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Dos proyectos de ley que avanzan en el Senado estatal buscan impedir que agentes de inmigración aíslen a pacientes de sus seres queridos e interfieran con su capacidad de obtener ayuda legal.
La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre redadas migratorias en todo el sur de California.
El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.
La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal accedan a Medicare.
Siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con ϳԹ News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.
Se supone que la agencia que cuida a niños que llegan solos al país deben reunirlos pronto con sus familias o cuidadores. Pero cada vez más los usan como “carnada” para arrestar a los padres.
La Junta de Supervisores del condado aprobó la propuesta en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio.
Trabajadores de salud dicen que los agentes de inmigración siguen apostados en los estacionamientos de hospitales. Y drones sobrevuelan zonas agrícolas en las afueras de Minneapolis, donde inmigrantes somalíes y latinos se han establecido en los últimos años.
El esfuerzo de deportación masiva del presidente Donald Trump ha llevado a un número récord de inmigrantes detenidos en centros federales, cárceles locales y prisiones privadas. La situación pone en riesgo la salud de los detenidos.
Oficiales del Servicio de Salud Pública que trabajaron en Guantánamo el año pasado describieron las condiciones en las que se encontraban los detenidos inmigrantes.
Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en el Medicaid de Emergencia, que ofrece atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.
Newsom propuso que el estado no intervenga cuando, a partir de octubre, el gobierno federal deje de brindar cobertura médica a unos 200.000 residentes legales, entre ellos solicitantes de asilo y refugiados.
Enfrentan grandes barreras para localizar a los pacientes, saber cómo están de salud y brindarles apoyo legal y emocional.
Nueva ley recorta más de $900.000 millones en financiamiento federal para Medicaid. También elimina alrededor de $187.000 millones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.
A casi dos semanas de iniciada la operación llamada Catahoula Crunch, que comenzó el 3 de diciembre, profesionales de salud y defensores comunitarios en Louisiana y Mississippi reportan un aumento inusual de pacientes inmigrantes que se han salteado citas médicas.
El sistema de salud en Estados Unidos depende del personal nacido en el extranjero para cubrir plazas como médicos, enfermeros, técnicos y otros profesionales, especialmente en zonas rurales.
Expertos legales explican que los agentes del ICE pueden estar en áreas públicas de un hospital y pueden acompañar a pacientes que ya están detenidos mientras reciben atención médica, lo que refleja el alcance de la autoridad federal.
Además de ser más vulnerables a la violencia sexual, los inmigrantes enfrentan múltiples desafíos de salud física y mental, según los investigadores.
Los extranjeros que solicitan visas para vivir en Estados Unidos podrían ser rechazados si tienen ciertas afecciones médicas, como obesidad o diabetes, según una directiva emitida el jueves 6 de noviembre por la administración Trump.
El gobernador demócrata Gavin Newsom promulgó el mes pasado la ley SB 81, que prohíbe a los centros médicos permitir el acceso de agentes federales a áreas privadas sin una orden judicial o de registro válidas.
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