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El sistema de salud en Estados Unidos depende del personal nacido en el extranjero para cubrir plazas como médicos, enfermeros, técnicos y otros profesionales, especialmente en zonas rurales.
Expertos legales explican que los agentes del ICE pueden estar en áreas públicas de un hospital y pueden acompañar a pacientes que ya están detenidos mientras reciben atención médica, lo que refleja el alcance de la autoridad federal.
Además de ser más vulnerables a la violencia sexual, los inmigrantes enfrentan múltiples desafíos de salud física y mental, según los investigadores.
Los extranjeros que solicitan visas para vivir en Estados Unidos podrían ser rechazados si tienen ciertas afecciones médicas, como obesidad o diabetes, según una directiva emitida el jueves 6 de noviembre por la administración Trump.
El gobernador demócrata Gavin Newsom promulgó el mes pasado la ley SB 81, que prohíbe a los centros médicos permitir el acceso de agentes federales a áreas privadas sin una orden judicial o de registro válidas.
El presidente Donald Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y miembros republicanos del Congreso han repetido esto una y otra vez.
Algunos de estos centros de salud comunitarios podrían verse obligados a reducir personal médico y administrativo o servicios. Incluso podrían llegar a cerrar.
Según economistas, las medidas del presidente Donald Trump contra la inmigración y los recortes a los programas de seguro público amenazan con frenar el crecimiento del sector.
Las medidas del gobierno han despertado una nueva preocupación: la creciente dificultad para que médicos, hospitales y otros proveedores de salud puedan seguir atendiendo a personas sin seguro médico.
Estos estados brindan cobertura médica integral a inmigrantes pobres y con discapacidades que viven en el país sin estatus migratorio permanente.
Los pacientes que necesitan atención médica tienen cada vez más miedo de buscarla después que Trump derogara una política de la era Biden que prohibía redadas en zonas "sensibles" como escuelas, iglesias y hospitales.
Entre marzo y junio, abogados de menores inmigrantes recopilaron estos testimonios, y otros de jóvenes y familias detenidas, en lo que describen entornos “con apariencia carcelaria” en distintos puntos de Estados Unidos.
Estudios demuestran que el trabajo de las promotoras puede reducir las hospitalizaciones, y las visitas a las salas de emergencias y a las clínicas de urgencias.
A lo largo del país, pediatras dicen que padres ansiosos están preocupados por si continuará habiendo acceso a las vacunas infantiles de rutina.
Esto, a su vez, perjudicaría las finanzas de hospitales, residencias de adultos mayores y centros de salud comunitarios, y podría obligarlos a reducir servicios y personal, hasta a cerrar instalaciones.
Las redadas federales de inmigración, que parecen haber afectado al menos a una clínica de salud en el estado, ya están provocando que algunas personas teman buscar atención médica.
Cerca de 69 millones de personas en el país hablan un idioma que no es inglés, y 26 millones de ellas hablan inglés, pero no con fluidez.
Gavin Newsom enfrenta otra crisis sanitaria en el estado, que pone en riesgo la cobertura de salud para las personas sin papeles. Expertos opinan sobre las potenciales reducciones.
California inscribe al doble de personas que Nueva York y a más del triple que Texas, los dos estados con el mayor número de participantes en Medicaid después de California.
Las comunidades latinas, que constituyen una proporción significativa de la población residente permanente en estos pueblos de montaña, son particularmente vulnerables.
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