Por segundo año, el demócrata pidió a los legisladores estatales que eliminen la cobertura para un sector de los inmigrantes ante los recortes federales al gasto en Medicaid y un déficit presupuestario de aproximadamente .

Muchos analistas advierten que, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, .

Newsom propuso que el estado no intervenga cuando, a partir de octubre, el gobierno federal deje de brindar cobertura médica a unos 200.000 residentes legales, entre ellos .

Legisladores progresistas y activistas afirmaron que esos recortes representan un alejamiento de la promesa de Newsom de garantizar “”. Por otro lado, los republicanos siguen criticándolo porque utiliza fondos públicos para cubrir a personas que no son ciudadanas.

Según el Departamento de Finanzas, la propuesta más reciente de Newsom permitiría un ahorro estimado de $786 millones en este año fiscal y de $1.100 millones anuales en los años siguientes, dentro de un presupuesto proyectado de $349.000 millones.

La senadora estatal Caroline Menjivar, una de las dos demócratas que el año pasado votaron en contra de los recortes de Newsom, dijo que le preocupa que las ambiciones políticas del gobernador estén pesando más que lo que es mejor para los californianos.

“Está pendiente de lo que van a opinar Arkansas o Tennessee, cuando lo que piensa California es algo completamente diferente”, se quejó Menjivar, quien contó que sus críticas anteriores le costaron de un subcomité clave del presupuesto. “Esa es mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo aquí”, agregó.

Mientras tanto, el senador estatal republicano Tony Strickland criticó a Newsom por restar importancia del estado que, según funcionarios estatales, podría crecer hasta los $27.000 millones el próximo año. Además, lo acusó de seguir ofreciendo cobertura a residentes de California que viven en el país sin autorización. “Lo único que quiere es relanzarse políticamente, proyectar una nueva imagen”, dijo Strickland.

Es una cuerda floja política que se irá tensando aún más a medida que disminuya el apoyo federal y sigan aumentando los gastos en atención médica, afirmó Guian McKee, codirector del Proyecto de Políticas de Salud de la Escuela de Asuntos Públicos Miller de la Universidad de Virginia.

“Newsom tiene que hacer malabares con tres o cuatro temas delicados al mismo tiempo”, opinó ÌýMcKee. Si decide postularse, agregó: “las prioridades de los votantes demócratas en las primarias —que en gran medida reflejan estados progresistas como California— son muy distintas a las del electorado en general, que está mucho más dividido”.

En Estados Unidos, las opiniones sobre si el gobierno debería ofrecer cobertura médica a personas sin papeles están muy divididas.

En una realizada el año pasado, una pequeña mayoría —54%— se opuso a una disposición que establecía sanciones a los estados que utilizaban sus propios recursos para brindar atención médica a inmigrantes. Había grandes diferencias según la afiliación política. Finalmente, esa disposición no fue incluida en la versión final del proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Donald Trump.

Incluso en California, la idea de ofrecer atención médica perdió apoyo a causa de los problemas presupuestarios.

En , el 41% de los adultos expresó estar de acuerdo con ofrecer cobertura médica a inmigrantes sin papeles, una caída significativa con respecto en 2023.

el vicepresidente JD Vance, y legisladores republicanos han acusado en repetidas ocasiones a California y a otros estados demócratas de usar fondos públicos para dar atención médica a inmigrantes, un tema que enardece a la base del Partido Republicano.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), de “” para recibir más fondos federales, liberando recursos estatales para su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal, que ha inscrito a cerca de 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular.

“Si usted es un contribuyente en Texas o Florida, sus impuestos podrían haberse usado para financiar la atención médica de inmigrantes ilegales en California”, dijo en octubre.

Funcionarios de California negaron esas acusaciones y afirmaron que solo se utilizan fondos estatales para dar servicios de salud general a personas indocumentadas, ya que la ley prohíbe usar fondos federales.

Newsom ha convertido esto en un “”, ya que ampliar la cobertura a inmigrantes, según su administración, mantiene a las y ayuda a evitar costosas visitas a salas de emergencia que muchas veces se terminan pagando con dinero público.

“Ninguna administración ha hecho más que ésta para ampliar la cobertura total de Medicaid para nuestras comunidades diversas, con y sin estatus migratorio”, dijo Newsom a periodistas en enero. “Hay quienes han construido toda su carrera política criticando mi postura”.

Newsom advirtió sobre el “carnaval de caos” del gobierno federal al aprobar la ley One Big Beautiful Bill Act de Trump. Esa ley, sostuvo, pone a 1,8 millones de californianos en riesgo de perder su cobertura médica debido a la implementación de requisitos laborales, otras reglas de elegibilidad y nuevos límites al financiamiento federal para los estados.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde ahora y hasta 2034, a nivel nacional, 10 millones de beneficiarios podrían perder su cobertura.

han señalado que un número mayor de personas sin seguro —en especial aquellas que están relativamente sanas— podría concentrar la cobertura en , lo que potencialmente elevaría los costos de las primas y los costos hospitalarios en general.

Organizaciones que trabajan con los inmigrantes señalan que es especialmente cruel dejar sin atención médica a quienes pudieron haber huido de situaciones de violencia o sobrevivido a la trata o a situaciones de abuso.

Las normas federales actuales exigen que los programas estatales de Medicaid cubran a “no ciudadanos calificados”, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, explicó Tanya Broder, del National Immigration Law Center. Pero la One Big Beautiful Bill Act, impulsada por los republicanos, puso fin a esa cobertura, lo que afectaría a legales en todo el país.

Como muchos gobernadores estatales aún no han presentado sus propuestas de presupuesto, no está claro cómo piensan cubrir los recortes al financiamiento, dijo Broder.

Por ejemplo, funcionarios de Colorado estiman que unos 7.000 inmigrantes legales podrían perder cobertura por los cambios en la ley. En el estado de Washington, las autoridades calculan que , solicitantes de asilo y otros inmigrantes con autorización legal se quedarán sin cobertura de Medicaid.

Ambos estados, al igual que California, ampliaron la cobertura completa a todos los residentes elegibles por ingresos, sin importar su situación migratoria. Ahora, sus funcionarios electos están en la incómoda posición de tener que explicar por qué algunos inmigrantes legales podrían perder su cobertura médica mientras que otros sin estatus legal podrían conservarla.

El año pasado, el aumento de los costos en atención médica y los recortes presupuestarios llevaron a los gobernadores demócratas de —JB Pritzker y Tim Walz, dos potenciales aspirantes a la presidencia— a suspender o cancelar la cobertura para inmigrantes sin papeles.

También en 2025, legisladores de California votaron por la eliminación de la cobertura dental y congelaron nuevas inscripciones para personas sin documentos. A partir del próximo año también se cobrará una prima mensual a quienes mantengan su cobertura.

Aun así, se estima que el estado gastará $13.800 millones de su fondo general en atención médica para inmigrantes no cubiertos por el gobierno federal, según H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.

En enero, en una conferencia de prensa en San Francisco, Newsom defendió estas medidas y dijo que eran necesarias por “prudencia fiscal”. Evitó responder preguntas sobre la cobertura para solicitantes de asilo y refugiados, y minimizó la importancia de su propuesta, al decir que podría revisarla cuando tuviera la oportunidad de actualizar el presupuesto en mayo.

Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de la California Pan-Ethnic Health Network, señaló que el estado aprobó una ley en la década de 1990 que le exige cubrir con Medi-Cal cuando los fondos federales de Medicaid no están disponibles. Esto incluye a personas con residencia permanente que aún no cumplen con el período de espera de cinco años para inscribirse en Medicaid.

Savage-Sangwan calificó la propuesta del gobernador como “arbitraria y cruel” y criticó su decisión de priorizar los depósitos del fondo de emergencia para tiempos difíciles en vez de mantener la cobertura. Agregó que culpar al gobierno federal era engañoso.

También consideró que es un gran retroceso respecto de lo que ella esperaba que California pudiera lograr el primer día de Newsom en el cargo, hace siete años, cuando el gobernador declaró su apoyo a un sistema de salud con financiamiento público integral y propuso ampliar los subsidios para pagar el seguro médico para la clase media.

“Tenía esperanza y celebramos los avances que impulsó el gobernador”, afirmó Savage-Sangwan. “Por eso estoy aún más decepcionada”.

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Durante más de dos décadas, esta trabajadora de salud comunitaria ha ayudado a cientos de familias del sureste de Los Ángeles a inscribirse en programas de ayuda alimentaria, ha informado sobre seguros médicos asequibles y ha ayudado con medicamentos para sus afecciones crónicas. Su frase favorita: “más vale prevenir que curar”.

Pero sólo gana unos $20 la hora en una organización de salud comunitaria y tiene un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. “Nos pagan muy poco y esperan demasiado”, dijo. “Generamos confianza. Ofrecemos apoyo. Somos el hombro en el que muchos se apoyan, pero no recibimos un salario justo”.

California buscaba profesionalizar a miles de trabajadores de salud comunitarios como Hernández. La meta era mejorar la salud de las poblaciones inmigrantes, en particular los residentes hispanos, que a menudo padecen de enfermedades crónicas, son más y se enfrentan a más barreras culturales y lingüísticas para acceder a servicios.

Estudios demuestran que su trabajo las hospitalizaciones, y las visitas a las salas de emergencias y a las clínicas de urgencias.

El estado siguió al pie de la letra una serie de publicadas en 2019 para estandarizar la formación y la certificación de estos profesionales. Así, poder integrarlos a las plantillas de trabajadores de salud y ofrecerles salarios justos, incluyendo reembolsos a través de Medi-Cal, el Medicaid estatal, para compensar el trabajo que tradicionalmente se ha realizado de forma voluntaria o con salarios bajos.

Pero seis años después, California ha dado marcha atrás en muchas de esas iniciativas.

El estado ha eliminado un programa de certificación y ha recortado casi toda la financiación para formar y ampliar esta plantilla, a pesar de que se había fijado el objetivo de contar con para este año.

Aunque Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios, los planes de salud participantes establecieron requisitos de facturación desiguales, lo que dificulta que los trabajadores obtengan el reembolso. Además, el estado no cumplió con el aumento salarial previsto.

Con los recortes de fondos federales recién aprobados y el foco del presidente Donald Trump en la deportación de inmigrantes, incluso con el Departamento de Seguridad Nacional, los activistas temen que California abandone su iniciativa de equidad en la salud para los inmigrantes, las personas de color y las personas con bajos ingresos. En un momento en el que, aseguran, esa labor es más necesaria que nunca.

“Estamos en una situación muy grave en este momento”, afirmó Cary Sanders, directora en la California Pan-Ethnic Health Network, una organización estatal que aboga por la equidad en la salud.

Elana Ross, vocera del gobernador Gavin Newsom, dijo que “el estado ha tomado medidas difíciles pero necesarias para garantizar la estabilidad fiscal” y que la administración sigue dialogando con los trabajadores de salud comunitarios.

Ross agregó que el gobernador demócrata, , sigue comprometido con la defensa de los inmigrantes perseguidos por la administración Trump.

“Nuestra oficina está en la calle”

Hay más de 60.000 trabajadores de salud comunitarios en todo el país, incluidos unos 9.200 en California, y se prevé que esta fuerza laboral crezca un 13% en la próxima década, tres veces más rápido que el conjunto de todas las profesiones, según de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos afirman que estas cifras están subvaloradas, dada la variedad de títulos que poseen estos trabajadores y el hecho de que muchos no trabajan en el cuidado de salud propiamente dicho ni en instituciones gubernamentales.

“Trabajador de salud comunitario” es un término genérico que incluye a distintos tipos de trabajadores. A menudo conocidos como promotores, que trabajan en clínicas, hospitales, departamentos de salud pública y organizaciones sin fines de lucro locales, en lugares en los que se les tiene confianza y donde conocen las necesidades más urgentes de su comunidad.

Además de ayudar a las personas a controlar afecciones crónicas como las cardiopatías y la diabetes, promueven la salud reproductiva, la salud infantil y la higiene bucal, y ayudan a a prevenir lesiones y manejar sus medicamentos.

Pueden hacer que las personas se sientan seguras al denunciar la violencia doméstica y otros abusos. También las conectan con servicios de asistencia para la vivienda y la alimentación. “El trabajador de salud comunitario no se sienta en un escritorio”, dijo Hernández. “Nuestra oficina está en la calle”.

En 2019, la California Future Health Workforce Commission recomendó integrar a estos trabajadores en el sistema de salud, y en 2022, el estado autorizó durante tres años para el Departamento de Acceso e Información de Salud de California, que supervisa el desarrollo del personal de este sector, con el fin de reclutar, formar y certificar a estos trabajadores.

La agencia trató de estandarizar la formación y la certificación, pero algunos grupos comunitarios temían que eso creara barreras de acceso al no dar suficiente crédito a la experiencia y a la competencia cultural.

Pero el año pasado, justo cuando la agencia ofrecía más flexibilidad y permitía la formación basada en el trabajo comunitario, el estado recortó $250 millones en financiación debido a restricciones presupuestarias. Este año, el programa de certificación ha sido oficialmente eliminado.

El vocero Andrew DiLuccia señaló que la agencia establecerá un programa para acreditar a las organizaciones comunitarias en lugar de a los trabajadores individuales y que tiene previsto gastar los $12 millones restantes en asistencia técnica, desarrollo de la fuerza laboral y salarios para quienes trabajan con las comunidades inmigrantes.

Según la National Academy for State Health Policy, ofrecen algún tipo de programa de certificación para trabajadores de salud comunitarios ya sea voluntario o bien obligatorio.

Algunos activistas afirman que California está perdiendo la oportunidad de establecer una trayectoria profesional para esta mano de obra. Muchos de los cursos que ofrecen hoy en día por organizaciones sin fines de lucro, condados y universidades , un título, dominio del inglés o experiencia previa. La mayoría se concentran en el área de San Francisco o Los Ángeles, lo que crea en gran parte del estado.

Lourdes Bernis, una dentista de Ecuador, es un ejemplo de cómo los trabajadores de salud comunitarios podrían integrarse en el sistema de salud. Comenzó como promotora voluntaria hace más de una década y en 2019 recibió formación gratuita del condado de Los Ángeles, lo que le permitió conseguir un trabajo a tiempo completo, con beneficios, en el Departamento de Salud Mental del condado para ayudar a mujeres hispanohablantes a gestionar la depresión y la ansiedad mientras se recuperan del consumo de drogas.

Bernis ahora quiere convertirse en especialista de apoyo entre pares en hospitales y clínicas. Mientras tanto, muchos de sus colegas con décadas de experiencia siguen atrapados en puestos mal pagados y no pueden permitirse costear cursos de formación para avanzar. “Hay promotoras que tienen entre 20 y 25 años de experiencia, pero siguen trabajando como voluntarias”, dijo Bernis.

El papel de Medi-Cal

Para pagar a los trabajadores de salud comunitarios, Medi-Cal comenzó a cubrir sus servicios en julio de 2022, pero California previsto para ellos después que los votantes aprobaran la Proposición 35, que aumentaba los pagos a médicos, hospitales, clínicas comunitarias y otros proveedores.

Desde entonces, el estado aún no ha establecido un sistema uniforme sobre cómo los planes de salud deben contratar a las organizaciones que emplean a trabajadores de salud comunitarios.

“Tenemos que hacer malabares”, dijo María Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que representa a estos trabajadores. “Esto sólo causa caos, porque cada plan puede tener requisitos diferentes”.

Lemus agregó que la organización tardó casi seis meses en establecer el pago con un plan de salud.

Y aunque los reembolsos de Medi-Cal están vinculados a tareas individuales, que oscilan entre $9.46 y $27.54 por 30 minutos de trabajo, los activistas afirman que no se les compensa totalmente por el tiempo que dedican a ganarse la confianza de los pacientes y a hacer seguimiento.

Según los activistas, estos trabajadores deberían ganar al menos $30 por visita, con beneficios, pero muchos ganan unos $21 la hora, a menudo sin beneficios.

Lo que sorprende a los activistas es la poca frecuencia con la que se utilizan estos servicios en un programa que cuenta con 15 millones de californianos. Más de 16,000 afiliados a Medi-Cal utilizaron estos servicios durante el primer año, cifra que aumentó a 68,000 el año pasado, según datos del estado. “No creo que se haya alcanzado el potencial del que hablaba el gobernador y que todos imaginábamos que se podría alcanzar”, señaló Sanders.

Griselda Melgoza, vocera del Departamento de Servicios de Salud de California, dijo que la agencia, que administra Medi-Cal, ha observado “una tendencia constante al alza” y cree que los datos subestiman la utilización porque este beneficio a veces se incluye en otros servicios.

Este año se rechazó una para evaluar si los planes de atención médica gestionada de Medi-Cal realizan la divulgación y educación suficiente entre los afiliados sobre los servicios de salud comunitarios.

Más crucial que nunca

Con los recortes a la financiación de la salud por parte de la administración Trump y la aprobación de la legislación fiscal y de gasto del Partido Republicano, los activistas temen que haya aún menos fondos y apoyo para estos puestos, lo que reduciría las plantillas que se ocupan de las desigualdades en materia de salud.

El Departamento de Salud Pública del condado de Fresno ya ha anunciado el recorte de más de la mitad de sus trabajadores comunitarios: pasarán de 49 puestos a 20.

Sin embargo, la divulgación es más crucial que nunca. Mientras la administración Trump continúa con las redadas de inmigración, que parecen haber tenido como objetivo en el estado, los activistas y los investigadores advierten que los trabajadores de salud comunitarios podrían actuar como intermediarios para los pacientes inmigrantes que temen buscar atención médica en hospitales y clínicas.

Sin un programa de certificación estatal, sin aumentos salariales y con fondos de capacitación cada vez más escasos, el camino hacia la profesionalización es incierto, lo que hace que esta fuerza laboral se sienta abandonada.

“La comunidad confía en mí”, afirmó Hernández, una veterana trabajadora de salud comunitaria, “pero a nivel gubernamental aún queda mucho camino por recorrer antes de que este trabajo sea valorado y pagado como se merece”.

Esta historia fue producida porÌý, que publicaÌý, un servicio editorialmente independiente de laÌý.

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But the state’s progress in extending health coverage to all residents could come to an abrupt halt as the second Trump administration takes power alongside a Republican Congress whose leadership has long been hostile to the Affordable Care Act, the 2010 federal law also known as Obamacare.

Top of mind for Covered California officials is the looming expiration of the additional federal subsidies for health insurance approved by Congress in 2021 as part of a covid pandemic relief package. That resulted in lower premiums for people around the country — especially middle-class households — who buy health insurance through the exchanges established by the Affordable Care Act.

“Whether there will be action to extend the enhanced subsidies — that’s a big impact that we are closely tracking,” said Covered California Executive Director Jessica Altman, who noted the program had about 1.5 million enrollees prior to enhanced subsidies.

Republicans have criticized the cost of the subsidies, and it’s not clear they’ll renew them.

Without an extension, researchers at the University of California-Berkeley Labor Center estimate, Covered California premiums for subsidized enrollees by an average of $967 a year beginning in 2026, and an estimated 69,000 Californians would lose their insurance.

California took its own steps last year to make coverage more affordable, eliminating deductibles and reducing other out-of-pocket costs on all mid-tier policies known as “silver” plans.

However, the state’s health care spending is likely to face fresh pressure if Republicans in Washington follow through on long-standing designs to cut funding for Medicaid, the health insurance program for low-income Americans, known in California as Medi-Cal. In addition to bolstering Covered California, the state has also aggressively , including to immigrants living in the U.S. without authorization, and now spends $161 billion a year on that program, about half paid by the federal government.

About 144,000 of Covered California’s 1.8 million enrollees as of Dec. 14 are first-time buyers, and nearly 90% of all enrollees qualify for financial help. Covered California has extended the enrollment period to March 8 for residents in Los Angeles and Ventura counties due to wildfires, and has also issued extensions related to the bird flu and an earthquake in Northern California.

Low-income residents pay little or nothing for monthly premiums, while for those earning more, premiums are capped at a percentage of household income. With the enhanced federal subsidies, no one is required to spend more than 8.5% of their income on premiums, provided they stick to a silver plan. Such plans, however, can have smaller provider networks and significant out-of-pocket costs.

According to Covered California, the average monthly premium is $136 for those who receive subsidies, two-thirds of whom pay $10 or less a month. But people with higher incomes can end up paying significantly more. For example, a family of four making $200,000 in the Los Angeles area would pay well over $1,000 a month for a silver plan, according to a calculator for estimating costs.

While federal and state subsidies have significantly boosted the amount of assistance available, the underlying cost of insurance has continued to go up. Covered California premiums are up by 7.9% on average for 2025, but the extra subsidies shield most enrollees from the increase.

“You end up with people’s out-of-pocket spending probably being lower than we’ve seen,” said Dylan Roby, a professor of health, society, and behavior at the University of California-Irvine. “That doesn’t necessarily mean that premiums are going down. It just means that the state or federal government is paying a larger share of premiums on behalf of enrollees than before.”

Neither Trump nor incoming congressional leaders have given clear signals about how they view the future of the subsidies, but both have a history of seeking to repeal and weaken the Affordable Care Act. House Speaker Mike Johnson has vowed “massive reform” of the health care law, though without offering specifics.

Experts including Roby say Republicans could extend the subsidies to avoid an outcry from consumers, health insurers, hospitals, and others who have benefited from them. Enrollment in marketplace plans is in Republican-controlled states that have not expanded Medicaid, because it offers low-income people a way to access affordable health insurance.

“I don’t think Republican House members are that inclined to make all of their constituents’ health insurance premiums go up,” Roby said. “I’m kind of optimistic that [the subsidies] will be renewed.”

But uncertainty over the future of the subsidies, even if they eventually get renewed, could affect the cost of marketplace plans, said Rachel Linn Gish, communications director for Health Access California, a consumer advocacy coalition. That’s because insurers are already starting to plan their rates for next year and will likely price in the risk of nonrenewal, she said.

“We are going to be fighting for the next year to try to save those enhanced subsidies and subsequently all of the other frameworks and financing of the Affordable Care Act,” Linn Gish said. “Because if any of that gets rolled back, people will lose health care coverage.”

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Pero el progreso del estado en la extensión de la cobertura de salud a todos los residentes podría frenarse con la segunda administración Trump y un Congreso republicano cuyo liderazgo ha sido hostil durante mucho tiempo a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la ley federal de 2010 también conocida como Obamacare.

La principal preocupación de los funcionarios de Covered California es la inminente expiración de los subsidios federales adicionales para pagar las primas de los seguros, aprobados por el Congreso en 2021 como parte de un paquete de ayuda durante la pandemia de covid. Eso resultó en primas más bajas para las personas de todo el país, especialmente los hogares de clase media, que compran seguros de salud a través de los mercados establecidos por ACA.

“Estamos siguiendo de cerca si se tomarán medidas para extender los subsidios mejorados, lo que tendrá un gran impacto”, dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California, quien señaló que el programa tenía alrededor de 1,5 millones de inscritos antes de los subsidios mejorados.

Los republicanos han criticado el costo de los subsidios y no está claro si los renovarán.

Sin una extensión, los investigadores del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley estiman que las primas de Covered California para los inscritos subsidiados se dispararían en al año a partir de 2026, y aproximadamente 69.000 californianos perderían su cobertura.

California tomó sus propias medidas el año pasado para hacer que la cobertura fuera más asequible, eliminando los deducibles y reduciendo otros costos de bolsillo en todas las pólizas de nivel medio conocidas como planes “plata”.

Sin embargo, es probable que el gasto en atención médica del estado enfrente nuevas presiones si los republicanos en Washington siguen adelante con sus planes de larga data de recortar la financiación de Medicaid, el programa de seguro médico para estadounidenses de bajos ingresos, conocido en California como Medi-Cal.

Además de reforzar Covered California, el estado también para expandir Medi-Cal, incluso para los inmigrantes sin papeles, y ahora gasta $161 mil millones al año en ese programa, aproximadamente la mitad pagados por el gobierno federal.

Cerca de 144.000 de los 1,8 millones de inscritos en Covered California al 14 de diciembre estaban adquiriendo cobertura por primera vez, y casi el 90% de todos los inscritos califican para recibir ayuda financiera.

Covered California ha extendido el período de inscripción hasta el 8 de marzo para los residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura debido a los incendios forestales, y también ha emitido extensiones relacionadas con la gripe aviar y un terremoto en el norte de California.

Los residentes de bajos ingresos pagan poco o nada por las primas mensuales, mientras que para aquellos que ganan más, las primas están limitadas a un porcentaje de los ingresos del hogar. Con los subsidios federales mejorados, nadie está obligado a gastar más del 8,5% de sus ingresos en primas, siempre que elija un plan Silver. Sin embargo, estos planes pueden tener redes de proveedores más pequeñas y gastos de bolsillo significativos.

Según Covered California, la prima mensual promedio es de $136 para quienes reciben subsidios, dos tercios de los cuales pagan $10 o menos al mes. Pero las personas con ingresos más altos pueden terminar pagando bastante más. Por ejemplo, una familia de cuatro que gana $200.000 en el área de Los Ángeles pagaría más de $1.000 al mes por un plan Silver, según una calculadora de costos.

Si bien los subsidios federales y estatales han aumentado de manera significativa la cantidad de asistencia disponible, el costo subyacente del seguro ha seguido aumentando. Las primas de Covered California han aumentado un 7,9% en promedio para 2025, pero los subsidios adicionales protegen a la mayoría de los inscritos de este aumento.

“El gasto de bolsillo de la gente probablemente sea menor que el que hemos visto”, dijo Dylan Roby, profesor de salud, sociedad y comportamiento en la Universidad de California-Irvine. “Eso no significa necesariamente que las primas estén bajando. Solo significa que el gobierno estatal o federal está pagando una parte mayor de las primas que antes, en nombre de los inscritos”.

Ni Trump ni los líderes entrantes del Congreso han dado señales claras sobre cómo ven el futuro de los subsidios, pero ambos tienen un historial de intentar derogar y debilitar el Obamacare. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, ha prometido una “reforma masiva” de la ley de atención médica, aunque sin dar muchos detalles.

Expertos, incluido Roby, dicen que los republicanos podrían extender los subsidios para evitar que los consumidores, las aseguradoras de salud, los hospitales y otros que se han beneficiado, protesten. La inscripción en los planes del mercado es en los estados controlados por los republicanos que no han ampliado Medicaid, porque ofrece a las personas de bajos ingresos una forma de acceder a un seguro de salud asequible.

“No creo que los miembros republicanos de la Cámara de Representantes estén tan inclinados a hacer que todas ls primas médicas de los estadounidenses aumentan”, dijo Roby. “Soy bastante optimista en cuanto a que [los subsidios] se renovarán”.

Pero la incertidumbre sobre el futuro de los subsidios, incluso si finalmente se renuevan, podría afectar el costo de los planes del mercado, dijo Rachel Linn Gish, directora de comunicaciones de Health Access California, una coalición de defensa del consumidor. Esto se debe a que las aseguradoras ya están comenzando a planificar sus tarifas para el próximo año y probablemente incluirán en los precios el riesgo de no renovar, dijo.

“Vamos a luchar durante el próximo año para tratar de salvar esos subsidios mejorados y, posteriormente, todos los demás marcos y financiamiento de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio”, dijo Linn Gish. “Porque si se revierte algo de eso, la gente perderá la cobertura de atención médica”.

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Baackes, 78, who will retire after the end of the year, helped transform L.A. Care into a major market player following its expansion under the Affordable Care Act. He implemented a new administrative structure and promoted a new internal culture. The insurer generated $11.3 billion in revenue last year, with membership close to 2.6 million people — nearly 900,000 more than when Baackes took the reins in March 2015.

“I recognized when I got here that L.A. Care was a big frog in a big pond,” he said in an interview with ºÚÁϳԹÏÍø News on the 10th floor of L.A. Care’s downtown headquarters. But the organization still had a small-plan mentality, he said, until he convinced his staff “that we had an opportunity to really be leaders.”

Baackes moved to Los Angeles from Philadelphia, where he had headed the Medicare Advantage business of AmeriHealth Caritas VIP Care. He started at L.A. Care 15 months after the implementation of the ACA, which expanded Medicaid eligibility and created insurance exchanges where uninsured people could buy federally subsidized coverage.

L.A. Care’s Medi-Cal rolls swelled, and it offered a new health plan sold on the state’s ACA exchange, Covered California, as well as one for medically vulnerable seniors who are eligible both for Medi-Cal and Medicare.

But Baackes saw that L.A. Care didn’t have the right structure to manage the bigger organization it had become. So, he hired directors to oversee each of the health plans and revamped the chain of command.

The changes required a long period of reorientation, Baackes recalled. Then, “one of the officers came up to me one day and said, ‘Well, before I had to talk to everybody, but now I know who to talk to.’ I thought, ‘OK, phew, now we’re making progress.’”

Baackes has sometimes butted heads with state regulators, including when L.A. Care was fined in 2022 for “deep-rooted, systemic failures that threaten the health and safety of its members.” Baackes thought the fine was not justified. L.A. Care contested it and still has not paid it.

Baackes, who will retain his position as chair of Charles R. Drew University of Medicine and Science, a medical school that trains health professionals to work in underserved areas, expounded on the shortcomings and successes of the U.S. health system and Medi-Cal, which covers well over a third of California’s population.

Like many of his colleagues, he believes Medi-Cal’s principal flaw is low payments to providers, which is exacerbated by a shortage of labor in health care. That discourages doctors and other providers from taking Medi-Cal patients, limiting their choices and extending their wait times for care. He supports , a measure on the ballot this November that would secure a permanent revenue stream to increase Medi-Cal payments.

L.A. Care tackled the labor shortage by creating a $205 million fund to pay for medical school scholarships, help clinics hire doctors, and offer educational debt relief to doctors who work in safety-net settings. Jennifer Kent, former director of the California Department of Health Care Services, which oversees the Medi-Cal program, said she was impressed when Baackes used money from a rate settlement with her agency to help fund those initiatives.

“John very clearly has an appreciation and a passion for the program and what it represents in terms of the power to change people’s lives,” Kent said.

This interview with Baackes has been edited for length and clarity:

Q: Voters will decide, with their vote on Proposition 35, whether money from an industry tax will be locked into Medi-Cal permanently, curbing Gov. Gavin Newsom’s plan to tap the revenue for the state’s budget shortfall. Where do you stand on this?

I understand they’ve got a budget deficit, and they’ve got to do something about it. But we have to have security of the funding, and if it’s going to be decided in every budget, there’s going to be politics and other priorities. This is the same way education runs. They went to a ballot initiative to lock in their portion of the budget, and I think the health of over one-third of the population is as important as education.

Q: Medi-Cal has embarked on an ambitious expansion, including full coverage for all immigrants, a push to increase the amount of primary care provided, the elimination of an asset test, and continuous coverage for children up to age 5, among other things. Does the provider shortage in Medi-Cal dampen the prospects of these efforts?

Absolutely. If we are giving people expansion in access, then we have to have the resources for them to take advantage of it — unless we’re going to say, “Yeah, you have access, but figure it out on your own.” If we look at Los Angeles County, we’ve got plenty of doctors bumping into each other in places like Beverly Hills and Santa Monica. But if you go to South L.A., the Antelope Valley, it’s a different story.

Q: What do you think of the Office of Health Care Affordability’s goal of limiting annual health care spending increases to 3.5% at first, and ultimately to 3%?

Well-intended, but I do not see how it can be effective without causing a lot of damage along the way. You can restrict the amount of money that can be spent, but it doesn’t fix the underlying drivers of why it costs so much.

Q: So it could ultimately reduce care for patients?

Yeah. I think so. Because if doctors and nurses demand higher salaries and can command them because there aren’t enough people, then having an administrative hammer that you can’t spend more isn’t going to work.

Q: A lot of people would say the whole U.S. health care system, not just Medicaid, is failing patients. Access to care, and the cost of it, is difficult for a lot of people. How do we fix the system?

We need to simplify the regulatory environment. Regardless of whether it’s commercial insurance, Medicare, or Medicaid, the regulations are piling up and they cost money. The second thing: I think particularly the safety-net providers might have to say there can be no for-profit or private equity investors in that area. I’m not against capitalism. I just think if you’re going to make that money on a system that’s underfunded in the first place, something is being lost.

Q: What are your thoughts about the California Advancing and Innovating Medi-Cal program (CalAIM), especially the community supports such as meals designed for specific medical conditions, home modifications, and help finding housing?

CalAIM is a wonderful program in the sense that it begins to recognize that social determinants do influence your health. So we’re finally saying, “OK, we’ll put some money toward paying for those.” But the trade-off is that they want to reduce the medical costs by making these investments. The problem is we are trying to save dollars that are already deeply discounted. Of the 14 community supports they have, the one that is in my mind a slam dunk is the medically tailored meals.

Q: How has your thinking about health care evolved?

What I’ve learned and experienced is that health care is part of social justice, and we have to think of it that way. Any other way of thinking of it is going to create winners and losers.

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La bolsa de seguros médicos del estado de algunos pacientes, hasta un máximo de $5,400; reducirá el copago de las visitas de atención primaria de $50 a $35; y reducirá el costo de los medicamentos genéricos de $19 a $15. Algunos afiliados también verán limitado su gasto de bolsillo anual a $6,100 en lugar de $7,500.

La CEO de Covered California, Jessica Altman, argumenta que se trata de reducciones tangibles —ahorros en deducibles y copagos además de subsidios para reducir las primas mensuales— que afectarán a cientos de miles de personas y les animará a utilizar la cobertura.

“Los deducibles evitan que las personas busquen atención médica, por lo que es un objetivo importante”, dijo Altman a California Healthline. “California busca lo asequible y se pregunta: ‘¿Qué significa realmente asequibilidad? Muchas personas simplemente no tienen $5,000 en su cuenta bancaria en caso de que lo necesiten para la atención médica”.

Las reducciones adicionales en los gastos de bolsillo de los pacientes —además de los existentes para reducir las primas mensuales— entrarán en vigor en enero para las personas que renueven o adquieran cobertura durante el próximo período de inscripción de Covered California, que comienza en otoño. El estado podría ir más lejos en ayudar a reducir los costos de los pacientes en los próximos años con futuros aumentos presupuestarios, señaló Altman.

Aun así, esos ahorros pueden verse neutralizados por costos más altos en otros lugares. Covered California anunció, el 25 de julio, que la inflación y otros factores elevarán las tarifas anuales de las primas de los planes de salud participantes en un promedio de , el mayor aumento desde 2018.

California comenzó a multar a aquellos sin cobertura de salud en el año fiscal 2020, estableciendo su propio En ese primer año, el estado recaudó $403 millones en ingresos por multas, según la Franchise Tax Board estatal. Ha continuado imponiendo multas, pagadas en gran parte por personas con ingresos bajos o medios, las mismas personas a las que se pretende ayudar con los nuevos subsidios.

Los líderes legislativos habían presionado a Newsom, también demócrata, para que canalizara los ingresos fiscales hacia la reducción de los costos de la atención sanitaria para las personas de ingresos bajos y medios que adquieren cobertura a través de Covered California, muchas de las cuales informaron de que habían dejado de recibir atención médica o la habían retrasado debido a los elevados gastos de bolsillo.

El gobernador se resistió durante años a las peticiones de destinar el dinero de las multas a los subsidios de Covered California, argumentando que el estado no podía permitírselo y que necesitaba el dinero ante la inminente recesión económica y la posible pérdida de los subsidios federales a las primas, que podrían verse amenazados por un cambio en el liderazgo federal.

Sin embargo, ante las continuas presiones, Newsom cedió en junio y aceptó empezar a destinar parte del dinero a aumentar las subvenciones estatales. Según el Departamento de Finanzas del estado, se espera que California destine $83 millones el próximo año y $165 millones anuales en los años siguientes para ampliar la ayuda financiera —aproximadamente la mitad de los ingresos que recauda anualmente— a reducir los costos de los pacientes de Covered California. El resto del dinero se reservará en un fondo especial de asistencia sanitaria al que se podrá recurrir más adelante.

El acuerdo presupuestario también permite a la administración Newsom a pedir prestado hasta $600 millones en ingresos por multas para el fondo general del estado, que debe devolver. Los ingresos por multas se proyecta que traerá $362 millones este año con un adicional de $366 millones previstos el próximo año, según el portavoz del Departamento de Finanzas H. D. Palmer.

Los miembros del consejo de Covered California aprobaron el nuevo diseño del plan la semana pasada. Dicen que los subsidios de costos compartidos reducirá el gasto de bolsillo de casi 700,000 personas de aproximadamente 1,6 millones de inscritos en Covered California.

El aumento de la financiación, que representa el esfuerzo más importante del Estado para reducir los costos de los pacientes en Covered California, beneficiará en gran medida a los californianos de bajos ingresos que ganan por debajo del 250% del nivel federal de pobreza, que es de en 2023, según el intercambio.

“La reducción de los deducibles es una gran ayuda para las familias de clase media de California que luchan contra el aumento del costo de la vida”, dijo el Presidente Pro Tempore del Senado, Toni Atkins, que se unió a sus compañeros demócratas para bloquear un plan de Newsom y su administración que mantendría los ingresos en el fondo general del Estado, aunque pueden ser utilizados para cualquier propósito.

Atkins añadió: “Seguiremos trabajando para reducir aún más los costos en los próximos años”.

El portavoz de Newsom, Brandon Richards, defendió la trayectoria del gobernador en materia de salud, afirmando que Newsom se ha comprometido a garantizar que los californianos puedan acceder a la asistencia sanitaria. Además de impulsar la asistencia en Covered California, dijo Richards, el gobernador ha ampliado la cobertura del seguro de salud pública a los inmigrantes que carecen de estatus legal y está aumentando la cantidad de médicos, hospitales y otros .

Originalmente requerido por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), el llamado mandato individual de tener cobertura de salud o pagar una multa fiscal fue , eliminando la multa a nivel nacional. Newsom lo restableció para California cuando asumió el cargo en 2019, un componente clave de su ambiciosa plataforma de atención médica.

California es uno de al menos cinco estados, junto con Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont, así como el Distrito de Columbia, que tiene su propio mandato de cobertura de salud, aunque no todos imponen una multa fiscal por permanecer sin seguro. De todos ellos, California es el estado que más intenta reducir los costos sanitarios para lograr la cobertura universal, según Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de política sanitaria de KFF.

“Aunque no estén de acuerdo en todo lo que implica la reforma sanitaria y el pagador único, los demócratas de California han conseguido unirse y unificarse en torno a estos pasos incrementales para mejorar el sistema actual”, señaló Levitt. “Paso a paso, han ido colocando las piezas para acercarse lo más posible a la cobertura universal”.

Los líderes demócratas en el estado se han enfrentado a críticas políticas por no utilizar los ingresos de la multa para la atención de la salud, , a pesar de que Newsom y otros demócratas se comprometieron a gastar el dinero para hacer más asequible la atención de la salud en Covered California.

Para los activistas, el acuerdo representa una victoria para las personas de bajos y medianos ingresos.

“Nos gusta que este dinero esté protegido para la atención de la salud, y que en última instancia se reserve para la futura asistencia”, dijo Diana Douglas, del grupo de defensa del consumidor Health Access California.

Los activistas quieren que el estado aproveche ese dinero para dar cobertura a más personas, por ejemplo, reduciendo los costos sanitarios de los inmigrantes que viven en el estado sin permiso legal.

Un proyecto de ley presentado este año por el miembro de la Asamblea Joaquín Arambula, demócrata de Fresno, exigiría a Covered California establecer un mercado de seguros de salud separado para que los inmigrantes que carecen de estatus legal y ganan demasiado para calificar a Medi-Cal, la versión californiana de Medicaid, puedan comprar una cobertura integral que sea casi idéntica a los planes vendidos en Covered California. En la actualidad, los inmigrantes sin residencia legal no pueden acceder al mercado de seguros. Otros estados, como Washington y Colorado, han creado mercados en línea similares.

“Estamos trabajando para crear un sistema que ofrezca los mismos beneficios y asistencia asequible para todos”, señaló Arámbula.

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The state’s health insurance exchange will , up to $5,400; lower the copay of primary care visits from $50 to $35; and reduce the cost for generic drugs from $19 to $15. Some enrollees will also see their annual out-of-pocket spending capped at $6,100, down from $7,500.

Covered California CEO Jessica Altman argues these are tangible reductions — savings on deductibles and copays on top of subsidies to lower monthly premiums — that will affect hundreds of thousands of people and entice them to use their coverage.

“Deductibles uniquely detract people from seeking care, so that’s a significant focus,” Altman told ºÚÁϳԹÏÍø News. “California is really grappling with affordability and thinking about, ‘What does affordability really mean?’ Many people simply do not have $5,000 sitting in their bank account in case they need it for health care.”

Additional reductions in patients’ out-of-pocket costs — on top of existing to reduce monthly premiums — will take effect in January for people renewing or purchasing coverage during Covered California’s next enrollment period, which begins in the fall. The state could go further in helping reduce patients’ costs in subsequent years with future budget increases, Altman said.

Still, those savings may be offset by higher costs elsewhere. Covered California announced July 25 that inflation and other factors are driving up annual premium rates on participating health plans by an average of , the largest average increase since 2018.

California started fining those without health coverage in the tax year 2020, establishing its own “.” In that first year, the state raised $403 million in penalty revenue, according to the state Franchise Tax Board. It has continued to levy fines, paid for largely by low- or middle-income earners, the very people the new subsidies are intended to help.

Legislative leaders had pushed Newsom, a fellow Democrat, to funnel the tax revenue into lowering health care costs for low- and middle-income people purchasing coverage via Covered California — many of whom reported skipping or delaying care due to high out-of-pocket costs.

The governor for years resisted pleas to put penalty money into Covered California subsidies, arguing that the state couldn’t afford it and needed the money given looming economic downturns and the potential loss of federal premium subsidies — which could be threatened by a change in federal leadership.

But under ongoing pressure, Newsom relented in June and agreed to begin spending some of the money to boost state subsidies. According to the state Department of Finance, California is expected to plow $83 million next year and $165 million annually in subsequent years to expand financial assistance — roughly half the revenue it raises annually — into reducing Covered California patients’ costs. The remainder of the money will be set aside in a special health care fund that could be tapped later.

The budget deal also allows the Newsom administration to borrow up to $600 million in penalty revenue for the state general fund, which it must pay back. Penalty revenues are projected to bring in $362 million this year with an additional $366 million projected next year, according to Finance Department spokesperson H.D. Palmer.

Covered California board members approved the new plan design last week. They say the cost-sharing subsidies will lower out-of-pocket spending for nearly 700,000 people out of roughly 1.6 million enrolled in Covered California.

The boost in funding, which represents the state’s most significant effort to slash patients’ costs in Covered California, will largely benefit lower-income Californians who earn below 250% of the federal poverty level, which is for 2023, according to the exchange.

“Bringing down deductibles goes a long way to help middle-class California families struggling with increasing costs of living,” said Senate President Pro Tempore Toni Atkins, who rallied fellow Democrats to block a plan by Newsom and his administration to keep the revenue for the state general fund, which can be used for any purpose.

Atkins added, “We will continue our work to lower the costs even more in the years to come.”

Newsom spokesperson Brandon Richards defended the governor’s health care record, saying Newsom is committed to ensuring Californians can access health care. In addition to boosting assistance in Covered California, Richards said, the governor has expanded public health insurance coverage to immigrants lacking legal status and is increasing how much doctors, hospitals, and other .

Originally required by the federal Affordable Care Act, the so-called individual mandate to hold health coverage or pay a tax penalty was , eliminating the fine nationally. Newsom reinstated it for California when he took office in 2019 — a key component of his ambitious health care platform.

California is one of at least five states, along with Massachusetts, New Jersey, Rhode Island, and Vermont, as well as the District of Columbia that have their own health coverage mandate, though not all levy a tax penalty for remaining uninsured. Among them, California is most aggressively trying to lower health care costs and achieve universal coverage, said Larry Levitt, executive vice president for health policy at KFF.

“Even though they may disagree on the big picture of health care reform and single-payer, California Democrats have managed to come together and unify around these incremental steps to improve the current system,” Levitt said. “Step by step, they have put in place the pieces to get as close to universal coverage as they possibly can.”

Democratic leaders in the state have faced political blowback for not using the penalty revenue for health care, details first reported by ºÚÁϳԹÏÍø News, even though Newsom and other Democrats vowed to spend the money to make health care more affordable in Covered California.

Advocates say the deal represents a win for low- and middle-income people.

“We’re excited that this money is protected for health care, and ultimately is set aside for future affordability assistance,” said Diana Douglas, chief lobbyist with the consumer advocacy group Health Access California.

Advocates want the state to tap those health care dollars to get more people covered, such as lowering health care costs for immigrants living in the state without legal permission.

A bill this year by Assembly member Joaquin Arambula, a Fresno Democrat, would require Covered California to establish a separate health insurance marketplace so that immigrants who lack legal status and earn too much to qualify for Medi-Cal, California’s version of Medicaid, can purchase comprehensive coverage that is nearly identical to plans sold on Covered California. Currently, immigrants without legal residency are not allowed on the exchange. Other states, such as Washington and Colorado, have set up similar online marketplaces.

“We’re working hard to create a system that has equal benefits and affordability assistance for everyone,” Arambula said.

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Era una propuesta difícil de vender para un nuevo gobernador, y Newsom necesitaba aliados fuertes entre los líderes demócratas del estado, que en aquel momento, en 2019, expresaron su preocupación por la imposición de un nuevo impuesto a los californianos que no podían permitirse el creciente costo de la atención de salud.

Los demócratas que, entonces como ahora, controlaban la legislatura estatal, finalmente apoyaron a Newsom a cambio de una promesa: el estado cobraría la multa pero usaría ese dinero para ayudar con los gastos de bolsillo de los californianos que compraran un seguro de salud en el mercado de seguros de salud estatal, Covered California.

Pero Newsom, ahora en su segundo mandato, se ha retractado de esa promesa. Su administración se aferra a los ingresos recaudados por el llamado , el requisito de que hay que tener cobertura sanitaria o pagar una multa. Y su presupuesto para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio y se está debatiendo en la legislatura estatal, canaliza el dinero al fondo general del estado.

Esto ha enfurecido a sus colegas demócratas, que lo acusan de romper una promesa, y de no tener en cuenta a los millones de californianos que no pueden pagar deducibles y copagos.

California comenzó a multar a los no asegurados en 2020, recaudando un estimado de $1,1 mil millones en los primeros tres años, y la administración Newsom proyecta que agregará más de $700 millones en los próximos dos años, elevando el total proyectado de cinco años a $1,8 mil millones, según el Departamento de Finanzas del estado.

Los líderes demócratas dijeron que la táctica de Newsom de retener el dinero para el fondo general es una .

“El dinero del mandato debe dedicarse a la salud”, dijo el presidente “pro tempore” del Senado Toni Atkins a ºÚÁϳԹÏÍø News, argumentando que el estado debería distribuir el dinero ahora para ayudar a las personas a pagar la cobertura de salud. “No sé qué estamos esperando. Tenemos que encontrar una manera de hacer que la atención médica sea más accesible, y no hay duda de que el costo del seguro de salud es una barrera”.

Se espera que los legisladores demócratas sigan presionando a Newsom con la esperanza de llegar a un acuerdo, antes de la , para aprobar un proyecto de ley presupuestario. “Siempre pensamos que el dinero se destinaría a reducir los costos de seguro”, señaló el miembro demócrata de la Asamblea Phil Ting, presidente del Comité de Presupuesto.

En 2019, Newsom hizo campaña por el mandato individual ante el aumento de las primas de seguro, prometiendo reducir los costos de atención médica de los consumidores de Covered California mientras se diferenciaba del entonces presidente Donald Trump, que calificaba el mandato de .

Los republicanos del Congreso habían retirado la penalización federal —parte de ACA— en 2017. Newsom argumentó que todavía funcionaría en California para reducir los costos de atención médica, y para alcanzar su objetivo de atención médica universal, la pieza central de su .

Newsom argumenta ahora que los subsidios federales para el seguro médico que compensan el costo de las primas mensuales son suficientes. Y, ante un déficit presupuestario estatal previsto de $32,000 millones, Newsom afirma que California no puede permitirse gastar el dinero y reducir aún más los gastos de bolsillo.

Argumenta, por ejemplo, que gastar el dinero para recortar deducibles (la cantidad que pagas por la cobertura antes de que tu seguro empiece a pagar), sería . Su propuesta mantendría el dinero para el fondo general del estado, y se utilizaría en lo que California necesite.

Pero los activistas de la salud que presionaron a favor de la multa, así como muchos legisladores demócratas, dicen que los fondos podrían salvar vidas y deberían distribuirse ahora.

“El mandato individual no estaba destinado a crear fondos para otros programas gubernamentales que no fueran la atención de salud”, explicó el miembro demócrata de la Asamblea Jim Wood, de Santa Rosa, presidente del Comité de Salud, en una acalorada audiencia sobre el presupuesto esta primavera. “La clara intención de la legislatura era que este dinero se destinara a la asequibilidad”.

Wood dijo que habría rechazado el plan de Newsom si hubiera sabido que los ingresos que generara se depositarían directamente en el fondo general. “No creo que lo hubiera apoyado”, dijo. “Me parece una violación de lo que pensábamos que estábamos haciendo”.

El aumento de los gastos de salud, por ejemplo en primas de seguros y deducibles, está llevando a que las personas renuncien a la atención médica. En California, un asombroso 52% de los residentes afirma haber en el último año por motivos económicos, según una encuesta reciente de la organización sin fines de lucro California Health Care Foundation. (California Healthline es un servicio editorial independiente de la ).

Diana Douglas, cabildera de Health Access California, que formó parte de la coalición que respaldó el mandato de cobertura del estado en 2019, señaló que Newsom debe reconocer el aumento de los costos y gastar el dinero ahora en ayudar al acceso a la salud. “Este dinero de la multa debe usarse para ayudar a los californianos a pagar la cobertura y la atención”.

Los planes de seguro de salud ofrecidos por Covered California siguen encareciéndose. Los deducibles para un plan de seguro de nivel medio, por ejemplo, subirán a $5,400 el próximo año, según Covered California, frente a los $4,750 de este año y los $3,700 de hace dos años.

Muchos californianos que compran cobertura también posponen el tratamiento ante los altos costos. Una encuesta realizada por Covered California en 2022 reveló que el 48% de sus consumidores debido al precio.

Newsom esquivó esta primavera una pregunta de ºÚÁϳԹÏÍø News sobre las críticas a las que se enfrenta por su presión para retener el dinero del mandato, diciendo simplemente que está “orgulloso” de haber establecido el mandato de cobertura estatal y señalando que los subsidios federales a las primas están disponibles para los californianos que compran cobertura a través de Covered California.

Su administración defendió la canalización del dinero al fondo general, diciendo que los ingresos serían devueltos a un fondo especial de salud y estarían disponibles para su uso en la asistencia sanitaria con el tiempo, si el gobierno federal recortara los .

Funcionarios de la administración argumentan que Newsom está esencialmente pidiendo prestado el dinero, diciendo que será devuelto más tarde, aunque los legisladores dudan que vaya a cumplir esa promesa.

Los críticos y algunos legisladores demócratas dicen que retener el dinero es un doble golpe para los residentes de bajos y medianos ingresos que sufren para pagar la cobertura, y argumentan que equivale a un impuesto a los pobres. “Da la sensación de que estamos intentando ahorrar a costa de nuestras comunidades de bajos ingresos”, indicó la senadora estatal demócrata Caroline Menjivar, que representa al Valle de San Fernando.

La mayoría de los que pagan la multa son californianos de ingresos bajos y medios que del umbral federal de pobreza, que es de $58,320 para un individuo y $120,000 para una familia de cuatro miembros, según de la Franchise Tax Board.

Los legisladores demócratas apoyan este año una propuesta alternativa, defendida por Health Access California, para destinar los ingresos procedentes de multar a los residentes no asegurados a aumentar los subsidios de seguros de salud para las personas de ingresos bajos y medios. De este modo, se cumpliría el acuerdo que los activistas alcanzaron el año pasado con los legisladores demócratas del estado para reducir o eliminar los gastos de bolsillo en Covered California, y erradicar por completo los deducibles en un plan de nivel medio.

“Tenemos que asegurarnos de que las personas no sólo tengan cobertura de salud, sino que también puedan permitirse utilizarla”, expresó Ronald Coleman Baeza, de la Red de Salud Pan-Étnica de California.

Aunque Newsom y sus aliados demócratas han aprobado importantes ampliaciones de la cobertura, el estado no ofrece salud para todos.

Expertos dicen que , incluidos los inmigrantes indocumentados que ganan demasiado para tener derecho a Medi-Cal, y los legisladores están cada vez más inquietos porque no todos los residentes con seguro puedan permitirse el lujo de utilizar su cobertura.

“Hubo un claro compromiso de que estos dólares se utilizarían para reducir los costos de la atención sanitaria, y no lo hemos hecho”, afirmó la miembro de la Asamblea Pilar Schiavo, representante demócrata del Valle de Santa Clarita, que que exigiría que los ingresos recaudados por el mandato individual se destinaran permanentemente a la atención de salud.

Aunque la propuesta fracasó, puede ser revivida el próximo año, y los activistas aseguran que seguirán presionando a Newsom para distribuir el dinero existente entre los clientes de Covered California.

“Tenemos que cumplir nuestras promesas”, enfatizó Schiavo. “Si tienes un seguro que no puedes permitirte usar, o tienes miedo de ir a ver al médico por lo elevada que pueda ser la factura, entonces no tienes realmente acceso ni cobertura universal”.

Esta historia fue producida por ºÚÁϳԹÏÍø News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .Ìý

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It was a tough sell for a new governor, and Newsom needed strong allies among state Democratic leaders, who at the time, in 2019, voiced concern about essentially levying a new tax on Californians unable to afford the rising cost of health care. Democrats, who, then as now, controlled the state legislature, ultimately backed Newsom in exchange for a promise: The state would levy the fine but use that money to provide financial assistance to offset out-of-pocket costs for Californians purchasing health insurance on the state exchange, Covered California.

But Newsom, now in his second term, has since backed off that promise. His administration is holding on to revenue raised from the so-called — the requirement that people have health coverage or pay a fine. And his proposed budget for the upcoming fiscal year beginning July 1, which is being debated in the state legislature, funnels the money to the state’s general fund.

That is infuriating fellow Democrats who accuse him of breaking a promise and disregarding the millions of Californians who can’t afford their deductibles and copays.

California began fining the uninsured in 2020, raising an estimated $1.1 billion over the first three years — and the Newsom administration projects it will bring in more than $700 million more over the next two years, bringing the projected five-year total to $1.8 billion, according to the state Department of Finance. Democratic leaders said Newsom’s tactic of holding back the money for the general fund is a “.”

“Money from the mandate should stay in health care,” Senate President Pro Tem Toni Atkins told ºÚÁϳԹÏÍø News, arguing the state should be distributing money now to help people afford health coverage. “I don’t know what we’re waiting for. We’ve got to figure out a way to make health care more accessible, and there’s no question that the cost of health insurance is a barrier.”

Democratic lawmakers are expected to continue ratcheting up pressure on Newsom in hopes of reaching a deal by their to pass a budget bill. “We’ve always felt that the money is meant to bring insurance costs down,” said Democratic Assembly member Phil Ting, chair of the Budget Committee.

Newsom in 2019 stumped for the individual mandate amid concerns over rising insurance premiums, vowing to reduce Covered California consumer health care costs while setting himself apart from then-President Donald Trump, who was attacking the . Congressional Republicans had gutted the federal penalty — part of the Affordable Care Act — in 2017. Newsom argued it would still work in California to lower health care costs, and to help him achieve his goal of universal health care — the centerpiece of his .

Newsom now argues that federal health insurance subsidies that offset the cost of monthly premiums are sufficient. And, in the face of a projected $32 billion state budget deficit, Newsom says California cannot afford to spend the money and further reduce out-of-pocket costs. He argues spending the money to slash deductibles, for instance, “ His proposed budget would instead keep the money for the state’s general fund, to be used for anything California wants to spend it on.

But health care advocates who lobbied in favor of the fine, as well as many Democratic lawmakers, say the funds could be lifesaving and should be distributed now.

“The individual mandate was not intended to create funds for other government programs outside of health care,” said Democratic Assembly member Jim Wood, of Santa Rosa, chair of the Assembly Health Committee, at a heated budget hearing this spring. “The clear intent of the legislature was that this money was meant to go to affordability.”

Wood said he might have rejected Newsom’s plan if he had known the revenue it generated would be deposited directly into the general fund. “I don’t think I would have supported it,” he said. “It just feels like a violation of what we thought we were doing.”

Soaring out-of-pocket health care costs, for insurance premiums and deductibles for instance, are leading people to forgo health care. In California, a staggering 52% of residents in the past year for financial reasons, according to a recent survey by the nonprofit California Health Care Foundation. (ºÚÁϳԹÏÍø News publishes California Healthline, which is an editorially independent service of the .)

Diana Douglas, a lobbyist with Health Access California, which was part of the coalition that backed the state’s coverage mandate in 2019, said Newsom must recognize soaring costs and spend the money now on affordability assistance. “This penalty money should be used to help Californians afford coverage and care.”

Health insurance plans offered by Covered California are continuing to get more expensive. Deductibles for a midtier insurance plan, for example, will jump to $5,400 next year, according to Covered California, up from $4,750 this year and just $3,700 two years ago.

And even many Californians who are purchasing coverage are putting off treatment in the face of high costs. A survey by Covered California in 2022 found that 48% of its consumers due to cost.

Newsom this spring dodged a question by ºÚÁϳԹÏÍø News about the criticism he is facing over his push to retain the mandate money, saying simply he’s “proud” to have established the state coverage mandate and noting that federal premium subsidies are available for Californians purchasing coverage via Covered California. His administration defended the push to funnel money into the general fund, saying revenues would be repaid to a special health fund and be available to use on health care eventually, if the federal government cuts back . Administration officials argue that Newsom is essentially borrowing the money and say it’ll be repaid later — though lawmakers have expressed concern that he’ll never make good on that promise.

Critics and some Democratic lawmakers say holding back the money is a double whammy for low- and middle-income residents who are struggling to pay for coverage, and argue that it amounts to a tax on the poor. “It feels like we’re trying to save it on the backs of our low-income communities,” said Democratic state Sen. Caroline Menjivar, who represents the state’s San Fernando Valley.

Democratic lawmakers this year are backing an alternative proposal, championed by Health Access California, to spend revenue from fining uninsured residents on increasing health insurance subsidies for low- and middle-income people. They would be making good on a deal advocates secured with state Democratic lawmakers last year to reduce or eliminate out-of-pocket costs in Covered California and scrap deductibles entirely for a mid-tier plan.

“We need to make sure people not only have health coverage, but that they can also afford to actually use it,” said Ronald Coleman Baeza, a health care lobbyist with the California Pan-Ethnic Health Network.

Although Newsom and his Democratic allies have passed major expansions in coverage, the state does not have universal health care. Experts say , including unauthorized immigrants who earn too much to qualify for Medi-Cal, and lawmakers are growing increasingly agitated that not all residents who are insured can afford to use their coverage.

“There was a clear commitment that these dollars were going to be used to bring down heath care costs, and we haven’t done it,” said Assembly member Pilar Schiavo, a Democrat representing the Santa Clarita Valley, who that would require any revenue raised from the individual mandate be permanently set aside for health care. Though it died this year, it can be revived next year, and advocates say they will continue pressing Newsom to distribute the existing money to Covered California consumers.

“We need to keep our promises,” Schiavo said. “If you have insurance that you can’t afford to use, or you’re afraid to go see the doctor because of how high that bill might be, then you don’t truly have access or universal coverage.”

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Pero eso cambió en mayo, cuando California amplió Medi-Cal, su programa de Medicaid para personas de bajos ingresos, a adultos de 50 años en adelante, independientemente de su estatus migratorio. El problema fue que Embriz no se dio cuenta que podía ser elegible hasta que fue a una reunión comunitaria en San Francisco.

“Escuché que estaban dando Medi-Cal a las personas mayores de 50 años, pero no sabía que no tenías que estar” en el país legalmente, dijo Embriz, quien está esperando que se procese su solicitud. “Gracias a Dios no he tenido emergencias”.

Hasta octubre, el mes más reciente para el que hay disponibles datos, más de 300,000 adultos mayores inmigrantes que no tienen residencia legal , un 30% más que la proyección original del estado.

Funcionarios estatales de salud, que habían basado su estimación en el número de personas inscritas en una forma limitada de Medi-Cal que cubre solo servicios médicos de emergencia, no saben cuántos californianos mayores adicionales son elegibles, dijo Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado.

Ahora, algunos condados han contratado a un pequeño ejército de trabajadores comunitarios y educadores de salud para inscribir a tantos adultos mayores inmigrantes como sea posible. Estos trabajadores visitan centros para personas mayores, iglesias, clases de inglés, oficinas de inmigración, mercados y eventos comunitarios, con la esperanza de encontrar a personas como Embriz, que no estén enteradas de su nueva elegibilidad.

En el condado de Alameda, Juan Ventanilla, experto en el programa Medi-Cal, dijo que la agencia de servicios sociales está utilizando subvenciones estatales existentes para asociarse con ocho organizaciones comunitarias establecidas para ayudar a correr la voz sobre la expansión, y a las personas a inscribirse.

Dijo que los trabajadores se especializan en “ayudar a los más vulnerables del condado a obtener acceso a atención médica”.

Entre ellos están Ana Hernández y Bertha Ortega, de Casa Che, un centro de educación de salud comunitaria en el vecindario Fruitvale de Oakland, operado por La Clínica de la Raza.

Hernández y Ortega dijeron que la mayoría de las personas que conocen están ansiosas por inscribirse en Medi-Cal, pero no saben por dónde empezar. Muchas no hablan inglés, tienen una alfabetización limitada, y luchan por usar o acceder a una computadora. Los formularios están disponibles en 12 idiomas, pero los usuarios pueden no encontrar su idioma, como la lengua maya indígena Mam.

“El sistema parece amigable si tienes mucha experiencia usando una computadora”, dijo Ortega, pero ese no es el caso para la mayoría de los adultos mayores a los que ayuda. “Vienen aquí y tenemos que arreglar todo”.

Los californianos sin estatus legal constituyen la mayor parte de los residentes sin seguro del estado, un estimado de 3 millones, según el .

Para que muchos de ellos obtengan cobertura, los legisladores estatales han expandido Medi-Cal a los inmigrantes que viven en California sin papeles, implementando la cobertura en etapas: primero, a los niños en 2016; en 2020 a los adultos jóvenes de hasta 26 años, y a personas mayores el año pasado.

El próximo año, la cobertura completa de Medi-Cal estará disponible para todos los californianos que califiquen, independientemente de su edad o estatus migratorio. Cuando esto suceda, se espera que se inscriban cerca de de 26 a 49 años, que no son ciudadanas, según la .

Entre todos los cambios, el de la expansión del programa a los adultos mayores puede haber sido el más trascendental. No solo tienden a necesitar más atención, sino que también es más probable que tengan afecciones crónicas como hipertensión y diabetes. Muchos no buscan atención médica o servicios sociales de manera regular, una tendencia que aumentó con la pandemia.

California será el primer estado en expandir la cobertura de Medicaid a todos los inmigrantes. Illinois y Oregon también han ampliado la cobertura financiada por el estado a los adultos mayores inmigrantes, y Nueva York planea hacerlo en 2024.

A pesar de que Medicaid es un programa conjunto federal-estatal, en el caso de las personas sin estatus legal, el gobierno federal interviene solo para cobertura relacionada con emergencias y con el embarazo. Esto significa que los contribuyentes de California pagan la mayor parte del costo de proporcionar cobertura, estimada en $878 millones para personas mayores inmigrantes el primer año, según funcionarios de presupuesto estatales.

Cuando se lanzó en mayo la expansión para las personas mayores, las de 50 años en adelante que ya estaban inscritas en la forma limitada de Medi-Cal fueron transferidas automáticamente a la versión completa, que ofrece tratamientos médicos, dentales, de visión, y cuidado de largo plazo sin costo para la mayoría de los afiliados.

Algunos condados del Área de la Bahía, incluidos Alameda, Contra Costa y San Francisco, estuvieron en ventaja para identificar a las personas elegibles porque administran programas de atención médica para residentes sin estatus legal.

En los últimos meses, defensores de salud de la comunidad se han concentrado en encontrar personas mayores elegibles que aún no hayan escuchado sobre la expansión. Algunos han aparecido en los programas locales de noticias de televisión y radio para hacer correr la voz.

“Sabemos que hay más que son elegibles pero que no están inscritos, dijo Seciah Aquino; directora ejecutiva interina de Latino Coalition for a Healthy California. “Estamos trabajando para asegurarnos de que los números puedan continuar creciendo y que todos los que ahora tienen el privilegio de acceder a este beneficio puedan inscribirse”.

Un estudio de grupo focal el verano pasado, financiado por la , encontró que aproximadamente la mitad de los encuestados hispanos no habían escuchado sobre el cambio. Una proporción aún menor de asiáticos mayores inmigrantes lo sabía. Los asiáticos constituyen el segundo grupo más grande de inmigrantes de California después de los hispanos, que representan casi el 40% de los inmigrantes del estado. ( es un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation).

Algunas de las personas que permanecen sin inscribirse son difíciles de persuadir porque temen revelar su estatus migratorio a un programa gubernamental, informan los trabajadores de salud comunitarios. Los que solicitan Medi-Cal deben divulgar su estatus en la solicitud, pero los funcionarios estatales dicen que la ley exige que la información se mantenga privada, y no se comparta con las autoridades de inmigración.

Esas garantías a menudo se reciben con escepticismo.

Muchos adultos mayores elegibles señalan la política de “carga pública” de la administración Trump, que hizo que la inscripción en Medicaid fuera una razón posible para denegar la residencia legal en el país. Aunque esa política , el temor persiste.

Embriz, que tuvo la cobertura limitada de Medi-Cal durante muchos años, dijo que la dejó en 2020 debido a la política de carga pública. No quería que su inscripción en Medi-Cal arruinara sus posibilidades de obtener una tarjeta verde. Pero una vez que supo que registrarse no afectaría su solicitud de residencia permanente, estuvo de acuerdo.

“Haría una gran diferencia”, dijo Embriz acerca de obtener chequeos de rutina nuevamente. “Tengo muchas esperanzas”.

Para algunos inmigrantes mayores que se han inscrito, la capacidad de obtener cobertura total ha sido un regalo del cielo. Maria Rodríguez, de 56 años, de Hayward, aprendió en septiembre que era elegible mientras visitaba el Tiburcio Vásquez Health Center, una clínica local que atiende a pacientes sin seguro. Una trabajadora social la ayudó a completar la solicitud en línea después que un médico la diagnosticara con hipertensión y diabetes.

“Es como si Medi-Cal cayera del cielo”, dijo Rodríguez. “Es muy beneficioso para mi salud”.

Claudia Boyd-Barrett es reportera de . Este artículo se ha producido en colaboración con , California Health Report y .

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Los residentes de California de bajos ingresos, y de 50 años en adelante, pueden solicitar todos los beneficios de Medi-Cal, sin importar su estatus migratorio. Estas son algunas formas de aplicar:Ìý

Covered California: . En la parte inferior de esta página encontrarás traducciones disponibles en varios idiomas. Para comunicarte por teléfono llama al número 800-300-1506 para que te atiendan en inglés, o al 800-300-0213 para hablar con una operadora en español. Las planillas para aplicar a Medi-Cal están disponibles en 12 idiomas, listas para imprimir.

Envía por correo el formulario completado y firmado a:

Covered California

P.O. Box 989725

West Sacramento, CA 95798-9725

CalWIN: . Esta página web está disponible para que los residentes de 18 condados soliciten beneficios públicos de diversos programas; la lista incluye los condados de Alameda, Contra Costa, San Francisco, Solano y Sonoma.

Para encontrar otras agencias de servicios sociales por condado:

HealthyAC: . Solo para residentes del condado de Alameda. Este sitio web incluye una lista de organizaciones, ordenadas por código postal, que ofrecen asistencia con el proceso de solicitud. Llama al número 510-272-3663 para tramitar tu inscripción por teléfono o para pedir una planilla de solicitud.Ìý

Casa CHE: Manejado por La Clínica de la Raza (), Casa Che brinda asistencia para inscribirse en seguros médicos en los condados de Alameda, Contra Costa y Solano. Llama al 855-494-4658 para programar una cita.

Esta historia fue producida porÌýKHN, que publicaÌý, un servicio editorialmente independiente de laÌý.

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