Wilson, de 81 años, jubilada que trabajó como supervisora de enfermería del departamento de salud pública en el condado de Duval durante 35 años, acababa de ser diagnosticada con neumonía inducida por COVID-19.

Era su cita de telemedicina y al otro lado de la pantalla estaba el doctor Rogers Cain, quien dirige una pequeña clínica familiar en el norte de Jacksonville, un área predominantemente de raza negra donde el coronavirus está impactando fuerte. Cain ya había atendido virtualmente a siete pacientes con COVID durante la mañana.

Cain y Wilson están nerviosos. Durante años, ambos fueron testigos de como el departamento de salud del condado se quedaba sin dinero y personal, lo que fue dificultando la capacidad de Duval para responder a brotes.

Y ahora enfrentan a COVID-19 en uno de los estados que lidera el alza de casos en los Estados Unidos.

Florida es tanto un microcosmos como una advertencia para el país. A medida que la nación , la dotación de personal y los fondos cayeron más rápidamente en este estado, dejándolo especialmente desprotegido para la peor crisis de salud en un siglo.

Aunque la población de Florida creció en 2,4 millones desde 2010, el estado redujo drásticamente la dotación de personal de sus departamentos de salud locales, de 12,422 trabajadores de tiempo completo a 9,125 en 2019, según observó una investigación conjunta de KHN y The Associated Press.

Los departamentos de salud locales, administrados por el estado, gastaron un 41% menos por residente en 2019 comparado con 2010, según un análisis de datos estatales, cayendo de $57 a $34. Los departamentos de todo el país también han recortado gasto, pero menos de la mitad, según datos de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad.

Incluso antes que iniciara la pandemia, ya había menos investigadores disponibles para rastrear y contener enfermedades como la hepatitis. Cuando la ola de COVID-19 inundó Florida, sus principales líneas de defensa ya habían sido diezmadas.

Ahora, los casos confirmados han superado los 588.000 y las muertes superaron las 10.000. La preocupación por el virus hizo que los republicanos cancelaran los planes para la convención nacional en persona en Jacksonville, esta semana.

Expertos en salud culpan por los recortes de fondos a la Gran Recesión y a una serie de gobernadores que quisieron transferir los servicios estatales financiados con fondos públicos a empresas con fines de lucro.

Y, dicen que, cuando la pandemia recrudeció, el gobernador republicano Ron DeSantis y otros líderes políticos enviaron mensajes contradictorios sobre estrategias de prevención como el uso de máscaras. Las voces dentro de los departamentos de salud estaban amordazadas.

“Lamentablemente, la realidad es que la gente va a morir por la irresponsabilidad de las decisiones que toman las personas que elaboran los presupuestos”, dijo , presidente de la , una organización sin fines de lucro en Washington, DC, que ofrece recursos y formación para mejorar la salud pública.

Los funcionarios estatales no respondieron a preguntas específicas de The Associated Press y KHN sobre cambios en la financiación de la salud pública, ni pusieron a disposición personal para explicaciones más profundas.

El , ex subsecretario del departamento de salud del estado de Florida, dijo que no prepararse para un desastre previsible “es negligencia gubernamental”.

Dado que el virus no respeta fronteras, otros estados sienten los efectos de las fallas de Florida.

A pesar de un movimiento hacia la privatización en la década de 1990, el gasto por persona en salud pública local fue aumentando, alcanzando un máximo de $59 cifra ajustada por la inflación al dólar de 2019.

Beitsch dijo que la tendencia a disminuir continuó bajo los ex gobernadores republicanos Charlie Crist y Rick Scott, impulsada por una creciente creencia en la contracción del gobierno. Scott, ahora senador nacional, dijo a través de un vocero que no se disculpaba por los recortes del departamento de salud, a los que caracterizó como acciones para “que el gobierno fuera más eficiente”.

La capacidad de manejar los brotes de enfermedades se ha visto obstaculizada en algunas comunidades de Florida más que en otras debido a esta reducción.

Los departamentos que atienden al menos a medio millón de residentes gastaron solo $29 en salud pública por persona en promedio en 2019, en comparación con $90 por persona en aquellos que atienden a 50,000 o menos, una diferencia más marcada que la brecha típica entre departamentos más grandes y más pequeños a nivel nacional, según el análisis de KHN-AP.

El gasto del departamento de salud del condado de Duval fue el equivalente a $34 por persona, un 63% menos que en 2008. Por lo general, alrededor de 22 trabajadores, o el 5% del personal total, se han dedicado a prepararse y rastrear brotes de enfermedades.

“Los acontecimientos actuales demuestran qué malas fueron las decisiones de realizar profundos recortes a la salud pública”, dijo la doctora Marissa Levine, profesora de salud pública y medicina familiar en la Universidad del Sur de Florida. “Realmente han regresado para vengarse”.

Florida tiene ahora más de medio millón de casos de COVID y 35,000 hospitalizaciones. Aunque DeSantis todavía no ha emitido un mandato de usar máscaras faciales, algunos gobiernos locales, como el de Jacksonville, sí lo han hecho.

Chad Neilsen, director de prevención de infecciones en la Universidad de Florida-Jacksonville, elogió al alcalde de la ciudad por el requisito de usar cubrebocas, pero señaló que otros condados tienen reglas diferentes y que el mensaje inconsistente genera confusión.

“Tenemos que tener una sola voz y un liderazgo constante si queremos que la gente cambie su comportamiento”, dijo el doctor Jonathan Kantor, epidemiólogo y dermatólogo de Jacksonville.

En cambio, expertos en Florida dijeron que los trabajadores de salud pública han sido silenciados o los altos funcionarios estatales les han indicado qué decir. A los funcionarios de salud locales “se les dice sin rodeos: ‘Cállate'”, dijo Patrick Bernet, profesor asociado de administración de salud en la Florida Atlantic University. “Literalmente, no pueden hablar”.

Beitsch, quien ahora preside el departamento de ciencias del comportamiento y medicina social en la Universidad Estatal de Florida, dijo que esto, y una dinámica similar a nivel nacional, alimenta la politización de la salud pública y el debilitamiento de la ciencia.

Mientras tanto, el número de casos de COVID aumenta.

Con un sistema de salud pública que no está equipado, Wilson, la enfermera de salud pública jubilada, dijo que es responsabilidad de todos sacar a Jacksonville, y a Florida, de la crisis.

“Mi esperanza es que todos comiencen a tomarse este virus en serio, usen su máscara y mantengan el distanciamiento social”, dijo Wilson, cuya condición ha mejorado. “Eventualmente habrá una vacuna. Pero hasta entonces, depende de nosotros ayudar. Y si no lo tomamos en serio, estamos condenados”.

Dearen es reportero de The Associated Press, y Ungar y Recht son reporteras de KHN.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y KHN, un servicio de noticias sin fines de lucro que cubre temas de salud. Es un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation que no está afiliado a Kaiser Permanente.

ºÚÁϳԹÏÍø News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Wilson, a retiree who worked as a public health department nurse supervisor in Duval County for 35 years, had just been diagnosed with COVID-19-induced pneumonia. She had a telemedicine appointment with her doctor.

Staring back from her screen was Dr. Rogers Cain, who runs a tidy little family medical clinic a couple of blocks from the Trout River in north Jacksonville, a predominantly Black area where the coronavirus is running roughshod. Wilson, 81, was one of Cain’s patients who’d tested positive — he had seven other COVID patients that morning before noon. Three of her grown children had contracted the virus, too.

“It started as a drip, drip, drip in May,” said Cain, his voice muffled by his mask. “Now it’s more like a faucet running.”

Cain and Wilson are nervous. Over the past two decades, both watched as the county health department was gutted of money and people, hampering Duval’s ability to respond to outbreaks, including a small cluster of tuberculosis cases in 2012. And now they face the menace of COVID-19 in a city once slated to host this week’s Republican National Convention, in one of the states leading the latest U.S. surge.

Florida is both a microcosm and a cautionary tale for America. intended to protect communities against disease, staffing and funding fell faster and further in the Sunshine State, leaving it especially unprepared for the worst health crisis in a century.

Although Florida’s population grew by 2.4 million since 2010 to make it the nation’s third-most-populous state, a joint investigation by KHN and The Associated Press has found, the state slashed its local health departments’ staffing — from 12,422 full-time equivalent workers to 9,125 in 2019, the latest data available.

According to an analysis of state data, the state-run local health departments spent 41% less per resident in 2019 than in 2010, dropping from $57 to $34 after adjusting for inflation. Departments nationwide have also cut spending, but by less than half as much ― an average of 18%, according to data from the National Association of County and City Health Officials.

Even before the pandemic hit, that meant fewer investigators to track, trace and contain diseases such as hepatitis. It meant fewer public health nurses to teach people how to protect themselves from HIV/AIDS or the flu. When the wave of COVID-19 inundated Florida, the state was caught flat-footed when it mattered most, its main lines of defense eviscerated.

Now, confirmed cases have soared past 588,000 and deaths have risen to more than 10,000. Concerns over the virus prompted Republicans to cancel plans for an in-person convention in Jacksonville, opting for a pared-down version in North Carolina.

Health experts blame the funding cuts on the Great Recession and choices by a series of governors who wanted to move publicly funded state services to for-profit companies.

And when the pandemic took hold, they say, residents got mixed messages about prevention strategies like wearing masks from Republican Gov. Ron DeSantis and other political leaders. Voices within the health departments were muzzled.

“The reality, unfortunately, is people are going to die because of the irresponsibility of the decisions being made by the people crafting the budgets,” said , president of the , a nonprofit in Washington, D.C., offering tools and training. “Public health can’t help us get out of this situation without our elected officials giving us the resources.”

State officials neither answered specific, repeated questions from KHN and The Associated Press about changes in public health funding, nor made staffers available for deeper explanations.

Dr. , a former deputy secretary of Florida’s state health department, said failing to prepare for a foreseeable disaster “is governmental malpractice.” The nation’s pandemic response is only as good as the weakest link, he said. Since the virus respects no borders, other states feel the ripples of Florida’s failings.

Those failings are clear in Duval County, which had employed the equivalent of 852 full-time workers and spent $91 per person in 2008 but in 2019 had only 422 workers and spent just $34 per resident, according to the KHN-AP analysis of state data. That’s less than the of a single COVID test. Former county health director Dr. Jeff Goldhagen said the county’s team has been “dismantled to the extent that it could not really manage an outbreak.”

Yet it must.

Cain’s private north Jacksonville medical clinic alone has had about 60 confirmed COVID cases and eight deaths. “We are all on fire right now,” he said. “You have to have a fire department that is adequately equipped to put out the fire. ”

Dwindling Budgets

Florida faced similar shortcomings around the time of the last great pandemic, the 1918 flu. Back then, according to a , public health workers faced too many demands and their efforts were “to some extent scattered and transitory.” The state could have used at least three more district health officers, the report said: “It is a source of regret and a matter of grave concern to public health workers that the funds available are not sufficient.”

County-based health departments began in 1930, providing more robust services closer to home. About 50 years later, legislation created state-administered primary care programs in which county health departments provided low-income Floridians with the type of basic health care and treatment most people now get at private doctors’ offices.

The 1990s saw a move toward privatization, particularly as Medicaid managed care took hold, said a . Still, per-person spending on local public health rose until the late 1990s, when adjusted for inflation to 2019 dollars, peaking at $59.

Wilson, the retired public health nurse stricken with COVID-19, recalled how Duval County’s department started feeling the financial pain during former Republican Gov. Jeb Bush’s administration in the early 2000s and kept losing nurses and other staff until they were “very, very short.”

Beitsch, who worked for the state health department in the 1990s, said the downward trend continued under former Republican governors Charlie Crist and Rick Scott, fueled by a growing belief in shrinking government that flourished in many states. Florida’s leaders exerted more control over public health, Beitsch said, and “the amount of local autonomy has been diminishing with successive administrations.”

The recession that began in late 2007 sparked public health reductions across the nation that were especially harsh in Florida. By 2011, budget cuts and lack of money were the most frequently cited challenges in a Florida public health workforce survey, which pointed to growing needs. In the following years, the state had some of the nation’s highest rates of heart disease and diabetes.

Squeezed departments struggled and sometimes stumbled. A from the state health department’s inspector general for the 2018-19 fiscal year, for example, found a series of lost and inconsistent shipments of lab specimens from county health departments to the state lab — not long before the pandemic would make labs more important than ever.

As governor, Scott presided over the state from 2011 to 2019, when funding and staffing dropped most. Now a U.S. senator, he said through a spokesperson that he was unapologetic for health department cuts, which he characterized as a move toward “making government more efficient” without endangering public health.

“I’m sure that he had no problem with the cuts that were being made,” said , an associate professor in health administration at Florida Atlantic University. “To put it all on him is not fair because a bunch of little henchmen from the counties had to vote that way. … We keep voting in people who undervalue public health.”

Democratic state Sen. Janet Cruz, a legislator who has represented the Tampa region for a dozen years and sat on health care committees, said she watched lawmakers systematically cut money for health departments. When she questioned it, she said, some colleagues claimed the need wasn’t as great because the state was moving toward private family health care centers. “Public health in Florida has been wholly underfunded,” she said.

Some places have suffered more than others. Departments serving at least half a million residents spent $29 per person in 2019 on average, compared with $90 per person in departments serving 50,000 or fewer — a difference starker than the typical gap between larger and smaller departments nationally, according to an KHN-AP analysis. Experts can’t say exactly why the gap is wider in Florida, which has a state-run system, but point to politics and historical decisions about budgets.

Duval County’s health department spending was the equivalent of $34 per person, down 63% since 2008. Typically, about 22 workers, or 5% of the total staff, have been dedicated to preparing for and tracking disease outbreaks.

But when the pandemic hit, many there and elsewhere were diverted to fight the coronavirus, leaving little time for their typical duties such as mosquito abatement and tracking sexually transmitted infections such as syphilis.

“Current events demonstrate how bad a decision” the deep cuts to public health were, said , a professor of public health and family medicine at the University of South Florida. “It’s really come back to haunt us.”

Mixed and Muzzled Messages

The pandemic caught fire in Florida this summer as the state’s rapid reopening allowed people to flock to beaches, Disney World, movie theaters and bars.

The state has had more than half a million confirmed cases ― among them, players and workers for baseball’s Miami Marlins ― and 35,000 hospitalizations, yet DeSantis still hasn’t issued a mask mandate. Some local governments have. Jacksonville adopted one in late June, and about a week later Republican Mayor Lenny Curry announced he and his family were self-quarantining because he’d been exposed to someone who tested positive for the virus.

, director of infection prevention at the University of Florida-Jacksonville, lauded the mayor for the mask requirement, saying, “We know that masking works.” But he pointed out that other counties have different rules and that the inconsistent messaging breeds confusion.

St. Johns County began requiring masks in late July but only in county facilities. And DeSantis has appeared in public without a mask numerous times, including at briefing during which some other speakers wore them.

“One voice is so critical during a pandemic,” said Dr. Jonathan Kantor, a Jacksonville epidemiologist and dermatologist. “We have to have one voice, and consistent leadership that is modeling behavior if we want to get people to change their behaviors.”

Instead, experts in Florida said, public health workers have been silenced or told by top state officials what to say. For example, that state leaders told school boards they needed health department approval to keep schools closed, then instructed health directors not to give it.

“All the communication is directed by the state, and localities are very limited in what they can do,” said Levine, the University of South Florida professor. “Anything to do with a mandate, there’s resistance to do at a state level. This includes the hot debate on masks. The locals have to extend the state messaging.” Local health officials “are being told bluntly: ‘Shut up,’” Bernet said. “They literally cannot speak.”

Beitsch, who now chairs the department of behavioral sciences and social medicine at Florida State University, said such limitations ― and similar mixed messages and silencing of medical experts at the national level ― fuels the politicization of public health and undermining of science.

“People think they should be listening to politicians and state legislative leaders about their health care. They’re not listening to health experts and the epidemiologists who say if you just wear a mask and if you just wash your hands, we can really, really reduce the spread of the virus,” said Cruz, the state senator. “People are confused, and they think this is a hoax and it’s nothing more than the flu.”

Meanwhile, the COVID caseload continues to rise, surpassing 25,000 in Duval County, with minorities stricken disproportionately, as elsewhere in the nation. In a county that’s 29% Black and 60% white, Black residents with COVID have been hospitalized at more than double the rate of white residents. Rates are also high for Floridians grouped together as “other,” including Native American, Asian and multiracial residents.

Duval County’s overall caseload is rising so fast that Goldhagen, the former health department director, said the agency has given up on contact tracing, which means trying to curb the virus by identifying and warning people who have been exposed.

“It’s impossible,” Goldhagen said. “Dismantling the system was a complete disregard for the health and well-being of the citizens of Florida.”

With an unequipped public health system, Wilson, the retired public health nurse, said it falls to everyone to lead Jacksonville, and Florida, out of the coronavirus crisis.

“My hope is that everybody begins to take this virus seriously, and wear their mask and stay social distancing. It can work if we do that,” said Wilson, whose condition has improved. “So, that’s my hope. Eventually there will be a vaccine that will curtail this virus. But until then, it’s up to us to help do that. And if we’re not serious about it, then we’re doomed.”

This story is a collaboration between KHN and The Associated Press.

Methodology

Spending and staffing data for Florida’s local health departments is from the Florida Department of Health. Florida Atlantic University professor Patrick Bernet provided additional state data on staffing by program area. KHN-AP adjusted spending data for inflation using the Bureau of Economic Analysis’ state and local government deflator.

COVID-19 data by race is from the Florida Department of Health. KHN-AP calculated rates per 10,000 people using data on race, regardless of ethnicity, from the U.S. Census Bureau’s 2018 American Community Survey. Statewide COVID-19 cases per day are from Johns Hopkins University.

ºÚÁϳԹÏÍø News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).