Pero al entusiasmo de los niños por sus nuevos vehículos lo empaña una pregunta recurrente de los preocupados padres: ¿Son seguras?

No siempre es fácil de responder.

Las regulaciones federales sobre bicicletas eléctricas son limitadas y los esfuerzos para ampliarlas se han estancado, lo que ha dejado a los estados e incluso a los condados con la tarea de llenar ese vacío con normas propias que varían de un lugar a otro. Mientras tanto, la enorme variedad de bicicletas eléctricas disponibles difiere en diseño, velocidad y calidad.

Ante este panorama, minoristas como Fletcher intentan educar a los consumidores para que tomen decisiones informadas.

“Tenemos muchísimo cuidado con lo que ingresa a la tienda, porque hay riesgos”, señaló.

Las normas federales que exigen de bicicletas eléctricas y otros dispositivos como los monopatines eléctricos están en el limbo luego de que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (Consumer Product Safety Commission, CPSC), la agencia federal independiente encargada de proteger a la población de muertes y lesiones relacionadas con bicicletas y otros productos, retiró en agosto .

La comisión envió entonces las normas que debían revisarse a la oficina de regulaciones que forma parte de la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget), en respuesta a una emitida en febrero por el presidente Donald Trump, en la que se exigía que las agencias independientes como la CPSC se alinearan más con las prioridades de la Casa Blanca.

En mayo, Trump despidió a tres integrantes de la comisión que habían sido designados por su antecesor, el ex presidente Joe Biden.

Mientras tanto, por la comisión para abordar lesiones causadas por fallas mecánicas han quedado en suspenso. Shira Rawlinson, directora de comunicaciones de la CPSC, dijo que la agencia planea actualizar el estado de ambas propuestas.

Actualmente, las bicicletas eléctricas están sujetas a estándares pensados para bicicletas tradicionales que, según una evaluación preliminar de la comisión, no son adecuados para reducir el riesgo de lesiones. , y aprobaron recientemente leyes para regular las bicicletas eléctricas y llenar ese vacío.

Estas leyes abordan aspectos como los riesgos de incendio de las baterías y la seguridad de los usuarios, y buscan distinguir entre bicicletas eléctricas de menor velocidad y las “e-motos” o motocicletas eléctricas, que pueden alcanzar hasta 35 millas por hora o más.

No existe una ley federal que fije una edad mínima para andar en una bicicleta eléctrica, pero más de la mitad de los estados tienen restricciones para el uso de bicicletas de , que alcanzan hasta 28 millas por hora, y dos condados de California establecieron recientemente una edad mínima para bicicletas eléctricas de Clase 2, con una velocidad máxima de 20 millas por hora.

“El mayor problema es que las bicicletas eléctricas pueden pasar de ser un vehículo asistido por batería a convertirse prácticamente en un scooter con motor”, explicó la representante estatal Lesley Smith, demócrata de Colorado, quien copatrocinó la ley en ese estado.

La ley de Colorado exige que las baterías de ión de litio cuenten con certificación de seguridad, ya que pueden explotar si se fabrican o se usan de forma incorrecta. De acuerdo con la CPSC, entre 2019 y 2023, estos dispositivos de micro movilidad como las bicicletas eléctricas provocaron 39 muertes y 181 lesiones.

La mayoría de los vendedores, importadores y distribuidores han acordado usar baterías que cumplan con los estándares de seguridad, pero siempre habrá fabricantes que reduzcan costos, comprometiendo la seguridad del usuario, señaló Ed Benjamin, presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos Ligeros (Light Electric Vehicle Association), que representa a cientos de proveedores de bicicletas eléctricas o sus partes.

“Hay quienes no se preocupan por hacer lo correcto. Solo quieren fabricar la bicicleta más barata posible”, afirmó Benjamin.

Amy Thompson, coordinadora del programa Rutas Seguras (Safe Routes), del distrito escolar del Valle de Boulder, dijo que las autoridades educativas están intentando instalar más racks para bicicletas en varias escuelas debido al aumento en el uso de las versiones eléctricas.

Thompson explicó que los estudiantes las usan para llegar rápido a la escuela o a sus actividades y para transportar sus equipos deportivos o instrumentos musicales con facilidad. También ha observado comportamientos preocupantes, como tres estudiantes montando la misma bicicleta, circular sin casco o hacer maniobras peligrosas como los “caballitos” eléctricos popularizados en redes sociales.

Según Thompson, los menores están desactivando el limitador de velocidad de las bicicletas para ir más rápido. “Es muy fácil para los niños entrar a YouTube y encontrar un video que les enseñe cómo desactivar el regulador de una bicicleta”, indicó.

En septiembre, Thompson sobre la necesidad de supervisar las bicicletas eléctricas de sus hijos, y ya el año pasado había señalado que las líneas entre las bicicletas y las motocicletas eléctricas se están volviendo .

Estas diferencias difusas complican de bicicletas eléctricas adoptado total o parcialmente por casi todos los estados. Según este sistema, los motores de las bicicletas eléctricas no deben superar los 750 vatios. Las bicicletas de Clase 1 funcionan con pedaleo asistido y no deben exceder las 20 millas por hora; las de Clase 2 incluyen acelerador y también deben mantenerse por debajo de las 20 millas; y las de Clase 3 tienen pedaleo asistido con una velocidad máxima de 28 mph.

Algunas bicicletas eléctricas pueden cambiar fácilmente entre Clase 2 y 3, a veces sin que los padres lo sepan, dijo Smith, la legisladora de Colorado. En California, el año pasado, una madre demandó a un fabricante de bicicletas eléctricas, alegando que su producto se vendía como Clase 2 aunque en realidad podía convertirse en Clase 3.

Los peligros de las bicicletas eléctricas de Clase 2 llevaron al condado de Marin, en California, que menores de 16 años las usen y a exigir que cualquier persona que las conduzca use casco.

Según autoridades de salud del condado, los menores de entre 10 y 15 años que se accidentan con estas bicicletas requieren ambulancia de edad en este tipo de siniestros.

El aumento de lesiones graves en bicicletas eléctricas, especialmente entre adolescentes, representa un problema emergente de salud pública, ) en junio.

Talia Smith, directora legislativa del condado de Marin, impulsó que permite a ese condado imponer restricciones de edad. Sin embargo, dijo que, luego de escuchar a una docena de condados con problemas similares, la Legislatura debería avanzar hacia una ley estatal que reemplace las ordenanzas dispersas por condado.

El condado de San Diego, por ejemplo, usen bicicletas de Clase 1 o 2.

Los vehículos que dicen ser tanto bicicletas como motocicletas eléctricas caen en un vacío regulatorio entre dos agencias: la CPSC y la Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), explicó Matt Moore, asesor legal y de políticas públicas de Gente por las Bicicletas (People For Bikes), una asociación comercial de la industria ciclista, que incluye a las bicicletas eléctricas.

Esta entidad quiere que la administración de seguridad vial detenga los envíos o tome otras medidas legales contra las motocicletas eléctricas que se venden como e-bikes sin cumplir con las normas federales, dijo Moore.

Si el gobierno federal no actúa, los estados deberían aclarar sus leyes y definir las motocicletas eléctricas como vehículos todoterreno o motorizados que requieran licencia, agregó.

En octubre, y ordenó que porten una placa de identificación emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados para uso fuera de carretera.

En Boulder, Thompson señaló que el distrito escolar considera que la comunicación y la educación son pilares fundamentales de la seguridad. Los niños y adolescentes deben conocer y respetar las reglas de tránsito, ya sea que usen la fuerza de sus piernas o un acelerador para moverse sobre dos ruedas, comentó.

“Las bicicletas eléctricas son una forma divertida, ecológica y relativamente económica de transporte. Entonces, ¿cómo podemos volverlas más seguras y accesibles para las familias?”, se preguntó.

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But the kids’ excitement for their new rides is tempered by a recurring question from worried parents: Are they safe?

That can be a difficult question to answer. The federal government’s e-bike regulations are sparse, and efforts to expand them have stalled, leaving states and even counties to fill the void with patchwork rules of their own. Meanwhile, the seemingly endless variety of e-bikes for sale vary in design, speed, and quality.

In that environment, retailers like Fletcher aim to educate consumers so they can make informed decisions.

“We’re super careful about what comes in the shop because there are hazards,” he said.

Federal rules requiring in e-bikes and other devices such as e-scooters are in limbo after the Consumer Product Safety Commission, the independent federal regulatory agency meant to protect people against death and injury from bicycles and other consumer products, in August.

The commission then sent the rules for review by the Office of Information and Regulatory Affairs inside the Office of Management and Budget, responding to President Donald Trump’s February demanding that independent agencies like the CPSC be more aligned with White House priorities. In May, Trump fired three members of the commission who had been appointed by his predecessor, former President Joe Biden.

Meanwhile, by the commission to address injuries from mechanical failings have languished. Shira Rawlinson, the CPSC’s communications director, said it plans to update the status of both proposed rules.

That leaves e-bikes subject to existing standards written for traditional bicycles and which the commission has said, based on a preliminary assessment, aren’t adequate to reduce the risk of e-bike injuries. , , and recently passed laws regulating e-bikes to fill the gap.

The laws address issues such as battery fire risks and rider safety and seek to distinguish lower-speed e-bikes from faster e-motos, or electric motorcycles, which can reach top speeds of 35 miles an hour or faster. No federal law dictates the age at which someone may operate an e-bike, but more than half of states have age restrictions for who can operate , which reach a top speed of 28 miles an hour with pedal assist, while two California counties recently set a minimum age to operate Class 2 bikes, with their 20 mph top assisted speed.

“The biggest issue is e-bikes that switch from a power-assisted bike to essentially a motorized scooter,” said Democratic state Rep. Lesley Smith, who co-sponsored Colorado’s bill.

Colorado’s e-bike law requires safety certification of lithium-ion batteries, which can explode when manufactured or used improperly. They caused 39 deaths and 181 injuries in people using micromobility devices such as e-bikes from 2019 to 2023, according to the CPSC.

Most dealers, importers, and distributors have agreed to use batteries that meet safety standards, but there will always be manufacturers who cut corners on safety to save money, said Ed Benjamin, chairman of the Light Electric Vehicle Association, whose hundreds of members supply light electric vehicles such as e-bikes, or their parts.

“There are some out there who don’t care what is the right thing to do. They just want to make the cheapest bike possible,” Benjamin said.

Amy Thompson, the Safe Routes to School program coordinator for the Boulder Valley School District, said education officials are scrambling to install more bike racks at several schools to meet the increase in e-bike usage.

Students use them to quickly get to school or activities and carry their sports equipment or instruments with ease, Thompson said. She said she’s seen some alarming behavior, such as students’ riding three to a bike, riding without helmets, or attempting power wheelies popularized by social media.

Thompson said kids are disabling the speed limiter on e-bikes to operate at higher speeds. “It’s super easy for kids to go on YouTube and find a video that will coach you how to override or disable the governor on a bicycle,” she said.

Thompson to monitor their children’s e-bikes in September and described the between e-bikes and e-motos last fall.

Those blurred lines bedevil an adopted, in part or full, by nearly all states, in which e-bike motors generally must operate at 750 watts or lower. Class 1 e-bikes use pedal assist that must not exceed 20 mph; Class 2 e-bikes include a throttle that also must not exceed 20 mph; and Class 3 e-bikes use pedal assist that must not exceed 28 mph.

Some e-bikes easily switch between Class 2 and 3, sometimes unbeknownst to parents, said Smith, the Colorado lawmaker. A California parent sued an e-bike manufacturer last year, saying it falsely advertised as Class 2 an e-bike that could switch to Class 3.

The dangers of Class 2 e-bikes prompted California’s Marin County to under 16 from operating them and require that anyone riding one wear a helmet. Youths ages 10 to 15 who crash their e-bikes require an ambulance at of other age groups involved in e-bike crashes, according to county health officials. A growing number of serious injuries on e-bikes, particularly among adolescents, is an emerging public safety problem, the American College of Surgeons .

Talia Smith, Marin County’s legislative director, championed that permits Marin County to impose age restrictions. After hearing from a dozen other counties experiencing similar problems, though, she said state legislators should move to a statewide law from piecemeal, county-by-county ordinances. San Diego County from operating Class 1 or 2 bikes.

Vehicles claiming to be both e-bikes and e-motos fall into the cracks between two regulatory agencies, the CPSC and the National Highway Traffic Safety Administration, said Matt Moore, general and policy counsel for PeopleForBikes, a trade association for bicycles, including e-bikes.

PeopleForBikes wants the traffic safety administration to stop shipments of or take other legal action against e-motos that are labeled as e-bikes and do not comply with federal standards, Moore said.

If the federal government won’t act, states should clarify their laws to define e-motos as off-road dirt bikes or motor vehicles that require licenses, he said. In October, California , which it requires to display an identification plate issued by the Department of Motor Vehicles for use off-highway.

In Boulder, Thompson said, the school district considers communication and education cornerstones of safety. Children and teens should learn and practice traffic rules, whether they’re powering two wheels with their own legs or a throttle, she said.

“E-bikes are fun, environmentally friendly, and relatively cheap transportation. So how can we make them safer and more viable for families?” Thompson said.

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While the 76-year-old Milwaukee resident waited to hear back, Miller did something patients increasingly do when they can’t reach their health care team. She put her test results into Claude and asked the AI assistant to evaluate the data.

“Claude helped give me a clear understanding of the abnormalities,” Miller said. The generative AI model didn’t report anything alarming, so she wasn’t anxious while waiting to hear back from her doctor, she said.

Patients have unprecedented access to their medical records, often through online patient portals such as MyChart, because federal law requires health organizations to immediately release electronic health information, such as notes on doctor visits and test results. published in 2023 found that 96% of patients surveyed want immediate access to their records, even if their provider hasn’t reviewed them.

And many patients are using large language models, or LLMs, like OpenAI’s ChatGPT, Anthropic’s Claude, and Google’s Gemini, to interpret their records. That help comes with some risk, though. Physicians and patient advocates warn that AI chatbots can produce wrong answers and that sensitive medical information might not remain private.

Yet, most adults are cautious about AI and health. Fifty-six percent of those who use or interact with AI are not confident that information provided by AI chatbots is accurate, according to . KFF is a health information nonprofit that includes ºÚÁϳԹÏÍø News.

“LLMs are theoretically very powerful and they can give great advice, but they can also give truly terrible advice depending on how they’re prompted,” said Adam Rodman, an internist at Beth Israel Deaconess Medical Center in Massachusetts and the chair of a steering group on generative AI at Harvard Medical School.

Justin Honce, a neuroradiologist at UCHealth in Colorado, said it can be very difficult for patients who are not medically trained to know whether AI chatbots make mistakes.

“Ultimately, it’s just the need for caution overall with LLMs. With the latest models, these concerns are continuing to get less and less of an issue but have not been entirely resolved,” Honce said.

Rodman has seen a surge in AI use among his patients in the past six months. In one case, a patient took a screenshot of his hospital lab results on MyChart then uploaded them to ChatGPT to prepare questions ahead of his appointment. Rodman said he welcomes patients’ showing him how they use AI, and that their research creates an opportunity for discussion.

Roughly 1 in 7 adults over 50 use AI to receive health information, according to a recent poll from the , while 1 in 4 adults under age 30 do so, according to the KFF poll.

Using the internet to advocate for better care for oneself isn’t new. Patients have traditionally used websites such as WebMD, PubMed, or Google to search for the latest research and have sought advice from other patients on social media platforms like Facebook or Reddit. But AI chatbots’ ability to generate personalized recommendations or second opinions in seconds is novel.

, communications and patient initiatives director at OpenNotes, an academic lab at Beth Israel Deaconess that advocates for transparency in health care, had wondered how good AI is at interpretation, specifically for patients.

In a published this year, Salmi and colleagues analyzed the accuracy of ChatGPT, Claude, and Gemini responses to patients’ questions about a clinical note. All three AI models performed well, but how patients framed their questions mattered, Salmi said. For example, telling the AI chatbot to take on the persona of a clinician and asking it one question at a time improved the accuracy of its responses.

Privacy is a concern, Salmi said, so it’s critical to remove personal information like your name or Social Security number from prompts. Data goes directly to tech companies that have developed AI models, Rodman said, adding that he is not aware of any that comply with federal privacy law or consider patient safety. Sam Altman, CEO of OpenAI, warned on a about putting personal information into ChatGPT.

“Many people who are new to using large language models might not know about hallucinations,” Salmi said, referring to a response that may appear sensible but is inaccurate. For example, OpenAI’s Whisper, an AI-assisted transcription tool used in hospitals, introduced an imaginary medical treatment into a transcript, according to a

Using generative AI demands a new type of digital health literacy that includes asking questions in a particular way, verifying responses with other AI models, talking to your health care team, and protecting your privacy online, said Salmi and Dave deBronkart, a cancer survivor and patient advocate who devoted to patients’ use of AI.

Patients aren’t the only ones using AI to explain test results. has launched an AI assistant that helps its physicians draft interpretations of clinical tests and lab results to send to patients. Colorado researchers studied the accuracy of ChatGPT-generated summaries of 30 radiology reports, along with four patients’ satisfaction with them. Of the 118 valid responses from patients, 108 indicated the ChatGPT summaries clarified details about the original report.

But ChatGPT sometimes overemphasized or underemphasized findings, and a small but significant number of responses indicated patients were more confused after reading the summaries, said Honce, who participated in .

Meanwhile, after four weeks and a couple of follow-up messages from Miller in MyChart, Miller’s doctor ordered a repeat of her blood work and an additional test that Miller suggested. The results came back normal. Miller was relieved and said she was better informed because of her AI inquiries.

“It’s a very important tool in that regard,” Miller said. “It helps me organize my questions and do my research and level the playing field.”

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Así que, cuando su doctor le escribió al día siguiente para decirle que en general todo estaba bien, Miller le preguntó sobre el nivel elevado de dióxido de carbono y la brecha aniónica baja que aparecían en el informe.

Mientras esta residente de Milwaukee, de 76 años, esperaba la respuesta, hizo lo que cada vez más pacientes hacen cuando no logran comunicarse con su médico: ingresó sus resultados en Claude y le pidió al asistente de inteligencia artificial (IA) que los evaluara.

“Claude me ayudó a entender claramente las anomalías”, dijo Miller. El modelo de IA no reportó nada alarmante, así que no se sintió ansiosa mientras esperaba noticias de su doctor, contó.

Hoy en día, los pacientes tienen un acceso sin precedentes a sus expedientes médicos, usualmente a través de portales como MyChart, debido a que la ley federal exige que las organizaciones de salud liberen de inmediato la información médica electrónica, como las notas de visitas médicas y los resultados de pruebas.

publicado en 2023 encontró que el 96% de los pacientes encuestados quieren acceso inmediato a sus resultados, aunque su proveedor aún no los haya revisado.

Y muchos pacientes están utilizando modelos de lenguaje a gran escala (LLM, en inglés), como ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Gemini de Google, para interpretar sus datos médicos. Sin embargo, esta ayuda conlleva ciertos riesgos.

Médicos y defensores de pacientes advierten que los chatbots de IA pueden dar respuestas equivocadas y que podría no respetarse la privacidad de la información médica.

Pero la mayoría de los adultos muestra precaución ante el uso de la IA en temas de salud. El 56% de las personas que usan o interactúan con esta tecnología no confía en que la información proporcionada por los chatbots de IA sea precisa, según .

“Los LLM son teóricamente muy poderosos y pueden dar excelentes consejos, pero también pueden dar recomendaciones terribles dependiendo de cómo se les formule la pregunta”, dijo Adam Rodman, médico internista del Centro Médico Beth Israel Deaconess en Massachusetts y presidente de un grupo que analiza y toma decisiones sobre la inteligencia artificial generativa en la Facultad de Medicina de Harvard.

Justin Honce, neuroradiólogo de UCHealth en Colorado, dijo que para los pacientes sin formación médica es muy difícil saber si los chatbots de IA están cometiendo errores.

“De lo que se trata es de tener precaución al usar los LLM. Con los modelos más recientes, estos riesgos se han ido reduciendo, pero aún no se han resuelto del todo”, afirmó Honce.

Rodman ha notado un aumento en el uso de IA entre sus pacientes en los últimos seis meses. En un caso, un paciente tomó una captura de pantalla de sus resultados de laboratorio en MyChart y los subió a ChatGPT para preparar preguntas antes de su cita. Rodman dijo que le parece positivo que los pacientes le muestren cómo usan la IA: eso abre una oportunidad para el diálogo.

Aproximadamente 1 de cada 7 adultos mayores de 50 años usa IA para obtener información de salud, según una . Entre los adultos menores de 30 años, 1 de cada 4 lo hace, según el sondeo de KFF.

Usar internet para defender el derecho a una mejor atención médica no es algo nuevo.

Tradicionalmente, los pacientes han utilizado sitios web como WebMD, PubMed o Google para buscar investigaciones recientes, y han recurrido a otras personas en redes sociales como Facebook o Reddit. Pero la capacidad de los chatbots de IA para generar recomendaciones personalizadas y ofrecer una segunda opinión en un instante sí es novedosa.

, directora de comunicaciones e iniciativas para pacientes en OpenNotes —un laboratorio académico de Beth Israel Deaconess que promueve la transparencia en la atención de salud— se preguntaba qué tan buena era la IA para interpretar información, especialmente desde el punto de vista del paciente.

En un estudio de publicado este año, Salmi y sus colegas analizaron la precisión de las respuestas de ChatGPT, Claude y Gemini a preguntas de pacientes sobre un resumen clínico. Los tres modelos de IA tuvieron un buen desempeño, pero la manera en que los pacientes formulaban las preguntas influía, explicó Salmi.

Por ejemplo, decirle al chatbot que actuara como un médico y hacer una pregunta a la vez mejoraba la precisión de las respuestas.

La privacidad es otra preocupación, dijo Salmi, por lo que es fundamental eliminar datos personales como el nombre o el número de Seguro Social antes de usar estas herramientas. La información se envía directamente a las empresas tecnológicas que desarrollaron los modelos de IA, indicó Rodman, quien agregó que no conoce ninguna que cumpla con la ley federal de privacidad ni que tenga en cuenta la seguridad del paciente.

Sam Altman, CEO de OpenAI, advirtió en un en agosto sobre los riesgos de ingresar información personal en ChatGPT.

“Muchas personas que recién empiezan a usar estos modelos no saben lo que son las alucinaciones”, explicó Salmi, refiriéndose a respuestas que parecen lógicas pero que en realidad son incorrectas. Por ejemplo, Whisper —una herramienta de transcripción con IA desarrollada por OpenAI y utilizada en hospitales— llegó a incluir un tratamiento médico ficticio en una transcripción, según .

Usar IA generativa requiere un nuevo tipo de alfabetización digital en salud, que implica hacer preguntas de cierta manera, verificar las respuestas con otros modelos de IA, consultar al médico y proteger la privacidad en línea, dijeron Salmi y Dave deBronkart, sobreviviente de cáncer y defensor de pacientes, quien sobre el uso de IA por parte de pacientes.

Y los pacientes no son los únicos que usan IA para explicar resultados de las pruebas. ha lanzado un asistente de IA que ayuda a los médicos a redactar interpretaciones de pruebas clínicas y resultados de laboratorio para enviárselas a los pacientes. Investigadores en Colorado evaluaron la precisión de resúmenes generados por ChatGPT a partir de 30 informes de radiología, y también analizaron la satisfacción de cuatro pacientes con esos resúmenes. De 118 respuestas válidas, 108 indicaron que los resúmenes ayudaron a aclarar detalles del informe original.

Pero ChatGPT a veces exageró o minimizó ciertos hallazgos. Y una pequeña pero significativa cantidad de respuestas indicó que los pacientes quedaron más confundidos después de leer los resúmenes, comentó Honce, quien participó en el .

Mientras tanto, después de cuatro semanas y un par de mensajes de seguimiento en MyChart, la doctora de Miller ordenó repetir su análisis de sangre y solicitó una prueba adicional que ella misma había sugerido. Los resultados salieron normales. Miller se sintió aliviada y dijo que gracias a sus consultas con la IA estaba mejor informada.

“En ese sentido, es una herramienta muy importante”, expresó. “Me ayuda a organizar mis preguntas, investigar y equilibrar un poco más las cosas”.

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, , and are among the states that have recently required safeguarding brain data collected by devices outside of medical settings. That includes headphones, earbuds, and other wearable consumer products that aim to improve sleep, focus, and aging by measuring electrical activity and sending the data to an app on users’ phones.

by the Neurorights Foundation, an advocacy group that aims to protect people from the misuse of neurotechnology, found that 29 of 30 companies with neurotechnology products that can be purchased online have access to brain data and “provide no meaningful limitations to this access.” Almost all of them can share data with third parties.

In June, the American Medical Association of neural data. In April, several Democratic members of the U.S. Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation to investigate whether companies are exploiting consumers’ brain data. Juliana Gruenwald Henderson, a deputy director of the FTC’s Office of Public Affairs, said the agency had received the letter but had no additional comment.

Although current devices gather relatively basic information like sleep states, advocates for brain data protection caution that future technologies, including artificial intelligence, could extract more personal and sensitive information about people’s medical conditions or innermost thoughts.

“If you collect the data today, what can you read from it five years from now because the technology is advancing so quickly?” said Democratic state Sen. Cathy Kipp, who sponsored Colorado’s 2024 neural data protection bill when she was in the state House of Representatives.

As both excitement and trepidation about AI build, at least 28 states and the U.S. Virgin Islands some type of AI regulation separate from the privacy bills protecting neural data. President Donald Trump’s “” included a 10-year halt on states passing laws to regulate AI, but the Senate stripped that provision out of the budget reconciliation bill before voting to approve it on July 1.

The spirit of laws in Colorado, California, and Montana is to protect the neural data itself, not to regulate any algorithm or AI that might use it, said Sean Pauzauskie, medical director for the .

But neurotechnology and AI go hand in hand, Pauzauskie said. “A lot of what these devices promise is based on pattern recognition. AI is really driving the usability and significance of the patterns in the brain data.”

a professor of neurosurgery at the University of Colorado School of Medicine, said that AI’s ability to identify patterns is a game changer in her field. “But contribution of a person’s neural data on an AI training set should be voluntary. It should be an opt-in, not a given.”

Chile in 2021 became the first country to adopt a constitutional amendment for neurorights, which prioritize human rights in the development of neurotechnology and collection of neural data, and UNESCO has said that neurotechnology and artificial intelligence could together pose a threat to human identity and autonomy.

Neurotechnology can sound like science fiction. Researchers used a and an AI model to decode the brain’s electric signals from thoughts into speech. And two years ago, a study described how neuroscientists reconstructed the Pink Floyd song “” by analyzing the brain signals of 29 epilepsy patients who listened to the song with electrodes implanted in their brains.

The aim is to use neurotechnology to help those with paralysis or speech disabilities, as well as treat or diagnose traumatic brain injuries and brain disorders such as Alzheimer’s or Parkinson’s. Elon Musk’s Neuralink and , funded by Bill Gates and Jeff Bezos, are among the companies with clinical trials underway for devices implanted in the brain.

Pauzauskie, a hospital neurologist, started worrying four years ago about the blurring of the line between clinical and consumer use of neural data. He noted that the devices used by his epilepsy patients were also available for purchase online, but without protections afforded by the Health Insurance Portability and Accountability Act in medical settings.

Pauzauskie approached Kipp two years ago at a constituent meetup in his hometown of Fort Collins to propose a law to protect brain data in Colorado. “The first words out of her mouth that I’ll never forget were, ‘Who would be against people owning their own brain data?’” he said.

Brain data protection is one of the rare issues that unite lawmakers across the political aisle. The bills in California, Montana, and Colorado passed unanimously or nearly unanimously. Montana’s law will go into effect in October.

Neural data protection laws in Colorado and California amend each state’s general consumer privacy act, while Montana’s law adds to its existing genetic information privacy act. Colorado and Montana require initial express consent to collect or use neural data and separate consent or the ability to opt out before disclosing that data to a third party. A business must provide a way for consumers to delete their data when operating in all three states.

“I want a very hard line in the sand that says, you own this completely,” said Montana state Republican Sen. Daniel Zolnikov, who sponsored his state’s neural data bill and other privacy laws. “You have to give consent. You have the right to have it deleted. You have complete rights over this information.”

For Zolnikov, Montana’s bill is a blueprint for a national neural data protection law, and Pauzauskie said support of regulatory efforts by groups like the AMA pave the way for further federal and state efforts.

Welle agreed that federal regulations are needed in addition to these new state laws. “I absolutely hope that we can come up with something on a national level that can enshrine people’s neural rights into law, because I think this is going to be more important than we can even imagine at this time.”

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, y están entre los estados que recientemente han exigido la protección de los datos neurales recopilados por dispositivos fuera del ámbito médico. Esto incluye auriculares, audífonos y otros productos electrónicos personales que se usan para mejorar el sueño, la concentración, o el envejecimiento, mediante la medición de la actividad eléctrica y el envío de los datos a una aplicación en los teléfonos de los usuarios.

de la Neurorights Foundation, un grupo de defensa que tiene como objetivo proteger a las personas del uso indebido de la neurotecnología, reveló que 29 de las 30 empresas que venden este tipo de productos por internet tienen acceso a datos cerebrales y “no imponen limitaciones significativas a este acceso”.

Casi todas esas empresas pueden compartir los datos con terceros.

En junio, la American Medical Association (AMA)   de datos “tomados” del cerebro. En abril, varios miembros demócratas del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos (FTC) que investigara si las empresas están sacando provecho de los datos cerebrales de los consumidores.

Juliana Gruenwald Henderson, subdirectora de la Oficina de Asuntos Públicos de la FTC, admitió que la agencia había recibido la carta, pero no hizo ningún comentarios al respecto.

Aunque los dispositivos actuales recopilan información relativamente básica, como los estadios de sueño, quienes promueven la protección de estos datos advierten que las tecnologías futuras, incluida la inteligencia artificial (IA), podrían extraer datos más personales y sensibles sobre las condiciones médicas o los pensamientos íntimos de las personas.

“Si recolectan la información hoy, ¿qué se podrá leer en ellos dentro de cinco años, con lo rápido que avanza la tecnología?”, se preguntó la senadora estatal demócrata Cathy Kipp, que patrocinó el proyecto de ley de protección de datos neuronales de Colorado en 2024, cuando formaba parte de la Cámara de Representantes del estado.

Mientras crecen tanto el entusiasmo como el temor por la inteligencia artificial, al menos 28 estados y las Islas Vírgenes de EE.UU. , independientemente de los proyectos de ley de privacidad que protegen los datos neuronales.

El llamado “” del presidente Donald Trump impedía que, durante diez años los estados, aprobaran leyes para regular la inteligencia artificial. Pero el Senado eliminó esa disposición del proyecto de ley de medidas económicas antes de votar a favor de su aprobación el 1 de julio.

El espíritu de las leyes de Colorado, California y Montana es proteger los datos neuronales en sí mismos sin regular ningún algoritmo o IA que pueda utilizarlos, según explicó Sean Pauzauskie, director médico de la

Pero la neurotecnología y la inteligencia artificial van de la mano, dijo Pauzauskie. “Mucho de lo que prometen estos dispositivos se basa en el reconocimiento de patrones. La IA está revelando realmente la utilidad y la importancia de los patrones presentes en la actividad neuronal”.

, profesora de neurocirugía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, dijo que la capacidad de la IA para identificar patrones significa un cambio revolucionario en su campo.

“Pero la contribución de los datos neuronales de una persona a una base de entrenamiento de IA debe ser voluntaria. Debe ser una opción, no algo que se da por sentado”, añadió.

Por su parte, la UNESCO sostuvo que la neurotecnología y la inteligencia artificial, juntas, podrían suponer una amenaza para la identidad y la autonomía humanas.

En 2021, Chile se convirtió en el primer país que adoptó una enmienda constitucional sobre los derechos neuronales, que otorga prioridad a los derechos humanos en el desarrollo de la neurotecnología y la recopilación de estos datos.

Por ahora, la neurotecnología puede parecer ciencia ficción. Los investigadores utilizaron un casco con 128 electrodos y un modelo de IA para decodificar las señales eléctricas del cerebro y convertir los pensamientos en palabras. Y hace dos años, un estudio describió cómo los neurocientíficos reconstruyeron la canción de Pink Floyd analizando las señales cerebrales de 29 pacientes epilépticos que escucharon ese tema con electrodos implantados en el cerebro.

En definitiva, el objetivo es utilizar la neurotecnología para ayudar a las personas con parálisis o discapacidades del habla, así como para tratar o diagnosticar lesiones cerebrales traumáticas y trastornos cerebrales como el Alzheimer o el Parkinson.

Neuralink, una empresa de Elon Musk, y , financiada por Bill Gates y Jeff Bezos, se encuentran entre las compañías que están realizando ensayos clínicos con dispositivos implantados en el cerebro.

Pauzauskie, que es neurólogo en un hospital, comenzó a preocuparse hace cuatro años por cómo se iba esfumando la frontera entre el uso clínico y el uso comercial de los datos neuronales.

Observó que los dispositivos utilizados por sus pacientes con epilepsia también se podían comprar por Internet, pero sin las garantías que ofrece el Health Insurance Portability and Accountability Act en entornos médicos.

Hace dos años, Pauzauskie se acercó a la senadora Kipp en una reunión de electores en su ciudad natal, Fort Collins, para proponer una ley que protegiera los datos cerebrales en Colorado. “Las primeras palabras que salieron de su boca y que nunca olvidaré fueron: ‘¿Quién estaría en contra de que las personas sean dueñas de sus propios datos cerebrales?’”, recordó.

La protección de los datos cerebrales es una de las pocas cuestiones que unen a los legisladores de todos los partidos políticos. Los proyectos de ley de California, Montana y Colorado se aprobaron por unanimidad, o casi. La ley de Montana entrará en vigor en octubre.

Las leyes de protección de datos neuronales de Colorado y California modifican la ley general de privacidad del consumidor de cada estado, mientras que la de Montana se suma a la ley de privacidad de la información genética ya existente.

Colorado y Montana exigen el consentimiento expreso inicial para recopilar o utilizar datos neuronales, y un consentimiento adicional o la posibilidad de que el consumidor no acepte revelar esos datos a un tercero.

Las empresas deben proporcionar a los consumidores una forma de eliminar sus datos cuando operan en cualquiera de los tres estados.

“Quiero una línea muy clara que diga: esto es completamente tuyo”, dijo el senador estatal republicano de Montana Daniel Zolnikov, quien patrocinó el proyecto de ley sobre datos neuronales de su estado y, también, otras leyes de privacidad. “Tienes que dar tu consentimiento. Tienes derecho a que se eliminen tus datos. Tienes todo el derecho sobre esta información”.

Para Zolnikov, el proyecto de Montana es un modelo para diseñar una ley nacional de protección de datos neuronales. Por su parte, Pauzauskie afirmó que el apoyo a los esfuerzos reguladores de grupos como la AMA allana el camino para que haya nuevos esfuerzos a nivel federal y estatal.

Welle coincidió en que, además de estas nuevas leyes estatales, se necesitan regulaciones federales.

“Espero sinceramente que podamos elaborar una legislación a nivel nacional que consagre los derechos neuronales de las personas, porque creo que esto va a ser más importante de lo que podemos imaginar en este momento”, reflexionó.

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The dawn of state-regulated psychedelic mushrooms has arrived in Colorado, nearly two years since Oregon began offering them. The mushrooms are a Schedule I drug and illegal under federal law except for clinical research. But more than a dozen cities nationwide have deprioritized or decriminalized them in the past five years, and many eyes are turned toward Oregon’s and Colorado’s state-regulated programs.

“In Oregon and Colorado, we’re going to learn a lot about administration of psychedelics outside of clinical, religious, and underground settings because they’re the first to try this in the U.S.,” said William R. Smith, an assistant professor of psychiatry at the University of North Carolina School of Medicine.

Psychedelic mushrooms and their psychoactive compound psilocybin have the potential to treat people with depression and anxiety, including those unresponsive to other medications or therapy. , part of the National Institutes of Health, says the risk of mental health problems caused by ingesting mushrooms in a supervised clinical setting is low, but may be higher outside of a clinical setting. Robert F. Kennedy Jr. said in a social media post last year, before his nomination as U.S. health secretary, that his “mind is open to the idea of psychedelics for treatment.”

Medical experts say is needed, particularly in people with a diagnosis or family history of psychotic or bipolar disorder. Adverse effects of psilocybin, including headache and nausea, typically resolve within . However, extended difficulties from using psychedelics can last weeks, months, or years; anxiety and fear, existential struggle, social disconnection, and feeling detached from oneself and one’s surroundings are . After the decriminalization and legalization in Oregon and Colorado, psychedelic mushroom exposures reported to ticked up in these states and nationally.

In February, about 40 people organized by the psychedelic advocacy group the gathered in Boulder to talk about the coming changes in Colorado. They included Mandy Grace, who received her state license to administer psychedelic mushrooms, and Amanda Clark, a licensed mental health counselor from Denver, who both praised the therapeutic power of mushrooms.

“You get discouraged in your practice because the current therapies are not enough for people,” Clark said.

Colorado voters approved in 2022 to legalize natural psychedelics, after Oregon voters in 2020 approved legalizing psilocybin for therapeutic use. Colorado’s program is modeled after, but not the same as, Oregon’s, under which 21,246 psilocybin products have been sold as of March, a total that could include secondary doses, according to the Oregon Health Authority.

As of mid-March, Colorado for at least 15 healing center licenses, nine cultivation licenses, four manufacturer licenses, and one testing facility license for growing and preparing the mushrooms, under by the governor-appointed Natural Medicine Advisory Board.

Psychedelic treatments in Oregon are expensive, and are likely to be so in Colorado, too, said Tasia Poinsatte, Colorado director of the nonprofit Healing Advocacy Fund, which supports state-regulated programs for psychedelic therapy. In Oregon, psychedelic mushroom sessions are typically $1,000 to $3,000, are not covered by insurance, and must be paid for up front.

The mushrooms themselves are not expensive, Poinsatte said, but a facilitator’s time and support services are costly, and there are state fees. In Colorado, for doses over 2 milligrams, facilitators will screen participants at least 24 hours in advance, then supervise the session in which the participant consumes and experiences mushrooms, lasting several hours, plus a later meeting to integrate the experience.

Facilitators, who may not have experience with mental health emergencies, need training in screening, informed consent, and postsession monitoring, Smith said. “Because these models are new, we need to gather data from Colorado and Oregon to ensure safety.”

Facilitators generally pay a $420 training fee, which allows them to pursue the necessary consultation hours, and roughly $900 a year for a license, and healing centers pay $3,000 to $6,000 for initial licenses in Colorado. But the up-front cost for facilitators is significant: The required 150 hours in a state-accredited program and 80 hours of hands-on training can cost $10,000 or more, and Clark said she wouldn’t pursue a facilitator license due to the prohibitive time and cost.

To increase affordability for patients in Colorado, Poinsatte said, healing centers plan to offer sliding-scale pay options, and discounts for veterans, Medicaid enrollees, and those with low incomes. Group sessions are another option to lower costs.

Colorado law does not allow retail sales of psilocybin, unlike cannabis, which can be sold both recreationally and medically in the state. But it allows adults 21 and older to grow, use, and share psychedelic mushrooms for personal use.

Despite the retail ban, adjacent businesses have mushroomed. Inside the warehouse and laboratory of Activated Brands in Arvada, brown bags of sterilized grains such as corn, millet, and sorghum and plastic bags of soil substrate are for sale, along with genetic materials and ready-to-grow kits.

Co-founder Sean Winfield sells these supplies for growing psychedelic or functional mushrooms such as lion’s mane to people hoping to grow their own at home. Soon, Activated Brands will host cultivation and education classes for the public, Winfield said.

Winfield and co-founder Shawn Cox recently hosted a psychedelic potluck at which experts studying and cultivating psychedelic mushrooms discussed genetics, extraction, and specialized equipment.

Psychedelic mushrooms have a long history in Indigenous cultures, and provisions for their use in spiritual, cultural, or religious ceremonies are included in Colorado law, along with recognition of the to federally recognized tribes and Indigenous people if natural medicine is overly commercialized or exploited.

Several studies over the past five years have shown the long-term benefits of psilocybin for , and the Food and Drug Administration designated it a . Late-stage trials, often a precursor to application for FDA approval, are underway.

Smith said psilocybin is a promising tool for treating mental health disorders but has not yet been shown to be better than other advanced treatments. Joshua Woolley, an associate professor of psychiatry and behavioral sciences at the University of California-San Francisco, said he has seen the benefits of psilocybin as an investigator in clinical trials.

“People can change hard-set habits. They can become unstuck. They can see things in new ways,” he said of treating patients with a combination of psilocybin and psychotherapy.

Colorado, unlike Oregon, allows integration of psilocybin into existing mental health and medical practices with a clinical facilitator license, and through micro-healing centers that are more limited in the amounts of mushrooms they can store.

Still, Woolley said, between the federal ban and new state laws for psychedelics, this is uncharted territory. Most drugs used to treat mental health disorders are regulated by the FDA, something that Colorado is “taking into its own hands” by setting up its own program to regulate manufacturing and administration of psilocybin.

The U.S. Attorney’s Office for the District of Colorado declined to comment on its policy toward state-regulated psychedelic programs or personal use provisions, but Poinsatte hopes the same federal hands-off approach to marijuana will be taken for psilocybin in Oregon and Colorado.

Winfield said he looks forward to the upcoming rollout and potential addition of other plant psychedelics, such as mescaline. “We’re talking about clandestine industries coming into the light,” he said.

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Esto ocurre casi dos años después de que Oregon autorizara el uso de estos hongos también bajo regulación del estado.

Los hongos son una droga de la Lista I y según las leyes federales son ilegales excepto para la investigación clínica. Sin embargo, en los últimos cinco años, más de una docena de ciudades en todo el país los han despenalizado o ya no priorizan enfrentar su uso. Y muchos observadores están atentos a los programas estatales regulados de Oregon y Colorado. 

“En Oregon y Colorado vamos a aprender mucho sobre la administración de psicodélicos fuera de entornos clínicos, religiosos y clandestinos, porque son los primeros en probar esto en Estados Unidos”, dijo William R. Smith, profesor asistente de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte. 

Los hongos psicodélicos y su compuesto psicoactivo, la psilocibina, tienen el potencial de tratar a personas con depresión y ansiedad, incluso a aquellas que no responden a otros medicamentos o terapias.

El , que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), indica que el riesgo de que se presenten problemas de salud mental derivados del consumo de hongos en un entorno clínico supervisado es bajo, pero que puede ser más significativo fuera de ese contexto.

En una publicación en redes sociales el año pasado, antes de su nominación como secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. comentó que tenía “la mente abierta a la idea de los tratamientos con psicodélicos”. 

Los médicos expertos consideran que se necesita , especialmente en personas con diagnóstico o antecedentes familiares de trastorno psicótico o bipolar. Los efectos adversos de la psilocibina, como dolor de cabeza y náuseas, suelen resolverse en .

Sin embargo, hay efectos persistentes derivados del uso de psicodélicos que pueden durar semanas, meses o incluso años. Los síntomas incluyen ansiedad y miedo, crisis existencial, desconexión social, y sensación de desapego de uno mismo y del entorno.

Tras la despenalización y legalización en Oregon y Colorado, los casos informados de consumo de hongos psicodélicos reportados a los aumentaron tanto en estos estados como a nivel nacional. 

En febrero, unas 40 personas se reunieron en Boulder, en un encuentro organizado por , un grupo de defensa de los psicodélicos, para hablar sobre los próximos cambios en Colorado.

Entre ellas estaban Mandy Grace, quien recibió su licencia estatal para administrar hongos psicodélicos, y Amanda Clark, consejera de salud mental con licencia en Denver, ambas defensoras del poder terapéutico de los hongos. 

“Ver que las terapias actuales no son suficientes para las personas, te desanima en tu práctica profesional”, explicó Clark. 

En 2022, los votantes de Colorado aprobaron la para legalizar los psicodélicos naturales, después que los votantes de Oregon aprobaran, en 2020, la legalización de la psilocibina para uso terapéutico.

El programa de Colorado se basa en el de Oregon, aunque no es idéntico. En Oregon, hasta marzo, se habían vendido 21.246 productos de psilocibina, un total que podría incluir dosis de seguimiento administradas a un mismo paciente, según la Oregon Health Authority.

Hasta mediados de marzo, Colorado por lo menos 15 solicitudes de licencias de centros de sanación, nueve para cultivo, cuatro para manufactura y una licencia de instalación para análisis del cultivo y preparación de los hongos bajo por la Junta Asesora de Medicina Natural, designada por el gobernador. 

En Oregon, los tratamientos psicodélicos son costosos y es probable que en Colorado también lo sean, advirtió Tasia Poinsatte, directora en Colorado del Healing Advocacy Fund, una organización sin fines de lucro que apoya los programas estatales de terapia psicodélica. En ese estado, las sesiones con hongos psicodélicos suelen costar entre $1.000 y $3.000, no están cubiertas por las aseguradoras, y deben pagarse por adelantado. 

Los hongos en sí no son costosos, explicó Poinsatte, pero el tiempo del facilitador y los servicios de apoyo sí lo son, además de las tarifas estatales.

En Colorado, para dosis superiores a los 2 miligramos, los facilitadores deberán evaluar a los participantes al menos 24 horas antes. Además, supervisan la sesión, que dura varias horas, en las que los participantes consumen y experimentan con los hongos. Finalmente, realizan una reunión posterior para analizar la experiencia. 

Los facilitadores, que pueden no tener experiencia en emergencias de salud mental, necesitan adquirir formación en detección, consentimiento informado y seguimiento posterior a la sesión, dijo Smith. “Debido a que estos modelos son nuevos, necesitamos recopilar datos de Colorado y Oregon para garantizar la seguridad”, agregó.

En Colorado, los facilitadores generalmente pagan una tarifa de capacitación de $420, que les permite cumplir con las horas de consulta necesarias, y alrededor de $900 anuales por la licencia. Los centros de sanación pagan entre $3.000 y $6.000 para obtener las primeras licencias.

El costo inicial para los facilitadores es significativo: las 150 horas requeridas en un programa acreditado por el estado y las 80 horas de formación práctica pueden costar $10.000 o más. Clark dijo que no solicitaría una licencia de facilitadora debido al tiempo y al costo, que considera prohibitivo.

Con el propósito de aumentar la accesibilidad en Colorado, Poinsatte dijo que los centros de sanación planean ofrecer opciones de pago en cuotas y descuentos para veteranos, beneficiarios de Medicaid y personas de bajos ingresos. Las sesiones grupales son otra opción para reducir costos. 

La legislación de Colorado no permite la venta minorista de psilocibina, a diferencia del cannabis, que puede venderse tanto con fines recreativos como medicinales. Sin embargo, autoriza que los adultos mayores de 21 años cultiven, consuman y compartan hongos psicodélicos para uso personal. 

A pesar de la prohibición de venta minorista, los negocios relacionados con los psicodélicos han aumentado considerablemente. Dentro del almacén y laboratorio de Activated Brands, en Arvada, se venden bolsas de granos esterilizados como maíz, mijo y sorgo, junto con sustratos de suelo, materiales genéticos y kits listos para el cultivo. 

Sean Winfield, cofundador de la empresa, vende estos suministros para el cultivo de hongos psicodélicos o no psicoactivos, como el llamado la “melena de león”, a personas interesadas en cultivarlos en su casa. Además, pronto, Activated Brands ofrecerá clases de cultivo y educación al público, dijo Winfield. 

Winfield y su socio, Shawn Cox, organizaron recientemente una comida comunitaria sobre psicodélicos en la que expertos en el estudio y cultivo de este tipo de hongos hablaron sobre genética, extracción y equipamiento especializado. 

Los hongos psicodélicos tienen una larga historia en las culturas indígenas, y las disposiciones para su uso en ceremonias espirituales, culturales o religiosas están incluidas en la ley de Colorado junto con el reconocimiento del las comunidades y los pueblos indígenas reconocidos a nivel federal si la medicina natural se comercializa o se explota en exceso. 

Varios estudios realizados en los últimos cinco años han evidenciado los beneficios a largo plazo del uso de la psilocibina en el caso de , y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la ha reconocido como una . En la actualidad, se están realizando ensayos en fases avanzadas, que suelen ser el paso previo para solicitar la aprobación de la FDA.

Sin embargo, Smith dijo que, aunque la psilocibina es una herramienta prometedora para tratar trastornos de salud mental, aún no se ha demostrado que sea más eficaz que otros tratamientos avanzados.

Joshua Woolley, profesor asociado de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de California-San Francisco, dijo que, como investigador en ensayos clínicos, ha visto los beneficios de la psilocibina.

“Las personas pueden cambiar hábitos profundamente arraigados. Pueden salir de bloqueos. Pueden ver las cosas de nuevas maneras”, afirmó, refiriéndose al tratamiento de pacientes con una combinación de psilocibina y psicoterapia. 

Colorado, a diferencia de Oregon, permite la incorporación de la psilocibina en las prácticas de salud mental y médicas existentes mediante una licencia de facilitador clínico, así como a través de microcentros de sanación que tienen mayores limitaciones en la cantidad de hongos que pueden almacenar. 

Aun así, Woolley señaló que, debido a la prohibición federal y a las nuevas leyes estatales sobre psicodélicos, este es un territorio inexplorado. La mayoría de los medicamentos utilizados para tratar trastornos de salud mental están regulados por la FDA, algo que Colorado “está tomando en sus propias manos” al establecer su propio programa para regular la fabricación y administración de psilocibina. 

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Colorado no quiso comentar sobre su política hacia los programas de psicodélicos regulados por el estado o las disposiciones sobre el uso personal, pero Poinsatte espera que en Oregon y Colorado se adopte, para la psilocibina, el mismo tipo de enfoque federal de no intervención que rige para la marihuana. 

Winfield dijo que espera ansiosamente las próximas regulaciones y la posible incorporación de otras plantas psicodélicas, como la mescalina.

“Estamos hablando de que las industrias clandestinas salgan a la luz”, afirmó.

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Karter descansó una semana y media en su casa en Centennial, Colorado, y luego regresó a la escuela cuando sus síntomas de conmoción fueron tolerables; al principio, solo iba medio día y con un calendario adaptado que le permitía hacer tareas en papel en lugar de en la computadora, y tomarse más tiempo para ir de una clase a otra.

Según Duey, Karter iba a la enfermería cuando tenía dolor de cabeza. También comenzó fisioterapia para rehabilitar su cuello y recuperar el equilibrio después del accidente, ya que sentía inestabilidad al caminar.

Después que los niños sufren conmociones cerebrales, una de las mayores preocupaciones para ellos y sus padres o cuidadores es cuándo pueden volver a hacer deportes, dijo , doctora de Karter y codirectora del Programa de Conmociones en el Children’s Hospital Colorado, en Aurora.

Volver a la escuela lo antes posible, con el apoyo adecuado, y hacer ejercicio ligero que no implique riesgo de golpearse la cabeza son pasos importantes para la recuperación luego de una conmoción, según las investigaciones más recientes.

“Es muy importante que los niños y adolescentes vuelvan a sus actividades diarias habituales tan pronto como sea posible y tan pronto como puedan tolerarlas”, afirmó Wilson.

En agosto, el Departamento de Educación de Colorado para desmentir mitos comunes sobre las conmociones, como la necesidad de pérdida de consciencia para diagnosticar una conmoción.

Las nuevas directrices reflejan las mejores prácticas basadas en evidencia sobre cómo el regreso a la escuela y al ejercicio puede mejorar la recuperación. Según expertos médicos, educar a las familias y escuelas sobre estas nuevas pautas es esencial, especialmente durante el aumento de conmociones en otoño debido a deportes como el fútbol americano y el fútbol.

Más de han sido diagnosticados alguna vez con una conmoción o lesión cerebral, según la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud de 2022.

de la última década han demostrado que los adolescentes de las conmociones y disminuyen el riesgo de síntomas prolongados al hacer ejercicio ligero, como en una bicicleta estática o con una caminata rápida, dos días después de la conmoción. Ese mismo período también puede ser el momento ideal para , siempre que los niños puedan tolerar los síntomas restantes de la conmoción.

“Aunque el cerebro no es un músculo, actúa como uno y tiene un fenómeno de úsalo o piérdelo”, comentó , pediatra y especialista en medicina deportiva y lesiones cerebrales del Children’s Hospital of Philadelphia.

En lugar de esperar en casa a recuperarse por completo, Master sugiere que los estudiantes regresen a la escuela con apoyo adicional de los maestros y descansos para aliviar síntomas como dolores de cabeza o fatiga, e ir aumentando la actividad de manera gradual.

Todos los estados tienen normas para los estudiantes atletas lesionados, que incluyen removerlos de los deportes, autorización médica para regresar y educación sobre las conmociones. Aunque algunos, como Virginia e Illinois, tienen políticas de “regreso al aprendizaje”, Colorado no está entre ellos. Este y tienen protocolos de gestión de conmociones basados en la comunidad.

Eso es lo que Colorado actualizó este verano. REAP —que significa Remover/Reducir; Educar; Ajustar/Acomodar; y Progresar— es un protocolo para que las familias, proveedores de salud y escuelas ayuden a los estudiantes a recuperarse durante las primeras cuatro semanas después de una conmoción.

La escuela puede enviar un mensaje para alertar a los maestros de que un estudiante sufrió una conmoción, y luego enviar actualizaciones semanales con detalles sobre cómo manejar síntomas, por ejemplo, la dificultad para concentrarse.

“Tenemos nuevos protocolos para apoyar a estos niños”, afirmó Toni Grishman, consultora principal en lesiones cerebrales del Departamento de Educación de Colorado. “Pueden seguir teniendo síntomas de conmoción, pero podemos apoyarlos”.

Los síntomas de conmoción se resuelven en la mayoría de los pacientes durante el primer mes. Sin embargo, aquellos con síntomas persistentes, llamados síntomas post-conmocionales persistentes, pueden beneficiarse de un equipo de atención multidisciplinario: médicos, fisioterapeutas, psicólogos y apoyo adicional en la escuela, comentó Wilson.

, director del Laboratorio de Investigación de Conmociones de Colorado en el Centro Médico de la Universidad de Colorado Anschutz, está estudiando cómo los niños y sus familias enfrentan los impactos físicos, cognitivos, sociales y emocionales de las conmociones.

En algunos estudios, los adolescentes usan sensores para medir la intensidad y el volumen del ejercicio, así como los síntomas comunes de las conmociones, como problemas de sueño y equilibrio. En otros, los niños y sus padres responden preguntas sobre sus percepciones y expectativas sobre el proceso de recuperación.

“Lo que uno aporta a una lesión a menudo se exacerba con la lesión”, dijo Howell, mencionando la ansiedad, la depresión o el simple hecho de atravesar un momento social difícil. La recuperación puede verse influenciada por las relaciones con los amigos y la familia.

Duey dijo que la parte más difícil de la recuperación de Karter fue que no pudo estar con las porristas durante nueve semanas, incluyendo la competencia final de su equipo en Florida. Karter, ahora de 12 años, observaba la práctica y apoyaba a sus compañeras en primavera, pero perderse la competencia le dolió profundamente, dijo Duey.

“Hubo muchas lágrimas”, comentó Duey.

Si bien reconocer una conmoción y actuar rápidamente puede ayudar a cualquiera, en la práctica, más de la mitad de los casos de estudiantes en Colorado pueden pasar desapercibidos con conmociones no diagnosticadas, según las estimaciones de Grishman.

Las razones para los diagnósticos omitidos son muchas, señaló Grishman, como la falta de educación, barreras al acceso médico, la reticencia de los padres a informar a las escuelas sobre una conmoción por temor a que se excluya a su hijo de las actividades, o no tomar en serio los síntomas en un estudiante con antecedentes de problemas de comportamiento.

Hacer que las escuelas sigan las pautas de conmoción, en general, es un desafío, comentó Grishman, y agregó que algunos distritos aún no lo hacen.

Dijo que es difícil rastrear el número de escuelas que siguieron las pautas del Departamento de Educación de Colorado el año pasado, pero espera que una mejora en la recopilación de datos brinde más detalles este año. Durante el año escolar pasado, Grishman y sus colegas capacitaron a 280 miembros del personal escolar en gestión de conmociones en 50 distritos escolares de Colorado.

Siempre que sea posible, los entrenadores deben estar en las líneas laterales para apoyar a los estudiantes atletas, señaló Master, y los atletas deben ser conscientes de los síntomas de conmoción en ellos mismos y en sus compañeros, y buscar atención de inmediato.

Sin embargo, las conmociones no se limitan al campo atlético escolar o a deportes como el fútbol americano o el fútbol. Deportes de aventura como el parkour, slackline, motocross, rodeo, esquí y snowboard también presentan riesgos de conmoción, dijeron Wilson y Grishman. “Las porristas, de hecho, es uno de los deportes con muchas conmociones asociadas”, añadió Howell.

Duey comentó que Karter ocasionalmente tiene dolores de cabeza, pero que recuperó su equilibrio con la ayuda de la fisioterapia y ya no presenta síntomas de conmoción. Está de vuelta en el equipo de porristas y preparándose para competir.

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Karter rested for a week and a half at home in Centennial, Colorado, then returned to school when her concussion symptoms were tolerable — initially for just half-days and with accommodations allowing her to do schoolwork on paper instead of a screen and take extra time to get to and from classes. Karter went to the nurse’s office when she had a headache, Duey said. She began physical therapy to rehab her neck and regain her balance after the accident left her unsteady on her feet.

After children get concussions, a top concern for them and their parents or caregivers is when they can go back to sports, said , Karter’s doctor and a co-director of the Concussion Program at Children’s Hospital Colorado in Aurora. Returning to school as quickly as possible, with appropriate support, and getting light exercise that doesn’t pose a head injury risk are important first steps in concussion recovery, and in line with the latest research.

“It’s really important to get children and teens back to their usual daily activities as soon as possible, and as soon as they can tolerate them,” Wilson said.

In August, the Colorado Department of Education dispelling common myths about concussions, such as a loss of consciousness being necessary for a concussion diagnosis. The revised guidelines reflect evidence-based best practices on how returning to school and exercise can improve recovery. Educating families and schools about the new guidelines is critical, according to medical experts, particularly during autumn’s uptick in concussions from sports such as football and soccer.

More than nationwide had been diagnosed at some point with a concussion or brain injury, according to the 2022 National Health Interview Survey. in the past decade that adolescents recover more quickly from concussions and decrease the risk for prolonged symptoms by exercising lightly, for example on a stationary bike or with a brisk walk, two days after a concussion. That time frame may also be the sweet spot for , as long as the kids can tolerate any remaining concussion symptoms.

“Even though the brain is not a muscle, it acts like one and has a use-it-or-lose-it phenomenon,” said , a pediatrician and sports medicine and brain injury specialist at Children’s Hospital of Philadelphia.

Instead of waiting at home to fully recover, Master said, students should return to school with extra support from teachers and breaks in their schedule to relieve symptoms such as headaches or fatigue, with a goal of gradually doing more.

Every state has return-to-play laws for student-athletes that include policies such as removal from sports, medical clearance to return, and education about concussions. While some states, such as Virginia and Illinois, have “return-to-learn” policies, Colorado is not among them. It and have community-based concussion management protocols.

That is what Colorado updated this summer. REAP — which stands for Remove/Reduce; Educate; Adjust/Accommodate; and Pace — is a protocol for families, health care providers, and schools to help students recover during the first four weeks after a concussion. For example, school personnel can use an email-based system to alert teachers that a student sustained a concussion, then send weekly updates with details about how to manage symptoms, like difficulty concentrating.

“We have new protocols to support these kiddos,” said Toni Grishman, senior brain injury consultant at the Colorado Department of Education. “They might still have symptoms of concussion, but we can support them.”

Symptoms of concussion resolve in most patients in the first month. However, patients with ongoing symptoms, called persistent post-concussive symptoms, can benefit from a multidisciplinary care team that may include physicians, physical therapists, psychologists, and additional school support, Wilson said.

, director of the Colorado Concussion Research Laboratory at the University of Colorado Anschutz Medical Campus, is studying how children and their families cope with the physical, cognitive, social, and emotional impacts of concussions. In some studies, adolescents wear sensors to measure exercise intensity and volume, as well as common symptoms of concussion, like sleep and balance problems. In others, children and their parents answer questions about their perceptions and expectations of the recovery process.

“What you bring to an injury is oftentimes exacerbated by the injury,” Howell said, citing anxiety, depression, or just going through a difficult time socially. Recovery can be influenced by peer and family relationships.

Duey said the most difficult part of Karter’s recovery was her not being able to participate in cheer for nine weeks, including her team’s final competition in Florida. Karter, now 12, watched practice and supported her teammates in the spring, but missing out tore her up inside, Duey said.

“There were a lot of tears,” Duey said.

While recognizing a concussion and acting quickly can help anyone, in practice, more than half of students in Colorado may slip through the cracks with undiagnosed concussions, according to Grishman’s estimates.

The reasons for missed diagnoses are many, Grishman said, including lack of education, barriers to medical care, parental reluctance to inform schools about a concussion for fear their child will be excluded from activities, or not taking symptoms seriously in a student with a history of behavioral issues.

Getting schools to follow concussion guidelines, in general, is a challenge, Grishman said, adding that some districts still do not. She said it was hard to track the number of schools that followed Colorado education department guidelines last year but hopes improved data collection will provide more specifics this year. During the past school year, Grishman and her colleagues trained 280 school personnel in concussion management across 50 school districts in Colorado.

Whenever possible, athletic trainers should be on the sidelines to support student-athletes, Master said, and athletes should be aware of concussion symptoms in themselves and their teammates and seek care right away.

But concussions are not limited to the school athletic field or sports like football or soccer. Adventure sports like parkour, slacklining, motocross, rodeo, skiing, and snowboarding also pose concussion risks, Wilson and Grishman said. “Cheerleading is actually one that has a lot of concussions associated with it,” Howell added.

Duey said Karter occasionally has headaches, but her balance returned with help from physical therapy and she no longer experiences symptoms of her concussion. She is back to flying with her cheerleading squad and preparing to compete.

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