Esta caída en las cifras genera incertidumbre para las aseguradoras. Como respuesta, es probable que vuelvan a aumentar las tarifas el próximo año, después de los incrementos mayores de lo habitual registrados este año.

Las inscripciones ya habían bajado en enero en aproximadamente respecto al del año pasado. Para este año, los inscritos enfrentaron primas que aumentaron, en promedio, . Además, los subsidios que ayudan a las personas a comprar cobertura se redujeron o desaparecieron.

Ahora, los expertos observan cuántas de las aproximadamente 23 millones de personas inscritas dejarán de pagar su parte de las primas.

Aunque los datos disponibles sobre pagos de primas corresponden principalmente a enero, algunos estados que administran sus propios mercados de ACA han publicado información de meses posteriores.

La caída más pronunciada en personas que pagan primas, según datos limitados, se registró , que tuvo una baja del 28% en abril en comparación con el mismo período del año anterior, según un análisis de Charles Gaba, analista de políticas de salud y autor de un blog especializado en ACA.

El sitio de noticias NOTUS que tenía datos internos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que mostraban que aproximadamente el 21% de las personas que usan el mercado federal de ACA —— no pagaron su parte de las primas de enero, lo que, de ser correcto, sería mucho más alto que en el mismo período del año pasado.

Los CMS no respondieron a preguntas de ºÚÁϳԹÏÍø News sobre los datos de inscripción.

Al revisar las primeras cifras publicadas por analistas, “todavía no podemos cuantificar cuánto peor será en comparación con años anteriores, pero sin duda será peor debido al impacto de los precios”, dijo Ellen Montz, directora ejecutiva de la consultora Manatt Health, quien ayudó a supervisar ACA durante su trabajo en la administración Biden.

Los resultados iniciales llegan en medio de una creciente preocupación pública por la asequibilidad, con que muestran que los suelen estar entre las de los votantes.

Por ejemplo, un publicado el 19 de mayo encontró que el deducible promedio de los planes de ACA (deducible es la cantidad que las personas deben pagar de su bolsillo por la mayoría de los tratamientos, excepto atención preventiva, antes de que las aseguradoras comiencen a cubrir los gastos) tuvo el aumento más pronunciado de la historia: creció un 37%, o más de $1.000, pasando de $2.759 en 2025 a $3.786 en 2026, después de que expiraran los subsidios mejorados que ayudaban a pagar las primas.

El aumento de costos representa un desafío político para el presidente Donald Trump y para el Partido Republicano en general, que se ha opuesto a ampliar los subsidios para ayudar a las personas a comprar cobertura a través del Obamacare.

Los legisladores republicanos también aprobaron el año pasado un paquete de gastos —promulgado como el One Big Beautiful Bill Act— que incluía disposiciones que se espera reduzcan la inscripción en ACA y que fueron citadas entre los factores que impulsaron el aumento de las primas este año.

Las reducciones en la inscripción “afectan a personas reales y tienen consecuencias reales”, dijo Montz. “La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) es un tema políticamente polémico, pero es una parte fundamental del panorama de cobertura médica”.

Siguiendo las cifras

Por ahora, la tasa de abandono coincide con lo que algunos expertos en políticas públicas habían previsto, en parte porque el Congreso no extendió los beneficios más generosos que expiraron al final del año pasado. Esos subsidios ampliados habían estado vigentes desde 2021.

“En general, el mercado individual parece dirigirse hacia una contracción significativa en 2026 y podría parecerse” a las caídas proyectadas por la , indicó un informe del , el área de análisis de HMA Co.

En base a su análisis, elaborado con datos proporcionados por 75 aseguradoras, Wakely estima que la inscripción promedio en ACA terminará siendo entre un 17% y un 26% menor este año en comparación con 2025.

Hasta ahora, el informe de Wakely señala que un promedio del 86% de los inscritos realizó su primer pago en enero.

El incumplimiento en los pagos de las primas varió según el estado. Aquellos con menores tasas de abandono habían implementado ayuda adicional —como cubrir parcial o totalmente la reducción de subsidios con fondos estatales— o registraron aumentos menores en las primas. Los estados que administran sus propios mercados tuvieron tasas de pago más altas (92%) que aquellos que usan el mercado federal (82% a 84%).

El análisis inicial de Gaba incluye cifras más recientes de nueve de los 20 estados que administran sus propios mercados del Obamacare.

“Georgia podría ser bastante representativo” de otros estados que no implementaron protecciones adicionales, dijo Gaba. Por ejemplo, las tasas de incumplimiento de pagos, comparadas año tras año, fueron del 11,6% hasta abril en Nueva Jersey y, hasta febrero, del 15,7% en Washington y del 8,5% en California.

Solo un estado de su muestra —Nuevo Mexico— registró un aumento en el porcentaje de personas que pagaban primas, según los datos mensuales más recientes disponibles. A diferencia de la mayoría, el estado para compensar completamente la reducción de los subsidios federales.

Las cifras de inscripción en ACA nunca son estáticas. Tradicionalmente, más personas se inscriben —ya sea mediante reinscripción automática o tomando la iniciativa de buscar cobertura— de las que finalmente pagan las primas, por lo que las cifras suelen ser más altas al comienzo del año.

Las personas dejan la cobertura a lo largo del año por muchas razones, como encontrar otro seguro a través de un empleo o casarse con alguien que ya tiene cobertura.

El costo, por supuesto, es un factor. Este año, debido al aumento de las primas y la reducción de subsidios, muchas personas enfrentaron costos de lo que pagaban anteriormente por su cobertura.

Además, la administración Trump eliminó un programa especial de inscripción que permitía a personas de bajos ingresos inscribirse durante todo el año.

dicen que la caída en la inscripción no debe verse únicamente en el contexto del aumento de costos. El Paragon Health Institute, un centro de estudios de libre mercado que se ha vuelto influyente entre conservadores en el Capitolio, ha argumentado durante años que las cifras récord de inscripción recientes fueron impulsadas por inscripciones fraudulentas, posiblemente por millones.

, y expertos en políticas públicas cuestionaron la metodología utilizada por Paragon para estimar inscripciones indebidas, señalando que probablemente fueron ampliamente sobreestimadas.

Algunas personas nunca habían usado ACA antes de la entrada en vigencia de los subsidios ampliados, por lo que enfrentaron un impacto mayor por los precios.

“En teoría económica, sin importar si alguien es de izquierda, derecha o centro, es un hecho simple que cuando se aumentan los precios de algo, menos personas lo comprarán”, dijo Sabrina Corlette, codirectora del Centro de Reformas del Seguro Médico de Georgetown University.

La visión a largo plazo

La expectativa de que continúe la tendencia de menor inscripción es uno de los factores clave que probablemente se traduzca en mayores estimaciones de costos mientras las aseguradoras preparan las tarifas de 2027.

Por un lado, aunque todavía no está claro cuántas personas permanecerán inscritas, tampoco se sabe si esos inscritos presentarán más reclamos médicos de los que proyectaron las aseguradoras. Generalmente se cree que las personas más jóvenes o saludables tienen más probabilidades de abandonar la cobertura cuando aumentan las primas.

En segundo lugar, ha habido un cambio marcado entre consumidores hacia la compra de planes de nivel bronce, que tienen primas mensuales más bajas pero deducibles más altos. El análisis de KFF encontró que las inscripciones en los planes bronce aumentaron del 30% al 40% del total de selecciones de planes, pasando de 7,3 millones en 2025 a 9,2 millones este año.

¿Pagarán? ¿O serán hospitales y doctores quienes tendrán que absorber copagos o deducibles impagos y luego aumentar los precios para compensar?

Las aseguradoras basan sus primas, en parte, en este tipo de análisis.

Otro factor preocupante para los actuarios es la publicación tardía de una regulación clave que establece las reglas del próximo año para los planes médicos de ACA.

La propuesta inicial para 2027 de la administración Trump se publicó a mediados de febrero e incluía ideas agresivas, como aumentar considerablemente los deducibles para ciertos tipos de planes de ACA o permitir a las aseguradoras ofrecer planes sin redes definidas de proveedores médicos.

No se finalizó , en pleno período en que las aseguradoras calculan las primas para el año siguiente. Muchos de los cambios propuestos, con algunas modificaciones, fueron aprobados, como permitir deducibles anuales más altos en ciertos tipos de cobertura.

“Definitivamente es un año difícil para ser actuario”, dijo Louise Norris, analista de políticas de salud de healthinsurance.org, un sitio de información y referencia para consumidores afiliado a Trove Group, una agencia de seguros.

“Sabemos con certeza que el mercado individual se ha reducido y casi con seguridad está más enfermo, ya que las personas que abandonan la cobertura tienen más probabilidades de estar sanas”.

Aunque todavía “no están levantando grandes señales de alerta”, las aseguradoras observan de cerca las tendencias, dijo Michelle Anderson, directora de Wakely y coautora del informe reciente.

Anderson no espera un aumento promedio de primas del 26% como el registrado este año. Aun así, considera que la incertidumbre continua y la disminución prevista en la inscripción, que variará según el estado y la aseguradora, influirán en las tarifas del próximo año.

“No me sorprendería que hubiera algunos aumentos de dos dígitos”, dijo Anderson.

La reportera de ºÚÁϳԹÏÍø News Rachel Spears colaboró con este artículo.

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Las escuelas públicas y la despensa de alimentos de su iglesia ayudan a Lafortune a lograr los primeros dos objetivos. Pero conseguir un seguro para cubrir visitas al doctor ha sido lo más difícil.

Como asistentes de enfermería en un centro de rehabilitación para lesiones cerebrales traumáticas cerca de Tampa, Florida, Lafortune y su esposo no pueden pagar el seguro médico que ofrece su empleador. Y, a la vez,  ganan demasiado para que sus hijas califiquen para tener cobertura subsidiada a través , el programa estatal de seguro médico infantil para familias de bajos ingresos.

Lafortune puede inscribir en KidCare a sus hijas pequeñas, Elisheva Joseph y Elish Adeera, pagando la tarifa completa. Pero los $525 al mes es más de lo que la familia puede afrontar.

Así que Lafortune compró un plan familiar con una prima cercana a $500 en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). El plan no incluye cobertura dental y la pareja enfrenta gastos de bolsillo mucho más altos que los que pagarían si sus hijas estuvieran en KidCare.

“KidCare es mejor para los niños. Pero al menos tengo algo para ellas”, dijo.

En 2023, los legisladores de Florida aprobaron por unanimidad la ampliación de KidCare para zanjar las brechas existentes para familias como la de Lafortune, elevando el umbral de elegibilidad para que la cobertura se extendiera a más de 40.000 niños.

Sin embargo, esta ampliación no ha entrado en vigencia —ni siquiera después de haber sido aprobada por los reguladores federales a raíz de una demanda federal— debido a que la administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, no ha implementado los cambios.

En su lugar, la ampliación de KidCare en Florida se ha visto estancada entre demandas y negociaciones continuas entre el estado y los reguladores federales. Mientras persiste esta demora, Florida podría estar infringiendo la ley.

“No sé qué están esperando”, dijo Lafortune. “Deberían darse cuenta de que la gente en Florida tiene necesidades”.

Consultada sobre la demora, la oficina de DeSantis remitió a ºÚÁϳԹÏÍø News a del 31 de marzo, durante la cual el gobernador derivó las preguntas a la Agencia para la Administración del Cuidado de Salud de Florida, que supervisa KidCare.

La agencia estatal no respondió a las repetidas solicitudes de entrevista e información sobre este tema.

Derecho adquirido vs. responsabilidad personal

En el centro del debate está una adoptada bajo la administración Biden que exige a todos los estados mantener 12 meses continuos de cobertura para niños en Medicaid y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés), conocido como KidCare en Florida. Eso significa que la cobertura no se cancelaría aunque los padres no pagaran la prima mensual.

Solo Florida ha impugnado la norma en los tribunales, demandando al gobierno federal para tener derecho a dar de baja a los niños de KidCare por falta de pago y retrasando la ampliación de la cobertura.

En diciembre, Texas también dijo que se oponía a la norma. Cecile Erwin Young, entonces comisionada ejecutiva de Texas Health and Human Services, escribió a Mehmet Oz, administrador de los Centros de servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), pidiéndole que revocara las reglas de CHIP que obligan a los estados a mantener a los niños inscriptos por períodos de 12 meses, prohíben tiempos de espera para la cobertura e impiden que los estados impongan límites a los beneficios económicos.

“Estos cambios de política, en la práctica, redefinen CHIP para que funcione más como un programa de derecho automático —una estrategia que no está respaldada por la ley y que entra en conflicto con el diseño original del programa adoptado por Texas”, sostuvo Young.

Al igual que Texas, Florida considera KidCare como un “programa de responsabilidad personal” diseñado para ayudar a las familias al “fomentar la independencia y servir como un camino hacia la autosuficiencia económica”, según documentos judiciales y presentaciones a .

“Es algo que remite a esa lógica de que la gente debe salir adelante por sí sola”, dijo , directora de políticas de Florida Health Justice Project.

Esta organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia legal, junto con el National Health Law Program, de Florida el 9 de marzo. Le pidió a un juez que ordenara al estado que implementara la expansión ya aprobada.

Al 22 de abril, las agencias estatales no habían presentado una respuesta a esa demanda al 22 de abril. El tribunal ordenó al estado explicar, para mediados de mayo, por qué no debería implementarse la expansión.

Williams calificó la táctica estatal como “en gran medida, teatro político”.

Investigadores y defensores de políticas de salud también señalaron que la negativa de Florida a implementar la ampliación de KidCare contradice la estrategia del gobierno de Trump de “

El año pasado, una comisión nombrada por el presidente Donald Trump recomendó una serie de reformas, incluida una colaboración entre los CMS y programas estatales de CHIP, para promover “iniciativas basadas en evidencia de prevención y bienestar infantil a nivel local”.

Numerosos estudios han encontrado que la cobertura de CHIP puede mejorar la salud infantil al , y .

“Puede parecer obvio, pero no se puede hacer que los niños vuelvan a estar saludables quitándoles su cobertura médica”, dijo , directora de estrategia y desarrollo del Florida Policy Institute, organización sin fines de lucro que impulsa la ampliación de KidCare.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre la oposición de Florida y Texas a la norma que exige mantener la cobertura continua en CHIP.

Mientras tanto, esos dos estados tienen algunas de de niños sin seguro. En Texas, más de un millón de niños, el 13,5%, no tienen seguro médico, mientras que en Florida más de 400.000 niños, el 8,5%, no tienen cobertura.

Texas ha seguido la norma federal de cobertura continua pese a haberse opuesto a ella, pero Florida ha ignorado el requisito y sigue retirando a niños del programa por falta de pago.

Elegir entre útiles escolares y seguro médico

Según Florida Healthy Kids Corporation, la organización sin fines de lucro contratada por el estado para determinar la elegibilidad y administrar KidCare, unos 250.000 niños recibieron cobertura subsidiada entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. De ellos, 43.000 fueron dados de baja del programa después de que sus padres no pagaran la prima.

, directora del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, afirmó que la administración Trump debería actuar ante la evidencia de que Florida es el único estado que desafía la norma.

“Decenas de miles de niños pierden su cobertura casi automáticamente, lo que supone una violación de la ley federal, y la administración Trump no ha hecho nada al respecto” dijo. “Al mismo tiempo, está retirando fondos a estados como Minnesota por supuestas irregularidades que ni siquiera han sido probadas”.

Las familias suelen atrasarse en los pagos en julio y agosto, cuando deben comprar los útiles escolares, y otra vez en diciembre y enero, durante las fiestas, explicó Alker.

“Eso es muy, muy triste”, dijo. “Hay padres trabajadores que están luchando y tienen que elegir entre comprar los útiles escolares de sus hijos y pagarles el seguro de salud”.

Este año, la inscripción en KidCare ha caído por debajo de las proyecciones estatales, lo que ha generado un superávit de $32 millones en el programa.

El 17 de abril, legisladores votaron a favor de del programa y redirigirla al fondo general; algunos legisladores por el hecho de que la expansión aún no se hubiera implementado.

Los legisladores votaron para ampliar la elegibilidad de KidCare a las familias con ingresos de hasta el 300% del nivel federal de pobreza. Este cambio elevaría el umbral de ingresos para una familia de cuatro miembros de aproximadamente $5.500 mensuales a unos $8.250 mensuales. Las primas mensuales de la cobertura subsidiada también aumentarían, pasando de los actuales $15 a $20 mensuales a un máximo de $195 mensuales, independientemente del número de hijos que inscriba la familia.

El programa ofrece una que los planes del mercado de ACA. KidCare no tiene deducible ni coseguro, y establece copagos máximos de $15. También incluye cobertura dental y de la vista.

Con su plan de ACA, Lafortune debe pagar un copago de $35 por cada visita al médico. El deducible familiar es de $1.600, y el coseguro —es decir, la parte de los servicios cubiertos que ella debe pagar tras alcanzar el deducible— es del 20%. El costo máximo de desembolso propio del plan es de $7.250.

“Intenté conseguir algo más barato, pero no es como si pudiera prescindir de ello”, comentó Lafortune refiriéndose a la necesidad de contar con un seguro médico. “Tengo que hacer algo”.

La demanda inicial del estado, que impugnaba la norma de elegibilidad continua, fue desestimada en mayo de 2024, y una segunda demanda fue retirada este febrero.

El estado y los CMS comunicaron al juez que estaban “trabajando para determinar la vía más expedita para resolver la disputa” y aún no han informado al tribunal sobre el avance de sus conversaciones.

Sin embargo, tres días después de retirar la demanda, Florida demandó a los los CMS por tercera vez, acusando a la agencia federal de ignorar la solicitud de registros públicos del estado relacionada con la aprobación por parte de los CMS de la expansión de KidCare.

Mientras continúan las disputas legales, el costo del seguro médico se ha disparado.

Para aquellos que cuentan con cobertura a través del mercado de ACA, que expiraran los subsidios mejorados fue un duro golpe.

Aproximadamente la mitad de quienes se reinscribieron en la cobertura del mercado de ACA para 2026 dijeron que sus costos de atención médica son “mucho más altos” este año, según .

Para Lafortune, la expansión del programa KidCare de Florida no podría llegar lo suficientemente pronto.

“Los niños son quienes van a reemplazar a todos aquí”, dijo. “Cuando se les brindan oportunidades —para su salud, para la escuela, para alimentarse—, se logra que el país sea mejor y más sano”.

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“Definitivamente me asusté”, dijo Brooks, de 23 años, quien no tenía seguro de salud. “Pensé: OK… estoy embarazada, ¿y ahora qué hago?”.

Hasta ese momento no había pensado mucho en el tema de la atención médica, pero eso cambió cuando supo que su hija estaba en camino.

Brooks recibió la noticia el invierno pasado. La mezcla de alegría, ansiedad y emoción que sintió refleja lo que muchas personas experimentan al enterarse de que serán madres o padres, especialmente en esta época del año. En el país, es frecuente que los embarazos se descubran en enero o febrero, ya que agosto es uno de los meses con mayor cantidad de nacimientos.

Cada vez hay más investigaciones que muestran que el cuidado prenatal puede tener un impacto muy importante en la salud tanto de la embarazada como del bebé, con efectos a largo plazo.

Por eso, ofrecen cobertura médica a las mujeres embarazadas que cumplen con ciertos requisitos de ingresos y que, de otro modo, podrían quedarse sin seguro.

Como resultado, Medicaid cubre más del 40% de los partos y un porcentaje aún mayor en zonas rurales, según KFF. Sin embargo, el programa también tiene limitaciones: algunos proveedores limitan la cantidad de pacientes que atienden a través de Medicaid porque sus  pagos son que los de otros seguros médicos.

A continuación, tres cosas que debes saber sobre cómo inscribirte en Medicaid si estás embarazada:

1. El embarazo te da prioridad

Para afiliarse al seguro médico del gobierno hay que cumplir con una serie de requisitos, que varían mucho según el estado. El más importante es el nivel de ingresos, que debe estar por debajo de cierto límite. En varios estados, la mayoría de las personas adultas no pueden calificar, sin que importe el dinero que ganan, a menos que tengan una discapacidad o sean madres o padres de un menor.

Pero el cálculo cambia si estás embarazada. En Tennessee, por ejemplo, el umbral de ingresos para ser elegible para Medicaid durante el embarazo es de alto que el que rige para otros grupos. Así que, si antes no calificabas y ahora estás embarazada, vale la pena que revises nuevamente los requisitos de tu estado.

2. Obtener cobertura puede ser más fácil de lo que parece

Para solicitar Medicaid, probablemente de tus ingresos, tu número de Seguro Social y tu lugar de residencia.

Brooks, quien vive en Illinois, contó a HealthQ que el proceso para inscribirse fue más fácil de lo que esperaba. Se enteró sobre Medicaid durante su primera consulta prenatal.

“Me preguntaron si tenía seguro médico. En ese momento yo no sabía nada”, dijo. En la clínica comunitaria sin fines de lucro donde se atendió le dieron los números de teléfono de la agencia estatal de Medicaid. Llamó, fue a una cita en persona y completó su solicitud. Salió de la oficina con cobertura médica.

En , el embarazo da lugar a lo que se llama “elegibilidad presunta”, lo que significa que se otorga cobertura médica inmediata —incluso sin confirmación del embarazo— mientras se procesa la solicitud oficial.

3. La cobertura va más allá de la atención médica básica

Medicaid cubre todo el cuidado prenatal sin ningún costo para la paciente y, en general, también incluye de atención posparto. Así fue en el caso de Brooks: las consultas, los medicamentos y el parto fueron gratuitos.

Los estados también cubren, en distinta medida, atención dental, de la vista y de salud mental. Ashley Farrell, quien perdió su empleo cuando estaba embarazada y solicitó Medicaid en Georgia, dijo que recibió “recompensas por asistir a las consultas médicas”, como .

Los beneficios varían en cada estado.

Personas y políticas públicas

Algunos defensores de la salud materna por cómo los recortes a Medicaid promovidos por la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act podrían afectar la cobertura para las embarazadas.

Aunque aún no está claro cuándo o cómo ocurrirán los cambios, es posible que los estados pongan más requisitos para acceder al programa o limiten los beneficios para quienes esperan un bebé.

Katherine Ruppelt, de Nashville Public Radio, colaboró con este artículo.

HealthQ es una serie sobre salud de los reporteros Cara Anthony y Blake Farmer. Son guías accesibles dentro de un sistema de salud que no lo es tanto. Es una colaboración entre Nashville Public Radio y ºÚÁϳԹÏÍø News.

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Durante la próxima década, se espera que la ley republicana llamada One Big Beautiful Bill Act recorte casi $1.000 millones del gasto en Medicaid, el programa estatal-federal que brinda atención sanitaria a personas con bajos ingresos y con discapacidades. La implementación de nuevos requisitos de trabajo hará que algunos beneficiarios pierdan su cobertura de Medicaid.

Millones de personas también enfrentan aumentos enormes en los costos de bolsillo de los planes de ACA. Hasta ahora, la inscripción en planes del Obamacare registra 1,2 millones de personas menos que el año pasado. Analistas de políticas de salud estiman que serán aún más los que perderán su cobertura porque no podrán pagar las primas mensuales.

El costo del cuidado de salud es una de las principales preocupaciones de la gente. Dos de cada tres personas aseguran que están algo o muy preocupadas por el costo de la atención médica y por si podrán afrontarlo. Según una , una organización sin fines de lucro que provee información sobre salud y que incluye a ºÚÁϳԹÏÍø News, esa preocupación es más frecuente aún que la que generan los gastos en servicios públicos, alimentos, vivienda o gasolina.

“Todo este sufrimiento no tiene por qué existir”, dijo Cheryl Fish-Parcham, directora de cobertura privada en la organización de consumidores de salud Families USA.

Médicos e investigadores de políticas de salud afirman que contar con cobertura médica, de cualquier tipo, es la mejor protección contra una deuda médica importante.

Caitlin Donovan, directora sénior de la organización Patient Advocate Foundation, recomienda agotar todas las opciones disponibles de cobertura.

Incluso un plan con deducible alto puede proteger a los pacientes de quedar endeudados de por vida “si ocurre el peor escenario posible”, dijo.

Los siguientes son cinco consejos para que las personas sin seguro encuentren atención médica accesible:

1. No tengas miedo de hablar con tu médico sobre dinero

A veces, los pacientes dudan en decirles a sus médicos que no tienen seguro o les da miedo expresar que les preocupa no poder pagar la atención médica.

Pero algunos hospitales, médicos y otros proveedores ofrecen opciones más baratas si se paga en efectivo, señaló Cynthia Cox, vicepresidenta sénior y directora del Programa sobre ACA en KFF.

Con frecuencia, las tarifas son negociables. “Siempre hay que preguntar”, agregó.

Los proveedores pueden hacer ajustes si saben que el paciente está preocupado por el dinero, expresó el doctor Ateev Mehrotra, investigador de la Universidad Brown.

“Si mi paciente me dice: ‘Doctor, tengo que pagar esto de mi bolsillo’, yo hago un cálculo de riesgos diferente”, explicó Mehrotra.

Eso no significa que el paciente no recibirá la atención que necesita, dijo. Por ejemplo, el profesional podría pedir una ecografía en lugar de una resonancia magnética, que es mucho más costosa.

2. Busca proveedores que trabajen específicamente con personas sin seguro

Si tu proveedor habitual no quiere bajar los precios, busca opciones que atiendan a personas sin seguro.

Los centros comunitarios de salud calificados a nivel federal (FQHC, por sus siglas en inglés) y otras clínicas ofrecen atención médica básica y no urgente —como tratamiento para gripe o infecciones— a personas de bajos ingresos y sin seguro.

Estos centros cobran de acuerdo con una escala ajustada a los ingresos y atienden a al año en algunas de las zonas más desatendidas del país, según la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios (NACHC, por sus siglas en inglés).

La administración Trump ha recortado fondos que podrían llevar a que algunos de los aproximadamente 1.500 centros calificados del país cierren o reduzcan servicios. Sin embargo, el gobierno mantiene un sitio web donde es posible .

Planned Parenthood también acepta pacientes sin seguro. Sus centros ofrecen pruebas para enfermedades de transmisión sexual, opciones para control de la natalidad, atención posparto, atención médica de afirmación de género para personas trans y .

La National Association of Free & Charitable Clinics, una asociación de instituciones que ofrecen atención sin cargo, también brinda una para ayudar a las personas a encontrar atención médica gratuita o de bajo costo.

La mayoría de estas clínicas comunitarias no ofrece atención especializada, pero suelen derivar a los pacientes que necesitan servicios más complejos a proveedores dispuestos a atender a personas sin seguro.

Además, los centros médicos universitarios suelen tener más programas de caridad que ayudan a reducir los costos para pacientes sin seguro.

“Si no tienes seguro o incluso tu seguro no es sólido, podrías calificar para un descuento significativo en tu atención médica”, informó Cox.

Sin embargo, hay que tener cuidado con ir a la sala de emergencias, que es el lugar más caro para recibir atención.

Aunque, por ley federal, las salas de emergencia deben estabilizar a todos los pacientes sin tener en cuenta su capacidad de pago, están habilitadas para generar cuentas muy elevadas… y a menudo lo hacen.

3. Llama al departamento de salud de tu condado

Los servicios de salud varían mucho entre condado y condado, pero muchos ofrecen vacunas gratuitas, servicios de planificación familiar y pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual, gripe, covid y tuberculosis.

Algunos también brindan atención más avanzada, como servicios dentales y programas de salud mental o de tratamiento por adicciones. Además, algunos estados tienen programas de asistencia al consumidor que pueden ayudar a las personas a encontrar atención médica, explicó Fish-Parcham.

También está el de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece exámenes gratuitos o a bajo costo a mujeres de bajos ingresos en todos los estados y territorios. Algunos estados también cubren exámenes para otros tipos de cáncer.

4. Es más fácil comparar precios de medicamentos que tarifas médicas

No compres tus medicamentos recetados en la primera farmacia que veas. Es mejor buscar versiones genéricas y, en el caso de los medicamentos de marca, comparar los precios porque varían en diferentes farmacias.

Algunos sitios web, como y , ofrecen herramientas para comparar precios y tienen información sobre otras formas de obtener descuentos en medicamentos.

Además, algunas cadenas ofrecen medicamentos recetados comunes a precios incluso más bajos que los que se encuentran con seguro médico. Walmart, por ejemplo, vende recetas de 90 días de por $10. Lo mismo hacen , y un nuevo sitio web llamado .

Muchos fabricantes de medicamentos también ofrecen programas de asistencia al paciente, cupones, reembolsos y descuentos en algunos de sus productos. En sus sitios web es posible obtener más información sobre cómo solicitarlos.

Los estados también tienen programas de asistencia. Si bien los requisitos y los medicamentos que cubren varían, este tiene una lista de los programas disponibles y cómo funcionan.

Otra opción para acceder a tratamientos es participar en un ensayo clínico.

Los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional del Cáncer tienen listas de estos ensayos, aunque los pacientes deben cumplir con ciertos criterios para que los acepten. Los ensayos clínicos no siempre son gratuitos, ni siquiera para quienes disponen de seguro, aclaró Donovan, así que es importante preguntar sobre los posibles costos asociados.

5. Tu diagnóstico podría darte acceso a recursos especializados

Las personas con ciertos diagnósticos pueden acceder a opciones adicionales de tratamiento especializado.

Por ejemplo, alguien con cáncer de mama debería consultar a la r (American Cancer Society) y con la organización sin fines de lucro , recomendó Cox.

La Patient Advocate Foundation ofrece una que pueden ayudar a cubrir gastos médicos y brindar otra ayuda como transporte y alojamiento, explicó Donovan. Solo se necesita ingresar información básica como edad, lugar de residencia y diagnóstico para ver qué recursos están disponibles.

Fundaciones centradas en enfermedades específicas, como el lupus o el sindrome de intestino irritable, también pueden ayudar a los pacientes a encontrar recursos gratuitos o de bajo costo, o a cubrir algunos gastos de atención médica, agregó Donovan.

“Todo está disponible”, dijo.

Sam Whitehead, corresponsal de ºÚÁϳԹÏÍø News, colaboró en este informe.

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Loretta Forbes se dio cuenta de que tendría que dejar su plan después de que sus primas mensuales del mercado de seguros de ACA se multiplicaran por diez en 2026. Así que esta mujer de 56 años, que vive en las afueras de Nashville, Tennessee, empezó a racionar sus medicamentos para la artritis reumatoide. Su esposo, Jim, abandonó su negocio de reparaciones domésticas que recién comenzaba para buscar un trabajo que ofreciera cobertura médica.

Y cuando Nicole Wipp se enteró de que la prima mensual de su plan familiar de ACA sería más alta que el pago de su hipoteca, ella y su esposo decidieron cancelarlo y comprar cobertura únicamente para su hijo de 15 años.

Después de hacer cuentas, Wipp, abogada independiente de 54 años en Aiken, Carolina del Sur, dijo que su familia tomó una decisión difícil.

“Decidimos que, al final, nuestra única salida era arriesgarnos”.

A pesar de las intensas discusiones y del cierre del gobierno más largo en la historia ocurrido el otoño pasado, el Congreso liderado por el Partido Republicano permitió que los subsidios mejorados de ACA expiraran el pasado 31 de diciembre.

Desde 2021, estos subsidios habían ayudado a millones de personas a cubrir total o parcialmente sus primas en el mercado de seguros. Con su pérdida y el aumento ya existente en los costos de la atención médica, cada vez más personas de ingresos medios enfrentan decisiones imposibles sobre su cobertura este año.

Hulsman, Forbes y Wipp no califican para Medicaid, el programa público de salud para personas con ingresos bajos o que viven con discapacidades. Pero como muchos otros, se han visto afectados por el aumento de los precios de alimentos, vivienda y otras necesidades básicas. Las primas mensuales cada vez más altas, junto con copagos, deducibles elevados y otros gastos médicos de su bolsillo, suelen llevar a familias como estas al borde de la desesperación.

Más del 80% de los estadounidenses dijeron que su costo de vida aumentó el último año, según realizada por , una dedicada a la información sobre salud que incluye a ºÚÁϳԹÏÍø News.

Los costos de atención médica encabezaron la lista de preocupaciones: alrededor de dos tercios dijeron que les preocupa algo o mucho poder pagarla: más que lo que dijeron sobre otros bienes básicos como alimentos o vivienda.

“Las primas están volviéndose realmente inasequibles para muchas personas. El costo tanto de la atención médica como de otras necesidades básicas está subiendo”, dijo , directora de cobertura privada en el grupo de consumidores de salud Families USA. “Este es un momento especialmente crítico para que el Congreso actúe”.

La mayoría de los legisladores republicanos se ha negado a renovar los subsidios mejorados. Según la encuesta de KFF, la mayoría de la población considera que la inacción del Congreso fue “una decisión equivocada”. En cambio, los legisladores republicanos han promovido la expansión de las cuentas de ahorro de salud y planes con primas más bajas, pero con deducibles y copagos más altos, que no bajan los costos generales.

El presidente Donald Trump publicó en enero con pocos detalles sobre cómo reducir los gastos de bolsillo de millones de personas. La ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, que el presidente firmó en julio, se espera que deje sin seguro a millones durante la próxima década, al reducir el gasto federal en salud en casi $1.000 millones, principalmente a través de recortes a Medicaid.

Según , este año cerca de 1,2 millones de personas menos se inscribieron en planes de ACA, también conocida como Obamacare. Analistas de políticas de salud esperan que más personas dejen de pagar sus primas y cancelen su cobertura en los próximos meses.

Las aseguradoras del mercado de ACA han informado que están cobrando 4 puntos porcentuales más en 2026 porque anticipan que las personas más saludables abandonarán sus planes luego del fin de los subsidios mejorados, dejando en el sistema a pacientes más enfermos y costosos.

El aumento de los costos y la falta de acción del Congreso obligan a muchos a tomar “decisiones insostenibles”, dijo , directora ejecutiva y cofundadora del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown.

“Las personas enfrentan un enorme riesgo financiero y de salud”, agregó.

Forbes, la mujer con artritis reumatoide cerca de Nashville, tenía un plan del mercado de ACA desde 2018. Pero este año ella y su esposo, Jim, cancelaron su cobertura después de enterarse de que la prima mensual subiría de $250 a $2.500, debido a la expiración de los subsidios. Jim, de 59 años, dejó su negocio de reparaciones domésticas y empezó a buscar un empleo que ofrezca seguro médico.

“Fue como decir: ‘OK, no podemos respirar. Tenemos que rendirnos’”, contó Forbes, quien fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en 2021. El año pasado perdió su empleo en un centro para personas jubiladas porque no pudo seguir trabajando tras una histerectomía.

Un día antes de que venciera su cobertura de ACA, su esposo recibió una oferta de trabajo en una empresa de administración de propiedades que ofrece seguro médico. En enero, se enteraron de que Forbes fue aprobada para recibir Medicare debido a su discapacidad. Dijo que los $155 mensuales de prima se descuentan automáticamente de su cheque de discapacidad.

El plan de Medicare de Forbes comienza en febrero, justo a tiempo para su próximo examen de detección de cáncer.

“No se imaginan el alivio que siento al saber que tendré atención médica”, dijo Forbes.

Incluso quienes tienen seguro médico enfrentan gastos de bolsillo mucho más altos.

Este año, las primas de los planes del mercado de ACA debido al alza en los costos hospitalarios, la popularidad de medicamentos costosos como los GLP-1 para la obesidad y la diabetes, y la amenaza de aranceles, según KFF. Casi 4 de cada 10 adultos dijeron que iban a renunciar o a retrasar la atención médica necesaria por los costos, según .

Hulsman, el dueño de la tienda en Louisville, dijo que gana unos $33.000 al año con su negocio. El año pasado pagaba unos $105 al mes por un plan “Oro” del mercado, con un deducible de $750. Este año, sin el subsidio mejorado, Hulsman paga lo mismo por un plan “Bronce”, pero con un deducible de $8.450, que debe cubrir completamente antes de que la aseguradora empiece a pagar.

En promedio, los deducibles de los planes “Bronce” son más de cuatro veces más altos que los de los planes “Oro”, según un .

Hulsman ni siquiera consideró dejar de tener seguro médico, ya que Kentucky ofrece . Pero dijo que intentará conocer el precio antes de ir al médico. Y le preocupa que un accidente grave pueda llevar a la quiebra a su tienda de patinetas. Si tiene que cubrir todo el deducible, no podrá comprar inventario ni pagar las cuentas del negocio.

“En este momento estoy aguantando como puedo”, dijo el skater. “Un tropiezo y la cosa se pone fea”.

En Carolina del Sur, Wipp llevó a su familia a vacunarse el 31 de diciembre, el último día en que ella y su esposo tenían cobertura médica.

La prima mensual este año para un plan familiar básico “Bronce” les habría costado $1.400, frente a $900 el año pasado. Aun así, habrían tenido copagos altos para visitas médicas y un deducible de más de $10.000. En cambio, están pagando unos $200 por la cobertura de su hijo.

Wipp, quien tiene una enfermedad poco común que causa quistes y otros crecimientos en los pulmones, dijo que ella y su esposo planean pagar de su bolsillo este año cualquier atención preventiva inicial. Su segunda fuente de dinero para gastos médicos mayores es una antigua cuenta de ahorro de salud. Pero dijo que esa cuenta no tiene suficiente dinero para cubrir un accidente o enfermedad grave.

Y no puede seguir contribuyendo a esa cuenta mientras no tenga seguro.

“La tercera fuente de dinero sería… no sé”, dijo Wipp. “La cuarta es la bancarrota”.

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Y ahora, los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), en los que muchos estadounidenses —incluidos los agricultores— confiaban para comprar cobertura, desaparecieron luego de .

James Davis, de 55 años, cultiva algodón, soya y maíz en el norte de Louisiana. Dijo que no sabía cómo él y su esposa podrían pagar el seguro. Su parte de la prima mensual se cuadruplicó para 2026, alcanzando unos $2.700.

“No se puede pagar”, dijo Davis. “Así de simple. No hay nada que discutir. Sin los subsidios, no se puede pagar”.

Más de una cuarta parte de la fuerza laboral agrícola compra su seguro médico en el mercado individual, según .

Ese 27% es mucho más alto que el de la población general: solo el tiene cobertura fuera de los seguros de empleadores o programas públicos.

Los agricultores están acostumbrados a enfrentar desafíos como el clima impredecible y los precios variables de los productos. Pero la pérdida de los subsidios mejorados, sumada a las difíciles condiciones económicas, hará que para muchos resulte imposible pagar por cobertura médica.

Sin una intervención importante de Washington, los agricultores dicen que tendrán que elegir entre quedarse sin seguro o dejar el trabajo en el campo para conseguir un empleo que ofrezca cobertura de salud.

Un trabajo de alto riesgo

La agricultura es una actividad peligrosa. Los trabajadores del campo pasan gran parte del tiempo al aire libre. Muchas de sus tareas pueden causar lesiones o enfermedades. Operan maquinaria pesada, trabajan con químicos tóxicos y manipulan animales grandes.

La tasa de muertes relacionadas con el trabajo agrícola es que el promedio nacional.

El costo financiero de las lesiones no fatales también es significativo. del Centro Médico de la Universidad de Nebraska encontró que el costo promedio de una lesión agrícola es de $10.878 en atención médica y $4.735 en salarios perdidos.

Es fundamental que los agricultores puedan acceder a un seguro integral, dijo , socióloga rural y profesora asociada de salud y seguridad agrícola en la Universidad Estatal de Pennsylvania, donde estudia las necesidades sociales y económicas de los hogares agrícolas.

En un , Becot halló que más del 20% de los hogares agrícolas en Estados Unidos tenían deudas médicas mayores a $1.000 y que más de la mitad no confiaban en poder afrontar los costos de una enfermedad o lesión grave.

“Eso muestra el nivel de vulnerabilidad y preocupación que enfrentan los agricultores”, dijo.

La salud mental también es un motivo de alarma. Los agricultores tienen el de morir por suicidio que la población general. Las líneas de ayuda para la salud mental que atienden a comunidades rurales han visto un .

Estas preocupaciones por el de los agricultores, sumadas al , evocan recuerdos de la crisis agrícola de los años 80, dijo , vicepresidente del grupo de la industria . En esa década hubo una ola de ejecuciones hipotecarias y .

“Realmente tememos lo que pueda pasar”, dijo Klein.

Estar sin seguro no es una opción

Los agricultores pueden mostrarse renuentes a admitir que dependen de un seguro subsidiado por el gobierno, dijo Meghan Palmer, de 43 años, quien maneja una granja lechera en el noreste de Iowa junto con su esposo John, de 45.

“No somos de los que piden ayuda”, dijo Palmer.

Más del 40% de los productores lecheros no tiene seguro médico, uno de los entre todos los sectores agrícolas.

Pero quedarse sin seguro no es una opción para los Palmer.

Contaron que, en su primer año de casados, no tenían seguro y tuvieron que pagar de su bolsillo dos crisis de salud inesperadas: a Meghan le hicieron una apendicectomía y su esposo necesitó puntos después de que una vaca lo pateara en la cara.

“Fue una tontería de nuestra parte”, dijo Palmer sobre la decisión de no contratar cobertura médica.

Pero este año, el gasto mensual combinado de su bolsillo aumentará más del 90%, hasta $368.18. Su deducible total en 2026 será de $7.200.

La Granja Prairie Star ha estado en la familia de Palmer por tres generaciones. Ella espera que alguno de sus hijos quiera continuar con la operación, pero cada vez es más difícil que una granja sea rentable.

Palmer es enfermera registrada y trabaja turnos cuando la necesitan, lo que le da la flexibilidad de priorizar su trabajo en la granja. Ahora está buscando un empleo que le ofrezca seguro médico. Pero le preocupa que un trabajo que no le permita ocuparse de las labores del campo termine generándole más carga a su esposo.

“John trabaja agotado casi todo el tiempo”, dijo. “Y así es como se cometen errores y terminas en la sala de emergencias”.

Consecuencias políticas

Aunque los subsidios mejorados expiraron a finales de 2025, los Palmer calculan que su ingreso seguirá siendo lo suficientemente bajo como para que califiquen para algunos créditos fiscales que les permitan pagar la cobertura.

Sin embargo, bajo la ley propuesta por los republicanos, llamada One Big Beautiful Bill Act, . Así que si en 2026 su granja es inesperadamente rentable, tendrían que devolver parte —o incluso la totalidad— de esos subsidios al momento de hacer sus impuestos.

El ingreso de un agricultor puede variar drásticamente de un año a otro, explicó Becot, en parte porque los precios de los productos pueden fluctuar rápido.

Algunos agricultores podrían optar por no expandir su negocio deliberadamente, porque ganar demasiado podría significar perder el acceso a los subsidios de salud.

Los agricultores cubiertos por Medicaid tienen preocupaciones similares, agregó Becot. Pero priorizar la asequibilidad del seguro médico limitando el crecimiento de la operación puede tener consecuencias negativas a largo plazo para el éxito de la granja.

Palmer, en Iowa, y Davis, en Louisiana, están frustrados porque sienten que los legisladores no son suficientemente sensibles ante las exigencias económicas de la agricultura y cómo estas coinciden con el aumento en los costos de atención médica.

El presidente Donald Trump prometió recientemente $12.000 millones en únicos para productores de cultivos extensivos, pero eso no detendrá el aumento de los costos del seguro médico.

Los republicanos saben que la asequibilidad de la atención de salud es un problema y han presentado propuestas, dijo , politóloga de la Universidad del Norte de Iowa. Pero la mayoría no apoya la extensión de los subsidios mejorados de ACA porque no los considera una solución adecuada al problema del aumento en los costos.

Este artículo es parte de una alianza que incluye a ,Ìý ²âÌýºÚÁϳԹÏÍø News.

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Tomaron comida enlatada, frutas y verduras, y una tarjeta de regalo para el supermercado. Luego, Basu vio una fila de mesas en el estacionamiento, atendidas por trabajadores del área de servicios sociales, que ayudaban a la gente a solicitar asistencia alimentaria y cobertura de salud. Le dijeron que su suegra, quien también recibe Medicaid, podría calificar para recibir ayuda alimentaria.

“Tendría que separar menos dinero”, dijo Basu, que es la única que aporta ingresos en su hogar en Anaheim desde que su esposo sufrió un derrame cerebral. “Tal vez pueda usar ese dinero extra para cubrir otros gastos”.

Basu fue una de las más de 3.000 personas que asistieron a un evento de CalOptima en noviembre, en uno de los condados más ricos de California. La jornada marcó el inicio de una campaña de $20 millones por parte de esta aseguradora de Medicaid. El objetivo es ayudar a que residentes de bajos ingresos accedan y conserven su cobertura médica y sus beneficios de alimentos, en el momento en que comiencen a aplicarse las restricciones federales establecidas en la ley de presupuesto impulsada por el presidente Donald Trump, llamada Una Gran y Hermosa Ley (One Big Beautiful Bill Act).

La ley recorta más de en financiamiento federal para Medicaid, conocido como Medi-Cal en California. También elimina alrededor de $187.000 millones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido como CalFresh en California. Esto representa cerca del 20% del presupuesto del programa en los próximos 10 años. Como resultado, hasta 3,4 millones de beneficiarios de Medi-Cal y casi 400.000 personas que usan CalFresh podrían perder estos beneficios. (La mayoría de quienes reciben CalFresh ).

Representantes republicanos dicen que estos cambios —algunos de los cuales ya están en vigor— ayudarán a prevenir el fraude y el despilfarro mediante controles de elegibilidad más estrictos y nuevos requisitos laborales.

Sin embargo, los planes de salud de Medicaid en todo el país están reforzando sus actividades comunitarias para no perder afiliados, muchos de los cuales ya enfrentan altos costos de alimentos y atención médica.

En el condado de Los Ángeles, el plan de salud L.A. Care lanzó en diciembre reuniones comunitarias para informar a la población sobre los cambios en Medi-Cal. En Hawaii, AlohaCare está reactivando para mitigar el impacto de la pérdida de cobertura. Y en Philadelphia, Community Behavioral Health, un plan de Medicaid para la salud mental, tiene previsto organizar una serie de encuentros durante 2026 para difundir información sobre estos cambios.

“Sabemos que estos cambios afectarán a muchos de nuestros afiliados”, afirmó Michael Hunn, director ejecutivo de CalOptima, uno de los más de veinte planes de atención médica de Medi-Cal que reciben pagos mensuales en función del número de afiliados. “Tenemos la gran responsabilidad de asegurarnos de que comprendan y puedan adaptarse a estos cambios a medida que se implementan”.

CalOptima, una entidad pública cuyo directorio es nombrado por la junta de supervisores del condado, ha destinado unos $2 millones hasta 2028 para financiar que trabajadores del área de elegibilidad brinden ayuda en eventos comunitarios como la distribución de alimentos. Según An Tran, director de la Agencia de Servicios Sociales del condado de Orange, estos fondos permitirán realizar actividades de divulgación fundamentales que, de otro modo, el condado no podría costear.

El condado de Orange tiene unos 1.500 trabajadores encargados de procesar las reinscripciones y de verificar los datos de aproximadamente  850.000 beneficiarios de Medi-Cal y más de 300.000 inscritos en CalFresh.

“Estamos hablando de familias que necesitan ayuda con urgencia, especialmente en un momento en que los precios de los alimentos y la inflación están tan altos que apenas logran llegar a fin de mes”, dijo Tran.

Además de financiar a trabajadores del condado, CalOptima también planea otorgar subvenciones a organizaciones comunitarias para que realicen actividades de difusión sobre Medi-Cal. Además, desarrollará una campaña de concientización pública en varios idiomas para informar a las personas afiliadas sobre los nuevos requisitos, explicó Hunn.

La representante federal Young Kim, republicana que representa a parte del condado de Orange, no respondió a una solicitud de comentarios, pero ha dicho que la ley presupuestaria firmada por Trump, por la que votó a favor, “toma medidas importantes para asegurar que los fondos federales se usen de la manera más eficaz posible y para fortalecer Medicaid y SNAP para nuestros ciudadanos más vulnerables que realmente lo necesitan”. Kim y otros republicanos han dicho que la ley ofrecerá alivio fiscal a las personas trabajadoras en Estados Unidos.

Después de casi una hora de hablar con una trabajadora del área de elegibilidad, Basu se enteró de que gana demasiado como para que su suegra —quien vive con su familia— califique para CalFresh. Ahora, contó, le preocupan los cambios en los requisitos de Medi-Cal para inmigrantes. Teme que estas modificaciones puedan afectar a su suegra, quien obtuvo la residencia legal permanente hace aproximadamente un año y medio.

“Antes de tener eso, pagábamos en efectivo por el cardiólogo, por los análisis de laboratorio, por todo. Era carísimo”, dijo Basu. “Estoy pensando que en unos meses tendré que volver a pagar todo de mi bolsillo. Es mucho para mí. Es una carga”.

En la mayor parte del país, las personas que tienen residencia permanente (green card) desde hace menos de cinco años suelen para Medicaid, que es financiado por el gobierno federal. Sin embargo, California ha ofrecido cobertura de Medi-Cal con fondos estatales tanto a esas personas como a inmigrantes de bajos ingresos que no tienen estatus legal.

Pero incluso estos beneficios están siendo recortados por la presión del presupuesto estatal. En julio, el estado eliminará la cobertura completa de servicios dentales a algunos afiliados que tienen tarjeta de residencia desde hace menos de cinco años, así como a ciertos grupos de inmigrantes. Un año después, ese mismo grupo comenzará a pagar cuotas mensuales.

Y desde enero, California congelará la inscripción en Medi-Cal para personas mayores de 19 años sin estatus migratorio legal y para algunos inmigrantes que sí están legalmente en el país. También reinstaurará el límite de bienes para todos los afiliados mayores de edad.

Mientras tanto, el estado está preparando instrucciones para los condados sobre cómo implementar los cambios federales en los requisitos de elegibilidad de Medicaid, dijo Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California. Las reglas federales de trabajo y las revisiones de elegibilidad dos veces al año deberán aplicarse desde comienzos de 2027, en particular para quienes están afiliados bajo la expansión de cobertura de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Servicios Sociales de California, que administra CalFresh, ya modificó el modo de calcular los costos de servicios públicos del hogar y ha impuesto un límite a los beneficios para hogares muy numerosos. Además, aún está desarrollando las directrices sobre los requisitos federales de trabajo y los cambios que dejan afuera a ciertas personas que no son ciudadanas, indicó el subdirector David Swanson Hollinger durante una audiencia reciente.

El Departamento de Servicios de Salud ha creado una página web titulada sobre los cambios estatales y federales en Medicaid. También está utilizando su red de “ de Medi-Cal” para compartir información y actualizaciones en comunidades de todo el estado en varios idiomas. Y está colaborando con los condados y los planes de Medi-Cal para apoyar la inscripción comunitaria, incluso en eventos locales, explicó Cava.

Aquilino y Fidelia Salazar, un matrimonio que recibió ayuda con su solicitud a CalFresh, dijeron que no esperaban verse afectados por los requisitos laborales ni los cambios en la elegibilidad de Medi-Cal, porque ambos son residentes permanentes de EE.UU., tienen enfermedades crónicas y no pueden trabajar. Las personas consideradas incapaces de trabajar por razones físicas o mentales pueden quedar exentas de los requisitos laborales. Pero la pareja expresó preocupación por otras personas inmigrantes de su comunidad, que podrían perder el acceso a atención médica.

“No es justo, porque hay mucha gente que realmente sí lo necesita”, dijo Fidelia Salazar en español. “Ganan tan poquito y luego las medicinas e ir a un doctor es carísimo”.

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Algunos de estos centros de salud comunitarios podrían verse obligados a reducir personal médico y administrativo, y hasta servicios. Algunos incluso podrían llegar a cerrar. Sus defensores advierten que esto podría aumentar la presión sobre las salas de emergencia de los hospitales, que ya están saturadas de pacientes.

“Este es el peor momento en todos los años que llevo trabajando en atención médica”, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de , una red de que atiende a más de 144.000 pacientes en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, en California. “Estamos enfrentando recortes federales y recortes extremos a nivel estatal que van a afectar los servicios”.

St. John’s y otros centros de salud calificados a nivel federal ofrecen atención primaria y una amplia gama de otros servicios sin costo o a precios ajustados a los ingresos de cada paciente. A nivel nacional, atienden a cerca de en las zonas más desatendidas del país.

Los fondos federales provienen de dos fuentes principales, ambas actualmente bajo presión: subvenciones otorgadas en parte a través del , federal, y de reembolsos por la atención brindada a pacientes mediante programas como Medicaid, que ofrece cobertura médica a personas de bajos ingresos o con discapacidades.

A Medicaid lo financian de manera conjunta los estados y el gobierno federal.

En los últimos tiempos, el Congreso ha aprobado esos fondos con cuentagotas. En marzo, los legisladores extendieron las subvenciones hasta el 30 de septiembre. Ese dinero expiró después de que el Congreso, controlado por los republicanos, no aprobara una ley de financiación, lo que ha provocado un cierre parcial del gobierno.

Defensores de los centros enfatizan que se necesita un financiamiento a largo plazo para poder planificar con mayor certeza, idealmente a través de un fondo multianual.

Los centros de salud recibieron $4.400 millones en subvenciones a comienzos de 2024. La National Association of Community Health Centers está presionando para que se asignen al menos durante dos años, con el fin de mantener los centros plenamente operativos.

La red de seguridad que representan los centros de salud “enfrenta múltiples capas de desafíos”, dijo Vacheria Keys, vicepresidenta de políticas y asuntos regulatorios de la asociación.

La que los republicanos llaman “One Big Beautiful Bill Act” implicará recortes significativos a Medicaid, lo que impone otra amenaza importante para estos centros.

En 2023, Medicaid de los $46.700 millones en ingresos totales de los centros de salud.

Defensores advierten que los pagos reducidos de Medicaid agravarán la brecha entre el financiamiento disponible y los costos operativos.

También se necesita financiación para programas de desarrollo de personal, para apoyar la prestación de servicios de salud, ya que los centros enfrentan dificultades para contratar y retener trabajadores, dijo , directora del Geiger Gibson Program in Community Health de la Universidad George Washington.

Los de este tipo se abrieron en lugares como Massachusetts en la década de 1960. Históricamente, el Congreso los ha financiado con apoyo bipartidista, con algunos obstáculos menores.

La crisis actual comenzó cuando la administración Trump a través de un memorando emitido en enero, lo que impidió que algunos centros recibieran subvenciones ya aprobadas. Como resultado, algunos centros en estados como Virginia.

Los próximos recortes también llegarán justo cuando los pacientes enfrenten nuevas demandas y desafíos. Entre los cambios en Medicaid incluidos en la ley fiscal y de gasto del presidente Donald Trump se encuentra el requisito de que los beneficiarios reporten sus horas de trabajo u otras actividades comunitarias para poder conservar su cobertura.

Mientras tanto, los que la administración Biden y el Congreso habían aprobado para ayudar a los consumidores a pagar los planes médicos adquiridos en los mercados de seguros bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) están programados para expirar a fin de año.

Si el Congreso no los renueva, algunos costos de los consumidores aumentarán dramáticamente.

Una de las razones del cierre del gobierno es que los demócratas quieren extender esos subsidios, que protegen a los consumidores del aumento en los costos del seguro. El proyecto de ley de financiación de los republicanos no incluía la extensión; los líderes republicanos en el Congreso dicen que ese tema debe tratarse por separado.

“Los consumidores van a necesitar más apoyo que nunca”, dijo Jacobs, quien advirtió que los recortes a Medicaid y el fin de los subsidios mejorados podrían “dejar a muchas personas sin cobertura”.

El 90% de los pacientes de los centros comunitarios de salud tienen ingresos del o menos, y el .

“Estamos recibiendo 300 llamadas por día de pacientes preocupados por su cobertura”, comentó Mangia, de St. John’s.

Los republicanos no están atacando directamente a los centros, aunque sí respaldaron los recortes a Medicaid que afectarán sus finanzas. Muchos argumentan que el gasto en Medicaid se ha disparado y que reducir su crecimiento hará que el programa sea más sostenible.

Apoyo estatal y local

Mientras abogan por un financiamiento federal más estable, los centros también están buscando el respaldo de sus comunidades y gobiernos locales.

Algunos estados ya tomaron medidas al finalizar sus presupuestos anuales. y asignaron fondos a los centros. , y también ofrecieron apoyo.

La pregunta del millón es cuánto tiempo durará ese dinero.

Mientras algunos estados aumentaron su apoyo a los centros, otros están tomando la dirección contraria. Anticipando el impacto de los recortes a Medicaid, estados como California hicieron al programa.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, así como la Administración de Recursos y Servicios de Salud federal, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En Los Ángeles, Mangia dijo que una posible solución es trabajar con aliados a nivel del condado, y señaló que el condado de Los Ángeles tiene unos 10 millones de habitantes.

“Podemos imponernos un impuesto para aumentar el financiamiento de los servicios de salud”, dijo.

Los líderes de los centros están formando una coalición que, “esperan”, incluya a los principales actores del sistema de salud del condado: centros comunitarios, clínicas, hospitales, médicos, planes de salud, sindicatos. El objetivo: iniciar el proceso para presentar una iniciativa ciudadana que permita a los votantes decidir si quieren aprobar un impuesto destinado a financiar a los centros de salud.

“Estamos aprendiendo que el gobierno federal y el estatal no son confiables cuando se trata de garantizar la financiación continua de los servicios de salud”, dijo Mangia.

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“Estamos viviendo un momento muy extraño”, reflexionó Kasen, directora ejecutiva del .

Una madrugada de noviembre, una cámara de vigilancia del Women’s Center captó a un grupo de personas burlándose de un cartel en una ventana que decía “Black Lives Matter”. Uno de ese grupo vandalizó la despensa comunitaria gratuita. Ese mismo otoño, el personal de la institución informó que había sido acosado.

A pocas cuadras de allí, sobre East Michigan Avenue, la cafetería Strange Matter Coffee —que apoya causas progresistas en la comunidad— ha tenido que soportar a “”, personas que se plantan frente al local llevando armas o cámaras, y a veces gritan consignas a favor del presidente Donald Trump. Su presencia inquieta tanto a los clientes como al personal, contó Kasen.

Las que vienen ocurriendo en todo Estados Unidos durante los últimos años han sido impulsadas en gran parte por el , y por una rebelión alimentada por la desinformación sobre las respuestas a la pandemia de covid.

Más recientemente, la reacción contra la inmigración y contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión aumentó las tensiones.

El año pasado, el registró que están activos en todo el país y que fomentan disturbios mediante una amplia variedad de tácticas, a veces violentas.

Los investigadores encontraron que, en los últimos años, la derecha política se ha ido desplazando cada vez más hacia “una autoritaria y patriarcal, dedicada a erosionar el valor de la democracia inclusiva y de las instituciones públicas”.

Los analistas del (PERIL) de la American University sostienen que, en los espacios en línea, “el odio es interseccional”.

Por ejemplo, explicó Pasha Dashtgard, director de investigación de PERIL, las plataformas que promueven la supremacía masculina suelen ser también abiertamente antisemitas. Conversaciones que parecen intrascendentes pueden desembocar muy rápido en agresiones. El estreno de la película “A Minecraft Movie” desató una ola de críticas contra una supuesta tendencia a elegir actrices negras y personas no binarias.

La escalada de las posiciones radicales llevó al equipo de PERIL y al Southern Poverty Law Center a cambiar el enfoque y tratar al extremismo como un problema de salud pública.

Los (CARE) operan en Lansing, Michigan, y en Athens, Georgia. Ofrecen formación, apoyo, derivaciones y recursos a las comunidades afectadas por el odio, la discriminación y las ideologías supremacistas, así como a las personas más vulnerables a las ideas fundamentalistas, especialmente los jóvenes.

Los investigadores definen el extremismo como la creencia de que el propio grupo está en conflicto directo y encarnizado con otro de identidad diferente —ideología, raza, identidad o expresión de género—, lo que fomenta una mentalidad de “nosotros contra ellos” y la convicción de que el conflicto solo puede resolverse a través de la separación, la dominación o el exterminio.

Quienes estudian el extremismo aseguran que, a medida que el gobierno federal elimina los fondos para la prevención de la violencia, los gobiernos estatales y las comunidades locales se dan cuenta que están solos para enfrentar el desafío. (El programa CARE no recibe financiamiento federal).

Aaron Flanagan, subdirector de prevención y alianzas del Southern Poverty Law Center, explicó que su organización y PERIL se unieron hace unos cinco años para trata de responder juntos una pregunta: “¿Qué se necesitaría para crear un modelo que funcione en todo el país, prevenga la radicalización juvenil, esté arraigado en las comunidades y ofrezca soluciones en las que los residentes puedan confiar?”.

Se inspiraron en un modelo alemán de lucha contra el extremismo que existe desde hace décadas y que creó “centros de asesoramiento móviles”. El objetivo es ofrecer “a todos los niveles de la sociedad civil las herramientas necesarias para reconocer el extremismo” y facilitar el diálogo sobre cómo abordarlo, explicó Dashtgard.

“No se trata de cómo responder cuando un grupo como Patriot Front marcha por tu ciudad —explicó Pete Kurtz-Glovas, quien hasta junio fue subdirector de alianzas regionales de PERIL, durante una capacitación en enero—. Se trata de ver cómo reaccionar cuando tu hijo o alguien de tu comunidad empieza a manifestar ideas radicales”.

Michigan ha sido considerado desde hace tiempo para el extremismo. Timothy McVeigh y Terry Nichols, condenados por el atentado en 1995 contra un edificio federal en Oklahoma City, estaban vinculados a un grupo militarizado en ese estado. Algunos de los hombres acusados en 2020 de también tenían lazos con una milicia armada que se autodenomina Wolverine Watchmen.

Aunque Lansing y la vecina East Lansing —donde se encuentra la Universidad Estatal de Michigan— son zonas relativamente progresistas, no han estado exentas de conflictos.

Will Verchereau recuerda vívidamente los primeros días de la pandemia: una camioneta circulaba a toda velocidad por su vecindario, en Lansing, agitando la bandera de la Confederación y con la música a todo volumen. La camioneta después se unió a una caravana de protesta que hizo colapsar las calles alrededor del Capitolio estatal para manifestarse contra las medidas de confinamiento de Whitmer.

Poco a poco, la comunidad ha empezado a reaccionar ante estas expresiones extremistas. Después de los enfrentamientos en Strange Matter Coffee, Verchereau —miembro de la junta del , una organización que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+— dijo que la gente comenzó a reunirse para hablar sobre “cómo mantenerse seguros en esos momentos y cómo calmar los ánimos cuando y donde fuera posible”.

La iniciativa CARE fortalece ese tipo de esfuerzos. Los centros ofrecen herramientas adaptadas a distintos públicos. Entre ellas, una sobre la radicalización en línea, una y un documento titulado “”.

Flanagan explicó que el equipo considera que este enfoque de salud pública es independiente de las intervenciones policiales, pero se complementa con ellas. El objetivo es que la policía intervenga lo menos posible: la idea es identificar las primeras señales de alerta y actuar antes de que sea necesaria la presencia de las autoridades.

Estos recursos ayudan a detectar factores que vuelven a las personas más vulnerables a la manipulación de los extremistas. Por ejemplo, problemas de salud mental no tratados o situaciones de fragilidad, como haber vivido un trauma o la pérdida de un ser querido.

Erin Buitendorp, residente de Lansing, fue testigo de cómo manifestantes —algunos armados— entraron al Capitolio estatal durante la pandemia para protestar contra las medidas de confinamiento y el uso de mascarillas. Buitendorp está a favor del enfoque de salud pública. Es “una forma de dar a las personas herramientas para actuar y estrategias para avanzar”, dijo. Es una manera de canalizar la energía “y sentir que realmente se puede generar un cambio en la comunidad”.

Lansing y Athens fueron seleccionadas por varias razones, entre ellas, su cercanía con universidades que pueden actuar como aliadas, y su proximidad a comunidades rurales.

En la pequeña localidad de Howell, unas 40 millas al sudeste de Lansing, manifestantes mientras se estaba representando “El diario de Ana Frank” en una sede de la American Legion.

En DeWitt, una ciudad cercana, el distrito escolar propuso una lección breve sobre los pronombres para una clase de primer grado, que incluía la lectura del libro ilustrado “They She He Me: Free to Be!”. Pero se recibieron amenazas contra el personal escolar y las autoridades cancelaron la actividad.

Desde entonces, el equipo de CARE ha ofrecido apoyo a docentes para conversar sobre temas que resultan controversiales en el aula y para manejar el escepticismo de algunos padres.

“Es muy importante que las comunidades rurales no queden fuera, señaló Flanagan. En Estados Unidos, eso ocurre con frecuencia. Y, al mismo tiempo, muchas veces se las demoniza, se las considera problemáticas y se las asocia con las actitudes habituales en el extremismo político”.

El equipo de CARE espera expandir su programa a nivel nacional.

Iniciativas similares se han lanzado en otros lugares, como el Boston Children’s Hospital’s y el , dirigido por la Citizens Crime Commission de la ciudad de Nueva York.

Además, en junio se lanzó una nueva herramienta: , un centro de recursos en línea que ofrece orientación para prevenir el extremismo violento.

Pete Simi, profesor de sociología en la Chapman University y experto en extremismo, cree que el desafío es enorme, dado que se ha vuelto más frecuente en los últimos 25 años.

“Es devastador, opinó. Es realmente alarmante”.

Simi dijo que, aunque antes se hablaba de cambios en la “ventana de Overton” —como se define el rango de ideas que se consideran políticamente aceptables en la sociedad—, “yo diría que ahora esa ventana está completamente destrozada”. Agregó que los extremistas violentos hoy “se sienten liberados, respaldados por una nueva administración que los apoya”.

“Estamos en un momento más peligroso que cualquier otro de mi vida”, advirtió.

La reverenda Pippin Whitaker dirige la Unitarian Universalist Fellowship de Athens, en Georgia, que el año pasado recibió por correo un paquete de municiones sin ninguna nota. Whitaker considera que el extremismo y la falta de conciencia de la gente al respecto son un tema de salud pública.

“Si hay un germen rondando, pero la gente no sabe que en realidad es un problema y que puede protegerse simplemente lavándose las manos, no va a tomar medidas básicas de protección”, dijo Whitaker.

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Pero en sus 40 años como pediatra en el sur de California, atendiendo a personas demasiado pobres para costear la atención médica, incluyendo a muchas familias inmigrantes, Sweidan dijo que nunca había visto semejante baja en las visitas de pacientes como ahora.

“Tienen miedo de venir a las consultas. Cada vez están más enfermos”, dijo Sweidan, quien se especializa en neonatología y dirige cinco clínicas en los condados de Los Ángeles y Orange. “Y cuando están al borde del colapso, van a emergencias porque no tienen otra opción”.

En los últimos dos meses, ha enviado a niños pequeños a salas de emergencias porque sus padres solo se animaron a llamar a su consultorio después de varios días de fiebre alta. Dijo que atendió en una emergencia a un chico de 14 años que estaba al borde de un coma diabético  porque se había quedado sin insulina, y sus padres estaban demasiado asustados como para salir a buscar la reposición.

Sweidan había dejado de ofrecer consultas de telemedicina luego de la pandemia de covid-19, pero él y otros profesionales de salud las han restablecido a medida que el aumento de las medidas migratorias empuja a los pacientes sin papeles, e incluso a sus hijos ciudadanos, a una situación aún más sombría.

Los pacientes que necesitan atención médica tienen cada vez más miedo de buscarla después que Trump derogara que prohibía a los funcionarios de inmigración realizar operaciones en zonas “sensibles” como escuelas, iglesias y hospitales. Las clínicas y los planes de salud han adoptado medidas similares a las de sus manuales de covid, renovando estrategias probadas para atender a los pacientes que temen salir de casa.

Sara Rosenbaum, profesora emérita de derecho y políticas sanitarias en la Universidad George Washington, comentó que ha escuchado a administradores de clínicas y colegas del sector decir que están experimentando una disminución sustancial en las consultas en persona entre pacientes inmigrantes. “No creo que haya ningún centro de salud comunitario en el país que no esté sintiendo esto”, agregó.

En las clínicas de St. John’s Community Health, en el área de Los Ángeles, que atienden a aproximadamente 30.000 pacientes sin papeles anualmente, las visitas virtuales se han disparado del 8% del total de citas a cerca del 25%, dijo Jim Mangia, su presidente y director ejecutivo.

La organización también está registrando a algunos pacientes para , un servicio financiado por donantes privados, y ha en la .

“La gente no recoge sus medicamentos”, dijo Mangia. “No están viendo al médico”.

Agregó que, en las últimas ocho semanas, agentes federales intentaron acceder a pacientes en una clínica móvil de St. John’s en Downey y apuntaron con un arma a un empleado durante una redada en el Parque MacArthur.

En julio, contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esperaron a un paciente en , y la fiscalía federal acusó a del centro de salud que, según afirman, interfirieron con los intentos de los agentes de inmigración de arrestar a una persona en un centro de Ontario.

C.S., una inmigrante de Huntington Park sin papeles, dijo que se inscribió en los servicios de visitas domiciliarias de St. John’s en julio porque teme salir.

La mujer de 71 años, que pidió ser identificada solo por sus iniciales por temor a ser deportada, comentó que este año ha salteado análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio. Demasiado asustada para tomar el autobús, faltó a una cita reciente con un especialista para revisar la artritis en sus manos. También es prediabética y sufre de dolor en las piernas después que un auto la atropellara hace unos años.

“Si me preocupo porque si no me atiendo puedo tener una recaída mas”, expresó. Un médico de la clínica le dio un número para llamar si desea programar una cita por teléfono. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal no respondieron a las preguntas de ºÚÁϳԹÏÍø News en busca de comentarios sobre el impacto de las redadas en los pacientes.

No hay indicios de que la administración Trump tenga la intención de cambiar su estrategia.

Funcionarios federales temporalmente la orden de un juez que restringe la forma en que realizan las redadas en el sur de California después que defensores de inmigrantes presentaran una demanda acusando a ICE de emplear tácticas inconstitucionales. El 1 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos denegó la solicitud, dejando la orden de restricción vigente.

En julio, supervisores del condado de Los Ángeles que exploraran la posibilidad de ampliar las opciones de citas virtuales después que el director de servicios de salud del condado observara un “enorme aumento” en las visitas telefónicas y por video.

Mientras tanto, los legisladores estatales de California están considerando que restringiría el acceso de los agentes de inmigración a lugares como escuelas y centros de salud; el gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, promulgó en mayo.

Es probable que los inmigrantes y sus familias terminen utilizando atención médica más costosa en emergencias. Y se espera que los presionen aún más las salas de emergencia y los hospitales, afirmó Nicole Lamoureux, presidenta de la National Association of Free & Charitable Clinics.

“Las clínicas no solo intentan llegar a las personas que se están alejando de la atención médica antes de que sufran afecciones más graves, sino que la red de seguridad sanitaria se verá afectada debido al aumento de la demanda de pacientes”, dijo Lamoureux.

Mitesh Popat, director ejecutivo de Venice Family Clinic, donde casi el 90% de los pacientes se encuentran en el umbral de pobreza federal o por debajo de él, explicó que el personal llama a los pacientes antes de las citas para preguntarles si planean ir en persona y para ofrecerles la telemedicina como opción, si están nerviosos.

También llaman si un paciente no se presenta cinco minutos después de su cita y ofrecen el servicio de telemedicina de inmediato como alternativa.

La clínica ha experimentado un aumento de aproximadamente el 5% en las visitas de telemedicina durante el último mes, afirmó Popat.

En el Valle de Salinas, una zona con una gran concentración de trabajadores agrícolas hispanohablantes, la Clínica de Salud del Valle de Salinas comenzó a promocionar sus servicios de telemedicina con anuncios de radio en español en enero. Las clínicas también capacitaron a las personas en el uso de Zoom y otras plataformas digitales en ferias de salud y reuniones comunitarias.

CalOptima Health, que cubre a casi uno de cada tres residentes del condado de Orange y es el mayor administrador de beneficios de Medi-Cal en la zona, envió en julio más de 250.000 mensajes de texto a pacientes, animándolos a usar la telemedicina en lugar de renunciar a la atención médica, según informó el director ejecutivo Michael Hunn.

La aseguradora también ha creado una página web con recursos para pacientes que buscan atención por teléfono o entrega de medicamentos a domicilio.

“La comunidad latina se enfrenta a una pandemia de miedo. Están en cuarentena, tal como todos tuvimos que hacerlo durante la pandemia de covid-19”, dijo Seciah Aquino, directora ejecutiva de la Latino Coalition for a Healthy California, un grupo de defensa que promueve el acceso a la salud para inmigrantes y latinos.

Pero sustituir la telemedicina no es una solución a largo plazo, afirmó Isabel Becerra, directora ejecutiva de la Coalición de Centros de Salud Comunitarios del condado de Orange, cuyos miembros reportaron aumentos de hasta un 40% en las consultas de telemedicina durante el último mes.

“Como medida provisional, es muy eficaz”, afirmó Becerra, cuyo grupo representa a 20 clínicas en el sur de California. “La telemedicina tiene sus límites. ¿Qué ocurre cuando se necesitan análisis de laboratorio? No se puede ver una caries a través de una pantalla”.

Esta estrategia también conlleva otros desafíos, como problemas técnicos con los servicios de traducción y pacientes con un dominio limitado de las computadoras o pobre acceso a internet, explicó.

Y no solo los inmigrantes que viven en el país sin papeles tienen miedo de buscar atención médica. En el sureste del condado de Los Ángeles, V.M., una ciudadana naturalizada de 59 años, depende de su compañera de piso para que recoja sus compras y recetas. Pidió que solo se usaran sus iniciales para compartir su historia y la de su familia y amigos por temor a ser blanco de ataques.

Cuando se aventura a salir, ya sea a la iglesia o a su cita mensual en una clínica de reumatología, lleva su pasaporte y mira con recelo cualquier auto con vidrios polarizados.

“Me siento paranoica”, dijo V.M., quien llegó a Estados Unidos hace más de 40 años. “A veces tengo miedo. A veces me siento enojada. A veces me siento triste”.

Ahora hace terapia virtual por su depresión, que comenzó hace 10 años cuando la artritis reumatoide la obligó a dejar de trabajar. Le preocupa su hermano mayor, que tiene hipertensión y ha dejado de ir al médico, y una amiga de la clínica de reumatología, que le pone hielo en las manos y los pies hinchados porque ha faltado a sus citas durante cuatro meses seguidos.

“Alguien tiene que reaccionar o la gente empezará a desmoronarse en las calles y morirá”, dijo.

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