Pero legisladores republicanos en algunos estados creen que las nuevas reglas —parte del One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump— no van lo suficientemente lejos.
Indiana encabeza ese impulso, con una nueva ley que exige a los solicitantes demostrar que han estado trabajando o participando en una actividad similar por tres meses consecutivos para recibir beneficios.
Mientras tanto, residentes en muchos otros estados tendrán que demostrar que trabajaron solo un mes, la opción menos complicada bajo esta nueva ley tributaria y de gasto interno de Trump. La ley instruye a los estados a decidir si exigirán uno, dos o tres meses de historial laboral.
Al igual que en Indiana, legisladores republicanos de Idaho aprobaron un requisito de tres meses, y el gobernador firmó la ley el 10 de abril.
Estas medidas, junto con acciones similares en Arizona, Missouri y Kentucky, buscan limitar la flexibilidad para implementar la ley federal a nivel estatal.
“Normalmente, no se vería a legisladores estatales interviniendo en estas decisiones”, dijo Lucy Dagneau, funcionaria senior del área de defensa de la Sociedad Americana del Cáncer.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estimó que 18,5 millones de adultos estarán sujetos a las nuevas reglas, que se aplicarán en 42 estados y el Distrito de Columbia.
En Indiana, las reglas laborales afectarán aproximadamente al 33% de la población estatal inscrita en Medicaid. En general, las reglas no se aplicarían a niños, personas de 65 años o más, ni a personas con discapacidades o problemas graves de salud.
Por lo general, los administradores estatales —no los legisladores— detallan cómo planean cumplir nuevas normas federales, y con frecuencia esperan orientación de reguladores federales. Pero funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aún no han dicho a los estados cómo cumplir muchos aspectos de la amplia ley presupuestaria, lo que ha llevado a legisladores estatales a intervenir.
El gobernador republicano Mike Braun firmó la ley de Indiana el 4 de marzo, convirtiendo a su estado en el primero en fijar el requisito laboral de Medicaid en tres meses, el período más largo permitido por la ley federal.
El senador estatal republicano Chris Garten presentó un proyecto de ley en enero, con el argumento de que era necesario para “alinear” la ley estatal con las nuevas reglas federales de Medicaid. También presentó la medida como una forma de combatir el “despilfarro, fraude y abuso” en programas públicos.
Cuando personas no elegibles se inscriben, eso perjudica “al verdadero residente vulnerable de Indiana que realmente necesita la ayuda”, dijo Garten durante una audiencia de comité en enero.
El senador estatal demócrata Fady Qaddoura expresó escepticismo durante la audiencia y cuestionó la necesidad de la legislación. Qaddoura pidió al secretario de la Administración de Servicios Sociales y Familiares de Indiana, Mitch Roob, una estimación del número de personas no elegibles inscritas en Medicaid en el estado.
“Creo que muy pocas”, respondió Roob. “Nunca será ninguna”.
Después de escuchar esa respuesta, Qaddoura dijo que no hay evidencia de un problema generalizado en Indiana. Acusó a los republicanos de usar el despilfarro, fraude y abuso como justificación para negar beneficios de salud y ayuda alimentaria a residentes vulnerables del estado.
Más tarde, Garten calificó la acusación de Qaddoura como una “distorsión fundamental” del proyecto de ley.
Los republicanos han dicho que imponer estos límites protege la continuidad del programa Medicaid.
“Creemos en una red de seguridad para nuestros más vulnerables, no en un comodín para adultos aptos para trabajar que deciden no hacerlo”, dijo Garten. “Al ajustar estas medidas, garantizamos que nuestra red de seguridad siga siendo sostenible”.
Se espera que la inscripción en el Medicaid del estado baje debido a la legislación de Garten, según un análisis de la Agencia de Servicios Legislativos de Indiana, una entidad no partidista.
Medicaid ayuda a mantener sanas a las personas para que puedan seguir trabajando, dijo Adam Mueller, director ejecutivo del Indiana Justice Project, una organización legal no partidista enfocada en salud, vivienda e inseguridad alimentaria.
Mueller teme que las personas tengan dificultades para demostrar su historial de trabajo, especialmente quienes tienen empleos no tradicionales.
“Si el objetivo es que la gente participe, con un mes bastaría”, dijo Mueller.
En última instancia, teme que la ley perjudique a los residentes de Indiana que más necesitan ayuda. “Van a tropezar con los obstáculos burocráticos”.
Un análisis del Center on Budget and Policy Priorities predijo que las reglas laborales impondrán y que la forma en que los estados decidan aplicarlas “afectará significativamente la cantidad de personas que pierdan cobertura”. Las decisiones estatales determinarán “qué tan intensa es la carga”, concluyó este centro de estudios de tendencia progresista, y elegir un período de revisión más corto “permitirá que más personas se inscriban”.
Legisladores en varios estados consideraron límites. Y el mismo grupo conservador de cabildeo, la Foundation for Government Accountability (FGA), testificó a favor de estas medidas en Arizona, Indiana y Missouri.
En Missouri, el cabildero de FGA James Harris dijo que la medida busca “sacar a la gente de la dependencia y devolverle esa dignidad y orgullo del trabajo”.
El representante estatal de Missouri Darin Chappell propuso exigir un período de revisión de tres meses, similar a la medida en Indiana. Pero la versión más reciente del proyecto que patrocinó exigiría a los solicitantes demostrar que trabajaron solo un mes antes de inscribirse.
Chappell, republicano, dijo que su iniciativa fomentaría una “mentalidad de trabajo”.
Anna Meyer, dueña de una pequeña panadería en Columbia, Missouri, dijo que la insinuación es que ella y otras personas en Medicaid son perezosas. “He trabajado desde los 15 años”, dijo. “Ahora tengo 43”.
Meyer, quien expresó su oposición, dijo que anteriormente tuvo problemas para enviar información a la agencia estatal de Medicaid. Teme que estos nuevos requisitos la pongan a ella y a otras personas en riesgo de perder cobertura, incluso si cumplen la regla laboral.
Tiene fibromialgia, una condición crónica que aumenta la sensibilidad general al dolor. También tiene alergias alimentarias. Medicaid ayuda a pagar medicamentos y visitas al doctor que la mantienen saludable y le permiten seguir trabajando.
“Trabajo muy duro”, dijo Meyer.
En St. Louis, Jessica Norton, obstetra y ginecóloga, atiende a muchas pacientes de Medicaid en una clínica de Affinia Healthcare. Dijo que tienen dificultades para mantener su seguro, aunque Missouri extiende un año completo de cobertura de Medicaid a mujeres elegibles después de dar a luz.
A algunas de sus pacientes se las expulsó de la cobertura sin explicaciones al momento en que iban a la cita médica seis semanas después del parto. Teme que la burocracia de los nuevos requisitos laborales haga más difícil conservar el seguro, aunque se supone que mujeres embarazadas y madres recientes están exentas.
Norton criticó a los legisladores por el mensaje que esta política envía a pacientes vulnerables. Están diciendo: “Ah, en realidad, la atención médica es un privilegio, y hay que ganárselo”.
de los adultos de 19 a 64 años inscritos en Medicaid ya trabajan, según KFF. La razón por la que muchos de los adultos restantes en Medicaid no trabajan es que están jubilados, cuidan a otra persona o están demasiado enfermos, según la misma organización.
Algunos estados no solo están estableciendo los requisitos más estrictos, sino que también bloquean la flexibilidad opcional incluida en las reglas federales.
Por ejemplo, los estados pueden adoptar exenciones adicionales a las reglas laborales, como permitir que las personas aleguen una “dificultad de corto plazo”, diseñada para mantener la cobertura de Medicaid a personas con condiciones médicas que les impiden trabajar.
Legisladores de Missouri buscan una enmienda constitucional para impedir que su estado ofrezca esas exenciones opcionales. Pero defensores de pacientes advierten que estos límites perjudicarían a residentes vulnerables del estado cuando más necesitan cobertura, en particular pacientes rurales con cáncer.
Con frecuencia, estos pacientes deben viajar a Kansas City o St. Louis, para recibir tratamiento, lo que interrumpe su capacidad para trabajar, testificó Emily Kalmer, cabildera del brazo de defensa pública de la Sociedad Americana del Cáncer, durante la audiencia de enero. Reconociendo esto, la ley federal ofrece ciertas exenciones para este tipo de situaciones.
Pero esta exención por dificultad de corto plazo quedaría fuera de la mesa en Missouri.
El tiempo es “muy importante en la vida de un paciente con cáncer o de un sobreviviente de cáncer”, dijo Kalmer.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=2229063&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>
La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre en todo el sur de California, los planes de la administración Trump de compartir con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la aprobación de restricciones estatales y federales sobre el derecho de los inmigrantes a acceder a Medicaid.
Luego, en noviembre, el gobierno federal publicó una nueva propuesta sobre la que, de aprobarse, podría impedir que determinados inmigrantes obtuvieran la residencia legal permanente si ellos o sus familiares han utilizado beneficios públicos, incluido Medicaid.
Muchos de los pacientes de González y sus hijos, que a menudo son ciudadanos estadounidenses, todavía califican para el programa Medicaid de California, conocido como Medi-Cal, que brinda cobertura de salud a más de 14 millones de residentes con bajos ingresos o discapacidades. Pero, cada vez más, esas personas prefieren no inscribirse ni renovar su cobertura.
“Muchos no quieren solicitar la cobertura”, afirmó González. “Hay quienes dicen que ni siquiera se atreven a salir a regar sus plantas”.
Datos de Medi-Cal sugieren que lo que algunos defensores de inmigrantes llaman una “pandemia de miedo” ha comenzado a reducir la inscripción en el programa de Medicaid más grande del país. Un análisis de ϳԹ News encontró que, de junio a diciembre, el mes más reciente para el que hay datos disponibles, casi 100.000 inmigrantes sin estatus legal salieron del programa. Representan alrededor de una cuarta parte de todas las bajas de Medi-Cal, aunque este grupo constituye aproximadamente solo el 11% de los inscritos.
Esto marca un cambio de rumbo respecto del aumento constante en la inscripción de inmigrantes sin estatus legal en el estado. Hasta julio, las inscripciones de este sector habían aumentado cada mes desde que, en enero de 2024, el estado abrió Medi-Cal a todos los residentes de bajos ingresos sin que importara su estatus migratorio.
Tessa Outhyse, vocera del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS), que supervisa Medi-Cal, afirmó que no hay evidencia de que los inmigrantes se estén dando de baja del programa en mayor proporción que otros grupos. En general, la inscripción en Medi-Cal ha disminuido en alrededor de 1,6 millones desde su punto más alto en mayo de 2023.
Outhyse atribuyó la caída a la reanudación de las verificaciones anuales de elegibilidad, que se suspendieron durante la pandemia de covid-19. California es uno de los 14 estados que, junto con Washington, D.C., financian cobertura de salud para, al menos, algunos inmigrantes que no califican para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños bajo las reglas federales.
Pero dos investigadores, Leonardo Cuello, del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, y Susan Babey, del , cuestionaron esa explicación. Señalaron que California y la mayoría de los otros estados ya habían reanudado completamente las verificaciones de elegibilidad .
Sin embargo, Tony Cava, vocero del DHCS, aseguró que esas revisiones continuaron reduciendo la inscripción hasta 2025.
Cuello agregó que los cambios federales aprobados por los republicanos en la ley One Big Beautiful Bill Act, que se espera provoquen más bajas, no entran en vigor hasta dentro de algunos meses.
“Tenemos muchos factores importantes que aún no han ocurrido y que provocarán la pérdida de cobertura”, explicó Cuello. “Pero la pérdida de cobertura que está ocurriendo ahora parece estar en gran medida relacionada con el miedo de los inmigrantes”.
Encuestas dan algunas pistas
Una encontró que, en todo el país, los adultos inmigrantes, especialmente los que son padres, están evitando cada vez más incluirse en programas gubernamentales que ayudan a pagar alimentos, vivienda o atención médica para no llamar la atención sobre su estatus migratorio o el de algún familiar. Esto incluye a residentes con estatus y a ciudadanos naturalizados.
Cuello dijo que la tendencia a evitar estos programas por parte de los padres es especialmente preocupante porque aproximadamente 1 de cada 4 niños en EE.UU. tiene al menos un padre inmigrante. Aunque la mayoría de esos niños haya nacido en el país.
También opina que esa decisión de las familias puede explicar una disminución nacional de casi 3% en la inscripción en Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños durante los primeros 10 meses del año pasado, incluida una caída de 5,6% en la inscripción de niños en California, según datos recopilados por .
Los patrones de inscripción durante la primera administración Trump también ofrecen pistas. Por ejemplo, el presidente amplió los criterios de carga pública para incluir el uso de Medicaid y asistencia para alimentos y vivienda. Esto llevó a muchas familias inmigrantes, incluidos niños ciudadanos y personas no afectadas por la regla, a para los que eran elegibles. Algunos incluso después de que varios tribunales bloquearon su implementación y el presidente demócrata Joe Biden revocó la regla.
“La medida generó un alto nivel de confusión”, señaló Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del condado de Los Ángeles, que representa a unos 70 centros de salud en la zona. “El personal de los centros de salud comunitarios aún está trabajando para revertir los efectos de la primera regla”.
Ahorros estimados
Actualmente, solo las personas que dependen de programas de asistencia en efectivo o de atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno pueden ser consideradas un riesgo de carga pública cuando solicitan una visa para entrar al país o gestionan la residencia permanente legal.
Pero bajo la propuesta de la administración Trump, Medicaid y otros programas sin entrega directa de dinero, así como el uso de beneficios por parte de familiares, podrían usarse para evaluar si es posible que una persona termine dependiendo del estado. Los oficiales de inmigración también tendrían mayor autoridad para decidir cuáles factores convierten a alguien en carga pública.
La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que los cambios son necesarios porque las reglas actuales limitan la capacidad de la agencia para evaluar el riesgo de que un inmigrante dependa de recursos gubernamentales. El período de comentarios públicos terminó en diciembre.
El DHS no respondió a una pregunta respecto de cuándo tomará una decisión final sobre la norma. La propuesta indica que “estaría en línea con una política de larga data: según la cual los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y los beneficios estatales no deben incentivar la inmigración”.
La agencia calculó que esa modificación podría ahorrar a los gobiernos federal y estatales casi $9 mil millones al año gracias a personas que se den de baja o decidan no inscribirse en programas públicos.
En una carta en apoyo a esa iniciativa, el , una organización conservadora que promueve restricciones migratorias, describió la regla actual de carga pública como demasiado limitada y dijo que impide a los funcionarios de inmigración considerar “toda la información relevante”.
“El concepto de negar la entrada a personas que probablemente dependerán de la asistencia gubernamental no es nuevo”, escribió Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios del grupo, en una publicación de diciembre.
La propuesta federal también admite que estas modificaciones podrían provocar una pérdida de ingresos para economías estatales y locales, incluidos proveedores de salud como hospitales, supermercados, agricultores y arrendadores que participan en programas de vivienda financiados por el gobierno federal.
Un estimó que la norma que impulsa el gobierno podría llevar a que entre 1,3 y 4 millones de personas abandonen Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños, incluidos hasta 1,8 millones de niños ciudadanos.
“Claramente se está usando para generar miedo y ansiedad”, dijo Benyamin Chao, gerente supervisor de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center. El funcionario calificó la iniciativa como parte de un “ataque a inmigrantes con residencia legal, a ciudadanos estadounidenses que son familiares, y a la comunidad en general”.
Es posible que el temor a la carga pública también haga que menos personas participen en iniciativas contra el hambre, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en California como CalFresh. Mark Lowry, director del Banco de Alimentos del condado de Orange, dijo que esto — junto con las bajas relacionadas con la ley One Big Beautiful Bill Act — podría saturar los bancos de alimentos, ya que los programas federales de nutrición representan la mayor parte de la ayuda alimentaria.
“No hay forma de que el sistema de alimentos de emergencia tenga la capacidad ni los recursos para cubrir esas necesidades”, dijo.
Necesidades de atención médica
El temor a inscribirse en Medi-Cal no afecta a todos los inmigrantes. Juana Zaragoza dirige un programa en Oxnard que ayuda principalmente a trabajadores agrícolas indígenas de México a anotarse en Medi-Cal. Allí, la inscripción y reinscripción se han mantenido estables en los últimos meses. Ni ella ni las comunidades a las que atiende conocen mucho sobre la propuesta de carga pública, explicó.
A menudo, las preocupaciones se ven superadas por la necesidad inmediata de atención médica.
“Nos encontramos con muchas personas que están evaluando qué los beneficia ahora y qué los beneficiará después”, dijo. “Algunos solo quieren cubrir sus necesidades en el momento”.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=2229083&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.
En Oregon, hasta febrero, dos niños habían sido ubicados en hogares temporales luego de ser separados de sus padres en casos de detención migratoria, según Jake Sunderland, vocero del Departamento de Servicios Humanos del estado.
“Antes del otoño de 2025, esto nunca había ocurrido”, aseguró.
Hasta mediados de febrero, casi por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El récord de 73.000 personas detenidas en enero representó un comparado con el año anterior. Según una , hasta agosto de 2025, padres de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense habían sido detenidos desde el inicio del mandato de Trump.
El medio NOTUS que por lo menos 32 niños de padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales en siete estados.
Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización de defensa legal, dijo que sospechan que el número real es mucho mayor.
“Ese número nos parece realmente muy bajo”, dijo.
La separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar , incluido el trastorno de estrés postraumático. El estrés prolongado e intenso también puede causar infecciones más frecuentes en los niños y problemas en el desarrollo. Ese “estrés tóxico” también se asocia con daños en áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, , una organización sin fines de lucro dedicada a la información en salud que incluye a ϳԹ News.
Durante el primer mandato de Trump, . y modificaron algunas leyes para permitir que tutores recibieran derechos parentales temporales en casos relacionados con migración. Ahora, tras el regreso de Trump al poder el año pasado, el aumento en los controles migratorios está impulsando una nueva ola de respuestas estatales.
En Nueva Jersey, legisladores están considerando un proyecto para modificar estatal que permite que los padres designen tutores temporales para casos de muerte o incapacidad. La nueva versión agregaría como otra razón válida la separación por control migratorio federal.
El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes para proteger a las familias separadas por acciones de control migratorio. La ley de California, llamada Ley del Plan de Preparación Familiar (), permite que los padres designen tutores y compartan derechos de custodia, en lugar de que sus derechos se suspendan mientras están detenidos. Si son liberados y pueden reunirse con sus hijos, recuperan sus derechos parentales completos.
Existen importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño entra bajo custodia estatal, explicó Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal en Los Ángeles.
Si el niño es colocado en cuidado temporal y ni el padre ni la madre pueden participar en los procesos judiciales requeridos porque están detenidos o han sido deportados, es menos probable que puedan volver a reunirse con su hijo, afirmó Guzman.
Se estima que que son ciudadanos estadounidenses viven con un padre u otro familiar que no tiene estatus migratorio legal, según investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, D.C. Dentro de ese grupo, 2,6 millones de niños tienen a ambos padres sin estatus legal.
Santana dijo que es probable que el número de casos de separación familiar aumente a medida que el gobierno de Trump avance con su campaña migratoria. Por lo tanto, más niños corren el riesgo de terminar en el sistema de cuidado temporal.
Las exigen que la agencia se esfuerce en facilitar la participación de los padres detenidos en los procedimientos de los tribunales de familia, de bienestar infantil o de tutela, pero Santana indicó que no está claro que el ICE esté cumpliendo con estas normas.
Los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.
Antes de que cambiara la ley de California, la única razón por la que un padre podía compartir derechos de custodia con otro tutor era si tenía una enfermedad terminal, contó Guzman.
Ahora, si los padres preparan un plan con anticipación y designan a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos si llegara a ser necesario, la agencia estatal de bienestar infantil puede iniciar el proceso para entregar a los niños a esa persona sin tener que abrir un caso formal de cuidado temporal, agregó.
Aunque los legisladores de Nevada el año pasado ampliaron una ley de tutela ya existente para incluir el control migratorio, la medida exige que los padres presenten documentación notarial ante la oficina del secretario de estado, un trámite administrativo que puede resultar costoso, dijo Cristian González-Pérez, abogado en Make the Road Nevada, una organización sin fines de lucro que ofrece recursos a comunidades inmigrantes.
González-Pérez señaló que algunos inmigrantes dudan en completar formularios gubernamentales por temor a que el ICE pueda acceder a esa información y los persiga. Él les asegura a los miembros de la comunidad que los formularios estatales son confidenciales y solo pueden ser consultados por hospitales y tribunales.
El gobierno de Trump ha tomado para acceder a información sensible a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras entidades.
González-Pérez y Guzmán consideran que muchos padres inmigrantes no conocen sus derechos. Designar un tutor temporal y crear un plan familiar es una forma de no sentirse impotentes, afirmó González-Pérez.
“La gente no quiere hablar de esa cuestión”, reflexionó Guzman. “Que un padre tenga que hablar con un niño sobre la posibilidad de separarse da miedo. No es algo que nadie quiera hacer”, concluyó.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=2183365&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>“La primera vez, el teléfono suena sin parar. La siguiente, te manda al buzón de voz y se corta la llamada”, dijo la mujer de 48 años, que vive en Delaware. “A veces te contesta alguien que dice que no es la persona indicada. Te transfieren y se corta. A veces contestan y no hay nadie en la línea”.
Pasó meses tratando de averiguar si su cobertura de Medicaid había sido renovada. Hasta finales de marzo, todavía no le había llegado la renovación anual para el programa estatal y federal que ofrece seguro de salud a personas con bajos ingresos y con discapacidades.
Crouch, quien sufrió un aneurisma cerebral debilitante hace una década, también tiene Medicare, que cubre a personas de 65 años o más, o a aquellas con discapacidades. Medicaid pagaba sus deducibles mensuales de Medicare de $200, pero en los últimos tres meses ha tenido que cubrirlos ella misma, lo que ha afectado el ingreso fijo de su familia, contó.
Los problemas de Crouch con el centro de llamadas de Medicaid en Delaware no son un caso aislado. Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios y atender llamadas de afiliados con preguntas.
La falta de estos trabajadores puede impedir que las personas usen plenamente sus beneficios, dijeron investigadores de políticas de salud.
Ahora, la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos aprobada por el Congreso, que el presidente Donald Trump firmó el verano pasado, pronto exigirá más al personal de las agencias estatales en los lugares donde los legisladores ampliaron Medicaid a más adultos con bajos ingresos, que son casi todos los estados y el Distrito de Columbia.
Según la ley, que se espera reduzca el gasto de Medicaid en casi $1.000 millones en los próximos ocho años, estos trabajadores deberán no solo determinar si millones de afiliados cumplen con los nuevos requisitos laborales del programa, sino también verificar con mayor frecuencia que califican: cada seis meses en lugar de una vez al año.
ϳԹ News contactó a agencias que deberán implementar estas reglas de trabajo, y muchas dijeron que necesitarán más personal.
Estas exigencias pondrán más presión sobre una fuerza laboral ya sobrecargada, lo que podría dificultar que afiliados como Crouch reciban servicios básicos de atención al cliente. Y muchos podrían perder acceso a beneficios a los que tienen derecho por ley, según afirmaron defensores del consumidor e investigadores de políticas de salud, algunos con experiencia directa trabajando en agencias estatales.
Los estados ya están “teniendo grandes dificultades”, dijo Jennifer Wagner, directora de elegibilidad e inscripción de Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities y ex subdirectora del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. “Habrá desafíos adicionales importantes por culpa de estos cambios”.
Largos tiempos de espera para recibir ayuda
Los republicanos sostienen que los cambios en Medicaid, que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027 en la mayoría de los estados, incentivarán a los afiliados a conseguir empleo. Investigaciones sobre otros programas con requisitos laborales en Medicaid han encontrado poca evidencia de que aumenten el empleo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) provocarán que más personas pierdan la cobertura de salud para 2034: indicó que más de 5 millones de personas podrían verse afectadas.
Muchos estados no tienen suficiente personal para procesar solicitudes o renovaciones de Medicaid con rapidez, dijeron defensores.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por siglas en inglés) supervisan si los estados pueden procesar el tipo más común de solicitud de beneficios dentro de un plazo de 45 días.
En diciembre, alrededor del 30% de todas las solicitudes de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C., y Georgia en procesarse. Más de una cuarta parte tardó ese tiempo en Wyoming. En Maine, una de cada 5 solicitudes no cumplió ese plazo.
Los CMS comenzaron a compartir públicamente datos de los centros de llamadas de Medicaid en 2023, lo que mostró un sistema bajo presión, según investigadores y defensores.
En Hawaii, las personas esperaron más de tres horas al teléfono en diciembre. En Oklahoma, casi una hora, y en Nevada, más de una hora.
En 2023, las agencias estatales de Medicaid comenzaron a verificar que todavía calificaban a los afiliados que habían sido protegidos para que no perdieran su cobertura durante la pandemia de covid. Ese proceso no funcionó bien en muchos estados, y más de .
Investigadores y defensores dicen que implementar las nuevas reglas será un reto mayor. Las reglas laborales requerirán cambios amplios en los sistemas informáticos y capacitación para los trabajadores que verifican la elegibilidad en un plazo ajustado.
“Es un nivel mucho mayor de complejidad administrativa”, señaló Sophia Tripoli, directora de políticas en Families USA, una organización de defensa de salud del consumidor.
Después de meses intentando hablar con alguien, Crouch dijo que finalmente obtuvo respuestas sobre sus beneficios de Medicaid luego de escribir a la oficina de la representante federal Sarah McBride (demócrata de Delaware). La oficina contactó a la agencia estatal de Medicaid, que finalmente la llamó con una actualización, dijo.
Crouch en realidad no calificaba para Medicaid. Dijo que eso nunca había surgido en dos años de interacciones con el estado.
“No tiene ningún sentido que el estado no se haya dado cuenta antes”, dijo.
La agencia de Medicaid de Delaware no respondió a solicitudes de comentarios sobre su caso.
Estados con poco personal para Medicaid
A fines de marzo, algunos estados dijeron a ϳԹ News, que necesitarán más personal para implementar las reglas laborales de manera efectiva.
Idaho informó que tiene 40 vacantes para trabajadores de elegibilidad. Nueva York estimó que necesitará 80 nuevos empleados para manejar el trabajo administrativo adicional, con un costo de $6,2 millones. Pennsylvania tiene casi 400 puestos vacantes en oficinas de servicios humanos de los condados. La agencia de Medicaid de Indiana tiene 94 vacantes. Maine quiere contratar 90 trabajadores adicionales, y Massachusetts busca sumar 70 más. Montana llenó 39 de los 59 puestos que dice que necesitará.
La agencia de servicios sociales de Missouri ha reducido personal y tiene 1.000 trabajadores de primera línea menos que hace aproximadamente una década, esto con más del doble de afiliados en Medicaid y en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según comentarios de su directora, Jessica Bax,
“El departamento pensó que habría una mejora en la eficiencia gracias a las actualizaciones del sistema de elegibilidad”, dijo Bax. “Muchas de esas mejoras no se concretaron”.
Los estados podrían tener dificultades para encontrar personas interesadas en estos trabajos, que requieren meses de capacitación, pueden ser emocionalmente exigentes y generalmente ofrecen salarios bajos, afirmó Tricia Brooks, investigadora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.
“Reciben muchos reclamos y gritos”, dijo Brooks, quien antes dirigió el programa de atención al cliente de Medicaid y CHIP en New Hampshire. “Las personas están frustradas. Lloran. Están preocupadas. Están perdiendo acceso a la atención médica, y no es un trabajo fácil cuando es difícil ayudar”.
Los estados están pagando millones de dólares a contratistas del gobierno para ayudar a cumplir con la nueva ley federal.
Maximus, un contratista de servicios gubernamentales, brinda apoyo en elegibilidad, como la gestión de centros de llamadas, en 17 estados que ampliaron Medicaid y atiende a casi 3 de cada 5 personas inscritas en el programa a nivel nacional, según la empresa.
Durante una llamada de resultados en febrero, la empresa dijo que puede cobrar según el número de gestiones que realiza para los afiliados, independientemente de cuántas personas estén inscritas en el programa en un estado.
Maximus no tiene “un enfoque único” para los servicios que ofrece ni para cómo cobra por ellos, dijo su vocera Marci Goldstein a ϳԹ News.
La empresa, que reportó ingresos de $1.760 millones en 2025 en el área que incluye trabajo relacionado con Medicaid, espera que esos ingresos sigan creciendo, incluso si menos personas permanecen en el programa, “debido a las gestiones adicionales que serán necesarias”, señaló David Mutryn, director financiero y tesorero de Maximus.
Perder la cobertura de Medicaid no es solo una molestia, ya que muchas personas inscritas probablemente no ganan lo suficiente para pagar atención médica por su cuenta y pueden no calificar para ayuda financiera bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dijo Elizabeth Edwards, abogada del National Health Law Program.
Las personas podrían no poder pagar medicamentos o recibir atención esencial, lo que podría tener impactos “devastadores” en la salud, dijo.
“Lo que está en juego son las vidas de las personas”, concluyó.
Los corresponsales de ϳԹ News Katheryn Houghton y Samantha Liss contribuyeron con este artículo.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=2183343&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movía entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa rama”, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!”.
Carranza, profesional especializada en desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en ríos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.
Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.
Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El Tímpano y ϳԹ News. Pero Carranza es una de un estimado de 100.000 inmigrantes con papeles que pronto quedarán excluidos de Medicare.
La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.
Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.
“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATIS”, dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”
Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora perderán cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo sacar de Medicare a residentes legales.
Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.
Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante .
Si eso ocurre, Carranza perdería su residencia legal y podría estar en riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.
“Esto es como una película de terror, una pesadilla completa”, dijo Carranza. “No es así como imaginé envejecer”.
“Bajo ataque constante”
Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el país después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, y desplazando a 1,3 millones.
El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.
Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos países afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos, si regresar a su país representa un riesgo.
Carranza se perdió la graduación de jardín de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Área de la Bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, así como sus propios estudios en el City College of San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.
También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrían pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.
Se suponía que la recompensa sería una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico.
La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, de los subsidios en el mercado de seguros de salud y de servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, ayuda para vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían el seguro de salud, según KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a ϳԹ News.
Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.
Michael Cannon, director de estudios de política de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querían implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectaría a su base.
“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia social”, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestar”.
Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron y $25,7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en para 2034.
Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal .
“En realidad, esta es la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupo”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadas”.
A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.
Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.
“Es bastante fácil que sufran un deterioro crítico de su salud”, dijo Cheng.
Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.
A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque su presión había subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al día siguiente despertó con el pie hinchado. En el hospital local, un médico le dijo que tenía artritis.
Dijo que fueron momentos preocupantes, pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.
El estrés de saber que perderá su seguro de salud y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el país, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo un ataque constante”.
Sin un lugar a donde ir
En California, hogar del mayor número de , Carranza podría haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el país sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.
En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensaría los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.
“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.
Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado debería intervenir. La asambleísta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán su cobertura, incluidos los adultos mayores.
La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitan”.
Una señal del futuro
En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podría significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenía presencia legal en el país, aunque sí la tenía. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que como resultado la dio de baja.
Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabía que se trataba de un error. Aun así, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.
La experiencia la dejó afectada.
“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquí”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.
Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años.
También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.
En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro había una pila alta de tarjetas de identificación que incluían licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de permisos de trabajo emitidos por el gobierno federal.
“Mi vida está en esta caja”, dijo.
Este artículo fue producido en colaboración con , una organización cívico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Área de la Bahía.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=2180384&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Pero, siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con ϳԹ News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.
Solo los ciudadanos de Estados Unidos y algunos inmigrantes con presencia legal pueden acceder a Medicaid, que cubre costos de atención médica para personas con bajos ingresos y discapacidades, así como al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés). Ambos programas son administrados por los estados.
Voceros de las agencias de Medicaid de Pennsylvania y Colorado dijeron que, hasta marzo, los estados no habían encontrado a nadie que debiera ser dado de baja de Medicaid. Esto después de revisar un total combinado de 79.000 nombres.
A solicitud de la administración Trump, Texas revisó los registros de más de 28.000 inscritos en Medicaid y canceló la cobertura de 77, según Jennifer Ruffcorn, vocera del Departamento de Servicios Humanos de Texas.
Ohio ha revisado 65.000 inscritos en Medicaid, de los cuales 260 personas fueron dadas de baja del programa, dijo Stephanie O’Grady, vocera del Departamento de Medicaid de ese estado.
En Utah, 42 de los 8.000 inscritos identificados por la administración Trump perdieron su cobertura de Medicaid, dijo Becky Wickstrom, vocera del Departamento de Servicios Laborales estatal.
Al anunciar las revisiones, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo: “Estamos reforzando la supervisión de las inscripciones para proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas vitales sirvan solo a quienes realmente cumplen con los requisitos de la ley”.
Leonardo Cuello, profesor de investigación en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, indicó que las revisiones ordenadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eran innecesarias porque los estados verifican el estatus migratorio cuando las personas se inscriben.
“Es totalmente predecible que todas estas revisiones, que imponen una carga a los estados por parte del gobierno federal, no arrojen resultados”, dijo Cuello. “Los estados ya habían hecho las revisiones una vez, y los CMS solo los estaba obligando a verificar de nuevo la misma información. Hacer que los estados pasen por el mismo proceso burocrático dos veces es increíblemente ineficiente y una manera de malgastar dinero”.
Chris Krepich, vocero de los CMS, dijo en un comunicado a ϳԹ News que las verificaciones en curso están confirmando la elegibilidad “de ciertos inscritos cuyo estatus no pudo ser confirmado mediante fuentes de datos federales”.
“Los CMS proporcionan a los estados informes periódicos para revisiones de seguimiento, y los estados son responsables de verificar de forma independiente la elegibilidad y tomar las medidas apropiadas de acuerdo con los requisitos federales”, agregó.
Sin embargo, los hallazgos compartidos con ϳԹ News también sugieren que muchos de los inscritos, cuyo estatus la administración Trump dijo no poder confirmar, son ciudadanos de Estados Unidos.
O’Grady dijo que Ohio encontró que, de los 65.000 nombres enviados por el gobierno federal, el estado ya tenía información sobre 53.000 que confirmaba que eran ciudadanos y otros 11.000 con estatus migratorio adecuado para Medicaid.
Luego, los trabajadores de casos revisaron los 1.000 nombres restantes para evaluar su información o solicitar más detalles, dijo.
Los CMS no respondieron preguntas sobre los hallazgos de los estados analizados por ϳԹ News ni proporcionaron información sobre las respuestas recibidas de los 50 estados y el Distrito de Columbia, a los que se les ordenó realizar las verificaciones.
La agencia tampoco respondió a una pregunta sobre si está enviando los nombres de las personas cuya cobertura de Medicaid fue cancelada a las autoridades federales de inmigración.
En junio, asesores de Kennedy ordenaron a los CMS compartir información sobre los inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que provocó una demanda de algunos estados preocupados de que la administración usara la información para su campaña de deportaciones contra personas que viven en Estados Unidos sin autorización.
Un juez federal que los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podían acceder solo a información sobre personas en el país sin autorización en las bases de datos de Medicaid de los estados que presentaron la demanda.
Los CMS siguen enviando a los estados listas de nombres al menos cada pocos meses, aunque funcionarios estatales dicen que las cifras han disminuido desde la primera tanda de envíos el verano pasado.
Las personas sin estatus legal no pueden acceder a cobertura de salud financiada con fondos federales, incluyendo Medicaid, Medicare y los planes de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Medicaid sí reembolsa a los hospitales por brindar atención de emergencia a personas sin papeles si cumplen con los requisitos de ingresos y otros criterios del programa.
Siete estados y el Distrito de Columbia ofrecen cobertura de salud sin importar el estatus migratorio, financiando los programas con sus propios recursos.
En marzo de 2025, los CMS iniciaron revisiones financieras de esos programas. “Los CMS han identificado más de $1.800 millones en fondos federales que están siendo recuperados mediante devoluciones voluntarias y aplazamientos de pagos federales futuros de Medicaid”, dijo Krepich. No respondió cuánto se ha recuperado hasta ahora ni de qué estados.
El gasto total de Medicaid superó los $900.000 millones en el año fiscal 2024.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=2180410&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>“Se siente como si me estuviera asfixiando dentro de este albergue, atrapado sin salida”, dijo el hijo de Carlos cuando le pidieron describir cómo se sentía luego de meses en la instalación en el área de Houston, según contó uno de los abogados de los adolescentes. “Todos los días, la misma rutina. Todos los días, sintiéndome atrapado. Me hace sentir aterrado y sin esperanza”.
Durante llamadas diarias por video, Carlos, quien tenía estatus de protección temporal (TPS), les pedía a los hermanos que tuvieran paciencia, que confiaran en el proceso.
Funcionarios federales habían evaluado a Carlos antes de otorgarle la custodia y le dijeron que su caso estaba completo. Él creía que pronto estaría de nuevo con sus hijos, quienes, al igual que él, habían llegado a Estados Unidos huyendo de la violencia política en Venezuela.
Un oficial de inmigración llamó a Carlos un viernes y le pidió que fuera el lunes a una reunión en una oficina del ICE para hablar sobre la reunificación con sus hijos. Cuando llegó, los oficiales intentaron obligarlo a firmar documentos que dijo no entender. Cuando se negó, le quitaron la ropa, le confiscaron su identificación y sus pertenencias y lo encadenaron por el cuello, la cintura y las piernas.
“Me engañaron”, dijo Carlos en una llamada telefónica desde un centro de detención migratoria en El Paso, Texas, donde estuvo retenido durante varios meses. “Usaron a mis hijos para atraparme”, agregó.
Durante la cobertura de esta historia, ϳԹ News revisó documentos judiciales, habló con los abogados de inmigración de la familia, entrevistó a Carlos y revisó declaraciones de sus hijos, traducidas del español.
Carlos es un seudónimo que se ha usado a pedido de los abogados: les preocupa que hablar públicamente pueda poner en riesgo el caso o retrasar aún más la reunificación familiar.
Usar a los hijos para arrestar a los padres
Desde 2003, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha cuidado a niños migrantes menores de 18 años que llegan al país sin sus padres, a menudo huyendo de la violencia, el abuso o el tráfico humano. La oficina, que en febrero tenía más de 2.300 niños en albergues o con familias temporales en todo el país, se supone que debe liberarlos rápidamente con cuidadores evaluados, generalmente padres u otros familiares que ya viven en el país.
El Congreso asignó esta responsabilidad a la agencia de salud hace más de 20 años para priorizar el bienestar de los niños no acompañados y separar su cuidado de las prioridades de control migratorio.
Ahora, la segunda administración de Trump está usando a niños migrantes bajo custodia de la agencia para atraer a padres, como Carlos, tengan o no antecedentes penales.
Una investigación de ϳԹ News encontró que la oficina de reasentamiento, , coordina con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el arresto de personas que buscan la custodia de niños migrantes.
Documentos de arrestos muestran que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división de la agencia que normalmente se enfoca en el crimen organizado y en traficantes, entrevista a padres u otros cuidadores y luego los arresta si están en el país sin autorización legal.
Antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la oficina de reasentamiento prohibía compartir datos y colaborar con las autoridades migratorias y no negaba la custodia de niños únicamente por el estatus migratorio de los cuidadores. el año pasado.
No está claro cuántos cuidadores han sido atraídos bajo falsos pretextos para ser arrestados. que indican que más de 100 fueron detenidos mientras intentaban sacar a sus hijos de la detención, pero ϳԹ News no pudo verificar de manera independiente esa cifra con agencias federales.
El HHS, el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) no han respondido a preguntas sobre arrestos de cuidadores que se les han remitido desde febrero.
Antes de dejar el DHS el mes pasado, la subsecretaria Tricia McLaughlin dijo que la administración protege a los niños de ser entregados a personas que no deberían cuidarlos. Andrew Nixon, vocero del HHS, remitió las preguntas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias al DHS.
Al mismo tiempo, la oficina de reasentamiento que dificultan que los cuidadores obtengan la custodia de niños no acompañados. Estas incluyen reducir el tipo de documentos que se aceptan, exigir verificaciones de antecedentes con huellas dactilares para todos los adultos que vivan en el hogar y para otros cuidadores, y requerir citas en persona para verificar documentos de identidad, a veces con agentes del ICE presentes. Estos requisitos mantienen a los “niños seguros de traficantes y otras personas peligrosas”, dijo Nixon.
Hasta enero, la agencia había retenido a al menos 300 niños que ya habían sido ubicados con patrocinadores evaluados y había pedido a sus cuidadores que volvieran a solicitar la custodia, según el National Center for Youth Law y la Democracy Forward Foundation. Estos dos grupos presentaron calificando estas acciones como “una nueva forma silenciosa de separación familiar”.
Separación a la inversa
Dulce, una madre guatemalteca en Virginia, dijo que a su hijo de 8 años lo enviaron a un albergue del gobierno después de ser detenido durante una parada de tráfico el verano pasado, mientras visitaba a familiares en otro estado.
Al principio, Dulce esperaba recuperar a su hijo en pocos días: había cumplido con los requisitos de patrocinio del gobierno en 2024 y se había reunido con él tres semanas después de que el niño cruzara la frontera. Pero funcionarios de la agencia de reasentamiento le pidieron repetir todo el proceso y volver a presentar documentos, dijo Dulce. Tardó ocho meses en recuperarlo.
Dulce es un seudónimo utilizado a petición suya porque teme que hablar públicamente la ponga en riesgo de deportación.
En un momento, le pidieron que fuera a una entrevista en una oficina del ICE para mostrar su identificación como parte del proceso de reunificación con su hijo. Ella se negó por miedo a que la detuvieran, ya que no tiene estatus legal. Cree que agentes del ICE visitaron su casa en algún momento.
“Dejé de ir a mi casa”, dijo Dulce. “Viví con algunos de mis amigos por días”.
Aunque vivía a solo 45 minutos, a Dulce solo se le permitió visitar a su hijo dos veces al mes.
Hasta hace poco, la mayoría de los niños no acompañados llegaban a la custodia del gobierno luego de ser detenidos en la frontera. Pero los cruces fronterizos comenzaron a disminuir en 2024 y el número de personas que llegan a Estados Unidos ha caído de forma importante durante el segundo mandato del presidente Trump.
Ahora, cientos de niños han sido llevados a albergues del gobierno después de ser detenidos dentro del país, en general durante redadas migratorias o paradas de tráfico, según la demanda de los grupos defensores. Muchos ya vivían con familiares, incluidos tutores previamente evaluados por la agencia de reasentamiento.
Ya casi no hay liberaciones. Según la oficina de reasentamiento, en 2024 los niños bajo su custodia permanecían en albergues o en cuidado temporal por un promedio de un mes. En febrero, ese tiempo había aumentado a más de medio año.
Generalmente se libera a los niños solo después de que sus abogados presentan una demanda en un tribunal federal impugnando su detención como inconstitucional.
Las autoridades liberaron al hijo de Dulce en febrero después de que los abogados del niño presentaron una petición de este tipo. La mujer dijo que se siente aliviada de tenerlo de vuelta, pero sigue con miedo de que el ICE pueda llegar a su casa.
Inmigrantes en riesgo
Durante el primer mandato de Trump, su administración fue criticada por de niños que habían sido liberados de custodia. El presidente Joe Biden fue cuestionado por la forma en que su administración manejó el aumento de niños no acompañados, que alcanzó un pico en 2021 con alrededor de 22.000 bajo custodia de la oficina de reasentamiento.
Aunque la mayoría fueron recibidos por patrocinadores legítimos, algunos fueron entregados a personas que no habían pasado , lo que los puso en .
La administración Trump dice que está verificando y el Departamento de Justicia ha procesado de .
El 1 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien a finales de mes, destacó un , incluida la oficina de reasentamiento, que, según el DHS, había localizado a 145.000 niños no acompañados que habían sido entregados a cuidadores durante el mandato de Biden.
Sin embargo, informes internos del HHS sobre esa iniciativa obtenidos por ϳԹ News muestran que casi 11.800 de esos niños migrantes y cerca de 500 de sus cuidadores habían sido arrestados hasta el 29 de enero. Solo 125 de esos niños y 55 de esos cuidadores fueron arrestados por presunta actividad criminal, lo que sugiere que la mayoría fue detenida por violaciones migratorias.
El HHS remitió preguntas sobre esas cifras al DHS, que no respondió a solicitudes de comentarios. Michelle Brané, quien fue funcionaria del DHS durante la administración Biden, dijo que las cifras muestran que la mayoría de los arrestos fueron para detener y deportar migrantes. Anteriormente, que la administración apuntó a padres y cuidadores que habían pagado para que los niños cruzaran la frontera, intentando presentar cargos de tráfico de personas contra ellos.
“Han abandonado esa estrategia en muchos sentidos y ahora van tras cualquiera abiertamente”, dijo Brané. “Estas cifras reflejan claramente que esto no se trata de seguridad pública ni de la seguridad de los niños”.
Caso en espera
Carlos salió de Venezuela en 2022 debido a amenazas de muerte y, como miles de otros que huían de ese país, recibió lo que se conoce como estatus de protección temporal durante la administración Biden. Esa protección fue para la mayoría de los venezolanos por el gobierno de Trump.
En enero de 2025, días antes de que Trump asumiera su segundo mandato, los hijos de Carlos cruzaron la frontera desde México hacia Estados Unidos, se entregaron a las autoridades fronterizas y fueron puestos de inmediato bajo custodia de la agencia de reasentamiento.
Carlos pasó meses enviando documentos para reunirse con ellos. Dijo que es su único padre, ya que la madre los abandonó cuando eran pequeños.
Funcionarios visitaron su casa dos veces y determinaron que era apto para cuidarlos, según documentos judiciales que solicitaban su liberación. Pasó pruebas de ADN que confirmaron que es el padre biológico, dijo uno de sus abogados. Sus documentos indican que no tiene “antecedentes penales”. En julio, a Carlos le dijeron que su caso de reunificación estaba completo y en proceso de aprobación. Pero luego, sin explicación, el caso fue puesto en espera.
Antes de que el ICE lo arrestara, Carlos dijo que manejaba 14 horas de ida y 14 de vuelta desde su casa para visitar a sus hijos. Solo podía verlos durante una hora. Cuando estaba detenido, dijo que hablaba con ellos aproximadamente cada dos semanas en llamadas breves y supervisadas.
Intenta mantenerse la esperanza, pero es difícil.
Según documentos redactados por oficiales del ICE durante su arresto y presentados en su caso judicial, Carlos fue detenido bajo una iniciativa llamada Operation Guardian Trace, que exige a los oficiales migratorios detener a posibles cuidadores si están en el país sin autorización legal y recomendar su deportación.
“Esta operación está diseñada para obligar a los padres a tomar una decisión imposible entre reunirse con sus hijos y buscar seguridad”, dijo una de las abogadas de Carlos, Chiqui Sanchez Kennedy, del Galveston-Houston Immigrant Representation Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes de bajos recursos.
“Voy a esperar”
En marzo, un juez federal determinó que Carlos había sido detenido de manera ilegal y fue liberado bajo fianza.
Pero sus hijos aún enfrentan un futuro incierto. muestran que los albergues del gobierno a menudo carecen de suficientes recursos y trabajadores sociales dicen que estadías prolongadas en estos lugares pueden causar más trauma.
“No solo es malo, sino que cuanto más tiempo estás allí, peor se vuelve”, expresó Jonathan Beier, director asociado de investigación y evaluación del programa para niños no acompañados del Acacia Center for Justice, que coordina servicios legales para estos menores.
Los hijos de Carlos también podrían ser enviados de regreso al país del que huyeron. Debido a su detención, Carlos tendrá que repetir gran parte del proceso para reunirse con ellos, según una abogada de los niños, Alexa Sendukas, también del Galveston-Houston Immigrant Representation Project.
En declaraciones compartidas a través de Sendukas, la hija de Carlos dijo que ya no quiere estar con otras personas y pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Su hijo, ahora de 15 años, describió tener ataques de pánico y sentir que se está perdiendo la vida, ya sean las oportunidades con las que sueña — aprender inglés, estudiar ciencia — o ver baloncesto con su familia.
“Recuerdo cuando llegué por primera vez a este albergue; tenía mucha esperanza y fe en que pronto me reuniría con mi papá”, dijo.
La hija de Carlos pasó el día llorando en la cama cuando los hermanos se enteraron de que su padre había sido detenido. Durante días, no supieron dónde estaba. Ahora, temen que la única salida sea la adopción o el cuidado temporal.
“Tengo miedo”, dijo. “Voy a esperar a mi papá siempre”.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=2173054&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>La legislación prohibiría que los gobiernos estatales y locales obligaran a estos centros a practicar abortos. También a derivar o informar a pacientes sobre estos servicios o a explicar opciones de anticoncepción. Y permitiría que estas organizaciones demandaran a la entidad gubernamental que violara la ley.
Los legisladores de Wyoming el 4 de marzo una ley llamada Center Autonomy and Rights of Expression Act (). Propuestas similares se presentaron este año en y . En una norma de este tipo ya fue promulgada en 2025.
La Ley CARE es una “legislación modelo” creada por la , un grupo de defensa legal cristiano conservador y antiabortista.
Una legislación similar, la , fue presentada en el Congreso el año pasado, pero no ha avanzado fuera del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley de Wyoming considera que los centros de embarazo, muchos vinculados a organizaciones religiosas, necesitan protección legal porque enfrentan “ataques sin precedentes” después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade, la decisión judicial de 1973 que protegía el derecho al aborto en todo el país. Según el texto, varias legislaturas estatales han presentado proyectos de ley que de libertad de expresión y asociación de estos centros.
Sin embargo, quienes los critican afirman que los centros de crisis de embarazo se presentan falsamente ante los consumidores como clínicas médicas, aunque no están sujetos a las leyes estatales y federales que regulan los centros de salud y protegen a los pacientes.
“En todo el país, los funcionarios del gobierno apuntan cada vez más, cada vez más, contra los centros de atención para embarazadas”, argumentó Valerie Berry, directora ejecutiva de en Cheyenne, durante una audiencia en la Legislatura sobre el proyecto de ley de Wyoming. “Esta legislación no busca crear división. Busca proteger las libertades constitucionales, la libertad de expresión y la libertad de conciencia”.
Por su parte, durante la audiencia, el expresó su preocupación por otorgar a los centros de embarazo un nivel de protección que otras empresas privadas no tienen.
“Ya cuentan con medidas de protección”, reflexionó. “Lo que me preocupa es que se les otorguen medidas de protección adicionales”.
En 2022, Wellspring Health Access, la única clínica en Wyoming que realiza abortos, en un ataque intencional.
“Nosotros somos los que proporcionamos información precisa sobre salud reproductiva y por eso sufrimos las consecuencias”, dijo a ϳԹ News Julie Burkhart, presidenta y fundadora de Wellspring Health Access.
, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, dijo que la legislación propuesta eximiría a los centros de crisis de embarazo de tener que cumplir con los estándares a los que están obligadas las organizaciones médicas. También borraría la línea entre la defensa de una causa y la práctica médica, agregó. Y agregó que iniciativas de este tipo pueden ofrecer a los republicanos un mensaje de campaña potencialmente útil de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.
“El Partido Republicano necesita una estrategia de comunicación para mostrar que se preocupa por las mujeres, incluso si prohíbe el aborto y aunque no quiera destinar recursos estatales a ayudar a las personas antes y después del embarazo”, explicó Ziegler. “La estrategia consiste en delegar eso en los centros de asesoramiento sobre el embarazo, lo que, por supuesto, aumenta el incentivo para protegerlos”.
Legislación modelo
La Alliance Defending Freedom es el mismo grupo que , que desde 1973 protegía el derecho al aborto a nivel nacional. El grupo redactó la , una legislación modelo para prohibir el aborto desde las 15 semanas, que fue la base de una ley de Mississippi de 2018 que condujo al caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization a partir de la cual la Corte Suprema anuló el fallo Roe.
La alianza dijo que sus abogados no estaban disponibles para comentar la estrategia de la organización respecto al CARE Act. En el proyecto de ley, el grupo afirmó que los esfuerzos federales, estatales y locales están apuntando contra los centros de atención del embarazo en un “claro intento de socavar y obstaculizar” su trabajo y cerrarlos.
En los últimos años, algunos han sido blanco de vandalismo y amenazas.
Pero los ataques que la legislación modelo se propone abordar principalmente son los esfuerzos legales y regulatorios de algunos estados que buscan mayor supervisión de estos centros, incluida una ley de California que exige que informen claramente a los pacientes sobre sus servicios. Esa ley fue anulada cuando la Corte Suprema falló a favor de los centros de crisis, avalando el argumento de que la norma violaba sus derechos de la Primera Enmienda.
Este año, la Corte Suprema que decidirá si los estados pueden citar a estas organizaciones para obtener información sobre donantes y datos internos.
De todos modos, es poco probable que los centros de crisis de embarazo enfrenten ese tipo de medidas regulatorias en los estados conservadores donde se está considerando esta legislación. Un legislador de Wyoming lo reconoció durante la audiencia del comité en febrero.
Diferentes servicios
En esa misma audiencia, quien encabeza el comité que patrocina el proyecto de ley, presentó la medida como “muy importante, especialmente con nuestro ‘desierto de maternidad’”, refiriéndose a la falta de acceso a servicios de atención de salud materna.
Algunos centros de crisis de embarazo pueden contar con pocos profesionales con licencia, pero son la minoría. Muchos ofrecen recursos gratuitos, como pañales, ropa para bebé y otros artículos, a veces a cambio de aceptar asesorías o clases de crianza.
Las clínicas de Planned Parenthood, en contraste, ofrecen una variedad de servicios de salud, como pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, atención primaria y exámenes para detectar cáncer cervical. Además, están reguladas como organizaciones con licencia médica.
Desde que el fallo Roe fue anulado, el movimiento por el derecho al aborto ha enfrentado desafíos importantes. La ley de los republicanos, One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump promulgó el verano pasado, a proveedores de abortos. Esa medida contribuyó a que Planned Parenthood tuviera que cerrar el año pasado.
Para 2024, operaban en todo el país, según un mapa creado por investigadores de la Universidad de Georgia, en comparación con las que ofrecían abortos a finales de 2025.
, una organización de investigación afiliada a la organización contra el aborto SBA Pro-Life America, ha sugerido que los centros de embarazo podrían ayudar a llenar el vacío dejado por el cierre de clínicas de Planned Parenthood.
Ziegler aseguró que eso dejaría a las pacientes expuestas a riesgos médicos.
El creciente poder de los centros
Las iniciativas anteriores en , Colorado y Vermont para regular los centros de crisis de embarazo surgieron a raíz de la preocupación por denuncias de , y dudas sobre la .
En 2024, un en cinco estados que investigaran si los centros estaban engañando a las pacientes haciéndoles creer que su información personal estaba protegida bajo la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), y que averiguaran cómo estaban utilizando la información de los pacientes.
Los tribunales, incluida la Corte Suprema, han fallado con frecuencia que argumentan que estos intentos de regulación violan sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Los centros de crisis para embarazadas también han recibido una avalancha de fondos desde que se revocó Roe.
Al menos incluidos centros de crisis de embarazo, según el Lozier Institute.
Seis estados distribuyen una parte de sus fondos federales del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF) —pagos en efectivo destinados a familias de bajos ingresos con niños— a centros de crisis de embarazo. Texas, Florida, Tennessee y Oklahoma han proporcionado decenas de millones de dólares para estas organizaciones.
Un análisis encontró que los centros de crisis de embarazo también recibieron entre 2017 y 2023, incluidos fondos del paquete de ayuda de 2020 promulgado como ley durante el primer mandato de Trump en medio de la pandemia de covid.
A pesar de los desafíos que enfrentan las clínicas que ofrecen abortos, Burkhart, directora del centro Wellspring en Wyoming, dijo que es importante seguir garantizando la atención a quienes la necesitan. Ella ha ayudado a abrir clínicas en zonas rurales de otros estados conservadores y ha señalado que esas clínicas siguen recibiendo pacientes.
“Eso me demuestra que, sin importar tu religión o tu partido político, hay momentos en la vida de las personas en los que necesitan atención de salud reproductiva brindada por profesionales calificados”, dijo. “Eso incluye el aborto”.
ϳԹ News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .This <a target="_blank" href="/es/noticias-en-espanol/legisladores-buscan-proteger-a-los-centros-de-crisis-de-embarazo-mientras-disminuye-el-numero-de-clinicas-de-abortos/">article</a> first appeared on <a target="_blank" href="">KFF Health News</a> and is republished here under a <a target="_blank" href=" Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.<img src="/wp-content/uploads/sites/8/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=150" style="width:1em;height:1em;margin-left:10px;">
<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=2172477&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>El dolor persistente por un accidente de auto ocurrido hace dos meses, sumado a una vida ya difícil, tiene a Angulo preocupada por su embarazo. Por eso sintió alivio cuando una camioneta móvil de medicina callejera de St. John’s Community Health llegó cerca de su asentamiento en febrero.
“Gracias a Dios que los tenemos”, dijo.
, que opera 28 clínicas, la mayoría en el condado de Los Ángeles, forma parte de la red nacional de clínicas comunitarias sin fines de lucro que atienden a los habitantes más pobres del país. Alrededor del 80% de sus 144.000 pacientes, incluida Angulo, tienen Medi-Cal, la versión de California del programa Medicaid para personas con bajos ingresos o discapacidades.
Pero los recortes federales al gasto de Medicaid bajo la One Big Beautiful Bill, la ley aprobada por los republicanos, sumados al en Sacramento, podrían costarle a St. John’s hasta un tercio de sus ingresos anuales de $240 millones. Eso obligaría a recortar servicios que podrían incluir la medicina callejera, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de la organización.
Si no se reemplaza el financiamiento perdido, clínicas más pequeñas y con menos recursos del condado podrían enfrentar consecuencias aun más duras y hasta cierres.
Por eso Mangia, junto con una coalición de clínicas comunitarias, trabajadores de salud y defensores, impulsa por cinco años en el condado más poblado del país para ayudar a cubrir la pérdida proyectada de fondos federales y estatales.
Hasta ahora, St. John’s ha aportado al menos $2 millones a la campaña.
Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles (Community Clinic Association of Los Angeles County), dijo que no hay muchas opciones para salvar al sistema de salud de un desastre.
“Estamos en una situación crítica y desesperante”, agregó. “Esto tiene el potencial de cambiar el panorama. Compensaría de manera muy significativa las pérdidas”.
La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio, pese a la oposición de algunas ciudades dentro del condado. Sus líderes argumentaron que el impuesto pondría presión sobre los consumidores y los dueños de negocios.
La mayor parte de en ingresos anuales se usaría para proteger la atención médica de la red de seguridad en clínicas comunitarias, hospitales y escuelas.
Luchando por mantenerse a flote
A nivel nacional, se espera que la ley presupuestaria del Partido Republicano reduzca el gasto federal en Medicaid en a lo largo de 10 años. También podría aumentar en más de el número de personas sin seguro médico.
La propuesta en la boleta del condado de L.A. es una de muchas iniciativas locales y estatales en todo el país, mientras clínicas, hospitales, trabajadores de salud, defensores y legisladores buscan nuevas fuentes de dinero para compensar los recortes.
En Michigan, donde se proyecta que la ley federal le costará al estado , la oficina de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ha propuesto de impuestos sobre el tabaco, productos de vapeo, apuestas en línea, apuestas deportivas y publicidad digital. Calcula que esto generaría cientos de millones de dólares al año.
En Rhode Island, un grupo de legisladores estatales espera aliviar parte del impacto de los recortes federales con un que incluye un impuesto a los anuncios digitales y un recargo del 3% sobre ingresos gravables superiores a aproximadamente $640.000.
“El objetivo no es reemplazar los ingresos, sino reducir el daño”, dijo el representante estatal demócrata Brandon Potter, uno de los legisladores involucrados en estas leyes.
En Washington, el representante estatal demócrata Shaun Scott presentó recientemente una legislación para abordar la pérdida de fondos federales con un impuesto del 5% sobre la nómina de grandes empresas, aplicado a salarios de empleados que superen los $125.000 al año.
En California, la ley republicana reducirá la a Medi-Cal en al año, o 25%. La inscripción en Medi-Cal podría caer en como resultado de los recortes federales y estatales, según un análisis del Centro de UCLA para la Investigación de Políticas de Salud y del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley.
En julio, California reducirá los pagos de Medi-Cal que reciben las clínicas comunitarias por ciertos servicios brindados a pacientes con estatus migratorio “insatisfactorio” en alrededor de . Estos pacientes incluyen residentes permanentes en el país por menos de cinco años, refugiados, personas con asilo y otras personas legalmente presentes.
Preparándose para una “nueva realidad”
Defensores y expertos en salud dicen que encontrar nuevas fuentes de ingresos es la única manera de evitar una crisis en el sistema de salud de California.
“¿Vamos a permitir que los vacíos creados por las políticas federales y los recortes del presupuesto estatal dejen a millones de personas sin seguro?”, dijo Laurel Lucia, subdirectora ejecutiva de programas del Centro Laboral de UC Berkeley. “Gran parte de esa pregunta se reduce a los ingresos”.
Algunos profesionales de la medicina dicen que se necesitan nuevos ingresos en el corto plazo, pero que el país también debe abordar su sistema de salud, conocido por ser costoso.
“Esta nueva realidad es que en el futuro tendremos que hacer nuestro trabajo con menos dinero”, dijo Hector Flores, de la Asociación Médica del Condado de Los Ángeles. “Así que esta es una oportunidad para ver cómo podemos hacer las cosas mejor”.
Mientras tanto, abundan los esfuerzos por aumentar los impuestos para la atención médica.
Los votantes del condado de Santa Clara, hogar de Silicon Valley, aprobaron en noviembre pasado un aumento de 0,625% en el durante cinco años para compensar recortes federales a Medicaid. Una estará en la boleta de junio en el condado de Contra Costa.
La iniciativa más conocida, y muy disputada, es una propuesta en la boleta de California patrocinada por sindicatos para aplicar una única vez a los más de del estado.
El gobernador demócrata Gavin Newsom se opone firmemente; el senador Bernie Sanders (independiente de Vermont) hizo campaña recientemente en California a favor de la propuesta y presentar una versión nacional en el Congreso.
Los promotores del impuesto temporal a la riqueza dicen que recaudaría , que en su mayoría se usarían para cubrir la pérdida de fondos federales y estatales en Medi-Cal y otros programas de la red de seguridad. Estos promotores intentan reunir cerca de 875.000 firmas necesarias para llevar la medida a la boleta de noviembre.
“Estamos al borde de un colapso de nuestro sistema de salud. Así que las personas más afortunadas entre nosotros pagan un impuesto modesto que nos dará tiempo y nos permitirá encontrar una solución a largo plazo”, dijo Suzanne Jimenez, jefa de gabinete del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios–Trabajadores de la Salud Unidos West, principal patrocinador de la medida. “Aun así, seguirían siendo increíblemente ricos”.
Los multimillonarios responden
El plan ha generado gran controversia, no solo en California sino en todo el país, y ha provocado y otros críticos.
Los críticos argumentan que la medida podría hacer que los multimillonarios abandonen California, lo que afectaría la innovación, los empleos y la recaudación fiscal. Algunos también advierten que podría terminar en una batalla legal, ya que quienes tendrían que pagar podrían impugnarla por múltiples vías.
“Si esto se aprobara, se esperaría que quedara frenado en los tribunales por algún tiempo”, dijo Jared Walczak, investigador temporal de la California Tax Foundation. “Es bastante posible que no entre ningún ingreso durante varios años, si es que llega a entrar alguno”.
La posibilidad de estas complicaciones ha llevado a algunos defensores de la salud a enfocarse en iniciativas locales que podrían empezar a generar ingresos más rápido, como el impuesto a las ventas propuesto en el condado de Los Ángeles.
Pero esa medida también tiene críticos, incluidos líderes de varias ciudades del condado que pidieron a los supervisores que rechazaran porque, dicen, aumentaría las preocupaciones por el costo de vida de los consumidores y pondría presión sobre los negocios.
Kathryn Barger, republicana y la única supervisora del condado de Los Ángeles, que se opuso a incluir la medida en la boleta de junio, dijo en un comunicado que el impuesto propuesto haría que el condado fuera “menos accesible para las familias y menos atractivo para que los consumidores compren y las empresas operen”.
Pero los partidarios dicen que la atención médica de la red de seguridad ya está sintiendo el impacto de la reducción de fondos. Por ejemplo, en febrero, el Departamento de Salud Pública del condado anunció que debido a $50 millones en recortes de financiamiento federal, estatal y local.
Los inscritos en Medi-Cal también están preocupados.
“Recibimos muchas llamadas de pacientes en pánico que temen perder su Medi-Cal. Decenas de llamadas al día, cientos de llamadas a la semana”, dijo Mangia, de St. John’s.
“Les decimos que estamos trabajando en una solución y esperamos tener esa solución en junio”.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=2169381&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Por eso, la joven de 31 años, de Henrico, Virginia, se quedó atónita cuando supo que Anthem finalmente tendría que pagar un tratamiento médico que le cambiaría la vida.
Durante dos años había luchado con la compañía para que cubriera infusiones de plasma sanguíneo llamadas inmunoglobulina intravenosa, o IVIG. En algunos casos, el tratamiento ha demostrado mejorar los síntomas asociados con la neuropatía de fibras pequeñas, una afección que hace que las extremidades de Ekirch se sientan como si estuvieran en llamas.
Pero Anthem había negado repetidamente la cobertura de IVIG, que cuesta alrededor de $10.000 por infusión. Luego, en febrero, una revisión externa de su caso realizada para la Oficina de Seguros de Virginia (Virginia Bureau of Insurance) revocó la negativa de Anthem.
Eso significaba que sus padres ya no tendrían que retirar dinero de los ahorros de jubilación de su padre para pagar el tratamiento de su propio bolsillo. Hasta entonces, ya habían gastado unos $90.000.
“Mi mamá estaba sollozando. Mi papá estaba de rodillas, llorando. No creo haberlo visto llorar así nunca”, dijo Ekirch al describir la reacción de sus padres ante la decisión.
“Creo que todavía estoy en shock por todo esto”, dijo.
En una declaración preparada, Stephanie DuBois, vocera de Anthem Blue Cross and Blue Shield, dijo que el tratamiento IVIG no “se ajustaba a nuestros estándares basados en evidencia”. Sin embargo, afirmó que la compañía respeta “la decisión del revisor externo” de revocar la negativa.
Mientras tanto, cada año millones de pacientes como Ekirch siguen enfrentando negativas a través del proceso de autorización previa, que exige que muchos pacientes o sus doctores obtengan aprobación anticipada de las aseguradoras antes de continuar con la atención médica.
Y a pesar de las promesas de reforma de las aseguradoras, las negativas siguen siendo una característica frustrante del sistema de salud.
En junio pasado, funcionarios de la administración Trump anunciaron en una conferencia de prensa que líderes de las aseguradoras de salud se habían comprometido a simplificar la autorización previa tomando medidas como que requieren aprobación anticipada. También prometieron tiempos de respuesta más rápidos y “explicaciones claras y fáciles de entender” sobre sus decisiones.
Sin embargo, en febrero, cuando ϳԹ News contactó a más de una docena de grandes aseguradoras que firmaron el compromiso, la mitad de ellas no proporcionó detalles específicos sobre los servicios de salud para los cuales ya no exigen autorización previa.
Un indicó que la industria sigue comprometida con el esfuerzo. Pero doctores, consumidores y defensores de pacientes son pesimistas sobre la disposición de las aseguradoras a cumplir con estos cambios voluntarios.
“No tienen ningún deseo de hacer lo que es mejor para el paciente si eso va a afectar sus bolsillos”, dijo Matt Toresco, director ejecutivo de Archo Advocacy, una empresa de defensa y consultoría para pacientes.
“En el mundo de los seguros, la responsabilidad fiduciaria no es con el paciente”, dijo. “Es con Wall Street”.
¿Un cambio significativo?
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) no respondió a las preguntas para este artículo. Las pocas actualizaciones que el gobierno federal ha emitido desde junio sobre la reforma de la autorización previa incluyen un sobre garantizar que los médicos puedan enviar solicitudes de forma electrónica.
AHIP, el grupo comercial de aseguradoras de salud que publicó el comunicado de enero, no proporcionó información sobre tratamientos, códigos, medicamentos o procedimientos específicos que sus miembros hayan eliminado del requisito de autorización previa desde que firmaron el compromiso.
“Tendremos actualizaciones adicionales sobre el progreso más adelante esta primavera”, dijo Kelly Parsons, vocera de la Asociación Blue Cross Blue Shield, que representa a 33 compañías independientes de Blue Cross y Blue Shield. Tampoco ofreció detalles específicos.
Las compañías de Blue Cross y Blue Shield que cubren pacientes en Alabama, Arkansas, Iowa, Michigan, Pennsylvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Tennessee no respondieron a las preguntas para este artículo o remitieron las consultas a la Asociación Blue Cross Blue Shield.
En contraste, otras aseguradoras sí citaron ejemplos específicos de cambios.
Aetna CVS Health comenzó a agrupar autorizaciones previas para procedimientos musculoesqueléticos, así como para pacientes con cáncer de pulmón, mama y próstata, dijo el vocero Phil Blando.
Esta práctica permite que los proveedores presenten una sola solicitud de autorización para el tratamiento de un paciente en lugar de varias.
Y Humana eliminó los requisitos de autorización previa para servicios de diagnóstico relacionados con colonoscopías, entre otros cambios, dijo el portavoz Mark Taylor.
UnitedHealthcare, que fue objeto de intenso escrutinio por su uso de la autorización previa tras de uno de sus ejecutivos a finales de 2024, eliminó el requisito de autorización previa el 1 de enero para ciertos estudios de imágenes nucleares, ultrasonidos obstétricos y procedimientos de ecocardiograma, entre otros cambios, dijo el vocero Matthew Rodriguez.
Aun así, algunos expertos del sistema de salud dudan que estos cambios tengan mucho impacto.
“Las aseguradoras han hecho promesas similares antes y no han cumplido con cambios significativos”, dijo Bobby Mukkamala, presidente de la Asociación Médica Estadounidense, que representa a doctores y estudiantes de medicina.
En 2018, , incluidos AHIP y la Asociación Blue Cross Blue Shield, anunciaron una alianza “para identificar oportunidades de mejorar el proceso de autorización previa”. Sin embargo, en respuesta al compromiso de junio que el proceso sigue siendo “costoso, ineficiente, poco transparente y, con demasiada frecuencia, peligroso para los pacientes”.
“La transparencia es esencial para que todos puedan ver si realmente se están produciendo reformas”, dijo a ϳԹ News.
Entusiasmo moderado
La autorización previa puede estar recibiendo más atención política, pero los datos muestran que los pacientes —especialmente quienes tienen afecciones crónicas que requieren tratamiento continuo— siguen enfrentando obstáculos para recibir la atención recomendada por sus doctores.
Entre los pacientes de ese grupo, el 39 % dijo que la autorización previa es “la mayor carga” para recibir atención, según , una organización sin fines de lucro de información sobre salud que incluye a ϳԹ News.
Eso es cierto para Payton Herres, 25 años, de Dayton, Ohio, quien en 2012 tuvo un trasplante de corazón, lo que requiere que tome un medicamento recetado contra el rechazo por el resto de su vida.
Pero el año pasado, dijo, Anthem negó la cobertura del costoso medicamento. Lo había estado tomando durante más de 10 años.
“He estado con Anthem toda mi vida y, de repente —no sé qué pasó— empezaron a negármelo una y otra vez”, dijo. “Casi me quedo sin medicamento”.
DuBois, la vocera de Anthem, confirmó que la compañía ha aprobado el medicamento. Cuando negó la cobertura, la empresa no había tomado en cuenta el historial de tratamiento de Herres, dijo DuBois.
Pero Herres dijo que la compañía le exigirá obtener una nueva autorización para el medicamento en septiembre.
“¿Van a negar otras cosas también?”, preguntó. “Espero no tener que seguir luchando así por el resto de mi vida”.
Anna Hocum, de 25 años, se prepara para una lucha similar. En 2024 y 2025, su aseguradora negó repetidamente la cobertura de un tratamiento costoso utilizado para ralentizar la progresión de una afección genética rara que destruye la función de sus pulmones.
“Simplemente pensé que iba a morir”, dijo Hocum, de Milwaukee. “Estaba luchando por sobrevivir y luego estaba luchando para convencer a alguien de que merecía sobrevivir”.
Al igual que con Ekirch, los padres de Hocum pagaron el tratamiento mientras esperaban que la compañía de seguros revocara las negativas iniciales. Amigos y familiares donaron más de $30.000 a través de una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los costos.
Luego, la primavera pasada, Hocum dijo que su aseguradora revocó la negativa sin una explicación aparente. Pero la aprobación es válida solo por 12 meses, por lo que necesitará otra autorización previa este año.
“Da miedo”, dijo. “No está garantizado que lo acepten”.
Aunque ahora es “un enorme alivio” que Anthem esté obligada a cubrir el tratamiento de Ekirch, su madre no sabe si o cómo la familia recuperará el dinero que ya ha pagado.
En una carta a Ekirch confirmando la decisión del revisor externo, Anthem explicó que la autorización será válida por un año a partir del 25 de septiembre de 2025. “Nos complace poder ofrecer una respuesta favorable en este caso”, escribió un analista de quejas y apelaciones de Anthem.
Ekirch dijo que la carta resaltó la hipocresía de la compañía.
“Actúan como si fueran una organización benevolente que me está haciendo un favor”. En realidad, dijo, “pelearon conmigo con uñas y dientes en cada paso del camino, hasta el punto de que hicieron de mi vida un infierno”.
Ahora, el acceso de Ekirch a la IVIG podría volver a estar en peligro. Su cobertura COBRA a través de Anthem vence a finales de marzo. En abril tendrá que cambiar a un nuevo plan médico, y se está preparando para otra ronda de autorizaciones previas.
“Simplemente tengo mucho miedo de no tener la fuerza para pasar por todo lo que se necesita”, dijo Ekirch, “para luchar esta batalla otra vez”.
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