieron algunos documentos en tribunales y recibieron registros de 4.400 casos de , un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative. Sin embargo, decenas de miles de casos siguen siendo en gran medida inaccesibles.

Algunos jueces han escrito que el proceso de habeas corpus no es la vía adecuada para presentar alegatos de negligencia médica, y se han negado a liberar a detenidos por tales alegatos. No todos los detenidos que creen haber sufrido negligencia médica presentan una petición de habeas corpus ni citan sus problemas médicos si lo hacen.

La petición de José-Antonio Segismundo no mencionaba que no pudo consultar a un oncólogo por el cáncer que tenía en el abdomen mientras estuvo detenido durante más de siete meses en la instalación de Florida conocida como Alligator Alcatraz y en el Centro de Procesamiento del ICE Folkston D Ray, en Georgia. Los registros médicos incluidos en documentos judiciales muestran que fue arrestado aproximadamente cinco semanas antes de una cita programada con un oncólogo.

Su esposa, María José González, dijo que no recibió tratamiento alguno aunque ella envió sus registros médicos y explicó su condición a funcionarios de Folkston. Dijo que cuando su esposo sufría intensos dolores de estómago le daban Tylenol.

Christopher Ferreira, vocero de GEO Group, que administra Folkston, dijo que la empresa sigue los estándares del ICE y proporciona atención médica y acceso a especialistas externos cuando es necesario.

Esta primavera, Segismundo, de 48 años, fue deportado a México, país que había dejado casi 30 años atrás, dijo González. Ahora tendrá que comenzar de nuevo la búsqueda de atención médica en la aldea de Oaxaca donde creció.

González siente que está viendo cómo se desmorona la vida que construyeron juntos. Vive en Wimauma, Florida, con sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses; el menor tiene 6 años.

Ver deteriorarse a los seres queridos

Los detenidos que reciben atención médica inadecuada tienen pocas opciones para buscar ayuda. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional redujo drásticamente la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes. A principios de mayo la cerró por completo, argumentando falta de financiamiento del Congreso.

Antes, el personal de la defensoría podía ayudar a facilitar atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, ya no hay a quién llamar, dijo.

Mientras tanto, las familias de los detenidos afirman sentirse impotentes. Hacen llamadas desesperadas a las instalaciones, al gobierno y a sus representantes mientras observan el deterioro de sus seres queridos.

Riya Khan vio cómo su madre se deterioraba en el Centro de Detención California City, propiedad de CoreCivic. Cuando la visitó una semana después de su llegada a la instalación ubicada en el desierto de Mojave, dijo que la mujer de 64 años llegó tambaleándose a su asiento. Temblaba y respiraba con dificultad.

Masuma Khan llegó al país desde Bangladesh en 1997. Según los registros, no tiene antecedentes penales y fue detenida en octubre cuando fue a su control rutinario con el ICE.

Según su hija, durante el mes que estuvo detenida recibió solo de manera intermitente medicamentos para problemas como presión arterial alta, hipotiroidismo y prediabetes. Todd afirmó que CoreCivic trata las afecciones crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables.

“Nada es más importante para CoreCivic que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, dijo Todd.

Khan afirmó que recibió su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de ser liberada y que nunca le dieron las gotas para el glaucoma. Según su hija, el personal le dijo que debía comprar algunos medicamentos en la tienda de la instalación, pero allí no estaban disponibles.

Antes de ser detenida por el ICE, Masuma Khan se hacía amiga de todos, contó su hija. Había trabajado durante años en Lucky Boy, un popular restaurante de comida rápida de Pasadena, y en su tiempo libre alimentaba aves y dejaba fruta para las abejas que visitaban el balcón de su apartamento.

Ahora tiene demasiado miedo para salir de casa. Aún debe presentarse regularmente ante el ICE, un momento que vive con terror.

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Un derrame cerebral durante una videollamada

Antes, las personas detenidas con necesidades médicas graves probablemente habrían sido liberadas por razones humanitarias, en parte para evitar el costo de su atención, dijo Andrew Pelcher, abogado de Vermont.

En el año fiscal 2023 —antes de que la población detenida se disparara— el ICE gastó más de $390 millones en atención médica para personas no ciudadanas detenidas, según su más reciente al Congreso. En mayo, Todd Lyons, entonces director interino del ICE, dijo en una conferencia que la agencia ya había gastado “casi $500 millones” en atención médica para detenidos ese año.

Ahora, bajo el sistema de “detención obligatoria”, las personas permanecen encarceladas incluso con enfermedades graves y costosas.

Un ciudadano rumano fue sometido a varias cirugías cardíacas, incluida una operación de bypass triple de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, debía tomar 16 medicamentos al día. Según documentos judiciales, mientras estuvo en una oficina del ICE en Baltimore, pasó dos días sin recibir ninguno antes de ser trasladado a una instalación en Nueva Jersey.

Fue hospitalizado tres veces luego de quejarse de dolores en el pecho mientras estuvo detenido. Los registros médicos y los documentos judiciales indican que, pese a “innumerables solicitudes”, el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos. Los documentos del alta hospitalaria citados por su abogado muestran que, luego de la segunda internación, solo recibió ocho de los 16 medicamentos.

“¿Por favor pueden hablar con la instalación del ICE para asegurarse de que le den sus medicamentos?”, escribieron sus proveedores médicos en registros incluidos en los documentos judiciales. “Fue hospitalizado la semana pasada por dolor de pecho y hoy volvió a ser admitido por dolor de pecho secundario al incumplimiento del tratamiento medicamentoso”.

Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral durante una videollamada con su hija, según los documentos judiciales.

“Tenía dificultades para respirar y señalaba su pecho, donde nuevamente sentía dolor, y de repente dejó de hablar”. Según la petición judicial, su hija gritó pidiendo ayuda a través del monitor de video. “Finalmente, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión”.

El hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días, según el documento. Fue devuelto al centro de detención, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.

Familias de detenidos enfrentan decisiones imposibles

Cassandra Amador espera cada mañana que suene el teléfono, desesperada por hacerle a su esposo la pregunta que la ha despertado cada noche durante meses: “¿Te dieron tu medicina?”.

Su esposo, Pedro Javier Amador Gutiérrez, de 36 años, tiene hipertensión y depende de que la instalación administrada por el estado en Florida, conocida como “Deportation Depot”, le suministre los medicamentos que le han permitido mantenerse con vida durante años. Muchas mañanas, le dice a su esposa que no se los dieron.

Cuando habla con él, asegura que cada día se lo escucha más débil y más asustado, muy distinto al hombre alegre que llevaba a sus hijos a comer helado.

“Se puede escuchar en su voz cómo se siente”, dijo la mujer.

Contó que su esposo está considerando regresar a Cuba, país del que huyó por persecución política, por temor a morir detenido sin sus medicamentos. Amador y sus hijos irían con él, dijo, aunque ella nació en Nueva Jersey, nunca ha estado en Cuba y apenas habla español.

Pero él ya se ha desmayado dos veces en la Institución Correccional Baker, en Sanderson, Florida, dijo su esposa. Y le aterroriza que la próxima vez no despierte.

Metodología

ºÚÁϳԹÏÍø News y The Associated Press revisaron miles de solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar denuncias de negligencia médica presentadas por personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) durante la segunda administración Trump.

Ante la ausencia de una base de datos pública y completa sobre quejas médicas de personas bajo custodia del ICE, utilizamos solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar las denuncias sobre atención médica presentadas por personas detenidas en tribunales federales. Aunque el propósito principal del habeas corpus es cuestionar la legalidad de la detención de una persona —y no las condiciones de su confinamiento—, estos documentos a veces incluyen denuncias de atención médica inadecuada.

Sin embargo, las solicitudes de habeas corpus no siempre están disponibles para el público. Las normas federales restringen el acceso del público a las peticiones de habeas corpus presentadas por personas en detención migratoria. En la mayoría de estos casos, los sitios web de los tribunales publican únicamente órdenes judiciales y registros del caso que describen otros documentos presentados. Las peticiones iniciales solo pueden consultarse mediante visitas presenciales a tribunales federales en todo el país. Habeas Dockets, un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative, coordina una red nacional de voluntarios para recopilar estas peticiones y ponerlas a disposición en internet.

ºÚÁϳԹÏÍø News y AP analizaron los registros de aproximadamente 33.000 casos presentados por personas detenidas entre el 20 de enero de 2025 y marzo de 2026. La gran mayoría de los casos contenía únicamente información procesal básica, como fechas de presentación de documentos y decisiones judiciales. Solo alrededor de 4.400 incluían las peticiones originales.

También obtuvimos varias decenas de expedientes de tribunales, de abogados y del sitio web del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, que publica la mayoría de las peticiones bajo una orden permanente especial.

Realizamos búsquedas por palabras clave y búsquedas semánticas en registros judiciales, incluidas peticiones, mociones y órdenes, utilizando términos y expresiones potencialmente relacionados con negligencia médica, como cirugía, medicamentos, atención médica inadecuada y tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Encontramos alrededor de 500 casos que posiblemente denunciaban negligencia médica. Al menos dos reporteros revisaron manualmente cada caso, lo que permitió identificar más de 300 que contenían denuncias específicas, presentadas bajo juramento, de atención médica retrasada, denegada o deficiente.

Para mantener un criterio conservador, excluimos decenas de casos que denunciaban atención médica inadecuada pero carecían de detalles específicos; por ejemplo, cuando una persona escribía: “He estado enfermo y no recibo el tratamiento adecuado”, o cuando un juez señalaba que una persona detenida “se queja de que el ICE está ignorando sus problemas médicos”. También excluimos casos en los que las personas afirmaban únicamente que se les habían negado dietas especiales, ejercicio u otras adaptaciones que consideraban fundamentales para controlar sus problemas de salud, como una persona que escribió: “Padezco Parkinson y no puedo hacer ejercicio adecuadamente”, o que alegaba que los alimentos proporcionados no eran adecuados para una persona con diabetes.

Los casos analizados no fueron seleccionados de manera aleatoria ni son representativos de las solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración a nivel nacional. Las denuncias no fueron verificadas de manera independiente. Muchos documentos no están disponibles públicamente y no todas las personas detenidas plantean preocupaciones médicas ante los tribunales, por lo que este recuento representa una visión limitada del panorama de denuncias y no una descripción completa.

Los periodistas de The Associated Press, Garance Burke, Valerie Gonzalez y Tim Sullivan, y la corresponsal de ºÚÁϳԹÏÍø News, Kate Wells, colaboraron en este artículo.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y ºÚÁϳԹÏÍø News.

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Un proyecto de en marzo y luego por el gobernador demócrata Jared Polis permite que Colorado se aparte aún más de las directrices federales.

La ley permite que oficiales de salud sigan las recomendaciones de grupos médicos nacionales al decidir cuestiones como la compra de vacunas al por mayor para el programa Medicaid.

“Estamos protegiendo a nuestro estado del manejo caótico que viene de Washington”, dijo el , copatrocinador del proyecto y enfermero registrado. “Vamos a confiar en la ciencia”.

“Desde la lucha durante la pandemia para que los habitantes de Colorado recibieran las vacunas lo antes posible hasta la batalla contra las barreras impuestas por la administración Trump para vacunarse, hemos ampliado el acceso a las vacunas para los habitantes de Colorado que las quieran”, declaró Polis en un comunicado al promulgar la ley.

Colorado es uno de los que, junto con Washington, D.C., han tomado medidas para eludir las nuevas recomendaciones federales ante la preocupación de que los cambios puedan debilitar la confianza pública en las vacunas y erosionar la .

Antes, Colorado, como la mayoría de los estados, seguía las directrices federales establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En enero, integrantes del panel asesor de los CDC, elegidos por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., de la lista de recomendaciones universales de la agencia.

El año pasado, médicos, científicos, líderes locales y otros defensores se unieron para formar una coalición de alcance comunitario y defensa llamada

El grupo busca ofrecer una posición clara y unificada sobre los beneficios comprobados de las vacunas y tranquilizar a residentes confundidos por los numerosos cambios federales.

, ex integrante del Concejo Municipal de Denver, se unió al grupo porque quiere que más personas conozcan su propia historia sobre una enfermedad prevenible con vacunas.

“Todos los veranos todo el mundo se enfermaba”, dijo Boigon al recordar su infancia en Detroit durante la década de 1950.

La enfermedad era la polio, una infección viral muy contagiosa que y que a veces causa parálisis parcial o total.

Durante el verano de 1953, “toda la cuadra estaba enferma y algunos quedamos discapacitados… así eran las cosas”, dijo.

Un nuevo grupo toma la iniciativa

La historia personal de Boigon será parte del trabajo de la coalición para sobre los peligros de enfermedades infecciosas que antes eran comunes en el país, pero que ahora son relativamente raras.

El grupo, que se formó en septiembre pasado, también recopilará información sobre vacunas de grupos médicos y del departamento estatal de salud, y defenderá propuestas de políticas públicas ante el gobierno estatal.

“Fue una respuesta directa a las amenazas federales”, dijo otra integrante de la coalición, la ex legisladora estatal . Ella dirige la organización sin fines de lucro .

Otra integrante, la especialista en relaciones públicas Elizabet Garcia, propone aumentar las actividades de divulgación dirigidas a hispanos, cuyas tasas de vacunación están .

“Muchas veces existe el miedo de tener que pagar de su bolsillo, de que el seguro no lo cubra, otros quizá ni siquiera tienen seguro”, explicó Garcia.

Boigon tenía 5 años cuando se enfermó y estuvo hospitalizada durante seis semanas con fiebre. El virus atacó su columna vertebral.

“Después de eso, ninguna de mis extremidades funcionaba”, contó Boigon.

Aunque más tarde recuperó la función de las otras extremidades, su brazo derecho nunca volvió a funcionar por completo. Tuvo que adaptarse y volver a aprender tareas cotidianas, como extender la mano izquierda para saludar.

En 1955, poco después de que enfermara, la nueva vacuna contra la polio comenzó a estar más disponible para el público. A medida que avanzó la vacunación en Estados Unidos, los casos de polio —que había sido una de las enfermedades más temidas del país— cayeron

Aumentar la confianza pública

Los líderes estatales han tomado otras medidas para promover la salud pública. Después de que la administración Trump retirara a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), varios estados, incluido Colorado, por su cuenta a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la OMS.

Colorado también a una demanda multilateral que impugna los cambios introducidos por la administración Trump al calendario de vacunación infantil.

La nueva ley estatal incluye otras disposiciones que no solo permiten que el estado se aparte de las recomendaciones federales. La ley formaliza la capacidad de los farmacéuticos para recetar y administrar vacunas y aumenta las protecciones legales para los trabajadores de salud que aplican vacunas.

“Esta ley dará más claridad para orientar a todos los habitantes de Colorado, incluidos los proveedores que administran vacunas”, dijo Lontine.

Sin embargo, la legislación tiene opositores que sostienen que las vacunas podrían ser inseguras o ineficaces y aseguran que la ley interferiría con la decisión de los padres.

“Solo quiero asegurarme de que no nos estamos metiendo en una gran disputa política entre las recomendaciones federales —los CDC y demás— y distintas posturas políticas aquí en Colorado”, expresó el , que votó en contra del proyecto de ley sobre vacunas.

Se contactó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sobre la nueva ley de Colorado. La vocera Emily Hilliard respondió en un correo electrónico: “El calendario actualizado de vacunación infantil de los CDC sigue protegiendo a los niños contra enfermedades graves”.

Aumento de enfermedades prevenibles

Esta oleada de actividad en todo el estado ocurre mientras Colorado y el país han registrado un aumento de los casos de enfermedades como .

Este año, hasta mediados de mayo, Colorado había registrado 22 casos de sarampión. En 2025 se registraron , según el departamento estatal de salud, muy por encima de los totales de años anteriores.

En todo Colorado, la tasa de vacunación contra el sarampión fue del 88% el último año escolar. Solo unos pocos condados alcanzaron tasas de 95%, el nivel necesario para generar inmunidad colectiva, según datos en diciembre.

Esta también fue la peor temporada de gripe en Colorado en los últimos años.

Las tasas de vacunación, tanto contra la gripe como contra covid-19, han disminuido ligeramente en el estado, según cifras oficiales.

en Colorado han muerto esta temporada por gripe, uno por covid y uno por el virus respiratorio sincitial o VRS. Hay , disponibles para niños y recomendadas por el departamento estatal de salud.

Kennedy, un activista antivacunas desde hace mucho tiempo, ha defendido sus decisiones de reformar el calendario recomendado de vacunación infantil. En marzo, un juez federal muchos de esos cambios.

“No le estamos quitando vacunas a nadie. Si quieren vacunarse, pueden hacerlo. El seguro lo cubrirá por completo, igual que antes”, dijo en enero.

Cuando un reportero sugirió que los nuevos cambios podrían hacer que menos personas recibieran la vacuna contra la gripe, Kennedy respondió: “Bueno, puede ser, y quizás eso sea algo bueno”.

Boigon a veces no puede creer todo lo que ha pasado.

“Es como si estuviéramos retrocediendo”, reflexionó. “Como si hubiéramos decidido que no queremos una vida moderna. Que queremos volver a la década de 1950, cuando los niños enfermaban y morían”.

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7B Care Clinic ha operado en Sandpoint desde 2001, antes se llamó Life Choices Pregnancy Center y Sandpoint Crisis Pregnancy Center. a una red nacional de centros cristianos evangélicos llamada Care Net.

7B, uno de los aproximadamente 1.200 centros para embarazadas afiliados a Care Net, ofrece pruebas de embarazo, ultrasonidos limitados, clases de crianza y herramientas para la vida cotidiana, grupos de apoyo comunitario y otros recursos gratuitos, como ropa para niños. Donaciones de individuos, empresas y más de 40 iglesias sostienen las operaciones de 7B, dijo Janine Shepard, su directora ejecutiva.

Estos centros son conocidos como “centros de crisis de embarazo” o “centros de apoyo para embarazadas”. Ofrecen recursos y servicios médicos limitados a mujeres embarazadas y buscan disuadirlas de abortar. Diversos grupos de atención médica, incluido el (ACOG, por sus siglas en inglés), afirman que muchos de estos centros utilizan prácticas poco éticas y engañosas para atraer mujeres a sus organizaciones.

En los últimos tres años el flujo de personas en 7B ha aumentado, cuando el hospital local cerró su unidad de parto, y sus ginecólogos y obstetras abandonaron el estado. El cierre dejó un vacío en los servicios de salud reproductiva en esta ciudad de más de 10.000 habitantes a orillas del lago Pend Oreille y en las zonas rurales cercanas.

“Estamos atendiendo a muchas más personas”, dijo Shepard.

Para diciembre de 2024, más de dos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminara el derecho nacional al aborto con el fallo Dobbs, Idaho había perdido . 7B se está expandiendo con el objetivo de devolver la atención obstétrica a Sandpoint.

La organización planea ampliar su edificio actual una vez que termine de pagarlo, contó Shepard, y está en conversaciones con un hospital ubicado a unas 30 millas en el estado de Washington para traer a un ginecólogo una vez por semana y ofrecer atención prenatal.

Si actualmente hubiera atención obstétrica en Sandpoint, dijo Shepard, “ni siquiera estaríamos considerando” ampliar los servicios. “Pero hay una necesidad muy grande. Y nuestra comunidad sufre por eso”.

Mientras las comunidades rurales enfrentan el y , los centros de embarazo en crisis están ganando influencia. Algunos estados han aprobado leyes que otorgan a estas organizaciones mayores protecciones frente a supervisión y regulación, y en los últimos años las clínicas han recibido un gran y .

En una ciudad con acceso limitado a servicios de maternidad, 7B ha estado ofreciendo recursos importantes a mujeres de bajos ingresos que enfrentan dificultades. Pero los críticos dicen que esta organización religiosa sin fines de lucro, que no tiene licencia médica ni está obligada a cumplir estándares regulatorios para instituciones de salud, tiene una agenda ideológica que la convierte en un lugar inapropiado para que mujeres embarazadas busquen atención médica.

Jen Jackson Quintano, residente de Sandpoint y fundadora de Pro-Voice Project, una organización sin fines de lucro que defiende el derecho al aborto en Idaho, dijo que los centros de crisis de embarazo engañan a las pacientes porque las atraen ofreciéndoles  servicios gratuitos relacionados con su estado y luego les transmiten su mensaje antiaborto.

“Todos necesitamos tener claro qué tipo de servicios son realmente: lugares enfocados primero en el ministerio religioso y no en una atención médica integral”, dijo Jen Jackson Quintano.

Shepard aseguró que existen conceptos erróneos sobre la organización e invita a las personas a recorrer 7B para conocer su trabajo. Sostuvo que su personal habla con las mujeres embarazadas sobre el aborto, la adopción y la crianza como opciones, y espera que se sientan lo suficientemente apoyadas como para tomar una decisión “a favor de la vida”.

7B refleja una tendencia de los centros de embarazo en crisis que buscan expandir sus operaciones a zonas donde escasea la atención materna y regiones donde hay deficiencias en la atención médica para mujeres, explicó Andrea Swartzendruber, profesora asociada de epidemiología y bioestadística en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Georgia. Swartzendruber ha estudiado y de estos centros en el país desde 2018.

“Los centros de crisis de embarazo han aprovechado durante años la falta de acceso a la atención médica”, agregó. “Pero estos centros no tienen ni la infraestructura ni la capacidad ni la capacitación necesarias para cubrir esas deficiencias”.

Según la investigación de Swartzendruber, en 2024 operaban en el país más de 2.600 de estos centros, más que triplicando el número de .

Se ha descubierto que muchos de estos centros recurren a con sus clientes, incluyendo publicar en sus sitios web información confusa para aparentar ser clínicas médicas legítimas, con el objetivo de atraer a mujeres que buscan abortar.

Estas organizaciones también están recibiendo apoyo de la administración Trump. El 10 de mayo —Día de la Madre— el Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzó con recursos e información para nuevas madres y embarazadas. Incluye un mapa para encontrar centros para embarazadas y menciona los servicios que brindan, como pruebas de embarazo, ultrasonidos y referencias médicas.

“El lugar perfecto”

Sandpoint es una pequeña ciudad montañosa en una zona profundamente conservadora y cristiana de un estado que tiene una estricta ley antiaborto implementada después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade.

Amelia Huntsberger, una de las gineco-obstetras que dejaron Sandpoint hace tres años, dijo que la ciudad es “el lugar perfecto para esto”, en referencia a la expansión de 7B Care Clinic.

En áreas con pocos recursos, los beneficios que pueden ofrecer los centros de crisis de embarazo son bien recibidos.

Lori Sabin, partera con licencia en Bonners Ferry, unas 30 millas al norte de Sandpoint, dijo que 7B es un recurso útil para la comunidad, especialmente para personas que tienen dificultades para acceder a atención médica por falta de seguro o problemas para trasladarse para recibir atención.

“Lo mejor de 7B es que todos sus servicios son gratuitos”, señaló Sabin, y agregó que las clases y los artículos para bebés son especialmente útiles para madres jóvenes primerizas. “Pueden orientarlas en la dirección correcta. Les dicen dónde están las parteras; dónde están los obstetras”.

Huntsberger, quien ejerció en Sandpoint durante más de una década y ahora vive en Oregon, también reconoció los beneficios que vio en 7B para las pacientes, entre ellos las clases de crianza y los grupos de apoyo. Sin embargo, le preocupa que el lugar se parezca a un centro médico que ofrece atención de salud.

Lisa Battisfore, fundadora de Reproductive Transparency Now, una organización con sede en Chicago que brinda educación y divulgación sobre centros de crisis de embarazo, reconoció que los servicios limitados que ofrecen pueden ser útiles, pero opinó que lo negativo supera a lo positivo.

“Si alguien necesita pañales o fórmula y uno de estos centros está dispuesto a proporcionárselos, es difícil decir que eso por sí solo sea algo malo, pero hay que mirar el panorama completo”, sugirió Battisfore.

Los centros de crisis de embarazo en gran medida carecen de regulaciones y están protegidos por los derechos a la libertad de expresión y libertad religiosa de la Primera Enmienda de la Constitución. La Corte Suprema que estos centros fueran a los tribunales para bloquear la citación de un fiscal estatal que solicitaba información sobre las donaciones que reciben.

Los críticos dicen que la falta de supervisión permite que difundan información falsa sobre el aborto y la “reversión” de la píldora abortiva, un procedimiento que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos calificó como

Los centros han obtenido contra estados que intentan aumentar la regulación y supervisión sobre sus actividades. Estas protecciones han permitido que algunas organizaciones borren la línea entre activismo antiaborto y atención médica.

“Parecen ser muy hábiles para moverse de un lado a otro de esa línea cuando les conviene, y eso no beneficia a las embarazadas”, dijo Battisfore.

Battisfore mencionó un caso reciente en Texas en el que una mujer fue hospitalizada por un embarazo ectópico días después de recibir un ultrasonido y un certificado de buena salud de un centro de crisis de embarazo. Un gineco-obstetra que trabaja con Abundant Life Pregnancy Resource Center dijo a que “no hay nada que corregir” cuando se le preguntó sobre el error. Ha habido otros casos de diagnósticos incorrectos en estos centros.

Qué sigue para Sandpoint

indignó a buena parte de la población local cuando cerró su unidad de maternidad hace tres años. Los vecinos lamentaron que las mujeres tuvieran que viajar más lejos para dar a luz y la pérdida de especialistas. Desde entonces, el hospital ha estado trabajando para reconstruir la confianza de la comunidad.

Este año, creó un comité de salud femenina que incluye miembros de la junta directiva, personal y otras personas de la comunidad. El director ejecutivo del hospital, John Hennessy, y la directora médica, Stacey Good, dijeron que su prioridad es escuchar a los residentes y aumentar la conciencia sobre los servicios de salud para mujeres que todavía están disponibles.

Las mujeres todavía pueden recibir una variedad de servicios, incluida atención prenatal de una enfermera especializada que viaja a Bonner General desde Coeur d’Alene una vez por semana y de otros profesionales clínicos que pueden brindar atención ginecológica básica. Un puesto para ginecóloga en el hospital ha estado vacante desde mayo de 2023 y Hennessy dijo que cubrirlo sigue siendo una prioridad.

Makayla Sundquist, residente de Sandpoint y consejera con licencia, creció en la ciudad. Se casó el año pasado y ha estado pensando en formar una familia con su esposo. Se preguntó si se sentiría segura sabiendo que tendría que viajar al menos una hora hasta el hospital más cercano con servicios de maternidad.

Pero también tiene dudas sobre 7B como posible opción para atención local. Se mostró escéptica respecto de que una organización religiosa y antiabortista pudiera darle información precisa sobre las opciones a su disposición.

“Es algo en lo que pienso y que me da miedo”, dijo Sundquist. “Quisiera que esa no fuera mi realidad”.

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Los trabajadores, Nathan Jones y Trent Umberger, murieron en el choque ocurrido en septiembre de 2024, al igual que un pasajero del Jeep. Las pruebas encontraron que el conductor, Patrick Sneddon, entonces de 59 años, tenía oxicodona en la sangre y superaba seis veces en el estado de THC, el compuesto psicoactivo del cannabis. Actualmente, cumple por tres cargos de homicidio vehicular y otros delitos.

“Nuestros cuatro hijos están completamente devastados sin su papá”, escribió Kristine Umberger, esposa de Trent, en una declaración sobre el impacto de esta tragedia dirigida al fiscal local. “Hemos perdido nuestra capacidad de vivir la vida como antes”.

Durante mucho tiempo, las autoridades federales de seguridad vial han monitoreado el papel del alcohol en los choques fatales, pero no se registran las muertes que involucran a un conductor bajo la influencia de drogas o de una combinación de drogas y alcohol.

Esa discrepancia se debe en parte a la dificultad de demostrar que un conductor estaba realmente incapacitado, ya que algunas drogas pueden detectarse incluso semanas después de haber sido consumidas.

La abogada de Sneddon, Jennifer Gregory, señaló que, según la ley de Colorado, se puede presumir que un conductor se encuentra bajo los efectos de sustancias si su sangre contiene 5 nanogramos de THC o más por litro. Sin embargo, Gregory afirmó que este umbral de “inferencia admisible” difiere de un límite legal —como el límite del 0,08 % de concentración de alcohol en sangre— y que el nivel establecido por el estado carece de respaldo en estudios científicos publicados.

Esa información podría ser útil mientras el país enfrenta una , la administración Trump y más de 40 estados han legalizado o despenalizado algunas formas de cannabis y

“Manejar bajo los efectos de sustancias es un importante problema de seguridad pública que va más allá del alcohol”, dijo Sean Rushton, portavoz de la agencia federal de seguridad vial, que está abordando el tema de manera colaborativa, con recursos para garantizar un “enfoque integral y coordinado”.

Pero los recortes al personal federal impulsados por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, junto con la reducción de inversiones federales, han frenado en todo el país los esfuerzos para ampliar y mejorar el seguimiento de las muertes relacionadas con conducir bajo los efectos de sustancias.

La falta de datos puede ser significativa. En el condado de Mesa, Colorado, donde murieron Jones y Umberger, la oficina del forense registra varias formas de muertes de tránsito relacionadas con conductores bajo efectos de sustancias. Entre 2017 y 2024, un tercio de esas muertes involucraron solo alcohol, según datos de la oficina forense del condado.

Según estos informes, cuando se consideran las drogas, casi la mitad de las muertes de tránsito en el condado de Mesa durante ese mismo período involucraron a un conductor intoxicado con alcohol, drogas o una combinación de ambos.

“Si se quiere resolver un problema, hay que entenderlo”, dijo Jana Price, investigadora de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). “Si solo se sabe que hay presencia de alcohol, eso limita la capacidad de entender con certeza qué pudo haber afectado a una persona o a un grupo de personas. Esa falta de información influye en las medidas que usamos como sociedad para abordar el problema”.

Identificar un problema oculto

Investigadores de la NTSB que, en cuatro muestras geográficas de aproximadamente 26.000 conductores, cerca de la mitad de los arrestados por estar al volante bajo los efectos de sustancias y más de una cuarta parte de los conductores muertos en choques dieron positivo para más de una sustancia, como cocaína, sedantes y antidepresivos.

El análisis también encontró que solo cuatro estados y el Distrito de Columbia realizaron pruebas de drogas a más del 60% de los conductores que murieron en 2020.

Esos hallazgos llevaron a la NTSB, una agencia federal independiente que investiga incidentes importantes, a emitir una serie de recomendaciones a la ) y a los estados para establecer una base de datos nacional e integral sobre manejar bajo los efectos de sustancias.

Sin embargo, siguen existiendo obstáculos para crear ese sistema. Los reportes de muertes y lesiones enviados a la base de datos de la NHTSA suelen incluir información incompleta o errónea, según un .

Las diferencias entre las leyes estatales sobre pruebas de drogas a personas arrestadas o fallecidas vuelven complicado obtener datos uniformes, explicó , ex empleada de la división de manejo bajo los efectos de sustancias de la NHTSA. También influye la falta de indicadores comprobados, como el nivel de alcohol en sangre, para medir el grado de intoxicación y no solo detectar la presencia de una sustancia.

“Es un proceso lento, y resulta increíblemente difícil de aceptar cuando sabes que cada día que pasa se pone en riesgo la seguridad de quién sabe cuántas personas que podrían sufrir un accidente causado por alguien que manejaba bajo los efectos de drogas”, agregó Caroline Cash. “Pero cualquier avance es mejor que ninguno”, concluyó.

Consciente de cuánto tiempo tomarán esos esfuerzos, la NTSB también recomendó que la NHTSA construyera un sistema provisional de vigilancia que utilizara datos de centros de trauma para crear una muestra nacional de conductores involucrados en choques bajo los efectos de sustancias.

La agencia logró algunos avances y en 2023 reportó que estaba realizando su propio estudio con ayuda de 11 centros de trauma y oficinas de médicos forenses. También colaboró para que California estableciera un sistema estatal de vigilancia de 19 meses, que la NHTSA utilizará para evaluar la viabilidad de un sistema representativo a nivel nacional.

Esos programas son útiles para crear conciencia pública y mejorar la capacidad de la policía para entender los patrones de conducción bajo los efectos de drogas, lo que puede ayudar a adaptar las estrategias de vigilancia, señaló , profesor asociado de la Universidad de California-Davis que investiga en el campo de la toxicología y participó en el programa de California.

Pero algunos centros de trauma, especialmente en áreas rurales, no suelen tener la infraestructura necesaria para realizar pruebas de drogas las 24 horas y participar en estos programas.

Aun así, aseguró que es posible implementarlos y que sus beneficios quedan en evidencia con los resultados del sistema de monitoreo de California.

“Si sales a decirle a la gente que el 44% de los conductores que terminaron en la sala de emergencias tras un accidente de auto tenían al menos una sustancia potencialmente perjudicial en la sangre en el momento del accidente, eso llama la atención”, aseguró Chenoweth.

Equipos de investigación más pequeños

Sin embargo, desde que la NHTSA presentó una actualización sobre el tema al NTSB hace tres años, la agencia no ha dado seguimiento a la recomendación. Los recortes de personal y las renuncias en la NHTSA el año pasado ofrecen pocas perspectivas de cambio.

Entre 2021 y 2024, la agencia . Pero al finalizar el primer año de gobierno de Trump, el personal de la NHTSA había bajado a unas 550 personas debido a los recortes federales y a los empleados que decidieron renunciar.

Cash, que ahora trabaja para la organización sin fines de lucro Asociación de Gobernadores para la Seguridad Vial, fue uno de los cinco empleados que dejaron la división de conducción bajo los efectos de sustancias de la NHTSA el año pasado. Quedan  solo dos empleados en toda la división, lamentó.

Ian O’Dowd, ex empleado de la , dijo que formaba parte de un equipo de 16 personas que estudiaba, entre otros temas, la conducción bajo los efectos de sustancias. Solo tres o cuatro de ellos siguen en la agencia, señaló.

“Llega un punto en que resulta inmanejable para unas pocas personas supervisar todo el trabajo de investigación que se está realizando”, dijo O’Dowd.

Sean Rushton, director de comunicaciones de la NHTSA, consideró que la agencia cuenta con “los recursos financieros y de personal necesarios para apoyar sus programas, con varias oficinas trabajando en conjunto para garantizar un enfoque integral y coordinado”.

La ley de infraestructura de 2021, aprobada durante la administración Biden, aumentó el financiamiento del programa estatal de seguridad vial de aproximadamente $667 millones en 2021 a casi $953 millones este año.

La ley incluyó $750 millones para modernizar los programas de datos sobre choques. Pero hasta enero más de $475 millones seguían sin utilizarse. Los fondos vencieron en septiembre de 2025, excepto aquellos ya comprometidos mediante acuerdos firmados.

”Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. reportó que casi una cuarta parte de las entidades que recibieron subvenciones en 2022 no habían recibido un acuerdo firmado cuando fueron encuestadas entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. También descubrió que más de 1 de cada 5 beneficiarios opinó que obtener respuestas oportunas del personal del Departamento de Transporte era moderadamente o muy difícil.

Con la ley de infraestructura de la era de Joe Biden próxima a vencer, el Congreso podría extender el fondo no utilizado destinado a datos sobre accidentes o implementar un nuevo enfoque frente a la conducción bajo los efectos de sustancias.

A mediados de abril, el presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, Sam Graves (republicano de Missouri), dijo que la nueva ley podría asignar al tema entre — menos de la mitad de los $1,2 billones de la ley actual — con un enfoque más “tradicional” en carreteras y puentes.

Desde entonces, el proyecto en medio de negociaciones para conseguir más financiamiento, lo que mantiene incierto su futuro.

“Sin duda, siempre esperamos que haya un aumento en la cantidad de dinero disponible para hacer este trabajo”, dijo Cash. “Si eso ocurrirá este año o no, no lo sé”.

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Carolina del Norte se convirtió a finales de abril en el miembro más reciente de un grupo creciente de estados liderados por republicanos que exigen a sus agencias de salud pública reportar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a los beneficiarios de Medicaid cuyo estatus legal esté en duda.

Es una tendencia que, según investigadores de políticas de salud, probablemente se extenderá a otros estados controlados por el Partido Republicano que buscan alinearse con Trump en la ofensiva federal contra el fraude en Medicaid y la inmigración sin papeles.

Hasta ahora, al menos cuatro estados —, , y — han aprobado leyes similares, y legisladores en otros estados, como y , evalúan medidas parecidas. En esos seis estados, los republicanos controlan tanto las dos cámaras legislativas como la oficina del gobernador.

“Este es un tema que está muy presente en la agenda política en este momento”, dijo , investigadora de políticas de salud de la Escuela de Derecho de Harvard.

Más de 75 millones de personas , el programa federal y estatal de salud pública para personas con discapacidades y bajos ingresos, y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), que ofrece cobertura de bajo costo para menores de 19 años.

Los inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para recibir beneficios de Medicaid, pero varios grupos que no son ciudadanos sí califican, como personas con residencia permanente, asilados y refugiados. Uno de cada cuatro niños en el país, la mayoría ciudadanos, vive con al menos un inmigrante.

Sin embargo, las nuevas leyes para reportar casos agregan un nivel adicional de riesgo para los inmigrantes que buscan atención médica, frente a que han utilizado para identificar y deportar personas.

Algunas de las leyes estatales aplican únicamente a las agencias de salud, como ocurre en Carolina del Norte. Pero el enviado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, sería más amplio y exigiría que todas las agencias estatales reporten a personas sospechosas de estar en el país sin papeles.

Las siete medidas estatales van más allá de lo que exige la ley federal, que únicamente obliga a cooperar con agentes de inmigración proporcionando información personal de beneficiarios cuando se solicite.

En Louisiana, familias con estatus migratorio mixto han reportado que la nueva ley estatal, aprobada el año pasado, las a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, en Medicaid.

“Anticipo que esta ley hará que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si la información puede compartirse con autoridades migratorias y si inscribir a un niño o buscar tratamiento podría exponerlos a consecuencias migratorias”, dijo , abogada de inmigración en Carolina del Norte.

Los legisladores republicanos de este estado incluyeron el mandato para el departamento estatal de salud como parte de un proyecto de ley que en fondos de Medicaid, que la Legislatura había recortado al no aprobar un presupuesto el año pasado.

A partir de octubre, empleados estatales pedirán a personas no ciudadanas que reciben Medicaid pruebas de su situación migratoria y reportarán a autoridades federales a quienes no tengan un estatus legal “satisfactorio”.

“Este proyecto de ley está diseñado no solo para financiar nuestras necesidades críticas actuales, sino también para comenzar a abordar problemas de fraude y abuso que sabemos existen dentro del sistema”, dijo el representante estatal republicano Donny Lambeth durante un debate en la Cámara estatal.

Los inmigrantes utilizan que las personas nacidas en Estados Unidos, según un análisis del Instituto Cato, un centro de estudios libertario, que también encontró que los no ciudadanos tienen muchas menos probabilidades de que los ciudadanos. Las agencias estatales de salud ya están obligadas a verificar si el estatus migratorio de los solicitantes los hace .

Varios líderes republicanos responsables del proyecto no respondieron a solicitudes de comentarios. Hannah Jones, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, dijo que la agencia todavía intenta entender el impacto de la nueva ley.

En de 2025, cerca de la mitad de los adultos que “probablemente” no tienen estatus legal dijeron que alguien en su familia evitó buscar atención médica por temor a que su información llamara la atención de autoridades migratorias.

, abogada de Carolina del Norte especializada en discriminación, dijo que los inmigrantes “en proceso”, o aquellos que esperan autorización legal, generalmente ya temen usar beneficios del gobierno para sí mismos.

“Lo que he aprendido al manejar miles de casos a lo largo de los años es que la mayoría de las personas que están en proceso pagan su tratamiento médico de su propio bolsillo”, dijo Rosa.

Este tipo de políticas obliga en la práctica a niños que son ciudadanos estadounidenses a quedarse sin cobertura médica o atención hospitalaria, dijo , investigador del Centro para Niños y Familias de Georgetown University.

“Cuando se implementan políticas dirigidas contra un inmigrante, se puede pensar que solo se está afectando a una persona de la familia, pero en realidad es una bomba imprecisa que termina afectando a todo el hogar”, dijo Cuello.

El uso de agencias estatales de salud pública para localizar inmigrantes sin estatus legal no es la única estrategia utilizada por los estados. Algunos han aprobado leyes que obligan a hospitales a recopilar y reportar esta información.

Una ley de Florida de 2023 que exige al personal de hospitales a preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes ha provocado que no ciudadanos duden en buscar atención médica, ha separado familias y ha causado angustia psicológica, según de la Universidad del Sur de la Florida.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, emitió en 2024 una orden ejecutiva similar a la ley de Florida.

Los estados demócratas han respondido a las políticas de la administración Trump que utilizan información médica privada para identificar inmigrantes. Veintiún estados se sumaron a el año pasado para intentar impedir que el DHS . dictaminó que las identidades de los beneficiarios podían compartirse, pero no su información médica. El litigio continúa.

La oficina de prensa del DHS no respondió al pedido de tener una declaración oficial.

Después de firmar el proyecto de ley, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, emitió exhortando a los legisladores republicanos a proteger la cobertura de Medicaid para casi 27.000 mujeres embarazadas y niños que están legalmente en el país. No respondió preguntas sobre la disposición que obliga al estado a reportar a inmigrantes sin papeles.

Polanco-Galdamez dijo que este tipo de leyes ha deteriorado aún más la confianza en los sistemas de salud entre familias con acceso limitado a servicios.

“Al final del día, los sistemas de salud pública funcionan mejor cuando las personas se sienten seguras al buscar atención médica”, dijo Polanco-Galdamez. “Las políticas que vuelven difusa la línea entre acceso a la atención médica y control migratorio corren el riesgo de empujar aún más a las familias vulnerables hacia las sombras”.

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Medicamentos como Wegovy y Zepbound son efectivos, pero pueden ser costosos sin cobertura. Están disponibles en forma de inyección o pastilla. Incluso con descuentos, los precios actuales suelen variar entre $149 y $699 al mes.

Aproximadamente la mitad de las personas que usan medicamentos GLP-1 dicen que les resulta difícil pagarlos, . Una cuarta parte dijo que eran “muy difíciles” de pagar.

Pero el nuevo beneficio de Medicare incluye varias condiciones, especialmente sobre las guías clínicas y lo que ocurrirá cuando termine el programa temporal.

¿Qué es este programa?

La iniciativa, anunciada por los (CMS), es un programa piloto temporal conocido como Medicare GLP-1 Bridge. Funcionará desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo es “servir de puente” antes de un posible programa a largo plazo que podría —o no— comenzar en 2028.

El programa piloto cubrirá los siguientes medicamentos GLP-1 aprobados para bajar de peso: las versiones en pastilla e inyectable de Wegovy, la formulación KwikPen de Zepbound y la pastilla Foundayo.

¿Quiénes pueden participar?

Para acceder a estos medicamentos para bajar de peso, debes estar inscrito en un plan Medicare Parte D, que cubre medicamentos recetados. Después de eso, la elegibilidad depende principalmente del peso corporal y el estado de salud.

Las personas califican si tienen un (IMC) de 27 o más y una afección como enfermedad cardíaca o prediabetes, entre otras. Las personas con un índice de masa corporal de 35 o más califican automáticamente. en Estados Unidos tiene obesidad clínica, con un IMC de 30 o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Cómo funciona el programa (es algo inusual)

Este no es un beneficio típico de Medicare. Aunque es necesario estar inscrito en Medicare Parte D, el programa Bridge funciona de manera diferente.

En lugar de pasar por tu plan habitual de Parte D, necesitarás autorización previa. Tu doctor enviará la receta a un sistema central administrado por Humana, contratista de los CMS, usando un sistema ya existente para otro programa de medicamentos de Medicare.

Los doctores no necesitan estar inscritos como proveedores de Medicare para recetar o presentar la solicitud de autorización previa bajo este programa. Una vez aprobada, el paciente pagará un copago fijo de $50 en la farmacia al recoger la receta.

¿Cuáles son los beneficios?

El ahorro podría hacer que estos medicamentos sean accesibles para pacientes que antes simplemente no podían pagarlos. Incluso con descuentos, los precios pueden ser difíciles de afrontar sin seguro. TrumpRx, un nuevo sitio web del gobierno, ofrece enlaces a descuentos directos para medicamentos recetados destinados a pacientes que no usan su seguro médico.

En ese sitio, las inyecciones de Wegovy cuestan entre $199 para dosis bajas durante los primeros dos meses y $399 para dosis más altas. La formulación KwikPen de Zepbound cuesta hasta $699 al mes. En las dosis más altas, la pastilla diaria de Wegovy cuesta hasta $299 y Foundayo, hasta $349.

La mayoría de las personas que usan estos medicamentos necesitarán una dosis más alta para mantener la pérdida de peso. El programa Bridge es particular porque ofrece un copago fijo de $50 que no aumenta cuando suben las dosis.

¿Cuáles son las desventajas?

Como muchos programas piloto, tiene limitaciones. El copago de $50 no contará para el deducible de Medicare Parte D ni para el límite anual de $2.100 en gastos de bolsillo para medicamentos recetados.

El programa terminará en diciembre de 2027. ha mostrado que muchas personas que dejan de usar medicamentos GLP-1 recuperan el peso que perdieron mientras los tomaban.

Aún hay obstáculos para personas de bajos ingresos

Si recibes el subsidio para personas de bajos ingresos, conocido como el programa Medicare , no podrás usar esa ayuda para los medicamentos cubiertos por el programa GLP-1 Bridge. Para beneficiarios acostumbrados a pagar copagos de $5 o $10 por medicamentos, un copago de $50 todavía puede ser una barrera económica importante.

“Cincuenta dólares al mes suena como una gran oferta comparado con pagar precios con descuento a través de TrumpRx y otras opciones directas al consumidor, pero sigue siendo mucho dinero para alguien que vive con un cheque mensual del Seguro Social de $750”, dijo Juliette Cubanski, subdirectora del Programa de Política de Medicare en KFF.

El copago de $50 es solo para bajar de peso

Si ya usas uno de estos medicamentos para una afección aprobada, como la diabetes tipo 2, la apnea del sueño o para reducir del riesgo cardiovascular, seguirás obteniéndolo a través de tu plan habitual de Medicare Parte D. Eso significa que pagarás el precio establecido por tu plan, que podría ser más alto que el copago de $50 del programa Bridge. En otras palabras, el mismo medicamento podría tener un costo distinto según la razón por la que se recetó.

Pero si ya usas un medicamento GLP-1 para bajar de peso, podrías calificar para el programa Bridge. Tu proveedor médico deberá confirmar que cumplías con los criterios clínicos cuando comenzaste el tratamiento.

Por ejemplo, si comenzaste a usar un GLP-1 en septiembre de 2024 con un índice de masa corporal (IMC) de 37, pero en julio de 2026 ya bajaste de peso y tienes un IMC de 34, el proveedor deberá indicar en la solicitud de autorización previa que cumplías el criterio de 35 o más cuando comenzó el tratamiento.

¿Qué pasará después de 2027?

La administración Trump propuso un enfoque de dos pasos para ampliar la cobertura de medicamentos GLP-1 para la obesidad en Medicare.

Inicialmente, el programa Bridge iba a durar seis meses. Después de eso, la idea era lanzar un programa a largo plazo que trasladaría el costo de los medicamentos del gobierno a las aseguradoras. encontró que ese programa habría costado miles de millones de dólares a las aseguradoras durante el primer año. Pero no hubo suficientes compañías que aceptaran participar voluntariamente antes de la fecha límite de abril, por lo que los CMS anunciaron que extenderá el programa Bridge a 18 meses, con nueva fecha de finalización en diciembre de 2027.

La medida dará a las aseguradoras más datos sobre cuántas personas con Medicare obtienen medicamentos GLP-1 durante el programa y más tiempo para negociar con la administración Trump.

Pero extender Bridge será “realmente costoso” para Medicare, dijo Cubanski, porque el programa subsidia gran parte del costo de los medicamentos.

“En este momento no hay claridad sobre el costo del modelo Bridge, pero probablemente serán miles de millones de dólares adicionales por año en gastos de Medicare”, apuntó Cubanski.

El costo para Medicare dependerá principalmente de cuántas personas apliquen al programa. Los CMS no han publicado proyecciones, pero estimó que en 2020 cerca de 14 millones de beneficiarios de Medicare tenían sobrepeso u obesidad.

“Esto simplemente costará más dinero, y no sabemos cuánto porque no lo han revelado”, agregó Cubanski.

¿Tienes Medicare y te interesa obtener un medicamento GLP-1 para bajar de peso? ¿Puedes pagar un copago de $50? Haz clic aquí para comunicarte con el equipo de reporteros de ºÚÁϳԹÏÍø News.

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Aunque los costos de los medicamentos recetados sigue aumentando, los pacientes con seguro comercial han reducido el uso de cupones patrocinados por fabricantes en los últimos años, según publicado en el Journal of the American Medical Association.

Los fabricantes siguen ofreciendo la misma cantidad de cupones, “pero aun así vemos muchos problemas de acceso económico entre la población con seguro privado”, dijo So-Yeon Kang, autora principal del estudio y profesora asistente de gestión y política de salud en la Universidad Georgetown.

“Los pacientes están en medio de la batalla entre las aseguradoras y los fabricantes”, señaló.

Los fabricantes de medicamentos distribuyen cupones para copagos directamente a los consumidores, ya sea en línea o en el mostrador de la farmacia. Estos cupones no son lo mismo que los servicios de tarjetas de descuento de compañías como GoodRx, que negocian precios más bajos para medicamentos recetados y luego trasladan esos ahorros al consumidor.

Las empresas farmacéuticas los ofrecen para mantener competitivos sus medicamentos al brindar a los pacientes ahorros a corto plazo. Los consumidores pagan menos de su bolsillo, muchas veces por medicamentos de marca. Esto incentiva a los pacientes a usar la versión de marca del medicamento, incluso cuando existe una versión genérica más barata.

Algunas aseguradoras afirman que esto las obliga injustamente a cubrir medicamentos más caros. Dicen que, como resultado, las primas mensuales aumentan, lo que termina perjudicando a consumidores y pacientes, no a la industria.

Entonces, ¿deberías usar cupones patrocinados por fabricantes para medicamentos recetados cuando te los ofrecen?

En una palabra: depende.

Hay cinco cuestiones que debes considerar:

1. ¿Qué pasa si no tienes seguro médico?

Si no tienes seguro, usar un cupón puede ser una buena forma de ahorrar dinero, especialmente si no hay una versión genérica del medicamento.

TrumpRx es una nueva iniciativa financiada por el gobierno federal, que funciona como un portal de cupones para medicamentos recetados. Algunos provienen de fabricantes y otros no. No todos los medicamentos tienen una oferta en forma de cupón, pero el portal puede ayudarte a ahorrar dinero, especialmente a corto plazo.

Michelle Long, gerente sénior de políticas del Programa de Protección a Pacientes y Consumidores de KFF, dijo que aquellos que no tienen seguro pueden ahorrar dinero usando TrumpRx o cupones de fabricantes.

“No lo descartaría solo porque lleva el nombre de Trump”, dijo Long. “Para muchas personas que toman ciertos medicamentos, realmente puede haber ahorros importantes”.

Aun así, Long señaló que TrumpRx incluye solo unos 85 medicamentos, de los miles aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). También es importante recordar que los cupones tienen limitaciones y reglas. No duran para siempre. Cuando se agotan, los consumidores sin seguro podrían tener que pagar el precio completo del medicamento.

2. ¿Qué pasa si tienes seguro médico comercial?

Para las personas con seguro, la respuesta es un poco más complicada.

Si el medicamento no está cubierto por tu plan o si piensas pagar en efectivo, entonces el cupón podría ser una buena opción. Si no, conviene tener cuidado.

La cobertura varía en el caso de ciertos medicamentos, como los GLP-1 para la obesidad. El estudio de Kang encontró que, entre personas con seguro privado, el uso de cupones para medicamentos contra la obesidad cayó del 54,6% de las recetas en 2017 a solo el 2,5% en 2024, aunque el uso de estos medicamentos sigue aumentando en el país.

Kang dijo que esto refleja el creciente número de pacientes que pagan en efectivo a medida que los precios bajan, además de la falta de interés de las aseguradoras en cubrir estos medicamentos y el cambio de estrategia de los fabricantes, que ahora se enfocan más en campañas de marketing que en distribuir cupones.

3. ¿Qué deberías hacer si esperas tener altos costos médicos este año?

Si tienes seguro y crees que alcanzarás tu deducible anual debido a visitas médicas y tratamientos, podrías considerar usar los cupones.

Los cupones permiten pagar menos de tu bolsillo en la farmacia, pero es probable que la aseguradora no cuente el valor del cupón para el deducible. Conviene usar un cupón solo si no existe una opción genérica y si sabes que de todas formas alcanzarás tu deducible.

4. ¿Qué pasa si tienes seguro pero bajos costos médicos en general?

La respuesta casi siempre será: no uses el cupón.

A menos que el medicamento no esté cubierto por tu seguro, usar cupones puede aumentar los costos indirectos. También suele ser más conveniente acumular gastos para alcanzar el deducible.

Hay que estar atentos a los programas de ajuste de copagos que usan las aseguradoras para desalentar el uso de cupones. Según Long, existen dos formas comunes.

Los ” permiten usar cupones hasta agotar su valor, pero el monto del cupón no cuenta para el deducible ni para el máximo anual de gastos de bolsillo. Esto dificulta alcanzar el punto en el que la aseguradora comienza a cubrir recetas y otra atención médica. También puede significar que el paciente termine pagando el costo total del medicamento porque aún no alcanza su deducible anual.

Los “copay maximizers” usan una estrategia similar y tampoco permiten que cuente para el deducible. Estos programas utilizan a un tercero para ajustar los copagos de los pacientes durante el año y así igualar el valor de los cupones ofrecidos por los fabricantes.

A veces, las aseguradoras presentan estos programas con nombres que suenan positivos, como “Programa de Ahorro para Empleados”, pero en realidad reducen parte del beneficio de los cupones, afirmó Long.

Al principio, los consumidores pueden ahorrar dinero en la farmacia, pero a largo plazo podrían terminar pagando más.

5. ¿Qué pasa si tienes Medicaid o Medicare?

Los beneficiarios de Medicare o Medicaid tienen prohibido usar cupones patrocinados por fabricantes.

Una ley federal contra sobornos impide ofrecer algo de valor para influir en la decisión de comprar un producto que finalmente será pagado por un programa federal de salud. La ley también prohíbe ofrecer compensaciones, lo que incluye eliminar copagos o cobrar un producto por debajo del valor de mercado.

Los cupones de medicamentos ofrecidos por los fabricantes encajan en ambas categorías.

Algunos estados, especialmente California y Massachusetts, el uso de cupones de medicamentos cuando existe una versión genérica disponible, lo que refleja la tensión entre los fabricantes, los planes de salud y el gobierno.

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El programa de exención, administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), permite que médicos que no son ciudadanos estadounidenses permanezcan en el país mientras pasan de la visa que usaron durante su formación a un estatus de trabajador temporal. A cambio, los médicos aceptan trabajar en áreas con escasez de servicios durante al menos tres años.

“Serán los pacientes quienes más sufrirán porque en unos tres meses habrá cientos de lugares que no tendrán un médico que deberían tener”, dijo un psiquiatra afectado por el retraso.

El médico —a quien ºÚÁϳԹÏÍø News aceptó no identificar por temor a represalias del gobierno— está entre los cientos que solicitaron este año una exención de la visa J-1 a través del Programa de Visitantes de Intercambio del HHS.

Si la recibe, el psiquiatra —quien estudió medicina en su país de origen, en Europa, antes de venir a Estados Unidos para su residencia y subespecialidad— trabajaría con pacientes vulnerables y desfavorecidos en Nueva York.

En los últimos años, el programa del HHS revisaba las solicitudes de exención en una a tres semanas, según dos abogados de inmigración.

Pero actualmente tiene un atraso de cientos de solicitudes, que aún deben ser revisadas por el Departamento de Estado y aprobadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), según cuatro abogados entrevistados por ºÚÁϳԹÏÍø News.

Dijeron que es probable que los médicos extranjeros tengan que regresar a sus países si sus solicitudes no avanzan al USCIS antes del 30 de julio.

Para poder volver a ingresar a Estados Unidos, sus empleadores tendrían que pagar una nueva tarifa de $100.000 asociada con la visa de trabajo H-1B. Es un costo que muchos hospitales y clínicas en áreas rurales y con escasos recursos dicen no poder asumir. “Ese es el precipicio hacia el que se dirige este tren”, señaló Charles Wintersteen, abogado en Chicago, especializado en inmigración relacionada con la fuerza laboral de salud.

Emily Hilliard, vocera del HHS, no respondió preguntas sobre el número de solicitudes pendientes ni explicó qué causó los retrasos. Pero dijo que el Programa de Visitantes de Intercambio ha revisado todas las solicitudes de exención clínica J-1 del año fiscal 2025, así como algunas del año fiscal 2026.

El departamento está “implementando mejoras clave en los procesos para evitar futuros retrasos” y “trabajando diligentemente” para evaluar las solicitudes restantes antes de la fecha límite del 30 de julio, agregó.

El psiquiatra en espera dijo que los empleadores que contratan médicos con exención J-1 deben demostrar que no pudieron cubrir los puestos con trabajadores estadounidenses. Si los médicos que planeaban contratar no pueden llegar a tiempo —o no llegan—, los pacientes tendrán que esperar aún más para que se cubran esas vacantes.

Wintersteen dijo que los puestos de educación médica de posgrado están financiados en gran parte a través de Medicare y que “los contribuyentes que pagan por esa formación no obtendrán el beneficio”.

Médicos y abogados de inmigración dijeron que el HHS no ha explicado los retrasos ni les ha informado qué esperar de sus solicitudes.

“¿Por qué el HHS querría ralentizar y hacer desaparecer un programa que funciona? Un programa que cada año coloca a cientos de médicos internacionales formados en Estados Unidos en zonas del país con gran escasez de servicios”, escribió Jennifer Minear, abogada en Virginia especializada en inmigración de la fuerza laboral de salud, en un correo electrónico. “¿Cómo beneficia eso a la salud pública? Es desconcertante”.

Exenciones retrasadas

El sistema de salud de Estados Unidos depende de profesionales nacidos en el extranjero para cubrir puestos de médicos, enfermeros, técnicos y otros proveedores, especialmente en centros con falta crónica de personal en comunidades rurales y urbanas de bajos ingresos.

Casi una cuarta parte de los médicos en Estados Unidos estudió medicina fuera del país o Canadá, según .

Una vez que los no ciudadanos completan su educación de posgrado en Estados Unidos, que normalmente termina el 30 de junio, deben regresar a su país de origen y esperar dos años antes de solicitar una visa de trabajo H-1B. O pueden solicitar , que les permite permanecer en el país con estatus H-1B a cambio de trabajar durante tres años en un área con escasez de proveedores.

Los abogados dijeron que están viendo retrasos solo en el Programa de Visitantes de Intercambio, no en otros programas federales o estatales de exención J-1.

El programa de atención clínica del HHS recibió 750 solicitudes de exención el año pasado, según Minear y Wintersteen, y está reservado para médicos que trabajan en pediatría, psiquiatría, medicina familiar e interna, o en obstetricia y ginecología.

El programa normalmente necesita enviar recomendaciones al Departamento de Estado a mediados de marzo, según , CEO de la Asociación Médica Estadounidense (AMA).

Minear dijo que el HHS dejó de procesar solicitudes a finales de septiembre o principios de octubre antes de comenzar a enviarlas nuevamente hace unos meses.

“Pero el ritmo es mucho más lento” de lo habitual, dijo.

Minear explicó que el Departamento de Estado suele tardar dos o tres meses en revisar las recomendaciones del HHS y debe enviarlas al USCIS antes del 30 de julio para que la mayoría de los médicos puedan permanecer en el país.

Si no se cumple ese plazo, señaló Wintersteen, los médicos tendrán que abandonar el país a menos que obtengan otro tipo de visa, consigan una exención J-1 a través de otro programa o extiendan su visa actual realizando exámenes de certificación o formación adicional.

El psiquiatra, que debe comenzar a trabajar el 1 de julio, dijo que solicitó la exención para permanecer en Estados Unidos con su pareja y porque le permitiría ayudar a los pacientes de salud mental más vulnerables. Dijo que sus futuros pacientes probablemente incluirían sobrevivientes de trata de personas, personas sin hogar, en prisión o centros de detención. “Esa es la población con la que quiero trabajar”, aseguró.

El retraso de exenciones y el dilema de la H-1B

El presidente Donald Trump emitió que criticaba el uso de visas de trabajo H-1B por parte de la industria tecnológica. La orden creó la tarifa de $100.000 que se aplica a trabajadores de todos los sectores —no solo tecnología— que viven fuera de Estados Unidos. El pago no se aplica a quienes ya están en el país.

Hasta el 15 de febrero, los empleadores habían pagado la tarifa por 85 trabajadores, del USCIS. No está claro si alguno de esos pagos fue para médicos u otros proveedores de salud.

El psiquiatra dijo que los responsables del hospital que planea contratarlo indicaron que no pueden costear traerlo de regreso a Estados Unidos si se ve obligado a salir del país.

“Muchos hospitales que contratan médicos con exención J-1 están en áreas con pocos recursos y atienden a pacientes de Medicare y Medicaid”, dijo. “Por definición, en su mayoría no son hospitales ricos”.

Barry Walker, abogado en Tupelo, Mississippi, enfocado en inmigración de la fuerza laboral de salud, dijo que los empleadores ya han gastado dinero en reclutadores y abogados para ayudar con el proceso de exención.

Sumar la tarifa de la visa H-1B es “simplemente un factor que hace inviable el acuerdo, especialmente para hospitales pequeños y rurales”, explicó.

Los abogados indicaron que la mayoría de los empleadores solo patrocinarán médicos que necesiten una visa H-1B si están en especialidades lucrativas, como la cardiología o la ortopedia, donde pueden recuperar el costo de la tarifa.

También indicaron que es mucho menos probable que los centros de salud paguen la tarifa para contratar enfermeros extranjeros, técnicos de laboratorio y otros profesionales de salud que, con más frecuencia que los médicos, completan su formación fuera de Estados Unidos.

Los empleadores , pero los abogados dijeron que no conocen hospitales o clínicas a los que se les haya concedido una.

Lucha en dos frentes

Médicos, el liderazgo de los hospitales, legisladores y expertos en inmigración tratan de alertar sobre los retrasos en las exenciones J-1 en el HHS, al tiempo que buscan eliminar o limitar la nueva tarifa H-1B.

La administración Trump no ha respondido a cartas de , y que solicitaron una excensión a la tarifa de $100.000 para médicos o para todos los trabajadores de salud.

En marzo, un grupo bipartidista de legisladores presentó un para crear una exención en el sector salud. Aún no ha tenido audiencia.

Al menos tres demandas buscan eliminar completamente la tarifa: una ., la de un grupo de y que incluye una empresa que recluta enfermeros extranjeros y un sindicato que representa a graduados de medicina.

En cuanto a los retrasos en las exenciones J-1, el CEO de AMA pidió al Programa de Visitantes de Intercambio utilizar un “procesamiento de emergencia en lote” para médicos con contratos que comienzan a trabajar este verano.

Efrén Manjarrez, presidente de la Society of Hospital Medicine, que representa a médicos que trabajan en unidades hospitalarias, también pidió medidas de emergencia.

“Cada día que este atraso persiste es un día en que los pacientes hospitalizados en estas comunidades enfrentan mayor riesgo”, al programa.

Mientras tanto, hospitales en Canadá reclutan médicos extranjeros que completan su formación en Estados Unidos, dijo el psiquiatra. Agregó que uno de sus amigos aceptó una oferta, retirando su solicitud de exención del HHS para irse al norte.

El psiquiatra dijo que si debe salir de Estados Unidos, estará alejado de su pareja y se quedará sin trabajo durante meses mientras obtiene la licencia en su país de origen.

Incluso si su empleador pudiera pagar la tarifa H-1B, no está seguro de querer regresar.

“Todo este proceso ha sido increíblemente doloroso y agotador”, dijo. “Preferiría ir a un país que valore mi motivación para trabajar con pacientes”.

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Pero legisladores republicanos en algunos estados creen que las nuevas reglas —parte del One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump— no van lo suficientemente lejos.

Indiana encabeza ese impulso, con una nueva ley que exige a los solicitantes demostrar que han estado trabajando o participando en una actividad similar por tres meses consecutivos para recibir beneficios.

Mientras tanto, residentes en muchos otros estados tendrán que demostrar que trabajaron solo un mes, la opción menos complicada bajo esta nueva ley tributaria y de gasto interno de Trump. La ley instruye a los estados a decidir si exigirán uno, dos o tres meses de historial laboral.

Al igual que en Indiana, legisladores republicanos de Idaho aprobaron un requisito de tres meses, y el gobernador firmó la ley el 10 de abril.

Estas medidas, junto con acciones similares en Arizona, Missouri y Kentucky, buscan limitar la flexibilidad para implementar la ley federal a nivel estatal.

“Normalmente, no se vería a legisladores estatales interviniendo en estas decisiones”, dijo Lucy Dagneau, funcionaria senior del área de defensa de la Sociedad Americana del Cáncer.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estimó que 18,5 millones de adultos estarán sujetos a las nuevas reglas, que se aplicarán en 42 estados y el Distrito de Columbia.

En Indiana, las reglas laborales afectarán aproximadamente al 33% de la población estatal inscrita en Medicaid. En general, las reglas no se aplicarían a niños, personas de 65 años o más, ni a personas con discapacidades o problemas graves de salud.

Por lo general, los administradores estatales —no los legisladores— detallan cómo planean cumplir nuevas normas federales, y con frecuencia esperan orientación de reguladores federales. Pero funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aún no han dicho a los estados cómo cumplir muchos aspectos de la amplia ley presupuestaria, lo que ha llevado a legisladores estatales a intervenir.

El gobernador republicano Mike Braun firmó la ley de Indiana el 4 de marzo, convirtiendo a su estado en el primero en fijar el requisito laboral de Medicaid en tres meses, el período más largo permitido por la ley federal.

El senador estatal republicano Chris Garten presentó un proyecto de ley en enero, con el argumento de que era necesario para “alinear” la ley estatal con las nuevas reglas federales de Medicaid. También presentó la medida como una forma de combatir el “despilfarro, fraude y abuso” en programas públicos.

Cuando personas no elegibles se inscriben, eso perjudica “al verdadero residente vulnerable de Indiana que realmente necesita la ayuda”, dijo Garten durante una audiencia de comité en enero.

El senador estatal demócrata Fady Qaddoura expresó escepticismo durante la audiencia y cuestionó la necesidad de la legislación. Qaddoura pidió al secretario de la Administración de Servicios Sociales y Familiares de Indiana, Mitch Roob, una estimación del número de personas no elegibles inscritas en Medicaid en el estado.

“Creo que muy pocas”, respondió Roob. “Nunca será ninguna”.

Después de escuchar esa respuesta, Qaddoura dijo que no hay evidencia de un problema generalizado en Indiana. Acusó a los republicanos de usar el despilfarro, fraude y abuso como justificación para negar beneficios de salud y ayuda alimentaria a residentes vulnerables del estado.

Más tarde, Garten calificó la acusación de Qaddoura como una “distorsión fundamental” del proyecto de ley.

Los republicanos han dicho que imponer estos límites protege la continuidad del programa Medicaid.

“Creemos en una red de seguridad para nuestros más vulnerables, no en un comodín para adultos aptos para trabajar que deciden no hacerlo”, dijo Garten. “Al ajustar estas medidas, garantizamos que nuestra red de seguridad siga siendo sostenible”.

Se espera que la inscripción en el Medicaid del estado baje debido a la legislación de Garten, según un análisis de la Agencia de Servicios Legislativos de Indiana, una entidad no partidista.

Medicaid ayuda a mantener sanas a las personas para que puedan seguir trabajando, dijo Adam Mueller, director ejecutivo del Indiana Justice Project, una organización legal no partidista enfocada en salud, vivienda e inseguridad alimentaria.

Mueller teme que las personas tengan dificultades para demostrar su historial de trabajo, especialmente quienes tienen empleos no tradicionales.

“Si el objetivo es que la gente participe, con un mes bastaría”, dijo Mueller.

En última instancia, teme que la ley perjudique a los residentes de Indiana que más necesitan ayuda. “Van a tropezar con los obstáculos burocráticos”.

Un análisis del Center on Budget and Policy Priorities predijo que las reglas laborales impondrán  y que la forma en que los estados decidan aplicarlas “afectará significativamente la cantidad de personas que pierdan cobertura”. Las decisiones estatales determinarán “qué tan intensa es la carga”, concluyó este centro de estudios de tendencia progresista, y elegir un período de revisión más corto “permitirá que más personas se inscriban”.

Legisladores en varios estados consideraron límites. Y el mismo grupo conservador de cabildeo, la Foundation for Government Accountability (FGA), testificó a favor de estas medidas en Arizona, Indiana y Missouri.

En Missouri, el cabildero de FGA James Harris dijo que la medida busca “sacar a la gente de la dependencia y devolverle esa dignidad y orgullo del trabajo”.

El representante estatal de Missouri Darin Chappell propuso exigir un período de revisión de tres meses, similar a la medida en Indiana. Pero la versión más reciente del proyecto que patrocinó exigiría a los solicitantes demostrar que trabajaron solo un mes antes de inscribirse.

Chappell, republicano, dijo que su iniciativa fomentaría una “mentalidad de trabajo”.

Anna Meyer, dueña de una pequeña panadería en Columbia, Missouri, dijo que la insinuación es que ella y otras personas en Medicaid son perezosas. “He trabajado desde los 15 años”, dijo. “Ahora tengo 43”.

Meyer, quien expresó su oposición, dijo que anteriormente tuvo problemas para enviar información a la agencia estatal de Medicaid. Teme que estos nuevos requisitos la pongan a ella y a otras personas en riesgo de perder cobertura, incluso si cumplen la regla laboral.

Tiene fibromialgia, una condición crónica que aumenta la sensibilidad general al dolor. También tiene alergias alimentarias. Medicaid ayuda a pagar medicamentos y visitas al doctor que la mantienen saludable y le permiten seguir trabajando.

“Trabajo muy duro”, dijo Meyer.

En St. Louis, Jessica Norton, obstetra y ginecóloga, atiende a muchas pacientes de Medicaid en una clínica de Affinia Healthcare. Dijo que tienen dificultades para mantener su seguro, aunque Missouri extiende un año completo de cobertura de Medicaid a mujeres elegibles después de dar a luz.

A algunas de sus pacientes se las expulsó de la cobertura sin explicaciones al momento en que iban a la cita médica seis semanas después del parto. Teme que la burocracia de los nuevos requisitos laborales haga más difícil conservar el seguro, aunque se supone que mujeres embarazadas y madres recientes están exentas.

Norton criticó a los legisladores por el mensaje que esta política envía a pacientes vulnerables. Están diciendo: “Ah, en realidad, la atención médica es un privilegio, y hay que ganárselo”.

 de los adultos de 19 a 64 años inscritos en Medicaid ya trabajan, según KFF. La razón por la que muchos de los adultos restantes en Medicaid no trabajan es que están jubilados, cuidan a otra persona o están demasiado enfermos, según la misma organización.

Algunos estados no solo están estableciendo los requisitos más estrictos, sino que también bloquean la flexibilidad opcional incluida en las reglas federales.

Por ejemplo, los estados pueden adoptar exenciones adicionales a las reglas laborales, como permitir que las personas aleguen una “dificultad de corto plazo”, diseñada para mantener la cobertura de Medicaid a personas con condiciones médicas que les impiden trabajar.

Legisladores de Missouri buscan una enmienda constitucional para impedir que su estado ofrezca esas exenciones opcionales. Pero defensores de pacientes advierten que estos límites perjudicarían a residentes vulnerables del estado cuando más necesitan cobertura, en particular pacientes rurales con cáncer.

Con frecuencia, estos pacientes deben viajar a Kansas City o St. Louis, para recibir tratamiento, lo que interrumpe su capacidad para trabajar, testificó Emily Kalmer, cabildera del brazo de defensa pública de la Sociedad Americana del Cáncer, durante la audiencia de enero. Reconociendo esto, la ley federal ofrece ciertas exenciones para este tipo de situaciones.

Pero esta exención por dificultad de corto plazo quedaría fuera de la mesa en Missouri.

El tiempo es “muy importante en la vida de un paciente con cáncer o de un sobreviviente de cáncer”, dijo Kalmer.

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La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre  en todo el sur de California, los planes de la administración Trump de compartir  con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la aprobación de restricciones estatales y federales sobre el derecho de los inmigrantes a acceder a Medicaid.

Luego, en noviembre, el gobierno federal publicó una nueva propuesta sobre la  que, de aprobarse, podría impedir que determinados inmigrantes obtuvieran la residencia legal permanente si ellos o sus familiares han utilizado beneficios públicos, incluido Medicaid.

Muchos de los pacientes de González y sus hijos, que a menudo son ciudadanos estadounidenses, todavía califican para el programa Medicaid de California, conocido como Medi-Cal, que brinda cobertura de salud a más de 14 millones de residentes con bajos ingresos o discapacidades. Pero, cada vez más, esas personas prefieren no inscribirse ni renovar su cobertura.

“Muchos no quieren solicitar la cobertura”, afirmó González. “Hay quienes dicen que ni siquiera se atreven a salir a regar sus plantas”.

Datos de Medi-Cal sugieren que lo que algunos defensores de inmigrantes llaman una “pandemia de miedo” ha comenzado a reducir la inscripción en el programa de Medicaid más grande del país. Un análisis de ºÚÁϳԹÏÍø News encontró que, de junio a diciembre, el mes más reciente para el que hay datos disponibles, casi 100.000 inmigrantes sin estatus legal salieron del programa. Representan alrededor de una cuarta parte de todas las bajas de Medi-Cal, aunque este grupo constituye aproximadamente solo el 11% de los inscritos.

Esto marca un cambio de rumbo respecto del aumento constante en la inscripción de inmigrantes sin estatus legal en el estado. Hasta julio, las inscripciones de este sector habían aumentado cada mes desde que, en enero de 2024, el estado abrió Medi-Cal a todos los residentes de bajos ingresos sin que importara su estatus migratorio.

Tessa Outhyse, vocera del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS), que supervisa Medi-Cal, afirmó que no hay evidencia de que los inmigrantes se estén dando de baja del programa en mayor proporción que otros grupos. En general, la inscripción en Medi-Cal ha disminuido en alrededor de 1,6 millones desde su punto más alto en mayo de 2023.

Outhyse atribuyó la caída a la reanudación de las verificaciones anuales de elegibilidad, que se suspendieron durante la pandemia de covid-19. California es uno de los 14 estados que, junto con Washington, D.C., financian cobertura de salud para, al menos, algunos inmigrantes que no califican para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños bajo las reglas federales.

Pero dos investigadores, Leonardo Cuello, del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, y Susan Babey, del , cuestionaron esa explicación. Señalaron que California y la mayoría de los otros estados ya habían reanudado completamente las verificaciones de elegibilidad .

Sin embargo, Tony Cava, vocero del DHCS, aseguró que esas revisiones continuaron reduciendo la inscripción hasta 2025.

Cuello agregó que los cambios federales aprobados por los republicanos en la ley One Big Beautiful Bill Act, que se espera provoquen más bajas, no entran en vigor hasta dentro de algunos meses.

“Tenemos muchos factores importantes que aún no han ocurrido y que provocarán la pérdida de cobertura”, explicó Cuello. “Pero la pérdida de cobertura que está ocurriendo ahora parece estar en gran medida relacionada con el miedo de los inmigrantes”.

Encuestas dan algunas pistas

Una  encontró que, en todo el país, los adultos inmigrantes, especialmente los que son padres, están evitando cada vez más incluirse en programas gubernamentales que ayudan a pagar alimentos, vivienda o atención médica para no llamar la atención sobre su estatus migratorio o el de algún familiar. Esto incluye a residentes con estatus  y a ciudadanos naturalizados.

Cuello dijo que la tendencia a evitar estos programas por parte de los padres es especialmente preocupante porque aproximadamente 1 de cada 4 niños en EE.UU. tiene al menos un padre inmigrante. Aunque la mayoría de esos niños haya nacido en el país.

También opina que esa decisión de las familias puede explicar una disminución nacional de casi 3% en la inscripción en Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños durante los primeros 10 meses del año pasado, incluida una caída de 5,6% en la inscripción de niños en California, según datos recopilados por .

Los patrones de inscripción durante la primera administración Trump también ofrecen pistas. Por ejemplo, el presidente amplió los criterios de carga pública para incluir el uso de Medicaid y asistencia para alimentos y vivienda. Esto llevó a muchas familias inmigrantes, incluidos niños ciudadanos y personas no afectadas por la regla, a  para los que eran elegibles. Algunos  incluso después de que varios tribunales bloquearon su implementación y el presidente demócrata Joe Biden revocó la regla.

“La medida generó un alto nivel de confusión”, señaló Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del condado de Los Ángeles, que representa a unos 70 centros de salud en la zona. “El personal de los centros de salud comunitarios aún está trabajando para revertir los efectos de la primera regla”.

Ahorros estimados

Actualmente, solo las personas que dependen de programas de asistencia en efectivo o de atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno pueden ser consideradas un riesgo de carga pública cuando solicitan una visa para entrar al país o gestionan la residencia permanente legal.

Pero bajo la propuesta de la administración Trump, Medicaid y otros programas sin entrega directa de dinero, así como el uso de beneficios por parte de familiares, podrían usarse para evaluar si es posible que una persona termine dependiendo del estado. Los oficiales de inmigración también tendrían mayor autoridad para decidir cuáles factores convierten a alguien en carga pública.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que los cambios son necesarios porque las reglas actuales limitan la capacidad de la agencia para evaluar el riesgo de que un inmigrante dependa de recursos gubernamentales. El período de comentarios públicos terminó en diciembre.

El DHS no respondió a una pregunta respecto de cuándo tomará una decisión final sobre la norma. La propuesta indica que “estaría en línea con una política de larga data: según la cual los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y los beneficios estatales no deben incentivar la inmigración”.

La agencia calculó que esa modificación podría ahorrar a los gobiernos federal y estatales casi $9 mil millones al año gracias a personas que se den de baja o decidan no inscribirse en programas públicos.

En una carta en apoyo a esa iniciativa, el , una organización conservadora que promueve restricciones migratorias, describió la regla actual de carga pública como demasiado limitada y dijo que impide a los funcionarios de inmigración considerar “toda la información relevante”.

“El concepto de negar la entrada a personas que probablemente dependerán de la asistencia gubernamental no es nuevo”, escribió Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios del grupo, en una publicación de diciembre.

La propuesta federal también admite que estas modificaciones podrían  provocar una pérdida de ingresos para economías estatales y locales, incluidos proveedores de salud como hospitales, supermercados, agricultores y arrendadores que participan en programas de vivienda financiados por el gobierno federal.

Un  estimó que la norma que impulsa el gobierno podría llevar a que entre 1,3 y 4 millones de personas abandonen Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños, incluidos hasta 1,8 millones de niños ciudadanos.

“Claramente se está usando para generar miedo y ansiedad”, dijo Benyamin Chao, gerente supervisor de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center. El funcionario calificó la iniciativa como parte de un “ataque a inmigrantes con residencia legal, a ciudadanos estadounidenses que son familiares, y a la comunidad en general”.

Es posible que el temor a la carga pública también haga que menos personas participen en iniciativas contra el hambre, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en California como CalFresh. Mark Lowry, director del Banco de Alimentos del condado de Orange, dijo que esto — junto con las bajas relacionadas con la ley One Big Beautiful Bill Act — podría saturar los bancos de alimentos, ya que los programas federales de nutrición representan la mayor parte de la ayuda alimentaria.

“No hay forma de que el sistema de alimentos de emergencia tenga la capacidad ni los recursos para cubrir esas necesidades”, dijo.

Necesidades de atención médica

El temor a inscribirse en Medi-Cal no afecta a todos los inmigrantes. Juana Zaragoza dirige un programa en Oxnard que ayuda principalmente a trabajadores agrícolas indígenas de México a anotarse en Medi-Cal. Allí, la inscripción y reinscripción se han mantenido estables en los últimos meses. Ni ella ni las comunidades a las que atiende conocen mucho sobre la propuesta de carga pública, explicó.

A menudo, las preocupaciones se ven superadas por la necesidad inmediata de atención médica.

“Nos encontramos con muchas personas que están evaluando qué los beneficia ahora y qué los beneficiará después”, dijo. “Algunos solo quieren cubrir sus necesidades en el momento”.

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