El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.

En Oregon, hasta febrero, dos niños habían sido ubicados en hogares temporales luego de ser separados de sus padres en casos de detención migratoria, según Jake Sunderland, vocero del Departamento de Servicios Humanos del estado.

“Antes del otoño de 2025, esto nunca había ocurrido”, aseguró.

Hasta mediados de febrero, casi por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El récord de 73.000 personas detenidas en enero representó un comparado con el año anterior. Según una , hasta agosto de 2025, padres de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense habían sido detenidos desde el inicio del mandato de Trump.

El medio NOTUS que por lo menos 32 niños de padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales en siete estados.

Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización de defensa legal, dijo que sospechan que el número real es mucho mayor.

“Ese número nos parece realmente muy bajo”, dijo.

La separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar , incluido el trastorno de estrés postraumático. El estrés prolongado e intenso también puede causar infecciones más frecuentes en los niños y problemas en el desarrollo. Ese “estrés tóxico” también se asocia con daños en áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, , una organización sin fines de lucro dedicada a la información en salud que incluye a ���ϳԹ��� News.

Durante el primer mandato de Trump, . y modificaron algunas leyes para permitir que tutores recibieran derechos parentales temporales en casos relacionados con migración. Ahora, tras el regreso de Trump al poder el año pasado, el aumento en los controles migratorios está impulsando una nueva ola de respuestas estatales.

En Nueva Jersey, legisladores están considerando un proyecto para modificar estatal que permite que los padres designen tutores temporales para casos de muerte o incapacidad. La nueva versión agregaría como otra razón válida la separación por control migratorio federal.

El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes para proteger a las familias separadas por acciones de control migratorio. La ley de California, llamada Ley del Plan de Preparación Familiar (), permite que los padres designen tutores y compartan derechos de custodia, en lugar de que sus derechos se suspendan mientras están detenidos. Si son liberados y pueden reunirse con sus hijos, recuperan sus derechos parentales completos.

Existen importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño entra bajo custodia estatal, explicó Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal en Los Ángeles.

Si el niño es colocado en cuidado temporal y ni el padre ni la madre pueden participar en los procesos judiciales requeridos porque están detenidos o han sido deportados, es menos probable que puedan volver a reunirse con su hijo, afirmó Guzman.

Se estima que que son ciudadanos estadounidenses viven con un padre u otro familiar que no tiene estatus migratorio legal, según investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, D.C. Dentro de ese grupo, 2,6 millones de niños tienen a ambos padres sin estatus legal.

Santana dijo que es probable que el número de casos de separación familiar aumente a medida que el gobierno de Trump avance con su campaña migratoria. Por lo tanto, más niños corren el riesgo de terminar en el sistema de cuidado temporal.

Las exigen que la agencia se esfuerce en facilitar la participación de los padres detenidos en los procedimientos de los tribunales de familia, de bienestar infantil o de tutela, pero Santana indicó que no está claro que el ICE esté cumpliendo con estas normas.

Los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Antes de que cambiara la ley de California, la única razón por la que un padre podía compartir derechos de custodia con otro tutor era si tenía una enfermedad terminal, contó Guzman.

Ahora, si los padres preparan un plan con anticipación y designan a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos si llegara a ser necesario, la agencia estatal de bienestar infantil puede iniciar el proceso para entregar a los niños a esa persona sin tener que abrir un caso formal de cuidado temporal, agregó.

Si bien el año pasado los legisladores de Nevada ampliaron una ley de tutela existente para incluir la aplicación de las leyes de inmigración, la medida exige a los padres dar el paso adicional de presentar documentación notariada ante la oficina del Secretario de Estado, señaló Cristian González-Pérez, abogado de Make the Road Nevada, una organización sin fines de lucro que brinda recursos a las comunidades inmigrantes.

González-Pérez señaló que algunos inmigrantes dudan en completar formularios gubernamentales por temor a que el ICE pueda acceder a esa información y los persiga. Él les asegura a los miembros de la comunidad que los formularios estatales son confidenciales y solo pueden ser consultados por hospitales y tribunales.

El gobierno de Trump ha tomado para acceder a información sensible a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras entidades.

González-Pérez y Guzmán consideran que muchos padres inmigrantes no conocen sus derechos. Designar un tutor temporal y crear un plan familiar es una forma de no sentirse impotentes, afirmó González-Pérez.

“La gente no quiere hablar de esa cuestión”, reflexionó Guzman. “Que un padre tenga que hablar con un niño sobre la posibilidad de separarse da miedo. No es algo que nadie quiera hacer”, concluyó.

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“La primera vez, el teléfono suena sin parar. La siguiente, te manda al buzón de voz y se corta la llamada”, dijo la mujer de 48 años, que vive en Delaware. “A veces te contesta alguien que dice que no es la persona indicada. Te transfieren y se corta. A veces contestan y no hay nadie en la línea”.

Pasó meses tratando de averiguar si su cobertura de Medicaid había sido renovada. Hasta finales de marzo, todavía no le había llegado la renovación anual para el programa estatal y federal que ofrece seguro de salud a personas con bajos ingresos y con discapacidades.

Crouch, quien sufrió un aneurisma cerebral debilitante hace una década, también tiene Medicare, que cubre a personas de 65 años o más, o a aquellas con discapacidades. Medicaid pagaba sus deducibles mensuales de Medicare de $200, pero en los últimos tres meses ha tenido que cubrirlos ella misma, lo que ha afectado el ingreso fijo de su familia, contó.

Los problemas de Crouch con el centro de llamadas de Medicaid en Delaware no son un caso aislado. Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios y atender llamadas de afiliados con preguntas.

La falta de estos trabajadores puede impedir que las personas usen plenamente sus beneficios, dijeron investigadores de políticas de salud.

Ahora, la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos aprobada por el Congreso, que el presidente Donald Trump firmó el verano pasado, pronto exigirá más al personal de las agencias estatales en los lugares donde los legisladores ampliaron Medicaid a más adultos con bajos ingresos, que son casi todos los estados y el Distrito de Columbia.

Según la ley, que se espera reduzca el gasto de Medicaid en casi $1.000 millones en los próximos ocho años, estos trabajadores deberán no solo determinar si millones de afiliados cumplen con los nuevos requisitos laborales del programa, sino también verificar con mayor frecuencia que califican: cada seis meses en lugar de una vez al año.

���ϳԹ��� News contactó a agencias que deberán implementar estas reglas de trabajo, y muchas dijeron que necesitarán más personal.

Estas exigencias pondrán más presión sobre una fuerza laboral ya sobrecargada, lo que podría dificultar que afiliados como Crouch reciban servicios básicos de atención al cliente. Y muchos podrían perder acceso a beneficios a los que tienen derecho por ley, según afirmaron defensores del consumidor e investigadores de políticas de salud, algunos con experiencia directa trabajando en agencias estatales.

Los estados ya están “teniendo grandes dificultades”, dijo Jennifer Wagner, directora de elegibilidad e inscripción de Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities y ex subdirectora del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. “Habrá desafíos adicionales importantes por culpa de estos cambios”.

Largos tiempos de espera para recibir ayuda

Los republicanos sostienen que los cambios en Medicaid, que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027 en la mayoría de los estados, incentivarán a los afiliados a conseguir empleo. Investigaciones sobre otros programas con requisitos laborales en Medicaid han encontrado poca evidencia de que aumenten el empleo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) provocarán que más personas pierdan la cobertura de salud para 2034: indicó que más de 5 millones de personas podrían verse afectadas.

Muchos estados no tienen suficiente personal para procesar solicitudes o renovaciones de Medicaid con rapidez, dijeron defensores.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por siglas en inglés) supervisan si los estados pueden procesar el tipo más común de solicitud de beneficios dentro de un plazo de 45 días.

En diciembre, alrededor del 30% de todas las solicitudes de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C., y Georgia en procesarse. Más de una cuarta parte tardó ese tiempo en Wyoming. En Maine, una de cada 5 solicitudes no cumplió ese plazo.

Los CMS comenzaron a compartir públicamente datos de los centros de llamadas de Medicaid en 2023, lo que mostró un sistema bajo presión, según investigadores y defensores.

En Hawaii, las personas esperaron más de tres horas al teléfono en diciembre. En Oklahoma, casi una hora, y en Nevada, más de una hora.

En 2023, las agencias estatales de Medicaid comenzaron a verificar que todavía calificaban a los afiliados que habían sido protegidos para que no perdieran su cobertura durante la pandemia de covid. Ese proceso no funcionó bien en muchos estados, y más de .

Investigadores y defensores dicen que implementar las nuevas reglas será un reto mayor. Las reglas laborales requerirán cambios amplios en los sistemas informáticos y capacitación para los trabajadores que verifican la elegibilidad en un plazo ajustado.

“Es un nivel mucho mayor de complejidad administrativa”, señaló Sophia Tripoli, directora de políticas en Families USA, una organización de defensa de salud del consumidor.

Después de meses intentando hablar con alguien, Crouch dijo que finalmente obtuvo respuestas sobre sus beneficios de Medicaid luego de escribir a la oficina de la representante federal Sarah McBride (demócrata de Delaware). La oficina contactó a la agencia estatal de Medicaid, que finalmente la llamó con una actualización, dijo.

Crouch en realidad no calificaba para Medicaid. Dijo que eso nunca había surgido en dos años de interacciones con el estado.

“No tiene ningún sentido que el estado no se haya dado cuenta antes”, dijo.

La agencia de Medicaid de Delaware no respondió a solicitudes de comentarios sobre su caso.

Estados con poco personal para Medicaid

A fines de marzo, algunos estados dijeron a ���ϳԹ��� News, que necesitarán más personal para implementar las reglas laborales de manera efectiva.

Idaho informó que tiene 40 vacantes para trabajadores de elegibilidad. Nueva York estimó que necesitará 80 nuevos empleados para manejar el trabajo administrativo adicional, con un costo de $6,2 millones. Pennsylvania tiene casi 400 puestos vacantes en oficinas de servicios humanos de los condados. La agencia de Medicaid de Indiana tiene 94 vacantes. Maine quiere contratar 90 trabajadores adicionales, y Massachusetts busca sumar 70 más. Montana llenó 39 de los 59 puestos que dice que necesitará.

La agencia de servicios sociales de Missouri ha reducido personal y tiene 1.000 trabajadores de primera línea menos que hace aproximadamente una década, esto con más del doble de afiliados en Medicaid y en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según comentarios de su directora, Jessica Bax,

“El departamento pensó que habría una mejora en la eficiencia gracias a las actualizaciones del sistema de elegibilidad”, dijo Bax. “Muchas de esas mejoras no se concretaron”.

Los estados podrían tener dificultades para encontrar personas interesadas en estos trabajos, que requieren meses de capacitación, pueden ser emocionalmente exigentes y generalmente ofrecen salarios bajos, afirmó Tricia Brooks, investigadora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“Reciben muchos reclamos y gritos”, dijo Brooks, quien antes dirigió el programa de atención al cliente de Medicaid y CHIP en New Hampshire. “Las personas están frustradas. Lloran. Están preocupadas. Están perdiendo acceso a la atención médica, y no es un trabajo fácil cuando es difícil ayudar”.

Los estados están pagando millones de dólares a contratistas del gobierno para ayudar a cumplir con la nueva ley federal.

Maximus, un contratista de servicios gubernamentales, brinda apoyo en elegibilidad, como la gestión de centros de llamadas, en 17 estados que ampliaron Medicaid y atiende a casi 3 de cada 5 personas inscritas en el programa a nivel nacional, según la empresa.

Durante una llamada de resultados en febrero, la empresa dijo que puede cobrar según el número de gestiones que realiza para los afiliados, independientemente de cuántas personas estén inscritas en el programa en un estado.

Maximus no tiene “un enfoque único” para los servicios que ofrece ni para cómo cobra por ellos, dijo su vocera Marci Goldstein a ���ϳԹ��� News.

La empresa, que reportó ingresos de $1.760 millones en 2025 en el área que incluye trabajo relacionado con Medicaid, espera que esos ingresos sigan creciendo, incluso si menos personas permanecen en el programa, “debido a las gestiones adicionales que serán necesarias”, señaló David Mutryn, director financiero y tesorero de Maximus.

Perder la cobertura de Medicaid no es solo una molestia, ya que muchas personas inscritas probablemente no ganan lo suficiente para pagar atención médica por su cuenta y pueden no calificar para ayuda financiera bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dijo Elizabeth Edwards, abogada del National Health Law Program.

Las personas podrían no poder pagar medicamentos o recibir atención esencial, lo que podría tener impactos “devastadores” en la salud, dijo.

“Lo que está en juego son las vidas de las personas”, concluyó.

Los corresponsales de ���ϳԹ��� News Katheryn Houghton y Samantha Liss contribuyeron con este artículo.

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Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movía entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa rama”, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!”.

Carranza, profesional especializada en desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en ríos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.

Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.

Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El Tímpano y ���ϳԹ��� News. Pero Carranza es una de un estimado de 100.000 inmigrantes con papeles que pronto quedarán excluidos de Medicare.

La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.

Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.

“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATIS”, dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”

Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora perderán cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo sacar de Medicare a residentes legales.

Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.

Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante .

Si eso ocurre, Carranza perdería su residencia legal y podría estar en riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.

“Esto es como una película de terror, una pesadilla completa”, dijo Carranza. “No es así como imaginé envejecer”.

“Bajo ataque constante”

Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el país después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, y desplazando a 1,3 millones.

El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.

Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos países afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos, si regresar a su país representa un riesgo.

Carranza se perdió la graduación de jardín de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Área de la Bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, así como sus propios estudios en el City College of San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.

También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrían pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.

Se suponía que la recompensa sería una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico.

La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, de los subsidios en el mercado de seguros de salud y de servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, ayuda para vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían el seguro de salud, según KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a ���ϳԹ��� News.

Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.

Michael Cannon, director de estudios de política de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querían implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectaría a su base.

“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia social”, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestar”.

Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron y $25,7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en para 2034.

Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal .

“En realidad, esta es la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupo”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadas”.

A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.

Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.

“Es bastante fácil que sufran un deterioro crítico de su salud”, dijo Cheng.

Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.

A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque su presión había subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al día siguiente despertó con el pie hinchado. En el hospital local, un médico le dijo que tenía artritis.

Dijo que fueron momentos preocupantes, pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.

El estrés de saber que perderá su seguro de salud y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el país, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo un ataque constante”.

Sin un lugar a donde ir

En California, hogar del mayor número de , Carranza podría haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el país sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.

En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensaría los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.

“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.

Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado debería intervenir. La asambleísta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán su cobertura, incluidos los adultos mayores.

La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitan”.

Una señal del futuro

En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podría significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenía presencia legal en el país, aunque sí la tenía. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que como resultado la dio de baja.

Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabía que se trataba de un error. Aun así, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.

La experiencia la dejó afectada.

“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquí”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.

Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años.

También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.

En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro había una pila alta de tarjetas de identificación que incluían licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de permisos de trabajo emitidos por el gobierno federal.

“Mi vida está en esta caja”, dijo.

Este artículo fue producido en colaboración con , una organización cívico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Área de la Bahía.

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Pero, siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con ���ϳԹ��� News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.

Solo los ciudadanos de Estados Unidos y algunos inmigrantes con presencia legal pueden acceder a Medicaid, que cubre costos de atención médica para personas con bajos ingresos y discapacidades, así como al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés). Ambos programas son administrados por los estados.

Voceros de las agencias de Medicaid de Pennsylvania y Colorado dijeron que, hasta marzo, los estados no habían encontrado a nadie que debiera ser dado de baja de Medicaid. Esto después de revisar un total combinado de 79.000 nombres.

A solicitud de la administración Trump, Texas revisó los registros de más de 28.000 inscritos en Medicaid y canceló la cobertura de 77, según Jennifer Ruffcorn, vocera del Departamento de Servicios Humanos de Texas.

Ohio ha revisado 65.000 inscritos en Medicaid, de los cuales 260 personas fueron dadas de baja del programa, dijo Stephanie O’Grady, vocera del Departamento de Medicaid de ese estado.

En Utah, 42 de los 8.000 inscritos identificados por la administración Trump perdieron su cobertura de Medicaid, dijo Becky Wickstrom, vocera del Departamento de Servicios Laborales estatal.

Al anunciar las revisiones, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo: “Estamos reforzando la supervisión de las inscripciones para proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas vitales sirvan solo a quienes realmente cumplen con los requisitos de la ley”.

Leonardo Cuello, profesor de investigación en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, indicó que las revisiones ordenadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eran innecesarias porque los estados verifican el estatus migratorio cuando las personas se inscriben.

“Es totalmente predecible que todas estas revisiones, que imponen una carga a los estados por parte del gobierno federal, no arrojen resultados”, dijo Cuello. “Los estados ya habían hecho las revisiones una vez, y los CMS solo los estaba obligando a verificar de nuevo la misma información. Hacer que los estados pasen por el mismo proceso burocrático dos veces es increíblemente ineficiente y una manera de malgastar dinero”.

Chris Krepich, vocero de los CMS, dijo en un comunicado a ���ϳԹ��� News que las verificaciones en curso están confirmando la elegibilidad “de ciertos inscritos cuyo estatus no pudo ser confirmado mediante fuentes de datos federales”.

“Los CMS proporcionan a los estados informes periódicos para revisiones de seguimiento, y los estados son responsables de verificar de forma independiente la elegibilidad y tomar las medidas apropiadas de acuerdo con los requisitos federales”, agregó.

Sin embargo, los hallazgos compartidos con ���ϳԹ��� News también sugieren que muchos de los inscritos, cuyo estatus la administración Trump dijo no poder confirmar, son ciudadanos de Estados Unidos.

O’Grady dijo que Ohio encontró que, de los 65.000 nombres enviados por el gobierno federal, el estado ya tenía información sobre 53.000 que confirmaba que eran ciudadanos y otros 11.000 con estatus migratorio adecuado para Medicaid.

Luego, los trabajadores de casos revisaron los 1.000 nombres restantes para evaluar su información o solicitar más detalles, dijo.

Los CMS no respondieron preguntas sobre los hallazgos de los estados analizados por ���ϳԹ��� News ni proporcionaron información sobre las respuestas recibidas de los 50 estados y el Distrito de Columbia, a los que se les ordenó realizar las verificaciones.

La agencia tampoco respondió a una pregunta sobre si está enviando los nombres de las personas cuya cobertura de Medicaid fue cancelada a las autoridades federales de inmigración.

En junio, asesores de Kennedy ordenaron a los CMS compartir información sobre los inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que provocó una demanda de algunos estados preocupados de que la administración usara la información para su campaña de deportaciones contra personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Un juez federal que los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podían acceder solo a información sobre personas en el país sin autorización en las bases de datos de Medicaid de los estados que presentaron la demanda.

Los CMS siguen enviando a los estados listas de nombres al menos cada pocos meses, aunque funcionarios estatales dicen que las cifras han disminuido desde la primera tanda de envíos el verano pasado.

Las personas sin estatus legal no pueden acceder a cobertura de salud financiada con fondos federales, incluyendo Medicaid, Medicare y los planes de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Medicaid sí reembolsa a los hospitales por brindar atención de emergencia a personas sin papeles si cumplen con los requisitos de ingresos y otros criterios del programa.

Siete estados y el Distrito de Columbia ofrecen cobertura de salud sin importar el estatus migratorio, financiando los programas con sus propios recursos.

En marzo de 2025, los CMS iniciaron revisiones financieras de esos programas. “Los CMS han identificado más de $1.800 millones en fondos federales que están siendo recuperados mediante devoluciones voluntarias y aplazamientos de pagos federales futuros de Medicaid”, dijo Krepich. No respondió cuánto se ha recuperado hasta ahora ni de qué estados.

El gasto total de Medicaid superó los $900.000 millones en el año fiscal 2024.

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“Se siente como si me estuviera asfixiando dentro de este albergue, atrapado sin salida”, dijo el hijo de Carlos cuando le pidieron describir cómo se sentía luego de meses en la instalación en el área de Houston, según contó uno de los abogados de los adolescentes. “Todos los días, la misma rutina. Todos los días, sintiéndome atrapado. Me hace sentir aterrado y sin esperanza”.

Durante llamadas diarias por video, Carlos, quien tenía estatus de protección temporal (TPS), les pedía a los hermanos que tuvieran paciencia, que confiaran en el proceso.

Funcionarios federales habían evaluado a Carlos antes de otorgarle la custodia y le dijeron que su caso estaba completo. Él creía que pronto estaría de nuevo con sus hijos, quienes, al igual que él, habían llegado a Estados Unidos huyendo de la violencia política en Venezuela.

Un oficial de inmigración llamó a Carlos un viernes y le pidió que fuera el lunes a una reunión en una oficina del ICE para hablar sobre la reunificación con sus hijos. Cuando llegó, los oficiales intentaron obligarlo a firmar documentos que dijo no entender. Cuando se negó, le quitaron la ropa, le confiscaron su identificación y sus pertenencias y lo encadenaron por el cuello, la cintura y las piernas.

“Me engañaron”, dijo Carlos en una llamada telefónica desde un centro de detención migratoria en El Paso, Texas, donde estuvo retenido durante varios meses. “Usaron a mis hijos para atraparme”, agregó.

Durante la cobertura de esta historia, ���ϳԹ��� News revisó documentos judiciales, habló con los abogados de inmigración de la familia, entrevistó a Carlos y revisó declaraciones de sus hijos, traducidas del español.

Carlos es un seudónimo que se ha usado a pedido de los abogados: les preocupa que hablar públicamente pueda poner en riesgo el caso o retrasar aún más la reunificación familiar.

Usar a los hijos para arrestar a los padres

Desde 2003, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha cuidado a niños migrantes menores de 18 años que llegan al país sin sus padres, a menudo huyendo de la violencia, el abuso o el tráfico humano. La oficina, que en febrero tenía más de 2.300 niños en albergues o con familias temporales en todo el país, se supone que debe liberarlos rápidamente con cuidadores evaluados, generalmente padres u otros familiares que ya viven en el país.

El Congreso asignó esta responsabilidad a la agencia de salud hace más de 20 años para priorizar el bienestar de los niños no acompañados y separar su cuidado de las prioridades de control migratorio.

Ahora, la segunda administración de Trump está usando a niños migrantes bajo custodia de la agencia para atraer a padres, como Carlos, tengan o no antecedentes penales.

Una investigación de ���ϳԹ��� News encontró que la oficina de reasentamiento, , coordina con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el arresto de personas que buscan la custodia de niños migrantes.

Documentos de arrestos muestran que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división de la agencia que normalmente se enfoca en el crimen organizado y en traficantes, entrevista a padres u otros cuidadores y luego los arresta si están en el país sin autorización legal.

Antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la oficina de reasentamiento prohibía compartir datos y colaborar con las autoridades migratorias y no negaba la custodia de niños únicamente por el estatus migratorio de los cuidadores. el año pasado.

No está claro cuántos cuidadores han sido atraídos bajo falsos pretextos para ser arrestados. que indican que más de 100 fueron detenidos mientras intentaban sacar a sus hijos de la detención, pero ���ϳԹ��� News no pudo verificar de manera independiente esa cifra con agencias federales.

El HHS, el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) no han respondido a preguntas sobre arrestos de cuidadores que se les han remitido desde febrero.

Antes de dejar el DHS el mes pasado, la subsecretaria Tricia McLaughlin dijo que la administración protege a los niños de ser entregados a personas que no deberían cuidarlos. Andrew Nixon, vocero del HHS, remitió las preguntas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias al DHS.

Al mismo tiempo, la oficina de reasentamiento que dificultan que los cuidadores obtengan la custodia de niños no acompañados. Estas incluyen reducir el tipo de documentos que se aceptan, exigir verificaciones de antecedentes con huellas dactilares para todos los adultos que vivan en el hogar y para otros cuidadores, y requerir citas en persona para verificar documentos de identidad, a veces con agentes del ICE presentes. Estos requisitos mantienen a los “niños seguros de traficantes y otras personas peligrosas”, dijo Nixon.

Hasta enero, la agencia había retenido a al menos 300 niños que ya habían sido ubicados con patrocinadores evaluados y había pedido a sus cuidadores que volvieran a solicitar la custodia, según el National Center for Youth Law y la Democracy Forward Foundation. Estos dos grupos presentaron calificando estas acciones como “una nueva forma silenciosa de separación familiar”.

Separación a la inversa

Dulce, una madre guatemalteca en Virginia, dijo que a su hijo de 8 años lo enviaron a un albergue del gobierno después de ser detenido durante una parada de tráfico el verano pasado, mientras visitaba a familiares en otro estado.

Al principio, Dulce esperaba recuperar a su hijo en pocos días: había cumplido con los requisitos de patrocinio del gobierno en 2024 y se había reunido con él tres semanas después de que el niño cruzara la frontera. Pero funcionarios de la agencia de reasentamiento le pidieron repetir todo el proceso y volver a presentar documentos, dijo Dulce. Tardó ocho meses en recuperarlo.

Dulce es un seudónimo utilizado a petición suya porque teme que hablar públicamente la ponga en riesgo de deportación.

En un momento, le pidieron que fuera a una entrevista en una oficina del ICE para mostrar su identificación como parte del proceso de reunificación con su hijo. Ella se negó por miedo a que la detuvieran, ya que no tiene estatus legal. Cree que agentes del ICE visitaron su casa en algún momento.

“Dejé de ir a mi casa”, dijo Dulce. “Viví con algunos de mis amigos por días”.

Aunque vivía a solo 45 minutos, a Dulce solo se le permitió visitar a su hijo dos veces al mes.

Hasta hace poco, la mayoría de los niños no acompañados llegaban a la custodia del gobierno luego de ser detenidos en la frontera. Pero los cruces fronterizos comenzaron a disminuir en 2024 y el número de personas que llegan a Estados Unidos ha caído de forma importante durante el segundo mandato del presidente Trump.

Ahora, cientos de niños han sido llevados a albergues del gobierno después de ser detenidos dentro del país, en general durante redadas migratorias o paradas de tráfico, según la demanda de los grupos defensores. Muchos ya vivían con familiares, incluidos tutores previamente evaluados por la agencia de reasentamiento.

Ya casi no hay liberaciones. Según la oficina de reasentamiento, en 2024 los niños bajo su custodia permanecían en albergues o en cuidado temporal por un promedio de un mes. En febrero, ese tiempo había aumentado a más de medio año.

Generalmente se libera a los niños solo después de que sus abogados presentan una demanda en un tribunal federal impugnando su detención como inconstitucional.

Las autoridades liberaron al hijo de Dulce en febrero después de que los abogados del niño presentaron una petición de este tipo. La mujer dijo que se siente aliviada de tenerlo de vuelta, pero sigue con miedo de que el ICE pueda llegar a su casa.

Inmigrantes en riesgo

Durante el primer mandato de Trump, su administración fue criticada por de niños que habían sido liberados de custodia. El presidente Joe Biden fue cuestionado por la forma en que su administración manejó el aumento de niños no acompañados, que alcanzó un pico en 2021 con alrededor de 22.000 bajo custodia de la oficina de reasentamiento.

Aunque la mayoría fueron recibidos por patrocinadores legítimos, algunos fueron entregados a personas que no habían pasado , lo que los puso en .

La administración Trump dice que está verificando y el Departamento de Justicia ha procesado de .

El 1 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien a finales de mes, destacó un , incluida la oficina de reasentamiento, que, según el DHS, había localizado a 145.000 niños no acompañados que habían sido entregados a cuidadores durante el mandato de Biden.

Sin embargo, informes internos del HHS sobre esa iniciativa obtenidos por ���ϳԹ��� News muestran que casi 11.800 de esos niños migrantes y cerca de 500 de sus cuidadores habían sido arrestados hasta el 29 de enero. Solo 125 de esos niños y 55 de esos cuidadores fueron arrestados por presunta actividad criminal, lo que sugiere que la mayoría fue detenida por violaciones migratorias.

El HHS remitió preguntas sobre esas cifras al DHS, que no respondió a solicitudes de comentarios. Michelle Brané, quien fue funcionaria del DHS durante la administración Biden, dijo que las cifras muestran que la mayoría de los arrestos fueron para detener y deportar migrantes. Anteriormente, que la administración apuntó a padres y cuidadores que habían pagado para que los niños cruzaran la frontera, intentando presentar cargos de tráfico de personas contra ellos.

“Han abandonado esa estrategia en muchos sentidos y ahora van tras cualquiera abiertamente”, dijo Brané. “Estas cifras reflejan claramente que esto no se trata de seguridad pública ni de la seguridad de los niños”.

Caso en espera

Carlos salió de Venezuela en 2022 debido a amenazas de muerte y, como miles de otros que huían de ese país, recibió lo que se conoce como estatus de protección temporal durante la administración Biden. Esa protección fue para la mayoría de los venezolanos por el gobierno de Trump.

En enero de 2025, días antes de que Trump asumiera su segundo mandato, los hijos de Carlos cruzaron la frontera desde México hacia Estados Unidos, se entregaron a las autoridades fronterizas y fueron puestos de inmediato bajo custodia de la agencia de reasentamiento.

Carlos pasó meses enviando documentos para reunirse con ellos. Dijo que es su único padre, ya que la madre los abandonó cuando eran pequeños.

Funcionarios visitaron su casa dos veces y determinaron que era apto para cuidarlos, según documentos judiciales que solicitaban su liberación. Pasó pruebas de ADN que confirmaron que es el padre biológico, dijo uno de sus abogados. Sus documentos indican que no tiene “antecedentes penales”. En julio, a Carlos le dijeron que su caso de reunificación estaba completo y en proceso de aprobación. Pero luego, sin explicación, el caso fue puesto en espera.

Antes de que el ICE lo arrestara, Carlos dijo que manejaba 14 horas de ida y 14 de vuelta desde su casa para visitar a sus hijos. Solo podía verlos durante una hora. Cuando estaba detenido, dijo que hablaba con ellos aproximadamente cada dos semanas en llamadas breves y supervisadas.

Intenta mantenerse la esperanza, pero es difícil.

Según documentos redactados por oficiales del ICE durante su arresto y presentados en su caso judicial, Carlos fue detenido bajo una iniciativa llamada Operation Guardian Trace, que exige a los oficiales migratorios detener a posibles cuidadores si están en el país sin autorización legal y recomendar su deportación.

“Esta operación está diseñada para obligar a los padres a tomar una decisión imposible entre reunirse con sus hijos y buscar seguridad”, dijo una de las abogadas de Carlos, Chiqui Sanchez Kennedy, del Galveston-Houston Immigrant Representation Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes de bajos recursos.

“Voy a esperar”

En marzo, un juez federal determinó que Carlos había sido detenido de manera ilegal y fue liberado bajo fianza.

Pero sus hijos aún enfrentan un futuro incierto. muestran que los albergues del gobierno a menudo carecen de suficientes recursos y trabajadores sociales dicen que estadías prolongadas en estos lugares pueden causar más trauma.

“No solo es malo, sino que cuanto más tiempo estás allí, peor se vuelve”, expresó Jonathan Beier, director asociado de investigación y evaluación del programa para niños no acompañados del Acacia Center for Justice, que coordina servicios legales para estos menores.

Los hijos de Carlos también podrían ser enviados de regreso al país del que huyeron. Debido a su detención, Carlos tendrá que repetir gran parte del proceso para reunirse con ellos, según una abogada de los niños, Alexa Sendukas, también del Galveston-Houston Immigrant Representation Project.

En declaraciones compartidas a través de Sendukas, la hija de Carlos dijo que ya no quiere estar con otras personas y pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Su hijo, ahora de 15 años, describió tener ataques de pánico y sentir que se está perdiendo la vida, ya sean las oportunidades con las que sueña — aprender inglés, estudiar ciencia — o ver baloncesto con su familia.

“Recuerdo cuando llegué por primera vez a este albergue; tenía mucha esperanza y fe en que pronto me reuniría con mi papá”, dijo.

La hija de Carlos pasó el día llorando en la cama cuando los hermanos se enteraron de que su padre había sido detenido. Durante días, no supieron dónde estaba. Ahora, temen que la única salida sea la adopción o el cuidado temporal.

“Tengo miedo”, dijo. “Voy a esperar a mi papá siempre”.

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El dolor persistente por un accidente de auto ocurrido hace dos meses, sumado a una vida ya difícil, tiene a Angulo preocupada por su embarazo. Por eso sintió alivio cuando una camioneta móvil de medicina callejera de St. John’s Community Health llegó cerca de su asentamiento en febrero.

“Gracias a Dios que los tenemos”, dijo.

, que opera 28 clínicas, la mayoría en el condado de Los Ángeles, forma parte de la red nacional de clínicas comunitarias sin fines de lucro que atienden a los habitantes más pobres del país. Alrededor del 80% de sus 144.000 pacientes, incluida Angulo, tienen Medi-Cal, la versión de California del programa Medicaid para personas con bajos ingresos o discapacidades.

Pero los recortes federales al gasto de Medicaid bajo la One Big Beautiful Bill, la ley aprobada por los republicanos, sumados al en Sacramento, podrían costarle a St. John’s hasta un tercio de sus ingresos anuales de $240 millones. Eso obligaría a recortar servicios que podrían incluir la medicina callejera, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de la organización.

Si no se reemplaza el financiamiento perdido, clínicas más pequeñas y con menos recursos del condado podrían enfrentar consecuencias aun más duras y hasta cierres.

Por eso Mangia, junto con una coalición de clínicas comunitarias, trabajadores de salud y defensores, impulsa por cinco años en el condado más poblado del país para ayudar a cubrir la pérdida proyectada de fondos federales y estatales.

Hasta ahora, St. John’s ha aportado al menos $2 millones a la campaña.

Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles (Community Clinic Association of Los Angeles County), dijo que no hay muchas opciones para salvar al sistema de salud de un desastre.

“Estamos en una situación crítica y desesperante”, agregó. “Esto tiene el potencial de cambiar el panorama. Compensaría de manera muy significativa las pérdidas”.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio, pese a la oposición de algunas ciudades dentro del condado. Sus líderes argumentaron que el impuesto pondría presión sobre los consumidores y los dueños de negocios.

La mayor parte de en ingresos anuales se usaría para proteger la atención médica de la red de seguridad en clínicas comunitarias, hospitales y escuelas.

Luchando por mantenerse a flote

A nivel nacional, se espera que la ley presupuestaria del Partido Republicano reduzca el gasto federal en Medicaid en a lo largo de 10 años. También podría aumentar en más de el número de personas sin seguro médico.

La propuesta en la boleta del condado de L.A. es una de muchas iniciativas locales y estatales en todo el país, mientras clínicas, hospitales, trabajadores de salud, defensores y legisladores buscan nuevas fuentes de dinero para compensar los recortes.

En Michigan, donde se proyecta que la ley federal le costará al estado , la oficina de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ha propuesto de impuestos sobre el tabaco, productos de vapeo, apuestas en línea, apuestas deportivas y publicidad digital. Calcula que esto generaría cientos de millones de dólares al año.

En Rhode Island, un grupo de legisladores estatales espera aliviar parte del impacto de los recortes federales con un que incluye un impuesto a los anuncios digitales y un recargo del 3% sobre ingresos gravables superiores a aproximadamente $640.000.

“El objetivo no es reemplazar los ingresos, sino reducir el daño”, dijo el representante estatal demócrata Brandon Potter, uno de los legisladores involucrados en estas leyes.

En Washington, el representante estatal demócrata Shaun Scott presentó recientemente una legislación para abordar la pérdida de fondos federales con un impuesto del 5% sobre la nómina de grandes empresas, aplicado a salarios de empleados que superen los $125.000 al año.

En California, la ley republicana reducirá la a Medi-Cal en al año, o 25%. La inscripción en Medi-Cal podría caer en como resultado de los recortes federales y estatales, según un análisis del Centro de UCLA para la Investigación de Políticas de Salud y del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley.

En julio, California reducirá los pagos de Medi-Cal que reciben las clínicas comunitarias por ciertos servicios brindados a pacientes con estatus migratorio “insatisfactorio” en alrededor de . Estos pacientes incluyen residentes permanentes en el país por menos de cinco años, refugiados, personas con asilo y otras personas legalmente presentes.

Preparándose para una “nueva realidad”

Defensores y expertos en salud dicen que encontrar nuevas fuentes de ingresos es la única manera de evitar una crisis en el sistema de salud de California.

“¿Vamos a permitir que los vacíos creados por las políticas federales y los recortes del presupuesto estatal dejen a millones de personas sin seguro?”, dijo Laurel Lucia, subdirectora ejecutiva de programas del Centro Laboral de UC Berkeley. “Gran parte de esa pregunta se reduce a los ingresos”.

Algunos profesionales de la medicina dicen que se necesitan nuevos ingresos en el corto plazo, pero que el país también debe abordar su sistema de salud, conocido por ser costoso.

“Esta nueva realidad es que en el futuro tendremos que hacer nuestro trabajo con menos dinero”, dijo Hector Flores, de la Asociación Médica del Condado de Los Ángeles. “Así que esta es una oportunidad para ver cómo podemos hacer las cosas mejor”.

Mientras tanto, abundan los esfuerzos por aumentar los impuestos para la atención médica.

Los votantes del condado de Santa Clara, hogar de Silicon Valley, aprobaron en noviembre pasado un aumento de 0,625% en el durante cinco años para compensar recortes federales a Medicaid. Una estará en la boleta de junio en el condado de Contra Costa.

La iniciativa más conocida, y muy disputada, es una propuesta en la boleta de California patrocinada por sindicatos para aplicar una única vez a los más de del estado.

El gobernador demócrata Gavin Newsom se opone firmemente; el senador Bernie Sanders (independiente de Vermont) hizo campaña recientemente en California a favor de la propuesta y presentar una versión nacional en el Congreso.

Los promotores del impuesto temporal a la riqueza dicen que recaudaría , que en su mayoría se usarían para cubrir la pérdida de fondos federales y estatales en Medi-Cal y otros programas de la red de seguridad. Estos promotores intentan reunir cerca de 875.000 firmas necesarias para llevar la medida a la boleta de noviembre.

“Estamos al borde de un colapso de nuestro sistema de salud. Así que las personas más afortunadas entre nosotros pagan un impuesto modesto que nos dará tiempo y nos permitirá encontrar una solución a largo plazo”, dijo Suzanne Jimenez, jefa de gabinete del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios–Trabajadores de la Salud Unidos West, principal patrocinador de la medida. “Aun así, seguirían siendo increíblemente ricos”.

Los multimillonarios responden

El plan ha generado gran controversia, no solo en California sino en todo el país, y ha provocado y otros críticos.

Los críticos argumentan que la medida podría hacer que los multimillonarios abandonen California, lo que afectaría la innovación, los empleos y la recaudación fiscal. Algunos también advierten que podría terminar en una batalla legal, ya que quienes tendrían que pagar podrían impugnarla por múltiples vías.

“Si esto se aprobara, se esperaría que quedara frenado en los tribunales por algún tiempo”, dijo Jared Walczak, investigador temporal de la California Tax Foundation. “Es bastante posible que no entre ningún ingreso durante varios años, si es que llega a entrar alguno”.

La posibilidad de estas complicaciones ha llevado a algunos defensores de la salud a enfocarse en iniciativas locales que podrían empezar a generar ingresos más rápido, como el impuesto a las ventas propuesto en el condado de Los Ángeles.

Pero esa medida también tiene críticos, incluidos líderes de varias ciudades del condado que pidieron a los supervisores que rechazaran porque, dicen, aumentaría las preocupaciones por el costo de vida de los consumidores y pondría presión sobre los negocios.

Kathryn Barger, republicana y la única supervisora del condado de Los Ángeles, que se opuso a incluir la medida en la boleta de junio, dijo en un comunicado que el impuesto propuesto haría que el condado fuera “menos accesible para las familias y menos atractivo para que los consumidores compren y las empresas operen”.

Pero los partidarios dicen que la atención médica de la red de seguridad ya está sintiendo el impacto de la reducción de fondos. Por ejemplo, en febrero, el Departamento de Salud Pública del condado anunció que debido a $50 millones en recortes de financiamiento federal, estatal y local.

Los inscritos en Medi-Cal también están preocupados.

“Recibimos muchas llamadas de pacientes en pánico que temen perder su Medi-Cal. Decenas de llamadas al día, cientos de llamadas a la semana”, dijo Mangia, de St. John’s.

“Les decimos que estamos trabajando en una solución y esperamos tener esa solución en junio”.

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Cuando agentes federales de inmigración llegaron a su ciudad, deportaron primero al padre de Gabi y luego a su tía.

Gabi nació en Estados Unidos y es ciudadana estadounidense. Su mejor oportunidad de algún día pararse, o incluso caminar, es una cirugía compleja en las piernas y los pies que estaba programada para enero.

Pero su madre, quien está tan asustada que ni siquiera se anima a sacar la basura, y mucho menos a atravesar la ciudad hasta el hospital, canceló el procedimiento. (En este artículo, ���ϳԹ��� News y NPR acordaron identificar solo parcialmente a los pacientes y a sus familias porque temen convertirse en blanco de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump).

“Quiero más que nada, mi deseo, es que mi bebé empiece a caminar”, dijo su madre, mientras Gabi se movía en sus brazos, con una sonda de alimentación que salía de su estómago conectada a un soporte de suero intravenoso. “Pero con la situación que está pasando, cancelé la cita de cirugía porque le van a hacer cirugía en sus piernas y todas las citas de terapia física; lo cancelé todo. Porque tengo miedo de salir”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró el fin de lo que llamó Operation Metro Surge (Operación Metro Surge), llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Aun así, trabajadores de salud dicen que los agentes de inmigración siguen apostados en los estacionamientos de hospitales. Y drones sobrevuelan zonas agrícolas en las afueras de Minneapolis, donde inmigrantes somalíes y latinos se han establecido en los últimos años.

La ofensiva en Minnesota mostró el alcance del sistema de vigilancia y detención que la administración Trump está utilizando para desarraigar a comunidades inmigrantes del país y su fuerte impacto en el sistema de salud.

Crisis de salud similares surgieron dondequiera que se concentraron oficiales de inmigración en el último año.

En Dallas, clínicas de salud pública administraron unas 6.000 vacunas a latinos en agosto pasado, la mitad que en un programa similar un año antes. En Chicago, a diario, doctores redirigieron a los pacientes de una clínica a otra dependiendo de la actividad de ICE.

En todo el país, las redadas redujeron las visitas de inmigrantes a servicios de salud.

En Minnesota, los sistemas de salud reportaron tasas de cancelación y ausencias de hasta el 60 % desde diciembre. Un vocero del DHS culpó a los manifestantes por la interrupción. “Si alguien está impidiendo que los estadounidenses asistan a citas o recojan recetas, es un agitador violento que está bloqueando carreteras, embistiendo vehículos y dañando propiedad”, dijo.

Mientras residentes de Minnesota protestaban en las calles contra el operativo, doctores y enfermeras organizaron en silencio redes médicas informales para atender a pacientes en sus casas y evitar ser detectados.

“Antes miraba a alguien a los ojos y decía, de buena fe: ‘Estarás bien en el hospital’”, dijo Emily Carroll, enfermera especializada en HealthFinders Collaborative, una clínica comunitaria en Faribault, a unas 50 millas al sur de Minneapolis. “Pero ahora no puedo garantizar eso”.

A medida que miles de agentes federales se retiran de Minneapolis, otras comunidades deben prepararse, dijo la senadora estatal demócrata de Minnesota, Alice Mann, quien es médica.

“Sé que suena extraño”, dijo, pero los proveedores de salud “necesitan empezar una red clandestina para llevar atención médica a las casas. Porque dejar que la gente muera en su hogar o que esté al borde de la muerte por miedo a ir al hospital, en 2026, es inaceptable”.

El operativo causa daños

Los médicos dicen que las visitas a domicilio pueden ser la única forma de llegar a quienes todavía se sienten bajo amenaza. En Los Ángeles, desde junio, St. John’s Community Health llevó atención médica a unas 2.000 familias inmigrantes demasiado asustadas para salir durante un operativo migratorio, después de que las ausencias a citas superaran el 30%, dijo Jim Mangia, presidente de la organización.

Muchas de las grandes instituciones de salud de Minnesota han recurrido a la telemedicina y han usado menos la atención en el hogar.

No así Munira Maalimisaq, cofundadora de Inspire Change Clinic en el vecindario Ventura Village de Minneapolis. Después de que cerca de un tercio de sus pacientes dejara de ir a sus citas, “pensé: ‘Tenemos que hacer algo’”, dijo la enfermera especializada. Entonces llamó a una amiga doctora. ¿Y si empezaran a ver pacientes en sus casas?

“Y ella dijo: ‘¿Sabes qué? Hagámoslo’”.

Ahora cuentan con unos 150 doctores, un equipo voluntario de “respuesta rápida” que ha realizado más de 135 visitas domiciliarias. Su primera llamada fue para ver a una mujer cuyo esposo había sido deportado. Estaba en casa con sus hijos, con 39 semanas de embarazo y en trabajo de parto. Maalimisaq llamó a una obstetra voluntaria y fueron a la casa.

“Tenía 8 centímetros de dilatación”, dijo Maalimisaq, “y no quería que llamáramos a una ambulancia. Decía: ‘¿Puedo tener al bebé aquí?’”.

La mujer no era una buena candidata para un parto en casa, dijo Maalimisaq. La convencieron de ir al hospital en el auto de Maalimisaq, un Tesla pequeño con asientos blancos. “Todo lo que podía salir mal, estaba ahí”.

Pero llegaron al hospital a tiempo y la mujer tuvo un parto seguro y saludable. “Si no hubiéramos estado allí, no puedo imaginar lo que habría pasado”.

En otras visitas, dijo, ha visto “personas tan estresadas que se arrancaban el cabello”. Contó que conoció a una madre que estaba racionando el medicamento anticonvulsivo de su hijo, aunque el niño había tenido “una convulsión tras otra”.

La administración Trump afirma que su operativo en Minnesota mejoró la seguridad pública. “Desde que comenzó la Operación Metro Surge, nuestros valientes agentes del DHS han arrestado a más de 4.000 extranjeros indocumentados con antecedentes penales, incluidos asesinos, violadores, pedófilos y personas extremadamente peligrosas”, dijo Tricia McLaughlin, vocera del DHS.

El DHS anunció la semana del 16 de febrero que McLaughlin dejará su cargo.

Funcionarios correccionales de Minnesota dijeron que muchas personas acusadas de delitos fueron entregadas directamente a ICE por prisiones y cárceles estatales o del condado. Y en enero fueron personas con condenas penales, según datos del DHS. Muchos menos habían sido condenados por delitos violentos.

Agentes afuera de hospitales y clínicas

En el primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump anuló una política de 2011 que prohibía la aplicación de leyes migratorias en “lugares sensibles” como iglesias, escuelas y hospitales.

En Northfield, a unas 45 millas al sur de Minneapolis, agentes del ICE han estado sentados en sus autos durante horas, al menos dos veces por semana, fuera de clínicas de salud, incluida una que opera el hospital del pueblo, dijo Carroll. Los agentes han realizado arrestos en la zona casi todos los días, según Carroll y sus colegas.

“El ICE no realiza operativos en hospitales, punto”, dijo McLaughlin.

Una mañana reciente, tres vehículos del ICE estaban en el estacionamiento de una iglesia bautista frente a una escuela primaria en Northfield, mientras voluntarios transportaban a 35 hijos de inmigrantes hacia y desde la escuela para que sus padres no tuvieran que salir, dijo Carroll.

“El ICE no va a las escuelas para arrestar a niños; estamos protegiendo a los niños”, dijo McLaughlin.

Drones sobrevuelan la mayoría de las noches y a veces durante el día, sobre un parque de casas móviles donde viven principalmente inmigrantes que se mudaron a la zona para trabajar en agricultura y manufactura en los últimos 15 años. Las familias cubren las ventanas con papel, dijo Carroll.

“No puedes sentirte seguro en ningún lugar”, dijo. “Camino a la escuela, camino a la clínica, puedes encontrarte con el ICE. El miedo y la sensación de estar atrapados que viven estas familias son inaceptables”.

Ese miedo significa que pacientes con diabetes y enfermedades cardíacas están perdiendo controles de azúcar en sangre y de anticoagulación. No están haciendo ejercicio y las personas con enfermedades crónicas están empeorando, dijo Calla Brown, pediatra en Minneapolis.

En la clínica de Faribault, donde trabaja Carroll, el personal entrega medicamentos, comida y otras necesidades a los pacientes. Un empleado transporta cada día a 12 estudiantes de escuela media y secundaria en una camioneta de la clínica.

Algunos pacientes reciben atención en casa. Carroll diagnosticó recientemente a un bebé con influenza y les dijo a los padres que no era una amenaza inmediata, por ahora.

“‘Si ven que el bebé tiene dificultad para respirar, si no está comiendo, si no moja pañales, tienen que ir al hospital’”, contó Carroll que les dijo. “‘No puedo prometer que sea seguro. Pero tienen que ir’”.

“Somos amables entre nosotros”

En Minneapolis, la enfermera partera Fernanda Honebrink pasa la mayor parte del día llamando, coordinando y trasladándose entre un grupo creciente de personas con miedo que permanecen en sus casas. Prefiere no llamarlo una red médica clandestina.

“Es más bien así como funcionamos en Minnesota”, dijo Honebrink, ciudadana estadounidense que emigró de Ecuador hace 23 años. “Somos amables entre nosotros”.

Honebrink pasó una tarde reciente en la casa de una familia con un bebé. Sus padres, Alex e Isa, quieren que reciba vacunas y análisis de sangre en su cita de control cuando cumpla 1 año.

Pero no han salido de su apartamento en más de un mes. “No sabes qué es más importante: salir por su bienestar o salir pensando que quizás no regreses”, dijo Alex.

La pareja venezolana entró legalmente a Estados Unidos en 2024 bajo un programa llamado Humanitarian Parole, que Trump finalizó en mayo. Desde entonces, agentes federales han detenido y deportado trabajadores de una empresa donde Alex, ingeniero mecánico, trabajaba en construcción.

Han visto vehículos del gobierno afuera de su casa. Dijeron conocer a un hombre que tenía documentos de trabajo válidos, pero fue detenido cuando caminaba a la iglesia un domingo, trasladado a Texas y luego enviado en avión a Venezuela. Era una perspectiva aterradora para quienes huyeron de la dictadura y la crisis económica de ese país.

“Se siente como un ataque psicológico”, dijo Alex. “La posibilidad de ser separado de tu familia”.

Isa, abogada en Venezuela, ha sufrido depresión posparto, encerrada durante semanas en su apartamento. El programa estatal que proporcionaba seguro médico a todos los inmigrantes terminó el 1 de enero. Una terapeuta la llama ocasionalmente sin costo.

Ha intentado sostener a la familia vendiendo pasteles y collares hechos en casa y cuidando niños.

Su mayor temor es que la separen de su hijo, que nació en Estados Unidos y es ciudadano. No había considerado esa posibilidad hasta que un conocido le sugirió firmar para designar a alguien para la custodia temporal en caso de que fuera deportada.

“Fue algo que nunca imaginé”, dijo Isa, llorando al recordarlo. “¡Es mi bebé! ¡No es de otra persona! ¿Qué? ¿Mi bebé se quedaría aquí con alguien más?’’

Honebrink intervino de inmediato: “Yo me haré responsable de él. Firmaré el formulario”.

Más tarde dijo a una reportera: “Le dije a mi esposo que no haría eso. Ya he firmado como patrocinadora de cuatro niños”.

En cuanto salió del apartamento, Honebrink volvió al teléfono y coordinó con pediatras, programadores de clínicas y voluntarios locales. En pocas horas, había conseguido una nueva cita de control para el bebé y había encontrado un conductor verificado para transportar a la familia.

“Una persona blanca”, explicó Honebrink.

Dos días después, envió una foto de su pequeña victoria: el bebé de Alex e Isa con una curita en las piernas. “Recibió sus vacunas”, escribió por mensaje de texto. “Estoy muy feliz”.

Pero otras necesidades médicas no pueden resolverse con la misma rapidez. Una noche de febrero, Honebrink visitó a Gabi y a su madre con el baúl del auto lleno de toallitas húmedas, pañales y juguetes donados.

La cirugía de Gabi fue reprogramada para agosto. Su madre dijo que espera que para entonces sea seguro salir de casa.

“Antes llevaba a los niños al parque, pero ahora no salimos para nada”, dijo. “Agarran a la gente y la maltratan. Da miedo salir. ¡Ojalá que se termine pronto lo que está pasando!”.

Jackie Fortiér, de ���ϳԹ��� News, colaboró con este artículo.

[Aclaración: Este artículo fue revisado a las 11 am ET del 6 de marzo de 2026, para aclarar que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se habían posicionado cerca de clínicas, incluida una propiedad de un hospital].

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Allí, esperó. Reyes, ahora de 51 años, solicitó reiteradas veces el procedimiento, según una contra el gobierno federal, pero pasaron meses, aunque había sangre en su orina, una señal de que el cáncer podía haberse propagado.

“Puede haber pasado de ser muy tratable a estar metastásico”, dijo , quien, como abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), está involucrado en la demanda.

“Hay poblaciones vulnerables; está abarrotado. No hay atención médica suficiente para manejar el aumento en el número de personas enfermas”, dijo Virgien.

El esfuerzo de deportación masiva del presidente Donald Trump ha llevado a un número récord de inmigrantes detenidos en centros federales, cárceles locales y prisiones privadas. La situación pone en riesgo la salud de los detenidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está violando normas que garantizan que los inmigrantes reciban exámenes médicos iniciales, atención de rutina y respuestas oportunas a quejas físicas, según una revisión de más de 200 páginas de , informes de y publicados, e realizadas por demócratas.

Las quejas sobre la atención médica inadecuada en los centros de detención podrían aumentar la reacción política que enfrenta Trump por su campaña agresiva de deportación, incluido en Minneapolis.

Miembros demócratas del Congreso han insistido en limitar a los agentes federales de inmigración como parte de un proyecto de ley de gastos de 2026 para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), un estancamiento que amenaza con cerrar en gran medida la agencia.

Voceros del ICE y del Cuerpo de Servicios de Salud del ICE (IHSC, por sus siglas en inglés), del DHS y de la Casa Blanca no respondieron a solicitudes repetidas de comentarios para este artículo. El IHSC evalúa la salud para la deportación, supervisa las normas médicas en instalaciones contratadas y reembolsa la atención médica fuera de los centros.

Sin embargo, en el , el director asistente Stewart Smith dijo que el cuerpo “mantiene las normas de atención médica en todas las instalaciones propias y contratadas por el ICE y garantiza la prestación de la atención médica requerida para los extranjeros detenidos”. Por su parte, el señala que “muchos extranjeros pueden no haber recibido tratamiento médico reciente o confiable para condiciones existentes antes de ingresar bajo custodia de ICE. Para algunas personas, esta puede ser su primera oportunidad de acceso a atención médica integral”.

Algunos legisladores demócratas han exigido informes de autopsia de detenidos que murieron bajo custodia y han acusado públicamente al ICE de negar a los inmigrantes el acceso a atención. La representante Kelly Morrison (demócrata de Minnesota) dijo que un que visitó en el histórico Fort Snelling del estado no tenía normas médicas ni “atención médica real” en el lugar.

“Hace sonar alarmas desde una perspectiva médica y de salud pública”, dijo Morrison, quien es doctora, a ���ϳԹ��� News. “No hay camas, no hay mantas, hay comida mínima. Hace mucho frío. Todos están con grilletes en las piernas. Es caótico, desorganizado y, francamente, peligroso”.

La (demócrata de Texas) denunció recientemente la atención médica de los detenidos en una que realizó después de visitar a , un niño de 5 años en Minneapolis que fue enviado al Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas. Crockett fue al centro luego de informes de medios que señalaban que el niño había desarrollado fiebre y estaba en .

“El trato que estas personas están sufriendo en este momento es peor que el de quienes son acusados y a veces incluso condenados por delitos. Así de grave es”, dijo.

El DHS cerró Dilley este mes después de que dos detenidos . El centro también alberga a niños que son vulnerables a complicaciones graves de la enfermedad, como inflamación cerebral.

El (demócrata de Connecticut) acusó el 1 de febrero al gobierno de negarle la entrada a Dilley a finales de enero para .

Y recientemente se reportaron en un centro en .

La preocupación pública está aumentando, con casi el 60% de los votantes que cómo Trump ha manejado la inmigración, según una encuesta reciente realizada por la y The New York Times.

El tipo y el alcance de los servicios de salud que deben recibir los inmigrantes adultos dependen en parte de dónde estén detenidos. Las normas de detención de ICE se aplican a centros específicos, como prisiones privadas que albergan tanto a reclusos como a detenidos, mientras que se requieren en instalaciones que generalmente alojan a .

A pesar de las diferencias, se esperan . Los inmigrantes deben recibir una evaluación médica, dental y de salud mental cuando llegan, y deben tener acceso diario a consulta médica por enfermedad, atención de emergencia las 24 horas y otros servicios, incluida atención preventiva, exámenes, diagnóstico y tratamiento.

Las normas existen para “garantizar que los detenidos sean tratados de manera humana; que se los proteja de daños; reciban atención médica y de salud mental adecuada; y reciban los derechos y protecciones a los que tienen derecho”, según las , revisadas el año pasado.

Pero el incumplimiento de la agencia de sus propias normas está dejando a los detenidos inmigrantes en riesgo de emergencias médicas y muerte, complicaciones por afecciones crónicas no tratadas e infección con enfermedades contagiosas, según , e .

El DHS ha criticado algunas de las investigaciones como falsas, incluido un informe del (demócrata de Georgia) sobre mujeres embarazadas y niños en detención.

“Los centros de detención del ICE tienen normas más altas que la mayoría de las prisiones en EE.UU. que detienen a ciudadanos estadounidenses. Todos los detenidos reciben atención médica integral y comidas adecuadas”, dijo Tricia McLaughlin, vocera del DHS, en . El 17 de febrero, McLaughlin anunció que .

Supervisión debilitada, menos infraestructura

El acceso a servicios de salud adecuados se ha visto amenazado por el aumento del número de detenidos, la falta de supervisión del gobierno de Trump y un retraso en el procesamiento de reclamos médicos que ha puesto en riesgo la atención, dicen defensores, abogados y algunos doctores.

“Los desafíos se han agravado porque el ritmo de las expulsiones no ha seguido el ritmo de las detenciones. Eso agrava el problema”, dijo , directora asociada de KFF (organización sin fines de lucro de la que ���ϳԹ��� News es parte). “Hay más problemas de salud pública cuando los centros están abarrotados”.

El número de inmigrantes en detención aumentó de unos 40.000 en noviembre de 2023 bajo el ex presidente Joe Biden a personas a mediados de enero, según el American Immigration Council, un grupo que se enfoca en litigios e investigación.

Al mismo tiempo, el gobierno de Trump ha debilitado la supervisión de las condiciones y los servicios de salud en los centros de detención. Redujo el personal en la oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes del DHS, lo que en la práctica cerró la mayoría de sus operaciones, según un análisis de KFF y el Economic Policy Institute, una organización sin fines de lucro de investigación económica.

La ha sido “examinar de manera independiente la detención de inmigrantes para promover condiciones seguras y humanas”, según la agencia. Actualmente, el DHS enfrenta un cierre parcial del gobierno debido a la oposición de los demócratas a de financiamiento para la agencia. Tal como fue impulsada por los republicanos, la medida eliminaría por completo el financiamiento del defensor del pueblo.

También hay largos retrasos en el procesamiento de pagos de atención médica para detenidos a doctores y hospitales externos, un obstáculo que, según defensores y el gobierno federal, pone en riesgo la atención.

El Centro de Servicios Financieros del Departamento de Asuntos de Veteranos tuvo durante mucho tiempo un contrato con el ICE para procesar reclamos por atención fuera de los centros de detención, como tratamientos oncológicos o diálisis.

Republicanos en el Congreso y afirmaron que desviaba recursos de los veteranos.

En octubre, Asuntos de Veteranos las reclamos de los detenidos. Documentos que el ICE publicó en un sitio web federal de contrataciones indicaron que esta terminación “creó una emergencia” al comprometer la capacidad de reembolsar a proveedores y dejó a la agencia sin un mecanismo para brindar servicios como pruebas de tuberculosis, transporte médico no urgente y compra de equipo médico.

“Es una emergencia absoluta que el ICE obtenga de inmediato apoyo para procesar reclamos porque la falta de este apoyo retrasará atención médica crítica … como diálisis, atención prenatal, oncología, quimioterapia, etc.”, según publicados a finales de 2025 en , un sistema federal de datos de contratos.

Se ha contratado a un nuevo procesador de reclamaciones, , pero el ICE ha dicho en su sitio web que no se procesará ninguna reclamación hasta el 30 de abril. Defensores dicen que no está claro si los detenidos están recibiendo acceso a atención externa según sea necesario y señalan que los retrasos también están desalentando a proveedores médicos a ofrecer servicios a los inmigrantes.

“El DHS ha firmado un nuevo contrato para procesar estos reclamos y actualmente está incorporando al proveedor”, dijo Pete Kasperowicz , vocero de Asuntos de Veteranos. “Mientras tanto, el VA está apoyando esta transición hasta mayo para asegurar que las reclamaciones se procesen adecuadamente”.

Muertes bajo custodia

El que ocho detenidos han muerto bajo custodia en lo que va de 2026, con 33 muertes de detenidos en 2025 y 11 en 2024. Sin embargo, algunos defensores y legisladores cuestionan esas cifras y dicen que los totales excluyen a detenidos que murieron mientras eran arrestados o bajo el cuidado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Demócratas en la Cámara de Representantes, en el Comité de Seguridad Nacional, dicen que 53 personas han muerto bajo custodia del ICE o la CBP desde que Trump asumió el cargo. Están al DHS, incluidos informes de cada autopsia, requisitos de personal para profesionales médicos y grabaciones de video de un detenido que murió en Texas.

“Estamos indignados” por las muertes, según una carta del 22 de enero firmada por 13 legisladores. “Es evidente y trágico que el ICE no está dispuesto o no puede proporcionar atención básica a los detenidos”.

Los demócratas señalaron la muerte de , de 55 años, nacido en Cuba. Murió el 3 de enero en un centro de detención en Fort Bliss, Texas, después de que el ICE dijera que presentó una emergencia médica. Había sido detenido casi seis meses antes.

“En ningún momento durante la detención se niega atención de emergencia a un extranjero detenido”, dijo el ICE en una declaración del 9 de enero sobre esa muerte.

La Oficina del Médico Forense del condado de El Paso determinó que ocurrido después de que Campos fuera inmovilizado por las fuerzas del orden.

Mientras, otros inmigrantes siguen esperando atención. Reyes, quien necesitaba una biopsia por un posible cáncer de próstata, finalmente se realizó la prueba, pero a principios de febrero no había recibido resultados. “Está en un dolor constante y agonizante”, según la demanda presentada en el Distrito Norte de California.

El 10 de febrero, un juez federal ordenó al ICE y al DHS proporcionar a a los detenidos y realizar supervisión externa, incluidas inspecciones en el lugar del centro de detención.

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Ese destino reunía dos promesas de Trump: su viejo anhelo de usar la base que está fuera del país para sacar a “tipos malos” de Estados Unidos y el compromiso, que hizo poco después de asumir la presidencia el año pasado, de llevar allí a miles de personas sin ciudadanía estadounidense. La base naval es conocida por el uso de y el hacia hombres sospechosos de terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

“Las asignaciones normalmente no se pueden rechazar”, dijo Stewart. Pero le rogó a la oficina de coordinación y finalmente encontraron a otra enfermera para reemplazarla.

Oficiales del Servicio de Salud Pública que trabajaron en Guantánamo el año pasado describieron las condiciones en las que se encontraban los detenidos, algunos de los cuales se enteraron de que estaban en Cuba gracias a los médicos y enfermeros enviados para atenderlos.

Estos funcionarios dijeron que habían tratado a inmigrantes que estaban detenidos en una prisión oscura llamada Camp 6, donde no entra la luz del sol.

���ϳԹ��� News acordó no revelar los nombres de estos oficiales porque temen sufrir represalias por lo que han contado. Antes, esa cárcel había albergado a personas con supuestos vínculos con al-Qaeda. Los oficiales dijeron que no recibieron información previa sobre las tareas que podrían desempeñar en la base.

Aunque el Servicio de Salud Pública no es parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sus oficiales —unos 5.000 médicos, enfermeras y otros trabajadores de salud— están uniformados y actúan como soldados con estetoscopio en situaciones de emergencia. El gobierno los despliega ante catástrofes naturales, como huracanes, o en el caso de incendios forestales, tiroteos masivos y brotes de sarampión. En tiempos normales, ocupan puestos en distintas agencias federales.

Las ordenadas por el gobierno de Trump para frenar la inmigración han creado una nueva clase de emergencia de salud pública, ya que la cantidad de personas en custodia alcanza . Según datos de la (ICE, por sus siglas en inglés), actualmente hay unos 71.000 inmigrantes encarcelados; la mayoría sin antecedentes penales.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, recordó: “El presidente Donald Trump ha sido muy claro: Guantánamo albergará a lo peor de lo peor”. Sin embargo, han informado que muchos de los hombres enviados a la base no tienen condenas criminales. Un , publicado en mayo, reveló que hasta el 90% fue clasificado como “de bajo riesgo”.

, el gobierno de Trump ha enviado a Guantánamo, de manera irregular y por etapas, a unos 780 no ciudadanos. La cifra varía a medida que llegan nuevos detenidos y otros son devueltos a Estados Unidos o deportados a terceros países.

Si bien algunos oficiales del Servicio de Salud Pública ya habían brindado atención médica a inmigrantes detenidos en el pasado, esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que Guantánamo se utiliza para alojar a inmigrantes que residían en el país. Los oficiales dijeron que las asignaciones a ICE se están volviendo cada vez más frecuentes. Tras esquivar Guantánamo, a Stewart se le ordenó presentarse en un centro de detención de ICE en Texas.

“A los oficiales de salud pública se nos está pidiendo que contribuyamos a una crisis humanitaria creada deliberadamente”, afirmó.

Como no encontró la manera de rechazar misiones que consideraba inaceptables, Stewart, tras una década de servicio, renunció. Esto significó que también perdió la posibilidad de obtener una pensión que se otorga después de 20 años en esa función.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado”, contó. “Era el trabajo de mis sueños”.

Una de sus colegas en el Servicio de Salud Pública, la enfermera Dena Bushman, enfrentó un dilema moral similar cuando recibió una notificación para presentarse en Guantánamo pocas semanas después del tiroteo en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en agosto. Bushman, que trabajaba en los CDC, pospuso su presentación gracias a un permiso médico debido al estrés y al duelo. Pero comenzó a preguntarse si debía renunciar y finalmente lo hizo.

“Puede sonar exagerado”, dijo Bushman. “Pero cuando estaba tomando esta decisión, no podía evitar pensar que quienes alimentaban a los prisioneros en los campos de concentración también eran parte del régimen nazi”.

Aunque otros han renunciado, muchos oficiales decidieron permanecer en sus cargos. Están alarmados por las tácticas de Trump, pero también piensan que las personas detenidas necesitan atención médica, argumentaron varios oficiales del Servicio de Salud Pública a ���ϳԹ��� News.

“Hacemos lo mejor que podemos para atender a la gente en este desastre”, dijo una enfermera que trabajó en centros de detención el año pasado.

“Respeto a las personas y las trato como seres humanos”, añadió. “Intento ser una luz en la oscuridad, la mujer que logra sacar una sonrisa en medio de este horrible caos”.

Los oficiales admitieron que su capacidad para proteger a los detenidos es limitada, en un sistema que se caracteriza por el hacinamiento, la desorganización y el trauma psicológico derivado de la incertidumbre, las separaciones familiares y la privación del sueño.

“Garantizar la seguridad, protección y bienestar de quienes están bajo nuestra custodia es una máxima prioridad para el ICE”, dijo Tricia McLaughlin, vocera principal del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado enviado por correo electrónico a ���ϳԹ��� News.

El almirante Brian Christine, secretario adjunto de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que supervisa el Servicio de Salud Pública, escribió en un correo electrónico: “Nuestro deber es claro: decir ‘¡Sí, señor!’, saludar con firmeza y cumplir la misión: presentarse, brindar atención humanitaria y proteger la salud”. Christine . Hasta hace poco era urólogo, especializado en testosterona y fertilidad masculina.

“En la búsqueda de una moralidad subjetiva o de demostraciones públicas de virtud —agregó—, corremos el riesgo de abandonar a las mismas personas a las que prometimos servir”.

Hacia lo desconocido

En los meses previos a su renuncia, Stewart reflexionó sobre misiones que tuvo durante el primer mandato de Trump, cuando la enviaron a centros de procesamiento migratorio operados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Recordó una celda de cemento en Texas donde se encontraban detenidas 50 mujeres.

“Lo más significativo que logré fue convencer a los guardias de que les permitieran a las mujeres, que llevaban una semana allí, tomar una ducha”, dijo. “Presencié enormes sufrimientos, sin tener muchas herramientas para aliviarlos”.

Stewart conversó con Bushman y otros oficiales del Servicio de Salud Pública que estaban en los CDC el año pasado. Allí colaboraban en la respuesta a brotes de sarampión o investigaciones sobre infecciones de transmisión sexual, entre otras tareas. Su presencia se volvió crucial luego de que la administración Trump despidiera a gran parte de los empleados de los CDC.

Stewart, Bushman y algunos otros funcionarios del Servicio de Salud Pública en los CDC contaron que se reunieron con mandos intermedios para pedir información sobre las asignaciones.

Si iban a Guantánamo y a centros del ICE, ¿cuánta autoridad tendrían para brindar la atención médica que consideraban necesaria? Si veían algo poco ético, ¿cómo podían denunciarlo? ¿Se investigaría? ¿Estarían protegidos contra las represalias?

Stewart y Bushman dijeron que solo les dieron el número de teléfono de una oficina del USPHS al que podían llamar si tenían alguna queja mientras estuvieran asignados. Por lo demás, afirmaron que sus preguntas quedaron sin respuesta. Renunciaron y, por lo tanto, nunca fueron a Guantánamo.

Oficiales del PHS que sí fueron enviados a la base dijeron a ���ϳԹ��� News que no recibieron detalles sobre sus posibles funciones —ni sobre los protocolos para la atención médica— antes de llegar.

Stephen Xenakis, general retirado del Ejército y psiquiatra que ha asesorado sobre atención médica en Guantánamo durante dos décadas, dijo que eso era preocupante. Señaló que el personal de salud debería saber qué se espera de ellos antes de ser enviado.

Las consecuencias de una preparación insuficiente pueden ser graves.

En 2014, la Marina amenazó con llevar a a uno de los enfermeros destinados a Guantánamo porque se había negado a alimentar por la fuerza a prisioneros en huelga de hambre, que protestaban por el trato inhumano y la detención indefinida.

El protocolo : el prisionero era inmovilizado en una silla con cinco puntos de sujeción mientras los enfermeros le introducían una sonda por la nariz hasta el estómago para administrarle alimento líquido.

“No recibió instrucciones claras sobre cómo se realizarían estos procedimientos en Guantánamo”, explicó Xenakis. “Hasta que lo vio, no entendía lo doloroso que era para los detenidos”.

La Asociación Estadounidense de Enfermeros y la organización Médicos por los Derechos Humanos respaldaron al enfermero, afirmando que su objeción se basaba en . Un año después, el ejército retiró los cargos.

El poder de un médico o de un enfermero uniformado suele depender de su rango, de su supervisor y de las cadenas de mando, agregó Xenakis. Él ayudó a poner fin a algunas prácticas inhumanas en Guantánamo hace más de una década, cuando junto con otros generales y almirantes retirados su rechazo a ciertas técnicas de interrogatorio, por ejemplo, una conocida como en la que los interrogadores golpeaban la cabeza de personas detenidas sospechosas de terrorismo contra una pared, provocándoles leves conmociones cerebrales.

Xenakis sostuvo que la ciencia no respaldaba el “walling” como un método eficaz de interrogatorio y que, además, era una práctica poco ética, equivalente a la .

No se han denunciado casos de tortura en la operación migratoria  en Guantánamo, pero , obtenidos a través de una solicitud de la Freedom of Information Act (Ley de Libertad de Información) por parte de American Oversight, un grupo que vigila acciones gubernamentales, apuntan a la preocupación por los detenidos que recurren a huelgas de hambre y autolesiones.

“Controles de bienestar ante posibles huelgas de hambre de IA”, indica una nota del 30 de abril de un contratista que trabaja con el ICE. IA es la sigla de illegal aliens (extranjeros en situación irregular). El informe agrega que, “en caso de una huelga de hambre u otras emergencias”, el Servicio de Salud Pública (PHS) y el ICE coordinarán políticas y procedimientos.

“Reducción de la posible huelga de hambre a nivel del módulo/posibles disturbios”, dice un registro del 8 de julio. “Hablar con el extranjero que se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio para evaluar su bienestar”.

e han señalado demoras en la atención médica y condiciones peligrosas en centros de detención migratoria, como hacinamiento y falta de higiene.

En 2025, murieron 32 personas bajo custodia del ICE, lo que lo convirtió en el año más letal en dos décadas.

“Están arrestando y deteniendo a más personas de las que sus instalaciones pueden albergar”, comentó un oficial del Servicio de Salud Pública. El problema más frecuente que este oficial observó entre los inmigrantes encarcelados es psicológico. Les preocupaba no volver a ver a sus familias o ser deportados a países donde temían ser asesinados. “La gente está aterrada”, dijo el oficial.

Sin la luz del sol

Los oficiales que estuvieron en Guantánamo dijeron que los hombres detenidos se alojaban en barracas de baja seguridad, con unas pocas personas por cuarto, o en Camp 6, una instalación de alta seguridad que no tiene luz natural.

Los informes del ICE distinguen las dos áreas por su ubicación en la isla: Leeward para las barracas y Windward para Camp 6. Unos enviados a Guantánamo entre diciembre y enero han permanecido en Camp 6.

Un hospital naval de la base atiende principalmente a personal militar y residentes que no están detenidos, y tiene capacidad limitada, contaron los oficiales.

Para evitar costosas evacuaciones médicas a Estados Unidos, los inmigrantes fueron evaluados antes de ser trasladados a Guantánamo. En general, se excluyeron a personas mayores de 60 años o que requerían medicación diaria para diabetes o hipertensión. Aun así, algunos detenidos han tenido que ser evacuados de regreso a Florida.

Médicos y enfermeros del Servicio de Salud Pública dijeron que volvían a evaluar a los detenidos cuando llegaban y ofrecían atención continua, tratando casos de malestar gastrointestinal y depresión. Un informe mensual del ICE señala: “El psicólogo del USPHS inició un grupo de ejercicio” para los detenidos.

Las solicitudes de estudios médicos solían ser rechazadas por obstáculos logísticos y por la cantidad de agencias involucradas en la base. Incluso una prueba de laboratorio común, como un hemograma completo, tardaba semanas, cuando en Estados Unidos toma solo unas horas.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, que coordinan la operación migratoria en Guantánamo, no respondieron a solicitudes de comentarios.

Un oficial que ayudaba en los chequeos médicos iniciales dijo que muchos detenidos se sorprendían al enterarse de que estaban en Guantánamo.

“Les decía: ‘Lamento que estés aquí’”, contó. “Nadie se alteraba. Era la enésima vez que los trasladaban”. Algunos llevaban cinco o seis meses detenidos en distintos centros y querían volver a sus países. El personal de salud no tenía respuesta ni solución.

A diferencia de los centros del ICE en Estados Unidos, Guantánamo no ha estado sobrepoblado. “Nunca he estado tan desocupada”, dijo una oficial. Guantánamo, una base militar en una isla tropical, ofrece actividades como yoga y kickboxing para quienes no están presos. Aun así, la oficial dijo que preferiría estar en su casa y no en esa misión pagada con fondos públicos.

Transportar personal e insumos a la isla y mantenerlos en la base es sumamente costoso. Según un análisis de de 2025 basado en datos del Departamento de Defensa, el gobierno gastaba unos $16.500 al día por cada detenido en Guantánamo. (En comparación, el costo promedio por detenido en un centro del ICE en Estados Unidos es de $157 diarios).

Aun así, el presupuesto : el Congreso otorgó al ICE una cifra récord de $78.000 millones para el año fiscal 2026, muy por encima de los $9.900 millones de 2024 y los $6.500 millones de hace casi una década.

El año pasado, la administración Trump también del presupuesto de defensa nacional hacia operaciones migratorias, según un informe de congresistas demócratas. De ese monto, unos $60 millones se destinaron a Guantánamo.

“Detener a no ciudadanos en Guantánamo es mucho más costoso y complejo logísticamente que hacerlo en centros del ICE dentro de Estados Unidos”, escribió Deborah Fleischaker, ex subdirectora del ICE, en presentada como parte de una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a comienzos del año pasado.

En diciembre, un juez federal rechazó la petición del gobierno de Trump para desestimar otro caso de la ACLU que cuestionaba la legalidad de detener inmigrantes fuera del país.

Anne Schuchat, quien sirvió en el Servicio de Salud Pública por 30 años antes de jubilarse en 2018, advirtió que estas misiones podrían tener consecuencias para la seguridad del país. “Una de las mayores preocupaciones siempre ha sido tener suficientes oficiales disponibles para emergencias de salud pública”, recordó.

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afirmó que las asignaciones migratorias no afectan la capacidad de respuesta del Servicio de Salud Pública ante otras emergencias.

En el pasado, estos oficiales han montado refugios médicos durante huracanes en Louisiana y Texas, implementado pruebas de covid en los primeros meses de la pandemia, y brindado apoyo tras la masacre en la escuela Sandy Hook y el atentado en la Maratón de Boston.

“Es importante que la gente sepa cuántos recursos del gobierno se están usando para que la administración actual pueda llevar adelante esta agenda”, dijo Stewart, una de las enfermeras que renunció. “Esta es una de las cosas que probablemente nos está convirtiendo en el tipo de países contra los que alguna vez estuvimos en guerra”.

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Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el gobierno reembolsa a los hospitales el costo de la atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.

Pero si los hospitales no revelan que la información personal de los pacientes se comparte con las autoridades migratorias federales, estos podrían no saber que su cobertura médica los expone al riesgo de ser localizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los hospitales le dicen a la gente que sus datos de Medicaid de Emergencia se compartirán con el ICE, es previsible que muchos inmigrantes simplemente dejen de buscar tratamiento médico de emergencia”, afirmó , profesor investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia son partos de bebés ciudadanos estadounidenses. ¿Queremos que esas madres eviten ir al hospital cuando comienzan el trabajo de parto?”, agregó.

Durante más de una década, hospitales y estados aseguraron a los pacientes que su información personal, incluyendo su estatus migratorio y la dirección de su casa, no sería compartida con funcionarios de inmigración cuando solicitaban cobertura médica federal.

Un garantizaba que la agencia no usaría información de solicitudes de cobertura médica para actividades de control migratorio.

Pero eso cambió el año pasado, luego de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca y ordenara una de las campañas de represión migratoria más agresivas de la historia reciente. Su administración empezó a canalizar datos de varias agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluida enviada al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aceptaron en la primavera pasada darle a ICE acceso directo a una base de datos de Medicaid que incluye las direcciones y el estatus migratorio de las personas inscritas.

Veintidós estados, todos gobernados por demócratas excepto uno, presentaron demandas para de intercambio de datos de Medicaid, que no había sido anunciado formalmente por el gobierno hasta que un juez federal ordenó hacerlo el verano pasado. El juez que, en esos estados, ICE solo podría acceder a la información de la base de datos de Medicaid correspondiente a personas que están en el país de forma irregular.

���ϳԹ��� News contactó a más de una docena de hospitales y asociaciones hospitalarias en estados y ciudades que han sido objeto de operativos del ICE. Muchos se negaron a comentar si, luego del fallo judicial, habían actualizado sus políticas de divulgación.

De los que respondieron, ninguno dijo que estuviera advirtiendo directamente a los pacientes que su información personal podía ser compartida con el ICE si solicitaban cobertura de Medicaid.

“No ofrecemos asesoramiento legal sobre el intercambio de datos entre agencias del gobierno federal”, escribió por correo electrónico Aimee Jordon, vocera del sistema hospitalario M Health Fairview, con sede en Minneapolis. “Recomendamos a los pacientes que tengan preguntas sobre prestaciones o inquietudes relacionadas con temas migratorios que busquen orientación en los recursos estatales adecuados y con asesores legales calificados”.

Información sobre las solicitudes

En algunos estados, las solicitudes de Medicaid de Emergencia  preguntan específicamente por el estatus migratorio del paciente, pero aseguran a las personas que su información se mantendrá protegida y fuera del alcance de los funcionarios de inmigración.

Por ejemplo, hasta el 3 de febrero, la solicitud de California aún incluía un texto en el que se informaba a los solicitantes que su información migratoria era “confidencial”.

“Solo la usamos para determinar si califica para un seguro médico”, explica el formulario de 44 páginas que el programa estatal de Medicaid, conocido como Medi-Cal, publicó en .

Anthony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, dijo en una declaración que la agencia, que supervisa Medi-Cal, se asegurará de que los californianos tengan información precisa sobre la privacidad de sus datos, “incluyendo, si es necesario, la revisión de otras publicaciones”.

Hasta finales de enero, el sitio web de Medicaid en Utah también aseguraba que el programa de Medicaid de Emergencia no compartía información con funcionarios migratorios. Después de que ���ϳԹ��� News contactara a la agencia estatal, la vocera Kolbi Young anunció el 23 de enero que esa información sería retirada de inmediato. Fue eliminada ese mismo día.

El sistema hospitalario Oregon Health & Science University, con sede en Portland, ofrece a pacientes inmigrantes un documento de desarrollado por el programa estatal de Medicaid para quienes tienen dudas sobre el uso de su información. El documento no indica de manera explícita que la información de quienes se inscriben en Medicaid será compartida con el ICE.

Los hospitales dependen del Medicaid de Emergencia para que les reembolsen el tratamiento de personas que cumplirían con los requisitos para Medicaid si no fuera por su estatus migratorio, ya sea que estén en el país sin papeles o dispongan de una presencia legal temporal, como visas de estudiante o de trabajo. Esta cobertura solo paga por atención médica de urgencia y servicios relacionados con el embarazo. Por lo general, representantes del hospital ayudan a los pacientes a presentar la solicitud mientras están en el hospital.

El programa principal de Medicaid, que cubre una gama mucho más amplia de servicios para más de 77 millones de personas con bajos ingresos o discapacidades, no cubre a quienes están en el país sin autorización.

Por lo tanto, examinar los registros de inscripción en el Medicaid de Emergencia es la forma más efectiva que tienen los funcionarios de deportación para identificar a los inmigrantes, incluidos aquellos que podrían no residir legalmente en los Estados Unidos.

Rich Danker, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo por correo electrónico que los CMS —que supervisa Medicaid, un programa conjunto federal y estatal— están compartiendo datos con el ICE tras la decisión del juez. Pero no explicó cómo se asegura de compartir solo información sobre personas sin residencia legal, como exige el fallo judicial.

Dado que el ICE ahora tiene acceso directo a la información personal de millones de personas inscritas en Medicaid, los hospitales —aunque “están en una posición muy difícil”— deberían ser transparentes sobre los cambios, dijo Sarah Grusin, , un grupo de defensa legal.

“Deben decirle a la gente que el juez ha autorizado compartir la información —incluida sus direcciones— en el caso de quienes no residen legalmente en el país”, afirmó. “Una vez enviada, esa información ya no puede protegerse para evitar que sea divulgada”.

Grusin dijo que recomienda a las familias que midan la importancia de buscar atención médica frente al riesgo de que sus datos sean compartidos con el ICE.

“Queremos dar información sincera y honesta, incluso si eso significa que las personas se vayan a ver obligadas a tomar decisiones muy difíciles”, destacó.

Quienes se hayan inscrito anteriormente en Medicaid o cuya dirección pueda encontrarse fácilmente en internet deben asumir que los funcionarios de inmigración ya conocen esos datos, agregó.

Medicaid de Emergencia

La cobertura de Medicaid de Emergencia se estableció a mediados de la década de 1980, cuando una ley federal comenzó a exigir que los hospitales atendieran y estabilizaran a cualquier persona que llegara con una condición que pusiera en riesgo su vida.

En 2023, el gasto del gobierno federal en Medicaid de Emergencia fue de casi $4.000 millones, lo que representa aproximadamente federal en Medicaid.

Los estados envían informes mensuales al gobierno federal con información detallada sobre quiénes se inscriben en Medicaid y qué servicios reciben.

El fallo judicial de diciembre limitó lo que los CMS pueden compartir con el ICE a datos básicos, incluyendo direcciones, de los afiliados a Medicaid en los 22 estados que llevaron a la Justicia el acuerdo de intercambio de datos. El ICE no tiene permitido acceder a información sobre los servicios médicos que reciben las personas, según la orden del juez.

El juez también prohibió a la agencia compartir los datos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con residencia legal en esos estados.

En los otros 28 estados, los funcionarios de deportación tienen acceso a la información personal de los inscritos en Medicaid.

La agencia federal de salud no ha aclarado cómo garantiza que la información sobre ciudadanos y residentes legales de ciertos estados no sea compartida con el ICE. Pero expertos en Medicaid dicen que sería casi imposible separar esos datos, lo que genera dudas sobre si el gobierno de Trump está cumpliendo con la orden judicial.

Los esfuerzos de la administración Trump por deportar a inmigrantes que viven en el país sin autorización han afectado a familias inmigrantes que buscan atención de salud.

Cerca de un tercio de los adultos nacidos fuera de los Estados Unidos dijeron haber evitado o pospuesto atención médica en el último año, según una encuesta de publicada en noviembre. (KFF es una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud, que incluye a ���ϳԹ��� News).

Bethany Pray, directora legal y de políticas del Colorado Center on Law and Policy, advirtió que el hecho de compartir datos de Medicaid con funcionarios de deportación obligará a muchas familias a tomar decisiones aún más difíciles.

“Esto es muy preocupante”, opinó Pray. “La gente no debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y preguntarse si eso significa correr el riesgo de enfrentar la deportación”.

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