Un par de años después de su llegada, se rompió el pie durante un partido y, temeroso de lo que le podía costar un tratamiento, no buscó atención médica.

“Algunos en mi familia me advirtieron que, si iba al hospital y no podía pagar la factura, tendría un historial de crédito malo”, dijo Uribe, de 41 años, que ganaba cerca de $300 por semana y no tenía seguro de salud. “Algún día quería comprar un auto o una casa”. En vez de eso, cojeó durante las horas de trabajo y permaneció fuera del campo de juego por tres años. Dos décadas después, el dolor que siente todavía lo paraliza.

Por razones económicas y culturales, los hispanos no quieren interactuar con el sistema de salud. Las mujeres de todas las razas tienen más probabilidades de buscar atención que los hombres. Pero la brecha de género en la comunidad hispana es especialmente preocupante para los proveedores de atención médica. Estudios muestran que a recibir tratamiento.

Y esto es una verdad, aun cuando los hispanos son más propensos que los blancos no hispanos a ser , tener o . tienden a beber mucho, contribuyendo a mayores tasas de y muertes por . Muchos toman trabajos de riesgo, como los obreros de la construcción y los jornaleros, y tienden a morir más a causa de lesiones en el trabajo que otros trabajadores, muestran .

Los hispanos pasarán a ser un cuarto del total de la población para 2045. A medida que este número crece, los investigadores temen que el país podría enfrentar consecuencias costosas ya que las condiciones médicas que son ignoradas llevan a enfermedades más graves y a discapacidad.

“Podría literalmente quebrar el sistema de atención de salud”, dijo José Arévalo, presidente de la Junta de Médicos Latinos de California, que representa a médicos hispanos y a otros que atienden a latinos.

Y ahora, algunos médicos también temen los efectos de la represión del presidente Donald Trump contra los inmigrantes ilegales.

“Cuando la comunidad se enfrenta a este tipo de estrés, me preocupa que la gente haga cosas poco saludables, como abusar del alcohol, para enfrentar el problema”, dijo Kathleen Page, co-directora del Centro SOL, un centro de salud en el Johns Hopkins Bayview Medical Center, y fundadora del Latino HIV Outreach Program de la ciudad. “Eso significa que pueden no trabajar tanto”, agregó. Por lo que “tendrán menos dinero, lo que significa que es menos probable que busquen atención”.

Bienvenidos por funcionarios de Baltimore, los inmigrantes han impulsado la población hispana de la ciudad, triplicándola a 30.000 desde el año 2000.

Aquí, como en otros lugares, la evidencia sugiere que, para muchos hispanos, buscar atención médica es un evento extraordinario. Los datos de los hospitales muestran que son más propensos que las mujeres hispanas, y los hombres y mujeres blancos no hispanos a usar las salas de emergencia como su principal fuente de tratamiento, una señal de que esperan hasta no tener otra opción más que buscar ayuda.

Algunos proveedores de atención dicen que las instituciones médicas no han hecho lo suficiente para mantener a los hombres hispanos sanos, o para persuadirlos de hacerse exámenes regulares.

“Hay una necesidad continua de que las instituciones se adapten más culturalmente y sean más conscientes de los prejuicios”, dijo Elena Ríos, presidenta de la National Hispanic Medical Association, que representa a los 50,000 médicos latinos de la nación.

Hay algunas diferencias significativas en el riesgo de salud y las tasas de enfermedad entre los subgrupos hispanos, por ejemplo, los puertorriqueños son más propensos a ser fumadores. En comparación con los hispanos nacidos en los Estados Unidos, los nacidos en otros lugares tienen tasas mucho más bajas de cáncer, enfermedades del corazón y presión arterial alta. En general, los hispanos viven más que los blancos no hispanos.

Pero estas ventajas pueden disiparse a medida que los latinos se y adoptan hábitos no saludables como el y dietas ricas en alimentos grasos y procesados.

“Le digo a la gente que vivimos más tiempo y sufrimos más”, dijo Jane Delgado, psicóloga clínica cubanoamericana, quien es presidenta de la National Alliance for Hispanic Health.

Los expertos que investigan brechas en las pruebas de cáncer han descubierto que todos los grupos étnicos y géneros han visto una disminución en los diagnósticos de cáncer de colon en etapa terminal y las muertes en los últimos años, excepto en los hombres hispanos, que se hacen la colonoscopía en tasas más bajas que cualquier raza o grupo étnico.

A menudo, los problemas de salud surgen después de que los inmigrantes se enfrentan a una barrera con el seguro médico. Años después de que José Cedillo viniera a Baltimore desde Honduras, el cocinero de 41 años notó que sus piernas se entumecían y le dolían con frecuencia. Preocupado por el dinero, evitó el tratamiento y siguió trabajando, hasta que finalmente fue a una clínica, en donde le diagnosticaron diabetes.

En los siete años que han pasado desde entonces, su salud se ha deteriorado tanto que no puede trabajar, con frecuencia no tiene un techo en donde dormir y pasa largos períodos en el hospital. Como inmigrante que llegó a los Estados Unidos sin papeles, no es elegible para cobertura pagada por el gobierno o para recibir dinero por discapacidad. Y no puede pagar los medicamentos. En cambio, dijo: “Bebo para adormecer el dolor”.

Otra parte del problema es que los hispanohablantes están subrepresentados entre los profesionales médicos. Después de llegar aquí, a los miembros de la familia de Uribe los acompañaba un sobrino o sobrina que hablaba inglés cuando podían permitirse el acceso a médicos. De lo contrario, “íbamos lejos para encontrar un médico que hablaba español”, dijo.

Con frecuencia, los hospitales carecen de servicios multiculturales y de personal bilingüe, admiten los administradores. Aunque los latinos representan casi el 20% de la población, sólo el 7% de las enfermeras registradas y el 5% de los médicos son hispanos. La brecha se ha ampliado a medida que más hispanos han llegado a este país durante las últimas tres décadas, según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles publicado en 2015.

“Demasiado seguido, la gente no entiende lo que usted está diciendo, no sabe lo que usted va a cobrar, qué restricciones dietéticas les estamos aconsejando”, explicó James Page, vice presidente para diversidad en Johns Hopkins Medicine. “Esto crea un problema de confianza para los hispanos. Tenemos que mejorar la forma de atenderlos”.

Esto es particularmente cierto en la salud mental. Sólo el 1% de los psicólogos en los Estados Unidos son hispanos, lo que significa que los hombres de habla hispana que buscan terapia probablemente tendrán que esforzarse para encontrarla en su lengua materna.

En Baltimore, sólo hay un grupo de apoyo en español para hombres que sufren de ansiedad y depresión, dicen psicólogos locales y defensores de los latinos. La ciudad emplea a un consejero para abuso de sustancias que habla español. Un puñado de trabajadores sociales bilingües de la ciudad ofrecen sesiones de asesoramiento a tarifas reducidas y sólo tres psiquiatras ofrecen sesiones de terapia en español.

Para Peter Uribe, la clave para mantener la salud de su familia es conseguir ayuda para pagar la atención. Su esposa y su hermano sufren de ataques epilépticos, y Uribe contó que el desánimo de su hermano hizo que él mismo se deprimiera. En 2015, obtuvo seguro para su familia a través de un programa de caridad. Con la ayuda de medicamentos ahora asequibles, las convulsiones de su esposa disminuyeron, y él buscó ayuda para su depresión crónica. Como ahora habla inglés, encontrar consejería es más fácil.

En enero, después de la intervención de un grupo de defensa de los latinos, la caridad renovó la póliza de salud de los Uribe por dos años. Pedro Uribe lo llama una bendición:

“Sinceramente no tengo ni idea de lo que haríamos sin este seguro”.

Michael Anft es periodista y escritor, y vive en Baltimore. Su trabajo aparece regularmente en AARP: The Magazine, The Chronicle of Higher EducationÌýy otras publicaciones. Daniel Trielli, periodista especializado en datos en Capital News Service, en el Philip Merrill College of Journalism, contribuyó para este informe.

La cobertura de Kaiser Health News sobre disparidades de salud en el este de Baltimore es apoyada por Ìý.

ºÚÁϳԹÏÍø News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

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A couple of years after his arrival, he broke his foot during a game and afraid of the cost, didn’t seek medical care.

“Some of my family warned me that if I went to the hospital and couldn’t pay the bill, I’d get a bad credit record,” said Uribe, 41, who made about $300 a week and had no health insurance. “I wanted to buy a car or a house someday.” Instead, he hobbled through workdays and stayed off the field for three years; the residual pain is sometimes disabling, even two decades later.

For reasons both economic and cultural, Hispanic men are loath to interact with the health system. Women across all races are more likely to seek care than men. But the gender gap in the Hispanic community is especially troubling to health care providers. Studies show that Latino men are than Latinas to get treatment.

That is true even though Hispanic men are more likely than non-Hispanic whites to be , have or have . tend to do so heavily, contributing to the group’s higher rates of and deaths from . Many take risky jobs such as construction workers and laborers, and are more likely to die from on-the-job injuries than other workers, show.

“I tell people we live longer and suffer,” said Jane Delgado, a clinical psychologist and Cuban-American who serves as president of the National Alliance for Hispanic Health.

Researchers who investigate gaps in cancer testing have found that all ethnic groups and genders have seen a decrease in late-stage colon cancer diagnoses and deaths in recent years — except Hispanic men, who get screened at the lowest rates of any race or ethnic group.

Often, health problems arise after immigrants come up against an insurance barrier. A few years after Jose Cedillo came to Baltimore from Honduras, the 41-year-old cook noticed his legs were often numb or painful. Worried about finances, he eschewed treatment and continued to work, before finally going to a clinic where he was diagnosed with diabetes.

In the seven years since, his health has so deteriorated he can’t work, is frequently homeless and spends long stints in the hospital. As an immigrant who came to the U.S. illegally, he is not eligible for government-paid insurance or disability payments. And he can’t afford medicine. Instead, he said, “I’ll drink alcohol to numb the pain.”

Part of the problem is that Spanish speakers are underrepresented among medical professionals. After arriving here, Uribe’s family members frequently brought along an English-speaking nephew or niece when they could afford to see doctors. Otherwise, “we’d travel a long ways to find a doctor who spoke Spanish,” he said.

Hospitals frequently lack cultural understanding and bilingual staffing, administrators admit. Though Latinos make up nearly 20 percent of the population, only 5 percent of physicians and 7 percent of registered are Hispanic. That gap has widened as more Hispanics have come to this country during the past three decades, according to a UCLA study released in 2015.

“Too often, people don’t understand what you’re saying, they don’t know what you’re going to charge them, what dietary restrictions you might place upon them,” said James Page, vice president for diversity at Johns Hopkins Medicine. “It creates a trust issue for Hispanics. We’ve got to get better at serving them.”

That is particularly true in mental health. Only 1 percent of psychologists in the U.S. are Hispanic, meaning that Spanish-speaking men who do seek therapy will probably struggle to find it.

In Baltimore, there is only one Spanish-language support group for men who suffer from anxiety and depression, local psychologists and Latino advocates say. The city employs one Spanish-speaking substance abuse counselor. A small handful of bilingual social workers citywide offer reduced-rate counseling sessions, and only three psychiatrists offer therapy sessions conducted in Spanish.

For Peter Uribe, the key to maintaining his family’s health is getting help paying for care. His wife and brother both suffer from epileptic seizures, and his brother’s despondency caused Uribe to become depressed, he said. In 2015, he obtained insurance for his family through a charity program. With the help of now-affordable medicines, his wife’s seizures waned, and he sought help for chronic depression. Since he now speaks English, finding counseling help is easier.

In January, after intervention from a Latino advocacy group, the charity renewed the Uribes’ policy for two years. Peter Uribe calls it a godsend:

“I honestly have no idea what we’d do without it.”

Michael Anft is a Baltimore-based journalist and writer whose work regularly appears in AARP: The Magazine, The Chronicle of Higher Education and other publications. Daniel Trielli, a data journalist at Capital News Service at the Philip Merrill College of Journalism, contributed to this report.

supports KHN’s coverage of health disparities in East Baltimore.

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“No voy al doctor cuando estoy enferma, es demasiado costoso”, dijo.

A pesar que es vendedora en una agencia de seguros en Highlandtown, un vecindario del este de Baltimore que ha visto un influjo de inmigrantes hispanos en años recientes, Ramirez, de 23 años, no tiene seguro de salud.

Su predicamento lo comparten miles de inmigrantes hispanos en el este de Baltimore, y millones a nivel nacional, quienes no pueden solventar servicios médicos regulares y están sin seguro porque carecen de los beneficios derivados de la residencia legal y de la ciudadanía estadounidense.

Para ayudar a las personas como Ramirez y a otras personas de bajos ingresos sin permiso para vivir aquí, varias instituciones en el este de Baltimore han improvisado una variedad de servicios médicos fuera de los entornos típicos del hospital. Baltimore City, Johns Hopkins Bayview, dos clínicas subsidiadas federalmente y una clínica de caridad ofrecen intérpretes bilingües, proveedores de salud que hablan español y, tal vez lo más importante, tarifas bajas y escalas móviles para la atención.

El Access Partnership, o TAP, un programa caritativo de Johns Hopkins, ofrece pruebas diagnósticas y visitas a especialistas a muy bajo costo, usualmente no más de $20. El programa sirve a personas que no tienen seguro, que hacen 200 por ciento o menos del nivel federal de pobreza y que han sido residentes locales por seis meses.

Más del 90 por ciento son hispanos, y a ninguno se le ha preguntado si vive en los Estados Unidos ilegalmente, dijo Barbara Cook, directora médica del grupo.

Con ayuda de TAP, la madre de Cecilia Ramirez tuvo pruebas diagnósticas y la subsecuente cirugía poco más de un año atrás para remover el útero.

No obstante, Ramírez se pregunta si el resultado hubiera sido mejor si hubiera recibido ayuda antes.

“Si hubiera tenido seguro, podría haber buscado atención, en lugar de tener que esperar tanto tiempo que tuvieron que quitarle parte de su cuerpo”, dijo.

Esta historia fue apoyada en parte por una beca de la Annie E. Casey Foundation.

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“I don’t go to the doctor when I’m sick — it’s too expensive,” she said.

Though she is a sales worker at an insurance agency in Highlandtown, an East Baltimore neighborhood that has seen an influx of Hispanic immigrants in recent years, Ramirez, 23, has no health insurance.

Her predicament is shared by thousands of Hispanic immigrants in East Baltimore, and millions nationally, who cannot afford regular medical services and are uninsured because they lack the benefits attached to legal U.S. residency and citizenship.

American citizens under 65 who don’t have employer-provided health insurance can buy it or qualify for Medicaid through Obamacare exchanges where they might also be eligible for tax credits.

Non-citizens in the U.S. illegally don’t have these options. Some immigrants classified as lawfully present — those on the path to citizenship or granted permission to remain in the country — can buy Obamacare policies, with tax credits if they qualify. They also can qualify under Medicaid if they meet certain criteria.ÌýThose privileges do not extend to certain immigrants, such as Cecilia Ramirez, the woman featured in the accompanying story, who have provisional lawful status under the Obama administration’s “deferred action for childhood arrivals” (DACA) policy.

Source: Kaiser Family Foundation

“This is the tricky part for us,” said Leana Wen, Baltimore’s health commissioner. “The Affordable Care Act excludes these individuals” who lack authorization to live in the U.S. “They fall through the cracks.”

They have done so even as Mayor Stephanie Rawlings-Blake works to draw more immigrants here in the hope they will repopulate hollowed out inner-city blocks. Latinos, who figure prominently in the mayor’s drive to recruit 10,000 new families, continue to filter into several older East Baltimore neighborhoods, including Fells Point, Greektown, Highlandtown and Patterson Park.

Baltimore’s population includes around 30,000 Latinos, up from just 9,000 15 years ago, city officials say. Medical providers and Latino advocates say that 40 to 60 percent of them live in the U.S. illegally, a range close to the Urban Institute’s national estimates.

Health is a major concern. Baltimore Latinos are twice as likely as non-Latinos to say they have poor or fair health, according to a in 2011.

There is insufficient data to make judgments about the health of the city’s Latinos or compare them to other groups. But death from cardiovascular disease and cancer were the two leading causes of death among the city’s Latinos in 2012, according to a 2014 report by the department. Unintentional injury and chronic liver disease or cirrhosis tied for the fourth leading cause of death among the city’s Latinos, but they were much less common among white and black populations, the report found.

“People can start businesses and buy homes, but they can’t get medical insurance,” said Rosario, who serves as board president for the Latino Providers Network, an organization that links Hispanics to services.

As a result, health providers say that when they see people come into their offices or clinics, they are often in advanced stages of illness.

“Typically, we see a lot of diabetes and obesity-related diseases, like high blood pressure,” said Kathleen Page, an infectious disease specialist at Johns Hopkins Hospital and a cofounder of Centro SOL, a Bayview outreach program that treats Hispanic clients at reduced prices. Baltimore Latinos suffer higher rates of those disorders despite being younger as a group than the rest of the city’s population. Chronic infections and mental health problems such as anxiety and depression run rampant, Page added.

About 95 percent of the Hispanic patients she sees at her HIV clinic are living here illegally and lack health insurance.

Latinos’ ability to find treatment is tied directly to their immigration status.

Some people in the U.S. without documentation can receive payments for baby deliveries through Emergency Medicaid. Federally qualified health clinics offer basic medical care to thousands of the uninsured at reduced rates, with no questions asked about status, but the federal government offers no insurance options for those living in the U.S. without permission.

Insurability can vary even within households, reflecting mixed immigration status among family members. Cecilia Ramirez’s mother, who does not have permission to live in the U.S., long remained uninsured, putting off treatment for uterine fibroids for years because she was worried about the cost of care.

Meanwhile, Ramirez’s children, 7-year-old Jenny and Kimberly, 3, receive insurance through Medicaid. Because they were born in the U.S., giving them citizenship, and they meet Medicaid’s eligibility standards, they are able to see primary care physicians and get other care if needed. Much of it is paid for, unlike their mother’s.

As a foreign-born child of immigrants who entered the U.S. without permission, Ramirez’s access to health care is problematic. She applied for and received “lawfully present” status under a 2012 Obama administration policy that allowed people who arrived in the U.S. before age 16 and are now under age 35 to work and study in the U.S. without fearing deportation. Some 665,000 others have also received such status nationwide, according to figures from the Department of Homeland Security. But they were also excluded from gaining health insurance under the Affordable Care Act by a related policy of the Department of Health and Human Services. Some states, including California and New York, have softened their standards and enrolled some people here illegally in Medicaid. But nationally, most remain without coverage.

To help people like Ramirez and other low-income people without permission to live here, several institutions in East Baltimore have cobbled together an array of medical services outside of typical hospital settings. Baltimore City, Johns Hopkins Bayview, two federally subsidized clinics and one charity-run clinic offer bilingual interpreters, health providers who speak Spanish and, perhaps most importantly, low fees and sliding scales for care.

The Access Partnership, or TAP, a Johns Hopkins charitable program, offers diagnostic tests and visits to specialists for very low fees, usually no more than $20. The program serves people who lack insurance, make 200 percent or less of the federal poverty level and have been local residents for six months. More than 90 percent are Hispanic, and none are asked if they are living in the U.S. illegally, said Barbara Cook, the group’s medical director.

Cecilia Ramirez’s mother got diagnostic tests and subsequent surgery a little over a year ago to remove her uterus with help from TAP. Nonetheless, Ramirez wonders if the outcome would have been better if she had gotten help earlier.

“If she had had insurance, she might have sought out care, instead of having to wait so long that they had to remove part of her body,” she said.

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